{"id":31568,"date":"2026-05-19T14:27:21","date_gmt":"2026-05-19T19:27:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/?p=31568"},"modified":"2026-05-19T14:27:21","modified_gmt":"2026-05-19T19:27:21","slug":"t-108-26","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/t-108-26\/","title":{"rendered":"T-108-26"},"content":{"rendered":"

REP\u00daBLICA DE COLOMBIA<\/strong><\/b><\/p>\n

CORTE CONSTITUCIONAL<\/strong><\/b><\/p>\n

Sala Segunda de Revisi\u00f3n<\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

SENTENCIA T-108 de 2026<\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

Referencia:<\/strong><\/b>\u00a0expediente T-11.437.548<\/p>\n

 <\/p>\n

Asunto:\u00a0<\/strong><\/b>acci\u00f3n de tutela instaurada por\u00a0Luc\u00eda<\/em>\u00a0en representaci\u00f3n de su hijo contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Bogot\u00e1 \u2013 Centro Zonal Kennedy Central.<\/p>\n

 <\/p>\n

Temas:\u00a0<\/strong><\/b>vacunaci\u00f3n infantil, inter\u00e9s superior del menor, derecho fundamental a la salud de ni\u00f1os y ni\u00f1as.<\/p>\n

 <\/p>\n

L\u00edmites de la autonom\u00eda parental frente a la negativa de aplicar el esquema de vacunaci\u00f3n del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).<\/p>\n

 <\/p>\n

Magistrado ponente:<\/strong><\/b><\/p>\n

Carlos Camargo Assis<\/p>\n

 <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintis\u00e9is (2026).<\/p>\n

 <\/p>\n

La Sala\u00a0Segunda\u00a0de Revisi\u00f3n de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por\u00a0los magistrados H\u00e9ctor Alfonso Carvajal Londo\u00f1o, Juan Carlos Cort\u00e9s Gonz\u00e1lez y\u00a0Carlos Camargo\u00a0Assis, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente<\/p>\n

 <\/p>\n

SENTENCIA<\/strong><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

I.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0S\u00cdNTESIS DE LA DECISI\u00d3N<\/h1>\n

 <\/p>\n

La Sala Segunda de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional estudi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela presentada por una madre en representaci\u00f3n de su hijo de dos a\u00f1os contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con ocasi\u00f3n de la apertura de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos (PARD), originado en la negativa de la accionante a autorizar la aplicaci\u00f3n del esquema de vacunaci\u00f3n del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) al ni\u00f1o.<\/p>\n

 <\/p>\n

La accionante consider\u00f3 que la actuaci\u00f3n adelantada por el ICBF vulneraba sus derechos fundamentales a la libertad de conciencia, al libre desarrollo de la personalidad y a la autonom\u00eda parental, al estimar que la decisi\u00f3n de no vacunar a su hijo obedec\u00eda a convicciones personales y a preocupaciones relacionadas con posibles efectos adversos de las vacunas.<\/p>\n

 <\/p>\n

La Corte abord\u00f3 el alcance constitucional del inter\u00e9s superior del menor, el derecho fundamental a la salud de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, la naturaleza preventiva del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, as\u00ed como los l\u00edmites constitucionales de la libertad de conciencia, del libre desarrollo de la personalidad y del consentimiento sustituto ejercido por los padres en decisiones m\u00e9dicas respecto de sus hijos menores de edad.<\/p>\n

 <\/p>\n

La Sala concluy\u00f3 que la apertura de la fase de verificaci\u00f3n dentro del PARD, ante la negativa parental de aplicar el esquema de vacunaci\u00f3n infantil, no constituye por s\u00ed misma una vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales. Por el contrario, se trata de una actuaci\u00f3n leg\u00edtima y constitucionalmente necesaria orientada a garantizar el derecho fundamental a la salud del menor.<\/p>\n

 <\/p>\n

La Corte reiter\u00f3 que la patria potestad y el consentimiento sustituto no confieren a los padres una facultad absoluta para adoptar decisiones que comprometan la vida, la salud o el desarrollo integral de sus hijos. Asimismo, precis\u00f3 que la libertad de conciencia y el libre desarrollo de la personalidad encuentran l\u00edmites cuando su ejercicio pone en riesgo derechos fundamentales prevalentes de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes.<\/p>\n

 <\/p>\n

La Sala destac\u00f3 que el Programa Ampliado de Inmunizaciones constituye una pol\u00edtica p\u00fablica permanente de prevenci\u00f3n en salud, sustentada en evidencia cient\u00edfica robusta y orientada tanto a la protecci\u00f3n individual de los menores como a la garant\u00eda de la inmunidad colectiva.<\/p>\n

 <\/p>\n

Tras aplicar un juicio estricto de proporcionalidad, la Corte concluy\u00f3 que la actuaci\u00f3n adelantada por el ICBF superaba dicho examen constitucional, pues persegu\u00eda una finalidad imperiosa \u2014la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la salud del ni\u00f1o\u2014 mediante un mecanismo id\u00f3neo, necesario y proporcionado.<\/p>\n

 <\/p>\n

La Corte fij\u00f3 criterios orientadores para las actuaciones administrativas del ICBF relacionadas con la negativa parental a vacunar menores de edad a saber:\u00a0i) El ejercicio del consentimiento sustituto no habilita indefectiblemente a los padres a no vacunar a sus hijos; ii) Las contraindicaciones m\u00e9dicas deben ser debidamente verificadas; ii) Confirmaci\u00f3n por parte de la autoridad de que las vacunas se encuentran incluidas en el PAI vigente. iii) Se debe realizar una\u00a0evaluaci\u00f3n individualizada del riesgo epidemiol\u00f3gico; y iv) Garant\u00edas de acceso a la informaci\u00f3n clara y suficiente as\u00ed como un debido proceso.<\/p>\n

 <\/p>\n

En consecuencia, la Corte revoc\u00f3 las decisiones judiciales de instancia que hab\u00edan declarado improcedente la acci\u00f3n de tutela y, en su lugar, neg\u00f3 el amparo solicitado.<\/p>\n

 <\/p>\n

Adicionalmente, orden\u00f3 al ICBF continuar y concluir de manera inmediata la fase de verificaci\u00f3n de derechos dentro del PARD, con estricto respeto del debido proceso y garantizando la participaci\u00f3n efectiva de la madre.<\/p>\n

 <\/p>\n

En garant\u00eda del principio de celeridad, La Sala orden\u00f3 a la EPS Compensar realizar una valoraci\u00f3n m\u00e9dica integral sobre la viabilidad de la aplicaci\u00f3n del esquema de vacunaci\u00f3n al menor y, una vez emitido el concepto correspondiente, proceder con la aplicaci\u00f3n de las vacunas del PAI que resulten m\u00e9dicamente viables.<\/p>\n

 <\/p>\n

Adicionalmente, la Sala exhort\u00f3 al Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social y a las entidades territoriales de salud para fortalecer las estrategias de informaci\u00f3n p\u00fablica y pedagog\u00eda sobre la eficacia, seguridad y beneficios de las vacunas incluidas en el Programa Ampliado de Inmunizaciones.<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

II.\u00a0ANTECEDENTES<\/h1>\n

 <\/p>\n

Aclaraci\u00f3n previa<\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

En este caso se har\u00e1 referencia a la esfera \u00edntima y familiar de la accionante y de su hijo menor de edad. Por lo tanto, de conformidad con el art\u00edculo 62<\/a>[1]\u00a0del Reglamento Interno de la Corte Constitucional y la Circular 10 de 2022<\/a>[2], se considera necesario suprimir sus nombres de esta providencia y de toda futura publicaci\u00f3n, as\u00ed como cualquier otro dato o informaci\u00f3n que permita individualizarles.\u00a0Por ello, se\u00a0emitir\u00e1n dos copias de esta providencia.<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

    \n
  1. Hechos<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

      \n
    1. Luc\u00eda<\/em>, actuando en nombre propio y en representaci\u00f3n de su hijoMateo<\/em>, instaur\u00f3 una acci\u00f3n de tutela en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) \u2013 Regional Bogot\u00e1, Centro Zonal Kennedy Central con el fin de solicitar el amparo de sus derechos fundamentales y los de su hijo a la dignidad humana, a la libertad personal, al libre desarrollo de la personalidad y a la objeci\u00f3n de conciencia.<\/li>\n<\/ol>\n

       <\/p>\n

        \n
      1. La accionante indic\u00f3 que la defensora de familia adscrita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 Regional Bogot\u00e1, Centro Zonal Kennedy Central, ha ejercido presi\u00f3n indebida, al pretender imponer la aplicaci\u00f3n obligatoria del programa ampliado de inmunizaciones (PAI) a su hijo de dos a\u00f1os de edad<\/a>[3].<\/li>\n<\/ol>\n

         <\/p>\n

          \n
        1. La actora se\u00f1al\u00f3 que las medidas emprendidas por el ICBF desconocen el estado de salud de su hijo, el cual afirma que se encuentra en buenas condiciones<\/a>[4].<\/li>\n<\/ol>\n

           <\/p>\n

            \n
          1. El 8 de febrero de 2025, con ocasi\u00f3n de la atenci\u00f3n brindada en el servicio de urgencias, la Unidad de Servicios de Salud Patio Bonito Tintal elev\u00f3 solicitud<\/a>[5]ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 Regional Bogot\u00e1, Centro Zonal Kennedy Central, con el prop\u00f3sito de que se adelantaran las actuaciones necesarias para el restablecimiento de los derechos del ni\u00f1o\u00a0Mateo<\/em>. Dicha solicitud fue reiterada el 18 de febrero del mismo a\u00f1o por la Fundaci\u00f3n Hospital Pedi\u00e1trico La Misericordia<\/a>[6]. Ambas peticiones tuvieron como fundamento la negativa de la madre del menor a permitir la aplicaci\u00f3n del esquema de vacunaci\u00f3n del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).<\/li>\n<\/ol>\n

             <\/p>\n

              \n
            1. En atenci\u00f3n a lo anterior, el 10 de febrero de 2025, la defensora de familia dispuso la radicaci\u00f3n de la solicitud de Restablecimiento de Derechos (PARD) en favor del ni\u00f1oMateo<\/em>, bajo el radicado No. 1764457538<\/a>[7].<\/li>\n<\/ol>\n

               <\/p>\n

                \n
              1. El 13 de marzo de 2025, la accionante acudi\u00f3 al punto de vacunaci\u00f3n de la EPS Compensar con el prop\u00f3sito de solicitar informaci\u00f3n detallada sobre el contenido, los riesgos y los posibles efectos de las vacunas incluidas en el esquema PAI. Luego de revisar nuevamente las fichas t\u00e9cnicas suministradas y, teniendo en cuenta el buen estado de salud del menor, ratific\u00f3 su decisi\u00f3n de oponerse a la vacunaci\u00f3n, formaliz\u00e1ndola mediante la suscripci\u00f3n de un desistimiento informado<\/a>[8].<\/li>\n<\/ol>\n

                 <\/p>\n

                  \n
                1. La accionante expuso que la decisi\u00f3n de no aplicar el esquema de vacunaci\u00f3n PAI se encuentra fundada en la informaci\u00f3n oficial del fabricante de las vacunas y en atenci\u00f3n a los factores de riesgo y los efectos adversos descritos en las contraindicaciones, precauciones y advertencias de los f\u00e1rmacos<\/a>[9].<\/li>\n<\/ol>\n

                   <\/p>\n

                    \n
                  1. Mediante comunicaciones expedidas los d\u00edas 25 y 27 de marzo de 2025, la defensora de familia requiri\u00f3 a la se\u00f1oraLuc\u00eda\u00a0<\/em>para que compareciera personalmente al Centro Zonal Kennedy Central, con el prop\u00f3sito de \u201cadelantar las diligencias administrativas en el marco de la solicitud de Restablecimiento de Derechos\u201d<\/a>[10].\u00a0No obstante, seg\u00fan inform\u00f3 la funcionaria, tales actuaciones no pudieron desarrollarse de manera efectiva, debido a que la accionante acudi\u00f3 sin la presencia del menor\u00a0Mateo.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n

                     <\/p>\n

                      \n
                    1. El 7 de abril de 2025, la accionante radic\u00f3 una petici\u00f3n ante el Centro Zonal \u2013 Kennedy Central del ICBF por medio de la cual solicit\u00f3 el respeto a sus derechos fundamentales al debido proceso, el libre desarrollo de la personalidad, a la objeci\u00f3n de conciencia y solicit\u00f3 \u201ccese el acoso y persecuci\u00f3n\u201d. Adicionalmente, requiri\u00f3 el cierre de todos los procesos en su contra por parte del ICBF<\/a>[11]. El 30 de abril de 2025, la defensora de familia respondi\u00f3 a la petici\u00f3n y sostuvo que \u201c[l]os derechos a los que usted hace referencia no le han sido irrespetados por parte de la suscrita. Respecto a esta petici\u00f3n no s\u00e9 a qu\u00e9 hace referencia. No es posible hasta tanto no se realice la verificaci\u00f3n de derechos de su hijo\u201d<\/a>[12].<\/li>\n<\/ol>\n

                       <\/p>\n

                        \n
                      1. Con fundamento en lo expuesto, la accionante solicit\u00f3 que: i) se tutelen sus derechos fundamentales a la objeci\u00f3n de conciencia, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la autonom\u00eda del paciente; ii) se ordene al ICBF \u2013 Centro zonal Kennedy Central respetar el disentimiento informado y cesar cualquier medida coactiva en su contra; iii)se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n el inicio de una investigaci\u00f3n disciplinaria en contra de la defensora de familia accionada.; iv) se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n asignar un funcionario que vigile las garant\u00edas de las partes en el proceso administrativo.<\/a>[13]<\/li>\n<\/ol>\n

                         <\/p>\n

                        2. El tr\u00e1mite procesal<\/h2>\n

                         <\/p>\n

                          \n
                        1. Mediante auto del 23 de mayo de 2025, el Juzgado 019 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela de la referencia. En dicha providencia, vincul\u00f3 al tr\u00e1mite de tutela a las siguientes entidades y particulares: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-Regional Bogot\u00e1, Centro Zonal Kennedy central, Compensar EPS, Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, IPS Viva 1A y a la defensora de familia Diana Marcela Rodr\u00edguez<\/a>[14].<\/li>\n<\/ol>\n

                           <\/p>\n

                            \n
                          1. Posteriormente, mediante auto del 4 de junio de 2025 el Juzgado consider\u00f3 necesario vincular a la Secretar\u00eda de Salud Distrital de Bogot\u00e1, el Hospital Tintal y la Fundaci\u00f3n Hospital Pedi\u00e1trico la Misericordia HOMI.<\/a>[15]<\/li>\n<\/ol>\n

                             <\/p>\n

                              \n
                            1. En tr\u00e1mite de segunda instancia, mediante auto del 21 de julio de 2025 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u2013 Sala Penal\u2013 vincul\u00f3 al tr\u00e1mite a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/a>[16].<\/li>\n<\/ol>\n

                               <\/p>\n

                              3. Las contestaciones a la acci\u00f3n de tutela<\/h2>\n

                               <\/p>\n

                                \n
                              1. Durante el t\u00e9rmino otorgado por la juez de primera instancia se recibieron las siguientes respuestas:<\/li>\n<\/ol>\n

                                 <\/p>\n

                                Tabla 1.\u00a0Contestaciones a<\/em>\u00a0la acci\u00f3n de tutela<\/em><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
                                Parte o interviniente<\/strong><\/b><\/td>\nRespuesta<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                                Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Centro Zonal Kennedy Central<\/em><\/td>\nMediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica del 28 de mayo de 2025, la defensora de familia, adscrita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 Regional Bogot\u00e1, inform\u00f3 al despacho sobre las actuaciones adelantadas dentro del tr\u00e1mite constitucional y remiti\u00f3 los siguientes documentos: (i) solicitud de restablecimiento de derechos; (ii) reporte del Hospital El Tintal; (iii) reporte de la Fundaci\u00f3n HOMI; (iv) informe de acciones de verificaci\u00f3n; y (v) derecho de petici\u00f3n presentado por la se\u00f1ora\u00a0Luc\u00eda<\/em>, junto con la respuesta emitida por el despacho de la defensora.<\/p>\n

                                 <\/p>\n

                                Adicionalmente, indic\u00f3 que, a la fecha, no hab\u00eda sido posible efectuar la verificaci\u00f3n de derechos del ni\u00f1o\u00a0Mateo<\/em>, pues la se\u00f1ora\u00a0Luc\u00eda<\/em>\u00a0no se present\u00f3 con el menor a la diligencia<\/a>[17].<\/td>\n<\/tr>\n

                                Compensar EPS<\/em><\/td>\nMediante comunicaci\u00f3n del 1 de junio de 2025, la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar Compensar \u2013 EPS, sostuvo que no cuenta con legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, dado que no ha incurrido en acci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna que pueda constituir vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales alegados por la accionante. Se\u00f1al\u00f3 que el menor\u00a0Mateo<\/em>\u00a0se encuentra afiliado al r\u00e9gimen subsidiado de salud, en estado activo, desde el 31 de diciembre de 2023.<\/p>\n

                                 <\/p>\n

                                En consecuencia, la entidad solicit\u00f3 ser excluida del tr\u00e1mite constitucional, al no advertirse comportamiento atribuible a su gesti\u00f3n que pueda comprometer la garant\u00eda de los derechos invocados<\/a>[18].<\/td>\n<\/tr>\n

                                Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social<\/em><\/td>\nEl Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela al considerar que no cuenta con legitimaci\u00f3n por pasiva, pues no ha vulnerado los derechos invocados ni le corresponde adoptar medidas de restablecimiento de derechos de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, competencia atribuida exclusivamente al ICBF.<\/p>\n

                                 <\/p>\n

                                Indic\u00f3 que las vacunas del esquema nacional de vacunaci\u00f3n, incluida la del VPH, son gratuitas para menores de seis a\u00f1os, cuentan con respaldo t\u00e9cnico y responden a estrategias de salud p\u00fablica orientadas a prevenir enfermedades. Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que, antes de la aplicaci\u00f3n de cualquier vacuna se brinda informaci\u00f3n completa al usuario para que tome una decisi\u00f3n aut\u00f3noma mediante consentimiento informado.<\/p>\n

                                 <\/p>\n

                                En consecuencia, reiter\u00f3 su solicitud desvinculaci\u00f3n y declaraci\u00f3n de improcedencia de la acci\u00f3n de tutela contra el ministerio por cuanto no existe una acci\u00f3n u omisi\u00f3n que vulnere los derechos fundamentales de la accionante<\/a>[19].<\/td>\n<\/tr>\n

                                Hospital Tintal<\/em><\/td>\nRefiri\u00f3 que, al verificar los sistemas de informaci\u00f3n asistencial se identific\u00f3 un registro de atenci\u00f3n del menor\u00a0Mateo<\/em>\u00a0en el punto de atenci\u00f3n de la Subred Sur Occidente E.S.E. correspondiente al 8 de febrero de 2025.<\/p>\n

                                 <\/p>\n

                                Sin embargo, precis\u00f3 que la entidad no ha incurrido en acci\u00f3n u omisi\u00f3n que pueda constituir vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, y que no existe prueba que la vincule con los hechos objeto de la presente tutela. Por tal motivo, solicit\u00f3 declarar la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y, en consecuencia, disponer su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite.<\/p>\n

                                 <\/p>\n

                                Con su comunicaci\u00f3n, anex\u00f3 copia de la historia cl\u00ednica del menor correspondiente a la atenci\u00f3n registrada el 8 de febrero de 2025<\/a>[20].<\/td>\n<\/tr>\n

                                Fundaci\u00f3n Hospital Pedi\u00e1trico la Misericordia HOMI<\/em><\/td>\nSe\u00f1al\u00f3 que, de acuerdo con los sistemas institucionales de informaci\u00f3n, el menor\u00a0Mateo\u00a0<\/em>registr\u00f3 su \u00faltima atenci\u00f3n por el servicio de hospitalizaci\u00f3n entre el 20 y el 27 de mayo de 2025, con los siguientes diagn\u00f3sticos:<\/p>\n

                                \u201cOtras neumon\u00edas bacterianas<\/p>\n

                                Infecci\u00f3n bacteriana no especificada<\/p>\n

                                Infecci\u00f3n aguda no especificada de las v\u00edas respiratorias inferiores\u201d<\/a>[21].<\/p>\n

                                Frente a las pretensiones de la demanda, sostuvo que la Fundaci\u00f3n no es la entidad competente para atender los requerimientos formulados, y que no se evidencia conducta alguna, activa u omisiva, atribuible a su gesti\u00f3n que pueda constituir afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales a la salud y a la vida del menor. En consecuencia, concluy\u00f3 que no existe vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales por parte de la instituci\u00f3n<\/a>[22].<\/td>\n<\/tr>\n

                                IPS Viva 1\u00aa; Secretar\u00eda de Salud, Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/em><\/td>\nLas entidades no se pronunciaron.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                                \u00a0<\/em><\/p>\n

                                  \n
                                1. Sentencias objeto de revisi\u00f3n<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n

                                   <\/p>\n

                                    \n
                                  1. Primera instancia.<\/em>En providencia del 6 de junio de 2025,\u00a0el Juzgado 019 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 declar\u00f3 improcedente el amparo invocado por la accionante frente a los derechos fundamentales de objeci\u00f3n de conciencia, dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad y autonom\u00eda del paciente<\/a>[23].<\/li>\n<\/ol>\n

                                     <\/p>\n

                                      \n
                                    1. El despacho advirti\u00f3 que ninguna de las entidades accionadas desconoci\u00f3 la voluntad de la accionante respecto de la no aplicaci\u00f3n de las vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones \u2013 PAI. Por el contrario, lo que la ciudadanaLuc\u00eda\u00a0<\/em>interpret\u00f3 como actos de presi\u00f3n o coacci\u00f3n corresponden, en realidad al desarrollo del procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos, iniciado a partir de los reportes emitidos por las instituciones de salud que han atendido al menor. Dicho procedimiento se encuentra actualmente en fase de verificaci\u00f3n de derechos<\/a>[24].<\/li>\n<\/ol>\n

                                       <\/p>\n

                                        \n
                                      1. Por \u00faltimo, exhort\u00f3 al ICBF para que adelante, con la debida diligencia y con estricto respeto por el debido proceso, el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos iniciado en favor del menorMateo<\/em><\/a>[25].<\/li>\n<\/ol>\n

                                         <\/p>\n

                                          \n
                                        1. La accionante impugn\u00f3 el fallo de primera instancia al considerar que adolec\u00eda de falsa motivaci\u00f3n, valoraci\u00f3n insuficiente de los hechos y desconocimiento del principio del inter\u00e9s superior del menor<\/a>[26]. El recurso fue remitido alTribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013 Sala Penal<\/a>[27].<\/li>\n<\/ol>\n

                                          \u00a0<\/em><\/p>\n

                                            \n
                                          1. Segunda instancia.<\/em>En sentencia del 25 de julio de 2025, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013 Sala Penal confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia y exhort\u00f3 a la defensora de familia para que adelante, con car\u00e1cter prioritario, las actuaciones correspondientes dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Lo anterior, con el fin de adoptar las medidas de protecci\u00f3n que resulten necesarias para garantizar de manera efectiva los derechos fundamentales del menor\u00a0Mateo<\/em>, en especial los relativos a su salud, integridad y desarrollo arm\u00f3nico<\/a>[28].<\/li>\n<\/ol>\n

                                             <\/p>\n

                                            5. Tr\u00e1mite ante la Corte<\/h2>\n

                                             <\/p>\n

                                              \n
                                            1. La Sala de Selecci\u00f3n de Tutelas N\u00famero Nueve<\/a>[29]de la Corte Constitucional mediante auto del 30 de septiembre de 2025 seleccion\u00f3 este expediente para revisi\u00f3n. Por sorteo, el asunto fue repartido el 15 de octubre de 2025, a la Sala Novena de Revisi\u00f3n presidida por el magistrado Carlos Camargo Assis.<\/li>\n<\/ol>\n

                                               <\/p>\n

                                                \n
                                              1. Mediante providencia del 6 de noviembre de 2025<\/a>[30], el magistrado ponente estim\u00f3 necesario decretar pruebas para disponer de mayores elementos de juicio que le permitieran adoptar una decisi\u00f3n de fondo en el asunto sometido a consideraci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                 <\/p>\n

                                                  \n
                                                1. En concreto, el despacho solicit\u00f3 a las partes involucradas que le informaran a la Corte sobre:(i) las circunstancias actuales del contexto socioecon\u00f3mico de los accionantes; (ii) informaci\u00f3n sobre nuevas actuaciones para lograr la satisfacci\u00f3n de sus pretensiones (iii) informaci\u00f3n acerca de la salud del menor\u00a0Mateo<\/em>\u00a0(iv) copia digital de la totalidad de las actuaciones (v) informe cronol\u00f3gico sobre las actuaciones adelantadas y el estado actual del proceso\u00a0administrativo de restablecimiento de derechos.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                   <\/p>\n

                                                    \n
                                                  1. Adicionalmente, el despacho sustanciador invit\u00f3 a entidades t\u00e9cnicas y cient\u00edficas para que se pronunciaran espec\u00edficamente sobre los siguientes aspectos: i) \u00bfCu\u00e1l es la evidencia cient\u00edfica que justifica la inclusi\u00f3n de las vacunas del PAI en poblaci\u00f3n infantil? ii) \u00bfCu\u00e1les son los riesgos individuales y colectivos derivados de la no vacunaci\u00f3n en menores de seis a\u00f1os? iii) \u00bfCu\u00e1l es la evidencia disponible sobre los efectos del PAI en la reducci\u00f3n de mortalidad y complicaciones graves asociadas a enfermedades inmunoprevenibles? iv) \u00bfQu\u00e9 evidencia se encuentra disponible sobre la seguridad y eficacia de las vacunas que integran el PAI en la poblaci\u00f3n pedi\u00e1trica en Colombia? v) \u00bfQu\u00e9 informaci\u00f3n existe sobre los efectos adversos de aplicar las vacunas del PAI en ni\u00f1os? Adem\u00e1s, se solicit\u00f3 informaci\u00f3n sobre estos efectos y en qu\u00e9 medida o con qu\u00e9 frecuencia se presentan y cu\u00e1les ser\u00edan sus posibles tratamientos.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                     <\/p>\n

                                                      \n
                                                    1. Posteriormente, mediante el auto del 5 de febrero de 2026<\/a>[31], dada la importancia de conocer los conceptos t\u00e9cnicos y cient\u00edficos, la Sala Segunda de Revisi\u00f3n requiri\u00f3 nuevamente a la Sociedad Colombiana de Pediatr\u00eda, al Colegio M\u00e9dico Colombiano y a la Sociedad Nacional de Infectolog\u00eda para que, en ejercicio del rol cient\u00edfico que cumplen en el Sistema de Salud, se pronunciaran sobre los aspectos mencionados. Adicionalmente, la Sala decidi\u00f3 ordenar como medida provisional a la defensora de Familia del Centro Zonal de Kennedy que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho horas (48) a partir de la notificaci\u00f3n del auto, reanudara el tr\u00e1mite de verificaci\u00f3n de derechos a favor del ni\u00f1oMateo<\/em>, garantizando el debido proceso administrativo para la accionante y el ni\u00f1o. En atenci\u00f3n a estos autos se recibieron las siguientes respuestas:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                       <\/p>\n

                                                      Tabla 2.\u00a0Respuestas recibidas en sede de revisi\u00f3n<\/em><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
                                                      Parte o interviniente<\/strong><\/b><\/td>\nRespuesta<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                                                      Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Centro Zonal Kennedy Central<\/em><\/td>\nLa Defensora de Familia adscrita al Centro Zonal Kennedy Central dio respuesta al auto de pruebas y alleg\u00f3 copia \u00edntegra del expediente administrativo identificado con radicado Sim No. 1764457538<\/a>[32].<\/p>\n

                                                       <\/p>\n

                                                      Inform\u00f3 que el 10 de febrero de 2025 fue creada Solicitud de Restablecimiento de Derechos (SRD) a favor del ni\u00f1o\u00a0Mateo<\/em>, con fundamento en reporte remitido por la Unidad de Servicios de Salud Patio Bonito Tintal, en el cual se indic\u00f3 que el menor, atendido en urgencias por diagn\u00f3stico de \u201cotras convulsiones no especificadas\u201d, no contaba con esquema de vacunaci\u00f3n completo desde los dos meses de edad, seg\u00fan el informe psicosocial citado por la Defensor\u00eda<\/a>[33].<\/p>\n

                                                       <\/p>\n

                                                      Adujo que,\u00a0ante la imposibilidad de establecer contacto efectivo con la progenitora y de realizar la verificaci\u00f3n presencial, la trabajadora social sugiri\u00f3 el cierre de la petici\u00f3n por p\u00e9rdida de contacto; cierre que efectivamente se llev\u00f3 a cabo<\/a>[34].<\/p>\n

                                                       <\/td>\n<\/tr>\n

                                                      Accionante<\/em><\/td>\nEn primer lugar, se\u00f1al\u00f3 que reside en la ciudad de Bogot\u00e1 junto con su padre y sus dos hijos menores de edad, y que ostenta la condici\u00f3n de madre cabeza de familia, conforme a la declaraci\u00f3n juramentada allegada al expediente.<\/p>\n

                                                       <\/p>\n

                                                      Afirm\u00f3 que el entorno familiar es estable y que garantiza condiciones adecuadas para el desarrollo integral del ni\u00f1o. En segundo lugar, aport\u00f3 certificaciones m\u00e9dicas de 30 de julio de 2025 en las que consta que el menor presenta peso, talla y desarrollo acordes con su edad, as\u00ed como buen estado general de salud y ausencia de enfermedades infectocontagiosas. Indic\u00f3 que el ni\u00f1o asiste regularmente a controles de crecimiento y desarrollo<\/a>[35].<\/p>\n

                                                       <\/p>\n

                                                      En tercer lugar, explic\u00f3 que su negativa frente a aplicar el esquema de vacunaci\u00f3n del Programa Ampliado de Inmunizaciones se fundamenta en el an\u00e1lisis de informaci\u00f3n t\u00e9cnica y cient\u00edfica, as\u00ed como en la suscripci\u00f3n de un documento de disentimiento informado ante la entidad prestadora de salud. \u00a0Al efecto, anex\u00f3 el documento titulado \u201cEventos adversos seguidos a la inmunizaci\u00f3n\u201d, en el que se describen posibles reacciones graves, aunque estad\u00edsticamente poco frecuentes, asociadas a determinadas vacunas.<\/p>\n

                                                       <\/p>\n

                                                      Finalmente, manifest\u00f3 que la actuaci\u00f3n adelantada por la Defensor\u00eda de Familia en el marco del proceso administrativo de restablecimiento de derechos constituye, a su juicio, una presi\u00f3n indebida y una vulneraci\u00f3n de su libertad de conciencia y de su autonom\u00eda parental.<\/p>\n

                                                       <\/td>\n<\/tr>\n

                                                      Fundaci\u00f3n Hospital Pedi\u00e1trico la Misericordia HOMI<\/em><\/td>\nLa instituci\u00f3n inform\u00f3 que, al revisar la historia cl\u00ednica del menor, se registran cuatro eventos de atenci\u00f3n entre 2023 y 2025: (i) hospitalizaci\u00f3n en julio de 2023 por bronquiolitis aguda y neumon\u00eda multilobar con requerimiento de ventilaci\u00f3n mec\u00e1nica; (ii) atenci\u00f3n por urgencias en julio de 2024 por infecci\u00f3n por COVID-19 y anemia de probable etiolog\u00eda carencial; (iii) hospitalizaci\u00f3n en febrero de 2025 por episodio convulsivo, con diagn\u00f3stico de primera crisis focal en estudio y antecedente de retraso global del desarrollo; y (iv) hospitalizaci\u00f3n en mayo de 2025 por infecci\u00f3n respiratoria aguda y crisis epil\u00e9pticas, encontr\u00e1ndose en manejo con oxcarbazepina y bajo seguimiento por neuropediatr\u00eda<\/a>[36].<\/p>\n

                                                       <\/p>\n

                                                      Frente al esquema de vacunaci\u00f3n, la fundaci\u00f3n indic\u00f3 que el menor cuenta con vacunas hasta los dos meses de edad, seg\u00fan lo consignado en la historia cl\u00ednica, y que el 10 de febrero de 2025 realiz\u00f3 reporte al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para verificaci\u00f3n de derechos, con fundamento en la ausencia de esquema completo del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).<\/p>\n

                                                       <\/p>\n

                                                      En relaci\u00f3n con los diagn\u00f3sticos de \u201cotras neumon\u00edas bacterianas\u201d, \u201cinfecci\u00f3n bacteriana no especificada\u201d e \u201cinfecci\u00f3n aguda no especificada de las v\u00edas respiratorias inferiores\u201d, la Fundaci\u00f3n explic\u00f3 que tales categor\u00edas son inespec\u00edficas y pueden corresponder a m\u00faltiples agentes etiol\u00f3gicos, algunos no cubiertos por el PAI. Se\u00f1al\u00f3 que la ausencia de vacunaci\u00f3n no explica por s\u00ed sola la ocurrencia de dichas infecciones, aunque la falta de inmunizaci\u00f3n contra neumococo y Haemophilus influenza tipo b puede incrementar el riesgo de neumon\u00eda grave y complicaciones. Precis\u00f3 igualmente que las vacunas tienen car\u00e1cter preventivo y no terap\u00e9utico, de modo que no constituyen tratamiento de infecciones ya instauradas, pero s\u00ed reducen la incidencia y gravedad de enfermedades prevenibles.<\/p>\n

                                                       <\/td>\n<\/tr>\n

                                                      Asociaci\u00f3n Colombiana de Infectolog\u00eda<\/em><\/td>\nLa Asociaci\u00f3n Colombiana de Infectolog\u00eda (ACIN), en respuesta al Auto proferido dentro del expediente T-11.437.548 , remiti\u00f3 concepto t\u00e9cnico sobre la evidencia cient\u00edfica que respalda la inclusi\u00f3n, seguridad, eficacia e impacto del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), as\u00ed como los riesgos individuales y colectivos asociados a la no vacunaci\u00f3n en menores de seis a\u00f1os. El documento se fundamenta en revisiones sistem\u00e1ticas, metaan\u00e1lisis, estudios de efectividad y lineamientos de organismos internacionales como la OMS, OPS y CDC, as\u00ed como en evidencia epidemiol\u00f3gica regional y nacional.<\/p>\n

                                                       <\/p>\n

                                                      El concepto destaca que la vacunaci\u00f3n constituye la intervenci\u00f3n de salud p\u00fablica con mayor impacto comprobado en la reducci\u00f3n de la mortalidad infantil. Desde 1974, los programas de inmunizaci\u00f3n han evitado 154 millones de muertes a nivel global, de las cuales 146 millones corresponden a menores de cinco a\u00f1os. La evidencia demuestra reducciones sustanciales en incidencia, complicaciones y mortalidad por enfermedades como sarampi\u00f3n, poliomielitis, difteria, tos ferina, rotavirus, neumococo y Haemophilus influenzae tipo b.<\/p>\n

                                                       <\/p>\n

                                                      En Colombia y Am\u00e9rica Latina, la implementaci\u00f3n del PAI ha permitido eliminar o controlar m\u00faltiples enfermedades inmunoprevenibles y reducir hospitalizaciones y muertes asociadas.<\/p>\n

                                                      En materia de seguridad, subray\u00f3 que los eventos adversos graves asociados a las vacunas son excepcionalmente infrecuentes y estad\u00edsticamente mucho menos probables que las complicaciones derivadas de las enfermedades que previenen. Revisiones sistem\u00e1ticas de amplio alcance concluyen que el perfil beneficio-riesgo es ampliamente favorable, con diferencias de 100 a 1.000 veces entre el riesgo de la enfermedad y el riesgo vacunal. Asimismo, se descarta evidencia cient\u00edfica que vincule la vacunaci\u00f3n con patolog\u00edas como el autismo, reafirmando la solidez del consenso cient\u00edfico internacional.<\/p>\n

                                                       <\/p>\n

                                                      Finalmente, la ACIN advierti\u00f3 que la no vacunaci\u00f3n genera riesgos significativos tanto para el menor individualmente considerado como para la comunidad. En los ni\u00f1os peque\u00f1os, la ausencia de inmunizaci\u00f3n incrementa la probabilidad de infecci\u00f3n, complicaciones graves y mortalidad. A nivel colectivo, la disminuci\u00f3n de coberturas compromete la inmunidad de reba\u00f1o, facilita la reemergencia de enfermedades previamente controladas, expone a poblaciones vulnerables y genera sobrecarga del sistema de salud. En conclusi\u00f3n, el PAI se presenta como una pol\u00edtica p\u00fablica sustentada en evidencia cient\u00edfica robusta, con impacto verificable en la protecci\u00f3n de la vida y la salud infantil.<\/p>\n

                                                       <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                                                       <\/p>\n

                                                       <\/p>\n

                                                      III.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0CONSIDERACIONES<\/h2>\n

                                                       <\/p>\n

                                                      1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Competencia<\/h2>\n

                                                       <\/p>\n

                                                        \n
                                                      1. Esta Sala es competente para revisar los fallos de tutela objeto de revisi\u00f3n, de conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 86 y 241-9 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 31 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                         <\/p>\n

                                                          \n
                                                        1. 2<\/strong><\/b>.Planteamiento del problema jur\u00eddico y esquema de soluci\u00f3n<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n

                                                           <\/p>\n

                                                            \n
                                                          1. Aclaraci\u00f3n preliminar<\/em><\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n

                                                            \u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n

                                                              \n
                                                            1. Para efectos del presente asunto, cuando esta Corte utilice la expresi\u00f3nPrograma Ampliado de Inmunizaciones (PAI)<\/em>, se referir\u00e1 exclusivamente al esquema aplicable a la primera infancia. Esta precisi\u00f3n obedece a que el asunto recae sobre un ni\u00f1o de dos (2) a\u00f1os, quien se encuentra en la etapa de primera infancia\u00a0-esto es, entre los cero (0) y los seis (6) \u00a0a\u00f1os-<\/a>[37]\u00a0conforme con lo definido en el art\u00edculo 5 de la Ley 1804 de 2016<\/a>[38].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                               <\/p>\n

                                                                \n
                                                              1. Asimismo, esta delimitaci\u00f3n resulta pertinente a la luz del Decreto 2287 de 2003, cuyo prop\u00f3sito es garantizar que todos los ni\u00f1os menores de cinco (5) a\u00f1os que asistan a instituciones educativas cuenten con el esquema de vacunaci\u00f3n correspondiente a su edad. Dicho decreto establece expresamente que \u201cla vacunaci\u00f3n, seg\u00fan el esquema definido por el Ministerio de la Protecci\u00f3n Social en el Programa Ampliado de Inmunizaciones, es gratuita y tiene car\u00e1cter obligatorio\u201d<\/a>[39].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                 <\/p>\n

                                                                  \n
                                                                1. A partir de los antecedentes expuestos en la presente providencia, le corresponde a la Sala Segunda de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional responder el siguiente interrogante:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                   <\/p>\n

                                                                  \u00bfVulner\u00f3 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 Regional Bogot\u00e1, Centro Zonal Kennedy Central los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y al libre desarrollo de la personalidad de la se\u00f1ora\u00a0Luc\u00eda<\/em>\u00a0y de su hijo menor\u00a0Mateo<\/em>, al activar la fase de verificaci\u00f3n dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, con ocasi\u00f3n de la negativa de la madre a autorizar la aplicaci\u00f3n del esquema de vacunaci\u00f3n del PAI?<\/p>\n

                                                                   <\/p>\n

                                                                    \n
                                                                  1. Para resolver el problema jur\u00eddico planteado, la Corte (i) reiterar\u00e1 el alcance del inter\u00e9s superior del menor y el derecho a la salud de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes; (ii) precisar\u00e1 la naturaleza jur\u00eddica del proceso administrativo de restablecimiento de derechos; (iii) examinar\u00e1 los l\u00edmites del consentimiento sustituto, de la libertad de conciencia; y el libre desarrollo de la personalidad y (iv) resolver\u00e1 el caso concreto.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                     <\/p>\n

                                                                      \n
                                                                    1. <\/b>Principio del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n

                                                                      \u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                        \n
                                                                      1. La Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y ratificada por Colombia el 28 de enero de 1991<\/a>[40], estableci\u00f3 los est\u00e1ndares m\u00ednimos para proteger los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes (NNA) y marc\u00f3 un hito en el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Lo anterior, al cambiar la concepci\u00f3n que identificaba al NNA como objeto de protecci\u00f3n a una concepci\u00f3n que lo reconoce como sujeto de derechos humanos<\/a>[41].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                         <\/p>\n

                                                                          \n
                                                                        1. En lo que respecta al inter\u00e9s superior de las ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes,\u00a0la Convenci\u00f3n dispone la obligaci\u00f3n de las autoridades de tener en especial consideraci\u00f3n la satisfacci\u00f3n y protecci\u00f3n de los derechos de los ni\u00f1os. Espec\u00edficamente, el art\u00edculo 3.1 del instrumento mencionado dispone que \u201cen todas las medidas concernientes a los ni\u00f1os que tomen las instituciones p\u00fablicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los \u00f3rganos legislativos, una consideraci\u00f3n primordial a\u00a0[la]\u00a0que se atender\u00e1 ser\u00e1 el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o\u201d<\/a>[42].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                           <\/p>\n

                                                                            \n
                                                                          1. Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha se\u00f1alado que:Los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes \u201cposeen los derechos que corresponden a todos los seres humanos\u00a0(\u2026)\u00a0y\u00a0tienen adem\u00e1s derechos especiales derivados de su condici\u00f3n<\/a>[43]\u201d. De modo que, el art\u00edculo 19 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos debe entenderse como un derecho adicional y complementario que el tratado establece particularmente para los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, quienes por su estado de desarrollo necesitan de protecci\u00f3n especial<\/a>[44].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                             <\/p>\n

                                                                              \n
                                                                            1. En tal sentido, se concluye que, frente al derecho internacional de los derechos humanos, el Estado Colombiano asumi\u00f3 el compromiso de: (i) adoptar todas las medidas internas que resulten necesarias y adecuadas para la garant\u00eda efectiva de los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes; y (ii) otorgar prevalencia al principio del inter\u00e9s superior del menor en toda decisi\u00f3n que les concierna.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                              \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                              3.1 Principio del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o en el ordenamiento jur\u00eddico interno<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                              \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                \n
                                                                              1. De acuerdo conel art\u00edculo 44 de la Carta Pol\u00edtica<\/a>[45], los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes tienen derecho a una especial protecci\u00f3n. Esta disposici\u00f3n constitucional define el alcance de esa protecci\u00f3n especial al establecer cinco reglas:\u00a0i)\u00a0el reconocimiento del car\u00e1cter fundamental de sus derechos;\u00a0ii)\u00a0su protecci\u00f3n especial frente a riesgos prohibidos como el abandono, la violencia f\u00edsica y moral, el abuso, o la explotaci\u00f3n laboral;\u00a0iii)\u00a0la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado en su asistencia y protecci\u00f3n;\u00a0iv)\u00a0la garant\u00eda de su desarrollo integral; y\u00a0v)\u00a0la prevalencia del inter\u00e9s superior de sus derechos<\/a>[46].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                 <\/p>\n

                                                                                  \n
                                                                                1. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencias como la T-351 de 2018 ha reiterado que \u201cla calidad de sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes tiene su fundamento en la situaci\u00f3n de vulnerabilidad e indefensi\u00f3n en la que se encuentran, pues su desarrollo f\u00edsico, mental y emocional est\u00e1 en proceso de alcanzar la madurez requerida para la toma de decisiones y participaci\u00f3n aut\u00f3noma dentro de la sociedad. El grado de vulnerabilidad e indefensi\u00f3n tiene diferentes niveles y se da a partir de todos los procesos de interacci\u00f3n que los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes deben realizar con su entorno f\u00edsico y social para la evoluci\u00f3n de su personalidad. Por lo anterior, el Estado, la sociedad y la familia deben brindar una protecci\u00f3n especial en todos los \u00e1mbitos de la vida de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en aras de garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral\u201d<\/a>[47].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                   <\/p>\n

                                                                                    \n
                                                                                  1. En desarrollo de esta concepci\u00f3n y como concreci\u00f3n normativa del mandato constitucional de protecci\u00f3n reforzada, el art\u00edculo 8\u00ba del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia dispone que: \u201c[s]e entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u201d. De la misma manera, en su art\u00edculo 9\u00ba consagra: \u201c[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                    \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                      \n
                                                                                    1. <\/b>El derecho a la salud de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                      \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                        \n
                                                                                      1. La Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o, en relaci\u00f3n con el derecho a la salud, dispuso en su art\u00edculo 24:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                         <\/p>\n

                                                                                        \u201c1. Los Estados Partes reconocen el derecho del ni\u00f1o al disfrute del m\u00e1s alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitaci\u00f3n de la salud. Los Estados Partes se esforzar\u00e1n por asegurar que ning\u00fan ni\u00f1o sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.<\/em><\/p>\n

                                                                                         <\/p>\n

                                                                                        Los Estados Partes asegurar\u00e1n la plena aplicaci\u00f3n de este derecho y, en particular, adoptar\u00e1n las medidas apropiadas para:<\/em><\/p>\n

                                                                                        \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                          \n
                                                                                        1. a)<\/em>Reducir la mortalidad infantil y en la ni\u00f1ez;(\u2026)<\/em><\/li>\n
                                                                                        2. b)<\/em>Asegurar la prestaci\u00f3n de la asistencia m\u00e9dica y la atenci\u00f3n sanitaria que sean necesarias a todos los ni\u00f1os, haciendo hincapi\u00e9 en el desarrollo de la atenci\u00f3n primaria de salud;<\/em><\/li>\n
                                                                                        3. c)<\/em> Los Estados Partes adoptar\u00e1n todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las pr\u00e1cticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los ni\u00f1os\u201d.<\/em><\/li>\n
                                                                                        4. De manera complementaria, el art\u00edculo 49<\/a>[48]superior atribuye al Estado la direcci\u00f3n y regulaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de salud, lo que incluye la adopci\u00f3n de medidas de promoci\u00f3n y prevenci\u00f3n orientadas a evitar la ocurrencia de enfermedades. En desarrollo de estas disposiciones, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que el derecho a la salud no se agota en el acceso a tratamientos, sino que comprende intervenciones preventivas dirigidas a reducir riesgos evitables<\/a>[49].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                           <\/p>\n

                                                                                            \n
                                                                                          1. En la sentencia T- 592 de 2017, la Corte protegi\u00f3 el derecho a la salud de 439 ni\u00f1os y ni\u00f1as ind\u00edgenas a quienes no se les hab\u00eda garantizado el esquema de vacunaci\u00f3n, La Sala sostuvo que \u201cel derecho a la salud tambi\u00e9n est\u00e1 regido por el principio de integralidad. Este se orienta a asegurar la efectiva prestaci\u00f3n del servicio de salud, que incluye \u201cservicios de promoci\u00f3n, prevenci\u00f3n, diagn\u00f3stico, tratamiento, rehabilitaci\u00f3n, paliaci\u00f3n y todo aquello necesario para que el individuo goce del nivel m\u00e1s alto de salud posible, o al menos, padezca el menor sufrimiento\u201d<\/a>[50].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                             <\/p>\n

                                                                                              \n
                                                                                            1. En esa l\u00ednea, debe precisarse que los esfuerzos de promoci\u00f3n y prevenci\u00f3n de la enfermedad hacen parte primordial del efectivo ejercicio del derecho, por cuanto su finalidad es disminuir los riesgos de adquirir algunas enfermedades, garantizando la preservaci\u00f3n de la salud. A su vez, esta Corte ha reconocido en casos particulares\u00a0vacunas que est\u00e1n por fuera del plan de beneficios, al considerar que -\u00e9stas contribuyen a \u201cgarantizar una vida en condiciones dignas y un estado de salud apropiado<\/a>[51]\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                \n
                                                                                              1. Acorde con lo anterior, el art\u00edculo 29<\/a>[52]del C\u00f3digo de la Infancia y de la Adolescencia prev\u00e9 que\u00a0son derechos impostergables de la primera infancia, la atenci\u00f3n en salud y nutrici\u00f3n, el esquema completo de vacunaci\u00f3n, la protecci\u00f3n contra los peligros f\u00edsicos y la educaci\u00f3n inicial.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                  \n
                                                                                                1. Trat\u00e1ndose de ni\u00f1os y ni\u00f1as, la dimensi\u00f3n preventiva del derecho a la salud adquiere particular relevancia, dado que su protecci\u00f3n no solo busca atender enfermedades ya manifestadas, sino evitar la exposici\u00f3n a riesgos que puedan comprometer su desarrollo futuro. En ese contexto, las pol\u00edticas p\u00fablicas de inmunizaci\u00f3n hacen parte de las medidas preventivas adoptadas por el Estado para garantizar la efectividad del derecho a la salud en su dimensi\u00f3n individual y colectiva.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                  \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                  4.1\u00a0<\/strong><\/b>\u00a0El papel de la familia, la sociedad y el Estado en la garant\u00eda de la salud de ni\u00f1os y ni\u00f1as<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                    \n
                                                                                                  1. Como se mencion\u00f3 anteriormente, el art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica dispone que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligaci\u00f3n de asistir y proteger al ni\u00f1o para garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, y que \u00e9stos prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s. Esta cl\u00e1usula impone deberes jur\u00eddicos concretos y vinculantes orientados a asegurar la protecci\u00f3n efectiva de los derechos fundamentales de los ni\u00f1os y ni\u00f1as, entre ellos el derecho a la salud.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                      \n
                                                                                                    1. En desarrollo de este mandato, el art\u00edculo 10 de la Ley 1098 de 2006<\/a>[53](C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia) define la corresponsabilidad como la concurrencia de actores y acciones dirigidas a garantizar el ejercicio de los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, precisando que la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atenci\u00f3n, cuidado y protecci\u00f3n. No obstante, la misma disposici\u00f3n establece que las instituciones obligadas a la prestaci\u00f3n de servicios no pueden invocar este principio para negar la atenci\u00f3n requerida para la satisfacci\u00f3n de derechos fundamentales.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                        \n
                                                                                                      1. De este marco constitucional y legal se desprende que la garant\u00eda del derecho a la salud de los menores no puede atribuirse exclusivamente a un solo actor. Si bien la familia constituye el primer espacio de protecci\u00f3n, el Estado debe intervenir cuando aquella no se encuentre en condiciones de asegurar la protecci\u00f3n efectiva del menor, adoptando las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos prevalentes.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                        \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                        4.2 El derecho a la salud de ni\u00f1os y ni\u00f1as y la vacunaci\u00f3n infantil<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                        \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                          \n
                                                                                                        1. De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social de Colombia, la vacunaci\u00f3n constituye una de las intervenciones de salud p\u00fablica m\u00e1s efectivas, costoefectivas y equitativas para la prevenci\u00f3n de enfermedades transmisibles y la reducci\u00f3n de la morbimortalidad en la poblaci\u00f3n. A trav\u00e9s del PAI, se han logrado avances significativos en la reducci\u00f3n de muertes, complicaciones y secuelas permanentes asociadas a Enfermedades Prevenibles por Vacunaci\u00f3n (EPV), consolid\u00e1ndose como un pilar fundamental para la protecci\u00f3n de la salud colectiva y el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud<\/a>[54].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                            \n
                                                                                                          1. El Ministerio ha indicado que el PAI, \u201cconstituye uno de los pilares m\u00e1s s\u00f3lidos de la salud p\u00fablica en Colombia, al garantizar el acceso universal y gratuito a las vacunas y consolidando la prevenci\u00f3n como eje fundamental de la pol\u00edtica sanitaria. A lo largo de su trayectoria, el PAI ha obtenido coberturas superiores al 90% para algunas vacunas del esquema, reduciendo de manera significativa la morbilidad y mortalidad por enfermedades transmisibles y posicionando al pa\u00eds como referente regional en inmunizaci\u00f3n\u201d<\/a>[55]. El esquema de vacunaci\u00f3n para la primera infancia est\u00e1 compuesto de la siguiente manera:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                             <\/p>\n

                                                                                                            Al nacer<\/strong><\/b><\/p>\n