{"id":31562,"date":"2026-05-19T13:02:43","date_gmt":"2026-05-19T18:02:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/?p=31562"},"modified":"2026-05-19T13:02:43","modified_gmt":"2026-05-19T18:02:43","slug":"t-104-26","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/t-104-26\/","title":{"rendered":"T-104-26"},"content":{"rendered":"

REP\u00daBLICA DE COLOMBIA<\/strong><\/b><\/p>\n

CORTE CONSTITUCIONAL<\/strong><\/b><\/p>\n

Sala Quinta de Revisi\u00f3n<\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

SENTENCIA T-104 DE 2026<\/strong><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

Expediente:<\/strong><\/b>\u00a0T-10.813.318<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

Asunto:\u00a0<\/strong><\/b>acci\u00f3n\u00a0de tutela presentada por\u00a0Jorge Eliecer Hern\u00e1ndez Su\u00e1rez\u00a0contra la Subsecci\u00f3n D de la Secci\u00f3n Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 28 Administrativo del Circuito Judicial de Bogot\u00e1<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

Tema<\/strong><\/b>: tutela contra providencia judicial que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho<\/p>\n

 <\/p>\n

Magistrado ponente:\u00a0<\/strong><\/b>Jorge Enrique Ib\u00e1\u00f1ez Najar<\/p>\n

 <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintis\u00e9is (2026)<\/p>\n

 <\/p>\n

La Sala quinta de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Miguel Polo Rosero, Paola Andrea Meneses Mosquera y Jorge Enrique Ib\u00e1\u00f1ez Najar, quien la preside,\u00a0<\/strong><\/b>en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, espec\u00edficamente de las previstas en los art\u00edculos 86 y 241.9 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y 33 y siguientes del Decreto Ley 2591 de 1991 profiere la siguiente:<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

SENTENCIA<\/strong><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

S\u00edntesis de la decisi\u00f3n<\/strong><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

La Corte analiz\u00f3 la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jorge Eliecer Hern\u00e1ndez Su\u00e1rez contra las decisiones proferidas por el Juzgado 28 Administrativo del Circuito Judicial de Bogot\u00e1 y la Subsecci\u00f3n D de la Secci\u00f3n Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada. El accionante aleg\u00f3 que dichas providencias vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al\u00a0(i)<\/em>\u00a0incurrir en un defecto sustantivo por aplicar indebidamente la figura de la cosa juzgada; y\u00a0(ii)<\/em>\u00a0desconocer el precedente contenido en la Sentencia T-261 de 2019, as\u00ed como la l\u00ednea jurisprudencial sobre la cosa juzgada en asuntos pensionales.<\/p>\n

 <\/p>\n

Para resolver el caso, la Corte (i) examin\u00f3 la procedencia de la tutela contra providencias judiciales; (ii) reiter\u00f3 la jurisprudencia sobre el defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente constitucional; (iii) analiz\u00f3 los requisitos de configuraci\u00f3n de la cosa juzgada y su aplicaci\u00f3n en la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo; (iv) estudi\u00f3 los derechos adquiridos y las situaciones jur\u00eddicas consolidadas en materia pensional y; (v) revis\u00f3 el r\u00e9gimen jur\u00eddico de la asignaci\u00f3n de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Polic\u00eda Nacional y los efectos de la sentencia de nulidad del Consejo de Estado del 3 de septiembre de 2018.<\/p>\n

 <\/p>\n

Al resolver el caso concreto, la Sala Quinta de Revisi\u00f3n concluy\u00f3 que las providencias judiciales impugnadas incurrieron en un defecto sustantivo, al aplicar indebidamente la cosa juzgada entre actos administrativos que se fundan en disposiciones jur\u00eddicas distintas. Asimismo, advirti\u00f3 que desconocieron la inexistencia de la cosa juzgada en materia pensional, ante un pronunciamiento de una alta corte que constituye un hecho nuevo. La Sala tambi\u00e9n encontr\u00f3 que, aunque la Sentencia T-261 de 2019 no constitu\u00eda un precedente aplicable al caso, s\u00ed contiene una advertencia que debe ser atendida por las autoridades judiciales y administrativas. En consecuencia, la Corte concedi\u00f3 el amparo de los derechos al debido proceso, igualdad, seguridad social y acceso a la administraci\u00f3n de justicia.<\/p>\n

 <\/p>\n

I.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><\/b>ANTECEDENTES<\/strong><\/b><\/h1>\n

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Hechos relevantes que se encuentran probados<\/strong><\/b><\/h2>\n

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    \n
  1. <\/b>Jorge Eliecer Hern\u00e1ndez Su\u00e1rez ingres\u00f3 a la Polic\u00eda Nacional el 18 de noviembre de 1996 y el \u00faltimo ascenso que obtuvo fue al grado de intendente el 7 de septiembre de 2011.<\/a>[1]\u00a0Permaneci\u00f3 en la instituci\u00f3n hasta su retiro por destituci\u00f3n, que se dispuso con Resoluci\u00f3n 05858 del 31 de diciembre de 2015 y se notific\u00f3 el 7 de enero de 2016.<\/a>[2]\u00a0Con base en lo anterior, se certific\u00f3 que estuvo vinculado a la entidad durante el periodo de 19 a\u00f1os, 2 meses y 9 d\u00edas.<\/a>[3]<\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

      \n
    1. <\/b>El 28 de enero de 2016, el se\u00f1or Hern\u00e1ndez Su\u00e1rez radic\u00f3 solicitud ante la Caja de Sueldos de Retiro de la Polic\u00eda Nacional, en adelante CASUR, para que le reconociera la asignaci\u00f3n de retiro en vista del tiempo que sirvi\u00f3 en la entidad.<\/a>[4]\u00a0CASUR neg\u00f3 esa solicitud, en oficio del 11 de abril de 2016, con base en lo previsto en el art\u00edculo 2 del Decreto 1858 de 2012, que fij\u00f3, en concordancia con el Decreto 4433 de 2004, el r\u00e9gimen de asignaci\u00f3n de retiro para el personal del nivel ejecutivo de la Polic\u00eda Nacional que ingres\u00f3 al escalaf\u00f3n por incorporaci\u00f3n directa hasta el 31 de diciembre de 2004. All\u00ed se dispuso que el personal destituido deb\u00eda acreditar 25 a\u00f1os de servicio para acceder a esa prestaci\u00f3n, y dicha condici\u00f3n no la reuni\u00f3 el se\u00f1or Hern\u00e1ndez Su\u00e1rez.<\/li>\n<\/ol>\n

       <\/p>\n

        \n
      1. <\/b>Inconforme con la decisi\u00f3n, la controvirti\u00f3 mediante el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Esto, por estimar que la norma aplicable a su caso era el Decreto 1212 de 1990, que previ\u00f3 un tiempo de 15 a\u00f1os para acceder a la asignaci\u00f3n de retiro.<\/a>[5]\u00a0El proceso se asign\u00f3 al Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogot\u00e1, quien neg\u00f3 las pretensiones en sentencia de primera instancia del 15 de mayo de 2017.<\/a>[6]\u00a0El 14 de diciembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia.<\/a>[7]\u00a0Las dos instancias concluyeron que la norma aplicable era el Decreto 1858 de 2012, raz\u00f3n por la cual debi\u00f3 acreditar 25 a\u00f1os de servicio para acceder a la asignaci\u00f3n de retiro.<\/li>\n<\/ol>\n

         <\/p>\n

          \n
        1. <\/b>Jorge Eliecer Hern\u00e1ndez Su\u00e1rez promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra esos fallos. Sostuvo que para estas decisiones no se observ\u00f3 el r\u00e9gimen de transici\u00f3n del art\u00edculo 3.1 de la Ley 923 de 2004,<\/a>[8]\u00a0el cual fij\u00f3 unos par\u00e1metros para el personal de la Fuerza P\u00fablica que se encontraba en servicio activo al momento de su expedici\u00f3n. Por ello, adujo que para la fecha de su retiro la norma aplicable era el art\u00edculo 144 del Decreto 1212 de 1990 y no el art\u00edculo 2 del Decreto 1858 de 2012.<\/a>[9]\u00a0En consecuencia, a su juicio se configur\u00f3 un defecto sustantivo y un desconocimiento del precedente. Por lo tanto, solicit\u00f3 que se deje sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se ordene a esa autoridad judicial reconocer la asignaci\u00f3n de retiro.<\/li>\n<\/ol>\n

           <\/p>\n

            \n
          1. <\/b>La acci\u00f3n se neg\u00f3 en primera y segunda instancia.<\/a>[10]\u00a0Luego el proceso se seleccion\u00f3 para su revisi\u00f3n por la Corte Constitucional en Auto del 29 de octubre de 2018.<\/a>[11]<\/li>\n<\/ol>\n

             <\/p>\n

              \n
            1. <\/b>En el entretanto de ese tr\u00e1mite de revisi\u00f3n, el Consejo de Estado declar\u00f3 la nulidad del art\u00edculo 2 del Decreto 1858 de 2012 mediante Sentencia del 3 de septiembre de 2018. Esto por cuanto encontr\u00f3 que el Gobierno Nacional se excedi\u00f3 en el ejercicio de la potestad reglamentaria, en tanto desconoci\u00f3 las normas contenidas en la Ley marco 923 de 2004. En particular, el numeral 3.1 del art\u00edculo 3 de la Ley 923 de 2004, que establece que, para efectos del reconocimiento de la asignaci\u00f3n de retiro, a los miembros de la Polic\u00eda Nacional que se encontraban en servicio activo al momento de su expedici\u00f3n, no se les puede exigir un tiempo de servicio superior al previsto en los Decretos 1212 y 1213 de 1990, por ser esta la normativa vigente en ese momento. En consecuencia, los requisitos temporales para acceder a dicha prestaci\u00f3n deben limitarse a los m\u00ednimos y m\u00e1ximos all\u00ed contemplados, esto es, entre 15 y 20 a\u00f1os de servicio, seg\u00fan la causal de retiro.<\/li>\n<\/ol>\n

               <\/p>\n

                \n
              1. <\/b>Bajo este entendido, el Consejo de Estado concluy\u00f3 que el art\u00edculo 2 del Decreto 1858 de 2012 desconoc\u00eda los lineamientos establecidos en la Ley Marco 923 de 2004, al imponer requisitos m\u00e1s gravosos al personal del Nivel Ejecutivo de la Polic\u00eda Nacional que fue incorporado directamente y se encontraba en servicio activo al 31 de diciembre de 2004. En efecto, dicha norma exig\u00eda tiempos m\u00ednimos y m\u00e1ximos de servicio entre 20 y 25 a\u00f1os para acceder a la asignaci\u00f3n de retiro, superando lo previsto en los Decretos 1212 y 1213 de 1990. En estos t\u00e9rminos, advirti\u00f3 que el contenido del art\u00edculo anulado resultaba regresivo y vulneraba los derechos adquiridos y las garant\u00edas constitucionales de los trabajadores.<\/li>\n<\/ol>\n

                 <\/p>\n

                  \n
                1. <\/b>En consecuencia, declar\u00f3 la nulidad del art\u00edculo 2 del Decreto 1858 de 2012 \u201cpor medio del cual se fija el r\u00e9gimen pensional y de asignaci\u00f3n de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Polic\u00eda Nacional<\/em>\u201d. Los efectos que otorg\u00f3 a su decisi\u00f3n quedaron fijados as\u00ed:<\/a>[12]<\/li>\n<\/ol>\n

                   <\/p>\n

                  \u201c[L]os efectos otorgados a esta sentencia ser\u00e1n de car\u00e1cter ex tunc, es decir, desde entonces, y se retrotraen al momento en que naci\u00f3 el acto, y como consecuencia de ello, las cosas se vuelven al estado en que se encontraban antes de la expedici\u00f3n del mismo, por lo que las situaciones no consolidadas entre el momento de la expedici\u00f3n del acto y la sentencia anulatoria del mismo, son afectadas por la decisi\u00f3n que en esta \u00faltima se tome. En tal sentido, respecto de las situaciones jur\u00eddicas no consolidadas, las sentencias de nulidad de actos de car\u00e1cter general tienen efecto inmediato, es decir, sobre aquellas que al momento de producirse el fallo se debat\u00edan o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante esta jurisdicci\u00f3n; por lo tanto, las \u201cafecta\u201d, de manera inmediata\u201d<\/em>.<\/p>\n

                   <\/p>\n

                    \n
                  1. <\/b>La Sala Octava de Revisi\u00f3n de la Corte profiri\u00f3, posteriormente, la Sentencia T-261 de 2019. En ella confirm\u00f3 las decisiones de los jueces de tutela consistentes en negar el amparo pretendido por el accionante. Consider\u00f3 que se aplic\u00f3 la normativa vigente para cuando se tramit\u00f3 el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Frente a esto, aunque constat\u00f3 que el art\u00edculo 2 del Decreto 1858 de 2012 se anul\u00f3 por el Consejo de Estado, ello ocurri\u00f3 cuando ya hab\u00eda finalizado el proceso que adelant\u00f3 el accionante ante la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo. Al respecto, la Sala Octava de Revisi\u00f3n consider\u00f3 necesario hacer la siguiente acotaci\u00f3n:<\/a>[13]<\/li>\n<\/ol>\n

                     <\/p>\n

                    \u201cEn consecuencia, la Sala Octava de Revisi\u00f3n considera que las autoridades judiciales accionadas no vulneraron el derecho fundamental al debido proceso de Jorge Eli\u00e9cer Hern\u00e1ndez Su\u00e1rez. Ahora bien, la Corte estima necesario aclarar que ante el nuevo panorama normativo que surge con la decisi\u00f3n adoptada el 9 (sic) de septiembre de 2018 por el Consejo de Estado, el actor puede acudir nuevamente ante la Caja de Sueldos de Retiro de la Polic\u00eda Nacional -CASUR-, esto es, agotar la solicitud administrativa y, de ser el caso, la v\u00eda gubernativa, para reclamar la asignaci\u00f3n de retiro. En este tr\u00e1mite, las autoridades administrativas y judiciales deber\u00e1n ajustarse a la decisi\u00f3n adoptada por el \u00f3rgano de cierre de lo contencioso administrativo que fij\u00f3 los par\u00e1metros de interpretaci\u00f3n para el reconocimiento de dicha prestaci\u00f3n\u201d.<\/em><\/p>\n

                     <\/p>\n

                      \n
                    1. <\/b>El se\u00f1or Hern\u00e1ndez Su\u00e1rez procedi\u00f3, en consecuencia, a radicar una nueva solicitud de asignaci\u00f3n de retiro ante CASUR el 12 de agosto de 2019. En esa petici\u00f3n expres\u00f3 que la decisi\u00f3n del Consejo de Estado, la cual anul\u00f3 el art\u00edculo 2 del Decreto 1858 de 2012, surgi\u00f3 como un nuevo hecho que, de conformidad con la parte motiva de Sentencia T-261 de 2019, lo avalaba para iniciar nuevamente su tr\u00e1mite de asignaci\u00f3n de retiro.<\/a>[14]<\/li>\n<\/ol>\n

                       <\/p>\n

                        \n
                      1. <\/b>CASUR neg\u00f3 esta nueva solicitud mediante Oficio No. 502686 del 18 de octubre de 2019. Su decisi\u00f3n la sustent\u00f3 en el Decreto 754 de 2019 que fij\u00f3, en concordancia con el Decreto 4433 de 2004, el r\u00e9gimen de asignaci\u00f3n de retiro para el personal del nivel ejecutivo de la Polic\u00eda Nacional que ingres\u00f3 al escalaf\u00f3n por incorporaci\u00f3n directa hasta el 31 de diciembre de 2004. Toda vez que all\u00ed se determin\u00f3 que en el caso del personal destituido habr\u00eda lugar a la asignaci\u00f3n de retiro despu\u00e9s de 20 a\u00f1os de servicio, y el solicitante no reuni\u00f3 el tiempo necesario para efectos del reconocimiento de dicha prestaci\u00f3n.<\/a>[15]<\/li>\n<\/ol>\n

                         <\/p>\n

                          \n
                        1. <\/b>Jorge Eliecer Hern\u00e1ndez Su\u00e1rez present\u00f3 demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del citado oficio. Pretendi\u00f3 la anulaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de CASUR, y el consecuente reconocimiento de su asignaci\u00f3n de retiro en los t\u00e9rminos previstos por el Decreto 1212 de 1990.<\/a>[16]<\/li>\n<\/ol>\n

                           <\/p>\n

                            \n
                          1. <\/b>\u00a0A este proceso le correspondi\u00f3 el radicado\u00a011001-33-35-028-2020- 00191-00 y su conocimiento se asign\u00f3 al Juzgado 28 Administrativo del Circuito Judicial de Bogot\u00e1.<\/a>[17]<\/li>\n<\/ol>\n

                             <\/p>\n

                              \n
                            1. <\/b>Esa autoridad judicial declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada en Sentencia del 31 de julio de 2023.<\/a>[18]\u00a0La decisi\u00f3n surgi\u00f3 de constatar la identidad de partes, objeto y causa entre el proceso\u00a011001-33-35-028-2020-00191-00 y el que previamente se tramit\u00f3 en contra del oficio del 11 de abril de 2016. Frente a esto, precis\u00f3 que el Consejo de Estado ha admitido morigerar la cosa juzgada ante cambios jurisprudenciales respecto de nuevas mesadas de un reconocimiento pensional ya consolidado. Empero, ello no aplicaba para el demandante, pues su pretensi\u00f3n era el reconocimiento del derecho a percibir una asignaci\u00f3n de retiro, lo cual ya hab\u00eda sido resuelto por autoridad judicial e imped\u00eda reabrir el debate.<\/li>\n<\/ol>\n

                               <\/p>\n

                                \n
                              1. <\/b>El demandante apel\u00f3 la decisi\u00f3n, y esta se confirm\u00f3 en Sentencia del 18 de enero de 2024 por la Subsecci\u00f3n D de la Secci\u00f3n Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.<\/a>[19]\u00a0El Tribunal indic\u00f3 que la jurisprudencia del Consejo de Estado inicialmente consider\u00f3 que las prestaciones peri\u00f3dicas, en tanto imprescriptibles, pod\u00edan solicitarse y demandarse en cualquier tiempo.<\/a>[20]\u00a0Sin embargo, explic\u00f3 que esa postura vari\u00f3 para considerarse que los cambios jurisprudenciales no pod\u00edan afectar situaciones previamente decididas por una autoridad judicial.<\/a>[21]\u00a0Adem\u00e1s, en el caso del accionante no pod\u00eda matizarse la cosa juzgada, pues su pretensi\u00f3n ya se hab\u00eda debatido. De hecho, la decisi\u00f3n era coherente con un caso que el Consejo de Estado resolvi\u00f3 frente a un asunto similar, y donde determin\u00f3 que\u00a0el fen\u00f3meno de cosa juzgada hab\u00eda operado.<\/a>[22]<\/li>\n<\/ol>\n

                                 <\/p>\n

                                La solicitud de tutela<\/strong><\/b><\/h2>\n

                                 <\/p>\n

                                  \n
                                1. <\/b>Jorge Eliecer Hern\u00e1ndez Su\u00e1rez present\u00f3 el 22 de julio de 2024, mediante apoderado judicial, acci\u00f3n de tutela en contra del Juzgado 28 Administrativo del Circuito Judicial de Bogot\u00e1 y la Subsecci\u00f3n D de la Secci\u00f3n Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuestion\u00f3 las Sentencias del 31 de julio de 2023 y del 18 de enero de 2024 que dictaron, en su orden, el Juzgado y Tribunal accionados. Estim\u00f3 que ellas violaron sus derechos al debido proceso, igualdad, seguridad social y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al incurrir en los defectos relativos al desconocimiento del precedente judicial y sustantivo.<\/a>[23]<\/li>\n<\/ol>\n

                                   <\/p>\n

                                    \n
                                  1. <\/b>El defecto por desconocimiento del precedente lo sustent\u00f3 a partir de la Sentencia T-261 de 2019 y la l\u00ednea jurisprudencial sobre las excepciones a la figura de la cosa juzgada respecto de prestaciones sociales peri\u00f3dicas. En su criterio, la raz\u00f3n de la decisi\u00f3n de la Sentencia T-261 de 2019 lo habilit\u00f3 para solicitar nuevamente su asignaci\u00f3n de retiro y estableci\u00f3 una orden imperativa a las autoridades administrativas y judiciales de valorar aquello en atenci\u00f3n al nuevo panorama normativo que surgi\u00f3 con la decisi\u00f3n del Consejo de Estado, del 3 de septiembre de 2018, que anul\u00f3 el art\u00edculo 2 del Decreto 1858 de 2012.<\/li>\n<\/ol>\n

                                     <\/p>\n

                                      \n
                                    1. <\/b>Argument\u00f3, a su turno, que la jurisprudencia constitucional ha definido el alcance de la asignaci\u00f3n de retiro a partir del art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. As\u00ed, se ha concebido como una prestaci\u00f3n social peri\u00f3dica, que hace parte del r\u00e9gimen especial de seguridad social de la fuerza p\u00fablica, y es imprescriptible, universal e irrenunciable. Precisamente por dichas caracter\u00edsticas se ha considerado que en esta materia la instituci\u00f3n de la cosa juzgada se relativiza. Respald\u00f3 su argumento en las Sentencias C-432 de 2004, T-610 de 2000, T-246 de 2016 y C-271 de 2021 de la Corte Constitucional.<\/li>\n<\/ol>\n

                                       <\/p>\n

                                        \n
                                      1. <\/b>El defecto sustantivo lo concaten\u00f3 con el anterior planteamiento. En esas condiciones, expres\u00f3 que la interpretaci\u00f3n dada por las autoridades accionadas a la instituci\u00f3n de la cosa juzgada infringi\u00f3 lo dispuesto por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y retrocedi\u00f3 su aplicaci\u00f3n morigerada en situaciones relacionadas con el derecho fundamental a la seguridad social. Con ello se omiti\u00f3, adem\u00e1s, lo dicho por la jurisprudencia respecto al car\u00e1cter irrenunciable y universal de aquel derecho. En vista de aquello, sostuvo que no se fall\u00f3 de manera objetiva su caso.<\/li>\n<\/ol>\n

                                         <\/p>\n

                                          \n
                                        1. <\/b>El se\u00f1or Hern\u00e1ndez Su\u00e1rez solicit\u00f3 al juez de tutela que procediera, en consecuencia, a:\u00a0(i)<\/em>\u00a0tutelar sus derechos fundamentales que fueron vulnerados por las decisiones cuestionadas;\u00a0(ii)<\/em>\u00a0revocar o dejar sin efecto las sentencias del 31 de julio de 2023 y del 18 de enero de 2024; y\u00a0(iii)<\/em>\u00a0ordenar a las autoridades accionadas continuar el procedimiento previsto en la Ley 1437 de 2011 y emitir pronunciamiento de fondo en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-028-2020-00191-00 donde actu\u00f3 como demandante.<\/li>\n<\/ol>\n

                                           <\/p>\n

                                          Tr\u00e1mite procesal de la acci\u00f3n de tutela<\/strong><\/b><\/h2>\n

                                           <\/p>\n

                                            \n
                                          1. <\/b>El asunto se le asign\u00f3 a la Secci\u00f3n Quinta del Consejo de Estado.<\/a>[24]\u00a0Esta resolvi\u00f3, en Auto del 25 de julio de 2024, admitir la tutela en contra del Juzgado 28 Administrativo del Circuito de Bogot\u00e1 y la Subsecci\u00f3n D de la Secci\u00f3n Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, vincular a CASUR y a todas las personas naturales o jur\u00eddicas que intervinieron en el proceso ordinario, y conceder a las accionadas y a las vinculadas el t\u00e9rmino de dos d\u00edas contados a partir del d\u00eda siguiente a la fecha de recibo de la notificaci\u00f3n para que, respectivamente, rindieran informe y actuaran en el presente proceso.<\/a>[25]<\/li>\n<\/ol>\n

                                             <\/p>\n

                                            Contestaci\u00f3n de la parte accionada y vinculada<\/em><\/strong><\/b><\/h3>\n

                                             <\/p>\n

                                              \n
                                            1. <\/b>El Juez 28 Administrativo del Circuito Judicial de Bogot\u00e1<\/em>\u00a0indic\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela era improcedente. Estim\u00f3 que el requisito de relevancia constitucional no se acredit\u00f3, porque la tutela pretendi\u00f3 plantearse como una instancia adicional para evaluar los mismos argumentos que previamente fueron abordados por el juez natural de la causa. Con todo, adujo que no vulner\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental del accionante, por cuanto dio un tr\u00e1mite oportuno y c\u00e9lere a su proceso, y le garantiz\u00f3 su derecho de defensa y contradicci\u00f3n.<\/a>[26]<\/li>\n<\/ol>\n

                                               <\/p>\n

                                                \n
                                              1. <\/b>El Magistrado ponente de la decisi\u00f3n que dict\u00f3 la Subsecci\u00f3n D de la Secci\u00f3n Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca<\/em>\u00a0pidi\u00f3 que se negaran las pretensiones. Esto, al estimar que en el proceso del\u00a011001-33-35-028-2020-00191-01\u00a0se reunieron los requisitos para configurar la excepci\u00f3n de cosa juzgada, pues el accionante pretendi\u00f3 el reconocimiento de su asignaci\u00f3n de retiro y esa controversia hab\u00eda sido resuelta en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho anterior. Al respecto, acot\u00f3 que la decisi\u00f3n del Consejo de Estado que anul\u00f3 el art\u00edculo 2 del Decreto 1858 de 2012 cobij\u00f3 a las situaciones jur\u00eddicas que para ese momento no estaban consolidadas. Ello no aplicaba al caso del demandante, pues su proceso ya estaba decidido. Frente al alegado incumplimiento de la Sentencia T-261 de 2019, expres\u00f3 que los cambios jurisprudenciales no constitu\u00edan una nueva situaci\u00f3n capaz de quebrantar la figura de la cosa juzgada.<\/a>[27]<\/li>\n<\/ol>\n

                                                 <\/p>\n

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                                                1. <\/b>La jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de CASUR<\/em>\u00a0solicit\u00f3 declarar improcedente la acci\u00f3n de tutela. En su criterio, no se vulneraron los derechos fundamentales del accionante. Lo que \u00e9l realmente pretendi\u00f3 fue la expedici\u00f3n de una nueva decisi\u00f3n que reconociera su asignaci\u00f3n de retiro con base en una norma que no aplicaba a su caso. Tambi\u00e9n pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del proceso, porque las pretensiones se dirigieron contra el Tribunal y Juzgado accionados.<\/a>[28]<\/li>\n<\/ol>\n

                                                   <\/p>\n

                                                  Fallo de primera instancia<\/em><\/strong><\/b><\/h3>\n

                                                   <\/p>\n

                                                    \n
                                                  1. <\/b>La Secci\u00f3n Quinta del Consejo de Estado resolvi\u00f3, en fallo del 26 de septiembre de 2024, declarar improcedente la acci\u00f3n de tutela.<\/a>[29]\u00a0Sustent\u00f3 esa determinaci\u00f3n al advertir que no se reuni\u00f3 el requisito de relevancia constitucional, por cuanto los se\u00f1alamientos del tutelante no cuestionaron de manera efectiva lo resuelto por las autoridades judiciales accionadas.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                     <\/p>\n

                                                      \n
                                                    1. <\/b>Sostuvo que el accionante no discuti\u00f3 el sustento jur\u00eddico que sirvi\u00f3 de base al Tribunal accionado para mantener la declaratoria de cosa juzgada. Al respecto, indic\u00f3 que esa autoridad judicial se apoy\u00f3 en una decisi\u00f3n de la Subsecci\u00f3n A de la Secci\u00f3n Segunda del Consejo de Estado, proferida el 30 de junio de 2022, que abord\u00f3 un caso similar al del accionante, y donde se\u00f1al\u00f3 que la nulidad del art\u00edculo 2 del Decreto 1858 de 2012 no afect\u00f3 el fen\u00f3meno de cosa juzgada. Empero, el actor no repar\u00f3 en controvertir aquel fundamento.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                       <\/p>\n

                                                        \n
                                                      1. <\/b>Explic\u00f3 que la Sentencia T-261 de 2019 confirm\u00f3 las decisiones de tutela que negaron la protecci\u00f3n solicitada. All\u00ed solo se acot\u00f3 que al estudiarse una nueva solicitud de asignaci\u00f3n de retiro esta deb\u00eda revisarse con las previsiones del Consejo de Estado. Por ende, no era suficiente que el accionante se limitara a indicar el desconocimiento de esa decisi\u00f3n, pues debi\u00f3 se\u00f1alar qu\u00e9 fue lo presuntamente omitido de ese fallo por las autoridades tuteladas. M\u00e1xime que el Tribunal accionado explic\u00f3 las razones por las cuales la declaratoria de nulidad del art\u00edculo 2 del Decreto 1858 de 2012 no incid\u00eda en el caso del actor.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                         <\/p>\n

                                                          \n
                                                        1. <\/b>Por \u00faltimo, adujo que los planteamientos del tutelante, con respecto a la atenuaci\u00f3n de la cosa juzgada, eran meras generalidades. Ninguno tuvo la capacidad de acreditar una afectaci\u00f3n puntual en su caso y, por el contrario, reafirmaban que el actor pretendi\u00f3 convertir la tutela en una tercera instancia.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                           <\/p>\n

                                                          Escrito de impugnaci\u00f3n<\/em><\/strong><\/b><\/h3>\n

                                                           <\/p>\n

                                                            \n
                                                          1. <\/b>La parte accionante impugn\u00f3 el fallo de primera instancia.<\/a>[30]\u00a0Discrep\u00f3 de la conclusi\u00f3n sobre la falta de relevancia constitucional, porque propuso su tutela para solicitar la garant\u00eda de sus derechos a la igualdad, seguridad social, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. Objet\u00f3, por lo mismo, que su caso no hubiera sido resuelto de fondo por el juez de primera instancia.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                             <\/p>\n

                                                              \n
                                                            1. <\/b>El impugnante reiter\u00f3 los argumentos de su escrito introductorio. As\u00ed, enfatiz\u00f3 que la Sentencia T-261 de 2019 fij\u00f3 una orden a las autoridades administrativas y judiciales para que estudiaran su solicitud de asignaci\u00f3n de retiro conforme al nuevo panorama normativo que surgi\u00f3 ante la nulidad del art\u00edculo 2 del Decreto 1858 de 2012. Para \u00e9l, ese mandato, que const\u00f3 en la raz\u00f3n de la decisi\u00f3n del fallo de la Corte, no se atendi\u00f3 por las autoridades accionadas. El actor tambi\u00e9n insisti\u00f3 en que las accionadas omitieron que la jurisprudencia constitucional ha indicado que la cosa juzgada se inaplica ante discusiones sobre prestaciones sociales. Aunque \u00e9l present\u00f3 las sentencias que soportaban aquello, el juez de primera instancia no se ocup\u00f3 de estudiarlas.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                               <\/p>\n

                                                                \n
                                                              1. <\/b>El impugnante solicit\u00f3, con fundamento en dichos argumentos, que se procediera a revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar, se concediera la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, pidi\u00f3 que se ordenara emitir una decisi\u00f3n de fondo en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho\u00a011001-33-35-028-2020-00191-00\u00a0donde actu\u00f3 como demandante.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                 <\/p>\n

                                                                Fallo de segunda instancia<\/em><\/strong><\/b><\/h3>\n

                                                                 <\/p>\n

                                                                  \n
                                                                1. <\/b>La Secci\u00f3n Cuarta del Consejo de Estado resolvi\u00f3, en fallo del 28 de noviembre de 2024, revocar la decisi\u00f3n impugnada y, en su lugar, negar las pretensiones de la acci\u00f3n de tutela.<\/a>[31]\u00a0Esa determinaci\u00f3n surgi\u00f3 de constatar que la tutela reuni\u00f3 los requisitos generales de procedencia, incluido el de relevancia constitucional, y de advertir que los defectos alegados no se configuraron.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                   <\/p>\n

                                                                    \n
                                                                  1. <\/b>Sostuvo que el requisito de relevancia constitucional se cumpli\u00f3, puesto que deb\u00eda definirse si las decisiones tuteladas le vulneraron al actor sus derechos fundamentales. Al respecto, acot\u00f3 que el tutelante acus\u00f3 a las autoridades accionadas de desconocer las Sentencias T-261 de 2019 y T-246 de 2016, y la l\u00ednea jurisprudencial sobre las excepciones a la cosa juzgada en asuntos pensionales. Por ello constat\u00f3 que la discusi\u00f3n era de raigambre constitucional.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                     <\/p>\n

                                                                      \n
                                                                    1. <\/b>Tambi\u00e9n encontr\u00f3 reunidos los dem\u00e1s requisitos de procedencia, habida cuenta que el actor:\u00a0(i)<\/em>\u00a0no contaba con otro medio de defensa judicial y no se configuraba ninguna de las causales del recurso extraordinario de revisi\u00f3n;\u00a0(ii)<\/em>\u00a0formul\u00f3 su tutela dentro del t\u00e9rmino prudencial de cinco meses;\u00a0(iii)<\/em>\u00a0identific\u00f3 los hechos que produjeron la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales; y\u00a0(iv)<\/em>\u00a0su acci\u00f3n de tutela no la propuso contra un fallo de tutela.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                       <\/p>\n

                                                                        \n
                                                                      1. <\/b>El estudio de fondo de la tutela lo circunscribi\u00f3 en funci\u00f3n de la Sentencia del 18 de enero de 2024, que dict\u00f3 el Tribunal accionado. Esto, al considerar que dicha decisi\u00f3n resolvi\u00f3 definitivamente la discusi\u00f3n sobre el reconocimiento de la asignaci\u00f3n de retiro del actor. A partir de ah\u00ed, argument\u00f3 que esa decisi\u00f3n no incurri\u00f3 en desconocimiento del precedente constitucional.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                         <\/p>\n

                                                                          \n
                                                                        1. <\/b>En su criterio, la decisi\u00f3n cuestionada explic\u00f3 por qu\u00e9 la Sentencia del 3 de septiembre de 2018 no aplicaba al accionante. La raz\u00f3n de ello radic\u00f3 en que la pretensi\u00f3n sobre el reconocimiento de su asignaci\u00f3n de retiro ya se hab\u00eda resuelto en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho previo. Por consiguiente, la situaci\u00f3n estaba consolidada y no daba lugar a reabrir el debate.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                           <\/p>\n

                                                                            \n
                                                                          1. <\/b>Estim\u00f3 que dicho razonamiento no omiti\u00f3 lo expuesto en la Sentencia T-261 de 2019. Aquella providencia se\u00f1al\u00f3 que los efectos de la nulidad del art\u00edculo 2 del Decreto 1858 de 2012 se definieron con aplicaci\u00f3n a los eventos donde no exist\u00eda una situaci\u00f3n consolidada. Por esa raz\u00f3n, la decisi\u00f3n acusada determin\u00f3 que en el caso del tutelante oper\u00f3 el fen\u00f3meno de la cosa juzgada.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                             <\/p>\n

                                                                              \n
                                                                            1. <\/b>Finalmente, discrep\u00f3 del argumento relativo a la modulaci\u00f3n de la cosa juzgada. Esto, por cuanto el cambio de precedente que adopt\u00f3 la Sentencia del 3 de septiembre de 2018 tuvo efectos retrospectivos. Por tal motivo, no afect\u00f3 la validez de la excepci\u00f3n de cosa juzgada decretada en el caso del accionante, pues, reiter\u00f3, la discusi\u00f3n que propuso se encontraba previamente consolidada.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                               <\/p>\n

                                                                              Actuaciones surtidas en sede de revisi\u00f3n<\/strong><\/b><\/h2>\n

                                                                               <\/p>\n

                                                                                \n
                                                                              1. <\/b>La Sala de Selecci\u00f3n de Tutelas N\u00famero Uno de la Corte Constitucional resolvi\u00f3, en Auto del 31 de enero de 2025, seleccionar el presente proceso. En esa misma decisi\u00f3n dispuso su reparto a la Sala Quinta de Revisi\u00f3n que preside el Magistrado Jorge Enrique Ib\u00e1\u00f1ez Najar.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                 <\/p>\n

                                                                                  \n
                                                                                1. <\/b>El Magistrado sustanciador resolvi\u00f3, en Auto del 08 de abril de 2025, decretar la pr\u00e1ctica de pruebas tendientes a\u00a0actualizar la informaci\u00f3n relevante para solucionar el caso concreto y mejor proveer. En concreto, dispuso:\u00a0(i)<\/em>\u00a0solicitar:\u00a0(a)<\/em>\u00a0al Consejo de Estado la remisi\u00f3n del expediente de tutela para consultarlo en su integridad; y\u00a0(b)<\/em>\u00a0al Juzgado accionado la remisi\u00f3n del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho\u00a011001-33-35-028-2020-00191-00; y\u00a0(ii)<\/em>\u00a0oficiar:\u00a0(a)<\/em>\u00a0al accionante para que rindiera informe sobre el estado de su afiliaci\u00f3n al sistema general de pensiones y c\u00f3mo la negativa de su asignaci\u00f3n de retiro ha afectado su m\u00ednimo vital; y\u00a0(b)<\/em>\u00a0a Colpensiones y Porvenir S.A. para que informaran, respectivamente, si el accionante se encontraba afiliado al\u00a0sistema de pensiones en alguna de esas administradoras de fondos de pensiones.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                   <\/p>\n

                                                                                    \n
                                                                                  1. <\/b>Adem\u00e1s, ordeno\u0301 que, una vez se hubieran recaudado las pruebas decretadas, la Secretar\u00eda General diera traslado de las pruebas que se aportaran y se pusieran a disposici\u00f3n de las partes o de terceros con inter\u00e9s, de manera virtual y por el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas h\u00e1biles, para que, en caso de considerarlo necesario, se pronunciaran sobre estas.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                     <\/p>\n

                                                                                    Recaudo de las pruebas decretadas<\/em><\/strong><\/b><\/h3>\n

                                                                                     <\/p>\n

                                                                                      \n
                                                                                    1. <\/b>Mediante informe de cumplimiento del 14 de mayo de 2025, la Secretar\u00eda General inform\u00f3 al despacho sustanciador que\u00a0mediante el oficio OPT-B-163-2025 del 09 de abril de 2025 dio cumplimiento al Auto de Pruebas del 08 de abril de 2025 y se recibieron las siguientes comunicaciones:<\/a>[32]<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                       <\/p>\n