{"id":31574,"date":"2026-05-19T14:33:58","date_gmt":"2026-05-19T19:33:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/?p=31574"},"modified":"2026-05-19T14:33:58","modified_gmt":"2026-05-19T19:33:58","slug":"t-111-26","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/t-111-26\/","title":{"rendered":"T-111-26"},"content":{"rendered":"

REP\u00daBLICA DE COLOMBIA<\/strong><\/b><\/p>\n

CORTE CONSTITUCIONAL<\/strong><\/b><\/p>\n

Sala Segunda de Revisi\u00f3n<\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

SENTENCIA T-111 de 2026<\/strong><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

Referencia<\/strong><\/b>:\u00a0expediente\u00a0T-11.517.942<\/p>\n

 <\/p>\n

Asunto:\u00a0<\/strong><\/b>acci\u00f3n\u00a0de\u00a0tutela\u00a0instaurada\u00a0por Celmira Guerrero Villamizar en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-<\/p>\n

 <\/p>\n

Magistrado\u00a0ponente<\/strong><\/b>:<\/p>\n

Carlos Camargo Assis<\/p>\n

 <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintis\u00e9is (2026).<\/p>\n

 <\/p>\n

La Sala Segunda de Revisi\u00f3n de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Juan Carlos Cort\u00e9s Gonz\u00e1lez, H\u00e9ctor Alfonso Carvajal Londo\u00f1o y Carlos Camargo Assis, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente:<\/p>\n

 <\/p>\n

SENTENCIA<\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

En el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n del fallo de segunda instancia del 12 de julio de 2025, proferido por la\u00a0Sala de Decisi\u00f3n Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del 9 de julio de 2025 del Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga en el marco de la acci\u00f3n de tutela promovida por la se\u00f1ora Celmira Guerrero Villamizar contra la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-.<\/p>\n

 <\/p>\n

S\u00cdNTESIS DE LA DECISI\u00d3N<\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

La Sala Segunda de Revisi\u00f3n de Tutelas de la Corte Constitucional revis\u00f3 el mecanismo de amparo presentado por Celmira Guerrero Villamizar contra Colpensiones. La accionante argument\u00f3 que la entidad le neg\u00f3, en repetidas ocasiones, la sustituci\u00f3n de la pensi\u00f3n de invalidez de la que fue beneficiaria su hija, la se\u00f1ora Luz Marina Guerrero Villamizar.<\/p>\n

 <\/p>\n

La Corte consider\u00f3 que la solicitud de protecci\u00f3n cumpl\u00eda con los requisitos necesarios de procedencia. Sin embargo, encontr\u00f3 que Colpensiones, con la expedici\u00f3n de la Resoluci\u00f3n DPE\u00a021643 del 22 de diciembre de 2025,<\/em>\u00a0reconoci\u00f3 y orden\u00f3 el pago de una sustituci\u00f3n pensional a favor de la actora. Con ello, se determin\u00f3 que el objeto del presente mecanismo de amparo ces\u00f3 y, por consiguiente, se configur\u00f3 la carencia actual de objeto por hecho superado.<\/p>\n

 <\/p>\n

Al margen de lo anterior, la Sala\u00a0analiz\u00f3 el derecho a la seguridad social, especialmente en relaci\u00f3n con la sustituci\u00f3n pensional. Adem\u00e1s, reiter\u00f3 lo referente a la especial protecci\u00f3n constitucional de las que son titulares las personas de la tercera edad y explic\u00f3 c\u00f3mo opera el debido proceso en el marco de las actuaciones administrativas para el reconocimiento de prestaciones econ\u00f3micas.<\/p>\n

 <\/p>\n

La Sala concluy\u00f3 que Colpensiones s\u00ed vulner\u00f3 el derecho al debido proceso administrativo de la accionante, pues concluy\u00f3 que la entidad\u00a0no observ\u00f3 su deber reforzado de diligencia<\/em>\u00a0frente a un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional y\u00a0no valor\u00f3 debidamente las pruebas aportadas al tr\u00e1mite administrativo<\/em>\u00a0en el estudio del reclamo pensional de la se\u00f1ora Guerrero Villamizar.<\/p>\n

 <\/p>\n

En atenci\u00f3n a lo anterior, la Corte adopt\u00f3 las siguientes decisiones:<\/p>\n

 <\/p>\n

(i)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Revoc\u00f3 las sentencias de tutela\u00a0del\u00a09 y 12 de julio\u00a0de 2025, proferidas respectivamente por el Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga, Santander,\u00a0y la Sala de Decisi\u00f3n Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en las que se declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela.\u00a0En su lugar, declar\u00f3 la carencia actual de objeto por hecho superado en atenci\u00f3n a lo decidido por Colpensiones mediante la Resoluci\u00f3n\u00a0DPE\u00a021643 del 22 de diciembre de 2025, donde, entre otros, se reconoci\u00f3 y se orden\u00f3 el pago de una sustituci\u00f3n pensional a favor de la se\u00f1ora Celmira Guerrero Villamizar.<\/p>\n

 <\/p>\n

(ii)\u00a0\u00a0\u00a0Al margen de la anterior determinaci\u00f3n y en atenci\u00f3n a las consideraciones dispuestas en la presente providencia, declar\u00f3 que Colpensiones vulner\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso administrativo de la se\u00f1ora Celmira Guerrero Villamizar.<\/p>\n

 <\/p>\n

(iii)\u00a0En virtud de lo expuesto, se exhort\u00f3 a la entidad accionada para que, en lo sucesivo,\u00a0atienda a los deberes y obligaciones rese\u00f1ados en la presente providencia -fundamentos jur\u00eddicos 49, 51 y 62-, mediante los cuales se garantiza el acceso oportuno y efectivo a las prestaciones sociales y la satisfacci\u00f3n de los derechos fundamentales ligados a aquellas. M\u00e1xime cuando se trate de sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional, como lo son las personas de la tercera edad.<\/p>\n

 <\/p>\n

    \n
  1. ANTECEDENTES<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n

    \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

    Hechos<\/a>[1]<\/strong><\/b><\/p>\n

     <\/p>\n

      \n
    1. El 27 de mayo de 2025<\/a>[2], la se\u00f1ora Celmira Guerrero Villamizar -88 a\u00f1os en la actualidad-, a trav\u00e9s de apoderada judicial, promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra Colpensiones por la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ala administraci\u00f3n de justicia, vida digna, salud, seguridad social, dignidad humana, m\u00ednimo vital, protecci\u00f3n a la tercera edad y debido proceso<\/a>[3]<\/strong><\/b><\/em>.\u00a0En concreto, se\u00f1al\u00f3 que la entidad, en repetidas ocasiones,\u00a0le neg\u00f3 la sustituci\u00f3n de la pensi\u00f3n de invalidez de la que fue beneficiaria su hija, la se\u00f1ora Luz Marina Guerrero Villamizar.<\/li>\n<\/ol>\n

       <\/p>\n

        \n
      1. En primer lugar, la accionante explic\u00f3 que la se\u00f1ora Luz Marina tuvo dos hijos, Anderson Sneider Guerrero Villamizar y Edna Mar\u00eda Jim\u00e9nez Guerrero, quienes para la fecha de la presentaci\u00f3n del mecanismo de amparo ten\u00edan, respectivamente, 27 y 33 a\u00f1os. Adem\u00e1s, sostuvo que a la causante le fue reconocida una pensi\u00f3n de invalidez mediante la Resoluci\u00f3n SUB 192935 del 10 de septiembre de 2020, la cual disfrut\u00f3 hasta su fallecimiento el 23 de febrero de 2021.<\/li>\n<\/ol>\n

         <\/p>\n

          \n
        1. En ese sentido, manifest\u00f3 que, para el 2021 -a\u00f1o de fallecimiento de la causante-, el se\u00f1or Anderson Sneider no reuni\u00f3 los requisitos para acceder a la sustituci\u00f3n de la prestaci\u00f3n toda vez que, aunque era menor de 25 a\u00f1os para la \u00e9poca de su fallecimiento, no depend\u00eda econ\u00f3micamente de la causante y estaba vinculado laboralmente con \u201cdos empresas desde el 2018\u201d. Sin embargo, al inscribirse en ese mismo a\u00f1o al programa acad\u00e9mico de \u201cT\u00e9cnico Profesional en servicio de Polic\u00eda\u201d impartido por la Polic\u00eda Nacional<\/a>[4], aquel s\u00ed reuni\u00f3 los presupuestos necesarios y, en consecuencia, elev\u00f3 la respectiva solicitud a Colpensiones.<\/li>\n<\/ol>\n

           <\/p>\n

            \n
          1. En el marco de lo anterior, a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n SUB 163217 del 13 de julio de 2021<\/a>[5], Colpensiones neg\u00f3 el reconocimiento de la sustituci\u00f3n pensional al se\u00f1or Anderson Sneider, pues adujo que el peticionariono acredit\u00f3 la calidad de hijo estudiante<\/em>. Al respecto, la actora se\u00f1al\u00f3 que pese a que el solicitante present\u00f3 los recursos respectivos y anex\u00f3 una certificaci\u00f3n expedida por la Polic\u00eda Nacional<\/a>[6], aquellos no fueron \u201cresueltos por Colpensiones\u201d<\/a>[7].<\/li>\n<\/ol>\n

             <\/p>\n

              \n
            1. Al margen de lo expuesto, la actora explic\u00f3 que el se\u00f1or Guerrero Villamizar culmin\u00f3 y aprob\u00f3 sus estudios, por lo que fue vinculado a la Polic\u00eda Nacional desde el 21 de mayo de 2021, en calidad depatrullero<\/em><\/a>[8]. En consecuencia, ante la inexistencia de una persona con mejor derecho, adelant\u00f3 los tr\u00e1mites pertinentes para obtener la sustituci\u00f3n pensional a su favor.<\/li>\n<\/ol>\n

               <\/p>\n

                \n
              1. En la siguiente tabla se sintetizan las diferentes solicitudes de reconocimiento elevadas por la accionante y las respuestas proferidas por Colpensiones.<\/li>\n<\/ol>\n

                 <\/p>\n

                Tabla 1. Tr\u00e1mites administrativos de la se\u00f1ora Celmira Guerrero Villamizar ante Colpensiones<\/em><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
                Primera solicitud<\/a>[9]<\/em><\/strong><\/b><\/td>\nDe conformidad con lo dispuesto por Colpensiones, el 17 de agosto de 2022, la se\u00f1ora Guerrero Villamizar present\u00f3 la primera solicitud de reconocimiento de la sustituci\u00f3n pensional. En aquella anex\u00f3: (i) solicitud de prestaciones econ\u00f3micas; (ii) declaraci\u00f3n personal sobre dependencia econ\u00f3mica; (iii) registros civiles de nacimiento y de defunci\u00f3n de la causante; y (iv) su documento de identidad.<\/td>\n<\/tr>\n
                Resoluci\u00f3n SUB 294485<\/a>[10]<\/em><\/strong><\/b><\/td>\nMediante decisi\u00f3n del 25 de octubre de 2022, Colpensiones resolvi\u00f3 negar el reclamo presentado. En aquella oportunidad, se\u00f1al\u00f3 que, a partir de la\u00a0investigaci\u00f3n administrativa<\/em>, se acredit\u00f3 \u201cque la se\u00f1ora Celmira Guerrero Villamizar depend\u00eda econ\u00f3micamente de manera total de su hija la se\u00f1ora Luz Marina Guerrero Villamizar, teniendo en cuenta que no labora por su avanzada edad y no es pensionada\u201d. Sin embargo, expuso que no se pod\u00eda acceder al reconocimiento pretendido, toda vez que la accionante acudi\u00f3 al tr\u00e1mite en calidad de\u00a0madre<\/em>\u00a0y, por consiguiente, integraba el \u201csegundo grado de beneficiario resultando excluyente frente a los hijos de la causante\u201d.<\/p>\n

                 <\/p>\n

                En virtud de lo anterior, el 4 de noviembre de 2022, la actora present\u00f3 los recursos correspondientes en contra el acto administrativo. En concreto, (i) pretendi\u00f3 que se revocara la decisi\u00f3n y, en consecuencia, se reconociera la prestaci\u00f3n requerida; y (ii) inform\u00f3 que, pese a que el se\u00f1or Anderson Sneider Guerrero Villamizar era menor de 25 a\u00f1os, aquel dej\u00f3 de estudiar y para la fecha estaba vinculado como patrullero en la Polic\u00eda Nacional.<\/td>\n<\/tr>\n

                Resoluci\u00f3n SUB 21245<\/a>[11]<\/em><\/strong><\/b><\/td>\nEn resoluci\u00f3n del 23 de enero de 2023, la entidad accionada resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n promovido por la se\u00f1ora Celmira. Indic\u00f3 que, para la fecha de fallecimiento de la causante, aquella ten\u00eda dos hijos, uno de ellos el se\u00f1or Anderson Sneider, quien todav\u00eda era menor de 25 a\u00f1os. En ese sentido, afirm\u00f3 que se exclu\u00eda el derecho de la accionante ante la existencia de otra persona con mejor derecho y, en consecuencia, confirm\u00f3 en todas sus partes la decisi\u00f3n censurada.<\/td>\n<\/tr>\n
                Resoluci\u00f3n DPE 5544<\/a>[12]<\/em><\/strong><\/b><\/td>\nEl 18 de abril de 2023, Colpensiones resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto de manera subsidiaria y confirm\u00f3 el acto administrativo con fundamento en id\u00e9nticas consideraciones a las dispuestas en la resoluci\u00f3n que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n.<\/td>\n<\/tr>\n
                Segunda solicitud<\/a>[13]<\/em><\/strong><\/b><\/td>\nDe acuerdo con la entidad accionada, el 27 de junio de 2024, la se\u00f1ora Celmira Guerrero Villamizar nuevamente present\u00f3 una solicitud dirigida a obtener el reconocimiento pensional. Junto a dicha petici\u00f3n, remiti\u00f3: (i) formato de solicitud de prestaciones sociales; (ii) registros civiles de nacimiento y defunci\u00f3n de la causante; (iii) su documento de identificaci\u00f3n; (iv) declaraciones extra juicio de dependencia econ\u00f3mica; y (v) poder y documentos de identificaci\u00f3n de su apoderada judicial.<\/td>\n<\/tr>\n
                Resoluci\u00f3n SUB 256689<\/em><\/strong><\/b><\/td>\nEn decisi\u00f3n del 9 de agosto de 2024, Colpensiones neg\u00f3 las pretensiones de la actora. Sostuvo que no reposaba en el expediente pensional \u201cnueva certificaci\u00f3n de escolaridad, ni declaraci\u00f3n extrajuicio donde el joven [Anderson Sneider] manif[estar\u00e1] que, al fallecimiento de su madre, no depend\u00eda econ\u00f3micamente de ella y tampoco se encontraba estudiando al d\u00eda de su fallecimiento\u201d. En esa l\u00ednea, adujo que \u201chasta tanto el posible beneficiario no aport[ara] la documentaci\u00f3n o escrito donde manifieste que no acredita el derecho\u201d no era posible adelantar el reconocimiento en favor de la se\u00f1ora Celmira.<\/p>\n

                 <\/p>\n

                En atenci\u00f3n a lo anterior, el 15 de agosto de 2024, la actora present\u00f3 los recursos de ley contra la decisi\u00f3n de la entidad. Con aquellos, pretendi\u00f3 (i) la revocatoria del acto administrativo y, por consiguiente, el reconocimiento de la prestaci\u00f3n; y (ii) el cierre definitivo del expediente pensional del se\u00f1or Anderson Sneider.<\/td>\n<\/tr>\n

                Resoluci\u00f3n SUB 360256<\/a>[14]<\/em><\/strong><\/b><\/td>\nEn determinaci\u00f3n del 18 de octubre de 2024, la administradora de pensiones confirm\u00f3 la resoluci\u00f3n recurrida. En un inicio, mencion\u00f3 la negativa en la solicitud de reconocimiento pensional del se\u00f1or Anderson Sneider -SUB 163217 del 13 de julio de 2021-. Posteriormente, relacion\u00f3 la declaraci\u00f3n juramentada ante notario que elev\u00f3 el se\u00f1or Anderson Sneider el 12 de agosto de 2024, donde indic\u00f3, entre otras cosas, que: (i) ten\u00eda 26 a\u00f1os; (ii) no ten\u00eda \u201cninguna discapacidad f\u00edsica ni mental\u201d; (iii) no acreditaba \u201cel derecho como beneficiario de la pensi\u00f3n\u201d; (iv) estaba vinculado laboralmente a la Polic\u00eda Nacional; y (v) no exist\u00eda una persona con mejor derecho a la prestaci\u00f3n que su abuela Celmira Guerrero Villamizar.<\/p>\n

                 <\/p>\n

                No obstante, la entidad asegur\u00f3 que la anterior manifestaci\u00f3n del se\u00f1or Anderson Sneider no daba \u201ccerteza frente a su condici\u00f3n de beneficiario a la fecha de la MUERTE de la causante\u201d y, en esa l\u00ednea, exist\u00edan dudas sobre \u201cla existencia de un beneficiario de primer orden\u201d. En consecuencia, asegur\u00f3 que \u201chasta tanto el posible beneficiario no aport
                \nara] la documentaci\u00f3n o escrito donde manifieste que no acredita el derecho\u201d no era posible acceder al reclamo pensional de la actora.<\/td>\n<\/tr>\n

                Resoluci\u00f3n DEP 22966<\/a>[15]<\/em><\/strong><\/b><\/td>\nEl 27 de diciembre de 2024, la entidad accionada desat\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto y confirm\u00f3 la decisi\u00f3n atacada. Explic\u00f3 que a\u00fan no se hab\u00eda remitido al tr\u00e1mite la certificaci\u00f3n expedida por la Escuela de Polic\u00eda Gabriel Gonz\u00e1lez, por lo cual el se\u00f1or Anderson Sneider \u201cpodr\u00eda acceder a su derecho pensional\u201d. Adicionalmente, explic\u00f3 a la accionante que el derecho a la prestaci\u00f3n se estudiaba al momento del fallecimiento de la causante -23 de febrero de 2021-, cuando el se\u00f1or Anderson Sneider ten\u00eda 22 a\u00f1os. As\u00ed las cosas, se\u00f1al\u00f3 que de \u201cla declaraci\u00f3n del hijo de la causante no se pod\u00eda inferir que \u00e9ste no se encontraba estudiando a la fecha del fallecimiento y que no depend\u00eda econ\u00f3micamente de su mam\u00e1\u201d.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                 <\/p>\n

                  \n
                1. La se\u00f1ora Celmira Guerrero Villamizar aleg\u00f3 que la entidad no valor\u00f3 adecuadamente las pruebas aportadas al tr\u00e1mite administrativo. En efecto, se\u00f1al\u00f3 que, en repetidas ocasiones, inform\u00f3 que el se\u00f1or Anderson Sneider no acreditaba los requisitos para ser beneficiario de la prestaci\u00f3n, toda vez que aquel no depend\u00eda econ\u00f3micamente de la causante para la fecha de su fallecimiento y desde 2021 estaba vinculado laboralmente a la Polic\u00eda Nacional.<\/li>\n<\/ol>\n

                   <\/p>\n

                    \n
                  1. Visto lo anterior,la accionante solicit\u00f3 que: (i) se tutelen sus derechos fundamentales a\u00a0la administraci\u00f3n de justicia, vida digna, salud, seguridad social, dignidad humana, m\u00ednimo vital, protecci\u00f3n a la tercera edad y debido proceso<\/em>; (ii)\u00a0se ordene a Colpensiones el reconocimiento y pago de la sustituci\u00f3n pensional a su favor; y (iii) se dejen sin efectos las resoluciones que negaron el reconocimiento de la prestaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                     <\/p>\n

                    Tr\u00e1mite procesal<\/strong><\/b><\/p>\n

                     <\/p>\n

                      \n
                    1. Mediante Auto del 27 de mayo de 2025<\/a>[16], el Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga, Santander, avoc\u00f3 conocimiento de la acci\u00f3n de tutela. Adicionalmente, orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite del se\u00f1or Anderson Sneider Guerrero Villamizar.<\/li>\n<\/ol>\n

                       <\/p>\n

                        \n
                      1. Colpensiones<\/a>[17]realiz\u00f3 un recuento del tr\u00e1mite administrativo referente a las solicitudes atinentes al reconocimiento prestacional del se\u00f1or Anderson Sneider y de la se\u00f1ora Celmira. Posteriormente, aleg\u00f3 que el mecanismo de amparo era improcedente, en atenci\u00f3n a que la actora contaba con medios judiciales ordinarios que eran id\u00f3neos para perseguir lo pretendido ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad laboral. Finalmente, pidi\u00f3 que la Direcci\u00f3n de Prestaciones Econ\u00f3micas de la entidad fuera vinculada al proceso.<\/li>\n<\/ol>\n

                         <\/p>\n

                          \n
                        1. El Juzgado003 de Familia de Bucaramanga, Santander, profiri\u00f3 decisi\u00f3n de primera instancia el 10 de junio de 2025<\/a>[18], en la que declar\u00f3 improcedente el amparo. No obstante, durante el tr\u00e1mite de la impugnaci\u00f3n presentada por la accionante<\/a>[19], la Sala de Decisi\u00f3n Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga declar\u00f3 la nulidad de lo actuado y orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n de Prestaciones Econ\u00f3micas de Colpensiones. Ello, mediante Auto del 1\u00b0 de julio de 2025<\/a>[20].<\/li>\n<\/ol>\n

                           <\/p>\n

                            \n
                          1. As\u00ed las cosas, el Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga, Santander, mediante prove\u00eddo del 1\u00b0 de julio de 2025<\/a>[21], vincul\u00f3 al tr\u00e1mite a la dependencia referenciada por el tribunal. No obstante, en su respuesta, aquella aleg\u00f3 que la competencia reca\u00eda en la Subdirecci\u00f3n de Determinaci\u00f3n I de la entidad<\/a>[22].<\/li>\n<\/ol>\n

                             <\/p>\n

                              \n
                            1. Como consecuencia de lo anterior, el 8 de julio de 2025, la autoridad judicial emiti\u00f3 un nuevo auto de vinculaci\u00f3n, esta vez dirigido a la subdirecci\u00f3n atr\u00e1s referida<\/a>[23].<\/li>\n<\/ol>\n

                               <\/p>\n

                              Sentencias objeto de revisi\u00f3n<\/strong><\/b><\/p>\n

                               <\/p>\n

                                \n
                              1. Primera instancia<\/a>[24]<\/strong><\/b>.\u00a0<\/em>En sentencia del 9 de julio de 2025, el Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga, Santander, declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela por incumplir los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. Frente al primero de los presupuestos, afirm\u00f3 que\u00a0la negativa de la entidad accionada estaba fundada en una raz\u00f3n de car\u00e1cter legal, esta es, que la se\u00f1ora Celmira Guerrero Villamizar no reuni\u00f3 los requisitos para el reconocimiento pensional. En esa l\u00ednea, consider\u00f3 que los reparos de la accionante deb\u00edan ser conocidos por el juez natural de la causa -juez ordinario laboral-. En lo referente al segundo requisito, se\u00f1al\u00f3 que, pese a que la acci\u00f3n de tutela se present\u00f3 5 meses despu\u00e9s de la \u00faltima decisi\u00f3n de Colpensiones, lo cierto es que hab\u00edan transcurrido cuatro a\u00f1os desde el fallecimiento de la causante y dos desde la primera solicitud ante la entidad.<\/li>\n<\/ol>\n

                                 <\/p>\n

                                  \n
                                1. Impugnaci\u00f3n<\/a>[25]<\/strong><\/b>.<\/em>La parte actora impugn\u00f3 el fallo de primera instancia. En concreto, indic\u00f3 que la accionante era un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional en virtud de su edad y su precaria situaci\u00f3n socioecon\u00f3mica. Adem\u00e1s, aleg\u00f3 que, aunque era cierto que exist\u00edan otros medios judiciales ordinarios para perseguir el reconocimiento de la prestaci\u00f3n, lo cierto es que la jurisprudencia constitucional reconoci\u00f3 que aquellos pod\u00edan tornarse ineficaces, por ejemplo, cuando por la avanzada edad del reclamante es probable que aquel no exista para el momento que se adopte una decisi\u00f3n definitiva<\/a>[26]. Finalmente, recalc\u00f3 las diferentes incongruencias en las que, a su juicio, incurri\u00f3 Colpensiones.<\/li>\n<\/ol>\n

                                   <\/p>\n

                                    \n
                                  1. Segunda instancia<\/a>[27]<\/strong><\/b>.<\/em>La Sala de Decisi\u00f3n Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en decisi\u00f3n del 12 de julio de 2025, confirm\u00f3 el fallo impugnado. Para fundar su decisi\u00f3n, la autoridad judicial utiliz\u00f3 una argumentaci\u00f3n similar al juez de primera instancia y agreg\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no resultaba procedente para resolver controversias de \u201ccontenido econ\u00f3mico\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

                                     <\/p>\n

                                    Tr\u00e1mite ante la Corte<\/strong><\/b><\/p>\n

                                     <\/p>\n

                                      \n
                                    1. La Sala de Selecci\u00f3n N\u00famero Diez de 2025, mediante Auto del 31 de octubre<\/a>[28], resolvi\u00f3 seleccionar el expediente de la referencia para su revisi\u00f3n por parte de este Tribunal con fundamento en el siguiente criteriosubjetivo<\/em>: urgencia de proteger un derecho fundamental. Posteriormente, reparti\u00f3 este asunto a esta Sala para su resoluci\u00f3n<\/a>[29].<\/li>\n<\/ol>\n

                                      \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                        \n
                                      1. El 28 de enero de 2026, Colpensiones, a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, remiti\u00f3 un escrito a esta Corporaci\u00f3n<\/a>[30]. En dicha comunicaci\u00f3n, la entidad accionada solicit\u00f3 que se declarara que en el presente asunto se estructur\u00f3 unacarencia actual de objeto por hecho superado<\/em>, pues ya reconoci\u00f3 en favor de la se\u00f1ora Celmira Guerrero Villamizar la sustituci\u00f3n pensional perseguida.<\/li>\n<\/ol>\n

                                         <\/p>\n

                                          \n
                                        1. Como fundamento de su solicitud, la administradora de pensiones aport\u00f3 la Resoluci\u00f3n DPE 21643 del 22 de diciembre de 2025<\/a>[31], mediante la cual, entre otras cosas, (i) revoc\u00f3 la Resoluci\u00f3n SUB 256689 del 9 de agosto de 2024; (ii) reconoci\u00f3 y orden\u00f3 el pago de una pensi\u00f3n de sobrevivientes a la actora, a partir del 21 de febrero de 2021 -con efectos fiscales desde el 1\u00b0 de marzo de 2021 y una mesada pensional de $1\u2019423.500-; y (iii) concedi\u00f3 el pago retroactivo de $70\u2019443.786.<\/li>\n<\/ol>\n

                                           <\/p>\n

                                            \n
                                          1. Explic\u00f3 que la decisi\u00f3n obedeci\u00f3 a la culminaci\u00f3n de laverificaci\u00f3n t\u00e9cnico-administrativa<\/em>\u00a0del otro solicitante de la prestaci\u00f3n, es decir, el se\u00f1or Anderson Sneider Guerrero Villamizar. Ello, toda vez que se logr\u00f3 determinar que, al momento del fallecimiento de la causante, el se\u00f1or Anderson Sneider \u201cse encontraba laborando (\u2026) lo que desvirt\u00faa su dependencia econ\u00f3mica\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

                                             <\/p>\n

                                              \n
                                            1. CONSIDERACIONES<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n

                                              \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                \n
                                              1. <\/b>Competencia<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n

                                                \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                  \n
                                                1. EstaSala es competente para estudiar el fallo materia de revisi\u00f3n, de conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 86 y 241-9 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 31 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                   <\/p>\n

                                                    \n
                                                  1. <\/b>Delimitaci\u00f3n del problema jur\u00eddico y metodolog\u00eda de la decisi\u00f3n<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n

                                                    \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                      \n
                                                    1. Celmira Guerrero Villamizar present\u00f3 acci\u00f3n de tutela en contra deColpensiones, alegando la violaci\u00f3n de sus derechos fundamentales a\u00a0la administraci\u00f3n de justicia, vida digna, salud, seguridad social, dignidad humana, m\u00ednimo vital, protecci\u00f3n a la tercera edad y debido proceso<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                       <\/p>\n

                                                        \n
                                                      1. La violaci\u00f3n alegada tuvo lugar, a su juicio, debido a que Colpensiones neg\u00f3 reiteradamente el reconocimiento de una sustituci\u00f3n pensional a su favor. Ello, a pesar de que, desde su \u00f3ptica, no existe una persona con mejor derecho para acceder a la prestaci\u00f3n pretendida. Por consiguiente, con su solicitud de amparo, la accionante persigui\u00f3 que se protejan sus derechos fundamentales y, en ese sentido, pidi\u00f3 ordenar a la accionada a reconocer a su favor la sustituci\u00f3n pensional pretendida y dejar sin efectos las resoluciones mediante las cuales se neg\u00f3 el reconocimiento de la prestaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                         <\/p>\n

                                                          \n
                                                        1. El Juzgado 003 Familia de Bucaramanga, Santander, declar\u00f3 improcedente el mecanismo de amparo ante el incumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. Lo anterior, en atenci\u00f3n a la existencia de otro medio judicial id\u00f3neo para ventilar la presente controversia y la demora en la interposici\u00f3n del mecanismo de amparo. Impugnada la decisi\u00f3n por la accionante, en segunda instancia,la Sala de Decisi\u00f3n Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga\u00a0confirm\u00f3 el fallo recurrido, pues coincidi\u00f3 con los argumentos del\u00a0a quo<\/em>\u00a0y agreg\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no resulta procedente para tramitar asuntos de contenido netamente econ\u00f3mico.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                           <\/p>\n

                                                            \n
                                                          1. A partir de los antecedentes descritos,la Corte evaluar\u00e1 la procedencia de la solicitud de amparo.\u00a0En caso de que se cumplan los requisitos para ello, deber\u00e1 responder a los siguientes\u00a0problemas jur\u00eddicos<\/em><\/strong><\/b>:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                             <\/p>\n

                                                            (i)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00bfSe configur\u00f3 una carencia actual de objeto por hecho superado, con ocasi\u00f3n del reconocimiento de la sustituci\u00f3n pensional a favor de la se\u00f1ora Celmira Guerrero Villamizar mediante la Resoluci\u00f3n DPE 21643 de diciembre de 2025? En caso afirmativo, \u00bfresulta necesario un pronunciamiento de fondo?<\/p>\n

                                                             <\/p>\n

                                                            (ii)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0De ser necesario un pronunciamiento de fondo, \u00bfColpensiones, a trav\u00e9s de las resoluciones proferidas dentro del tr\u00e1mite administrativo donde neg\u00f3 el reconocimiento de la sustituci\u00f3n pensional, vulner\u00f3 el derecho al debido proceso administrativo de la se\u00f1ora Celmira Guerrero Villamizar?<\/p>\n

                                                             <\/p>\n

                                                              \n
                                                            1. Con ese prop\u00f3sito la Corte seguir\u00e1 el siguiente orden. Inicialmente valorar\u00e1 si la acci\u00f3n de tutela satisface las condiciones generales de procedencia (infra<\/em>3). Luego de ello explicar\u00e1 por qu\u00e9 la expedici\u00f3n de la Resoluci\u00f3n DPE 21643 del 22 de diciembre de 2025, por medio de la cual se revoc\u00f3 la Resoluci\u00f3n SUB 256689 del 9 de agosto de 2024 y se reconoci\u00f3 una\u00a0pensi\u00f3n de sobrevivientes\u00a0<\/em>a favor de la accionante, origina una carencia actual de objeto por hecho superado (infra\u00a0<\/em>4). A continuaci\u00f3n, la Sala, con la finalidad de evitar da\u00f1os a futuro, se referir\u00e1 a los derechos a la seguridad social y a la sustituci\u00f3n pensional\u00a0(infra\u00a0<\/em>5).\u00a0En similar sentido, valorar\u00e1\u00a0la especial protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las personas de la tercera edad (infra 6)<\/em>.\u00a0Posteriormente, el Tribunal abordar\u00e1 las\u00a0garant\u00edas del derecho al debido proceso en el tr\u00e1mite de calificaci\u00f3n, reconocimiento y suspensi\u00f3n de prestaciones econ\u00f3micas\u00a0(infra\u00a0<\/em>7). Con fundamento en lo anterior, establecer\u00e1\u00a0si la actuaci\u00f3n de Colpensiones vulner\u00f3 los derechos de la accionante\u00a0(infra\u00a0<\/em>8). Finalmente, se indicar\u00e1n algunas conclusiones y los remedios judiciales a impartir (infra 9<\/em>).<\/li>\n<\/ol>\n

                                                               <\/p>\n

                                                                \n
                                                              1. Como aclaraci\u00f3n inicial, la Sala debe indicar que el an\u00e1lisis del caso concreto se centrar\u00e1 en las aparentes falencias en el tr\u00e1mite administrativo surtido ante Colpensiones y, por consiguiente, en la posible infracci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso de la se\u00f1ora Celmira Guerrero Villamizar. Esto, en consideraci\u00f3n a quela materializaci\u00f3n de una indebida justificaci\u00f3n en las determinaciones censuradas suponen un desconocimiento a las condiciones m\u00ednimas propias de un pronunciamiento de la administraci\u00f3n, lo que deriva en la eventual desprotecci\u00f3n de los dem\u00e1s derechos fundamentales ligados al tr\u00e1mite. En casos como el analizado, la naturaleza instrumental del derecho al debido proceso implica que su omisi\u00f3n tiene una r\u00e9plica inmediata y directa en la vigencia de los dem\u00e1s derechos asociados por la actora.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                 <\/p>\n

                                                                  \n
                                                                1. <\/b>La acci\u00f3n de tutela presentada por Celmira Guerrero Villamizar satisface los requisitos generales de procedencia<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n

                                                                  \u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                    \n
                                                                  1. La acci\u00f3n de tutela cumple con los presupuestos b\u00e1sicos para su procedencia. Ello es as\u00ed en atenci\u00f3n al estudio que se presenta a continuaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                     <\/p>\n

                                                                    Tabla 2. An\u00e1lisis de acreditaci\u00f3n de los requisitos generales de procedencia.<\/em><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
                                                                    Requisito<\/strong><\/b><\/td>\nAcreditaci\u00f3n en el caso concreto<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                                                                    Legitimaci\u00f3n por activa<\/em><\/td>\nSe cumple<\/strong><\/b>.\u00a0El\u00a0art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales. En igual sentido, la jurisprudencia constitucional ha establecido que\u00a0la legitimaci\u00f3n en la causa por activa para presentar la tutela se acredita con su ejercicio (i) directo por parte de la persona titular de los derechos invocados, (ii) por medio de los representantes legales o (iii)\u00a0a trav\u00e9s de apoderado judicial<\/strong><\/b>. Igualmente es posible (iv) demostrando las condiciones que hacen procedente la agencia oficiosa.<\/p>\n

                                                                     <\/p>\n

                                                                    En el presente asunto, la se\u00f1ora Celmira Guerrero Villamizar,\u00a0quien es la titular de los derechos fundamentales invocados y quien acredita un inter\u00e9s para formular el reclamo ante la entidad accionada, promovi\u00f3 el mecanismo de amparo a trav\u00e9s de apoderada judicial. Con tal fin, junto al escrito de tutela se present\u00f3 el poder especial correspondiente<\/a>[32].<\/td>\n<\/tr>\n

                                                                    Legitimaci\u00f3n por pasiva<\/em><\/td>\nSe cumple.<\/strong><\/b>\u00a0Los art\u00edculos 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 5 del Decreto 2591 de 1991 disponen que la acci\u00f3n de tutela procede en contra de \u201ctoda acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, que haya violado, viole o amenace violar derechos fundamentales\u201d.\u00a0En este sentido, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que el requisito de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva exige que la acci\u00f3n de tutela sea interpuesta en contra del sujeto que\u00a0(i) conforme a la Constituci\u00f3n y la ley, cuenta con la aptitud o capacidad legal para responder a la acci\u00f3n y ser demandado<\/a>[33]\u00a0y\u00a0(ii)\u00a0es el presunto responsable de la vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales o es aquel llamado a resolver las pretensiones.<\/p>\n

                                                                     <\/p>\n

                                                                    Colpensiones est\u00e1 legitimada en la causa por pasiva, pues es una empresa industrial y comercial del estado del orden nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio independiente. La entidad est\u00e1 vinculada al Ministerio del Trabajo y su objeto es la administraci\u00f3n estatal del r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida<\/a>[34].<\/p>\n

                                                                     <\/p>\n

                                                                    Asimismo, es la entidad que, a trav\u00e9s de diferentes actos administrativos –tabla 1-<\/em>, conoci\u00f3 del tr\u00e1mite administrativo mediante el cual se neg\u00f3 el reconocimiento pensional pretendido por la se\u00f1ora Celmira Guerrero Villamizar. Dichas circunstancias originaron la presentaci\u00f3n del mecanismo de amparo.<\/td>\n<\/tr>\n

                                                                    Inmediatez<\/em><\/td>\nSe cumple.\u00a0<\/strong><\/b>La Corte ha se\u00f1alado que la acci\u00f3n de tutela se debe interponer en un t\u00e9rmino razonable, a partir del momento en que ocurre la situaci\u00f3n que presuntamente vulnera o amenaza el derecho fundamental<\/a>[35]. Ello porque la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo de protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales. A pesar de no contar con un t\u00e9rmino preciso para invocar la acci\u00f3n de amparo, por mandato expreso del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n debe existir correspondencia entre la naturaleza sumaria del proceso de tutela y su interposici\u00f3n justa y oportuna<\/a>[36].<\/p>\n

                                                                     <\/p>\n

                                                                    En el presente asunto, la se\u00f1ora Guerrero Villamizar promovi\u00f3 la solicitud de amparo el 27 de mayo de 2025. Por su parte, la \u00faltima actuaci\u00f3n o comunicaci\u00f3n relativa al tr\u00e1mite administrativo ante Colpensiones, proferida antes de la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, tuvo lugar el 27 de diciembre de 2024, con la expedici\u00f3n de la Resoluci\u00f3n\u00a0DEP 22966. Este lapso se advierte como razonable por la Sala.<\/td>\n<\/tr>\n

                                                                    Subsidiariedad<\/em><\/td>\nSe cumple<\/strong><\/b>.\u00a0Esta Corporaci\u00f3n ha reconocido que, conforme al art\u00edculo 86 constitucional, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo de protecci\u00f3n que puede ser utilizado ante la vulneraci\u00f3n o amenaza de derechos fundamentales cuando no exista otro medio id\u00f3neo y eficaz para la protecci\u00f3n de los derechos invocados, o cuando al existir otros medios de defensa judiciales, se requiera acudir al amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.<\/p>\n

                                                                     <\/p>\n

                                                                    En lo referente al caso concreto, en principio, la accionante cuenta\u00a0con la demanda ordinaria laboral ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad laboral -art\u00edculo 2\u00b0 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social- o el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho frente a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo -art\u00edculos 104.4 y 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- para perseguir el reconocimiento de la sustituci\u00f3n pensional<\/a>[37]. La elecci\u00f3n de uno u otro mecanismo estar\u00eda supeditada a la naturaleza del v\u00ednculo que ostentaba la se\u00f1ora Luz Marina Guerrero Villamizar al momento de causar la prestaci\u00f3n que se pretende, pues su r\u00e9gimen pensional estaba administrado por una entidad p\u00fablica -Colpensiones-<\/a>[38].<\/p>\n

                                                                     <\/p>\n

                                                                    No obstante, al margen de la jurisdicci\u00f3n competente para tramitar su reclamo pensional,\u00a0la jurisprudencia constitucional\u00a0ha admitido de manera excepcional la procedencia de la tutela en asuntos de esta naturaleza y ha flexibilizado el presente requisito cuando quien reclama el reconocimiento de derechos pensionales es un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional<\/a>[39]. En efecto, el mecanismo de amparo procede para obtener el reconocimiento del derecho a la sustituci\u00f3n pensional cuando se verifican: (i) las razones por las cuales el medio de defensa judicial ordinario es ineficaz para lograr la protecci\u00f3n inmediata e integral de los derechos fundamentales presuntamente afectados o, en su lugar, se est\u00e1 en presencia de un perjuicio irremediable; (ii) la falta de reconocimiento y pago genera un alto grado de afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante, en particular del derecho al m\u00ednimo vital; y (iii) se ha desplegado cierta actividad administrativa o judicial por el interesado tendiente a obtener el reconocimiento<\/a>[40].<\/p>\n

                                                                     <\/p>\n

                                                                    La Sala encuentra que en el presente asunto es posible flexibilizar el cumplimiento del presupuesto, toda vez que el medio ordinario se advierte ineficaz por las siguientes razones. En primer lugar, la se\u00f1ora Celmira Guerrero Villamizar es un sujeto de especial protecci\u00f3n, pues es una persona de la tercera edad<\/a>[41]. En efecto, en la actualidad, la accionante tiene 88 a\u00f1os, lo que deriva en que supere por amplio margen el promedio referente a la esperanza de vida total fijada por el\u00a0Departamento Administrativo Nacional de Estad\u00edstica\u00a0-DANE- para el 2025 -76,59 a\u00f1os<\/a>[42]-.<\/p>\n

                                                                     <\/p>\n

                                                                    En segundo lugar, este Tribunal advierte que la ausencia del reconocimiento pensional supone un grado de afectaci\u00f3n considerable al nivel de satisfacci\u00f3n de los derechos de la actora. En concreto, se encontr\u00f3 que, en su escrito de tutela, la actora manifest\u00f3 su total dependencia econ\u00f3mica frente a la causante. Ello, con fundamento en que no tiene ning\u00fan ingreso propio, no cuenta con ning\u00fan otro reconocimiento pensional a su favor y, dada su avanzada edad, no puede valerse por s\u00ed misma. Esta situaci\u00f3n incluso fue corroborada por la parte accionada, pues en la Resoluci\u00f3n SUB 294485 del 25 de octubre de 2022 sostuvo que en la investigaci\u00f3n administrativa se concluy\u00f3 que \u201cla se\u00f1ora Celmira Guerrero Villamizar depend\u00eda econ\u00f3micamente de manera total de su hija la se\u00f1ora Luz Marina Guerrero Villamizar, teniendo en cuenta que no labora por su avanzada edad y no es pensionada\u201d<\/a>[43].<\/p>\n

                                                                     <\/p>\n

                                                                    Finalmente, la Corte encuentra que la accionante ha desplegado una actividad administrativa suficiente. Al respecto, se advierte que la se\u00f1ora Celmira Guerrero Villamizar ha acudido a la entidad en dos ocasiones con el fin de obtener el reconocimiento pensional y, en cada una de ellas, ha agotado todos los recursos a su alcance –tabla 1<\/em>-.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                                                                    \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                      \n
                                                                    1. As\u00ed las cosas, esta Sala advierte que la acci\u00f3n de tutela promovida por la se\u00f1ora Celmira Guerrero Villamizar cumple con los presupuestos generales de procedencia. En consecuencia, abordar\u00e1 el estudio del caso concreto.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                       <\/p>\n

                                                                        \n
                                                                      1. <\/b>La expedici\u00f3n de la\u00a0Resoluci\u00f3n\u00a0<\/strong><\/b>DPE 21643 del 22 de diciembre de 2025\u00a0<\/em><\/strong><\/b>implica la configuraci\u00f3n de una carencia actual de objeto<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n

                                                                        \u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                          \n
                                                                        1. En el curso del tr\u00e1mite de revisi\u00f3n, Colpensiones inform\u00f3 que a trav\u00e9s del acto administrativo referenciado reconoci\u00f3 la sustituci\u00f3n pensional de la accionante. En esa medida, orden\u00f3 (i) el pago de la prestaci\u00f3n a favor de la actora a partir del 21 de febrero de 2021 -con una mesada pensional actual de $1\u2019423.500-; y (ii) reconoci\u00f3 a su favor un retroactivo de $70\u2019443.786<\/a>[44].Es entonces necesario evaluar si, con la expedici\u00f3n de la mencionada resoluci\u00f3n, se configur\u00f3 una carencia actual de objeto en el expediente en revisi\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                          \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                            \n
                                                                          1. La carencia actual de objeto ha sido definida por la jurisprudencia constitucional como un fen\u00f3meno jur\u00eddico que se presenta cuando la causa que motiva la solicitud de amparo ha desaparecido o \u201cha cesado\u201d<\/a>[45]. Ante este escenario, el pronunciamiento del juez constitucional puede llegar a tornarse innecesario. Al respecto, la Corte Constitucional ha identificado tres hip\u00f3tesis en las que opera el mencionado fen\u00f3meno y en la Sentencia T-200 de 2022 se incluy\u00f3 el siguiente cuadro para su sistematizaci\u00f3n<\/a>[46]:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                             <\/p>\n

                                                                            Tabla 3. Presupuestos de configuraci\u00f3n del fen\u00f3meno de la carencia actual de objeto. Fuente: Sentencia T-200 de 2022, reiterada en la Sentencia T-300 de 2023.<\/em><\/p>\n\n\n\n\n\n\n
                                                                             <\/td>\nHecho superado<\/strong><\/b><\/td>\nSituaci\u00f3n sobreviniente<\/strong><\/b><\/td>\nDa\u00f1o consumado<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                                                                            Momento de configuraci\u00f3n<\/strong><\/b><\/td>\nEntre la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el fallo del juez, sea en instancias o en revisi\u00f3n.<\/td>\n<\/tr>\n
                                                                            Criterios<\/strong><\/b><\/td>\n(i) Se ha satisfecho la pretensi\u00f3n (ii) por voluntad propia del accionado.<\/td>\nCualquier evento diferente al hecho superado o da\u00f1o consumado que implique que la orden del juez caer\u00eda al vac\u00edo.<\/td>\nSe perfecciona la afectaci\u00f3n que se buscaba evitar con la tutela.<\/td>\n<\/tr>\n
                                                                            Deber del juez<\/strong><\/b><\/td>\nPronunciamiento facultativo para realizar pedagog\u00eda constitucional o evitar da\u00f1os a futuro.<\/td>\nPronunciamiento obligatorio para evitar que el da\u00f1o se proyecte hacia el futuro o implementar correctivos.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                                                                             <\/p>\n

                                                                              \n
                                                                            1. Teniendo en cuenta que en la Resoluci\u00f3nDPE 21643 del 22 de diciembre de 2025\u00a0Colpensiones dispuso el reconocimiento pensional pretendido por la actora, puede concluirse que las circunstancias que originaron la acci\u00f3n de tutela cesaron dado que, precisamente, la se\u00f1ora Celmira Guerrero Villamizar pretend\u00eda el reconocimiento y pago de la sustituci\u00f3n pensional de la prestaci\u00f3n causada por su hija.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                               <\/p>\n

                                                                                \n
                                                                              1. Ahora bien, como se explic\u00f3 m\u00e1s atr\u00e1s, cuando se configura este fen\u00f3meno no es obligatorio un pronunciamiento del juez constitucional. No obstante, es posible realizarlo por razones asociadas, por ejemplo, a la necesidad de \u201cavanzar en la comprensi\u00f3n de un derecho fundamental\u201d o con el fin de \u201cprevenir que una nueva violaci\u00f3n se produzca en el futuro\u201d<\/a>[47].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                 <\/p>\n

                                                                                  \n
                                                                                1. En esta oportunidad, la Corte encuentra necesario realizar un pronunciamiento de fondo por las siguientes razones:\u00a0(i) como se desarrollar\u00e1 m\u00e1s adelante, Colpensiones vulner\u00f3 derecho al debido proceso administrativo de la se\u00f1ora Celmira Guerrero Villamizar en el tr\u00e1mite surtido ante la entidad; (ii) es necesario evitar que esta situaci\u00f3n se proyecte hacia el futuro; (iii) el asunto analizado comprendi\u00f3 la afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales de un sujeto especial de protecci\u00f3n constitucional, por lo que el desconocimiento de los deberes en la materia hacen necesario un reproche por parte de esta Corporaci\u00f3n; y (iv) el reconocimiento por parte de la entidad accionada no fue oportuno ni diligente, sino que obedeci\u00f3, en principio, a la presi\u00f3n que ejerci\u00f3 sobre aquella la selecci\u00f3n del expediente de tutela para su revisi\u00f3n por parte de este Tribunal<\/a>[48].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                   <\/p>\n

                                                                                    \n
                                                                                  1. <\/b>Los derechos a la seguridad social. Reiteraci\u00f3n de jurisprudencia<\/a>[49]<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                    \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                      \n
                                                                                    1. Teniendo en cuenta el problema jur\u00eddico planteado, la Sala reiterar\u00e1 su jurisprudencia acerca del derecho fundamental a la seguridad social, esencialmente en lo referente a la sustituci\u00f3n pensional.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                      \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                        \n
                                                                                      1. La Corte, en atenci\u00f3n a lo dispuesto en el art\u00edculo 48 constitucional<\/a>[50], ha reconocido que la seguridad social es un derecho fundamental y un servicio p\u00fablico a cargo del Estado. En igual sentido, esta Corporaci\u00f3n ha comprendido este derecho en la categor\u00eda mencionada a partir de: \u201c(i) su car\u00e1cter irrenunciable, (ii) su reconocimiento como tal en los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano en la materia y (iii) su prestaci\u00f3n como servicio p\u00fablico en concordancia con el principio de universalidad\u201d<\/a>[51]. En adici\u00f3n a lo anterior, se ha indicado que su materializaci\u00f3n tiene lugar a trav\u00e9s de la \u201ccobertura y protecci\u00f3n de las prestaciones sociales referidas a las pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios complementarios definid[o]s en la ley\u201d<\/a>[52].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                        \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                          \n
                                                                                        1. La Corte tambi\u00e9n ha establecido su especial relaci\u00f3n con el derecho al m\u00ednimo vital. Este derecho supone el aseguramiento de \u201clas condiciones materiales de subsistencia de cada persona, de forma tal, que les permita llevar a cabo un adecuado proyecto de vida\u201d<\/a>[53].En ese sentido, la Corporaci\u00f3n ha entendido que, a trav\u00e9s de la debida cobertura de la seguridad social, se garantizan las condiciones b\u00e1sicas de subsistencia de los ciudadanos.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                          \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                            \n
                                                                                          1. En el marco de lo anterior, el ordenamiento colombiano contempla la posibilidad que el derecho a la pensi\u00f3n sea reclamado por los familiares del titular de la prestaci\u00f3n luego de su fallecimiento. En virtud a las normas que regulan la materia, existen dos conceptos para referirse a esta situaci\u00f3n:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                             <\/p>\n

                                                                                            \u201c[L]a primera, denominada sustituci\u00f3n pensional, que se predica cuando el respectivo causante ya percib\u00eda la pensi\u00f3n al momento de su muerte. La segunda, la conocida como pensi\u00f3n de sobrevivientes propiamente dicha, refiere a la hip\u00f3tesis en la cual el causante no ten\u00eda la calidad de pensionado al fallecer, pero se encontraba afiliado al sistema en los t\u00e9rminos del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993\u201d<\/a>[54]<\/p>\n

                                                                                             <\/p>\n

                                                                                              \n
                                                                                            1. Al margen de dicha precisi\u00f3n, ambas categor\u00edas tienen como objetivo \u201cbrindar una protecci\u00f3n econ\u00f3mica a los familiares de un afiliado o pensionado para garantizarles el acceso a una parte o a la totalidad de la pensi\u00f3n a la que ten\u00eda derecho la persona que muere\u201d<\/a>[55].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                \n
                                                                                              1. Sobre este mismo t\u00f3pico, el art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art\u00edculo 13 de la Ley 797 de 2003, dispone qui\u00e9nes ser\u00e1n beneficiarios de la mencionada prestaci\u00f3n. En primer orden, est\u00e1n el c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite o compa\u00f1ero permanente, los hijos menores de 18 a\u00f1os, los hijos mayores de edad que est\u00e9n cursando sus estudios -hasta los 25 a\u00f1os- y los hijos en \u201cestado de invalidez\u201d. A falta de aquellos, y en segundo orden, est\u00e1n los padres del causante. Finalmente, los hermanos en \u201ccondici\u00f3n de invalidez\u201d que depend\u00edan econ\u00f3micamente de aquel.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                  \n
                                                                                                1. Finalmente, la jurisprudencia de este Tribunal ha establecido que \u201ces deber de las administradoras de pensiones valorar las pruebas para acceder a las pensiones, y especialmente a las de sobrevivientes, bajo el principio de buena fe\u201d<\/a>[56]. Esto, con la finalidad de, entre otras cosas, garantizar el acceso oportunoa un derecho que \u201cpuede permitirles seguridad econ\u00f3mica y, en el caso de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, paliar algunos de los efectos de lo que implica no contar ya con la persona que le prove\u00eda apoyo a su vida\u201d<\/a>[57]. Sobre este aspecto se ahondar\u00e1 m\u00e1s adelante.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                    \n
                                                                                                  1. <\/b>La protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las personas de la tercera edad. Reiteraci\u00f3n de jurisprudencia<\/a>[58]<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                    \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                      \n
                                                                                                    1. Seg\u00fan el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n, el Estado tiene la responsabilidad de adoptar medidas que aseguren una igualdad real y efectiva para los grupos que han sido discriminados o marginados hist\u00f3ricamente. Adem\u00e1s, debe proporcionar una protecci\u00f3n especial a aquellas personas que, debido a su situaci\u00f3n econ\u00f3mica, f\u00edsica o mental, se encuentren en una condici\u00f3n de vulnerabilidad evidente. Por otro lado, el art\u00edculo 46 superior establece espec\u00edficamente una protecci\u00f3n especial para las personas de la tercera edad y le asigna a las autoridades la tarea de garantizarles la seguridad social integral<\/a>[59]. En concordancia con esto, la Corte ha determinado que los adultos mayores y las personas de la tercera edadgozan de una protecci\u00f3n reforzada por parte del Estado<\/a>[60].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                        \n
                                                                                                      1. Losadultos mayores son quienes superan los 60 a\u00f1os o que, sin superar esa edad, \u201cpero con m\u00e1s de 55 a\u00f1os, tenga[n] condiciones de desgaste f\u00edsico, vital y psicol\u00f3gico [que] as\u00ed lo determinen\u201d<\/a>[61]. Por su parte, las personas de la tercera edad son los adultos mayores que han superado la esperanza de vida<\/a>[62]. Para el efecto, la Corte ha determinado que esta \u00faltima se establece de acuerdo con la cifra calculada por el DANE<\/a>[63]. Para el 2025, este par\u00e1metro se estim\u00f3 en un promedio total de\u00a076,59 a\u00f1os\u00a0<\/sup><\/a>[64]. Por consiguiente, una persona se considera de la tercera edad cuando supera ese margen.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                          \n
                                                                                                        1. Teniendo en cuenta lo expuesto, las personas de la tercera edad gozan de protecci\u00f3n reforzada por parte del Estado<\/a>[65].En esa l\u00ednea, las autoridades, sean administrativas y judiciales, deben actuar de manera diligente para asegurar la efectividad de sus derechos fundamentales<\/a>[66]<\/sup>.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                          \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                            \n
                                                                                                          1. <\/b>Las garant\u00edas del derecho al debido proceso en el tr\u00e1mite de calificaci\u00f3n, reconocimiento y suspensi\u00f3n de prestaciones econ\u00f3micas. Reiteraci\u00f3n de jurisprudencia<\/a>[67]<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                            \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                              \n
                                                                                                            1. El art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n garantiza que el debido proceso sea observado en todas las instancias judiciales y administrativas. Esta garant\u00eda constituye una restricci\u00f3n al poder estatal y est\u00e1 destinada a salvaguardar a los ciudadanos de posibles abusos por parte de las instituciones, as\u00ed como a asegurar el cumplimiento de los procedimientos adecuados en cada caso. Adem\u00e1s, esta disposici\u00f3n tiene como objetivo limitar la discrecionalidad de las autoridades, para que sus acciones est\u00e9n dentro de los l\u00edmites establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico<\/a>[68]<\/sup>.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                \n
                                                                                                              1. Esta Corporaci\u00f3n ha afirmado que las acciones de las administradoras de pensiones, como proveedores del servicio p\u00fablico de la seguridad social, deben cumplir con el debido proceso para garantizar los derechos y deberes de los afiliados que se ven afectados por las decisiones que adoptan en esta materia.<\/b>En virtud de lo anterior, la jurisprudencia de este Tribunal estableci\u00f3 que este derecho asegura: \u201c(i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicci\u00f3n e imparcialidad; y, (iv) los derechos fundamentales de los asociados\u201d<\/a>[69].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                  \n
                                                                                                                1. En adici\u00f3n, la Corte ha hecho hincapi\u00e9 en la necesidad de que los actos administrativos est\u00e9n debidamente motivados. En efecto, toda decisi\u00f3n y actuaci\u00f3n de la administraci\u00f3n no solo debe estar sustentado en una norma jur\u00eddica v\u00e1lida y vigente, sino que tambi\u00e9n est\u00e1 supeditada a la integral y completa valoraci\u00f3n de los elementos de prueba<\/a>[70]. Dicha obligaci\u00f3n encuentra fundamento en que su cumplimiento \u201c(i) (\u2026)cont[iene] los posibles abusos de autoridad, dotando al afectado de herramientas para controvertir el acto ante la jurisdicci\u00f3n; (ii) es una garant\u00eda del derecho fundamental al debido proceso, en tanto el calificado necesita conocer los motivos de una determinada decisi\u00f3n para poder controvertirla;\u00a0(iii) es un l\u00edmite entre lo discrecional y lo arbitrario, pues ante la ausencia de motivaci\u00f3n el apoyo de la decisi\u00f3n ser\u00eda la sola voluntad de quien la adopta; y (iv)\u00a0es una garant\u00eda de cumplimiento del objetivo de la norma con ocasi\u00f3n de un supuesto de hecho determinado\u201d<\/a>[71].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                    \n
                                                                                                                  1. <\/b>Colpensiones vulner\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso administrativo de la se\u00f1ora Celmira Guerrero Villamizar en atenci\u00f3n a las deficiencias en el tr\u00e1mite donde se neg\u00f3 el reconocimiento pensional pretendido<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                    \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                      \n
                                                                                                                    1. La Corte ha constatado que, en el marco del tr\u00e1mite administrativo surtido ante Colpensiones, la entidad desconoci\u00f3 los derechos de la se\u00f1ora Guerrero Villamizar debido a las deficiencias advertidas en su motivaci\u00f3n, enmarcadas en la omisi\u00f3n de su deber de debida diligencia y en sus falencias en la valoraci\u00f3n probatoria.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                      \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                        \n
                                                                                                                      1. Como se explic\u00f3 en el ac\u00e1pite considerativo de la presente providencia, las administradoras de pensiones tienen un deber de diligencia reforzado cuando eval\u00faan solicitudes de sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional -como lo son las personas de la tercera edad-, m\u00e1xime cuando se trata del acceso a una pensi\u00f3n de sobrevivientes o sustituci\u00f3n pensional. Adem\u00e1s, en garant\u00eda del derecho fundamental al debido proceso, tienen la obligaci\u00f3n de motivar adecuadamente sus decisiones, mediante un juicioso estudio de los elementos aportados al tr\u00e1mite y de la informaci\u00f3n suministrada por el peticionario.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                        \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                          \n
                                                                                                                        1. No obstante, esta Sala advierte que, en la presente oportunidad, la entidad accionada incumpli\u00f3 con dichos deberes, pues del examen detallado de sus resoluciones<\/a>[72]<\/strong><\/b><\/em>se identificaron\u00a0dos defectos principales<\/em>\u00a0que hacen necesario un pronunciamiento de fondo y la estructuraci\u00f3n de medidas dirigidas a evitar da\u00f1os a futuro. A continuaci\u00f3n, la Corte fundamenta esta conclusi\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                          \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                          8.1\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/strong><\/b>Primer defecto.<\/em>\u00a0Colpensiones\u00a0no observ\u00f3 su deber reforzado de diligencia<\/em>\u00a0en el estudio del reclamo pensional de la se\u00f1ora Guerrero Villamizar<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                          \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                            \n
                                                                                                                          1. Como se estableci\u00f3 en los ac\u00e1pites antecedentes, las administradoras de pensiones, y en general todas las entidades ligadas a la administraci\u00f3n, tienen el deber de actuar con la diligencia y premura debida para garantizar la satisfacci\u00f3n de los derechos fundamentales de las personas de la tercera edad pues aquellos ciudadanos ostentan una garant\u00eda reforzada de sus derechos.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                            \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                              \n
                                                                                                                            1. Este deber comprende la necesidad de que las administradoras de pensiones estudien con especial atenci\u00f3n los reclamos prestacionales de estos ciudadanos. Ello, con el fin de valorar, principalmente, (i) el nivel de afectaci\u00f3n de sus derechos fundamentales; (ii) la urgencia de dirigir actuaciones encaminadas a velar por su satisfacci\u00f3n; y (iii) las medidas afirmativas que, en el marco de sus competencias, deban ser tomadas para tal fin.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                \n
                                                                                                                              1. Sin embargo, en esta oportunidad Colpensiones desatendi\u00f3 dichas exigencias. En concreto, aquello tuvo lugar cuando una vez analizado el reclamo pensional de la actora y constatada su total dependencia econ\u00f3mica frente a la causante, resolvi\u00f3 negar el reconocimiento prestacional pretendido con fundamento en laposible\u00a0<\/em>existencia de una persona con mejor derecho.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                1. Al respecto, sobre este t\u00f3pico, la Corte encontr\u00f3 que en la Resoluci\u00f3n SUB 294485 del 25 de octubre de 2022 Colpensiones indic\u00f3 que:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                  \u201cS\u00cd. SE ACREDIT\u00d3 el contenido y la veracidad de la solicitud presentada por Celmira Guerrero Villamizar, una vez analizadas y revisadas cada una de las pruebas aportadas en la presente investigaci\u00f3n administrativa. \/\/ De acuerdo con la informaci\u00f3n verificada, cotejo de documentaci\u00f3n, entrevistas y trabajo de campo, se logr\u00f3 confirmar que la se\u00f1ora Celmira Guerrero Villamizar,\u00a0depend\u00eda econ\u00f3micamente de manera total de su hija la se\u00f1ora Luz Marina Guerrero Villamizar<\/strong><\/b>, teniendo en cuenta que\u00a0no labora por su avanzada edad y no es pensionada<\/strong><\/b>. Por tal raz\u00f3n,\u00a0la causante era la persona encargada de la manutenci\u00f3n de la solicitante<\/strong><\/b>, situaci\u00f3n que se dio hasta el 23\/02\/2021 fecha de su fallecimiento\u201d<\/a>[73]\u00a0(\u00e9nfasis propio).<\/p>\n

                                                                                                                                  \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                    \n
                                                                                                                                  1. No obstante, la entidad resolvi\u00f3 negar el reconocimiento de la prestaci\u00f3n, pues asegur\u00f3 que al presentarse en calidad demadre\u00a0<\/em>de la se\u00f1ora Luz Marina Guerrero Villamizar, la accionante era una beneficiaria de segundo grado y, en consecuencia, estaba excluida frente \u201ca los hijos de la causante conforme a la investigaci\u00f3n administrativa y [el] expediente pensional\u201d<\/a>[74].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                    \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                      \n
                                                                                                                                    1. Ahora bien, en principio, aquella fundamentaci\u00f3n podr\u00eda dar cuenta del cumplimiento de Colpensiones frente a la normatividad aplicable en la materia –supra 40<\/em>-. Sin embargo, en el caso concreto, la actora sostuvo que inform\u00f3 a la entidad, en repetidas ocasiones, que el se\u00f1or Anderson Sneider Guerrero Villamizar -hijo de la causante y nieto de la actora- no acreditaba los requisitos exigibles al momento del fallecimiento de la se\u00f1ora Luz Marina y, en todo caso, para el momento de su solicitud ante la entidad -2022- aquel ya se encontraba trabajando.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                      \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                        \n
                                                                                                                                      1. En efecto, la se\u00f1ora Celmira Guerrero Villamizar, como sustento de los recursos presentados contra la Resoluci\u00f3n SUB 294485 del 25 de octubre de 2022, se\u00f1al\u00f3 que el se\u00f1or Anderson Sneider, a pesar de ser menor de 25 a\u00f1os, hab\u00eda \u201cdejado de estudiar y se encontr[aba] laborando en la Polic\u00eda Nacional, como Patrullero y esta[ba] recibiendo un salario, por lo tanto, ha[b\u00eda] perdido el derecho a reclamar la pensi\u00f3n de sobrevivientes\u201d<\/a>[75].\u00a0<\/strong><\/b>Adicionalmente, la actora adujo que, con una simple revisi\u00f3n del Registro \u00danico de Afiliados -RUAF-, pod\u00eda constatarse que su nieto habr\u00eda estado trabajando desde el 2018 y, por consiguiente, no acreditaba la calidad de\u00a0hijo estudiante<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                        \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                          \n
                                                                                                                                        1. A pesar de conocer esta informaci\u00f3n, la administradora de pensiones accionada mantuvo su negativa frente al reconocimiento pensional pretendido por la actora. En esa l\u00ednea, en lugar de indagar sobre la veracidad y precisi\u00f3n de dichos alegatos, opt\u00f3 por exponer que, ante la duda sobre la existencia de una persona con mejor derecho, no era posible acceder a lo pedido por la solicitante.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                          \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                            \n
                                                                                                                                          1. Sobre lo anterior, es importante se\u00f1alar que la fundamentaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n DPE 21643 del 22 de diciembre de 2025<\/a>[76], donde se reconoci\u00f3 la prestaci\u00f3n en favor de la actora, est\u00e1 ligada a la confirmaci\u00f3n de las circunstancias alegadas por aquella dentro del tr\u00e1mite. Dicha conclusi\u00f3n tiene sustento en que, en dicha oportunidad, Colpensiones explic\u00f3 que:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                            \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                            \u201c[S]e verific\u00f3 que en el aplicativo de la [Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud] -Adres, evidenciando que a la fecha del fallecimiento de la causante el joven Anderson Sneider Guerrero Villamizar se encontraba cotizando a la EPS Salud Mia. \/\/ Tambi\u00e9n se consult\u00f3 en el aplicativo RUAF, evidenciando que a la misma fecha se encontraba cotizando en la AFP Colfondos. \/\/ Las anteriores consultas permiten evidenciar que el hijo de la causante se encontraba laborando a la fecha de su fallecimiento, lo que desvirt\u00faa su dependencia econ\u00f3mica (\u2026)\u201d<\/a>[77].<\/p>\n

                                                                                                                                             <\/p>\n

                                                                                                                                              \n
                                                                                                                                            1. En virtud de lo expuesto, y como se anunci\u00f3 previamente, la Sala concluye que Colpensiones inobserv\u00f3 su deber de debida diligencia frente al estudio del reclamo pensional de la se\u00f1ora Celmira Guerrero Villamizar. Ello, toda vez que, a pesar de ser informada desde el 2022 sobre que el se\u00f1or Anderson Sneider no cumpl\u00eda con los requisitos para acceder a la prestaci\u00f3n, solo hasta 2025 adelant\u00f3 los tr\u00e1mites correspondientes dirigidos a corroborar dicha situaci\u00f3n y, con fundamento en aquellos, reconoci\u00f3 la asignaci\u00f3n pensional en favor de la actora.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                              \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                                \n
                                                                                                                                              1. La trasgresi\u00f3n identificada se agudiza si se tiene en cuenta que (i) la accionante es un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, en su calidad de persona de la tercera edad; y (ii) desde el 2022, Colpensiones advirti\u00f3 la delicada situaci\u00f3n socioecon\u00f3mica de la accionante ante el fallecimiento de su hija, pues desde esa \u00e9poca constat\u00f3 que eratotalmente dependiente de la causante\u00a0<\/strong><\/b>–supra 54<\/em>–.\u00a0<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                                8.2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/em><\/strong><\/b>Segundo defecto.\u00a0<\/em>Colpensiones\u00a0no valor\u00f3 debidamente las pruebas aportadas al tr\u00e1mite administrativo<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                                \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                                1. A su turno, y estrechamente ligado con el punto anterior, tambi\u00e9n se acredit\u00f3 que existi\u00f3 un defectuoso estudio probatorio por parte de la entidad. Como rese\u00f1\u00f3 esta Sala, las administradoras de pensiones tienen la obligaci\u00f3n de \u201cvalorar las pruebas para acceder a las pensiones, y especialmente a las de sobrevivientes, bajo el principio de buena fe\u201d<\/a>[78]. Lo anterior encuentra sustento en la necesidad de garantizar el acceso oportuno a la prestaci\u00f3n, con el fin de reducir los efectos de la p\u00e9rdida de la persona que en vida era un apoyo para el solicitante.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                  \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                                    \n
                                                                                                                                                  1. Al respecto, y aunado a la informaci\u00f3n no comprobada por Colpensiones en su momento –primer defecto<\/em>-, se tiene que la entidad accionada no estudi\u00f3 con el detenimiento requerido otros elementos aportados por la se\u00f1ora Guerrero Villamizar al tr\u00e1mite.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                    \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                                      \n
                                                                                                                                                    1. En concreto, la Corte advierte que, junto a los recursos elevados por la actora contra la Resoluci\u00f3n SUB 256689 del 9 de agosto de 2024<\/a>[79], se anex\u00f3 la declaraci\u00f3n juramentada No.00005448 del 12 de agosto del mismo a\u00f1o<\/a>[80]. Aquella fue suscrita por el se\u00f1or Anderson Sneider Guerrero Villamizar ante la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Itag\u00fc\u00ed y all\u00ed manifest\u00f3 que:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                                                      \u201c(\u2026) soy hijo BIOL\u00d3GICO de la se\u00f1ora Luz Marina Guerrero Villamizar (\u2026) fallecida en la ciudad de Bucaramanga el veintitr\u00e9s (23) de febrero de 2021, manifiesto que en la actualidad tengo 26 a\u00f1os de edad c[u]mplidos el 11 de junio de 2024 y (\u2026) no tengo ninguna discapacidad ni f\u00edsica ni mental, por lo tanto NO acredito el derecho como beneficiario de la pensi\u00f3n como sobreviviente y adem\u00e1s me encuentro vinculado laboralmente con la Polic\u00eda Nacional. Por lo tanto, no existe otra persona con mejor derecho a la pensi\u00f3n de mi madre, que mi abuela la se\u00f1ora Celmira Guerrero Villamizar, con 87 a\u00f1os de edad (\u2026)\u201d<\/a>[81].<\/p>\n

                                                                                                                                                      \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                                        \n
                                                                                                                                                      1. Sobre el citado documento, en las resoluciones SUB 360256 del 18 de octubre y DPE 22966 del 27 de diciembre de 2024 -que resolvieron, respectivamente, los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n presentados por la actora-, la entidad accionada se limit\u00f3 a referenciar su contenido y a establecer de manera general que aquella no era suficiente para \u201cinferir que [el se\u00f1or Anderson Sneider] no se encontrara estudiando a la fecha de fallecimiento [de la causante] y que no depend\u00eda econ\u00f3micamente de su mam\u00e1\u201d<\/a>[82].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                        \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                                          \n
                                                                                                                                                        1. Ahora bien, para la Corte salta a la vista que esta conclusi\u00f3n proviene de una deficiente labor investigativa y de una incompleta valoraci\u00f3n probatoria por parte de Colpensiones. En primer lugar, se tiene que el reclamo pensional del se\u00f1or Anderson Sneider Guerrero Villamizar inici\u00f3 y materialmente finaliz\u00f3 en el a\u00f1o 2021.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                          \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                                            \n
                                                                                                                                                          1. En efecto, con posterioridad a la expedici\u00f3n de la Resoluci\u00f3n SUB163217 del 13 de julio de 2021, donde se neg\u00f3 el reclamo pensional del nieto de la actora, aquel no promovi\u00f3 ning\u00fan otro tipo de solicitud encaminada a dicho reconocimiento. Por el contrario, en los consecuentes tr\u00e1mites adelantados por la se\u00f1ora Celmira Guerrero Villamizar, se inform\u00f3 insistentemente que el se\u00f1or Anderson Sneider no cumpl\u00eda con los requisitos para acceder a la prestaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                             <\/p>\n

                                                                                                                                                              \n
                                                                                                                                                            1. Dicha circunstancia obedeci\u00f3 a que, seg\u00fan explic\u00f3 la actora a Colpensiones, aquel curs\u00f3 y aprob\u00f3 sus estudios para \u201cT\u00e9cnico Profesional en servicio de Polic\u00eda\u201d impartido por la Polic\u00eda Nacional y, por consiguiente, qued\u00f3 vinculado a esa instituci\u00f3n desde ese mismo a\u00f1o y hasta la actualidad<\/a>[83].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                              \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                                                \n
                                                                                                                                                              1. En segundo lugar, la Sala advierte que, pese a que la entidad calific\u00f3 comoinsuficiente<\/em>\u00a0la declaraci\u00f3n juramentada\u00a0No.00005448 del 12 de agosto del 2024 en las resoluciones atr\u00e1s rese\u00f1adas –supra 65<\/em>-, aquella s\u00ed fue utilizada por Colpensiones en la Resoluci\u00f3n DPE 21643 del 22 de diciembre de 2025 para reconocer la prestaci\u00f3n en favor de la accionante.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                                                1. En dicho acto administrativo, la entidad accionada nuevamente analiz\u00f3 el mismo documento y, en conjunto con las resultas de su consulta en bases de datos -RUAF y Adres-, concluy\u00f3 que se evidenciaba \u201cque el hijo de la causante se encontraba laborando a la fecha de su fallecimiento, lo que desvirtu[aba] su dependencia econ\u00f3mica\u201d<\/a>[84]y, por esa l\u00ednea, su derecho a la sustituci\u00f3n pensional.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                                    \n
                                                                                                                                                                  1. La anterior incongruencia denota la valoraci\u00f3n eminentemente superficial de la administradora de pensiones censurada. Ello, en consideraci\u00f3n a que, en lugar de analizar detenidamente la informaci\u00f3n suministrada en la declaraci\u00f3n juramentada referida en conjunto con los dem\u00e1s datos a su alcance -como s\u00ed hizo en 2025-, opt\u00f3 por desechar y restar importancia a su contenido.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                    \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                                                      \n
                                                                                                                                                                    1. Finalmente, es importante reiterar que la desatenci\u00f3n por parte de la entidad a los deberes atr\u00e1s analizados, como se explic\u00f3 en la parte considerativa de la presente decisi\u00f3n, tuvo un efecto especialmente gravoso en relaci\u00f3n con el derecho al debido proceso administrativo de la accionante, toda vez que le impidi\u00f3 (i) conocer qu\u00e9 motiv\u00f3 la decisi\u00f3n contraria a sus intereses; (ii) entender por qu\u00e9 los elementos aportados no resultaban suficientes para alcanzar lo pretendido; y, en \u00faltimas, (iii) acceder a una prestaci\u00f3n econ\u00f3mica que, como se constat\u00f3, realmente necesitaba y sobre la cual ten\u00eda derecho.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                                                                        \n
                                                                                                                                                                      1. <\/b>Conclusi\u00f3n y \u00f3rdenes por proferir<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                                                                          \n
                                                                                                                                                                        1. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, la Sala estima que Colpensiones vulner\u00f3 el derechoal debido proceso administrativo\u00a0de la accionante. En efecto, este Tribunal encontr\u00f3 dos defectos principales en las decisiones de la entidad dentro del tr\u00e1mite administrativo de la se\u00f1ora Guerrero Villamizar.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                                                                            \n
                                                                                                                                                                          1. De un lado, advirti\u00f3 que Colpensionesinobserv\u00f3 su deber reforzado de diligencia<\/em>\u00a0en el estudio del reclamo pensional de la actora, quien es un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional al ser una persona de la tercera edad. Por otro, constat\u00f3 que la administradora de pensiones\u00a0valor\u00f3 indebidamente las pruebas aportadas al tr\u00e1mite administrativo<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                             <\/p>\n

                                                                                                                                                                              \n
                                                                                                                                                                            1. As\u00ed las cosas, la Corte revocar\u00e1 las sentencias de tuteladel\u00a09 y 12 de julio de 2025, proferidas respectivamente por el Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga, Santander,\u00a0y la Sala de Decisi\u00f3n Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en las que se declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela.\u00a0En su lugar, la Sala declarar\u00e1 la carencia actual de objeto por hecho superado, en virtud de lo decidido por Colpensiones mediante la Resoluci\u00f3n\u00a0DPE\u00a021643 del 22 de diciembre de 2025, donde, entre otras cosas, se reconoci\u00f3 y se orden\u00f3 el pago de una sustituci\u00f3n pensional a favor de la se\u00f1ora Celmira Guerrero Villamizar.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                                                                \n
                                                                                                                                                                              1. Finalmente, al margen de la anterior determinaci\u00f3n y en atenci\u00f3n a las consideraciones dispuestas en la presente providencia, esta Corporaci\u00f3n declarar\u00e1 que Colpensiones vulner\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso administrativo de la actora en el marco del tr\u00e1mite administrativo impulsado por aquella.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                                                                1. Adem\u00e1s, con el fin de evitar que trasgresiones similares se materialicen en otros tr\u00e1mites surtidos ante Colpensiones, la Sala exhortar\u00e1 a la entidad para que, en lo sucesivo, atienda a los deberes y obligaciones rese\u00f1ados en la presente providencia -fundamentos jur\u00eddicos 49, 51 y 62-, mediante los cuales se garantiza el acceso oportuno y efectivo a las prestaciones sociales y la satisfacci\u00f3n de los derechos fundamentales ligados a aquellas. M\u00e1xime cuando se trate de sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional, como lo son las personas de la tercera edad.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                                                    \n
                                                                                                                                                                                  1. DECISI\u00d3N<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                    \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                                                                    En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n,<\/p>\n

                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                    RESUELVE<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                                                                    \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                                                                    PRIMERO.\u00a0<\/strong><\/b>REVOCAR\u00a0<\/strong><\/b>las sentencias de tutela\u00a0del\u00a09 y 12 de julio de 2025, proferidas respectivamente por el Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga, Santander,\u00a0y la Sala de Decisi\u00f3n Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en las que se declar\u00f3 improcedente la solicitud de\u00a0amparo.\u00a0En su lugar,\u00a0DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO\u00a0<\/strong><\/b>por hecho superado.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                    SEGUNDO. DECLARAR\u00a0<\/strong><\/b>que la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- vulner\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso administrativo de la accionante, de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente providencia.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                    TERCERO. EXHORTAR\u00a0<\/strong><\/b>a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- a que, en lo sucesivo,\u00a0atienda a los deberes y obligaciones rese\u00f1ados en la presente providencia -fundamentos jur\u00eddicos 49, 51 y 62-, mediante los cuales se garantiza el acceso oportuno y efectivo a las prestaciones sociales y la satisfacci\u00f3n de los derechos fundamentales ligados a aquellas. M\u00e1xime cuando se trate de sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional, como lo son las personas de la tercera edad.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                                                                    CUARTO.\u00a0<\/strong><\/b>L\u00cdBRESE<\/strong><\/b>\u00a0<\/strong><\/b>por la Secretar\u00eda General de la Corte Constitucional la comunicaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                                                                    Notif\u00edquese, comun\u00edquese y c\u00famplase.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    CARLOS CAMARGO ASSIS<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    Magistrado<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO\u00d1O<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    Magistrado<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    JUAN CARLOS CORT\u00c9S GONZ\u00c1LEZ<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    Magistrado<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    Secretaria General<\/p>\n

                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[1]\u00a0La informaci\u00f3n relacionada en este ac\u00e1pite se desarroll\u00f3 a partir de los dispuesto en los diferentes elementos aportados al expediente. Ello, con el fin de establecer un orden cronol\u00f3gico correcto de los antecedentes que motivaron la presentaci\u00f3n del presente mecanismo de amparo.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[2]\u00a0Expediente digital. Archivo 10_68001311000320250025300-(2025-11-10 08-02-29)-1762779749-9.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[3]\u00a0Expediente digital. Archivo 2_68001311000320250025300-(2025-08-25 14-30-37)-1756150237-1.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[4]\u00a0De conformidad con el certificado expedido por Grupo de Registro y Control Acad\u00e9mico de la Polic\u00eda Nacional el 26 de julio de 2021, el programa acad\u00e9mico al que se inscribi\u00f3 el se\u00f1or Anderson Sneider se imparti\u00f3 entre el 24 de mayo y el 23 de noviembre del mismo a\u00f1o. Expediente digital. Archivo 2_68001311000320250025300-(2025-08-25 14-30-37)-1756150237-1.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[5]\u00a0Expediente digital. Archivo 14_68001311000320250025300-(2025-11-10 08-02-29)-1762779749-13.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[6]\u00a0Ibidem,\u00a0<\/em>En concreto, el certificado fue expedido por el jefe de la Oficina de Registro y Control Acad\u00e9mico de la Escuela de Polic\u00eda Gabriel Gonz\u00e1lez, el intendente jefe Virgilio Villamil Romero.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[7]\u00a0Ibidem.<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[8]\u00a0Ibidem.\u00a0<\/em>Se anex\u00f3 un certificado del 12 de agosto de 2024, suscrito por el jefe del Grupo de Administraci\u00f3n de Hojas de Vida de la Direcci\u00f3n de Talento Humano de la Polic\u00eda Nacional. En aquel, se acredit\u00f3 la pertenencia del se\u00f1or Guerrero Villamizar a la instituci\u00f3n, la fecha de vinculaci\u00f3n y su rango.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[9]\u00a0Radicado No. 2022_11578926. Expediente digital. Archivo 2_68001311000320250025300-(2025-08-25 14-30-37)-1756150237-1.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[10]\u00a0Ibidem.<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[11]\u00a0Ibidem.<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[12]\u00a0Ibidem.<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[13]\u00a0Radicado 2024_13057551.\u00a0Expediente digital. Archivo 14_68001311000320250025300-(2025-11-10 08-02-29)-1762779749-13.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[14]\u00a0Ibidem.<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[15]\u00a0Ibidem.<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[16]\u00a0Expediente digital. Archivo 11_68001311000320250025300-(2025-11-10 08-02-29)-1762779749-10.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[17]\u00a0Expediente digital. Archivos 16_68001311000320250025300-(2025-11-10 08-02-29)-1762779749-15 y 17_68001311000320250025300-(2025-11-10 08-02-29)-1762779749-16.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[18]\u00a0Expediente digital. Archivo 18_68001311000320250025300-(2025-11-10 08-02-29)-1762779749-17.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[19]\u00a0Expediente digital. Archivo 20_68001311000320250025300-(2025-11-10 08-02-29)-1762779749-19.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[20]\u00a0Expediente digital. Archivo 23_68001311000320250025300-(2025-11-10 08-02-29)-1762779749-22<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[21]\u00a0Expediente digital. Archivo 24_68001311000320250025300-(2025-11-10 08-02-29)-1762779749-23.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[22]\u00a0Expediente digital. Archivo 26_68001311000320250025300-(2025-11-10 08-02-29)-1762779749-25.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[23]\u00a0Expediente digital. Archivo 27_68001311000320250025300-(2025-11-10 08-02-29)-1762779749-26.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[24]\u00a0Expediente digital. Archivo 28_68001311000320250025300-(2025-11-10 08-02-29)-1762779749-27.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[25]\u00a0Expediente digital. Archivo 30_68001311000320250025300-(2025-11-10 08-02-29)-1762779749-29.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[26]\u00a0Como referencia, cit\u00f3 un aparte de la Sentencia T-164 de 2011.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[27]\u00a0Expediente digital. Archivo 36_68001311000320250025300-(2025-11-10 08-04-05)-1762779845-35.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[28]\u00a0Expediente digital. Archivo 01SALA 10-2025- AUTO SALA DE SELECCIO\u0301N DEL 31 DE OCTUBRE-NOTIFICADO EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[29]\u00a0Expediente digital. Archivo 03informe_de_reparto_Dr.__Camargo.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[30]\u00a0Expediente digital.\u00a0Archivo\u00a0Intervenci\u00f3n T11517942<\/em>.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[31]\u00a0Ibidem.<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[32]\u00a0Expediente digital. Archivo\u00a02_68001311000320250025300-(2025-08-25 14-30-37)-1756150237-1.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[33]\u00a0Pueden consultarse, entre otras, las sentencias\u00a0T-593 de 2017, SU-424 de 2021, T-405 de 2022 y T-432 de 2024.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[34]\u00a0Art\u00edculo 2\u00b0,\u00a0Decreto 309 de 2017.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[35]\u00a0Ver, entre otras, las sentencias\u00a0T-427 de 2019 y T-376 de 2023.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[36]\u00a0Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias SU-108 de 2018 y T-376 de 2023.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[37]\u00a0Corte Constitucional, Sentencia T-569 de 2023. \u201c(\u2026) los litigios que surjan entre afiliados o beneficiarios del Sistema General de Pensiones y las entidades administradoras de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 2\u00ba del CPTSS (C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social), son competencia de la Jurisdicci\u00f3n Ordinaria Laboral y de la Seguridad Social, salvo que se trate de servidores p\u00fablicos que tengan relaci\u00f3n legal y reglamentaria y la entidad del Sistema de Seguridad Social sea de naturaleza p\u00fablica, caso en el cual el asunto compete a la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el numeral 4 del art\u00edculo 104 del CPACA (C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo)\u201d. Recientemente reiterada en la Sentencia T-055 de 2026.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[38]\u00a0Por ejemplo, en el Auto 367 de 2024, la Sala Plena de este Tribunal resolvi\u00f3 un conflicto entre la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad laboral y la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo frente al conocimiento de una demanda donde se persegu\u00eda un reconocimiento pensional. Al respecto, la Corte record\u00f3 que si el causante \u201ctuvo la calidad de empleado p\u00fablico y si una persona de derecho p\u00fablico administra el r\u00e9gimen de seguridad social que le aplica, la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo es la competente para conocer la controversia. En contraste, la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral es competente para conocer de los conflictos relacionados con \u2018la seguridad social de un trabajador oficial cuya pensi\u00f3n es administrada por una entidad p\u00fablica\u2019\u00a0y las referidas a \u2018la ejecuci\u00f3n de obligaciones emanadas de la relaci\u00f3n de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad\u2019\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[39]\u00a0Ver, entre otras, las sentencias\u00a0T-003 y T-414 de 2025.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[40]\u00a0Pueden consultarse, entre otras, las sentencias\u00a0T-334 de 2024 y T-414 de 2025.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[41]\u00a0\u201cA efectos de precisar la edad de una persona que es catalogada en la tercera edad, debe acudirse a la esperanza de vida certificada por el DANE. Es decir, que la tercera edad inicia cuando la persona supera la expectativa de vida fijada por aquella entidad p\u00fablica\u201d. Corte Constitucional, Sentencia T-414 de 2025.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[42]\u00a0Consultar:\u00a0https:\/\/www.dane.gov.co\/index.php\/estadisticas-por-tema\/demografia-y-poblacion\/nacimientos-y-defunciones<\/a>.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[43]\u00a0Expediente digital. Archivo 2_68001311000320250025300-(2025-08-25 14-30-37)-1756150237-1.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[44]\u00a0Archivo\u00a0Intervenci\u00f3n T11517942<\/em>.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[45]\u00a0Sentencias T-033 de 1994, T-285 de 2019, T-060 de 2019, T-200 de 2022 y T-300 de 2023.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[46]\u00a0El cuadro tambi\u00e9n fue referenciado en la Sentencia T-300 de 2023.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[47]\u00a0Corte Constitucional, sentencias\u00a0SU-540 de 2007,\u00a0T-205A de 2018, SU-522 de 2019, T-014 de 2022 y T-412 de 2023.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[48]\u00a0Esta conclusi\u00f3n tiene sustento en que, como se expondr\u00e1 en el estudio del caso concreto, Colpensiones reconoci\u00f3 la prestaci\u00f3n en favor de la accionante con fundamento en informaci\u00f3n y documentos con los que ya contaba, pues fueron suministrados por la se\u00f1ora Guerrero Villamizar en el transcurso de los tr\u00e1mites adelantados frente a la entidad. En ese sentido, solo en diciembre de 2025, y luego de que esta Corporaci\u00f3n seleccionara el expediente para su revisi\u00f3n, la administradora de pensiones accedi\u00f3 al reclamo prestacional.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[49]\u00a0Para la construcci\u00f3n del presente apartado se retomar\u00e1n las consideraciones dispuestas en, entre otras, la sentencias T-279, T-498 de 2020, T-334, T-165 de 2024, T-414 y T-379 de 2025.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[50]\u00a0\u201cLa Seguridad Social es un servicio p\u00fablico de car\u00e1cter obligatorio que se prestar\u00e1 bajo la direcci\u00f3n, coordinaci\u00f3n y control del Estado, en sujeci\u00f3n a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los t\u00e9rminos que establezca la Ley (\u2026)\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[51]\u00a0Pueden consultarse, entre muchas m\u00e1s, las sentencias T-164 de 2013, T-498 de 2020 y T-516 de 2023.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[52]\u00a0Corte Constitucional, sentencias\u00a0T-327 de 2017 y T-498 de 2020.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[53]\u00a0Art\u00edculo 1\u00b0 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Asimismo, pueden consultarse las sentencias T-213 de 2019 y T-498 de 2020.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[54]\u00a0Corte Constitucional, Sentencia T-414 de 2025. En dicha providencia se relacionaron tambi\u00e9n las sentencias\u00a0T-617 de 2019, T-245 de 2023 y\u00a0T-334 de 2024.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[55]\u00a0Ibidem.<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[56]\u00a0Corte Constitucional, Sentencia T-334 de 2024. Puede consultarse tambi\u00e9n la Sentencia\u00a0SU-471 de 2023.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[57]\u00a0Ibidem.<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[58]\u00a0Ac\u00e1pite retomado de la Sentencia T-165 de 2024.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[59]\u00a0Por otra parte, la Convenci\u00f3n Interamericana sobre la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos de las Personas Mayores representa el primer instrumento jur\u00eddicamente vinculante a nivel mundial que reconoce los derechos de este grupo de poblaci\u00f3n. Su prop\u00f3sito es \u201cpromover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusi\u00f3n, integraci\u00f3n y participaci\u00f3n en la sociedad\u201d.\u00a0Cfr.\u00a0\u00a0Convenci\u00f3n Interamericana sobre la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada en Washington el 15 de junio de 2015 por la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (OEA). Puede consultarse la Sentencia T-165 de 2024.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[60]\u00a0Corte Constitucional, sentencias T-598 de 2017, T-252 de 2017, T-006 de 2020 y\u00a0T-364 de 2022.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[61]\u00a0Corte Constitucional, Sentencia T-364 de 2022.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[62]\u00a0Corte Constitucional, sentencias T-015 de 2019, T-165 de 2024 y T-414 de 2025.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[63]\u00a0Ver nota al pie 40.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[64]Ver nota al pie 41.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[65]\u00a0Corte Constitucional,\u00a0sentencias T-066 de 2020 y T-165 de 2024.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[66]\u00a0Sentencia\u00a0T-066 de 2020.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[67]\u00a0Para la construcci\u00f3n del presente ac\u00e1pite se retomar\u00e1n las consideraciones expuestas en las sentencias T-165 de 2024 y T-474 de 2025.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[68]\u00a0En la Sentencia T-982 de 2014, la Corte se\u00f1al\u00f3 que este derecho es una derivaci\u00f3n del principio de legalidad, seg\u00fan el cual toda competencia ejercida por las autoridades p\u00fablicas debe estar previamente se\u00f1alada en la ley.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[69]\u00a0Corte Constitucional, sentencias C-162 de 2021, T-266 de 2023 y T-474 de 2025.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[70]\u00a0Corte Constitucional, Sentencia T-474 de 2025.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[71]\u00a0Corte Constitucional, sentencias T-417 y T-379 de 2025.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[72]\u00a0Expediente digital. Archivos 2_68001311000320250025300-(2025-08-25 14-30-37)-1756150237-1 y 14_68001311000320250025300-(2025-11-10 08-02-29)-1762779749-13.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[73]\u00a0Expediente digital. Archivo 2_68001311000320250025300-(2025-08-25 14-30-37)-1756150237-1.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[74]\u00a0Ibidem.<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[75]\u00a0Ibidem.<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[76]\u00a0Expediente digital. Archivo\u00a0Intervenci\u00f3n T11517942<\/em>.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[77]\u00a0Ibidem.<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[78]\u00a0Corte Constitucional, Sentencia T-334 de 2024. Puede consultarse tambi\u00e9n la Sentencia\u00a0SU-471 de 2023.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[79]\u00a0Expediente digital. Archivo 14_68001311000320250025300-(2025-11-10 08-02-29)-1762779749-13.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[80]\u00a0Expediente digital. Archivo 2_68001311000320250025300-(2025-08-25 14-30-37)-1756150237-1.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[81]\u00a0Ibidem.<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[82]\u00a0Expediente digital. Archivo 14_68001311000320250025300-(2025-11-10 08-02-29)-1762779749-13. Resoluci\u00f3n DPE 22966 del 27 de diciembre de 2025.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[83]\u00a0Expediente digital. Archivo 2_68001311000320250025300-(2025-08-25 14-30-37)-1756150237-1. Certificado del jefe del Grupo de Administraci\u00f3n Hojas de Vida de la Direcci\u00f3n de Talento Humano, suscrito el 12 de agosto de 2024.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                    <\/a>[84]\u00a0Expediente digital. Archivo\u00a0Intervenci\u00f3n T11517942<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                                                                                                                                                                                    REP\u00daBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Segunda de Revisi\u00f3n \u00a0 SENTENCIA T-111 de 2026   Referencia:\u00a0expediente\u00a0T-11.517.942   Asunto:\u00a0acci\u00f3n\u00a0de\u00a0tutela\u00a0instaurada\u00a0por Celmira Guerrero Villamizar en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-   Magistrado\u00a0ponente: Carlos Camargo Assis   Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintis\u00e9is (2026).   La Sala Segunda de Revisi\u00f3n de tutelas […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[161],"tags":[],"class_list":["post-31574","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-tutelas-2026"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31574","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31574"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31574\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31575,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31574\/revisions\/31575"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31574"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31574"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31574"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}