{"id":31638,"date":"2026-09-25T17:32:04","date_gmt":"2026-09-25T22:32:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/?p=31638"},"modified":"2026-09-25T17:32:04","modified_gmt":"2026-09-25T22:32:04","slug":"c-007-26","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/c-007-26\/","title":{"rendered":"C-007-26"},"content":{"rendered":"

TEMAS-SUBTEMAS<\/strong><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

Sentencia C-007\/26<\/strong><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL-<\/strong><\/b>Se vulnera por expresi\u00f3n \u201cpersonalidad del agente\u201d al ser un concepto jur\u00eddico indeterminado para individualizar y dosificar la sanci\u00f3n en la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz<\/p>\n

 <\/p>\n

(\u2026) las posibles interpretaciones sobre el alcance y el contenido de esa expresi\u00f3n –<\/em>valoraci\u00f3n del comportamiento del agente respecto de la centralidad de las v\u00edctimas, acciones restaurativas que adelanten los comparecientes y cumplimiento de los compromisos inherentes al <\/em>SIVJRNR-<\/em>, propuestas por la JEP y el Ministerio P\u00fablico, aunque se ajustan a la Constituci\u00f3n, ya se encuentran subsumidas en las normas mencionadas y, por tanto, no es posible determinar el contenido aut\u00f3nomo de la voz acusada. En este orden, la indeterminaci\u00f3n anotada incide e impacta negativamente en los principios constitucionales de legalidad y de culpabilidad y en los derechos fundamentales de los comparecientes a la libertad personal y al debido proceso porque autoriza a la JEP a realizar valoraciones subjetivas y no verificables en la dosificaci\u00f3n de las sanciones. M\u00e1s a\u00fan, la incorporaci\u00f3n del t\u00e9rmino como criterio tal dosificaci\u00f3n constituye un retroceso en el tr\u00e1nsito progresivo desde un modelo inspirado en la peligrosidad del sujeto, propio del derecho penal de autor proscrito por la Constituci\u00f3n de 1991, hacia un sistema fundado en la culpabilidad por el acto, conforme al principio constitucional de dignidad humana.<\/em><\/p>\n

 <\/p>\n

SANCIONES EN LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-<\/strong><\/b>Expresi\u00f3n \u201cpersonalidad del agente\u201d es un concepto jur\u00eddico indeterminado para individualizar y dosificar la sanci\u00f3n<\/p>\n

 <\/p>\n

(\u2026) <\/em>la Sala Plena concluye que, en el \u00e1mbito concreto de la justicia transicional en Colombia, la voz \u201cpersonalidad del agente\u201d es un concepto jur\u00eddico indeterminado. En los denominados marcos jur\u00eddicos de referencia del SIVJRNR, los Actos Legislativos 01 y 02 de 2017, las leyes 1820 de 2016, 1922 de 2018 y Estatutaria 1957 de 2019, el Punto cinco del AFP y los antecedentes legislativos de la Ley 1922 de 2018 no es posible identificar una definici\u00f3n de ese t\u00e9rmino. En este orden, se trata de una expresi\u00f3n de textura abierta y ambigua cuyo significado es inicialmente indeterminado, por lo que su alcance debe ser \u201cestablecido al momento de su aplicaci\u00f3n por el int\u00e9rprete\u201d.<\/em><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/p>\n

PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL-<\/strong><\/b>Contenido y alcance<\/p>\n

 <\/p>\n

DERECHO PENAL DE ACTO-<\/strong><\/b>Alcance<\/p>\n

 <\/p>\n

(\u2026) el derecho penal de acto \u201cse fundamenta en la voluntad del individuo que controla y domina el comportamiento externo que se le imputa, en virtud de lo cual solo puede llamarse acto al hecho voluntario\u201d. En ese sentido, la reprobaci\u00f3n penal no se dirige a la simple materialidad del resultado, sino \u201cal sentido subjetivo que el autor confiere a su comportamiento social, en tanto sujeto libre\u201d. Por ello, \u201csolo puede ser considerado como autor de un hecho, aquel a quien pueda imput\u00e1rsele una relaci\u00f3n causal entre su decisi\u00f3n, la acci\u00f3n y el resultado, teniendo en cuenta su capacidad sicof\u00edsica para entender y querer el hecho, considerada en abstracto, y la intenci\u00f3n, en concreto, de realizar el comportamiento que la norma penal describe\u201d.<\/em><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/p>\n

PRINCIPIO DE CULPABILIDAD EN MATERIA PENAL-<\/strong><\/b>Alcance<\/p>\n

 <\/p>\n

El principio de culpabilidad est\u00e1 compuesto, a su vez, por los principios de responsabilidad subjetiva y de responsabilidad personal. En relaci\u00f3n con el principio de responsabilidad subjetiva, el art\u00edculo 12 de la Ley 599 de 2000 establece que \u201c[s]\u00f3lo\u00a0se podr\u00e1 imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad\u201d y, en consecuencia, la misma norma proscribe \u201ctoda forma de responsabilidad objetiva\u201d o de simple resultado. La Corte ha dicho que la responsabilidad objetiva es incompatible con el principio de la dignidad humana. Lo anterior significa que solo podr\u00e1 castigarse la conducta que, al tenor del art\u00edculo 21\u00a0ejusdem, pueda calificarse como dolosa, culposa o preterintencional.<\/em><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/p>\n

PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PERSONAL EN MATERIA PENAL-<\/strong><\/b>Contenido<\/p>\n

 <\/p>\n

CULPABILIDAD-<\/strong><\/b>Proscripci\u00f3n de cualquier forma de responsabilidad objetiva<\/p>\n

 <\/p>\n

DERECHO PENAL DE AUTOR-<\/strong><\/b>Alcance<\/p>\n

 <\/p>\n

(\u2026) el derecho penal de autor parte de un enfoque determinista, seg\u00fan el cual el sujeto responde no por la acci\u00f3n que realiza, sino por su condici\u00f3n personal o su inclinaci\u00f3n natural al delito, es decir, \u201cpor determinadas cualidades subjetivas que le llevan a aparecer ante la sociedad como un sujeto especialmente peligroso\u201d. Esto, de acuerdo con ciertos rasgos personales o psicol\u00f3gicos, por ejemplo, una personalidad considerada violenta, antisocial o dominante. Este \u201cprimer paso en la subjetivizaci\u00f3n del sistema punitivo\u201d es incompatible con el derecho penal de acto y, por tanto, con el Estado social de derecho.<\/em><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/p>\n

DERECHO PENAL DE AUTOR Y DERECHO PENAL DE ACTO-<\/strong><\/b>Distinci\u00f3n<\/p>\n

 <\/p>\n

PERSONALIDAD EN EL MARCO DEL DERECHO PENAL DE ACTO-<\/strong><\/b>Alcance<\/p>\n

 <\/p>\n

(\u2026) el modelo penal acogido por el Constituyente de 1991 se inscribe en la tradici\u00f3n del derecho penal de acto, sustentado en la culpabilidad y en el respeto por la dignidad humana, en contraposici\u00f3n al derecho penal de autor. La eventual valoraci\u00f3n de la personalidad del procesado no desvirt\u00faa este paradigma, siempre que responda a criterios objetivos y funcionales orientados a la consecuci\u00f3n de fines constitucionalmente leg\u00edtimos.<\/em><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/p>\n

PROCESO DE INDIVIDUALIZACION DE LA PENA EN EL CODIGO PENAL-<\/strong><\/b>Personalidad del agente<\/p>\n

 <\/p>\n

(\u2026) la evoluci\u00f3n legislativa y jurisprudencial sobre la \u201cpersonalidad del agente\u201d evidencia la consolidaci\u00f3n de un modelo de responsabilidad penal fundado en la culpabilidad por el acto, en el que la pena se justifica exclusivamente en la conducta exteriorizada y no en las condiciones personales, morales o psicol\u00f3gicas del autor. La valoraci\u00f3n de la \u201cpersonalidad del agente\u201d dej\u00f3 de ser un criterio aut\u00f3nomo para la dosificaci\u00f3n de la pena y se convirti\u00f3 en un elemento accesorio, subordinado a las circunstancias objetivas que rodean el hecho, que \u00fanicamente procede para la evaluaci\u00f3n de la sustituci\u00f3n de la detenci\u00f3n preventiva en establecimiento carcelario por la detenci\u00f3n preventiva en el lugar de residencia. Este desarrollo reafirma la transici\u00f3n hacia un sistema respetuoso de la dignidad humana y del principio de legalidad, que excluye cualquier forma de apreciaci\u00f3n subjetiva o anticipada de la peligrosidad del sujeto.<\/em><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/p>\n

CONCEPTO JURIDICO INDETERMINADO-<\/strong><\/b>Alcance y l\u00edmites<\/p>\n

 <\/p>\n

CONCEPTO JURIDICO INDETERMINADO-<\/strong><\/b>Reglas aplicables<\/p>\n

 <\/p>\n

(\u2026) la Corte ha establecido una serie de reglas que orientan el uso de conceptos jur\u00eddicos indeterminados, especialmente cuando su aplicaci\u00f3n puede implicar la restricci\u00f3n de derechos y libertades constitucionales. Dichas reglas son las siguientes: – Los conceptos jur\u00eddicos indeterminados no suponen la discrecionalidad de las autoridades, puesto que implican clasificar una situaci\u00f3n para tomar una \u00fanica medida apropiada o justa; – Si bien se admite cierto grado de indeterminaci\u00f3n y ambig\u00fcedad en el lenguaje jur\u00eddico, y no obstante no todo concepto jur\u00eddico indeterminado sea per se inconstitucional, el legislador debe evitar emplear palabras y conceptos que impliquen un grado de ambig\u00fcedad tal, que afecten la certeza del derecho y lleven a una interpretaci\u00f3n absolutamente discrecional de la autoridad a quien corresponde aplicar determinada disposici\u00f3n, especialmente cuando se trata de normas que restringen el derecho a la libertad en sus m\u00faltiples expresiones; – Cuando sea posible esclarecer un concepto jur\u00eddico indeterminado, a partir de las herramientas hermen\u00e9uticas que ofrece el propio ordenamiento, la disposici\u00f3n no ser\u00e1 inconstitucional. Por el contrario, si el concepto es tan abierto que no puede ser concretado en forma razonable, se desconoce el principio de legalidad. – En materia sancionatoria, ya sea penal o disciplinaria, la exigencia de certeza sobre el supuesto de hecho de una norma es mayor, puesto que la aplicaci\u00f3n de esta puede implicar una afectaci\u00f3n m\u00e1s profunda de los derechos y libertades constitucionalmente protegidas.<\/em><\/p>\n

 <\/p>\n

PROBLEMAS DE INDETERMINACION DE SENTIDO EN TODO LENGUAJE NATURAL-<\/strong><\/b>Ambig\u00fcedad, vaguedad o textura abierta<\/p>\n

 <\/p>\n

SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACION Y NO REPETICION-<\/strong><\/b>Componentes<\/p>\n

 <\/p>\n

SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACION Y NO REPETICION-<\/strong><\/b>Principios<\/p>\n

 <\/p>\n

JURISDICCI\u00d3N ESPECIAL PARA LA PAZ-<\/strong><\/b>Componentes<\/p>\n

 <\/p>\n

JURISDICCI\u00d3N ESPECIAL PARA LA PAZ-<\/strong><\/b>Procedimiento en casos de reconocimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad<\/p>\n

 <\/p>\n

JURISDICCI\u00d3N ESPECIAL PARA LA PAZ-<\/strong><\/b>Procedimiento en caso de ausencia de reconocimiento de verdad y de responsabilidad<\/p>\n

 <\/p>\n

SANCIONES EN LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-<\/strong><\/b>Tipos<\/p>\n

 <\/p>\n

SANCIONES EN LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-<\/strong><\/b>Criterios para individualizar y dosificar la sanci\u00f3n<\/p>\n

 <\/p>\n

(\u2026)\u00a0La escogencia de la sanci\u00f3n depender\u00e1 del grado de aporte a la verdad y de reconocimiento de responsabilidad, as\u00ed como de la etapa en que esto suceda, lo cual puede dar lugar a la imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n propia, alternativa u ordinaria. De otro lado, la dosificaci\u00f3n es transversal a todas las sanciones y se gu\u00eda por lo descrito en los art\u00edculos 134 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019 y 64 de la Ley 1922 de 2018. Al respecto, es preciso tener en cuenta que dentro de los criterios de dosificaci\u00f3n tambi\u00e9n se encuentra previsto \u201cel momento y las caracter\u00edsticas del aporte de verdad\u201d. Esto permite concluir que el aporte de la verdad es un asunto que impacta tanto en la selecci\u00f3n de la sanci\u00f3n como en su dosificaci\u00f3n. Finalmente, en cuanto al cumplimiento de la sanci\u00f3n, en el AFP y en la Ley Estatutaria de la JEP se definieron varios mecanismos -como el incidente de incumplimiento- y \u00f3rganos encargados monitorear, vigilar y controlar el cumplimiento de las sanciones.<\/em><\/p>\n

 <\/p>\n

SANCIONES EN LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-<\/strong><\/b>Aplicaci\u00f3n del derecho penal de acto<\/p>\n

 <\/p>\n

(\u2026)\u00a0<\/em>el derecho penal de acto no es ajeno a la dosificaci\u00f3n de las sanciones en el SIVJRNR. No puede olvidarse que, \u201c[r]especto al derecho a ser juzgado por el acto cometido, la Corte Constitucional considera que este no puede ser sometido a limitaci\u00f3n alguna\u201d.\u00a0Si bien la justicia transicional se fundamenta en el car\u00e1cter restaurativo de la pena y en la centralidad de las v\u00edctimas, ello no significa que la duraci\u00f3n de la sanci\u00f3n a imponer pueda depender de aspectos subjetivos relacionados con la personalidad o el car\u00e1cter de los comparecientes. Son otros los criterios objetivos que deben permitir individualizar, dosificar y humanizar la pena, de acuerdo con lo dispuesto en los art\u00edculos 134 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019 y 64 de la Ley 1922 de 2018.<\/em><\/p>\n

 <\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

REP\u00daBLICA DE COLOMBIA<\/strong><\/b><\/p>\n

CORTE CONSTITUCIONAL<\/strong><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

SENTENCIA C-007 DE 2026<\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

Referencia: <\/strong><\/b>expediente D-16.620<\/p>\n

 <\/p>\n

Asunto:<\/strong><\/b> demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 64 (parcial) de la Ley 1922 de 2018, \u201c[p]or medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz\u201d<\/p>\n

\u00a0<\/em><\/p>\n

Demandantes:<\/strong><\/b> Juan Vicente Valbuena Ni\u00f1o y Camilo Osorio V\u00e1squez<\/p>\n

 <\/p>\n

Magistrada ponente<\/strong><\/b>:<\/p>\n

Lina Marcela Escobar Mart\u00ednez<\/p>\n

 <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de enero dos mil veintis\u00e9is (2026)<\/p>\n

 <\/p>\n

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y tr\u00e1mites establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, ha dictado la siguiente<\/p>\n

 <\/p>\n

SENTENCIA<\/strong><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

S\u00edntesis de la decisi\u00f3n<\/strong><\/b><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

La Sala Plena de la Corte Constitucional decidi\u00f3 la demanda presentada contra la expresi\u00f3n \u201cla personalidad del agente\u201d, contenida en el art\u00edculo 64 de la Ley 1922 de 2018, \u201c[p]or medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz\u201d, por la presunta violaci\u00f3n de los art\u00edculos 1 y 29 de la Constituci\u00f3n, 12 transitorio del art\u00edculo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017, 1 del Acto Legislativo 02 de 2017, 9 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos y 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos. Este art\u00edculo establece los criterios para la individualizaci\u00f3n de las sanciones propias, alternativas y ordinarias, en los procesos que adelanta la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz. De acuerdo con dicho art\u00edculo, entre otros criterios, esa jurisdicci\u00f3n \u201cdeterminar\u00e1 la sanci\u00f3n seg\u00fan (\u2026) la personalidad del agente\u201d.<\/p>\n

 <\/p>\n

Los accionantes formularon tres cargos de inconstitucionalidad. En primer lugar, afirmaron que la locuci\u00f3n acusada vulnera el principio de culpabilidad y el modelo de derecho penal de acto, porque permite que la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz valore el temperamento, el car\u00e1cter y el modo de ser de los comparecientes, a pesar de que el objeto del derecho sancionatorio debe ser \u00fanicamente la conducta social de la persona y su comportamiento. En segundo lugar, sostuvieron que el t\u00e9rmino viola el principio de legalidad en sentido estricto o de taxatividad porque no es posible superar su ambig\u00fcedad e imprecisi\u00f3n a partir de los elementos que ofrece el ordenamiento jur\u00eddico. Y, en tercer lugar, advirtieron que la expresi\u00f3n en cuesti\u00f3n incumple el Acuerdo Final para la terminaci\u00f3n del conflicto y la construcci\u00f3n de una paz estable y duradera porque es un par\u00e1metro que no fue pactado y que afecta el derecho fundamental al debido proceso de los comparecientes.<\/p>\n

 <\/p>\n

La Sala estim\u00f3 que, aunque los cargos admitidos a tr\u00e1mite son diferenciables entre s\u00ed por estar sustentados en contenidos normativos diversos de la Constituci\u00f3n, pod\u00edan sintetizarse en dos problemas jur\u00eddicos: \u00bfLa expresi\u00f3n \u201cla personalidad del agente\u201d, contenida en el art\u00edculo 64 de la Ley 1922 de 2018 como criterio para individualizar las sanciones propias, alternativas y ordinarias que impone la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz, desconoce los principios de legalidad y el modelo del derecho penal de acto? y \u00bfLa expresi\u00f3n \u201cla personalidad del agente\u201d, contenida en el art\u00edculo 64 de la Ley 1922 de 2018 como criterio para individualizar las sanciones propias, alternativas y ordinarias que impone la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz, desconoce la obligaci\u00f3n de cumplir de buena fe con lo pactado en el Acuerdo Final para la terminaci\u00f3n del conflicto y la construcci\u00f3n de una paz estable y duradera, como criterio obligatorio de interpretaci\u00f3n de las normas que lo desarrollan?<\/p>\n

 <\/p>\n

Para resolver el primer problema jur\u00eddico, la corporaci\u00f3n reiter\u00f3 la jurisprudencia constitucional sobre tres temas: (i) el derecho penal de acto como expresi\u00f3n del principio de culpabilidad y sus alcances frente al examen de la personalidad del agente, (ii) la personalidad del agente como criterio para la individualizaci\u00f3n de la pena en el ordenamiento penal ordinario y (iii) la noci\u00f3n de concepto jur\u00eddico indeterminado y sus l\u00edmites constitucionales. Adem\u00e1s, present\u00f3 las caracter\u00edsticas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n y No Repetici\u00f3n, para lo cual hizo \u00e9nfasis en las sanciones, sus finalidades y el procedimiento que debe seguir la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz para su imposici\u00f3n.<\/p>\n

 <\/p>\n

Luego de desarrollar las consideraciones descritas, la Sala lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que la expresi\u00f3n \u201cla personalidad del agente\u201d desconoce el principio de legalidad y, por tanto, debe ser declarada inexequible. Para empezar, constat\u00f3 que tal expresi\u00f3n es una locuci\u00f3n de textura abierta y ambigua cuyos significado y alcance son inicialmente indefinidos porque, prima facie<\/em>, el int\u00e9rprete desconoce cu\u00e1les son los supuestos de hecho que contiene.<\/p>\n

 <\/p>\n

A continuaci\u00f3n, la Corte observ\u00f3 que, en el \u00e1mbito concreto de la justicia transicional en Colombia, la voz \u201cpersonalidad del agente\u201d es un concepto jur\u00eddico indeterminado. Lo anterior, en la medida en que, en los denominados marcos jur\u00eddicos de referencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n y No Repetici\u00f3n, los Actos Legislativos 01 y 02 de 2017, las leyes 1820 de 2016, 1922 de 2018 y Estatutaria 1957 de 2019, el Punto cinco del Acuerdo Final de Paz y los antecedentes legislativos de la Ley 1922 de 2018 no es posible identificar una definici\u00f3n de ese t\u00e9rmino.<\/p>\n

 <\/p>\n

Finalmente, la corporaci\u00f3n verific\u00f3 que no es posible superar la indeterminaci\u00f3n del concepto jur\u00eddico \u201cla personalidad del agente\u201d ni concretar razonablemente su contenido con base en las normas que regulan el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n y No Repetici\u00f3n. Para fundamentar esta premisa, la Sala analiz\u00f3 las normas estatutarias y legales que desarrollan los procedimientos para la imposici\u00f3n de las sanciones propias, alternativas y ordinarias, y la naturaleza, el contenido y el cumplimiento de dichas sanciones. Despu\u00e9s de este an\u00e1lisis, identific\u00f3 que segu\u00eda sin ser claro cu\u00e1les son los rasgos<\/em>, las caracter\u00edsticas <\/em>o las condiciones biol\u00f3gicas<\/em>, ps\u00edquicas<\/em> y sociales<\/em> del compareciente que, a t\u00edtulo del criterio \u201cpersonalidad del agente\u201d, podr\u00e1 evaluar la JEP para dosificar las sanciones.<\/p>\n

 <\/p>\n

En este orden, la Corte encontr\u00f3 que las mencionadas normas estatutarias y legales ya protegen y garantizan la centralidad de las v\u00edctimas y el car\u00e1cter restaurativo de ese Sistema. Esto supone que las posibles interpretaciones sobre el alcance y el contenido de esa expresi\u00f3n ya se encuentran subsumidas en tales normas y, en consecuencia, no es posible ajustar su sentido a la Constituci\u00f3n. Destac\u00f3 que, por el contrario, la indeterminaci\u00f3n anotada incide e impacta negativamente en los principios constitucionales de legalidad y de culpabilidad y en los derechos fundamentales de los comparecientes a la libertad personal y al debido proceso. M\u00e1s a\u00fan, la Sala advirti\u00f3 que la incorporaci\u00f3n del t\u00e9rmino como criterio para dosificar las sanciones en el contexto de la justicia transicional constituye un retroceso en el tr\u00e1nsito progresivo desde un modelo inspirado en la peligrosidad del sujeto, propio del derecho penal de autor proscrito por la Constituci\u00f3n de 1991, hacia un sistema fundado en la culpabilidad por el acto, conforme al principio constitucional de dignidad humana.<\/p>\n

 <\/p>\n

Al constatar que la expresi\u00f3n acusada desconoce el principio de legalidad y que debe ser eliminada del ordenamiento jur\u00eddico, la corporaci\u00f3n se abstuvo de resolver el segundo problema jur\u00eddico.<\/p>\n

 <\/p>\n

Por las razones expuestas, la Sala Plena declar\u00f3 la inexequibilidad de la expresi\u00f3n \u201cla personalidad del agente\u201d, contenida en el art\u00edculo 64 de la Ley 1922 de 2018, \u201c[p]or medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz\u201d.<\/p>\n

 <\/p>\n

Tabla de contenido<\/strong><\/b><\/p>\n

 <\/p>\n

I.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ANTECEDENTES<\/p>\n

II.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 NORMA DEMANDADA<\/p>\n

III.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 TABLA DE SIGLAS O ABREVIATURAS<\/p>\n

IV.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 LA DEMANDA<\/p>\n

V.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 INTERVENCIONES<\/p>\n

    \n
  1. Solicitud de exequibilidad<\/li>\n
  2. Solicitud de exequibilidad y, en subsidio, exequibilidad condicionada<\/li>\n
  3. Solicitudes de inexequibilidad<\/li>\n<\/ol>\n

    VI.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACI\u00d3N<\/p>\n

    VII.\u00a0\u00a0\u00a0 CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL<\/p>\n

      \n
    1. Competencia<\/li>\n
    2. Presentaci\u00f3n del caso, problemas jur\u00eddicos y esquema de soluci\u00f3n<\/li>\n
    3. El derecho penal de acto como expresi\u00f3n del principio de culpabilidad y sus alcances frente al examen de la personalidad del agente<\/li>\n
    4. La personalidad del agente como criterio para la individualizaci\u00f3n de la pena en el ordenamiento penal ordinario. Contexto hist\u00f3rico<\/li>\n
    5. Los conceptos jur\u00eddicos indeterminados en el derecho penal: alcances y l\u00edmites jurisprudenciales<\/li>\n
    6. Caracterizaci\u00f3n del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n y No Repetici\u00f3n: las sanciones, sus finalidades y procedimiento para su imposici\u00f3n<\/li>\n
    7. Soluci\u00f3n del primer problema jur\u00eddico<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n

      7.1. La expresi\u00f3n \u201cpersonalidad del agente\u201d tiene una textura abierta y ambigua cuyo alcance inicial es impreciso<\/strong><\/b><\/p>\n

      7.2. La expresi\u00f3n \u201cpersonalidad del agente\u201d es un concepto jur\u00eddico indeterminado<\/strong><\/b><\/p>\n

      7.3. No es posible superar la indeterminaci\u00f3n del concepto jur\u00eddico \u201cla personalidad del agente\u201d<\/strong><\/b><\/p>\n

      VIII. DECISI\u00d3N<\/p>\n

       <\/p>\n

      <\/a>I.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ANTECEDENTES<\/h1>\n

       <\/p>\n

        \n
      1. El 27 de mayo de 2025, en ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica prevista en los art\u00edculos 40, numeral 6, y 241, numeral 4, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, los ciudadanos Juan Vicente Valbuena Ni\u00f1o y Camilo Osorio V\u00e1squez demandaron la constitucionalidad de la expresi\u00f3n \u201cla personalidad del agente\u201d, contenida en el art\u00edculo 64 de la Ley 1922 de 2018.<\/li>\n<\/ol>\n

         <\/p>\n

          \n
        1. El 20 de junio de 2025, la Secretar\u00eda General de la corporaci\u00f3n, previo sorteo realizado por la Sala Plena dos d\u00edas antes, remiti\u00f3 el expediente al despacho de la magistrada Lina Marcela Escobar Mart\u00ednez para impartir el tr\u00e1mite correspondiente.<\/li>\n<\/ol>\n

           <\/p>\n

            \n
          1. Mediante auto del 8 de julio de 2025, la magistrada sustanciadora admiti\u00f3 la demanda. En dicha providencia, dispuso correr traslado a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, fijar en lista la disposici\u00f3n acusada y comunicar la apertura del proceso al presidente de la Rep\u00fablica, al presidente del Congreso, as\u00ed como a los ministerios de Justicia y del Derecho, de Interior y de Defensa Nacional. Finalmente, invit\u00f3 a intervenir a diversas instituciones p\u00fablicas y privadas<\/a>[1].<\/li>\n<\/ol>\n

             <\/p>\n

              \n
            1. El 1\u00b0 de septiembre de 2025, el procurador general de la Naci\u00f3n present\u00f3 su concepto y, en consecuencia, la Secretar\u00eda General de la Corte remiti\u00f3 el expediente digital al despacho de la magistrada sustanciadora e inform\u00f3 sobre los t\u00e9rminos.<\/li>\n<\/ol>\n

               <\/p>\n

                \n
              1. Cumplidos los tr\u00e1mites previstos en el art\u00edculo 242 de la Constituci\u00f3n y en el Decreto Ley 2067 de 1991, la Corte procede a resolver la demanda.<\/li>\n<\/ol>\n

                 <\/p>\n

                <\/a>II.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 NORMA DEMANDADA<\/h1>\n

                \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                  \n
                1. El texto de la norma demandada, tal como fue publicada en el Diario Oficial n.\u00b0 50.658 del 18 de julio de 2018, es el siguiente (se destaca la expresi\u00f3n objeto de censura):<\/li>\n<\/ol>\n

                  \u00a0<\/em><\/p>\n

                  LEY 1922 DE 2018<\/strong><\/b><\/p>\n

                  (julio 18)<\/strong><\/b><\/p>\n

                  \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                  Por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz<\/p>\n

                  \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                  EL CONGRESO DE COLOMBIA<\/strong><\/b><\/p>\n

                  \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                  DECRETA:<\/strong><\/b><\/p>\n

                  \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                  [\u2026]<\/p>\n

                  \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                  ART\u00cdCULO 64. FUNDAMENTOS PARA LA INDIVIDUALIZACI\u00d3N DE LA SANCI\u00d3N.<\/strong><\/b> Dentro de los par\u00e1metros fijados en la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia en la JEP para las sanciones propia, alternativa y ordinaria, se determinar\u00e1 la sanci\u00f3n seg\u00fan la gravedad y modalidades de la conducta punible; las circunstancias de mayor o menor punibilidad concurrentes; la personalidad del agente<\/u>; en el concurso, el n\u00famero de conductas punibles; la magnitud del da\u00f1o causado, en particular a las v\u00edctimas y familiares; los medios empleados para cometer la conducta; el grado de participaci\u00f3n; el grado de intencionalidad; las circunstancias de modo, tiempo y lugar; la especial vulnerabilidad de las v\u00edctimas; el grado de instrucci\u00f3n y condici\u00f3n social del acusado; el momento y caracter\u00edsticas del aporte de verdad; las manifestaciones de reparaci\u00f3n y las garant\u00edas de no repetici\u00f3n.<\/p>\n

                   <\/p>\n

                  En todo caso, cuando se trate de sanciones propias que impliquen restricciones a la libertad se indicar\u00e1n en la sentencia las condiciones de su ejecuci\u00f3n y se determinar\u00e1 su compatibilidad con desplazamientos y el ejercicio de otras actividades.<\/p>\n

                  \u00a0<\/u><\/strong><\/b><\/p>\n

                  <\/a>III.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 TABLA DE SIGLAS O ABREVIATURAS<\/h1>\n

                   <\/p>\n

                    \n
                  1. La Corte utilizar\u00e1 algunas siglas o abreviaturas que fueron empleadas por los demandantes e intervinientes, y otras que considera necesarias para facilitar la lectura de esta sentencia. Las siglas son las siguientes:<\/li>\n<\/ol>\n

                     <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
                    Sigla o abreviatura<\/strong><\/b><\/td>\nNombre<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                    AFP<\/td>\nAcuerdo Final para la terminaci\u00f3n del conflicto y la construcci\u00f3n de una paz estable y duradera<\/td>\n<\/tr>\n
                    CADH<\/td>\nConvenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos<\/td>\n<\/tr>\n
                    CEV<\/td>\nComisi\u00f3n para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetici\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n
                    CP<\/td>\nC\u00f3digo Penal<\/td>\n<\/tr>\n
                    DIDH<\/td>\nDerecho Internacional de los Derechos Humanos<\/td>\n<\/tr>\n
                    DIH<\/td>\nDerecho Internacional Humanitario<\/td>\n<\/tr>\n
                    DPI<\/td>\nDerecho Penal Internacional<\/td>\n<\/tr>\n
                    DUDH<\/td>\nDeclaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos<\/td>\n<\/tr>\n
                    FARC-EP<\/td>\nFuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia \u2013 Ej\u00e9rcito del Pueblo<\/td>\n<\/tr>\n
                    JEP<\/td>\nJurisdicci\u00f3n Especial para la Paz<\/td>\n<\/tr>\n
                    PIDCP<\/td>\nPacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos<\/td>\n<\/tr>\n
                    SAI<\/td>\nSala de Amnist\u00eda o Indulto<\/td>\n<\/tr>\n
                    SDSJ<\/td>\nSala de Definici\u00f3n de Situaciones Jur\u00eddicas<\/td>\n<\/tr>\n
                    SIVJRNR<\/td>\nSistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n y No Repetici\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n
                    SRVR<\/td>\nSala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinaci\u00f3n de los Hechos y Conductas<\/td>\n<\/tr>\n
                    TOAR<\/td>\nTrabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador \u2013 Reparador<\/td>\n<\/tr>\n
                    UBPD<\/td>\nUnidad para la B\u00fasqueda de Personas dadas por Desaparecidas<\/td>\n<\/tr>\n
                    UIA<\/td>\nUnidad de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n
                    ZVTN<\/td>\nZonas Veredales Transitorias de Normalizaci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                     <\/p>\n

                    <\/a>IV.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 LA DEMANDA<\/h1>\n

                     <\/p>\n

                      \n
                    1. Los demandantes manifestaron que la expresi\u00f3n \u201cla personalidad del agente\u201d, contenida en el art\u00edculo 64 de la Ley 1922 de 2018, vulnera los art\u00edculos 1 y 29 de la Constituci\u00f3n, 12 transitorio del art\u00edculo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017 y 1 del Acto Legislativo 02 de 2017. Adem\u00e1s, los ciudadanos indicaron que la expresi\u00f3n desconoce los art\u00edculos 9 de la CADH y 9.1 del PIDCP, los cuales forman parte del bloque de constitucionalidad, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 93 de la Constituci\u00f3n. Los actores formularon los siguientes cargos de inconstitucionalidad:<\/li>\n<\/ol>\n

                       <\/p>\n

                       <\/p>\n

                       <\/p>\n

                       <\/p>\n

                        \n
                      1. Primer cargo: vulneraci\u00f3n del principio de culpabilidad y del modelo de derecho penal de acto<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n

                         <\/p>\n

                          \n
                        1. Para la individualizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, la expresi\u00f3n demandada permite que los magistrados de la JEP valoren el temperamento, el car\u00e1cter y el modo de ser de los comparecientes. Esta valoraci\u00f3n excede el \u201can\u00e1lisis sobre las conductas ejecutadas por estos en el marco del conflicto armado y el nivel de cumplimiento de sus compromisos ante el SIVJRNR\u201d<\/a>[2]. Por tanto, el t\u00e9rmino acusado es una manifestaci\u00f3n del derecho penal de autor, que contradice el modelo penal de acto y el principio de culpabilidad establecidos en los art\u00edculos 1 y 29 de la Constituci\u00f3n, transitorio 12 del art\u00edculo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017 y 9 de la CADH.<\/li>\n<\/ol>\n

                           <\/p>\n

                            \n
                          1. De conformidad con lo estatuido en los art\u00edculos 1 y 29 superiores, el Constituyente de 1991 opt\u00f3 por el modelo penal de acto. El art\u00edculo 1 reconoce la dignidad humana como pilar fundamental del Estado social de derecho, y el art\u00edculo 29 establece que \u201c[n]adie podr\u00e1 ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto<\/strong><\/b> que se le imputa\u201d [negrilla fuera del texto]. El derecho penal de acto tambi\u00e9n se deriva del art\u00edculo 9 de la CADH, el cual dispone que \u201c[n]adie puede ser condenado por acciones u omisiones<\/strong><\/b> que en el momento de cometerse no fueran delictivos seg\u00fan el derecho aplicable\u201d [negrilla fuera del texto]<\/a>[3].<\/li>\n<\/ol>\n

                             <\/p>\n

                              \n
                            1. El modelo de derecho penal de acto y el principio de culpabilidad implican que el objeto del derecho sancionatorio y, en particular, del derecho penal debe ser la conducta social de la persona y su comportamiento, y no su car\u00e1cter, temperamento, deseos, pensamientos, sentimientos, estado de \u00e1nimo o personalidad<\/a>[4]. En este sentido, el derecho penal de acto y el principio de culpabilidad \u201climitan la potestad de configuraci\u00f3n del legislador al desarrollar par\u00e1metros para la individualizaci\u00f3n de las sanciones\u201d<\/a>[5].<\/li>\n<\/ol>\n

                               <\/p>\n

                                \n
                              1. Tanto el derecho penal de acto como el principio de culpabilidad \u201c[son] plenamente aplicable[s] a la JEP\u201d por tres razones<\/a>[6]: (i) la JEP debe imponer sanciones por la comisi\u00f3n de delitos cometidos en el marco del conflicto armado, \u201cque deben respetar las garant\u00edas m\u00ednimas del derecho sancionatorio\u201d<\/a>[7]; (ii) \u201cel derecho penal de acto es una garant\u00eda derivada de la dignidad humana y del debido proceso que no fue flexibilizada ni suprimida por el AFP ni por las normas que lo han desarrollado\u201d<\/a>[8], y (iii) \u201cel art\u00edculo transitorio 12 del art\u00edculo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017 previ\u00f3 que las reglas de procedimiento de la JEP deben garantizar, entre otros, el derecho al debido proceso\u201d<\/a>[9].<\/li>\n<\/ol>\n

                                 <\/p>\n

                                  \n
                                1. Segundo cargo: vulneraci\u00f3n del principio de legalidad en sentido estricto o de taxatividad<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n

                                   <\/p>\n

                                    \n
                                  1. La expresi\u00f3n demandada tambi\u00e9n desconoce el principio de legalidad en sentido estricto o de taxatividad porque \u201cintroduce un par\u00e1metro para la individualizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n que resulta ambiguo e impreciso\u201d<\/a>[10]. Esto impide a los comparecientes prever de manera razonable la forma en que los magistrados valorar\u00e1n ese par\u00e1metro al momento de individualizar la sanci\u00f3n, al tiempo que permite que la JEP adopte decisiones subjetivas y arbitrarias.<\/li>\n<\/ol>\n

                                     <\/p>\n

                                      \n
                                    1. Los art\u00edculos 1 y 29 de la Constituci\u00f3n y 9.1 PIDCP contienen el principio de legalidad. En particular, este \u00faltimo art\u00edculo dispone que \u201c[n]adie podr\u00e1 ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley<\/strong><\/b> y con arreglo al procedimiento establecido en esta\u201d [negrilla fuera del texto original]. De acuerdo con este principio, el legislador tiene la potestad exclusiva de definir las conductas punibles y las consecuencias jur\u00eddicas de estas. El legislador debe cumplir esa definici\u00f3n \u201cde manera clara, precisa, determinada e inequ\u00edvoca para evitar interpretaciones arbitrarias y procurar la administraci\u00f3n de justicia en condiciones de igualdad para todas las personas sujetas al poder punitivo y sancionatorio del Estado\u201d<\/a>[11].<\/li>\n<\/ol>\n

                                       <\/p>\n

                                        \n
                                      1. El principio de estricta legalidad en materia penal tiene dos facetas: positiva y negativa. La primera de ellas se refiere al deber del legislador \u201cde actuar con el mayor nivel posible de precisi\u00f3n y claridad al tipificar conductas y definir criterios de sanci\u00f3n\u201d<\/a>[12]. Por su parte, la faceta negativa \u201cconsidera \u201cinadmisibles los supuestos de hecho y las penas redactadas en forma incierta o excesivamente indeterminada\u201d<\/a>[13]. El principio de estricta legalidad es un instrumento para resguardar el derecho de defensa, la libertad y la seguridad jur\u00eddica, pues previene el ejercicio arbitrario de la administraci\u00f3n de justicia y les otorga a las personas la oportunidad de conocer cu\u00e1les son las conductas reprochables en un ordenamiento jur\u00eddico.<\/li>\n<\/ol>\n

                                         <\/p>\n

                                          \n
                                        1. La Constituci\u00f3n permite cierto nivel de indeterminaci\u00f3n en materia penal, como, por ejemplo, en la construcci\u00f3n de tipos penales abiertos y en blanco. Sin embargo, esta no es la regla general. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que para establecer si un concepto jur\u00eddico indeterminado es contrario a la Constituci\u00f3n, es necesario tener en cuenta los siguientes criterios: \u201c(i) la indeterminaci\u00f3n no se puede examinar en abstracto, debe valorarse el contexto espec\u00edfico en que se enmarca el concepto; (ii) cuando del uso del concepto jur\u00eddico indeterminado se sigue una restricci\u00f3n injustificada de los principios y derechos constitucionales en el contexto espec\u00edfico, este es inadmisible; [y] (iii) cuando la indeterminaci\u00f3n del concepto puede superarse a partir de los elementos de juicio que ofrece el propio ordenamiento jur\u00eddico, de tal manera que se pueda identificar y precisar el contenido, sentido y alcance del precepto, este se reputa conforme a la Constituci\u00f3n\u201d<\/a>[14].<\/li>\n<\/ol>\n

                                           <\/p>\n

                                            \n
                                          1. La expresi\u00f3n \u201cla personalidad del agente\u201d desconoce el principio de estricta legalidad porque, en primer lugar, no brinda elementos para determinar qu\u00e9 se entiende por \u201cpersonalidad\u201d ni c\u00f3mo esta incide en la valoraci\u00f3n de las sanciones. En segundo lugar, la expresi\u00f3n no es clara en indicar si el elemento de personalidad se circunscribe al temperamento de la persona durante el conflicto armado, el proceso ante la JEP o si se extiende a su forma de ser en los diferentes escenarios de la vida, incluso ajenos a los procesos judiciales. Y, en tercer lugar, la expresi\u00f3n crea m\u00e1rgenes interpretativos amplios a favor de los magistrados, quienes podr\u00e1n acudir a criterios subjetivos o a la mera intuici\u00f3n para establecer la forma en que la personalidad incide en la imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                             <\/p>\n

                                              \n
                                            1. Al respecto, se debe advertir que en la Sentencia C-910 de 2012, la Corte Constitucional admiti\u00f3 la valoraci\u00f3n de la personalidad del procesado mayor de 65 a\u00f1os, con el fin de conceder la sustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva en establecimiento carcelario por la detenci\u00f3n preventiva en el lugar de residencia. Sin embargo, esta sentencia no es un precedente aplicable para resolver el presente caso. Esto es as\u00ed por dos razones: (i) en el contexto de la medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva, el contenido de la expresi\u00f3n \u201cpersonalidad\u201d puede inferirse de los fines de la medida contenidos en los art\u00edculos 308 a 312 de la Ley 906 de 2004 y del an\u00e1lisis estricto de procedencia de que trata el art\u00edculo 313 ejusdem<\/em> y (ii) tal medida solo procede cuando el procesado es una persona mayor de 65 a\u00f1os.<\/li>\n<\/ol>\n

                                               <\/p>\n

                                                \n
                                              1. En contraste, la norma acusada es aplicable a todos los comparecientes que ser\u00e1n sancionados, y ni en la Ley 1922 de 2018 ni en las dem\u00e1s disposiciones que han implementado el AFP existe una norma que defina, delimite o module el alcance del t\u00e9rmino. Tales leyes tampoco precisan los l\u00edmites al ejercicio interpretativo que debe realizar la JEP para valorar la personalidad del agente.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                 <\/p>\n

                                                  \n
                                                1. Tercer cargo: vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 1 del Acto Legislativo 02 de 2017 y del Punto cinco del AFP<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n

                                                  \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                    \n
                                                  1. La voz acusada vulnera el art\u00edculo 1 del Acto Legislativo 02 de 2017 porque incumple el AFP. Esta norma dispone que los contenidos del AFP, \u201cque correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y aquellos conexos con los anteriores, ser\u00e1n obligatoriamente par\u00e1metros de interpretaci\u00f3n y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementaci\u00f3n y desarrollo del Acuerdo Final, con sujeci\u00f3n a las disposiciones constitucionales\u201d. El citado art\u00edculo tambi\u00e9n establece que \u201c[l]as instituciones y autoridades del Estado tienen la obligaci\u00f3n de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final\u201d, y prev\u00e9 que los desarrollos normativos del AFP deben \u201cguardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el esp\u00edritu y los principios [de este]\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                     <\/p>\n

                                                      \n
                                                    1. La expresi\u00f3n demandada incumple el AFP porque incluye un par\u00e1metro para la individualizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n que no fue pactado y que afecta el derecho fundamental al debido proceso. De conformidad con el AFP, el derecho al debido proceso debe ser protegido por el SIVJRNR, as\u00ed: (i) \u201clas garant\u00edas del debido proceso son necesarias para garantizar la seguridad jur\u00eddica de las decisiones que se adopten\u201d<\/a>[15]; (ii) \u201ctodas las actuaciones de la JEP deben respetar el debido proceso\u201d<\/a>[16]; y (iii) \u201cel debido proceso ser\u00e1 uno de los derechos que se deber\u00e1n respetar en la redacci\u00f3n de las reglas de procedimiento de la Jurisdicci\u00f3n\u201d<\/a>[17].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                       <\/p>\n

                                                        \n
                                                      1. En relaci\u00f3n con la imposici\u00f3n de las sanciones, el AFP indica que los comparecientes deben aportar verdad plena, reparar a las v\u00edctimas y garantizar la no repetici\u00f3n, y que las sanciones deben graduarse seg\u00fan el nivel de cumplimiento de estos deberes y la oportunidad en que se reconozca verdad y responsabilidad<\/a>[18]. Adem\u00e1s, fija algunos criterios para la imposici\u00f3n de las sanciones, especialmente, las propias. No obstante, no menciona el criterio de \u201cla personalidad del agente\u201d. Esta omisi\u00f3n no es \u201cun mero silencio de los negociadores\u201d<\/a>[19]. Por el contrario, aquella \u201cse explica en el inter\u00e9s de estos por dise\u00f1ar un sistema de justicia transicional respetuoso del debido proceso y compatible con los est\u00e1ndares internacionales en materia de investigaci\u00f3n y juzgamiento, que comprenden al derecho penal de acto y al principio de taxatividad como garant\u00edas fundamentales para los sistemas de justicia en los Estados democr\u00e1ticos\u201d<\/a>[20].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                         <\/p>\n

                                                          \n
                                                        1. De esta manera, la inclusi\u00f3n de la expresi\u00f3n reprochada en la ley de procedimiento de la JEP desconoce el deber de cumplir de buena fe lo pactado, pues permite a la JEP sustentar la individualizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n en valoraciones personales sobre el car\u00e1cter, el temperamento y la forma de ser de los comparecientes. Esto contradice, adem\u00e1s, \u201cel enfoque restaurativo y centrado en las v\u00edctimas que promueve la JEP\u201d<\/a>[21].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                           <\/p>\n

                                                            \n
                                                          1. Por lo anterior, los demandantes solicitaron a la Corte declarar la inexequibilidad de la expresi\u00f3n \u201cla personalidad del agente\u201d, contenida en el art\u00edculo 64 de la Ley 1922 de 2018.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                             <\/p>\n

                                                            <\/a>V.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 INTERVENCIONES<\/h1>\n

                                                             <\/p>\n

                                                              \n
                                                            1. En el t\u00e9rmino de fijaci\u00f3n en lista, la Corte recibi\u00f3 seis intervenciones. A continuaci\u00f3n, la Sala presenta un resumen de las intervenciones, en funci\u00f3n de la solicitud formulada (exequibilidad y, en subsidio, exequibilidad condicionada, e inexequibilidad).<\/li>\n<\/ol>\n

                                                               <\/p>\n

                                                              <\/a>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Solicitud de exequibilidad<\/h2>\n

                                                               <\/p>\n

                                                                \n
                                                              1. El Ministerio de Defensa solicit\u00f3 a la Corte que declarara la exequibilidad de la expresi\u00f3n demandada<\/a>[22]. Para el efecto, sostuvo que el principio de culpabilidad no excluye la posibilidad de que el juez valore la personalidad del agente como criterio auxiliar de individualizaci\u00f3n de la pena. En este contexto, dicha valoraci\u00f3n se refiere \u201ca aspectos psicol\u00f3gicos, sociales y de entorno que permiten adoptar sanciones proporcionales, restaurativas y diferenciales en el marco de la justicia transicional\u201d<\/a>[23].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                 <\/p>\n

                                                                  \n
                                                                1. Desde esta perspectiva, el t\u00e9rmino \u201cpersonalidad del agente\u201d no es un concepto jur\u00eddico indeterminado. La doctrina y la jurisprudencia lo han definido \u201ccomo el conjunto de rasgos ps\u00edquicos y sociales del sujeto que influyen en su conducta y permiten valorar su grado de peligrosidad, intencionalidad, reincidencia, posibilidades de resocializaci\u00f3n, entre otros factores\u201d<\/a>[24]. En particular, \u201c[l]a Corte Constitucional ha reconocido que los conceptos abiertos son admisibles en normas de individualizaci\u00f3n, siempre que se interpreten de forma restrictiva y racional\u201d<\/a>[25].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                   <\/p>\n

                                                                    \n
                                                                  1. Por \u00faltimo, es preciso tener en cuenta los siguientes elementos: (i) \u201cel procedimiento ante la JEP garantiza el contradictorio, la motivaci\u00f3n del fallo y el debido proceso\u201d<\/a>[26]; (ii) la locuci\u00f3n acusada desarrolla el numeral 60 del Punto 5.1.2 del AFP, el cual indica que \u201clas sanciones deben tener en cuenta criterios de proporcionalidad, gravedad del hecho, responsabilidad del compareciente y su participaci\u00f3n en el esclarecimiento de la verdad\u201d<\/a>[27]; y (iii) la expresi\u00f3n \u201cla personalidad del agente\u201d se ajusta a los est\u00e1ndares internacionales de la justicia transicional, en concreto, a los Principios Joinet\/Orentlicher y al Estatuto de Roma.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                     <\/p>\n

                                                                    <\/a>2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Solicitud de exequibilidad y, en subsidio, exequibilidad condicionada<\/h2>\n

                                                                     <\/p>\n

                                                                      \n
                                                                    1. La JEP solicit\u00f3 a la Corte declarar la exequibilidad de la expresi\u00f3n \u201cla personalidad del agente\u201d y, en subsidio, su exequibilidad condicionada, \u201cbajo el entendido de que al referirse a la personalidad del agente se est\u00e1 haciendo referencia a la valoraci\u00f3n del comportamiento de este respecto a la centralidad de las v\u00edctimas, a las acciones restaurativas que adelanten los comparecientes y en general al cumplimiento de los compromisos inherentes al SIVJRNR\u201d<\/a>[28].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                       <\/p>\n

                                                                        \n
                                                                      1. Con el prop\u00f3sito de defender su solicitud, la JEP expuso los siguientes argumentos. En primer lugar, se\u00f1al\u00f3 que el criterio para la individualizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n denominado \u201cla personalidad del agente\u201d debe entenderse en consonancia con el car\u00e1cter restaurativo de la sanci\u00f3n y la centralidad de las v\u00edctimas. Estos principios son fundamentales en el SIVJRNR, de conformidad con lo dispuesto en el par\u00e1grafo del art\u00edculo transitorio 12 del art\u00edculo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017 y el art\u00edculo 13 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                         <\/p>\n

                                                                          \n
                                                                        1. En segundo lugar, aunque la voz demandada constituye un concepto jur\u00eddico indeterminado, no supone, per se,<\/em> que su valoraci\u00f3n quede librada al criterio subjetivo de los magistrados y se enfoque en rasgos particulares y abstractos de la personalidad del compareciente. El Acto Legislativo 01 de 2017 y la Ley Estatutaria 1957 de 2019 contienen par\u00e1metros objetivos que permiten que la personalidad del agente se analice en funci\u00f3n de los comportamientos y las conductas que afecten los derechos de las v\u00edctimas y el car\u00e1cter restaurativo inherente a las sanciones que debe imponer la JEP.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                           <\/p>\n

                                                                            \n
                                                                          1. Dichos par\u00e1metros objetivos son los siguientes: (i) la justicia restaurativa reconoce que las v\u00edctimas y los ofensores tienen derechos, necesidades, preocupaciones y roles que deben ser considerados; (ii) en concordancia con el r\u00e9gimen de condicionalidad previsto en el art\u00edculo 20 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019, todos los comparecientes ante la JEP deben contribuir a la satisfacci\u00f3n de los derechos de las v\u00edctimas a la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n como condici\u00f3n de permanencia, para efectos de obtener una resoluci\u00f3n definitiva de su situaci\u00f3n jur\u00eddica; y (iii) las sanciones propias que puede imponer la JEP deben ser restaurativas, es decir, deben promover la reconciliaci\u00f3n y abordar los da\u00f1os o afectaciones causados por los hechos asociados al conflicto armado.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                             <\/p>\n

                                                                              \n
                                                                            1. En tercer lugar, frente al \u00faltimo par\u00e1metro se\u00f1alado, la finalidad restaurativa de las sanciones propias se caracteriza por incluir la participaci\u00f3n<\/em> de v\u00edctimas, comparecientes y comunidades; buscar la correspondencia con el da\u00f1o o afectaciones causadas, <\/em>de manera que los comparecientes reconozcan su responsabilidad, hagan aportes ciertos y significativos a la verdad y a la dignificaci\u00f3n de las v\u00edctimas, y contribuyan a la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado; tener vocaci\u00f3n prospectiva y contribuci\u00f3n a la no repetici\u00f3n, <\/em>en el sentido de que las iniciativas restaurativas para el cumplimiento de la sanci\u00f3n propia no deben limitarse a reparar los da\u00f1os cometidos en el pasado, sino proyectarse hacia el futuro; y tener un impacto potencial<\/em>, pues los proyectos restaurativos que operan en el marco de la sanci\u00f3n propia deben tener la capacidad de generar cambios significativos y positivos en la sociedad, particularmente en relaci\u00f3n con la recomposici\u00f3n del tejido social.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                               <\/p>\n

                                                                                \n
                                                                              1. En cuarto lugar, con fundamento en lo expuesto, \u201cla sanci\u00f3n propia, junto con los elementos que la integran, tiene unas caracter\u00edsticas e implicaciones que hacen necesario que para su imposici\u00f3n se deba considerar la personalidad del agente\u201d<\/a>[29]. Dos son los elementos normativos que permiten establecer el sentido y el alcance de este concepto indeterminado para analizar \u00fanicamente los aspectos que tengan incidencia directa en la centralidad de las v\u00edctimas y en el cumplimiento de los fines de las sanciones que debe imponer la JEP:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                 <\/p>\n

                                                                                  \n
                                                                                1. Los art\u00edculos transitorios 1 y 13 del Acto Legislativo 01 de 2017<\/em><\/a>[30]<\/strong><\/b><\/em>. Estas disposiciones \u201cestablecen, entre otros aspectos, como objetivos de las sanciones de competencia de la JEP su \u00e9nfasis restaurador y reparador, el reconocimiento de los derechos de las v\u00edctimas, el aporte de verdad plena y el reconocimiento de responsabilidad por parte de quienes participaron en el conflicto\u201d<\/a>[31]. En este orden, \u201cla valoraci\u00f3n de la personalidad del agente deb[e] enfocarse en aquellas facetas que pued[e]n tener una incidencia clara y directa en los fines de las sanciones\u201d<\/a>[32].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                   <\/p>\n

                                                                                    \n
                                                                                  1. El art\u00edculo 134 de la Ley Estatutaria<\/em> 1957 de 2019<\/em>. <\/em>Esta norma dispone que, en la dosificaci\u00f3n de las sanciones, la JEP deber\u00e1 tener en cuenta los siguientes criterios: \u201c1. El grado de verdad otorgado por la persona, y la prontitud con la que se haya hecho. || 2. La gravedad de la conducta sancionada. || 3. El nivel de participaci\u00f3n y responsabilidad, las circunstancias de mayor y menor punibilidad, y || 4. Los compromisos en materia de reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas y garant\u00edas de no repetici\u00f3n\u201d. A la luz de estos criterios, se observa que \u201cel grado de verdad aportado por la persona y los compromisos con las v\u00edctimas en materia de reparaci\u00f3n y no repetici\u00f3n constituyen los elementos fundamentales a partir de los cuales debe analizarse la personalidad del agente para individualizar la sanci\u00f3n a imponer\u201d<\/a>[33].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                     <\/p>\n

                                                                                      \n
                                                                                    1. En quinto lugar, el t\u00e9rmino acusado se concreta en los comportamientos o actuaciones del compareciente que tengan repercusiones en cuanto a las finalidades de las sanciones contempladas en el marco del SIVJRNR. Para esto, la JEP \u201cno pretende invadir el \u00e1mbito personal\u00edsimo del compareciente\u201d<\/a>[34]. Por el contrario, debe \u201cestudia[r] facetas objetivas que tengan alguna repercusi\u00f3n en la \u00f3rbita de los derechos de las v\u00edctimas y en el car\u00e1cter restaurativo propio de las sanciones que le corresponde imponer a esta Jurisdicci\u00f3n\u201d<\/a>[35].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                      \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                        \n
                                                                                      1. Y, en sexto lugar, la interpretaci\u00f3n propuesta \u201casegura el efecto \u00fatil de la norma y responde al principio de conservaci\u00f3n del derecho\u201d<\/a>[36]. Adem\u00e1s, resulta \u201crazonable desde el punto de vista constitucional\u201d<\/a>[37].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                         <\/p>\n

                                                                                        <\/a>3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Solicitudes de inexequibilidad<\/h2>\n

                                                                                         <\/p>\n

                                                                                          \n
                                                                                        1. El Ministerio de Justicia y del Derecho<\/a>[38], el Observatorio de Intervenci\u00f3n Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre<\/a>[39], el Semillero en Derecho Penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana<\/a>[40] y la Fundaci\u00f3n Proyecto Inocencia<\/a>[41], de manera separada, solicitaron a la Corte declarar inexequible la expresi\u00f3n \u201cla personalidad del agente\u201d, contenida en el art\u00edculo 64 de la Ley 1922 de 2018.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                           <\/p>\n

                                                                                            \n
                                                                                          1. Argumentos comunes.<\/em> Las cuatro intervenciones coinciden en se\u00f1alar que el criterio \u201cpersonalidad del agente\u201d vulnera el principio de culpabilidad, el principio de legalidad en sentido estricto y el deber de implementar de buena fe el AFP. Desde distintas aproximaciones, argumentan que dicho criterio introduce un elemento subjetivo, impreciso y carente de par\u00e1metros normativos claros, lo que habilita valoraciones discrecionales por parte de la JEP, contrarias al modelo de derecho penal de acto y al debido proceso.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                             <\/p>\n

                                                                                              \n
                                                                                            1. Sostienen que el art\u00edculo 64 de la Ley 1922 de 2018 ya contempla un conjunto suficiente de criterios objetivos y subjetivos para la individualizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, tales como la gravedad y modalidades de la conducta, las circunstancias de mayor o menor punibilidad concurrentes, la magnitud del da\u00f1o causado \u2014en particular a las v\u00edctimas y familiares\u2014, el grado de participaci\u00f3n y de intencionalidad, la especial vulnerabilidad de las v\u00edctimas, el grado de instrucci\u00f3n y condici\u00f3n social del compareciente, el momento y caracter\u00edsticas del aporte de verdad, las manifestaciones de reparaci\u00f3n y las garant\u00edas de no repetici\u00f3n. En consecuencia, consideran que la eliminaci\u00f3n del criterio \u201cpersonalidad del agente\u201d no afecta la funcionalidad del sistema sancionatorio de la JEP, sino que lo fortalece al excluir un elemento que genera inseguridad jur\u00eddica y contradice los principios fundacionales del modelo transicional, pues se trata de \u201cun criterio no pactado, indeterminado y potencialmente discriminatorio\u201d<\/a>[42].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                \n
                                                                                              1. Desde el punto de vista normativo, las intervenciones destacan que la Ley Estatutaria 1957 de 2019, que tiene jerarqu\u00eda superior y fue objeto de control previo de constitucionalidad mediante la Sentencia C-080 de 2018, no incluye la personalidad del agente como criterio de individualizaci\u00f3n o dosificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n. Esta omisi\u00f3n, seg\u00fan las intervenciones, exige concluir que su inclusi\u00f3n en la Ley 1922 de 2018 constituye una extralimitaci\u00f3n legislativa que desconoce el principio de coherencia normativa y el deber de implementaci\u00f3n de buena fe del AFP, el cual tampoco prev\u00e9 dicho criterio.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                  \n
                                                                                                1. Asimismo, las intervenciones se refieren a las sentencias C-069 de 2023, que establece los par\u00e1metros para evaluar la constitucionalidad de conceptos jur\u00eddicos indeterminados; y la C-630 de 2017, que reconoce el AFP como par\u00e1metro de control normativo del SIVJRNR y no contempla la personalidad del agente como fundamento sancionatorio.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                    \n
                                                                                                  1. En consecuencia, las intervenciones concluyen que la expresi\u00f3n \u201cla personalidad del agente\u201d debe ser declarada inexequible, por cuanto vulnera el principio de culpabilidad al permitir valoraciones ajenas a la conducta punible, desconoce el principio de legalidad al carecer de determinaci\u00f3n normativa, y contradice el AFP al introducir un criterio no pactado, que puede derivar en decisiones arbitrarias o discriminatorias. Esta exclusi\u00f3n, seg\u00fan los intervinientes, es necesaria para preservar la coherencia constitucional del SIVJRNR y garantizar los derechos fundamentales de los comparecientes ante la JEP.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                      \n
                                                                                                    1. Argumentos particulares<\/em>. El Ministerio de Justicia y del Derecho sostiene que, aunque el ordenamiento jur\u00eddico proscribe el uso de conceptos jur\u00eddicos indeterminados en materia penal, la constitucionalidad de su uso depender\u00e1 del grado de determinaci\u00f3n del concepto mediante herramientas hermen\u00e9uticas. El art\u00edculo 64 de la Ley 1922 del 2018 establece dos tipos de par\u00e1metros que debe considerar la JEP al momento de individualizar la sanci\u00f3n: objetivos y subjetivos. La expresi\u00f3n acusada, adem\u00e1s de ser un concepto jur\u00eddico indeterminado, es un par\u00e1metro subjetivo.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                        \n
                                                                                                      1. En este orden, para interpretar el alcance de esta expresi\u00f3n, el Ministerio destaca lo siguiente: (i) si bien la versi\u00f3n original del proyecto de ley que culmin\u00f3 con la sanci\u00f3n de la Ley 1922 de 2018 conten\u00eda la voz impugnada, su exposici\u00f3n de motivos guard\u00f3 silencio sobre su alcance o sentido; (ii) en concordancia con lo estatuido en los art\u00edculos 125 y 134 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019 y el Punto cinco del AFP, el factor subjetivo predominante para la graduaci\u00f3n de la sanci\u00f3n en el SIVJRNR debe ser el aporte a la verdad realizado por el compareciente, as\u00ed como el reconocimiento de responsabilidad; y (iii) tanto el aporte a la verdad como el reconocimiento de responsabilidad son par\u00e1metros aut\u00f3nomos que ya est\u00e1n incluidos en el 64 de la Ley 1922 del 2018 para la individualizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                          \n
                                                                                                        1. De acuerdo con lo anterior, no es posible determinar el alcance de la expresi\u00f3n demandada mediante herramientas hermen\u00e9uticas. En consecuencia, su uso en sede transicional vulnera el principio de legalidad, al no permitir a los comparecientes prever razonablemente los aspectos de su personalidad que ser\u00e1n valorados para graduar la sanci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                            \n
                                                                                                          1. El Observatorio de Intervenci\u00f3n Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre afirma que la personalidad del agente no puede operar como criterio de individualizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n en la jurisdicci\u00f3n penal ordinaria ni en la JEP, pues ello habilita juicios de valor sobre aspectos internos del individuo, como el temperamento o el car\u00e1cter, ajenos a la conducta punible. Esta valoraci\u00f3n subjetiva, seg\u00fan el Observatorio, es m\u00e1s problem\u00e1tica en la JEP porque desnaturaliza su enfoque restaurativo, genera inseguridad jur\u00eddica y desconfianza en el SIVJRNR y afecta la voluntad de cooperaci\u00f3n de los comparecientes, al percibir el proceso como un escenario de estigmatizaci\u00f3n personal. De esta manera, \u201cel respeto a las garant\u00edas m\u00ednimas del derecho sancionatorio dentro del modelo de justicia transicional no puede ser relativizado, ni siquiera con fines restaurativos\u201d<\/a>[43]. De ah\u00ed que el SIVJRNR tambi\u00e9n est\u00e9 sometido al principio de legalidad estricta o de taxatividad como garant\u00eda fundamental del debido proceso en la individualizaci\u00f3n de sanciones.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                             <\/p>\n

                                                                                                              \n
                                                                                                            1. Por su parte, el Semillero en Derecho Penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana desarrolla un an\u00e1lisis interdisciplinario que articula elementos de psicolog\u00eda, criminolog\u00eda y derecho penal. Se\u00f1ala que la personalidad es un concepto complejo, abordado desde m\u00faltiples teor\u00edas cient\u00edficas<\/a>[44], cuya evaluaci\u00f3n requiere conocimientos especializados. En ese sentido, advierte que su inclusi\u00f3n como criterio sancionatorio desborda las competencias del juez transicional y puede derivar en valoraciones peligrosistas, propias del derecho penal de autor, incompatibles con el principio de culpabilidad consagrado en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                \n
                                                                                                              1. Al respecto, el Semillero explica que, en la justicia penal ordinaria, en aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 59 y 61 del CP, las penas se dosifican de acuerdo con el sistema de cuartos, que implica determinar los m\u00ednimos y m\u00e1ximos punitivos con base en los par\u00e1metros del art\u00edculo 60 ejusdem<\/em>. En contraste, los art\u00edculos 64 de la Ley 1922 de 2018 y 134 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019, que regulan la misma materia, pero en el contexto del SIVJRNR, otorgan un margen de discrecionalidad m\u00e1s amplio a los magistrados de la JEP para la individualizaci\u00f3n de las sanciones. Si bien esto no es problem\u00e1tico en s\u00ed mismo, lo cierto es que el criterio acusado no encuadra en ninguno de los par\u00e1metros previstos en el art\u00edculo 134 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019, que se ocupa del contenido y la dosificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                  \n
                                                                                                                1. En la misma l\u00ednea, la Fundaci\u00f3n Jur\u00eddica Proyecto Inocencia afirma que la expresi\u00f3n acusada trae de vuelta un concepto en desuso en el derecho penal: la peligrosidad. En concordancia con la Sentencia C-567 de 2019, este concepto desconoce el modelo del derecho penal de acto estatuido en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n. En virtud de esta norma superior, ese modelo \u201ces un eje axial de la actividad que despliega el Estado para castigar al infractor penal\u201d<\/a>[45].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                  <\/a>VI.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACI\u00d3N<\/h1>\n

                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                    \n
                                                                                                                  1. El procurador general de la naci\u00f3n, Gregorio Eljach Pacheco, solicit\u00f3 a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad condicionada de la expresi\u00f3n acusada, bajo el entendido de que dicha expresi\u00f3n, \u201ccomo fundamento para la individualizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n que imponga la JEP, implica ponderar los elementos objetivos sobre la trayectoria vital del compareciente, sus motivaciones para incurrir en la conducta y conducta posterior al hecho, que resultan relevantes para graduar la sanci\u00f3n, en aras de cumplir los fines de la justicia transicional\u201d<\/a>[46]. Para sustentar su petici\u00f3n, el procurador expuso los siguientes argumentos.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                      \n
                                                                                                                    1. El debido proceso proscribe la persecuci\u00f3n penal por las calidades y caracter\u00edsticas personales de los individuos y restringe la provocaci\u00f3n o inducci\u00f3n al delito a partir de su presunta peligrosidad. En otras palabras, en Colombia est\u00e1 proscrito el derecho penal de autor y, por disposici\u00f3n constitucional expresa (art\u00edculo 29), solo se permite el derecho penal de acto<\/a>[47]. En este sentido, el debido proceso tambi\u00e9n comprende el principio de legalidad estricta en materia penal. En virtud de este, nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. Tal principio comprende, a su vez, los elementos de tipicidad y reserva de ley. Es decir, la Constituci\u00f3n no solo exige que las conductas est\u00e9n descritas en una norma previa, sino que adem\u00e1s tengan fundamento legal<\/a>[48]. El principio de legalidad en materia penal tambi\u00e9n est\u00e1 previsto en los art\u00edculos 9 de la CADH, 11.2 de la DUDH y 15 del PIDCP.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                        \n
                                                                                                                      1. De otro lado, el art\u00edculo 1 del Acto Legislativo 02 de 2017 dispone que las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligaci\u00f3n de cumplir de buena fe con lo establecido en el AFP y que \u201clas actuaciones de todos los \u00f3rganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n deber\u00e1n guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el esp\u00edritu y los principios del Acuerdo Final\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                          \n
                                                                                                                        1. Ahora bien, es cierto que la expresi\u00f3n \u201cla personalidad del agente\u201d es un concepto jur\u00eddico indeterminado. Sin embargo, en el ordenamiento jur\u00eddico existen dos elementos que permiten identificar y precisar su contenido: primero, los art\u00edculos 13 transitorio del art\u00edculo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017, 141 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019 y el Punto 5.1.2 del AFP, a cuyo tenor la finalidad de las sanciones que imponga la JEP es satisfacer los derechos de las v\u00edctimas y consolidar la paz. La funci\u00f3n de esas sanciones es restaurativa y reparadora del da\u00f1o causado, por lo que siempre deben tener relaci\u00f3n con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                            \n
                                                                                                                          1. Y, segundo, los art\u00edculos 126, 129, 130 y 141 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019 determinan que las sanciones propias de la JEP, las cuales se cumplen en proyectos, trabajos u obras con contenido reparador y restaurador, implican definir actividades concretas, lugares, tiempos, compromisos y mecanismos de cumplimiento. En consecuencia, las sanciones propias \u201cdeben guardar coherencia con la capacidad real del compareciente para contribuir a la verdad y la reparaci\u00f3n y sus consecuencias, trayectoria y nivel de compromiso social\u201d<\/a>[49].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                             <\/p>\n

                                                                                                                              \n
                                                                                                                            1. De este modo, \u201c[e]s frente a estos aspectos que la determinaci\u00f3n de la personalidad del agente es fundamental para imponer la sanci\u00f3n propia, y torna exequible su contenido, pues le corresponde a la magistratura asignar actividades y medidas que el compareciente est\u00e9 en capacidad de ejecutar, maximizar el impacto restaurativo y reparador de la sanci\u00f3n para las v\u00edctimas y comunidades, y asegurar que la sanci\u00f3n cumpla con los fines constitucionales y transicionales establecidos en la ley\u201d<\/a>[50]. M\u00e1s a\u00fan, la expresi\u00f3n acusada permite determinar si el compareciente est\u00e1 en condiciones de estar en contacto con las v\u00edctimas, la comunidad y el territorio.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                \n
                                                                                                                              1. De acuerdo con esta perspectiva, la expresi\u00f3n demandada no implica sancionar a la persona por ser quien es, sino ponderar elementos objetivos sobre su trayectoria vital y que inciden, por ejemplo, en la manera en que se cumplir\u00e1n las acciones concretas de contribuci\u00f3n a la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas. Tales elementos objetivos son, entre otros, las condiciones de salud del agente o sus capacidades, habilidades y conocimiento para potenciar proyectos de sanci\u00f3n, y las motivaciones para incurrir en la conducta y el comportamiento posterior al hecho.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                1. En este punto, es importante diferenciar dos momentos procesales: la imposici\u00f3n o determinaci\u00f3n del tipo de sanci\u00f3n y la individualizaci\u00f3n de las sanciones. Es en el segundo momento en que la expresi\u00f3n demandada tiene sentido porque en \u00e9l los magistrados eval\u00faan las acciones de los comparecientes, el nivel de participaci\u00f3n, el compromiso con la verdad y la reparaci\u00f3n, as\u00ed como sus caracter\u00edsticas contextuales o de identidad.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                    \n
                                                                                                                                  1. En todo caso, para terminar, el procurador general de la naci\u00f3n advirti\u00f3:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                    [L]a comprensi\u00f3n se\u00f1alada no es la \u00fanica admisible en el contexto de la norma, por cuanto su generalidad y la ausencia expl\u00edcita de criterios de aplicaci\u00f3n puede llevar a incluir en el factor de personalidad el an\u00e1lisis de las condiciones y rasgos sicof\u00edsicos del agente y, por esta v\u00eda, hacerlo parte de los par\u00e1metros para la individualizaci\u00f3n de las sanciones impuestas por la JEP. Esto, espec\u00edficamente frente a las sanciones ordinarias, que cumplen las funciones previstas en las normas penales, y las alternativas, que tienen una funci\u00f3n esencialmente retributiva.<\/p>\n

                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                    Efectivamente, aunque, conforme a lo descrito, el sistema transicional se funda en la adopci\u00f3n de medidas restaurativas y reparadoras, enfocando su accionar en una justicia que atienda prioritariamente las necesidades y la dignidad de las v\u00edctimas y garantice la justicia, la verdad la no repetici\u00f3n de lo ocurrido, y que las sanciones que impone la JEP se centran en la satisfacci\u00f3n de los derechos de la v\u00edctimas y la consolidaci\u00f3n de la paz, en el anterior escenario no se excluyen de manera inequ\u00edvoca los aspectos de la personalidad que no repercuten directamente para la individualizaci\u00f3n de las sanciones y las restringen al comportamiento del agente.<\/p>\n

                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                    Dicha situaci\u00f3n puede llegar a contradecir el debido proceso, porque la descripci\u00f3n normativa permite dentro de sus interpretaciones que se asigne responsabilidad al compareciente considerando los rasgos propios de su personalidad, desde un contenido valorativo, lo que desconoce el derecho penal de acto, y en que no describe con claridad los elementos que se valoran para aplicar el par\u00e1metro de individualizaci\u00f3n, contrariando el principio de legalidad estricta. En esta medida, se incumplen las exigencias que deben cumplir las normas procesales adoptadas para regular el proceso ante la JEP.<\/p>\n

                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                    Con fundamento en lo expuesto, se observa que frente [a] las sanciones ordinarias y las alternativas, y en general, a las sanciones que se centran en objetivos distintos a la satisfacci\u00f3n del componente restaurativo y reparador, no se ofrecen los elementos necesarios para garantizar la aplicaci\u00f3n arm\u00f3nica con los principios constitucionales, lo que tampoco se logra al analizar el tr\u00e1mite legislativo que se llev\u00f3 a cabo para la expedici\u00f3n de la Ley 1922 de 2018<\/a>[51].<\/p>\n

                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                      \n
                                                                                                                                    1. El siguiente cuadro resume las intervenciones recibidas y el concepto del Ministerio P\u00fablico, de acuerdo con la solicitud formulada:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                                       <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
                                                                                                                                      Interviniente<\/strong><\/b><\/td>\nSolicitud<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                                                                                                                                      Ministerio de Defensa<\/td>\nExequibilidad<\/td>\n<\/tr>\n
                                                                                                                                      Presidencia de la JEP<\/td>\nExequibilidad y, en subsidio, exequibilidad condicionada, \u201cbajo el entendido de que al referirse a la personalidad del agente se est\u00e1 haciendo referencia a la valoraci\u00f3n del comportamiento de este respecto a la centralidad de las v\u00edctimas, a las acciones restaurativas que adelanten los comparecientes y en general al cumplimiento de los compromisos inherentes al SIVJRNR\u201d<\/a>[52].<\/td>\n<\/tr>\n
                                                                                                                                      Procurador general de la naci\u00f3n<\/td>\nExequibilidad condicionada, \u201cbajo el entendido de que la expresi\u00f3n \u2018la personalidad del agente\u2019, como fundamento para la individualizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n que imponga la JEP, implica ponderar los elementos objetivos sobre la trayectoria vital del compareciente, sus motivaciones para incurrir en la conducta y conducta posterior al hecho, que resultan relevantes para graduar la sanci\u00f3n, en aras de cumplir los fines de la justicia transicional\u201d<\/a>[53].<\/td>\n<\/tr>\n
                                                                                                                                      Ministerio de Justicia y del Derecho<\/td>\nInexequibilidad<\/td>\n<\/tr>\n
                                                                                                                                      Observatorio de Intervenci\u00f3n Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre<\/td>\n<\/tr>\n
                                                                                                                                      Semillero en Derecho Penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana<\/td>\n<\/tr>\n
                                                                                                                                      Fundaci\u00f3n Jur\u00eddica Proyecto Inocencia<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                                      <\/a>VII.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL<\/h1>\n

                                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                                      <\/a>1. Competencia<\/h2>\n

                                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                                        \n
                                                                                                                                      1. De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 241, numeral 4, de la Constituci\u00f3n, la Corte Constitucional es competente para decidir la demanda de la referencia porque se dirige contra una ley de la Rep\u00fablica.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                                        <\/a>2. Presentaci\u00f3n del caso, problemas jur\u00eddicos y esquema de soluci\u00f3n<\/h2>\n

                                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                                          \n
                                                                                                                                        1. La demanda se dirige contra la expresi\u00f3n \u201cla personalidad del agente\u201d, contenida en el art\u00edculo 64 de la Ley 1922 de 2018. Este art\u00edculo establece los criterios para la individualizaci\u00f3n de las sanciones propias, alternativas y ordinarias, en los procesos que adelanta la JEP. De acuerdo con dicho art\u00edculo, entre otros criterios, la JEP \u201cdeterminar\u00e1 la sanci\u00f3n seg\u00fan (\u2026) la personalidad del agente\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                                            \n
                                                                                                                                          1. Los accionantes aseguran que la expresi\u00f3n demandada desconoce los art\u00edculos 1 y 29 de la Constituci\u00f3n, 12 transitorio del art\u00edculo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017, 1 del Acto Legislativo 02 de 2017, 9 de la CADH y 9.1 del PIDCP. Con base en estos preceptos, formulan tres cargos de inconstitucionalidad. En primer lugar, afirman que la locuci\u00f3n acusada vulnera el principio de culpabilidad y el modelo de derecho penal de acto, porque permite que la JEP valore el temperamento, el car\u00e1cter y el modo de ser de los comparecientes, a pesar de que el objeto del derecho sancionatorio debe ser \u00fanicamente la conducta social de la persona y su comportamiento. En segundo lugar, sostienen que el t\u00e9rmino viola el principio de legalidad en sentido estricto o de taxatividad porque no es posible superar su ambig\u00fcedad e imprecisi\u00f3n a partir de los elementos que ofrece el ordenamiento jur\u00eddico. Y, en tercer lugar, advierten que la expresi\u00f3n en cuesti\u00f3n incumple el AFP porque es un par\u00e1metro que no fue pactado y que afecta el derecho fundamental al debido proceso de los comparecientes.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                             <\/p>\n

                                                                                                                                              \n
                                                                                                                                            1. El Ministerio de Defensa defiende la constitucionalidad simple de la norma acusada. En su criterio, el t\u00e9rmino \u201cpersonalidad del agente\u201d no es un concepto jur\u00eddico indeterminado. M\u00e1s a\u00fan, se trata de una voz que desarrolla el numeral 60 del Punto 5.1.2 del AFP y que se ajusta a los est\u00e1ndares internacionales de justicia transicional, en concreto, a los Principios Joinet\/Orentlicher y al Estatuto de Roma.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                                \n
                                                                                                                                              1. Por su parte, la JEP solicita a la Corte declarar la exequibilidad de la expresi\u00f3n \u201cla personalidad del agente\u201d y, en subsidio, su exequibilidad condicionada, en el sentido de que aquella se refiere a \u201cla valoraci\u00f3n del comportamiento (\u2026) respecto a la centralidad de las v\u00edctimas, a las acciones restaurativas que adelanten los comparecientes y en general al cumplimiento de los compromisos inherentes al SIVJRNR\u201d<\/a>[54]. A su juicio, aunque la personalidad del agente es un concepto jur\u00eddico indeterminado, su contenido puede ser delimitado de acuerdo con lo dispuesto en los art\u00edculos transitorios 1, 12 y 13 del Acto Legislativo 01 de 2017 y 13 y 134 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                                1. El procurador general de la naci\u00f3n tambi\u00e9n pide a la Corte que declare la exequibilidad condicionada del t\u00e9rmino, pero en otro sentido: dicha expresi\u00f3n \u201cimplica ponderar los elementos objetivos sobre la trayectoria vital del compareciente, sus motivaciones para incurrir en la conducta y conducta posterior al hecho, que resultan relevantes para graduar la sanci\u00f3n, en aras de cumplir los fines de la justicia transicional\u201d<\/a>[55]. El procurador coincide con los demandantes y con la JEP en que la expresi\u00f3n demandada es un concepto jur\u00eddico indeterminado. En la misma l\u00ednea argumentativa desarrollada por la JEP, el procurador desataca que su contenido puede ser delimitado a la luz de los art\u00edculos transitorio 13 del Acto Legislativo 01 de 2017 y 126, 129, 130 y 141 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019, as\u00ed como del Punto 5.1.2 del AFP.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                    \n
                                                                                                                                                  1. En todo caso, el procurador general advierte dos elementos: (i) la locuci\u00f3n impugnada resulta especialmente problem\u00e1tica respecto de las sanciones alternativas y ordinarias, pues, a diferencia de las sanciones propias, aquellas tienen una funci\u00f3n esencialmente retributiva; y (ii) a pesar de que el ordenamiento jur\u00eddico ofrece herramientas para circunscribir su alcance, tal locuci\u00f3n podr\u00eda permitir que la JEP valore el temperamento, el car\u00e1cter y el modo de ser de los comparecientes, para la individualizaci\u00f3n de las sanciones propias.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                      \n
                                                                                                                                                    1. El Ministerio de Justicia y del Derecho, el Observatorio de Intervenci\u00f3n Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, el Semillero en Derecho Penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana y la Fundaci\u00f3n Proyecto Inocencia solicitan a la Corte declarar inexequible la expresi\u00f3n acusada. En el mismo sentido que los demandantes, la JEP y el procurador general de la naci\u00f3n, consideran que se trata de un concepto jur\u00eddico indeterminado. No obstante, contrariamente a estos dos \u00faltimos, concluyen que no es posible concretar su alcance de acuerdo con las normas que regulan la justicia transicional en Colombia. Adem\u00e1s, resaltan que el art\u00edculo 64 de la Ley 1922 de 2018 ya contempla un conjunto suficiente de criterios objetivos y subjetivos para la individualizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, y que el t\u00e9rmino contradice el AFP porque no fue pactado como un criterio para la individualizaci\u00f3n de las sanciones que impone el SIVJRNR.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                                                        \n
                                                                                                                                                      1. En concordancia con lo anterior, aunque los tres cargos son diferenciables entre s\u00ed por estar sustentados en contenidos normativos diversos de la Constituci\u00f3n, la Corte considera que pueden sintetizarse en los siguientes dos problemas jur\u00eddicos:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                                                          \n
                                                                                                                                                        1. \u00bfLa expresi\u00f3n \u201cla personalidad del agente\u201d, contenida en el art\u00edculo 64 de la Ley 1922 de 2018 como criterio para individualizar las sanciones propias, alternativas y ordinarias que impone la JEP, desconoce los principios de legalidad y el modelo de derecho penal de acto?<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                                                            \n
                                                                                                                                                          1. \u00bfLa expresi\u00f3n \u201cla personalidad del agente\u201d, contenida en el art\u00edculo 64 de la Ley 1922 de 2018 como criterio para individualizar las sanciones propias, alternativas y ordinarias que impone la JEP, desconoce la obligaci\u00f3n de cumplir de buena fe con lo pactado en el AFP, como criterio obligatorio de interpretaci\u00f3n de las normas que lo desarrollan?<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                             <\/p>\n

                                                                                                                                                              \n
                                                                                                                                                            1. Sobre el planteamiento de los problemas jur\u00eddicos, la Sala estima pertinente aclarar tres aspectos: (i) el primer problema jur\u00eddico contiene los dos primeros cargos de la demanda porque, como se ver\u00e1 m\u00e1s adelante, el principio de legalidad en materia penal supone la proscripci\u00f3n del derecho penal de autor y la adopci\u00f3n del principio de culpabilidad; (ii) en los t\u00e9rminos de las intervenciones recibidas y el concepto del procurador general de la naci\u00f3n, para resolver este problema jur\u00eddico, la Sala interpreta que debe dilucidar si la expresi\u00f3n acusada es un concepto jur\u00eddico indeterminado y, de ser as\u00ed, si su alcance y contenido pueden ser identificados con base en las normas constitucionales, estatutarias y legales que regulan la JEP; y (iii) en caso de que, al resolver el primer problema jur\u00eddico, la corporaci\u00f3n constate que la expresi\u00f3n acusada desconoce el principio de legalidad y, por tanto, debe ser eliminada del ordenamiento jur\u00eddico, por substracci\u00f3n de materia, se abstendr\u00e1 de resolver el segundo problema jur\u00eddico, siguiendo el precedente metodol\u00f3gico establecido en otras oportunidades por esta corporaci\u00f3n<\/a>[56].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                                                \n
                                                                                                                                                              1. Con la finalidad de dar respuesta al primer interrogante planteado, esta corporaci\u00f3n reiterar\u00e1 la jurisprudencia constitucional sobre tres temas: (i) el derecho penal de acto como expresi\u00f3n del principio de culpabilidad y sus alcances frente al examen de la personalidad del agente, (ii) la personalidad del agente como criterio para la individualizaci\u00f3n de la pena en el ordenamiento penal ordinario y (iii) la noci\u00f3n de concepto jur\u00eddico indeterminado y sus l\u00edmites constitucionales. Del mismo modo, la Sala presentar\u00e1 las caracter\u00edsticas del SIVJRNR, para lo cual har\u00e1 \u00e9nfasis en las sanciones, sus finalidades y el procedimiento que debe seguir la JEP para su imposici\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                                                                <\/a>3. El derecho penal de acto como expresi\u00f3n del principio de culpabilidad y sus alcances frente al examen de la personalidad del agente<\/h2>\n

                                                                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                                                1. Con fundamento en el reconocimiento de Colombia como un Estado social de derecho y en el principio de dignidad humana<\/a>[57], el inciso segundo del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n dispone que \u201cnadie podr\u00e1 ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto<\/strong><\/b> que se le imputa\u201d [negrilla fuera del texto original]. Este postulado contiene dos principios rectores del derecho penal: el principio de legalidad y el principio del acto.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                                    \n
                                                                                                                                                                  1. El principio de legalidad<\/strong><\/b> (nullum crime, nulla poena sine lege<\/em>) establece que la ley es la \u00fanica fuente de creaci\u00f3n normativa de los delitos y de determinaci\u00f3n de las sanciones penales. Por tanto, para castigar una acci\u00f3n delictiva, esta debe estar as\u00ed definida por la ley de manera clara, expresa e inequ\u00edvoca al momento de su realizaci\u00f3n<\/a>[58]. Por esta raz\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha destacado que dicho principio adquiere especial relevancia en el \u00e1mbito penal, en tanto constituye, junto con las garant\u00edas procesales, una de las principales barreras frente a la arbitrariedad y una salvaguarda de la libertad personal.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                      \n
                                                                                                                                                                    1. As\u00ed, corresponde al legislador la potestad exclusiva de definir los supuestos que pueden dar lugar a una sanci\u00f3n penal. Esto se conoce como reserva legal o reserva de ley, y supone, de manera general, que \u201clos aspectos principales, centrales y esenciales de la materia objeto de reserva est\u00e9n contenidos (regulados) en una norma de rango legal\u201d<\/a>[59]<\/sup>. De igual modo, con el fin de que los ciudadanos conozcan con certeza el \u00e1mbito de lo prohibido, el legislador debe describir las conductas punibles de manera clara, estricta y precisa, conforme a la exigencia de tipicidad o legalidad en sentido estricto, la cual proh\u00edbe la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica o extensiva de la ley penal en perjuicio del procesado<\/a>[60].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                                                                        \n
                                                                                                                                                                      1. De otra parte, este principio tambi\u00e9n se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad, entre ellos los art\u00edculos 15 del PIDCP<\/a>[61] y 9 de la CADH<\/a>[62]. Tal como lo han reiterado la Corte Constitucional y la jurisprudencia interamericana, \u201cel principio de legalidad en materia penal es un elemento definitorio del Estado de Derecho, una las principales conquistas del constitucionalismo democr\u00e1tico y un pilar del sistema de protecci\u00f3n de las libertades y derechos fundamentales de las personas frente al ejercicio del poder punitivo del Estado\u201d<\/a>[63]. En armon\u00eda con ello, \u201ccorresponde al juez, al momento de la aplicaci\u00f3n de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por esta y observar la mayor rigurosidad en la adecuaci\u00f3n de la conducta de la persona incriminada al tipo penal, de forma tal que no incurra en la penalizaci\u00f3n de actos no punibles en el ordenamiento jur\u00eddico, o sea, que no proceda a una integraci\u00f3n anal\u00f3gica\u201d<\/a>[64].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                                                                          \n
                                                                                                                                                                        1. Por su parte, el principio del acto<\/strong><\/b> (nullum crime sine actione<\/em>) \u201cexige la exteriorizaci\u00f3n de la voluntad criminal en una conducta humana como presupuesto fundamental de la reacci\u00f3n punitiva (sin acci\u00f3n t\u00edpica y antijur\u00eddica no hay delito, y sin delito no se fundamenta una pena)\u201d<\/a>[65]. De este modo, \u201cno se puede ser penalmente responsable por las ideas o meras resoluciones voluntarias de las conductas, ni tampoco por la ideolog\u00eda o personalidad del sujeto\u201d<\/a>[66].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                                                                            \n
                                                                                                                                                                          1. La Corte Constitucional ha advertido, desde sus primeros pronunciamientos, que \u201cla Constituci\u00f3n colombiana consagra un derecho penal de acto<\/strong><\/b>\u201d<\/a>[67] [negrilla fuera del texto original]. Esto significa que el sistema punitivo se funda en la valoraci\u00f3n de un comportamiento voluntario y socialmente relevante, y no en las condiciones personales del individuo. En palabras de la Corte, \u201cel acontecimiento objeto de punici\u00f3n no puede estar constituido ni por un hecho interno de la persona, ni por su car\u00e1cter, sino por una exterioridad y, por ende, el derecho represivo solo puede castigar a los hombres por lo efectivamente realizado y no por lo pensado, propuesto o deseado\u201d<\/a>[68]. Desde esta concepci\u00f3n, \u201csolo se permite castigar al hombre por lo que hace, por su conducta social, y no por lo que es, ni por lo que desea, piensa o siente\u201d<\/a>[69].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                             <\/p>\n

                                                                                                                                                                              \n
                                                                                                                                                                            1. Este entendimiento de la responsabilidad penal se apoya en el principio de culpabilidad<\/strong><\/b>, que exige la existencia de un acto voluntario y consciente. Tal como lo ha se\u00f1alado la Corte, el derecho penal de acto \u201cse fundamenta en la voluntad del individuo que controla y domina el comportamiento externo que se le imputa, en virtud de lo cual solo puede llamarse acto al hecho voluntario\u201d<\/a>[70]. En ese sentido, la reprobaci\u00f3n penal no se dirige a la simple materialidad del resultado, sino \u201cal sentido subjetivo que el autor confiere a su comportamiento social, en tanto sujeto libre\u201d<\/a>[71]. Por ello, \u201csolo puede ser considerado como autor de un hecho, aquel a quien pueda imput\u00e1rsele una relaci\u00f3n causal entre su decisi\u00f3n, la acci\u00f3n y el resultado, teniendo en cuenta su capacidad sicof\u00edsica para entender y querer el hecho, considerada en abstracto, y la intenci\u00f3n, en concreto, de realizar el comportamiento que la norma penal describe\u201d<\/a>[72].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                                                                \n
                                                                                                                                                                              1. Con fundamento en lo anterior, la jurisprudencia ha concluido que el principio seg\u00fan el cual no hay pena sin culpabilidad<\/em> constituye una garant\u00eda fundamental. Desde esta perspectiva, \u201cning\u00fan hecho o comportamiento humano es valorado como acci\u00f3n<\/em> si no es el fruto de una decisi\u00f3n; por tanto, no puede ser castigado si no es intencional, esto es, realizado con conciencia y voluntad por una persona capaz de comprender y de querer. De ah\u00ed que solo pueda imponerse pena a quien ha realizado culpablemente un injusto\u201d<\/a>[73].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                                                                1. El principio de culpabilidad est\u00e1 compuesto, a su vez, por los principios de responsabilidad subjetiva y de responsabilidad personal. En relaci\u00f3n con el principio de responsabilidad subjetiva, el art\u00edculo 12 de la Ley 599 de 2000 establece que \u201c[s]\u00f3lo se podr\u00e1 imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad\u201d y, en consecuencia, la misma norma proscribe \u201ctoda forma de responsabilidad objetiva\u201d o de simple resultado<\/a>[74]. La Corte ha dicho que la responsabilidad objetiva es incompatible con el principio de la dignidad humana<\/a>[75]. Lo anterior significa que solo podr\u00e1 castigarse la conducta que, al tenor del art\u00edculo 21 ejusdem<\/em>, pueda calificarse como dolosa, culposa o preterintencional<\/a>[76].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                                                    \n
                                                                                                                                                                                  1. Por su parte, el principio de responsabilidad personal \u201cconsiste en que un sujeto \u00fanicamente puede ser sancionado por actos u omisiones propias. Por lo tanto, la responsabilidad es personal e intransferible y, en virtud de su aplicaci\u00f3n, no es posible separar la autor\u00eda de la responsabilidad\u201d<\/a>[77]. Este principio tiene fundamento en los art\u00edculos 6 y 29 de la Constituci\u00f3n y en el principio constitucional de necesidad de las sanciones. El art\u00edculo 6 superior prev\u00e9 que \u201c[l]os particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constituci\u00f3n y las leyes\u201d; y el art\u00edculo 29 ibidem<\/em> contiene el derecho penal de acto. Finalmente, el principio de necesidad de las sanciones determina que \u201cla facultad sancionadora del Estado solo es leg\u00edtima frente a sujetos que merecen un juicio de reproche por sus actos u omisiones\u201d<\/a>[78].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                      \n
                                                                                                                                                                                    1. Ahora bien, en raz\u00f3n del alcance del modelo del derecho penal de acto y el principio de culpabilidad, la Corte ha sido clara en se\u00f1alar que, en el ordenamiento constitucional, est\u00e1 proscrito invocar la \u201cpersonalidad\u201d como criterio aut\u00f3nomo para la determinaci\u00f3n de la pena:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                                                                                      La culpabilidad es aquel juicio de reproche sobre la conducta del actor que permite imponer una sanci\u00f3n penal a su acci\u00f3n t\u00edpica y antijur\u00eddica. Tiene como fundamento constitucional la consagraci\u00f3n del principio de presunci\u00f3n de inocencia y el avance hacia un derecho penal del acto, conforme al art\u00edculo 29 superior. En ese sentido, el desvalor se realiza sobre la conducta del actor en relaci\u00f3n con el resultado reprochable, m\u00e1s no sobre aspectos internos como su personalidad, pensamiento, sentimientos, temperamento entre otros<\/strong><\/b>. Conforme a lo anterior, est\u00e1 proscrita cualquier forma de responsabilidad objetiva, pues la base de la imputaci\u00f3n es el juicio de reproche de la conducta del sujeto activo al momento de cometer el acto. Por \u00faltimo, la culpabilidad permite graduar la imposici\u00f3n de la pena de manera proporcional, puesto que el an\u00e1lisis no se agota en la verificaci\u00f3n del dolo, la culpa o la preterintenci\u00f3n, sino que, adem\u00e1s, debe tenerse en cuenta el sentido espec\u00edfico que a la acci\u00f3n u omisi\u00f3n le imprime el fin perseguido por el sujeto<\/a>[79] [negrilla fuera del texto original].<\/p>\n

                                                                                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                                                                                        \n
                                                                                                                                                                                      1. En otras palabras, \u201cel Derecho penal de acto es, a la vez, un derecho penal de culpabilidad por el acto y no un Derecho penal de responsabilidad objetiva por el resultado\u201d<\/a>[80]. Esto significa que el derecho penal ha de limitarse a sancionar las conductas que desconozcan la norma penal y atenten contra un bien jur\u00eddico protegido.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                                                                                          \n
                                                                                                                                                                                        1. Ahora bien, en contraste, el derecho penal de autor<\/strong><\/b> parte de un enfoque determinista, seg\u00fan el cual el sujeto responde no por la acci\u00f3n que realiza, sino por su condici\u00f3n personal o su inclinaci\u00f3n natural al delito, es decir, \u201cpor determinadas cualidades subjetivas que le llevan a aparecer ante la sociedad como un sujeto especialmente peligroso\u201d<\/a>[81]. Esto, de acuerdo con ciertos rasgos personales o psicol\u00f3gicos, por ejemplo, una personalidad considerada violenta, antisocial o dominante. Este \u201cprimer paso en la subjetivizaci\u00f3n del sistema punitivo\u201d<\/a>[82] es incompatible con el derecho penal de acto y, por tanto, con el Estado social de derecho.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                                                                                            \n
                                                                                                                                                                                          1. En varias oportunidades, la Corte Constitucional ha distinguido entre las nociones de derecho penal de autor y derecho penal de acto. As\u00ed, en la Sentencia C-077 de 2006, reiterada en la Sentencia C-365 de 2012, explic\u00f3:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                             <\/p>\n

                                                                                                                                                                                              \n
                                                                                                                                                                                            1. i) En el primero, el sujeto responde por su ser, por sus condiciones sicof\u00edsicas o su personalidad, que se consideran peligrosos para la sociedad, por su supuesta inclinaci\u00f3n natural al delito, con un criterio determinista, de modo que el sujeto resulta condenado por la naturaleza a sufrir las condenas penales, por obra del destino y, por tanto, de modo fatal o inevitable. En este orden de ideas no es relevante que aquel cometa infracciones, sino que tenga la potencialidad de cometerlas.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                \n
                                                                                                                                                                                              1. ii) En el segundo, el sujeto responde por sus actos conscientes y libres, es decir por la comisi\u00f3n de conductas conocidas y queridas por \u00e9l mismo, previstas expresa y previamente en la ley como contrarias a bienes fundamentales de la sociedad y de sus miembros, y que hacen a aquel merecedor de una sanci\u00f3n<\/a>[83].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                                                                                1. La doctrina ha identificado una tensi\u00f3n entre el derecho penal de acto y la consideraci\u00f3n de factores subjetivos del autor, como su personalidad o peligrosidad, en la determinaci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal o en la imposici\u00f3n de medidas de aseguramiento. El debate se ha orientado a precisar si esta valoraci\u00f3n compromete el principio del acto o si, bajo ciertos l\u00edmites, los factores subjetivos del autor pueden admitirse dentro de un sistema penal fundado en la culpabilidad.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                    \n
                                                                                                                                                                                                  1. Algunos autores consideran que el derecho penal moderno puede admitir, bajo ciertas condiciones, la valoraci\u00f3n de aspectos personales del autor sin que ello implique abandonar el modelo de responsabilidad por el acto. Advierten que esto es posible siempre que tales factores se analicen en funci\u00f3n de los fines leg\u00edtimos del sistema penal, como la prevenci\u00f3n, la resocializaci\u00f3n o la protecci\u00f3n de la sociedad, y no como una forma de censura de la personalidad del individuo<\/a>[84].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                      \n
                                                                                                                                                                                                    1. En esa l\u00ednea, esta corporaci\u00f3n, en la Sentencia C-910 de 2012, declar\u00f3 exequible la expresi\u00f3n \u201cpersonalidad\u201d contenida en el numeral 2 del art\u00edculo 27 de la Ley 1142 de 2007<\/a>[85]. La Sala precis\u00f3 que su examen, en el contexto espec\u00edfico de la sustituci\u00f3n de la detenci\u00f3n preventiva en establecimiento carcelario por la detenci\u00f3n preventiva en el lugar de residencia, no vulnera el principio del acto cuando se enmarca en los criterios de necesidad y suficiencia orientados a los fines de las medidas de aseguramiento. En dicho contexto, el estudio de la personalidad no tiene como prop\u00f3sito sancionar los rasgos personales, el temperamento o el fuero interno del acusado, sino establecer si una medida menos restrictiva de la libertad \u2014como la detenci\u00f3n domiciliaria\u2014 resulta adecuada para cumplir los prop\u00f3sitos constitucionales que justifican su limitaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                        \n
                                                                                                                                                                                                      1. Seg\u00fan esta decisi\u00f3n, el an\u00e1lisis de la personalidad se justifica \u00fanicamente en cuanto tenga incidencia directa en los fines de la medida de sustituci\u00f3n de la detenci\u00f3n preventiva: evitar la obstrucci\u00f3n de la justicia, proteger a las v\u00edctimas o asegurar la comparecencia al proceso, y cumplir la eventual condena. Para la Corte, los rasgos personales son relevantes \u201c\u00fanicamente en cuanto repercutan directamente en los fines de las medidas de aseguramiento\u201d<\/a>[86], de modo que \u201cel criterio decisional no es la personalidad del imputado o acusado, sino tales finalidades\u201d<\/a>[87].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                          \n
                                                                                                                                                                                                        1. Bajo esa premisa, incluso cuando el operador judicial niega la detenci\u00f3n domiciliaria en atenci\u00f3n a las caracter\u00edsticas personales del procesado, no se est\u00e1 criminalizando su personalidad, sino aplicando un juicio de proporcionalidad y suficiencia ligado a la efectividad de la medida sustitutiva, de acuerdo con lo dispuesto en los art\u00edculos 308 a 313 de la Ley 906 de 2004. Por tanto, la Corte subray\u00f3 que el examen de la personalidad no avala valoraciones arbitrarias o morales, sino que debe circunscribirse a los aspectos que \u201crepercuten directa y concretamente en el cumplimiento de los fines de las medidas de aseguramiento\u201d<\/a>[88].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                            \n
                                                                                                                                                                                                          1. De esta forma, puede afirmarse que el derecho penal colombiano se erige sobre el principio de culpabilidad por el acto, y no sobre la peligrosidad del autor. No obstante, admite que, en ciertos supuestos \u2014como la sustituci\u00f3n de una medida de detenci\u00f3n intramural por la domiciliaria\u2014, la evaluaci\u00f3n de su suficiencia considere factores personales, siempre que estos guarden una relaci\u00f3n directa con los fines de las medidas de aseguramiento.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                             <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                              \n
                                                                                                                                                                                                            1. En conclusi\u00f3n, el modelo penal acogido por el Constituyente de 1991 se inscribe en la tradici\u00f3n del derecho penal de acto, sustentado en la culpabilidad y en el respeto por la dignidad humana, en contraposici\u00f3n al derecho penal de autor. La eventual valoraci\u00f3n de la personalidad del procesado no desvirt\u00faa este paradigma, siempre que responda a criterios objetivos y funcionales orientados a la consecuci\u00f3n de fines constitucionalmente leg\u00edtimos. En ese marco, el derecho penal de autor, entendido como aquel que sanciona al individuo no por lo que hace sino por lo que podr\u00eda llegar a hacer, esto es, por una supuesta predisposici\u00f3n al delito, no tiene cabida en el actual modelo de Estado social de Derecho.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                              <\/a>4. La personalidad del agente como criterio para la individualizaci\u00f3n de la pena en el ordenamiento penal ordinario. Contexto hist\u00f3rico<\/h2>\n

                                                                                                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                \n
                                                                                                                                                                                                              1. En el cap\u00edtulo anterior, la Sala se refiri\u00f3 a los principios de legalidad y del acto en materia penal. Tambi\u00e9n precis\u00f3 que este \u00faltimo se manifiesta, a su vez, en los principios de culpabilidad y de responsabilidad subjetiva. De acuerdo con lo sostenido por los demandantes y varios intervinientes, la expresi\u00f3n \u201cpersonalidad del agente\u201d se inscribe en el modelo del derecho penal de autor y, en concreto, en la noci\u00f3n de peligrosismo penal.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                                                                                                1. La Corte constata que, al margen del contexto normativo particular en el que se inserta dicha expresi\u00f3n \u2014art\u00edculo 64 de la Ley 1922 de 2018\u2014, el cual ser\u00e1 analizado m\u00e1s adelante, es necesario tener en cuenta que la evoluci\u00f3n del tratamiento normativo del t\u00e9rmino en el ordenamiento penal interno s\u00ed evidencia el tr\u00e1nsito progresivo desde un modelo inspirado en la peligrosidad del sujeto, propio del derecho penal de autor, hacia un sistema fundado en la culpabilidad por el acto, conforme al principio constitucional de dignidad humana.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                    \n
                                                                                                                                                                                                                  1. Desde la segunda d\u00e9cada del siglo XX, el derecho penal colombiano recibi\u00f3 la influencia de la Escuela Positivista del Delito, surgida a finales del siglo XIX y desarrollada principalmente en Italia, cuya m\u00e1xima expresi\u00f3n fue el Proyecto Ferri <\/em>(1921), elaborado por Enrico Ferri<\/a>[89], de cuya escuela formaron parte varios de los penalistas m\u00e1s reconocidos de la \u00e9poca<\/a>[90].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                      \n
                                                                                                                                                                                                                    1. Bajo esta corriente positivista se expidi\u00f3 el C\u00f3digo Penal de 1936 \u2014Ley 95 de 1936\u2014 que, en su art\u00edculo 36<\/a>[91], establec\u00eda que al individualizar la pena el juez deb\u00eda considerar \u201cla gravedad y modalidades del hecho delictuoso, los motivos determinantes, las circunstancias de mayor o menor peligrosidad que lo acompa\u00f1en y la personalidad del agente<\/strong><\/b>\u201d [negrilla fuera del texto original]. De esta forma, la sanci\u00f3n pod\u00eda graduarse no solo por la gravedad objetiva del hecho, sino tambi\u00e9n por el juicio moral o social que se hiciera del autor, lo que situaba el sistema penal colombiano dentro de la l\u00f3gica del derecho penal de autor, centrado en el ser del delincuente, y no exclusivamente en su conducta.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                        \n
                                                                                                                                                                                                                      1. En sentencia del 25 de octubre de 1965, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia interpret\u00f3 el alcance del art\u00edculo 36 del C\u00f3digo Penal de 1936. En esa oportunidad, la Sala invalid\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n del tribunal que hab\u00eda graduado la pena por el delito de concusi\u00f3n sin valorar adecuadamente la \u201cpersonalidad del agente\u201d. La Corte se\u00f1al\u00f3 que la \u201cbuena conducta anterior\u201d revelaba una menor peligrosidad, por lo que dicho factor deb\u00eda operar como atenuante, y no como agravante. As\u00ed, la \u201cpersonalidad del agente\u201d se conceb\u00eda a\u00fan como una expresi\u00f3n directa de la peligrosidad del sujeto.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                          \n
                                                                                                                                                                                                                        1. De manera textual, la sentencia expuso:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                          Est\u00e1 demostrada la buena conducta anterior de Camargo y Parra. Y existen datos que hacen dudar de la moralidad de algunas de las personas que figuran como acusadoras en este expediente.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                          Deducida la responsabilidad de los procesados, como se acaba de ver, la situaci\u00f3n planteada en este numeral debe tener virtualidad suficiente en la individualizaci\u00f3n de la pena, la que se impondr\u00e1, en cada caso y seg\u00fan el art. 36 del CP, examinado, entre otras cosas, \u201cla personalidad del agente\u201d<\/strong><\/b>.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                          Si se recuerda que, en nuestra legislaci\u00f3n, el criterio de responsabilidad penal se basa, en parte, en el de peligrosidad social, circunstancias como las que alegan en favor de los procesados [conducta honesta, laboriosa, sin mancha alguna como servidores del Estado], en este aparte, han de producir su efecto al pronunciar sentencia condenatoria.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                          Y lo produjeron en la del Tribunal, pero en sentido contrario al que aparece como natural y obvio, frente a las disposiciones penales, cuya violaci\u00f3n fue invocada al presentar la causal primera.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                          Por este aspecto, es necesario admitir que el Tribunal err\u00f3 en forma grave, pues apreci\u00f3 falsamente la situaci\u00f3n demostrada, en lo que toca con la conducta de los incriminados\u201d<\/a>[92] [negrilla fuera del texto original].<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                            \n
                                                                                                                                                                                                                          1. Este paradigma cambi\u00f3 con la expedici\u00f3n del Decreto Ley 100 de 1980, que marc\u00f3 la superaci\u00f3n de la orientaci\u00f3n positivista y el retorno a un modelo de culpabilidad subjetiva. A partir de la d\u00e9cada de los cincuenta, \u201cla dogm\u00e1tica penal se asent\u00f3 en Colombia y pronto se super\u00f3 la lucha entre la Escuela Cl\u00e1sica \u2014que hab\u00eda influido en los C\u00f3digos Penales de 1837, 1873, 1887 y 1890\u2014 y la Escuela Positivista, cuyos postulados adopt\u00f3 el C\u00f3digo Penal de 1936\u201d<\/a>[93]. Este nuevo estatuto sigui\u00f3 los fundamentos de la Escuela Neocl\u00e1sica Alemana, al estructurar el injusto en torno al desvalor del resultado y analizar los elementos subjetivos en sede de culpabilidad<\/a>[94].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                             <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                              \n
                                                                                                                                                                                                                            1. Aunque el art\u00edculo 61<\/a>[95] del C\u00f3digo de 1980 conserv\u00f3 la referencia a la \u201cpersonalidad del agente\u201d como uno de los criterios de individualizaci\u00f3n de la pena, la jurisprudencia precis\u00f3 su alcance dentro del nuevo marco conceptual. En sentencia del 17 de febrero de 1981, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia reconoci\u00f3 que el C\u00f3digo \u201cha fundado la pena primordialmente en la culpabilidad, siguiendo el principio universal \u2018tot culpa, tot poena\u2019<\/em>, y que, si bien ya no se sanciona la peligrosidad como en el modelo anterior, no se ha perdido de vista la personalidad del delincuente\u201d. Para la Corte Suprema de Justicia, este concepto pod\u00eda seguir siendo considerado en la medida en que reflejara la capacidad de comprender y querer el hecho o incidiera en la evaluaci\u00f3n de la resocializaci\u00f3n del condenado, pero no como una base aut\u00f3noma para agravar la pena. Textualmente, la sentencia expuso:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                              En cuanto a la alegaci\u00f3n de que no puede invocarse la peligrosidad por haber desaparecido del nuevo C\u00f3digo Penal, hay que decir que eso no es cierto. En verdad el C\u00f3digo Penal de 1980 ha fundado la pena primordialmente en la culpabilidad, siguiendo el principio universal \u2018tot culpa, tot poena\u2019 <\/em>dando con ello un vuelco a la orientaci\u00f3n penal sustantiva que en el anterior C\u00f3digo se asentaba no principalmente en la cantidad de da\u00f1o causado, sino en la capacidad de causarlo, y que en el nuevo se rige por la cantidad y la forma como intenci\u00f3n y voluntad, es decir, la libertad de conocer y decidirse, hay en cada acto.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                              Pero eso no quiere decir que se haya perdido de vista la personalidad del delincuente. Varias de las disposiciones del nuevo estatuto de las penas hacen expresa menci\u00f3n de ella, entre otras la referente a la libertad condicional (C. P., art. 72) y quien dice \u2018personalidad\u2019 dice capacidad de delinquir y, por tanto, peligrosidad.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                              La actividad humana, en particular la delictuosa, se ha dicho, es expresi\u00f3n de la personalidad. Una distinci\u00f3n entre delito y personalidad, es ileg\u00edtima. En el momento de la infracci\u00f3n, existe una ecuaci\u00f3n perfecta entre el uno y la otra.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                              As\u00ed, pues, no es desacertado mencionar en la vigencia del nuevo C\u00f3digo la capacidad de delinquir para efectos de la medici\u00f3n de la pena y de otras consecuencias del acto delictuoso (\u2026). Lo que pasa es que ya no se sanciona solo por la capacidad de delinquir como ocurr\u00eda antes cuando se castigaban el delito imposible y la reincidencia, sino que ahora toda pena debe tener como fundamento un hecho penalmente il\u00edcito y como medida principal la libertad de obrar en que el delincuente estuvo en el momento del acto y la consciencia y voluntad de su conducta.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                              Teniendo esto en cuenta y en estrecho alcance con la consideraci\u00f3n anterior, es preciso concluir que quien estando sujeto a deberes imperiosos de la mayor importancia dentro del Estado, encomendados a \u00e9l para la defensa de la sociedad, los viola en forma deliberada y grave tiene una personalidad no sujeta a frenos morales y que constituye un peligro para la colectividad en que vive.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                              Estas reflexiones son leg\u00edtimas y pertinentes en el caso de autos y llevan a negar, como lo ha hecho el tribunal, la libertad a quien ha obrado dentro de las circunstancias en que lo hizo el peticionario<\/a>[96].<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                \n
                                                                                                                                                                                                                              1. Posteriormente, la Sala Plena de la misma corporaci\u00f3n reafirm\u00f3 esta l\u00ednea interpretativa en sentencia del 12 de mayo de 1988, al declarar exequible el art\u00edculo 10<\/a>[97] del Decreto 100 de 1980, en el marco de una acci\u00f3n p\u00fablica de inexequibilidad. En esta oportunidad, la Corte Suprema de Justicia reiter\u00f3:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                Nuestro C\u00f3digo Penal vigente da preeminencia a los principios de la escuela t\u00e9cnico-jur\u00eddica que acoge como elementos del hecho punible la tipicidad, la antijuridicidad, la imputabilidad y la culpabilidad. La responsabilidad tiene como presupuesto b\u00e1sico la culpabilidad y la exteriorizaci\u00f3n de la conducta y no tanto la condici\u00f3n personal del agente<\/strong><\/b>. La responsabilidad objetiva ha sido proscrita de nuestra legislaci\u00f3n penal y la catalogaci\u00f3n ontol\u00f3gica de la personalidad del agente juega apenas un papel circunstancial en la medici\u00f3n de la punibilidad<\/strong><\/b>. El elemento volitivo de la conducta supone necesariamente un nexo causal y teleol\u00f3gico<\/a>[98] [negrilla fuera del texto original].<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                                                                                                                1. Hasta este punto, puede se\u00f1alarse que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia delimit\u00f3 de manera progresiva el alcance de la \u201cpersonalidad del agente\u201d dentro del sistema penal introducido por el C\u00f3digo Penal de 1980. Si bien en un inicio admiti\u00f3 su consideraci\u00f3n como criterio auxiliar para individualizar la pena, precis\u00f3 que su valoraci\u00f3n deb\u00eda circunscribirse a aspectos concretos relacionados con la culpabilidad o resocializaci\u00f3n, y no fundarse en juicios de peligrosidad o en valoraciones morales del individuo. En esa direcci\u00f3n, la Corte reafirm\u00f3 que la responsabilidad penal se sustenta en la culpabilidad y en la manifestaci\u00f3n externa de la conducta, de modo que la \u201cpersonalidad del agente\u201d perdi\u00f3 su car\u00e1cter determinante y pas\u00f3 a tener una funci\u00f3n meramente instrumental en la medici\u00f3n de la punibilidad.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                    \n
                                                                                                                                                                                                                                  1. La Ley 599 de 2000 \u2014C\u00f3digo Penal actual\u2014 consolid\u00f3 esa evoluci\u00f3n al eliminar toda referencia expresa a la \u201cpersonalidad del agente\u201d en el art\u00edculo 61<\/a>[99], modificado por el art\u00edculo 4 de la Ley 2098 de 2021<\/a>[100]. El sistema vigente de cuartos de punibilidad (uno m\u00ednimo, dos medios y uno m\u00e1ximo)<\/a>[101] redujo la discrecionalidad judicial y estableci\u00f3 reglas objetivas para la individualizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, centradas en \u201cla mayor o menor gravedad de la conducta, el da\u00f1o real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o aten\u00faen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintenci\u00f3n o la culpa concurrente, la necesidad de pena y la funci\u00f3n que ella ha de cumplir en el caso concreto\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                      \n
                                                                                                                                                                                                                                    1. En consecuencia, bajo la vigencia de la Ley 599 de 2000, una vez elegido el cuarto de punibilidad aplicable, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia ha casado fallos de segunda instancia cuando (i) los jueces han utilizado criterios de ponderaci\u00f3n distintos a los previstos en dicha ley y (ii) ese ejercicio ha implicado la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas judiciales del procesado<\/a>[102].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                        \n
                                                                                                                                                                                                                                      1. Por ejemplo, en sentencia del 18 de mayo de 2005 (rad. 21649), la Corte cas\u00f3 parcialmente el fallo del tribunal al advertir que este hab\u00eda desconocido un \u201cincremento punitivo que no pod\u00eda tener en cuenta\u201d, en particular, la existencia de antecedentes judiciales. Puntualmente, se\u00f1al\u00f3:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                        El hecho de poseer antecedentes penales no es factor constitutivo de circunstancia de mayor punibilidad. Basta leer el art\u00edculo 58 del C\u00f3digo Penal para arribar a tal conclusi\u00f3n. Y no pueden ser utilizados como ense\u00f1a de una personalidad proclive al delito, porque la personalidad ya no es uno de los par\u00e1metros que permitan fijar pena<\/strong><\/b> (art 61.3 C\u00f3digo Penal); y tampoco es posible inferir contra reo que si la carencia de antecedentes es causal de menor punibilidad (art\u00edculo 55 C\u00f3digo Penal), su presencia lo sea de mayor punibilidad.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                        Con claridad se percibe, entonces, la ruptura del principio de legalidad, o sea, la infracci\u00f3n de los art\u00edculos 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 6\u00ba del C\u00f3digo Penal\u201d<\/a>[103] [negrilla fuera del texto original].<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                          \n
                                                                                                                                                                                                                                        1. De igual manera, en sentencia del 20 de febrero de 2008 (rad. 21731), la Sala de Casaci\u00f3n Penal cas\u00f3 la providencia de segunda instancia al constatar que se hab\u00eda individualizado la sanci\u00f3n con base en criterios ajenos al principio de culpabilidad, entre ellos, la consideraci\u00f3n de antecedentes penales del procesado. Al respecto, sostuvo:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                          Esto \u00faltimo quiere decir que el ad quem<\/em>, a pesar de que dentro de la motivaci\u00f3n del factor cuantitativo de la pena manifest\u00f3 atenerse a los criterios previstos en la ley para su determinaci\u00f3n, s\u00f3lo consider\u00f3 como aspecto relevante para la imposici\u00f3n de tan alt\u00edsima pena, adem\u00e1s de ciertas estimaciones generales y abstractas acerca de la gravedad del delito de extorsi\u00f3n, la personalidad del procesado<\/strong><\/b> basada en la existencia de condenas anteriores por conductas punibles en su contra [\u2026]<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                          Tal criterio no puede ser compartido por la Corte, pues si bien es cierto que cuando cas\u00f3 el cargo formulado por el demandante esta corporaci\u00f3n sostuvo que el funcionario judicial, en ejercicio del poder de connotaci\u00f3n que le asiste en la fijaci\u00f3n de la pena, ostenta una notoria facultad discrecional basada en valoraciones tan irrefutables como imposibles de verificar, tambi\u00e9n lo es que no puede atenerse a criterios excluidos del ordenamiento jur\u00eddico, como el relativo a la \u201cpersonalidad del agente\u201d<\/strong><\/b> del que trataba el art\u00edculo 61 del Decreto Ley 100 de 1980, ya que \u00e9ste no se encuentra previsto en la Ley 599 de 2000 como par\u00e1metro de individualizaci\u00f3n de la pena<\/strong><\/b>.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                          [\u2026] Adicionalmente, si de acuerdo con el principio de culpabilidad \u00e9sta se constituye en medida de la pena, y si la misma se ha definido como el reproche que se le debe efectuar a quien realiza el injusto, resulta claro que, en un objeto de connotaci\u00f3n orientado exclusivamente al delito que se cometi\u00f3, cualquier estimaci\u00f3n relacionada con la personalidad del agente tiene que ajustarse de manera directa a las circunstancias que rodearon la conducta punible, y no a consideraciones m\u00e1s cercanas al derecho penal de autor<\/strong><\/b> que a otra cosa, como sustentar una mayor afectaci\u00f3n del bien jur\u00eddico por el hecho de que el autor ostenta una \u201cpersonalidad proclive al delito\u201d<\/strong><\/b> o, en otras palabras, porque se trata de un delincuente, que fue lo que en \u00faltimas adujo el Tribunal<\/a>[104] [negrilla fuera del texto original].<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                            \n
                                                                                                                                                                                                                                          1. En conclusi\u00f3n, la evoluci\u00f3n legislativa y jurisprudencial sobre la \u201cpersonalidad del agente\u201d evidencia la consolidaci\u00f3n de un modelo de responsabilidad penal fundado en la culpabilidad por el acto, en el que la pena se justifica exclusivamente en la conducta exteriorizada y no en las condiciones personales, morales o psicol\u00f3gicas del autor. La valoraci\u00f3n de la \u201cpersonalidad del agente\u201d dej\u00f3 de ser un criterio aut\u00f3nomo para la dosificaci\u00f3n de la pena y se convirti\u00f3 en un elemento accesorio, subordinado a las circunstancias objetivas que rodean el hecho, que \u00fanicamente procede para la evaluaci\u00f3n de la sustituci\u00f3n de la detenci\u00f3n preventiva en establecimiento carcelario por la detenci\u00f3n preventiva en el lugar de residencia. Este desarrollo reafirma la transici\u00f3n hacia un sistema respetuoso de la dignidad humana y del principio de legalidad, que excluye cualquier forma de apreciaci\u00f3n subjetiva o anticipada de la peligrosidad del sujeto.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                             <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                            <\/a>5. Los conceptos jur\u00eddicos indeterminados en el derecho penal: alcances y l\u00edmites jurisprudenciales<\/h2>\n

                                                                                                                                                                                                                                             <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                              \n
                                                                                                                                                                                                                                            1. En la presentaci\u00f3n del caso, la Sala precis\u00f3 que, en los t\u00e9rminos de las intervenciones recibidas y el concepto del procurador general de la naci\u00f3n, para resolver el problema jur\u00eddico planteado, deb\u00eda dilucidar si la expresi\u00f3n \u201cpersonalidad del agente\u201d es un concepto jur\u00eddico indeterminado y, de ser as\u00ed, si su alcance y contenido pueden ser identificados con base en las normas constitucionales, estatutarias y legales que regulan la JEP. El presente cap\u00edtulo reiterar\u00e1 la jurisprudencia constitucional que se ha ocupado de delimitar los alcances de esa noci\u00f3n y recordar\u00e1 que en la Sentencia C-910 de 2012, la Corte concluy\u00f3 que la voz \u201cpersonalidad\u201d s\u00ed debe ser enmarcada en esa idea.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                \n
                                                                                                                                                                                                                                              1. Dado que no es materialmente posible que un texto legal prevea todos los supuestos de la realidad y que, en ocasiones, el uso de un lenguaje t\u00e9cnico puede contener ambig\u00fcedades propias del lenguaje natural, en materia penal los conceptos jur\u00eddicos indeterminados cumplen la funci\u00f3n de otorgar un margen razonable de flexibilidad interpretativa. Este margen permite a los jueces adecuar la norma a las particularidades de cada caso sin desconocer los principios de legalidad ni de seguridad jur\u00eddica. En este contexto, se entiende por concepto jur\u00eddico indeterminado aquella disposici\u00f3n \u201cque de su tenor literal no encuentra definido su alcance, sino que el mismo es establecido al momento de su aplicaci\u00f3n por el int\u00e9rprete\u201d<\/a>[105].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                                                                                                                                1. La utilizaci\u00f3n de estos contenidos abiertos por parte del legislador responde, entonces, a la necesidad de prever situaciones imprevisibles o complejas, siempre que su aplicaci\u00f3n est\u00e9 guiada por criterios objetivos, racionales y verificables que impidan decisiones arbitrarias. Entre los ejemplos m\u00e1s comunes de tales conceptos se encuentran expresiones como \u201cbuenas costumbres\u201d, \u201cm\u00f3viles bajos o abyectos\u201d, \u201ccon crueldad\u201d, \u201cmaliciosamente\u201d, entre otros<\/a>[106].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                    \n
                                                                                                                                                                                                                                                  1. Por tanto, la existencia de conceptos jur\u00eddicos indeterminados en el derecho penal no resulta incompatible con la exigencia de tipicidad, siempre que su contenido y alcance pueda precisarse mediante el examen integral del ordenamiento jur\u00eddico. Ello garantiza que el destinatario de la norma conozca de antemano las consecuencias jur\u00eddicas de sus actos y pueda ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. As\u00ed, el juez no crea derecho de manera discrecional, sino que interpreta y aplica la ley conforme a los fines constitucionalmente leg\u00edtimos y al respeto por la dignidad humana, asegurando que su decisi\u00f3n se fundamente en una valoraci\u00f3n razonable, motivada y proporcional de las circunstancias del caso concreto<\/a>[107].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                      \n
                                                                                                                                                                                                                                                    1. En relaci\u00f3n con este punto, en la Sentencia C-281 de 2017, reiterada en la Sentencia C-069 de 2023, la Corte indic\u00f3:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                      [E]l principio de legalidad no es vulnerado por cualquier indeterminaci\u00f3n normativa, sino por una indeterminaci\u00f3n insuperable, situaci\u00f3n que se presenta cuando una norma es ambigua y \u2018ni aun con apoyo en argumentos jur\u00eddicos razonables es posible trazar una frontera que divida con suficiente claridad el comportamiento l\u00edcito del il\u00edcito\u2019. De acuerdo con este criterio, una indeterminaci\u00f3n inicial se entiende superada si (i) como resultado de la interpretaci\u00f3n razonable se asegura un grado admisible de previsibilidad a los destinatarios de la ley, (ii) se garantiza el derecho de defensa pues una eventual imputaci\u00f3n o acusaci\u00f3n por violar la norma es susceptible de ser refutada y (iii) el sentido del precepto es tan claro que es posible definir cu\u00e1l es el comportamiento que pretende prevenirse o estimularse.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                        \n
                                                                                                                                                                                                                                                      1. Por consiguiente, en este \u00e1mbito, el juicio de estricta legalidad \u201cconsiste en verificar si la disposici\u00f3n (i) resulta tan vaga o ambigua que impide delimitar con claridad la frontera entre lo l\u00edcito y lo il\u00edcito, lo que afecta la previsibilidad de sus consecuencias jur\u00eddicas; (ii) obstaculiza el ejercicio del derecho a la defensa del procesado; y (iii) dificulta comprender la conducta que busca prohibirse o promoverse en protecci\u00f3n de un bien jur\u00eddico\u201d<\/a>[108].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                          \n
                                                                                                                                                                                                                                                        1. Ahora bien, respecto de lo que debe entenderse por expresiones ambiguas, vagas o de textura abierta, la jurisprudencia de esta corporaci\u00f3n ha reiterado lo siguiente:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                            \n
                                                                                                                                                                                                                                                          1. a) <\/strong><\/b>Las ambiguas<\/strong><\/b> \u2018pueden tener distintos significados seg\u00fan los diferentes contextos en que vayan insertadas, o bien que en una misma palabra puede tener distintos matices de significado en funci\u00f3n de esos contextos diversos. Tal es el caso, por ejemplo, de expresiones como \u2018libertad\u2019 o \u2018autonom\u00eda\u2019<\/a>[109].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                             <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                              \n
                                                                                                                                                                                                                                                            1. b) <\/strong><\/b>Las expresiones vagas<\/strong><\/b> son aquellas cuyo \u2018foco de significado es \u00fanico y no plural ni parcelado, pero [su modo de empleo] hace que sea incierta o dudosa la inclusi\u00f3n de un hecho o de un objeto concreto dentro del campo de acci\u00f3n de ella. Este ser\u00eda, por ejemplo, el caso de la expresi\u00f3n civil \u2018precio serio\u2019; en ocasiones es f\u00e1cil saber cu\u00e1ndo un precio es serio o no, pero en muchas otras no lo ser\u00e1 tanto\u2019<\/a>[110].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                \n
                                                                                                                                                                                                                                                              1. c) <\/strong><\/b>Finalmente, respecto de las de textura abierta<\/strong><\/b> \u2018toda expresi\u00f3n, aunque no sea ambigua ni vaga, tiene una \u2018textura abierta\u2019, por lo que, eventualmente, puede perder sus atributos de precisi\u00f3n, enfrent\u00e1ndose a casos en el que su uso puede presentar \u2018perplejidades o desconciertos leg\u00edtimos\u2019. Tal es el caso, por ejemplo, de la expresi\u00f3n \u2018incesto\u2019, que si bien est\u00e1 clara y precisamente definida en la actualidad, se enfrentar\u00e1 a casos en los que su uso ser\u00e1 pol\u00e9mico, como consecuencia de las nuevas tecnolog\u00edas de reproducci\u00f3n<\/a>[111].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                                                                                                                                                1. Adicionalmente, la Corte ha establecido una serie de reglas que orientan el uso de conceptos jur\u00eddicos indeterminados, especialmente cuando su aplicaci\u00f3n puede implicar la restricci\u00f3n de derechos y libertades constitucionales. Dichas reglas son las siguientes:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                  – Los conceptos jur\u00eddicos indeterminados no suponen la discrecionalidad de las autoridades, puesto que implican clasificar una situaci\u00f3n para tomar una \u00fanica medida apropiada o justa.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                  – Si bien se admite cierto grado de indeterminaci\u00f3n y ambig\u00fcedad en el lenguaje jur\u00eddico, y no obstante no todo concepto jur\u00eddico indeterminado sea per se<\/em> inconstitucional, el legislador debe evitar emplear palabras y conceptos que impliquen un grado de ambig\u00fcedad tal, que afecten la certeza del derecho y lleven a una interpretaci\u00f3n absolutamente discrecional de la autoridad a quien corresponde aplicar determinada disposici\u00f3n, especialmente cuando se trata de normas que restringen el derecho a la libertad en sus m\u00faltiples expresiones.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                  – Cuando sea posible esclarecer un concepto jur\u00eddico indeterminado, a partir de las herramientas hermen\u00e9uticas que ofrece el propio ordenamiento, la disposici\u00f3n no ser\u00e1 inconstitucional. Por el contrario, si el concepto es tan abierto que no puede ser concretado en forma razonable, se desconoce el principio de legalidad.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                  – En materia sancionatoria, ya sea penal o disciplinaria, la exigencia de certeza sobre el supuesto de hecho de una norma es mayor, puesto que la aplicaci\u00f3n de esta puede implicar una afectaci\u00f3n m\u00e1s profunda de los derechos y libertades constitucionalmente protegidas<\/a>[112].<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                    \n
                                                                                                                                                                                                                                                                  1. En la ya citada Sentencia C-910 de 2012 (supra <\/em>n.\u00b0 86 a 88), la Corte analiz\u00f3 si la utilizaci\u00f3n de un concepto jur\u00eddico indeterminado como criterio para conceder la sustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva en establecimiento carcelario por la detenci\u00f3n preventiva en el lugar de residencia vulnera la libertad individual o el derecho al debido proceso. Al respecto, precis\u00f3 que la aplicaci\u00f3n de un concepto jur\u00eddico indeterminado, incluso en el \u00e1mbito sancionatorio, no comporta autom\u00e1ticamente la inconstitucionalidad de la expresi\u00f3n o de la disposici\u00f3n que lo contiene. Tal situaci\u00f3n \u00fanicamente se presenta cuando la indeterminaci\u00f3n genera una restricci\u00f3n indebida o desproporcionada de los principios y derechos constitucionales.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                      \n
                                                                                                                                                                                                                                                                    1. En esa l\u00ednea, el fallo sostuvo que, aunque la expresi\u00f3n \u201cpersonalidad\u201d es un concepto jur\u00eddico indeterminado, el ordenamiento jur\u00eddico ofrece herramientas hermen\u00e9uticas suficientes para precisar su alcance a partir de criterios objetivos, excluyendo aquellos aspectos de la personalidad que no inciden directamente en el cumplimiento de los fines constitucionalmente leg\u00edtimos de las medidas de aseguramiento<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                        \n
                                                                                                                                                                                                                                                                      1. En la misma l\u00ednea, en la mencionada Sentencia C-069 de 2023, la Sala Plena estableci\u00f3 la siguiente metodolog\u00eda para valorar la constitucionalidad de una expresi\u00f3n que se acusa de ser un concepto jur\u00eddico indeterminado, por la presunta violaci\u00f3n del principio de legalidad:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                        [E]s menester constatar primero si ella es ambigua, vaga o de textura abierta. De encontrar acreditado lo anterior, se debe establecer si [\u2026] constituye un concepto jur\u00eddico indeterminado a la luz de los siguientes elementos: (i) la indeterminaci\u00f3n no puede ser examinada de manera general, sino dentro del contexto en el que se emplea el respectivo concepto; (ii) el criterio para establecer la admisibilidad de un concepto indeterminado en un contexto particular, es su incidencia e impacto en los principios y derechos constitucionales; y (iii) la indeterminaci\u00f3n del concepto puede ser superada y disuelta, de modo que, a partir de los elementos de juicio que ofrece el propio ordenamiento jur\u00eddico se pueda identificar y precisar el contenido, sentido y alcance del respectivo precepto, no se configura la inconstitucionalidad.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                        <\/a>6. Caracterizaci\u00f3n del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n y No Repetici\u00f3n: las sanciones, sus finalidades y procedimiento para su imposici\u00f3n<\/h2>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                          \n
                                                                                                                                                                                                                                                                        1. En sus escritos de intervenci\u00f3n, la JEP y el procurador general de la naci\u00f3n coincidieron en que, si bien el t\u00e9rmino \u201cpersonalidad del agente\u201d es un concepto jur\u00eddico indeterminado, las normas que regulan la justicia transicional en Colombia ofrecen herramientas hermen\u00e9uticas suficientes para precisar su alcance. Aunque el Ministerio de Defensa considera que dicho t\u00e9rmino no es un concepto jur\u00eddico indeterminado, s\u00ed est\u00e1 de acuerdo en que aquel desarrolla alguna de esas normas.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                            \n
                                                                                                                                                                                                                                                                          1. En un sentido opuesto, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Observatorio de Intervenci\u00f3n Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, el Semillero en Derecho Penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana y la Fundaci\u00f3n Proyecto Inocencia estiman que las Leyes 1922 de 2018 y 1957 de 2019, as\u00ed como el AFP, no contienen elementos para interpretar y aplicar objetivamente el criterio de la \u201cpersonalidad del agente\u201d en el \u00e1mbito de la individualizaci\u00f3n de las sanciones que impone el SIVJRNR.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                             <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                              \n
                                                                                                                                                                                                                                                                            1. En raz\u00f3n de los t\u00e9rminos del debate constitucional, procede la Sala a presentar brevemente las caracter\u00edsticas del SIVJRNR. Para comprender mejor tales caracter\u00edsticas y la manera en que estas podr\u00edan impactar el alcance de la expresi\u00f3n acusada, la Corte seguir\u00e1 el m\u00e9todo deductivo. De esta manera, en el siguiente orden, se referir\u00e1 al SIVJRNR y sus principios; la estructura de la JEP; los procedimientos que adelanta la JEP; la clasificaci\u00f3n de las sanciones y sus finalidades; la dosificaci\u00f3n o individualizaci\u00f3n de las sanciones; y, por \u00faltimo, al derecho penal de acto en la individualizaci\u00f3n de las sanciones.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                \n
                                                                                                                                                                                                                                                                              1. El SIVJRNR y sus principios.<\/em> Por medio del AFP, el Estado colombiano y las FARC-EP acordaron poner fin al conflicto armado interno que por m\u00e1s de cincuenta a\u00f1os padeci\u00f3 el pa\u00eds. Este Acuerdo versa, de manera fundamental, sobre las siguientes materias: (i) la reforma rural y agraria (Punto 1)<\/a>[113], (ii) la forma en la que quienes dejaron las armas participar\u00edan en la construcci\u00f3n pol\u00edtica y democr\u00e1tica del pa\u00eds (Punto 2)<\/a>[114]; (iii) el cese al fuego y fin del conflicto (Punto 3)<\/a>[115], (iv) el problema de las drogas il\u00edcitas (Punto 4)<\/a>[116]; (v) la verdad, justicia y la reparaci\u00f3n para las v\u00edctimas (Punto 5)<\/a>[117]; y (vi) la implementaci\u00f3n, verificaci\u00f3n y refrendaci\u00f3n de los compromisos (Punto 6)<\/a>[118].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Para el estudio y soluci\u00f3n de los cargos propuestos, resulta de especial relevancia el Punto cinco del AFP, relativo a las v\u00edctimas del conflicto armado. En \u00e9l las delegaciones negociadoras acordaron la creaci\u00f3n del SIVJRNR, que tendr\u00eda como ejes la materializaci\u00f3n de los derechos de las v\u00edctimas y la transici\u00f3n a la paz, mediante la terminaci\u00f3n del conflicto armado interno<\/a>[119].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                    \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Conscientes de que en el conflicto se cometieron delitos pol\u00edticos y conexos, que no hubo rendici\u00f3n de alguna de las partes y que la justicia transicional se deb\u00eda enfocar en juzgar a los m\u00e1ximos responsables de los cr\u00edmenes m\u00e1s atroces<\/a>[120], so pena del colapso del sistema<\/a>[121], los firmantes crearon un andamiaje de justicia transicional con componentes restaurativos, retributivos y prospectivos. El SIVJRNR estar\u00eda integrado por distintas salas y entidades dedicadas a estas tareas: \u201c(i) conceder la amnist\u00eda m\u00e1s amplia posible a los delitos pol\u00edticos y conexos a ellos cometidos con ocasi\u00f3n, por causa, o en relaci\u00f3n directa o indirecta con el conflicto armado, as\u00ed como la concesi\u00f3n de beneficios penales a aquellas personas que fueron condenadas por la protesta social; (ii) conceder beneficios penales condicionados a las conductas punibles a aquellas personas que aporten efectivamente a la realizaci\u00f3n de los derechos de las v\u00edctimas a la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n integral con garant\u00edas de no repetici\u00f3n e (iii) investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos ocurridas con ocasi\u00f3n, por causa o en relaci\u00f3n directa o indirecta con el conflicto armado que no puedan recibir formas de renuncia a la acci\u00f3n penal\u201d<\/a>[122].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                      \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Adem\u00e1s, con el fin de incorporar las disposiciones del AFP al ordenamiento jur\u00eddico y blindarlas de contingencias pol\u00edticas<\/a>[123], el Congreso de la Rep\u00fablica aprob\u00f3 los actos legislativos 01<\/a>[124] y 02<\/a>[125] de 2017. El primero cre\u00f3 un t\u00edtulo transitorio en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y estableci\u00f3 el SIVJRNR, el cual est\u00e1 compuesto por la Comisi\u00f3n para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetici\u00f3n (CEV), la Unidad para la B\u00fasqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la JEP y las medidas de reparaci\u00f3n integral para la construcci\u00f3n de paz y las garant\u00edas de no repetici\u00f3n<\/a>[126]. El segundo acto legislativo adicion\u00f3 un art\u00edculo transitorio a la Constituci\u00f3n<\/a>[127], que, entre otras disposiciones, estableci\u00f3 que \u201c[l]as instituciones y autoridades del Estado tienen la obligaci\u00f3n de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final\u201d, lo que implica que \u201clos desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n deber\u00e1n guardar coherencia e integralidad con lo acordado\u201d<\/a>[128].<\/li>\n
                                                                                                                                                                                                                                                                                    2. Ahora bien, dentro de los principios b\u00e1sicos del SIVJRNR reconocidos en el art\u00edculo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2017 se destacan: (i) la centralidad de las v\u00edctimas, (ii) el reconocimiento de que debe existir verdad plena sobre lo ocurrido, (iii) el reconocimiento de responsabilidad por parte de todos aquellos que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto y se vieron involucrados de alguna manera en graves violaciones a los Derechos Humanos y al DIH, y (iv) la satisfacci\u00f3n de los derechos de las v\u00edctimas a la verdad, la justicia, la reparaci\u00f3n y la no repetici\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                        \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Con ocasi\u00f3n de la expedici\u00f3n de la Ley 1957 de 2019, \u201cEstatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia en la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz\u201d, mediante la Sentencia C-080 de 2018, la Corte Constitucional efectu\u00f3 el control de constitucionalidad autom\u00e1tico de esta norma. Se\u00f1al\u00f3 que la l\u00f3gica del SIVJRNR estaba enfocada en la adopci\u00f3n de criterios de selecci\u00f3n y priorizaci\u00f3n para garantizar los derechos de las v\u00edctimas, contribuir a la consecuci\u00f3n de la paz y realizar la justicia en un plazo razonable. Asimismo, resalt\u00f3 que este modelo premia la reconciliaci\u00f3n, la cual es posible a partir del reconocimiento de verdad, \u201cprerrequisito para la justicia restaurativa\u201d. A su vez, record\u00f3 que el art\u00edculo 24 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019 prev\u00e9 que la JEP \u201cse regir\u00e1 por los lineamientos establecidos en (i) la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, (ii) los Actos Legislativos 01 y 02 de 2017, (iii) las normas sobre procedimiento que se expidan para el funcionamiento de la JEP conforme a lo establecido en el art\u00edculo transitorio 12 del Acto Legislativo n\u00famero 01 de 2017 y lo establecido en esta ley\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                          \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. En tales t\u00e9rminos, a la luz del Acto Legislativo 01 de 2017 y de la Sentencia C-080 de 2018, se observa que el SIVJRNR est\u00e1 marcado principalmente por un concepto de justicia restaurativa, que se concentra en la reparaci\u00f3n del da\u00f1o y en la reconstrucci\u00f3n del tejido social, sin que dicho modelo deje de lado la noci\u00f3n de justicia retributiva, observable en la existencia de diferentes tipos de sanciones<\/a>[129].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                            \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. La estructura de la JEP.<\/em> En relaci\u00f3n con la estructura de la JEP, el art\u00edculo transitorio 7 del Acto Legislativo 01 de 2017 dispuso la creaci\u00f3n de tres salas de justicia: la Sala de Amnist\u00eda e Indulto (SAI), la Sala de Definici\u00f3n de Situaciones Jur\u00eddicas (SDSJ) y la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinaci\u00f3n de los Hechos (SRVR). A continuaci\u00f3n, se presentan las principales funciones de cada sala:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                             <\/p>\n\n\n\n\n\n\n
                                                                                                                                                                                                                                                                                            Sala<\/strong><\/b><\/td>\nFunciones<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                                                                                                                                                                                                                                                                                            SAI<\/td>\nOtorga amnist\u00edas o indultos a las personas procesadas o condenadas por los delitos amnistiables, enlistados en la Ley 1820 de 2016<\/a>[130].<\/td>\n<\/tr>\n
                                                                                                                                                                                                                                                                                            SDSJ<\/td>\nDefine las situaciones jur\u00eddicas (i) en los casos menos graves, (ii) de los integrantes de la fuerza p\u00fablica que hayan cometido conductas que tengan relaci\u00f3n directa o indirecta con el conflicto armado y (iii) de los terceros que se sometan de manera voluntaria a la JEP<\/a>[131].<\/td>\n<\/tr>\n
                                                                                                                                                                                                                                                                                            SRVR<\/td>\nAbre los casos que investiga la JEP sobre los hechos m\u00e1s graves y representativos, a partir de los criterios de selecci\u00f3n y priorizaci\u00f3n definidos en el andamiaje legal de la JEP, recibe versiones individuales y colectivas, convoca a audiencias de reconocimiento de responsabilidad y presenta resoluciones de conclusi\u00f3n de los casos priorizados ante el Tribunal para la Paz<\/a>[132].<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                             <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                              \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. El Acto Legislativo 01 de 2017 tambi\u00e9n dispuso la creaci\u00f3n de un Tribunal para la Paz y lo erigi\u00f3 como el \u00f3rgano de cierre y la m\u00e1xima instancia de la JEP<\/a>[133]. Este Tribunal est\u00e1 conformado por dos secciones de primera instancia, una secci\u00f3n de revisi\u00f3n de sentencias, una secci\u00f3n de apelaci\u00f3n y una secci\u00f3n de estabilidad y eficacia. A su turno, las secciones de primera instancia se dividen en la secci\u00f3n de primera instancia para casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad y en la secci\u00f3n de ausencia de reconocimiento de verdad y de responsabilidad de los hechos y conductas. Las funciones de cada secci\u00f3n son las se\u00f1aladas por la Ley Estatutaria 1957 de 2019, as\u00ed:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                               <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Secci\u00f3n<\/strong><\/b><\/td>\nFunciones<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Secci\u00f3n de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad<\/td>\nDictar sentencias e imponer sanciones propias<\/em> a los acusados que reconozcan responsabilidad y aporten a la verdad<\/a>[134].<\/td>\n<\/tr>\n
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Secci\u00f3n de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad<\/td>\nRealizar juicios adversariales cuando no haya reconocimiento de responsabilidad, y, en ese caso, imponer sanciones alternativas u ordinarias<\/em><\/a>[135].<\/td>\n<\/tr>\n
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Secci\u00f3n de Revisi\u00f3n de Sentencias<\/td>\nRevisar las resoluciones o sentencias de la justicia ordinaria, dar tr\u00e1mite a las acciones de tutela y estudiar las solicitudes de garant\u00eda de no extradici\u00f3n<\/a>[136].<\/td>\n<\/tr>\n
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Secci\u00f3n de Apelaci\u00f3n<\/td>\nDecidir sobre las impugnaciones de las sentencias dictadas por las secciones de primera instancia, los recursos de apelaci\u00f3n que se interpongan contra las Salas de la JEP y las impugnaciones de las acciones de tutela instauradas contra las decisiones de alg\u00fan \u00f3rgano de la JEP<\/a>[137].<\/td>\n<\/tr>\n
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Secci\u00f3n de Estabilidad y Eficacia<\/td>\nGarantizar el cumplimiento de las decisiones de la JEP cuando esta cumpla su l\u00edmite temporal<\/a>[138].<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Esta estructura puede graficarse del siguiente modo:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Gr\u00e1fica 1.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Fuente: elaboraci\u00f3n propia<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Los procedimientos que adelanta la JEP.<\/em> Respecto de los procedimientos que adelanta la JEP, el art\u00edculo 73 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019 precisa que esta jurisdicci\u00f3n aplicar\u00e1 dos procedimientos: uno en caso de reconocimiento de verdad y de responsabilidad y otro en caso de ausencia de dicho reconocimiento. Estos procedimientos son desarrollados de un modo m\u00e1s completo en la Ley 1922 de 2018, por medio de la cual se adoptan las reglas de procedimiento para la JEP. A continuaci\u00f3n, se exponen las principales caracter\u00edsticas de cada procedimiento.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Procedimiento <\/u>en caso de reconocimiento de <\/u>responsabilidad<\/u>. <\/em>Este proceso se caracteriza por la construcci\u00f3n dial\u00f3gica de la verdad entre los sujetos procesales e intervinientes. El libro segundo de la Ley 1922 de 2018 desarrolla los procedimientos a seguir en caso de reconocimiento de responsabilidad. Al respecto, la norma dispone que, primero, el reconocimiento debe hacerse ante la SRVR (cap\u00edtulo primero); luego, el asunto pasa a conocimiento de la Secci\u00f3n de Primera Instancia en Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (cap\u00edtulo segundo), la cual, despu\u00e9s de evaluar si hay correspondencia entre los hechos endilgados y el reconocimiento de la verdad (art\u00edculos 29 y 31) y de verificar el cumplimiento de las condiciones de contribuci\u00f3n a la verdad y la forma de reparaci\u00f3n (art\u00edculo 30), dictar\u00e1 una sentencia en la que impondr\u00e1 una sanci\u00f3n. En caso de que el reconocimiento de la verdad y la responsabilidad no sea por todas las conductas endilgadas, la Secci\u00f3n puede ordenar la ruptura de la unidad procesal y remitir el expediente en lo no aceptado a la Unidad de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n (UIA) (art\u00edculo 32)<\/a>[139].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Procedimiento en caso de que no se reconozca responsabilidad.<\/u> Se trata de un procedimiento adversarial, en el que existe un escrito de acusaci\u00f3n, un ejercicio de pr\u00e1ctica probatoria y una audiencia de juzgamiento. Cabe anotar que antes del inicio del juicio oral los procesados pueden aceptar tard\u00edamente su responsabilidad (art\u00edculo 44), en cuyo caso la Secci\u00f3n de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad podr\u00e1 imponer sanciones alternativas<\/em><\/a>[140]. En dado caso de que no haya ning\u00fan reconocimiento de verdad y responsabilidad y el compareciente sea vencido en juicio, la consecuencia necesaria ser\u00e1 la imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n ordinaria<\/em> a cargo de la antedicha secci\u00f3n<\/a>[141].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Como puede apreciarse, la determinaci\u00f3n del procedimiento a seguir y su curso, as\u00ed como la imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n propia, alternativa u ordinaria, giran en torno al reconocimiento de verdad y responsabilidad. En otras palabras, ambos reconocimientos son consustanciales a los procedimientos y al fundamento de las sanciones, por lo que su verificaci\u00f3n tiene lugar a lo largo de aquellos, y no solo al momento de la individualizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n. Al respecto, en la Sentencia SU-333 de 2020, la Corte anot\u00f3:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1.6. [\u2026] el Acto Legislativo indica que, para acceder al tratamiento especial previsto en el componente de judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n y No Repetici\u00f3n (SIVJRNR) es necesario aportar verdad plena, reparar a las v\u00edctimas y garantizar la no repetici\u00f3n. En virtud del car\u00e1cter integral del Sistema, dichos compromisos se cumplir\u00e1n, no solo ante la JEP, sino tambi\u00e9n, ante los espacios extrajudiciales como la Comisi\u00f3n para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetici\u00f3n (CEV) y la Unidad de B\u00fasqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), raz\u00f3n por la cual, los postulados deben estar a disposici\u00f3n de dichas instituciones para aportar a la construcci\u00f3n de la verdad plena, es decir, relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisi\u00f3n, as\u00ed como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1.7. Se observa que la competencia de la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz implica una nueva concepci\u00f3n de la justicia que se centra esencialmente en la realizaci\u00f3n de los derechos de las v\u00edctimas a la verdad, la justicia, la reparaci\u00f3n y las garant\u00edas de no repetici\u00f3n, la consecuci\u00f3n de la paz estable y duradera, fundada en la lucha contra la impunidad y la materializaci\u00f3n de la justicia restaurativa, y la concesi\u00f3n condicionada de beneficios penales dirigidos a la renuncia de la acci\u00f3n penal. Se trata, como lo ha reconocido la propia jurisprudencia constitucional, de un modelo de justicia que difiere en aspectos relevantes de los modelos de justicia penal ordinaria.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Conforme a lo anterior, en virtud del car\u00e1cter integral del SIVJRNR, el aporte de la verdad, la reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas y las garant\u00edas de no repetici\u00f3n no han de hacerse \u00fanicamente ante la JEP, sino que tambi\u00e9n deber\u00e1n efectuarse en los espacios extrajudiciales, ante la CEV y la UBPD. En concordancia con ello, el art\u00edculo 49 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019 precept\u00faa que, si durante la vigencia de la JEP, los beneficiarios de mecanismos de tratamiento diferenciado para agentes del Estado se rehusaran a cumplir los requerimientos del Tribunal para la Paz para participar en los programas de contribuci\u00f3n a la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas, o a acudir ante la CEV o la UBPD, aquellos \u201cperder\u00e1n el derecho a que se les apliquen los beneficios previstos en cualquier tratamiento de los definidos como especial, simult\u00e1neo, equilibrado y equitativo\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. La clasificaci\u00f3n de las sanciones y sus finalidades.<\/em> La Ley Estatutaria 1957 de 2019 elev\u00f3 la justicia retrospectiva y la justicia prospectiva a la categor\u00eda de principios en l\u00ednea con el AFP. La primera se refiere a la funci\u00f3n de la JEP de\u00a0investigar y juzgar los cr\u00edmenes del conflicto armado pasado, para buscar la verdad y aplicar las sanciones del caso. Por su parte, la justicia prospectiva, como componente de la justicia restaurativa, implica que el derecho de acceso a la justicia proyecta sus efectos \u201cen el restablecimiento de relaciones de la sociedad, la restauraci\u00f3n del da\u00f1o causado y la garant\u00eda de los derechos de las futuras generaciones\u201d<\/a>[142].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. En materia de las sanciones que pueden ser impuestas por el Tribunal para la Paz, el art\u00edculo 25 del Acto Legislativo 01 de 2017 preceptu\u00f3 que estas ser\u00edan de tres tipos: propias, alternativas y ordinarias. Posteriormente, la Ley Estatutaria 1957 de 2019 precis\u00f3 las condiciones que deben cumplir los comparecientes para acceder a cada una de estas sanciones y el modo en que est\u00e1s se ejecutar\u00edan, as\u00ed:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               <\/p>\n\n\n\n\n\n\n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Tipo de sanci\u00f3n<\/strong><\/b><\/td>\nA qui\u00e9nes se aplica<\/strong><\/b><\/td>\nDuraci\u00f3n<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Sanciones propias<\/td>\nA quienes aporten verdad plena y detallada y, adem\u00e1s, acepten responsabilidad ante SRVR<\/a>[143].<\/td>\nRestricci\u00f3n efectiva de derechos y libertades entre cinco (5) y ocho (8) a\u00f1os (por ejemplo, libertad de residencia y movimiento)<\/td>\n<\/tr>\n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Sanciones alternativas<\/td>\nA quienes aporten verdad plena y acepten de responsabilidad ante la Secci\u00f3n de Ausencia de Reconocimiento de Verdad antes de la sentencia<\/a>[144].<\/td>\nPrivaci\u00f3n de la libertad de cinco (5) a ocho (8) a\u00f1os<\/td>\n<\/tr>\n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Sanciones ordinarias<\/td>\nA quienes no aporten verdad plena ni acepten responsabilidad<\/a>[145].<\/td>\nPrivaci\u00f3n efectiva de la libertad de quince (15) a veinte (20) a\u00f1os<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Adem\u00e1s, la Ley Estatutaria 1957 de 2019 previ\u00f3 en su art\u00edculo 129 las denominadas sanciones inferiores a 5 a\u00f1os<\/em>, cuyos destinatarios son quienes no hayan tenido una participaci\u00f3n determinante en las conductas m\u00e1s graves y representativas, pero hayan intervenido en ellas. Aquellas personas se ver\u00e1n sometidas a sanciones propias o alternativas que tendr\u00e1n una duraci\u00f3n m\u00ednima de dos (2) a\u00f1os y una m\u00e1xima de cinco (5) a\u00f1os, incluidas las aplicables por concurso de delitos.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Todas las sanciones pueden resumirse del siguiente modo:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   <\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Sanci\u00f3n<\/strong><\/b><\/td>\nFin perseguido<\/strong><\/b><\/td>\nDuraci\u00f3n<\/strong><\/b><\/td>\nConsecuencia<\/strong><\/b><\/td>\nSupuesto de hecho<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Propia<\/td>\nRestaurativo y Reparador<\/td>\nDe cinco (5) a ocho (8) a\u00f1os<\/td>\nRestricci\u00f3n efectiva de la libertad, como de restricci\u00f3n y movimiento.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Implica la ejecuci\u00f3n de Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador \u2013 Reparador (TOAR)<\/td>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  		Sujetos que reconocen verdad y responsabilidad ante la SRVR<\/td>\n<\/tr>\n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Alternativa<\/td>\nRetributivo<\/td>\nDe cinco (5) a ocho (8) a\u00f1os<\/td>\nIncluyen privaciones efectivas de la libertad como c\u00e1rcel o prisi\u00f3n<\/td>\nSujetos que reconocen verdad y responsabilidad ante la Secci\u00f3n de enjuiciamiento antes de que se dicte sentencia<\/td>\n<\/tr>\n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ordinaria<\/td>\nRetributivo<\/td>\nDe quince (15) a veinte (20) a\u00f1os<\/td>\nIncluyen privaciones efectivas de la libertad como c\u00e1rcel o prisi\u00f3n<\/td>\nSujetos que comparecen ante la JEP y no reconocen verdad ni responsabilidad<\/td>\n<\/tr>\n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Inferiores<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (es una subcategor\u00eda de las sanciones propia y alternativa)<\/td>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  		Restaurativo, reparador y retributivo<\/td>\nDe dos (2) a cinco (5) a\u00f1os<\/td>\nImposici\u00f3n de sanciones propias y alternativas<\/td>\nSujetos que no hayan tenido una participaci\u00f3n determinante en las conductas m\u00e1s graves y representativas, aun interviniendo en ellas, salvo que se trate de las hip\u00f3tesis contempladas en el literal h) del art\u00edculo 84 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019<\/a>[146]<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Al realizar el control autom\u00e1tico de constitucionalidad de la ley estatutaria de la JEP, la Corte destac\u00f3, frente a cada uno de los tipos de sanciones lo siguiente<\/a>[147]: (i) sanciones propias<\/em>, \u201c[p]ara acceder a los tratamientos penales especiales es requisito sine qua non<\/em> aportar verdad plena, reparar a las v\u00edctimas y garantizar la no repetici\u00f3n, entendi\u00e9ndose satisfecho este requisito cuando el relato de las conductas cometidas y las circunstancias de su comisi\u00f3n es exhaustiva y detallada\u201d; (ii) sanciones alternativas,<\/em> \u201c[e]l art\u00edculo desarrolla el tratamiento penal especial consistente en la sanci\u00f3n alternativa. En este caso la restricci\u00f3n de la libertad deber\u00e1 cumplirse en establecimiento carcelario y penitenciario ordinario […]. En cualquier caso, las sanciones deben contar con un contenido restaurativo que debe ser cumplido por los responsables\u201d y (iii) sanciones ordinarias,<\/em> \u201cse impondr\u00e1n a quienes sean condenados sin haber reconocido verdad y responsabilidad. En consecuencia, cumplir\u00e1n las funciones previstas en las normas penales, sin que ello obste para obtener redenciones en la privaci\u00f3n de libertad, bajo la condici\u00f3n de que el condenado se comprometa a contribuir con su resocializaci\u00f3n a trav\u00e9s del trabajo, capacitaci\u00f3n o estudio, durante el tiempo que permanezca privado de libertad\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Acerca de las sanciones inferiores a cinco (5) a\u00f1os, la Sentencia C-080 de 2018 advirti\u00f3 que est\u00e1s encuentran su fundamento en el art\u00edculo transitorio 66 de la Carta Pol\u00edtica, \u201cque regula la facultad de selecci\u00f3n, ampliamente analizada en esta Sentencia, y faculta respecto de personas responsables de hechos no seleccionados, la concesi\u00f3n de diferentes tratamientos penales especiales, y define que, una Ley Estatutaria como la que se estudia, debe establecer \u2018los casos en los que proceda la aplicaci\u00f3n de sanciones extrajudiciales, penas alternativas, o de modalidades especiales de ejecuci\u00f3n y cumplimiento de la pena; y autorizar la renuncia condicionada a la persecuci\u00f3n penal de todos los casos no seleccionados\u2019<\/a>[148]\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Ahora bien, como se indic\u00f3 en la \u00faltima tabla, los fines que persigue cada una de las sanciones a disposici\u00f3n del Tribunal para la Paz pueden ser de naturaleza restaurativa o retributiva, y su nivel de intensidad depender\u00e1 del grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad que se haga ante la JEP mediante las declaraciones individuales o colectivas<\/a>[149]. Sobre este punto, en la Sentencia C-080 de 2018, la Corte consider\u00f3 que \u201clas sanciones propias tendr\u00e1n una funci\u00f3n esencialmente restaurativa, en tanto que las sanciones alternativas y ordinarias tendr\u00e1n una funci\u00f3n esencialmente retributiva. El Acuerdo Final incluye un listado de actividades que podr\u00e1n ser consideradas como componentes restaurativos de la sanci\u00f3n en zonas rurales y urbanas, y que pueden ser tenidas como ilustraci\u00f3n de acciones reparadoras en el curso de las sanciones propias\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Las sanciones propias pueden catalogarse como verdaderas medidas restaurativas, cuya finalidad principal es la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado a las v\u00edctimas y a la sociedad. Al efecto, el art\u00edculo 141 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019 enlista una serie de TOAR, enfocados en dicho fin, los cuales consisten en proyectos de trabajos, obras o actividades reparadoras y restaurativas<\/a>[150]. Los TOAR son inherentes a las sanciones propias que impone la JEP, y no a los mecanismos no sancionatorios de definici\u00f3n de la situaci\u00f3n jur\u00eddica (MNSDSJ), como la renuncia a la persecuci\u00f3n penal (RPP)<\/a>[151].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. As\u00ed, en su inciso 5, el citado art\u00edculo 141 dispone que los comparecientes ante la SRVR podr\u00e1n presentar un proyecto detallado, individual o colectivo de ejecuci\u00f3n de los TOAR o, en su defecto, la Sala realizar\u00e1 la respectiva formulaci\u00f3n del proyecto<\/a>[152]. Estos proyectos, as\u00ed como los que formule la Sala, deber\u00e1n establecer un mecanismo de consulta con los representantes de las v\u00edctimas residentes en el lugar de ejecuci\u00f3n o con las autoridades ind\u00edgenas del lugar donde vaya a ejecutarse la sanci\u00f3n cuando esta vaya a ejecutarse en resguardos. Lo anterior, con el fin de recibir su opini\u00f3n y verificar que no se opongan al programa, obra o proyecto elegido<\/a>[153]. Expresamente, la norma determina que \u201c[l]as v\u00edctimas, si lo creen conveniente, podr\u00e1n comunicar al Tribunal su opini\u00f3n sobre el programa propuesto, incluso en los casos en los que la propia Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad sea la que lo formule\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Sobre este particular, la Corte Constitucional se\u00f1al\u00f3 que en la construcci\u00f3n y dise\u00f1o del proyecto restaurativo debe existir una participaci\u00f3n de las v\u00edctimas. Al respecto, en la Sentencia C-080 de 2018, afirm\u00f3: \u201c[l]a JEP debe tener en cuenta, en todo caso, que, si bien las sanciones propias no se cumplen en condiciones convencionales de privaci\u00f3n de la libertad, tendr\u00e1n una efectiva restricci\u00f3n de derechos, esto es, las personas sancionadas no podr\u00e1n salir de ciertos espacios territoriales fijados y deber\u00e1n desarrollar un proyecto restaurativo autorizado por la JEP previa participaci\u00f3n activa de las v\u00edctimas en su definici\u00f3n\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Esta participaci\u00f3n por parte de las v\u00edctimas no se limita a la definici\u00f3n del proyecto de reparaci\u00f3n, sino que, de acuerdo con el art\u00edculo 27 de la Ley 1922 de 2018, respecto de procedimientos seguidos ante la SRVR y la Secci\u00f3n de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, estas dependencias \u201cpodr\u00e1n adoptar las medidas que estimen oportunas e id\u00f3neas para promover la construcci\u00f3n dial\u00f3gica de la verdad entre los sujetos procesales e intervinientes, que propendan por la armonizaci\u00f3n y sanaci\u00f3n individual, colectiva y territorial, y promover\u00e1n la construcci\u00f3n de acuerdos aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad, en todas las fases del procedimiento\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Una vez que la SRVR apruebe el proyecto<\/a>[154], deber\u00e1 incluirlo en la Resoluci\u00f3n de Conclusiones que ponga a disposici\u00f3n de la Secci\u00f3n de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad<\/a>[155]. A su turno, esta Secci\u00f3n tendr\u00e1 que realizar un ejercicio de evaluaci\u00f3n de correspondencia entre las conductas, los responsables y las sanciones; imponer las sanciones propias en la sentencia y decidir sobre el proyecto presentado en la Resoluci\u00f3n de Conclusiones, lo que implica su aprobaci\u00f3n, modificaci\u00f3n o devoluci\u00f3n a la SRVR, todo ello en virtud de lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 92 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019. Antes de imponer las sanciones propias, la Secci\u00f3n de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad deber\u00e1 verificar que el compareciente haya cumplido con las obligaciones de aportes a la verdad y la reparaci\u00f3n en el marco del SIVJRNR<\/a>[156].<\/li>\n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2. Por otra parte, de conformidad con los art\u00edculos 142 y 143 de la Ley Estatutaria de la JEP, las sanciones alternativas y ordinarias tienen un car\u00e1cter netamente retributivo. En este sentido, su principal caracter\u00edstica se enfoca en el cumplimiento de una pena que afecta la libertad de modo efectivo.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Como se ha venido anotando, el tratamiento de los comparecientes ante la JEP depender\u00e1 del grado de aporte a la verdad y del reconocimiento de responsabilidad. El contenido de estos compromisos no es subjetivo, pues est\u00e1 reglado en el art\u00edculo 20 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019, el cual establece los requisitos para gozar del tratamiento especial que ofrece esta jurisdicci\u00f3n. Estas normas disponen que es necesario aportar verdad plena, reparar a las v\u00edctimas y garantizar la no repetici\u00f3n, y puntualiza qu\u00e9 significa cada uno de estos conceptos<\/a>[157].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. En esta direcci\u00f3n, el par\u00e1grafo 1 del citado art\u00edculo 20 determina que el incumplimiento intencional de cualquiera de las condiciones del r\u00e9gimen de condicionalidad o de cualquiera de las sanciones impuestas por la JEP tendr\u00e1 como efecto la p\u00e9rdida de tratamiento especiales, beneficios, renuncias, derechos y garant\u00edas. Agrega la norma que dicho cumplimiento ser\u00e1 verificado caso por caso y de manera rigurosa. En la misma l\u00ednea, el par\u00e1grafo 3 del mismo art\u00edculo prescribe que la ley de procedimiento definir\u00e1 un incidente mediante el cual la JEP verificar\u00e1 el cumplimiento del r\u00e9gimen de condicionalidad.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Al respecto, la Ley 1922 de 2018 estableci\u00f3 en su art\u00edculo 67 el incidente de incumplimiento como mecanismo para hacer seguimiento a la satisfacci\u00f3n del r\u00e9gimen de condicionalidad. Esta herramienta puede ser activada de oficio o por solicitud de la v\u00edctima, su representante, el Ministerio P\u00fablico, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la UIA, y las diferentes Salas y Secciones de la JEP. Abierto el incidente, se dispondr\u00e1 de un t\u00e9rmino de cinco d\u00edas para que se alleguen pruebas del incumplimiento, luego de la pr\u00e1ctica de pruebas las partes podr\u00e1n presentar sus alegaciones y dentro de los diez d\u00edas siguientes la Sala o Secci\u00f3n encargada resolver\u00e1 si se incumpli\u00f3 o no el r\u00e9gimen de condicionalidad. En caso tal de que se encuentre demostrado el incumplimiento al r\u00e9gimen de condicionalidad, el asunto ser\u00e1 remitido a la jurisdicci\u00f3n ordinaria para que asuma competencia sobre los hechos.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. En id\u00e9ntico sentido, el AFP advierte que, \u201cpara acceder al tratamiento especial previsto en el componente de Justicia el SIVJRNR es necesario aportar verdad plena, reparar a las v\u00edctimas y garantizar la no repetici\u00f3n (\u2026). Se entiende por tratamiento especial las sanciones propias y alternativas previstas en el numeral 60\u201d <\/a>[158].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. De este modo, todos los comparecientes ante la JEP deben contribuir a la satisfacci\u00f3n de los derechos de las v\u00edctimas a la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n integral como condici\u00f3n de permanencia en el SIVJRNR y para recibir el tratamiento especial que ofrece esa jurisdicci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. La dosificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n<\/em>. La imposici\u00f3n de las sanciones en la JEP no termina con la identificaci\u00f3n del tipo de sanci\u00f3n a imponer. Tanto en la Ley Estatutaria 1957 de 2019 como en la Ley 1922 de 2018 existen par\u00e1metros para la dosificaci\u00f3n de las sanciones. Todos estos par\u00e1metros, establece el AFP, han de ser le\u00eddos en armon\u00eda con el debido respeto de los derechos fundamentales de los comparecientes, especialmente, del derecho al debido proceso<\/a>[159]. Como se anot\u00f3 en l\u00edneas arriba, a partir del Acto Legislativo 02 de 2017, el AFP se adopt\u00f3 \u201ccomo pol\u00edtica de Estado, de manera que todos los \u00f3rganos, instituciones y autoridades del Estado, se encuentran comprometidos con su desarrollo e implementaci\u00f3n de buena fe, y por tanto, cualquier desarrollo del mismo debe tener por objeto su cabal cumplimiento y guardar coherencia con sus contenidos, finalidades, esp\u00edritu y principios\u201d <\/a>[160].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. El art\u00edculo 134 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019 dispone que las resoluciones y sentencias impuestas conforme a las normas especiales de la JEP enunciar\u00e1n de manera precisa el contenido de la sanci\u00f3n, el lugar de su ejecuci\u00f3n, as\u00ed como las condiciones y efectos de las sanciones por los delitos no amnistiables. En este orden, precisa que, \u201c[e]n la dosificaci\u00f3n de las sanciones, los magistrados deber\u00e1n tener en cuenta los siguientes criterios: || 1. El grado de verdad otorgado por la persona, y la prontitud con la que se haya hecho. || 2. La gravedad de la conducta sancionada. || 3. El nivel de participaci\u00f3n y responsabilidad, las circunstancias de mayor y menor punibilidad, y || 4. Los compromisos en materia de reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas y garant\u00edas de no repetici\u00f3n\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1. A su turno, el art\u00edculo 64 de la Ley 1922 de 2018 \u2014el cual contiene la expresi\u00f3n demandada\u2014 establece los criterios para la individualizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n. Sin embargo, este art\u00edculo tampoco distingue la aplicaci\u00f3n de tales criterios de acuerdo con el tipo de sanciones que puede imponer la JEP. Este art\u00edculo es claro al se\u00f1alar que estos par\u00e1metros ser\u00e1n tenidos en cuenta para la dosificaci\u00f3n de \u201clas sanciones propia, alternativa y ordinaria\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. La dosificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n estar\u00e1 a cargo de la Secci\u00f3n que posea el conocimiento de la actuaci\u00f3n. En el caso de la imposici\u00f3n de sanciones, se enunciar\u00e1 el contenido de la sanci\u00f3n, su lugar de ejecuci\u00f3n y sus condiciones y efectos<\/a>[161]. El cumplimiento de las sanciones propias debe materializarse mediante la sujeci\u00f3n a un r\u00e9gimen de supervisi\u00f3n permanente por parte de la JEP, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 127 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019<\/a>[162]. Por su parte, las sanciones alternativas u ordinarias incluyen privaciones efectivas de la libertad en la c\u00e1rcel o en prisi\u00f3n, seg\u00fan el inciso 2 del art\u00edculo 130 de la misma ley.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Estas sanciones no son fijas ni inmodificables, ya que pueden estar sometidas a descuentos. As\u00ed, en lo que tiene que ver con las sanciones propias, el art\u00edculo 132 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019 dispone que, en el caso de los integrantes de las FARC-EP que permanecieron en las Zonas Veredales Transitorias de Normalizaci\u00f3n (ZVTN) o en una ubicaci\u00f3n territorial definida y verificable, podr\u00e1n descontar su tiempo de permanencia como tiempo de cumplimiento de la sanci\u00f3n, siempre que en esa \u00e9poca hubieran realizado TOAR.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Adicionalmente, ciertas actividades, trabajos u obras pueden ser considerados como cumplimiento anticipado de sanciones propias tanto para los miembros de la Fuerza P\u00fablica como para las personas reincorporadas. Sobre el particular, los art\u00edculos 139 y 140 de la citada ley estatutaria establecen que estas actividades ser\u00e1n consideradas por la SRVR y por el Tribunal para la Paz al momento de imponer sanciones, siempre que estas hayan reparado a las v\u00edctimas o hayan tenido un impacto restaurador. En ambos casos, ser\u00e1 la Secretar\u00eda Ejecutiva de la JEP la entidad encargada de dar fe p\u00fablica de la realizaci\u00f3n de actividades, trabajos u obras que se ejecuten como cumplimiento anticipado de las sanciones.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Respecto del cumplimiento de las sanciones propias, el literal d) del art\u00edculo 92 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019 establece que la Secci\u00f3n de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad tendr\u00e1 la funci\u00f3n de supervisar y certificar el cumplimiento efectivo de su sentencia con el apoyo de los \u00f3rganos y mecanismos de monitoreo y verificaci\u00f3n del SIVJRNR, los cuales deber\u00e1n presentar informes peri\u00f3dicos sobre el cumplimiento. En desarrollo de este precepto, el art\u00edculo 67 de la Ley 1922 de 2018, atinente al incidente de incumplimiento descrito en l\u00edneas arriba, se\u00f1ala que \u201c[p]ara la verificaci\u00f3n del cumplimiento de las sanciones, las Secciones podr\u00e1n apoyarse en los organismos y entidades a que se refiere la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia de la JEP\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Por \u00faltimo, ha de destacarse que los conceptos de escogencia, dosificaci\u00f3n y cumplimiento de la sanci\u00f3n difieren entre s\u00ed. La escogencia de la sanci\u00f3n depender\u00e1 del grado de aporte a la verdad y de reconocimiento de responsabilidad, as\u00ed como de la etapa en que esto suceda, lo cual puede dar lugar a la imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n propia, alternativa u ordinaria. De otro lado, la dosificaci\u00f3n es transversal a todas las sanciones y se gu\u00eda por lo descrito en los art\u00edculos 134 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019 y 64 de la Ley 1922 de 2018. Al respecto, es preciso tener en cuenta que dentro de los criterios de dosificaci\u00f3n tambi\u00e9n se encuentra previsto \u201cel momento y las caracter\u00edsticas del aporte de verdad\u201d. Esto permite concluir que el aporte de la verdad es un asunto que impacta tanto en la selecci\u00f3n de la sanci\u00f3n como en su dosificaci\u00f3n. Finalmente, en cuanto al cumplimiento de la sanci\u00f3n, en el AFP y en la Ley Estatutaria de la JEP se definieron varios mecanismos \u2014como el incidente de incumplimiento\u2014 y \u00f3rganos encargados monitorear, vigilar y controlar el cumplimiento de las sanciones.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. El derecho penal de acto en la dosificaci\u00f3n de las sanciones y la valoraci\u00f3n de las capacidades de los comparecientes para la definici\u00f3n del TOAR<\/em>. <\/em>La jurisprudencia constitucional ha concluido que resulta v\u00e1lido que los mecanismos propios de la justicia transicional se diferencien de los mecanismos habituales de los procesos penales ordinarios. Esto es as\u00ed porque su objeto es \u201clograr la judicializaci\u00f3n y terminar as\u00ed \u2014ciertamente, con ciertos sacrificios\u2014 las ca\u00f3ticas realidades sociales de conflictos, violencia y violaciones masivas de derechos humanos\u201d<\/a>[163].\u00a0No obstante, la Sala Plena ha sido clara en sostener que los ajustes al ordenamiento jur\u00eddico y los contenidos normativos especiales que demandan la transici\u00f3n y, en particular, la reconciliaci\u00f3n y la paz \u201cen ning\u00fan caso puede[n] anular la especial posici\u00f3n que ocupa la Carta Pol\u00edtica dentro de la ordenaci\u00f3n jer\u00e1rquica\u201d<\/a>[164].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. El derecho penal de acto no solo est\u00e1 previsto en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, sino tambi\u00e9n en las normas superiores que gobiernan la justicia transicional. El art\u00edculo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017 dispone que la JEP \u201cconocer\u00e1 de manera preferente sobre todas las dem\u00e1s jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas<\/strong><\/b> [\u2026] por causa, con ocasi\u00f3n o en relaci\u00f3n directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas<\/strong><\/b> consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los derechos humanos\u201d. En similar sentido, el art\u00edculo 2 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019 establece que, entre los objetivos del componente de justicia del SIVJRNR est\u00e1 el de adoptar decisiones respecto de \u201chechos cometidos<\/strong><\/b> en el marco del [conflicto armado interno] y durante este que supongan graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario y graves violaciones de los Derechos Humanos\u201d [negrillas fuera del texto original].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Al respecto, en la Sentencia C-112 de 2019, la Corte record\u00f3 que las garant\u00edas del debido proceso son, aun en la justicia transicional, no solo un medio para \u201calcanzar la paz por medio del derecho\u201d, sino tambi\u00e9n una \u201cpiedra angular irremplazable\u201d. De este modo, si bien pueden flexibilizarse aspectos como los t\u00e9rminos judiciales o la creaci\u00f3n de \u00f3rganos de judicializaci\u00f3n, la justicia transicional no puede \u201canular los aspectos que conforman [el] n\u00facleo esencial\u201d del debido proceso. Esto significa que \u201clas reglas procesales y regulatorias de los componentes\u201d del SIVJRNR y, por tanto, de la JEP \u201cdeben atarse a sus elementos\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. La JEP ha entendido que las conductas<\/em> y los hechos<\/em> cometidos \u201cpor causa, con ocasi\u00f3n o en relaci\u00f3n directa o indirecta con el conflicto armado\u201d<\/a>[165] sustentan su competencia desde la perspectiva material<\/em><\/a>[166]. Asimismo, le permiten \u201cresolver sobre los beneficios relacionados con la libertad otorgados por el Sistema\u201d y \u201cdecidir sobre los beneficios penales definitivos<\/strong><\/b> (amnist\u00edas, indultos, renuncia a la persecuci\u00f3n penal, sanciones propias y alternativas, entre otros<\/strong><\/b>)\u201d [negrillas fuera del texto original]<\/a>[167].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Sin embargo, en concordancia con lo expuesto en el presente cap\u00edtulo, el esquema sancionatorio de la JEP no est\u00e1 definido \u00fanicamente en funci\u00f3n de la conducta cometida<\/em>, tal como, en t\u00e9rminos generales, ocurre en el derecho penal ordinario. En la justicia transicional, el tipo de sanci\u00f3n y la individualizaci\u00f3n de la pena tambi\u00e9n son establecidas con base en la contribuci\u00f3n del compareciente a la verdad y la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas, as\u00ed como en el momento en que se produce esa contribuci\u00f3n. Ya se ha dicho que el deber de aportar a la realizaci\u00f3n de los derechos de las v\u00edctimas se debe ir materializando y concretando a medida que avanza el proceso, pues de ello depende el acceso a los beneficios y penas del SIVJRNR<\/a>[168].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Igualmente, los art\u00edculos 134 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019 y 64 de la Ley 1922 de 2018 determinan que \u201cla extrema gravedad y las modalidades sistem\u00e1ticas de las conductas, la magnitud del da\u00f1o ocasionado \u2014con impacto extendido sobre v\u00edctimas y sus familias\u2014 los medios empleados y el alto grado de participaci\u00f3n\u201d<\/a>[169], las circunstancias de modo, tiempo y lugar y la especial vulnerabilidad de las victimas tambi\u00e9n son criterios y circunstancias con arreglo a los cuales se debe individualizar y dosificar de la pena. La especial consideraci\u00f3n de la v\u00edctima obedece a que, seg\u00fan se explic\u00f3 en p\u00e1ginas anteriores, estas son el eje central del SIVJRNR.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Sin embargo, dichos art\u00edculos contienen otros criterios objetivos y verificables para la individualizaci\u00f3n y dosificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n que son sensibles a las particularidades de los comparecientes al momento de la ejecuci\u00f3n de la conducta, en aras de humanizar y maximizar la justicia material en el SIVJRNR. Tales art\u00edculos determinan que, en la dosificaci\u00f3n de las sanciones, los magistrados deber\u00e1n tener en cuenta las circunstancias de mayor y menor punibilidad y el grado de instrucci\u00f3n del compareciente. Se trata de criterios que no tienen incidencia en la configuraci\u00f3n del tipo penal, pues solo operan en la cuantificaci\u00f3n de la pena, cuando han influido en la ejecuci\u00f3n de la conducta punible.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. La sensibilidad de la JEP para la consideraci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de estos criterios es importante porque propician la cooperaci\u00f3n de los comparecientes. Es razonable inferir que habr\u00e1 un mayor incentivo para contribuir decidida y activamente con la verdad y los derechos de las v\u00edctimas del conflicto armado, si la justicia transicional es sensible a las circunstancias particulares que rodearon la comisi\u00f3n de las conductas punibles.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Ahora bien, ya no desde la perspectiva de la dosificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, que es el contexto espec\u00edfico en el que se inscribe la expresi\u00f3n acusada, es preciso referirse a la definici\u00f3n del TOAR. La jurisprudencia de la JEP ha sostenido que estos \u201cconstituyen el coraz\u00f3n de la sanci\u00f3n propia\u201d<\/a>[170] y, por tanto, \u201c[d]eber\u00e1n tener la mayor funci\u00f3n restaurativa y reparadora del da\u00f1o causado\u201d<\/a>[171]. De esta manera, los TOAR no solo son la respuesta a la conducta punible. Su legitimidad se sustenta en su capacidad concreta para \u201crestaurar y fomentar la confianza c\u00edvica, la cual descansa en el reconocimiento de las v\u00edctimas como ciudadanos cuyos derechos fueron vulnerados\u201d, y en \u201cla contribuci\u00f3n de la reparaci\u00f3n al logro de la reconciliaci\u00f3n y consolidaci\u00f3n del Estado social de derecho\u201d<\/a>[172].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. En esta medida, los TOAR son proyectos restaurativos con valor jur\u00eddico y sancionatorio<\/a>[173], los cuales deben ser definidos \u201cconforme a criterios de legalidad, proporcionalidad y legitimidad restaurativa\u201d<\/a>[174]. Tal definici\u00f3n, como ya se dijo, est\u00e1 a cargo de los magistrados, quienes pueden utilizar la oferta institucional de proyectos restaurativos disponibles<\/a>[175] o acoger las iniciativas presentadas por las v\u00edctimas o los comparecientes. En cualquier caso, los TOAR deben estructurarse a partir de cuatro dimensiones<\/a>[176]: (i) \u201cla satisfacci\u00f3n de los derechos de las v\u00edctimas, mediante su participaci\u00f3n efectiva en la definici\u00f3n, ejecuci\u00f3n y seguimiento de las medidas\u201d<\/a>[177]; (ii) las garant\u00edas de no repetici\u00f3n; (iii) las restricciones de residencia y movilidad de los sancionados y (iv) la funci\u00f3n simb\u00f3lica de la sanci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1. En la Sentencia Interpretativa TP-SA Senit 8 de 2025, la Secci\u00f3n de Apelaci\u00f3n del Tribunal para la Paz se pronunci\u00f3 sobre la vinculaci\u00f3n excepcional y restringida de un compareciente no seleccionado como m\u00e1ximo responsable a un TOAR. Adem\u00e1s de los criterios m\u00ednimos para tal vinculaci\u00f3n, la Secci\u00f3n se refiri\u00f3 a los criterios de exclusi\u00f3n. Uno de ellos corresponde a \u201clas caracter\u00edsticas personales del compareciente, evaluando su capacidad f\u00edsica y cognitiva<\/strong><\/b> para llevar a cabo acciones concretas de cumplimiento del [r\u00e9gimen de condicionalidad], ya sea en su aspecto general o estricto\u201d [negrilla fuera del texto original]. Si las condiciones particulares del compareciente le impiden cumplir con sus compromisos con el SIVJRNR, \u201clo procedente es la preclusi\u00f3n transicional, en virtud del art\u00edculo 50 de la Ley 1922 de 2018\u201d.<\/li>\n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2. En la misma providencia, la Secci\u00f3n de Apelaci\u00f3n aclar\u00f3 que la vinculaci\u00f3n excepcional y restringida de un compareciente no seleccionado como m\u00e1ximo responsable a un TOAR \u201cdebe valorar las condiciones particulares de comparecientes, en lo relativo al enfoque \u00e9tnico e interseccional que rige a la JEP. De esta manera, si un compareciente es miembro de un pueblo \u00e9tnico o racial, la Sala de Justicia debe adoptar mecanismos de articulaci\u00f3n interjurisdiccional para que las medidas de contribuci\u00f3n a la reparaci\u00f3n cumplan de manera integral con los fines restaurativos de la Jurisdicci\u00f3n\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Desde la perspectiva de la justicia transicional, la valoraci\u00f3n objetiva de las capacidades f\u00edsicas e intelectuales del compareciente, incluso de su trayectoria vital, es necesaria para efectos de definir el TOAR, no as\u00ed para individualizar y dosificar la pena, porque mediante estos los comparecientes restauran el tejido social afectado por el conflicto armado y reparan a las v\u00edctimas. Un TOAR que no tenga en cuenta esas capacidades corre el riesgo de incumplir estos prop\u00f3sitos y, en concreto, de perder eficacia transformadora. Al respecto, la jurisprudencia de la JEP ha sostenido que el TOAR no solo debe tener un impacto estructural sobre las v\u00edctimas, el tejido social y el territorio, sino tambi\u00e9n sobre los comparecientes. En el caso de estos \u00faltimos, el TOAR \u201cdemuestra si [su] participaci\u00f3n es meramente formal o si produce un cambio real en su identidad y en su relaci\u00f3n con la comunidad\u201d<\/a>[178]. Esto es as\u00ed porque los TOAR tambi\u00e9n \u201cson acciones que buscan tener un potencial transformador sobre [\u2026] los comparecientes a partir de su reincorporaci\u00f3n, resocializaci\u00f3n e integraci\u00f3n a la comunidad\u201d<\/a>[179].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. En otras palabras, el TOAR debe garantizar la relaci\u00f3n restaurativa con el da\u00f1o caracterizado, para transformar la relaci\u00f3n entre comparecientes, v\u00edctimas y territorio. Para ello es necesario conocer y potencializar las capacidades individuales de los comparecientes y de esta forma maximizar los efectos restaurativos de los TOAR. En todo caso, dado que la justicia transicional es una justicia que busca la reconciliaci\u00f3n, es necesario generar confianza y seguridad jur\u00eddica sobre los criterios objetivos que, en relaci\u00f3n con tales capacidades, pueden ser considerados para definir los TOAR.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. De acuerdo con lo expuesto, el derecho penal de acto no es ajeno a la dosificaci\u00f3n de las sanciones en el SIVJRNR. No puede olvidarse que, \u201c[r]especto al derecho a ser juzgado por el acto cometido, la Corte Constitucional considera que este no puede ser sometido a limitaci\u00f3n alguna\u201d<\/a>[180].\u00a0Si bien la justicia transicional se fundamenta en el car\u00e1cter restaurativo de la pena y en la centralidad de las v\u00edctimas, ello no significa que la duraci\u00f3n de la sanci\u00f3n a imponer pueda depender de aspectos subjetivos relacionados con la personalidad o el car\u00e1cter de los comparecientes. Son otros los criterios objetivos que deben permitir individualizar, dosificar y humanizar la pena, de acuerdo con lo dispuesto en los art\u00edculos 134 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019 y 64 de la Ley 1922 de 2018.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. La JEP ha considerado la capacidad f\u00edsica y cognitiva de un compareciente, as\u00ed como su pertenencia a un pueblo \u00e9tnico o racial, para su vinculaci\u00f3n a un TOAR. La identificaci\u00f3n y la valoraci\u00f3n de tales condiciones para la definici\u00f3n del TOAR, como componente de la sanci\u00f3n propia, son importantes porque potencializan su efecto transformador sobre los comparecientes y maximizan los efectos restaurativos de esos trabajos, obras y actividades. Esto permite articular el contenido de la sanci\u00f3n propia con los fines restaurativos del SIVJRNR.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. <\/a> Soluci\u00f3n del primer problema jur\u00eddico<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. En el apartado precedente, la Corte precis\u00f3 que el art\u00edculo 64 de la Ley 1922 de 2018 \u2014el cual contiene la expresi\u00f3n demandada\u2014 establece los criterios para la individualizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n. Ese art\u00edculo se ubica en el cap\u00edtulo \u00fanico del t\u00edtulo segundo de la citada ley. El mencionado cap\u00edtulo se denomina \u201cGraduaci\u00f3n de las sanciones y redenci\u00f3n de la pena\u201d, y solo consta de dos art\u00edculos: el que contiene el t\u00e9rmino \u201cla personalidad del agente\u201d y el art\u00edculo 65, que regula el \u201c[c]omponente restaurativo y con enfoque de g\u00e9nero en los proyectos de reparaci\u00f3n\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. En el derecho penal ordinario, la individualizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n se refiere al acto mediante el cual el juez determina la pena, de acuerdo con el sistema de cuartos al que se refiere el art\u00edculo 61 del CP<\/a>[181]. La individualizaci\u00f3n de la pena implica, entonces, determinar los m\u00ednimos y m\u00e1ximos punitivos aplicables con base en los par\u00e1metros del art\u00edculo 60 del CP con el fin de establecer la duraci\u00f3n de la sanci\u00f3n<\/a>[182]. En el caso de la justicia transicional, la individualizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n tambi\u00e9n consiste en el acto de dosificar la sanci\u00f3n propia, alternativa u ordinaria a imponer seg\u00fan el caso, de conformidad con los criterios previstos en los art\u00edculos 64 de la Ley 1922 de 2018 y 134 de la Ley 1957 de 2019<\/a>[183]. En este \u00e1mbito espec\u00edfico, la sanci\u00f3n no es un \u201cn\u00famero abstracto\u201d, pues la dosificaci\u00f3n es el \u201cresultado de una ponderaci\u00f3n estricta que integra estos factores\u201d<\/a>[184]. En consecuencia, la expresi\u00f3n demandada supone que la JEP podr\u00e1 dosificar la sanci\u00f3n con base, entre otros criterios, en la personalidad del compareciente.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Ahora bien, en el tercer ac\u00e1pite de la presente providencia, la Sala consider\u00f3 que, aunque los cargos admitidos a tr\u00e1mite son diferenciables entre s\u00ed por estar sustentados en contenidos normativos diversos de la Constituci\u00f3n, el primer problema jur\u00eddico que debe solucionar puede sintetizarse en la siguiente pregunta: \u00bfla expresi\u00f3n \u201cla personalidad del agente\u201d, contenida en el art\u00edculo 64 de la Ley 1922 de 2018 como criterio para individualizar las sanciones propias, alternativas y ordinarias que impone la JEP, desconoce los principios de legalidad y modelo de derecho penal de acto?<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Al formular este problema jur\u00eddico, la Corte advirti\u00f3 que, en los t\u00e9rminos de las intervenciones recibidas y el concepto del procurador general de la naci\u00f3n, para resolver este problema jur\u00eddico, deb\u00eda dilucidar si esa expresi\u00f3n es un concepto jur\u00eddico indeterminado y, de ser as\u00ed, si su alcance y contenido pueden ser identificados con base en las normas constitucionales, estatutarias y legales que regulan la JEP. En concordancia con la metodolog\u00eda explicada en el fundamento jur\u00eddico 119<\/a>[185], procede la Sala a valorar la constitucionalidad de la expresi\u00f3n demandada por la presunta violaci\u00f3n del principio de legalidad.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>7.1. La expresi\u00f3n \u201cpersonalidad del agente\u201d tiene una textura abierta y ambigua cuyo alcance inicial es impreciso<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Desde la perspectiva de la psicolog\u00eda, la expresi\u00f3n \u201cpersonalidad\u201d es el \u201c[c]onjunto de caracter\u00edsticas ps\u00edquicas y modalidades de comportamiento que, en su integraci\u00f3n, constituyen el n\u00facleo irreductible de un individuo, que perdura como tal en la multiplicidad y en la diversidad de las situaciones ambientales en las que se manifiesta y act\u00faa\u201d<\/a>[186]. En este \u00e1mbito, hasta los a\u00f1os treinta, \u201cpersonalidad\u201d, \u201ccar\u00e1cter\u201d y \u201ctemperamento fueron tratados como sin\u00f3nimos. En la criminolog\u00eda, el t\u00e9rmino \u201cpersonalidad\u201d guarda relaci\u00f3n con las condiciones biol\u00f3gicas, ps\u00edquicas y sociales que permiten explicar y predecir que un individuo cometer\u00e1 un delito<\/a>[187].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. En los cap\u00edtulos cuarto y quinto, la Sala record\u00f3 que, en el derecho penal ordinario y, espec\u00edficamente, en la Escuela Positivista del Delito, la personalidad del agente como criterio para la individualizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n era empleada para evaluar la moral del infractor, su peligrosidad y \u201cbuena conducta anterior\u201d. Con sustento en el cambio de paradigma entre el CP de 1936 y el CP de 1980, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia asumi\u00f3 que la personalidad del agente permit\u00eda valorar la resocializaci\u00f3n del condenado y su capacidad para comprender y querer el hecho. Dado que el CP actual elimin\u00f3 toda referencia expresa a la \u201cpersonalidad del agente\u201d, en el derecho penal ordinario el t\u00e9rmino se encuentra en desuso para la individualizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. En el apartado sexto de esta decisi\u00f3n, la corporaci\u00f3n advirti\u00f3 que, en la Sentencia C-910 de 2012, la Sala Plena concluy\u00f3 que el t\u00e9rmino \u201cpersonalidad\u201d, en el contexto espec\u00edfico de la sustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva en establecimiento carcelario por la detenci\u00f3n preventiva en el lugar de residencia, es un concepto jur\u00eddico indeterminado. En esa oportunidad, la Corte no defini\u00f3 de manera abstracta la expresi\u00f3n. Se limit\u00f3 a indicar que, en la \u00f3rbita de la norma acusada, el an\u00e1lisis de la personalidad deb\u00eda centrarse en \u201c[las] caracter\u00edsticas que se exteriorizan, y a partir de las cuales se explica y se predice con alg\u00fan nivel de certeza [el] comportamiento t\u00edpico\u201d. La Sala afirm\u00f3 que la personalidad era un criterio importante porque permit\u00eda establecer si el beneficio pod\u00eda afectar la satisfacci\u00f3n de las finalidades de la medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva intramural: \u201c[garantizar] la comparecencia del sindicado al proceso, el cumplimiento de la pena, la integridad de la sociedad o las v\u00edctimas, o el desarrollo del proceso penal\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. La Sala observa que la aproximaci\u00f3n al t\u00e9rmino que realiz\u00f3 la Sentencia C-910 de 2012 no desvirt\u00faa la conclusi\u00f3n inicial que presenta ese mismo fallo. De manera general, el t\u00e9rmino \u201cpersonalidad\u201d contin\u00faa siendo un concepto jur\u00eddico indeterminado. Lo que sucede es que, en el \u00e1mbito concreto de la sustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva intramural, dicha indeterminaci\u00f3n puede ser superada mediante una herramienta que ofrece el derecho penal ordinario denominada juicio de suficiencia<\/a>[188]. Ese juicio est\u00e1 \u201cencaminado a demostrar que otra medida de aseguramiento menos restrictiva de la libertad, como es la detenci\u00f3n domiciliaria, es suficiente y adecuada para garantizar estos objetivos. Esto significa que la decisi\u00f3n est\u00e1 en funci\u00f3n de estas finalidades\u201d<\/a>[189].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Una diferencia importante entre la demanda resuelta en la Sentencia C-910 de 2012 y la que ahora convoca a la Sala consiste en que, mientras la primera se refiere a la norma del derecho penal ordinario que permite, a t\u00edtulo de beneficio, reemplazar la medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva intramural por la detenci\u00f3n preventiva en el lugar de residencia; la segunda se contrae a la norma que, en la justicia transicional, contiene los criterios para dosificar la sanci\u00f3n. Es decir, el primer caso involucra la sustituci\u00f3n de una medida preventiva y cautelar, anterior a la imposici\u00f3n y dosificaci\u00f3n de la pena, que es un beneficio; y el segundo, los par\u00e1metros para calcular la duraci\u00f3n de la sanci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Esta diferencia sustancial hace imposible equiparar los dos escenarios, incluso si se considera que las sanciones del SIVJRNR no son las mismas que prev\u00e9 el derecho penal ordinario. La especialidad de las sanciones transicionales no las convierte en beneficios<\/em> como el analizado en la Sentencia C-910 de 2012. En estricto rigor jur\u00eddico, las penas que impone la JEP son verdaderas sanciones, por al menos tres razones: (i) las sanciones propias incluyen un componente de justicia retributiva porque suponen la restricci\u00f3n de derechos y libertades \u2014como la libertad de residencia y movimiento<\/a>[190]\u2014, aunque no la privaci\u00f3n de la libertad<\/a>[191]; (ii) las sanciones alternativas y ordinarias son esencialmente retributivas porque s\u00ed consisten en la privaci\u00f3n de la libertad; y (iii) el cumplimiento de los tres tipos de sanciones est\u00e1 sometido a verificaci\u00f3n y seguimiento, so pena de la p\u00e9rdida del tratamiento especial<\/a>[192].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Ahora bien, la especialidad del escenario al que se adscribe la compresi\u00f3n del t\u00e9rmino en la Sentencia C-910 de 2012 impide concluir que la indeterminaci\u00f3n del concepto jur\u00eddico de \u201cpersonalidad\u201d se encuentra superada en todos los casos, incluso en el campo de la justicia transicional. Al respecto, no debe olvidarse que, de acuerdo con la jurisprudencia, \u201cla indeterminaci\u00f3n no puede ser examinada de manera general, sino dentro del contexto en el que se emplea el respectivo concepto\u201d<\/a>[193].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Debido a la imprecisi\u00f3n y ambig\u00fcedad advertidas, prima facie<\/em>, no es claro cu\u00e1les son los rasgos<\/em>, las caracter\u00edsticas <\/em>o las condiciones biol\u00f3gicas<\/em>, ps\u00edquicas<\/em> y sociales<\/em> del compareciente que, a t\u00edtulo del criterio \u201cpersonalidad del agente\u201d, podr\u00e1 evaluar la JEP para efectos de individualizar la sanci\u00f3n ni cu\u00e1l es el grado de incidencia de cada uno de esos factores inespec\u00edficos en la dosificaci\u00f3n de aquella. De acuerdo con la redacci\u00f3n de la norma, se desconoce si el t\u00e9rmino abarca los antecedentes personales del compareciente, su voluntad de resocializaci\u00f3n o de reincorporaci\u00f3n, o su capacidad y disposici\u00f3n para estar en contacto con las v\u00edctimas. Tampoco es claro cu\u00e1les son la caracter\u00edsticas ps\u00edquicas y modalidades de comportamiento del compareciente que ser\u00e1n tenidas en cuenta por los magistrados para individualizar la pena: las exteriorizadas durante el conflicto armado, durante el curso del proceso ante la JEP o durante dicho proceso, pero en el \u00e1mbito de lo privado.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. En este punto, resulta pertinente mencionar que el derecho penal admite tener en cuenta la calidad del autor en los denominados delitos de sujeto activo especial. De acuerdo con la jurisprudencia<\/a>[194], estos \u00faltimos solo pueden ser cometidos por aquel que re\u00fana las cualidades espec\u00edficas exigidas por el tipo penal<\/a> (intraneu<\/em>s), pues <\/em>quien no las tenga concurrir\u00e1 en la conducta en calidad de part\u00edcipe (extraneus)<\/em>. Es claro que la expresi\u00f3n demandada no guarda relaci\u00f3n con la calidad del autor o con la infracci\u00f3n de un deber extrapenal, social o especial. En este sentido, se hace necesario descartar la posibilidad de que tal expresi\u00f3n remita a calidades objetivas o a posiciones jur\u00eddicas verificables del agente.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Vista as\u00ed, la expresi\u00f3n personalidad del agente es una expresi\u00f3n de textura abierta y ambigua cuyos significado y alcance son inicialmente indefinidos. La jurisprudencia constitucional ha encontrado posible superar tal indeterminaci\u00f3n solo en el escenario espec\u00edfico de la sustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva intramural, gracias al juicio de suficiencia que est\u00e1 dispuesto en la legislaci\u00f3n ordinaria para su aplicaci\u00f3n. Este desarrollo jurisprudencial impide superar la ambig\u00fcedad del t\u00e9rmino en el presente caso porque, en el contexto concreto de la justicia transicional, se desconocen cu\u00e1les son los supuestos de hecho que contiene.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        <\/a>7.2. La expresi\u00f3n \u201cpersonalidad del agente\u201d es un concepto jur\u00eddico indeterminado<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. La Sala constata que, en el \u00e1mbito concreto de la justicia transicional en Colombia, la voz \u201cpersonalidad del agente\u201d es un concepto jur\u00eddico indeterminado. Los \u201cmarcos jur\u00eddicos de referencia\u201d<\/a>[195] del SIVJRNR no contienen una definici\u00f3n de ese t\u00e9rmino y, por el contrario, parecen proscribirlo. El inciso 6 del art\u00edculo transitorio 5 y el art\u00edculo transitorio 22 del art\u00edculo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017, as\u00ed como el art\u00edculo 23 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019, disponen que, al adoptar sus resoluciones o sentencias, la JEP har\u00e1 una calificaci\u00f3n jur\u00eddica propia del SIVJRNR, respecto de las conductas objeto de esta, la cual \u201cse basar\u00e1, con estricta sujeci\u00f3n\u201d<\/a>[196], en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, el \u201cC\u00f3digo Penal colombiano vigente al momento de la comisi\u00f3n del hecho\u201d<\/a>[197], el DIDH, el DIH y el DPI<\/a>[198]. Lo anterior, \u201csiempre con aplicaci\u00f3n obligatoria del principio de favorabilidad\u201d<\/a>[199].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Conviene destacar que en la Sentencia C-674 de 2017, mediante la cual la Corte adelant\u00f3 el control autom\u00e1tico de constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017, la Sala Plena explic\u00f3 el alcance de las fuentes del derecho del SIVJRNR, enlistadas anteriormente. En esa oportunidad, la Corte indic\u00f3 que la remisi\u00f3n que hace esa reforma constitucional al CP, al DIH, el DIDH y el DPI es solo para calificar las infracciones penales cometidas en el marco del conflicto armado. En este sentido, dijo, la determinaci\u00f3n de las penas solo puede fundarse \u201cen el esquema sancionatorio previsto directamente en el Punto 5.1.2 del Acuerdo Final\u201d<\/a>[200]. Aunque esta aclaraci\u00f3n es fundamental para el presente an\u00e1lisis en la medida en que la norma acusada se inscribe en la individualizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, y no en la calificaci\u00f3n de la infracci\u00f3n penal, procede la corporaci\u00f3n a demostrar brevemente que incluso en tales fuentes del derecho del SIVJRNR tampoco existe ninguna definici\u00f3n de la expresi\u00f3n \u201cpersonalidad del agente\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. En efecto, como se indic\u00f3 en el cap\u00edtulo cuarto de esta sentencia, el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n acoge el derecho penal de acto y, en principio, rechaza la posibilidad de sancionar al individuo por su personalidad. No obstante, a luz de ese art\u00edculo, la personalidad del implicado s\u00ed puede ser un criterio para establecer la procedencia de la sustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva en establecimiento carcelario por la detenci\u00f3n preventiva en el lugar de residencia<\/a>[201].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. En relaci\u00f3n con los c\u00f3digos penales, en p\u00e1ginas anteriores, la Sala explic\u00f3 que el t\u00e9rmino ha sido tratado por la Corte Constitucional \u2014en el contexto de la sustituci\u00f3n de la detenci\u00f3n preventiva<\/a>[202]\u2014 y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia \u2014para analizar normas de los CP de 1936 y 1980\u2014 como un concepto jur\u00eddico indeterminado. Al respecto, la corporaci\u00f3n destac\u00f3 que, en todo caso, el ordenamiento penal interno s\u00ed ha hecho un tr\u00e1nsito progresivo desde un modelo inspirado en la peligrosidad y personalidad del sujeto, propio del derecho penal de autor, hacia un sistema fundado en la culpabilidad por el acto, conforme al principio constitucional de dignidad humana.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1. En el \u00e1mbito del marco normativo b\u00e1sico del DIDH, el art\u00edculo 11.2 de la DUDH tambi\u00e9n adopta el derecho penal de acto y, por tanto, no se refiere a la personalidad del infractor<\/a>[203]. En similar sentido, el art\u00edculo 15.1 del PIDCP dispone que las personas solo podr\u00e1n ser condenadas por su actos u omisiones, y guarda silencio sobre el criterio de la personalidad del sancionado<\/a>[204]. Del mismo modo, el art\u00edculo 9 de la CADH expresamente estatuye que \u201c[n]adie puede ser condenado por acciones u omisiones<\/strong><\/b> que en el momento de cometerse no fueran delictivos seg\u00fan el derecho aplicable\u201d [negrilla fuera del texto original]<\/a>[205].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Trat\u00e1ndose del DIH, sucede algo similar. En los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 no se encuentra ninguna referencia a la personalidad del combatiente o del agente<\/a>[206]. De hecho, el art\u00edculo 6 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, relativo a la protecci\u00f3n de las v\u00edctimas de los conflictos armados sin car\u00e1cter internacional (Protocolo II)<\/a>[207], acoge el derecho penal de acto y los principios de legalidad y de culpabilidad, y se abstiene de mencionar la personalidad del individuo para efectos del enjuiciamiento y la sanci\u00f3n de infracciones penales cometidas en relaci\u00f3n con el conflicto armado. En concreto, el citado art\u00edculo dispone que \u201c[n]adie podr\u00e1 ser condenado por una infracci\u00f3n sino es sobre la base de su responsabilidad penal individual\u201d y \u201c[n]adie ser\u00e1 condenado por actos u omisiones<\/strong><\/b> que en el momento de cometerse no fueran delictivos seg\u00fan el derecho\u201d [negrilla fuera del texto original].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Por su parte, en el campo del DPI, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) tambi\u00e9n adopta el derecho penal de acto y no se refiere a la personalidad del sujeto<\/a>[208]. Su parte III desarrolla los principios generales del derecho penal, entre los que incluye el de legalidad de la conducta punible y de la exclusi\u00f3n de la analog\u00eda (art\u00edculo 22)<\/a>[209], legalidad de la pena (art\u00edculo 23), irretroactividad ratione personae<\/em> (art\u00edculo 24), responsabilidad penal individual (art\u00edculo 25) y de intencionalidad (art\u00edculo 30). Las reglas de Procedimiento y Prueba del Estatuto de Roma tampoco contienen una definici\u00f3n de la expresi\u00f3n \u201cpersonalidad del agente\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. En su intervenci\u00f3n, el Ministerio de Defensa Nacional sostiene que la locuci\u00f3n personalidad del agente no es un concepto jur\u00eddico indeterminado porque \u201cha sido definido doctrinal y jurisprudencialmente como el conjunto de rasgos ps\u00edquicos y sociales del sujeto que influyen en su conducta y permiten valorar su grado de peligrosidad, intencionalidad, reincidencia, posibilidades de resocializaci\u00f3n, entre otros factores\u201d<\/a>[210]. Sin embargo, no se\u00f1ala la fuente de esta informaci\u00f3n y, en esa medida, su contrastaci\u00f3n en esta providencia no es posible. Con todo, el interviniente tampoco aclara la manera y los criterios normativos, y no subjetivos, con base en los cuales la JEP podr\u00eda realizar dicha valoraci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. La entidad tambi\u00e9n menciona, sin ning\u00fan desarrollo, que dicha locuci\u00f3n responde a los est\u00e1ndares internacionales de la justicia transicional y, en particular, a los Principios Joinet\/Orentlicher o principios sobre la impunidad. No obstante, all\u00ed tampoco existe alguna referencia a este t\u00e9rmino.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. En l\u00ednea con lo anterior, la expresi\u00f3n \u201cpersonalidad del agente\u201d no es definida en los Actos Legislativos 01 y 02 de 2017 ni en las leyes 1820 de 2016<\/a>[211] y Estatutaria 1957 de 2019 ni en el Punto cinco del AFP. En contraste, los actos legislativos citados y las leyes mencionadas prev\u00e9n el derecho fundamental al debido proceso y las garant\u00edas procesales como principios y objetivos del SIVJRNR<\/a>[212]. En la \u00fanica norma del SIVJRNR en la que se encuentra esa voz es el art\u00edculo 64 de la Ley 1922 de 2018, demandado parcialmente en el presente proceso.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. En relaci\u00f3n con este \u00faltimo punto, la Sala considera necesario llamar la atenci\u00f3n sobre los antecedentes legislativos de la Ley 1922 de 2018<\/a>[213]. La exposici\u00f3n de motivos que acompa\u00f1\u00f3 el proyecto de ley, el cual fue radicado por el Ministerio del Interior, guard\u00f3 silencio sobre el alcance de la expresi\u00f3n<\/a>[214]. Al respecto, se debe mencionar que el contenido del ahora art\u00edculo 64 no se mantuvo inc\u00f3lume a lo largo del tr\u00e1mite legislativo<\/a>[215]. En el curso de las sesiones conjuntas de las comisiones primeras de Senado y C\u00e1mara de Representantes en primer debate, un representante solicit\u00f3, sin justificar la raz\u00f3n, la exclusi\u00f3n del t\u00e9rmino, as\u00ed como de la voz \u201cel grado de instrucci\u00f3n y condici\u00f3n social del acusado\u201d<\/a>[216]. Sin embargo, tambi\u00e9n sin justificaci\u00f3n alguna, esta proposici\u00f3n no fue aceptada por los ponentes<\/a>[217] y, posteriormente, fue dejada como constancia por su autor<\/a>[218].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. En el curso del debate en la plenaria de la C\u00e1mara de Representantes, con fundamento en la misma proposici\u00f3n \u2014la cual esta vez s\u00ed fue avalada por los ponentes\u2014<\/a>[219], las expresiones fueron eliminadas sin discrepancias, por lo que el texto definitivo aprobado por esa c\u00e9lula legislativa no contiene ninguna de las dos expresiones<\/a>[220]. No obstante, en segundo debate, la plenaria del Senado de la Rep\u00fablica aprob\u00f3 el art\u00edculo de acuerdo con la versi\u00f3n aprobada por las comisiones conjuntas en primer debate, es decir, con la inclusi\u00f3n de los dos enunciados<\/a>[221]. Esto, debido a que los senadores no presentaron proposiciones para modificar o sustituir su contenido<\/a>[222].<\/li>\n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. La Comisi\u00f3n Accidental de Conciliaci\u00f3n acogi\u00f3 \u201cen su totalidad el texto aprobado por la Plenaria del Senado de la Rep\u00fablica\u201d<\/a>[223]. En las sesiones en que las plenarias aprobaron el informe de conciliaci\u00f3n, ning\u00fan miembro del Congreso de la Rep\u00fablica se pronunci\u00f3 sobre el art\u00edculo 64<\/a>[224].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena concluye que, en el \u00e1mbito concreto de la justicia transicional en Colombia, la voz \u201cpersonalidad del agente\u201d es un concepto jur\u00eddico indeterminado. En los denominados marcos jur\u00eddicos de referencia del SIVJRNR, los Actos Legislativos 01 y 02 de 2017, las leyes 1820 de 2016, 1922 de 2018 y Estatutaria 1957 de 2019, el Punto cinco del AFP y los antecedentes legislativos de la Ley 1922 de 2018 no es posible identificar una definici\u00f3n de ese t\u00e9rmino. En este orden, se trata de una expresi\u00f3n de textura abierta y ambigua cuyo significado es inicialmente indeterminado, por lo que su alcance debe ser \u201cestablecido al momento de su aplicaci\u00f3n por el int\u00e9rprete\u201d<\/a>[225].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  <\/a>7.3. No es posible superar la indeterminaci\u00f3n del concepto jur\u00eddico \u201cla personalidad del agente\u201d<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Ahora bien, como se anot\u00f3 en el apartado sexto de la presente sentencia, la Corte ha sostenido que los conceptos jur\u00eddicos indeterminados no son por s\u00ed mismos inconstitucionales. El lenguaje del derecho es el lenguaje natural y, por ende, debe ser interpretado por los operadores jur\u00eddicos. En esa medida, \u201clos sistemas jur\u00eddicos de toda sociedad deben lidiar con los problemas de indeterminaci\u00f3n de sentido, propios de todo lenguaje natural, a saber: la ambig\u00fcedad, la vaguedad o la textura abierta\u201d<\/a>[226].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. En el fundamento jur\u00eddico 116, la Sala explic\u00f3 que el uso de conceptos jur\u00eddicos indeterminados, especialmente cuando su aplicaci\u00f3n puede implicar la restricci\u00f3n de derechos y libertades constitucionales, debe seguir varias reglas, entre ellas dos: (i) \u201c[c]uando sea posible esclarecer un concepto jur\u00eddico indeterminado a partir de las herramientas hermen\u00e9uticas que ofrece el propio ordenamiento, la disposici\u00f3n no ser\u00e1 inconstitucional. Por el contrario, si el concepto es tan abierto que no puede ser concretado en forma razonable, se desconoce el principio de legalidad\u201d<\/a>[227]. Segunda, \u201c[e]n materia sancionatoria, ya sea penal o disciplinaria, la exigencia de certeza sobre el supuesto de hecho de una norma es mayor, puesto que la aplicaci\u00f3n de esta puede implicar una afectaci\u00f3n m\u00e1s profunda de los derechos y libertades constitucionalmente protegidas\u201d<\/a>[228]. En aplicaci\u00f3n de estas dos reglas, la norma deber\u00e1 ser expulsada del ordenamiento si la indeterminaci\u00f3n es insuperable y, en consecuencia, genera una restricci\u00f3n indebida o desproporcionada de los principios y derechos constitucionales.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Por las razones que pasan a explicarse a continuaci\u00f3n, la Corte concluye que no es posible superar la indeterminaci\u00f3n del concepto jur\u00eddico \u201cla personalidad del agente\u201d ni concretar razonablemente su contenido con base en las normas que regulan el SIVJRNR. Para fundamentar esta conclusi\u00f3n, la Sala desarrollar\u00e1 sus argumentos mediante el abordaje de cuatro elementos identificados en el cap\u00edtulo s\u00e9ptimo de la presente sentencia: (i) los procedimientos para la imposici\u00f3n de las sanciones en la JEP; (ii) las sanciones propias; (iii) las sanciones alternativas y ordinarias y (iv) el cumplimiento de las sanciones.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Para empezar, la JEP y el Ministerio P\u00fablico coinciden en que el criterio para la individualizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n denominado \u201cla personalidad del agente\u201d debe entenderse de conformidad con dos de los principios fundamentales del SIVJRNR: la centralidad de las v\u00edctimas y el car\u00e1cter restaurativo de las sanciones propias. Al respecto, destacan que dicho criterio puede delimitarse al tenor de lo dispuesto en los art\u00edculos transitorio 12 (par\u00e1grafo) y transitorio 13 del art\u00edculo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017, los art\u00edculos 13 y 141 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019 y el Punto 5.1.2 del AFP.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Los intervinientes aciertan al considerar que la centralidad de las v\u00edctimas y el car\u00e1cter restaurativo de las sanciones propias son dos pilares fundamentales del SIVJRNR. En las consideraciones generales de esta providencia, la Sala record\u00f3 que a la luz del Acto Legislativo 01 de 2017 y de la Sentencia C-080 de 2018, el SIVJRNR est\u00e1 orientado por un concepto de justicia restaurativa, para el caso de las sanciones propias, y por la centralidad de las v\u00edctimas. Estas nociones son transversales a todo el sistema y, seg\u00fan se explic\u00f3 en el apartado s\u00e9ptimo, se materializan en los procedimientos y actuaciones que adelanta la JEP, as\u00ed como en la clasificaci\u00f3n de las sanciones.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Sin embargo, ninguno de los dos pilares explica o delimita por s\u00ed mismo el criterio de la \u201cpersonalidad del agente\u201d para dosificar las sanciones propias, alternativas y ordinarias, es decir, para establecer la duraci\u00f3n de estas. Como se ver\u00e1 enseguida, las \u201cgarant\u00edas procesales, sustanciales, probatorias y de acceso\u201d a favor de las v\u00edctimas<\/a>[229]; las finalidades restaurativa y reparadora de las sanciones<\/a>[230]; la centralidad de las v\u00edctimas y su relaci\u00f3n con la justicia restaurativa<\/a>[231]; el componente restaurativo de las sanciones propias aplicables a quienes reconozcan verdad exhaustiva, detallada y plena en la SRVR<\/a>[232] y el componente de justicia del SIVJRNR<\/a>[233] son aspectos protegidos en los procedimientos que adelanta la JEP, en el contenido de las sanciones propias y en la misma norma en la que se inserta la expresi\u00f3n acusada, mediante otros criterios para dosificar las sanciones propias, alternativas y ordinarias.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Desde esa perspectiva, tales elementos no resuelven la indeterminaci\u00f3n del concepto ni concretan el alcance del criterio de dosificaci\u00f3n demandado porque son criterios orientadores del SIVJRNR y, por su generalidad, no tienen la capacidad de concretar y superar la ambig\u00fcedad del t\u00e9rmino demandado. Se trata de elementos transversales al SIVJRNR, presentes en todos los procedimientos que adelanta la JEP, en las sanciones y en los dem\u00e1s par\u00e1metros que define el art\u00edculo 64 de la Ley 1922 de 2018 para la dosificaci\u00f3n de las sanciones.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Los procedimientos para la imposici\u00f3n de las sanciones. <\/em>En el apartado respectivo, la Sala explic\u00f3 que los dos tipos de procesos que adelanta la JEP \u2014 con o sin reconocimiento de verdad y responsabilidad\u2014 giran en torno, justamente, a ese reconocimiento. En este sentido, ambos reconocimientos son consustanciales a esos procedimientos, por lo que su verificaci\u00f3n tiene lugar a lo largo de aquellos, y no solo al momento de la individualizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n. En este orden, los dos procesos se caracterizan por contener garant\u00edas procesales a favor de las v\u00edctimas y por ubicarlas en el centro de las actuaciones<\/a>[234] y, en el caso del procedimiento con reconocimiento de verdad y responsabilidad, por buscar las finalidades restaurativa y reparadora de las sanciones.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Los procesos en caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad<\/u>. Ya se dijo que la JEP debe promover la construcci\u00f3n dial\u00f3gica de la verdad entre los sujetos procesales e intervinientes, lo que por supuesto incluye a las v\u00edctimas y comparecientes<\/a>[235]. En este contexto, ese proceso prev\u00e9, entre otras, dos medidas para garantizar la centralidad de las v\u00edctimas y las finalidades restaurativa y reparadora de las sanciones: primera, las versiones voluntarias por parte de los comparecientes, las cuales tienen \u201ccomo prop\u00f3sito el acopio de informaci\u00f3n para contribuir a la b\u00fasqueda de la verdad\u201d<\/a>[236]; y, segunda, las audiencias p\u00fablicas de reconocimiento de verdad y responsabilidad, en las que dicho reconocimiento deber\u00e1 ser \u201ccompleto, detallado y exhaustivo\u201d, y en las que la JEP debe garantizar \u201clos principios de la justicia restaurativa\u201d y \u201cel derecho al acceso a la justicia y a la participaci\u00f3n de las v\u00edctimas desde un enfoque territorial, de g\u00e9nero y \u00e9tnico-racial\u201d<\/a>[237].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. En el marco de este tipo de procesos, las v\u00edctimas con inter\u00e9s directo y leg\u00edtimo podr\u00e1n ejercer varios derechos en el procedimiento ante la SRVR. Para resolver la demanda de la referencia, basta con destacar cuatro<\/a>[238]: (i) presentar observaciones a las versiones voluntarias, (ii) asistir a las audiencias p\u00fablicas de reconocimiento, (iii) presentar observaciones finales escritas sobre todos los aspectos concernientes a la Resoluci\u00f3n de Conclusiones y (iv) \u201c[p]resentar observaciones en relaci\u00f3n con los proyectos restaurativos presentados por la persona compareciente\u201d, trat\u00e1ndose de las sanciones propias.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. En este punto, conviene precisar que la Resoluci\u00f3n de Conclusiones es la decisi\u00f3n judicial mediante la cual la SRVR remite el caso a la Secci\u00f3n de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para el juzgamiento de los comparecientes. Tal resoluci\u00f3n contiene, entre otros elementos, los reconocimientos de verdad y responsabilidad realizados por los comparecientes, debidamente contrastados e investigados, y \u201cel proyecto de sanciones con su contenido reparador y de medidas restaurativas que podr\u00e1n ser definidas con participaci\u00f3n de las v\u00edctimas\u201d<\/a>[239], es decir, los TOAR.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Cuando el caso se encuentra en la Secci\u00f3n de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal, es repartido al magistrado sustanciador, quien en la ponencia deber\u00e1 determinar \u201clas conductas reconocidas, (\u2026) la propuesta de la sanci\u00f3n, (\u2026) las condiciones de contribuci\u00f3n a la verdad y reparaci\u00f3n en el marco del SIVJRNR\u201d<\/a>[240]. Igualmente, de manera previa, deber\u00e1 convocar a una audiencia p\u00fablica en la que, nuevamente, verificar\u00e1 \u201cel cumplimiento de las condiciones de contribuci\u00f3n a la verdad y a la forma de reparaci\u00f3n en el marco del SIVJRNR\u201d<\/a>[241]. En todo caso, si la Secci\u00f3n establece que el reconocimiento de verdad y responsabilidad no es sobre todas las conductas endilgadas, dispondr\u00e1 la ruptura de la unidad procesal y el env\u00edo de la actuaci\u00f3n a la UIA<\/a>[242].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Con fundamento en lo expuesto, la Sala Plena concluye que la centralidad de las v\u00edctimas y las finalidades restaurativas y reparadoras del SIVJRNR son garantizadas en diversas etapas y actuaciones dentro del tr\u00e1mite de los procesos en caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad. En estos procesos, el reconocimiento de verdad y responsabilidad deber\u00e1 ser completo, detallado y exhaustivo como condici\u00f3n de permanencia y para acceder al r\u00e9gimen de condicionalidad<\/a>[243]. En esos procesos, las v\u00edctimas no solo tienen derecho a participar en esas etapas y actuaciones, sino tambi\u00e9n a presentar observaciones sobre los reconocimientos de verdad y responsabilidad realizados por los comparecientes y a los TOAR formulados por ellos. Incluso en la etapa de juzgamiento, nuevamente, la Secci\u00f3n de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal debe verificar la contribuci\u00f3n a la verdad y la forma de reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. En consecuencia, las normas que regulan los procesos en caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad no permiten superar la indeterminaci\u00f3n del concepto jur\u00eddico \u201cla personalidad del agente\u201d ni concretar razonablemente su contenido en la decisi\u00f3n de dosificaci\u00f3n de las sanciones propias. Dado que la interpretaci\u00f3n ofrecida al respecto por la JEP y el Ministerio P\u00fablico ya se encuentra prevista en tales normas, por ahora, dicho concepto no tiene un contenido jur\u00eddico propio y tampoco puede ser interpretado de una forma compatible con la Constituci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Los procesos en caso de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad<\/u>. Seg\u00fan se precis\u00f3 en p\u00e1ginas anteriores, este es un procedimiento adversarial, en el que existe un escrito de acusaci\u00f3n, un ejercicio de pr\u00e1ctica probatoria y una audiencia de juzgamiento, en la cual pueden participar las v\u00edctimas<\/a>[244]. Estas tambi\u00e9n pueden presentar alegatos de conclusi\u00f3n y asistir a la audiencia de sustentaci\u00f3n respectiva \u201cpara ejercer su derecho de contradicci\u00f3n dentro de los l\u00edmites de los escritos presentados\u201d<\/a>[245]. En cualquier caso, el compareciente tiene derecho a reconocer su responsabilidad hasta antes de dictarse sentencia (\u201cderecho de \u00faltima palabra\u201d). En este evento, que da lugar a la aplicaci\u00f3n de \u201clas sanciones de acuerdo a lo establecido el Acto Legislativo n\u00famero 01\u00a0de 2017\u201d, el compareciente asume \u201ccompromisos con la verdad y el restablecimiento de los derechos de las v\u00edctimas\u201d<\/a>[246].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1. En los procesos en caso de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad, las v\u00edctimas pueden interponer recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia y, \u201ccomo medida de reparaci\u00f3n\u201d, solicitar a la Secci\u00f3n que adelante la audiencia de lectura de la sentencia<\/a>[247]. Igualmente, en caso de reconocimiento tard\u00edo de responsabilidad y antes de iniciaci\u00f3n del juicio oral, podr\u00e1n solicitar que se realice una \u201cconferencia\u201d cuyo fin ser\u00e1 facilitar la resoluci\u00f3n de los conflictos entre ellas y los acusados, propender al restablecimiento de sus derechos y llegar a un acuerdo restaurativo<\/a>[248]. Este ser\u00e1 tenido en cuenta al momento de dosificar la sanci\u00f3n<\/a>[249].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. En el marco de estos procesos, es posible la imposici\u00f3n de medidas de aseguramiento. Entre otras finalidades, estas deben \u201cgarantizar los derechos de las v\u00edctimas y la sociedad\u201d, y no pueden \u201cfundarse en ning\u00fan criterio de peligrosismo\u201d<\/a>[250].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. De acuerdo con lo anterior, la Sala constata que, incluso en los procesos en caso de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad, la centralidad de las v\u00edctimas y las finalidades restaurativas y reparadoras del SIVJRNR son garantizadas mediante normas distintas al art\u00edculo 64 de la Ley 1922 de 2018 y, en concreto, por medio de disposiciones que no guardan ninguna relaci\u00f3n con \u201cla personalidad del agente\u201d. Las v\u00edctimas participan en las diversas etapas procesales y, en el contexto espec\u00edfico del reconocimiento tard\u00edo de responsabilidad, pueden, si as\u00ed lo quieren, llegar a un acuerdo restaurativo con los comparecientes que ser\u00e1 considerado para la dosificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n. En estos procesos, la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado, la contribuci\u00f3n a la verdad y la determinaci\u00f3n de la responsabilidad tambi\u00e9n son principios fundamentales porque as\u00ed lo dispone el art\u00edculo 13 de la Ley Estatutaria 1957 de 2018<\/a>[251].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. Desde esta perspectiva, las normas que regulan los procesos en caso de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad tampoco permiten superar la indeterminaci\u00f3n del concepto jur\u00eddico \u201cla personalidad del agente\u201d ni concretar razonablemente su contenido para la dosificaci\u00f3n de las sanciones alternativas y ordinarias<\/a>[252]. Por tanto, la interpretaci\u00f3n de la JEP y el Ministerio P\u00fablico sobre el entendimiento de esa expresi\u00f3n en este \u00e1mbito ya est\u00e1 incluida en tales normas. De esta manera, dicho concepto contin\u00faa sin tener un contenido jur\u00eddico propio que pueda ser interpretado acorde con la Constituci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. La imposici\u00f3n de las sanciones propias. <\/em>La JEP y el Ministerio P\u00fablico est\u00e1n de acuerdo en que la expresi\u00f3n demandada es exequible en el caso de las sanciones propias porque permite garantizar el car\u00e1cter restaurativo y reparador de esas sanciones. En su criterio, \u201cla sanci\u00f3n propia, junto con los elementos que la integran, tiene unas caracter\u00edsticas e implicaciones que hacen necesario que para su imposici\u00f3n se deba considerar la personalidad del agente\u201d<\/a>[253]. Puntualmente, afirman que la personalidad del agente puede tener una incidencia clara y directa en los fines de las sanciones, pues los comparecientes deben estar en capacidad de ejecutar los TOAR, as\u00ed como de maximizar el impacto restaurativo y reparador de la sanci\u00f3n para las v\u00edctimas y comunidades.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. La Sala no comparte el criterio expuesto por la JEP y el Ministerio P\u00fablico. Las razones son varias. Primera, la Corte ya demostr\u00f3 que, trat\u00e1ndose de los procesos en caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad, los cuales son los que culminan con la imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n propia, la centralidad de las v\u00edctimas y las finalidades restaurativas y reparadoras del SIVJRNR son garantizadas en las diversas etapas y actuaciones dentro del tr\u00e1mite, y no solo en el momento de dosificar la sanci\u00f3n. El tribunal concluy\u00f3 que la interpretaci\u00f3n ofrecida al respecto por la JEP y el Ministerio P\u00fablico no permite superar la indeterminaci\u00f3n del concepto porque aquella ya se encuentra prevista en las normas que regulan esos procesos y, en esa medida, no resulta pertinente para entender que el t\u00e9rmino acusado es compatible con la Constituci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Segunda, las sanciones propias son en s\u00ed mismas medidas restaurativas, cuya finalidad principal es la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado a las v\u00edctimas y a la sociedad. Por eso, aunque implican restricciones de libertades y derechos \u2014como la libertad de residencia y movimiento\u2014, tienen un dise\u00f1o especial<\/a>[254]. Este dise\u00f1o comprende, al menos, los dos siguientes elementos:<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              229.1 Sin perjuicio de la autonom\u00eda de la Secci\u00f3n para decidir sobre el TOAR, los comparecientes pueden presentar ante la SRVR el \u201cproyecto detallado, individual o colectivo, de ejecuci\u00f3n de los trabajos, obras o actividades reparadoras y restaurativas\u201d<\/a>[255]. Para la Corte, no tiene sentido considerar que los comparecientes presentar\u00e1n un TOAR que resulte ajeno a su personalidad, que no est\u00e9n en capacidad f\u00edsica o intelectual de ejecutar o que, en los t\u00e9rminos del Ministerio P\u00fablico, no responda a su \u201ctrayectoria vital\u201d o a su estado de salud. No sobra insistir en que la presentaci\u00f3n de los TOAR por parte de los comparecientes es solo una posibilidad, pues su definici\u00f3n est\u00e1 a cargo de los magistrados, quienes pueden utilizar la oferta institucional de proyectos restaurativos disponibles<\/a>[256] o acoger las iniciativas presentadas por las v\u00edctimas o los comparecientes<\/a>[257].<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              229.2 Todos los TOAR, sin excepci\u00f3n, deben establecer un mecanismo \u201cde consulta con los representantes de las v\u00edctimas residentes en el lugar de ejecuci\u00f3n, o con las autoridades ind\u00edgenas del lugar donde vaya a ejecutarse la sanci\u00f3n cuando esta vaya a ejecutarse en resguardos, para recibir su opini\u00f3n y constatar que no se oponen al contenido del mismo\u201d<\/a>[258]. Este mecanismo es aprobado por la SRVR y se ejecutar\u00e1 bajo su supervisi\u00f3n. En la etapa de juzgamiento, las v\u00edctimas podr\u00e1n comunicar a la Secci\u00f3n del Tribunal \u201csu opini\u00f3n sobre el programa propuesto, incluso en los casos en los que la propia Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad sea la que lo formule\u201d<\/a>[259]. La Sala observa que este procedimiento permite no solo garantizar el car\u00e1cter restaurativo y reparador de las sanciones propias. Tambi\u00e9n protege a las v\u00edctimas porque son ellas quienes eval\u00faan si el TOAR se ajusta a sus necesidades y si desean o no permitir el acceso al compareciente a sus territorios y comunidades.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. En l\u00ednea con las consideraciones generales de esta providencia, en este punto conviene recordar que la JEP puede valorar las capacidades f\u00edsicas e intelectuales de un compareciente, as\u00ed como su pertenencia a un pueblo \u00e9tnico o racial, para su vinculaci\u00f3n a un TOAR, no as\u00ed para la dosificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n. La identificaci\u00f3n y la valoraci\u00f3n de tales condiciones para la definici\u00f3n del TOAR, como componente de la sanci\u00f3n propia, son importantes porque potencializan su efecto transformador sobre los comparecientes y maximizan los efectos restaurativos de esos trabajos, obras y actividades.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Y, tercera, el art\u00edculo 64 de la Ley 1922 de 2018, en el que se inserta la expresi\u00f3n demandada, ya contiene todos y cada uno de los criterios para la dosificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n \u2014no solo propia, sino tambi\u00e9n alternativa y ordinaria\u2014, que tanto la JEP como el Ministerio P\u00fablico atribuyen a esa expresi\u00f3n. As\u00ed, ese art\u00edculo dispone que, \u201cpara las sanciones propia, alternativa y ordinaria, se determinar\u00e1 la sanci\u00f3n seg\u00fan la gravedad y modalidades de la conducta punible; las circunstancias de mayor o menor punibilidad concurrentes; la personalidad del agente; en el concurso, el n\u00famero de conductas punibles; la magnitud del da\u00f1o causado, en particular a las v\u00edctimas y familiares<\/strong><\/b>; los medios empleados para cometer la conducta; el grado de participaci\u00f3n; el grado de intencionalidad; las circunstancias de modo, tiempo y lugar; la especial vulnerabilidad de las v\u00edctimas<\/strong><\/b>; el grado de instrucci\u00f3n y condici\u00f3n social del acusado; el momento y caracter\u00edsticas del aporte de verdad; las manifestaciones de reparaci\u00f3n y las garant\u00edas de no repetici\u00f3n\u201d <\/strong><\/b>[negrilla fuera del texto original].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. Lo mismo ocurre con el art\u00edculo 134 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019, el cual expresamente regula el contenido y la dosificaci\u00f3n de las sanciones. El inciso segundo de esta norma dispone que, \u201c[e]n la dosificaci\u00f3n de las sanciones, los magistrados deber\u00e1n tener en cuenta los siguientes criterios: || 1. El grado de verdad otorgado por la persona, y la prontitud con la que se haya hecho<\/strong><\/b>. || 2. La gravedad de la conducta sancionada. || 3. El nivel de participaci\u00f3n y responsabilidad, las circunstancias de mayor y menor punibilidad, y || 4. Los compromisos en materia de reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas y garant\u00edas de no repetici\u00f3n\u201d<\/strong><\/b> [negrilla fuera del texto original].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Desde esta perspectiva, las normas mencionadas por la JEP y el Ministerio P\u00fablico en sus intervenciones como herramientas que permiten dotar de contenido objetivo la expresi\u00f3n acusada \u2014art\u00edculos 64 de la Ley 1922 de 2018 y 134 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019\u2014, ya contienen los criterios de dosificaci\u00f3n que esas entidades atribuyen al t\u00e9rmino acusado. Por ende, su propuesta constituye un ejercicio hermen\u00e9utico redundante que no es adecuado ni pertinente para superar la indeterminaci\u00f3n del concepto \u201cla personalidad del agente\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. La imposici\u00f3n de las sanciones alternativas y ordinarias<\/em>. En su escrito, el Ministerio P\u00fablico afirma que el t\u00e9rmino demandado es inexequible para el caso de la individualizaci\u00f3n de las sanciones alternativas y ordinarias porque, a diferencia de las sanciones propias, estas tienen una funci\u00f3n \u201cesencialmente retributiva\u201d<\/a>[260]. A su juicio, en el escenario descrito, la JEP podr\u00eda valorar los rasgos de la personalidad del agente para dosificar tales sanciones y, por ende, desconocer el modelo penal de acto, el principio de legalidad y el debido proceso. En contraste, en su escrito de intervenci\u00f3n, la JEP sostiene que la imposici\u00f3n de sanciones alternativas depende del \u201creconocimiento de verdad completa y detallada y [de] la satisfacci\u00f3n de los derechos a la reparaci\u00f3n y repetici\u00f3n\u201d<\/a>[261] y que, por ello, la locuci\u00f3n acusada debe ser declarada exequible o, en su defecto, exequible de manera condicionada.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Las sanciones alternativas<\/u>. En fundamentos jur\u00eddicos anteriores, la Sala precis\u00f3 que la imposici\u00f3n de sanciones alternativas tiene lugar cuando los comparecientes aceptan tard\u00edamente su responsabilidad o cuando la Secci\u00f3n del Tribunal \u201caprecie que el reconocimiento de verdad y responsabilidad efectuado ante [ella] no ha sido exhaustivo, completo y\/o detallado\u201d<\/a>[262]. Las sanciones alternativas incluyen la privaci\u00f3n efectiva de la libertad por un t\u00e9rmino de cinco a ocho a\u00f1os. Ya se explic\u00f3 que, en este caso, las normas procesales del SIVJRNR exigen que el compareciente asuma \u201ccompromisos con la verdad y el restablecimiento de los derechos de las v\u00edctimas\u201d<\/a>[263], so pena de recibir una sanci\u00f3n ordinaria. Tambi\u00e9n se dijo que las v\u00edctimas pueden llegar a un acuerdo restaurativo con los comparecientes que ser\u00e1 considerado para la dosificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Al abordar las sanciones propias, la corporaci\u00f3n demostr\u00f3 que la magnitud del da\u00f1o causado \u2014en particular a las v\u00edctimas y familiares\u2014, la especial vulnerabilidad de las v\u00edctimas, el grado de instrucci\u00f3n y condici\u00f3n social del acusado, el momento y caracter\u00edsticas del aporte de verdad, y las manifestaciones de reparaci\u00f3n y las garant\u00edas de no repetici\u00f3n ya son criterios que debe tener en cuenta la JEP para la individualizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo en el que se inserta el t\u00e9rmino demandado.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. En raz\u00f3n de lo expuesto, la Corte observa que la interpretaci\u00f3n de la JEP sobre el alcance de la expresi\u00f3n \u201cpersonalidad del agente\u201d, en materia de sanciones alternativas, ya est\u00e1 incluida en las normas que regulan este tipo de sanciones y, en esa medida, esa expresi\u00f3n contin\u00faa sin tener un contenido jur\u00eddico aut\u00f3nomo compatible con la Constituci\u00f3n. En consecuencia, esa interpretaci\u00f3n no ofrece elementos para superar la indeterminaci\u00f3n del concepto jur\u00eddico respecto de esas sanciones, que permitan compatibilizar dicha expresi\u00f3n con el principio constitucionalidad de legalidad estricta. La persistencia de la mencionada indeterminaci\u00f3n incide e impacta negativamente ese principio, as\u00ed como en los derechos fundamentales de los comparecientes a la libertad personal y al debido proceso.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. En efecto, no es claro cu\u00e1les son los rasgos<\/em>, las caracter\u00edsticas <\/em>o las condiciones biol\u00f3gicas<\/em>, ps\u00edquicas<\/em> y sociales<\/em> del compareciente que, a t\u00edtulo del criterio \u201cpersonalidad del agente\u201d, podr\u00e1 evaluar la JEP para dosificar las sanciones alternativas. Esta falta de claridad aleja la norma acusada del modelo penal acogido por el Constituyente de 1991, que se inscribe en la tradici\u00f3n del derecho penal de acto, sustentado en la culpabilidad y en el respeto por la dignidad humana, en contraposici\u00f3n al derecho penal de autor.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Las sanciones ordinarias.<\/u> En el cap\u00edtulo s\u00e9ptimo de la presente sentencia, la Sala explic\u00f3 que las sanciones ordinarias se aplican a los comparecientes que no aportan verdad ni aceptan responsabilidad. Estas consisten en la privaci\u00f3n efectiva de la libertad entre quince y veinte a\u00f1os y su finalidad es estrictamente retributiva<\/a>[264]. La Corte considera que el Ministerio P\u00fablico tiene raz\u00f3n al afirmar que el t\u00e9rmino demandado es inexequible para el caso de la individualizaci\u00f3n de las sanciones ordinarias. Las normas que regulan el SIVJRNR no ofrecen elementos suficientes para precisar su alcance a partir de criterios objetivos, que excluyan aquellos aspectos subjetivos de la personalidad del compareciente.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. En otros apartes de esta decisi\u00f3n, la Corte anot\u00f3 que, en la actualidad, el derecho penal ordinario, con sustento en la dignidad humana y los principios de legalidad y culpabilidad, rechaza cualquier forma de apreciaci\u00f3n subjetiva o anticipada de la peligrosidad del sujeto. Esto supuso el abandono de la valoraci\u00f3n de la \u201cpersonalidad del agente\u201d como criterio aut\u00f3nomo para individualizar la sanci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. En el presente caso, no existen criterios objetivos y funcionales orientados a la consecuci\u00f3n de fines constitucionalmente leg\u00edtimos que permitan aceptar la validez del t\u00e9rmino demandado para individualizar o dosificar las sanciones ordinarias que impone la JEP. Al respecto, no debe olvidarse que, por mandato del art\u00edculo 64 de la Ley 1922 de 2018, incluso para la individualizaci\u00f3n de las sanciones ordinarias, la JEP debe tener en cuenta la magnitud del da\u00f1o causado \u2014en particular a las v\u00edctimas y familiares\u2014, la especial vulnerabilidad de las v\u00edctimas, el grado de instrucci\u00f3n y condici\u00f3n social del acusado, el momento y caracter\u00edsticas del aporte de verdad, y las manifestaciones de reparaci\u00f3n y las garant\u00edas de no repetici\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. El cumplimiento de las sanciones<\/em>. Las normas del SIVJRNR que regulan el cumplimiento de las sanciones tampoco permiten superar la indeterminaci\u00f3n de la expresi\u00f3n demandada. Expresamente, estas normas determinan que los sancionados deben, durante todo el tiempo de la sanci\u00f3n, cumplir el r\u00e9gimen de condicionalidad y permanencia de la JEP<\/a>[265]. Lo anterior significa que \u201csu ejecuci\u00f3n y sus beneficios asociados est\u00e1n estrictamente condicionados al cumplimiento continuo por parte de los sancionados de una serie de obligaciones fundamentales, las cuales supone[n] contribuir a la verdad plena, apoyar la reparaci\u00f3n integral de las v\u00edctimas y garantizar la no repetici\u00f3n de las conductas\u201d<\/a>[266]. Dicho de otro modo, \u201cel mantenimiento de cualquier tratamiento especial o beneficio otorgado por la JEP depende de que los comparecientes honren los compromisos adquiridos con el [SIVJRNR]\u201d<\/a>[267].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Por tanto, durante todo el t\u00e9rmino de la sanci\u00f3n, los sancionados tienen la obligaci\u00f3n de cumplir el r\u00e9gimen de condicionalidad, so pena de la p\u00e9rdida del tratamiento especial. Esto incluye, entre otras acciones, \u201ccontinuar aportando verdad, proporcionando informaci\u00f3n veraz, completa y detallada sobre hechos de inter\u00e9s y competencia de esta jurisdicci\u00f3n, colaborar con las autoridades en la b\u00fasqueda de personas desaparecidas relacionadas con esos hechos, entregar bienes o recursos para la reparaci\u00f3n material de las v\u00edctimas (de acuerdo con los inventarios entregados por las FARC-EP) y realizar actos de reconocimiento p\u00fablico de responsabilidad y perd\u00f3n frente a las v\u00edctimas\u201d<\/a>[268].<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Las obligaciones anotadas no permiten superar la indeterminaci\u00f3n de la expresi\u00f3n demandada porque, por s\u00ed mismas, en la etapa de cumplimiento de las sanciones, garantizan el principio de centralidad de las v\u00edctimas y las finalidades restaurativa y reparadora del SIVJRNR. De ah\u00ed que, incluso en esa etapa, la expresi\u00f3n \u201cla personalidad del agente\u201d contin\u00fae sin tener un contenido jur\u00eddico aut\u00f3nomo compatible con la Constituci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. En suma, la Corte concluye que no es posible superar la indeterminaci\u00f3n del concepto jur\u00eddico \u201cla personalidad del agente\u201d ni concretar razonablemente su contenido con base en las normas que regulan el SIVJRNR. Luego del an\u00e1lisis precedente sigue sin ser claro cu\u00e1les son los rasgos<\/em>, las caracter\u00edsticas <\/em>o las condiciones biol\u00f3gicas<\/em>, ps\u00edquicas<\/em> y sociales<\/em> del compareciente que, a t\u00edtulo del criterio \u201cpersonalidad del agente\u201d, podr\u00e1 evaluar la JEP para dosificar las sanciones<\/a>[269]. Esto es as\u00ed porque los procedimientos para la imposici\u00f3n de las sanciones en la JEP, el dise\u00f1o y la naturaleza cada una de ellas, as\u00ed como el cumplimiento de las sanciones ya protegen y garantizan la centralidad de las v\u00edctimas y el car\u00e1cter restaurativo y reparador de ese sistema.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Esto supone que las posibles interpretaciones sobre el alcance y el contenido de esa expresi\u00f3n \u2014valoraci\u00f3n del comportamiento del agente respecto de la centralidad de las v\u00edctimas, acciones restaurativas que adelanten los comparecientes y cumplimiento de los compromisos inherentes al SIVJRNR\u2014, propuestas por la JEP y el Ministerio P\u00fablico, aunque se ajustan a la Constituci\u00f3n, ya se encuentran subsumidas en las normas mencionadas y, por tanto, no es posible determinar el contenido aut\u00f3nomo de la voz acusada. En este orden, la indeterminaci\u00f3n anotada incide e impacta negativamente en los principios constitucionales de legalidad y de culpabilidad y en los derechos fundamentales de los comparecientes a la libertad personal y al debido proceso porque autoriza a la JEP a realizar valoraciones subjetivas y no verificables en la dosificaci\u00f3n de las sanciones. M\u00e1s a\u00fan, la incorporaci\u00f3n del t\u00e9rmino como criterio tal dosificaci\u00f3n constituye un retroceso en el tr\u00e1nsito progresivo desde un modelo inspirado en la peligrosidad del sujeto, propio del derecho penal de autor proscrito por la Constituci\u00f3n de 1991, hacia un sistema fundado en la culpabilidad por el acto, conforme al principio constitucional de dignidad humana.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1. En el contexto del SIVJRNR y, puntualmente, en el \u00e1mbito de la dosificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, la incorporaci\u00f3n de criterios peligrosistas resulta especialmente problem\u00e1tica, pues tensiona los fines restaurativos y reparadores que estructuran la arquitectura sancionatoria de la JEP. La justicia transicional colombiana se asent\u00f3 sobre la superaci\u00f3n de pr\u00e1cticas punitivas basadas en el car\u00e1cter del autor y, en cambio, consolid\u00f3 un modelo que prioriza la verdad, la reparaci\u00f3n y la reconstrucci\u00f3n del tejido social. En esa medida, el mantenimiento de expresiones que permiten valoraciones sobre la interioridad del individuo corre el riesgo de reintroducir racionalidades punitivas que el propio dise\u00f1o institucional pretendi\u00f3 superar. Desde esta perspectiva, la incompatibilidad constitucional no solo se deriva de la falta de precisi\u00f3n sem\u00e1ntica o de su car\u00e1cter de concepto jur\u00eddico indeterminado, sino del hecho de que reactiva l\u00f3gicas punitivas que contradicen los principios estructurales del sistema penal colombiano y los compromisos internacionales en materia de garant\u00edas penales m\u00ednimas.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. La introducci\u00f3n de un factor subjetivo, abierto y carente de par\u00e1metros normativos claros, en la fase de individualizaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, puede afectar la coherencia del modelo restaurativo y reparador del SIVJRNR. La centralidad de las v\u00edctimas y sus derechos exigen reglas de dosificaci\u00f3n que mantengan un v\u00ednculo n\u00edtido entre la gravedad del hecho, la magnitud del da\u00f1o causado y la responsabilidad del compareciente. La apelaci\u00f3n a la \u201cpersonalidad del agente\u201d introduce un elemento que se sit\u00faa por fuera de esos ejes, porque permite que la sanci\u00f3n se incremente o disminuya seg\u00fan apreciaciones subjetivas sobre el car\u00e1cter o las inclinaciones internas del sujeto, lo cual puede generar percepciones fundadas de arbitrariedad y afectar la confianza de las v\u00edctimas en la justicia transicional.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1. Adem\u00e1s, este tipo de criterio, al carecer de l\u00edmites objetivos, abre la posibilidad de decisiones dispares frente a casos con niveles de da\u00f1o y responsabilidad semejantes, solo por diferencias en la valoraci\u00f3n de la \u201cpersonalidad\u201d del compareciente. Esta situaci\u00f3n compromete la exigencia de igualdad en la respuesta sancionatoria y puede menoscabar la expectativa leg\u00edtima de las v\u00edctimas de recibir un trato consistente y previsible dentro del sistema de justicia transicional. Al mismo tiempo, la introducci\u00f3n de un factor tan subjetivo facilita la reproducci\u00f3n de sesgos, prejuicios o estigmas sociales, lo que resulta especialmente conflictivo en un escenario que pretende ofrecer una respuesta institucional orientada a la superaci\u00f3n del conflicto y a la reconstrucci\u00f3n de la confianza.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1. De acuerdo con el esquema de soluci\u00f3n de la demanda de la referencia, dado que la expresi\u00f3n acusada desconoce el principio de legalidad y, por ello, debe ser eliminada del ordenamiento jur\u00eddico, por substracci\u00f3n de materia, la corporaci\u00f3n se abstendr\u00e1 de resolver el segundo problema jur\u00eddico. En todo caso, conviene aclarar que la falta de soluci\u00f3n del mencionado problema jur\u00eddico no puede ser interpretada en el entendido de que el tercer cargo de la demanda es apto para emitir un pronunciamiento de fondo, pues esto requerir\u00eda una valoraci\u00f3n sobre el particular, la cual, por razones de concisi\u00f3n, no es realizada en esta oportunidad.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Esta metodolog\u00eda de decisi\u00f3n ya ha sido empleada por la corporaci\u00f3n no solo cuando la demanda prev\u00e9 cargos por vicios de forma y por cuestiones sustanciales<\/a>[270]. Tambi\u00e9n ha sido utilizada cuando la demanda versa solo sobre vicios materiales<\/a>[271]. As\u00ed, por ejemplo, en la Sentencia C-147 de 2021, la Corte analiz\u00f3 una demanda contra los art\u00edculos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019, \u201c[p]or el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. \u201cPacto por Colombia, Pacto por la Equidad\u201d, con fundamento en tres cargos de inconstitucionalidad de esa naturaleza. En concreto, los cargos argumentaban el desconocimiento de los principios de legalidad y de certeza tributaria, de la prohibici\u00f3n de doble imposici\u00f3n tributaria, y de la prohibici\u00f3n de creaci\u00f3n de rentas nacionales de destinaci\u00f3n espec\u00edfica. Luego de comprobar que las normas objeto de juicio violaban los principios de legalidad y de certeza tributaria, por substracci\u00f3n de materia, la Sala Plena no se pronunci\u00f3 \u201crespecto del segundo y tercer problema jur\u00eddico planteado por los demandantes\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. El remedio constitucional<\/em>. En virtud de lo expuesto, para restaurar el orden constitucional, la Sala Plena declarar\u00e1 la inexequibilidad de la expresi\u00f3n \u201cla personalidad del agente\u201d, contenida en el art\u00edculo 64 de la Ley 1922 de 2018, \u201c[p]or medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz\u201d. En este apartado ya se explicaron con suficiencia las razones por las cuales la eliminaci\u00f3n del criterio \u201cpersonalidad del agente\u201d no afecta la funcionalidad del SIVJRNR ni su capacidad para imponer sanciones que protejan los derechos de las v\u00edctimas y satisfagan la finalidad que aquellas persiguen.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1. Al respecto, aunque ello no implica un estudio sobre la validez de estas decisiones, conviene anotar que, en las dos sentencias dictadas hasta la fecha por la Secci\u00f3n de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, el criterio denominado \u201cpersonalidad del agente\u201d no fue empleado para dosificar las sanciones. El primer fallo, aprobado el 16 de septiembre de 2025, resuelve el caso n.\u00b0 1: (\u201cToma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros cr\u00edmenes concurrentes cometidos por las FARC-EP\u201d); y el segundo, aprobado dos d\u00edas despu\u00e9s, el caso n.\u00b0 3 (\u201cSubcaso Costa Caribe, \u2018asesinatos y desapariciones forzadas ileg\u00edtimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado\u2019, Batall\u00f3n de Artiller\u00eda n.\u00b0 2 \u2018La Popa\u2019).<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              \u00a0<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. En la sentencia del caso n.\u00b0 1, en el fundamento jur\u00eddico 805, la Secci\u00f3n precis\u00f3 que, \u201cconforme a los art\u00edculos 64 de la Ley 1922 de 2018 y 134 de la Ley 1957 de 2019, la dosificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n propia debe fundarse en criterios objetivos y verificables, es decir, gravedad y modalidades de la conducta; circunstancias de mayor o menor punibilidad; magnitud del da\u00f1o a v\u00edctimas y familiares; medios empleados; grado de participaci\u00f3n y de intencionalidad; circunstancias de modo, tiempo y lugar; especial vulnerabilidad de las v\u00edctimas; as\u00ed como el grado, oportunidad y calidad del aporte de verdad, y los compromisos en reparaci\u00f3n y no repetici\u00f3n\u201d. En los fundamentos jur\u00eddicos siguientes, la Secci\u00f3n guard\u00f3 silencio sobre el t\u00e9rmino cuestionado y, en su lugar, explic\u00f3 las razones por las cuales, en aplicaci\u00f3n de tales criterios \u201cobjetivos y verificables\u201d, la duraci\u00f3n de la sanci\u00f3n propia a imponer al \u00faltimo Secretariado de las FARC-EP deb\u00eda ser de ocho a\u00f1os.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1. En la segunda sentencia, la misma Secci\u00f3n, luego de transcribir los art\u00edculos 134 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019 y 64 de la Ley 1922 de 2018, advirti\u00f3 que \u201ca todos los comparecientes que fueron determinados como m\u00e1ximos responsables en este subcaso les ser\u00e1 impuesta la sanci\u00f3n propia m\u00e1xima de 8 a\u00f1os\u201d<\/a>[272]. Ning\u00fan apartado de esta sentencia interpreta el alcance de la expresi\u00f3n demandada, se refiere o aplica su contenido.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    \n
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1. La falta de aplicaci\u00f3n de la expresi\u00f3n en los citados casos no supone la validez constitucional de la norma acusada. No obstante, esas sentencias s\u00ed operan como indicio de la pr\u00e1ctica judicial que permite constatar que las normas que regulan la justicia transicional en Colombia, al tiempo que no ofrecen elementos suficientes para precisar su alcance a partir de criterios objetivos, ya protegen y garantizan la centralidad de las v\u00edctimas y el car\u00e1cter restaurativo y reparador del SIVJRNR. Esto implica que la voz \u201cpersonalidad del agente\u201d no solo es inconstitucional, sino tambi\u00e9n innecesaria e in\u00fatil.<\/li>\n<\/ol>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>VIII. DECISI\u00d3N<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    \u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la Rep\u00fablica de Colombia, administrando justicia en nombre del Pueblo, y por mandato de la Constituci\u00f3n,<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    RESUELVE<\/strong><\/b><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    \u00danico<\/strong><\/b>. Declarar INEXEQUIBLE<\/strong><\/b> la expresi\u00f3n \u201cla personalidad del agente\u201d, contenida en el art\u00edculo 64 de la Ley 1922 de 2018, \u201c[p]or medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    JORGE ENRIQUE IB\u00c1\u00d1EZ NAJAR<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Presidente<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    NATALIA \u00c1NGEL CABO<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Magistrada<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Con aclaraci\u00f3n y salvamento parcial de voto<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    CARLOS CAMARGO ASSIS<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Magistrado<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO\u00d1O<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Magistrado<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Con salvamento parcial de voto<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    JUAN CARLOS CORT\u00c9S GONZ\u00c1LEZ<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Magistrado<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    LINA MARCELA ESCOBAR MART\u00cdNEZ<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Magistrada<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    VLADIMIR FERN\u00c1NDEZ ANDRADE<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Magistrado<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Magistrada<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    MIGUEL POLO ROSERO<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Magistrado<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ausente con permiso<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Secretaria General<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[1] La magistrada sustanciadora invit\u00f3 a intervenir en el proceso al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia); el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia; la Universidad de Antioquia, Semillero de Derecho Penal; la Universidad de Bogot\u00e1 Jorge Tadeo Lozano, Semillero de Derecho Penal; la Universidad de los Andes, Grupo de Prisiones; la Universidad Eafit, Escuela de Derecho; la Universidad Nacional de Colombia, Grupo de Investigaci\u00f3n Luis Carlos P\u00e9rez; la Organizaci\u00f3n Lazos de Dignidad; la Universidad Javeriana, Semillero en Derecho Penitenciario; el Comit\u00e9 de Solidaridad con Presos Pol\u00edticos; la Universidad Externado de Colombia, Departamento de Derecho Penal; la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz, a trav\u00e9s de su Presidencia; la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la Comisi\u00f3n Colombiana de Juristas; el Fondo de Justicia Transicional; el Observatorio de Justicia Transicional de Colombia (OJTC); el Instituto para las Transiciones Integrales, y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) .<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[2] P\u00e1g. 3 de la demanda.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[3] El demandante cita las siguientes sentencias: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencias de los Casos Pollo Rivera vs. Per\u00fa de 21 de octubre de 2016. Par. 248 y ss.; Ferm\u00edn Ram\u00edrez vs. Guatemala de 20 de junio de 2005. Par. 94 y ss.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[4] El demandante cita las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-181 de 2016, C-365 de 2012, C-179 de 2007, C-370 de 2002 y C-239 de 1997.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[5] P\u00e1g. 5 de la demanda.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[6] Ibidem<\/em>.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[7] P\u00e1g. 6 de la demanda.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[8] Ibidem<\/em>.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[9] Ibidem<\/em>.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[10] Ibidem<\/em>.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[11] P\u00e1g. 7 de la demanda. El demandante cita las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-021 de 2023, C-367 de 2022, C-394 de 2019. C-181 de 2016, C-205 de 2003 y C-653 de 2001.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[12] P\u00e1g. 7 de la demanda.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[13] Ibidem<\/em>. El demandante cita la Sentencia C-021 de 2023.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[14] P\u00e1g. 8 de la demanda. El demandante cita la Sentencia C-021 de 2023.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[15] P\u00e1g. 11 de la demanda. El demandante cita el Punto cinco del AFP, p\u00e1g. 128.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[16] Ibidem<\/em>. El demandante cita el Punto cinco del AFP, p\u00e1g. 146.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[17] Ibidem<\/em>. El demandante cita el Punto cinco del AFP, p\u00e1g. 153.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[18] El demandante cita el Punto cinco del AFP, p\u00e1g. 145 y ss.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[19] P\u00e1g. 12 de la demanda.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[20] Ibidem<\/em>.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[21] Ibidem<\/em>.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[22] Intervenci\u00f3n presentada por Juan Sebasti\u00e1n Lasso G\u00f3mez, apoderado judicial del Ministerio de Defensa Nacional.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[23] P\u00e1g. 4 del escrito de intervenci\u00f3n.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[24] Ibidem<\/em>.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[25] Ibidem<\/em>.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[26] Ibidem<\/em>.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[27] Ibidem<\/em>.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[28] Intervenci\u00f3n presentada por el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga. P\u00e1g. 19 del escrito de intervenci\u00f3n.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[29] P\u00e1g. 11 del escrito de intervenci\u00f3n.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[30] Acto Legislativo 01 de 2017: \u201cArt\u00edculo transitorio 1. El Sistema Integral har\u00e1 especial \u00e9nfasis en medidas restaurativas y reparadoras, y pretende alcanzar justicia no solo con sanciones retributivas. Uno de los paradigmas orientadores de la JEP ser\u00e1 la aplicaci\u00f3n de una justicia restaurativa que preferentemente busca la restauraci\u00f3n del da\u00f1o causado y la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas afectadas por el conflicto, especialmente para acabar la situaci\u00f3n de exclusi\u00f3n social que les haya provocado la victimizaci\u00f3n. La justicia restaurativa atiende prioritariamente las necesidades y la dignidad de las v\u00edctimas y se aplica con un enfoque integral que garantiza la justicia, la verdad y la no repetici\u00f3n de lo ocurrido. || El Sistema Integral parte del principio de reconocimiento de las v\u00edctimas como ciudadanos con derechos; del reconocimiento de que debe existir verdad plena sobre lo ocurrido; del principio de reconocimiento de responsabilidad por parte de todos quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto y se vieron involucrados de alguna manera en graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario; del principio de satisfacci\u00f3n de los derechos de las v\u00edctimas a la verdad, la justicia, la reparaci\u00f3n y la no repetici\u00f3n\u201d. Art\u00edculo transitorio 13: \u201cSanciones. Las sanciones que imponga la JEP tendr\u00e1n como finalidad esencial satisfacer los derechos de las v\u00edctimas y consolidar la paz. Deber\u00e1n tener la mayor funci\u00f3n restaurativa y reparadora del da\u00f1o causado, siempre en relaci\u00f3n con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Las sanciones podr\u00e1n ser propias, alternativas u ordinarias y en todos los casos se impondr\u00e1n en los t\u00e9rminos previstos en los numerales 60, 61, 62 y en el listado de sanciones del subpunto 5.1.2 del Acuerdo Final\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[31] P\u00e1g. 13 del escrito de intervenci\u00f3n.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[32] P\u00e1g. 14 del escrito de intervenci\u00f3n.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[33] P\u00e1g. 15 del escrito de intervenci\u00f3n.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[34] P\u00e1g. 16 del escrito de intervenci\u00f3n.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[35] Ibidem<\/em>.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[36] P\u00e1g. 17 del escrito de intervenci\u00f3n.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[37] Ibidem<\/em>.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[38] Intervenci\u00f3n presentada por Andrea del Pilar Cubides Torres, directora de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jur\u00eddico(e).<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[39] Intervenci\u00f3n presentada por los profesores Jorge Kenneth Burbano Villamar\u00edn y David Andr\u00e9s Murillo Cruz, y los estudiantes Daniela Naranjo Reyes y Juan David Garc\u00eda Chapet\u00f3n.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[40] Intervenci\u00f3n presentada por los profesores Norberto Hern\u00e1ndez Jim\u00e9nez y Alexa Rodr\u00edguez Padilla.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[41] Intervenci\u00f3n presentada por Natalia Alexandra Insuasty Daza, directora y representante legal.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[42] P\u00e1g. 8 del escrito de intervenci\u00f3n del Observatorio de Intervenci\u00f3n Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[43] P\u00e1g. 4 del escrito de intervenci\u00f3n.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[44] P\u00e1g. 4 y 5 del escrito de intervenci\u00f3n: \u201cAl interior de las ciencias del comportamiento, el estudio de la personalidad ha sido fundamental para analizar la conducta humana, siendo uno de sus intereses explicar las diferencias individuales estables en las personas, lo cual incluye sus emociones, pensamiento y comportamientos, entre otras. Estos \u00faltimos aspectos, concatenados con el derecho penal de acto [\u2026] no son objeto de reproche dentro del \u00e1mbito punitivo contempor\u00e1neo. || Contrario sensu, <\/em>la escuela positivista y espec\u00edficamente la teor\u00eda multifactorial de Ferri, consagraba dentro de los factores antropol\u00f3gicos la personalidad, considerando que exist\u00edan personas que ten\u00edan una predisposici\u00f3n biol\u00f3gica a la delincuencia, mientras que otras personas carecen de tal predisposici\u00f3n, lo que, sumado a las influencias hereditarias y el ambiente, los determinaba a la comisi\u00f3n de delitos. || Ahora bien, la personalidad puede ser abordada desde diferentes perspectivas, como lo es el psicoan\u00e1lisis con autores cl\u00e1sicos como Freud. Por su parte, Roger y Maslow lo desarrollan desde la perspectiva humanista. Finalmente, Allport, Cattell y Eysenck, desarrollaron la teor\u00eda del rasgo, lo que a su vez llev\u00f3 al desarrollo de modelos explicativos, mientras que autores como Skinner y Bandura desarrollaron teor\u00edas explicativas desde el conductismo y el aprendizaje. Finalmente, algunos enfoques contempor\u00e1neos formulan modelos con perspectivas integradoras, como lo son lo biopsicosocial y cultura, el uso de neuroimagen y la gen\u00e9tica conductual, por mencionar algunos\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[45] P\u00e1g. 2 del escrito de intervenci\u00f3n.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[46] P\u00e1g. 19 del concepto.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[47] El concepto cita las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-567 de 2019 y C-077 de 2006.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[48] El concepto cita las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-091 de 2017, C-394 de 2019, C-333 de 2001, C-853 de 2005, C-507 de 2006, C-406 de 2004, C-1011 de 2008, C-343 de 2006, C-710 de 2001, C-713 de 2012.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[49] El concepto cita. P\u00e1g. 15 del concepto.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[50] P\u00e1g. 15 y 16 del concepto.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[51] P\u00e1g. 18 del concepto.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[52] P\u00e1g. 19 del escrito de intervenci\u00f3n.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[53] P\u00e1g. 19 del concepto.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[54] P\u00e1g. 19 del escrito de intervenci\u00f3n.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[55] P\u00e1g. 19 del concepto.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[56] Ver, por ejemplo, Corte Constitucional, Sentencias C-147 de 2021 y C-1031 y C-665 de 2006.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[57] Art\u00edculo 1 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[58] El principio de legalidad lleva impl\u00edcito un conjunto de garant\u00edas jur\u00eddicas: (i) principio de taxatividad o certeza del tenor literal (lex certa<\/em>); (ii) principio de prohibici\u00f3n de analog\u00eda (lex stricta<\/em>); (iii) principio de prohibici\u00f3n de retroactividad (lex praevia<\/em>); principio de prohibici\u00f3n de derecho consuetudinario (lex scripta<\/em>). Corte Constitucional, Sentencia C-394 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[59] Corte Constitucional, Sentencia C-1262 de 2005, reiterada en la Sentencia C-037 de 2021.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[60] Corte Constitucional, Sentencia C-007 de 2018.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[61] Art\u00edculo 15 del PIDCP: \u201c1. Nadie ser\u00e1 condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos seg\u00fan el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondr\u00e1 pena m\u00e1s grave que la aplicable en el momento de la comisi\u00f3n del delito [\u2026]\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[62] Art\u00edculo 9 de la CADH: \u201cPrincipio de legalidad y retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos seg\u00fan el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena m\u00e1s grave que la aplicable en el momento de la comisi\u00f3n del delito. Si con posterioridad a la comisi\u00f3n del delito la ley dispone la imposici\u00f3n de una pena m\u00e1s leve, el delincuente se beneficiar\u00e1 de ello\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[63] Corte Constitucional, Sentencia C-080 de 2025.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[64] Corte IDH. Caso Pollo Rivera y otros vs. Per\u00fa (fondo, reparaciones y costas). Sentencia de 21 de octubre de 2016, Serie C n.\u00b0 319, p\u00e1g. 63. Al respecto, no sobra destacar que la Corte IDH ha sostenido que, en la evaluaci\u00f3n del riesgo de reincidencia, pueden tomarse en cuenta las caracter\u00edsticas personales del acusado: \u201cCuando las autoridades judiciales eval\u00faan el peligro de reincidencia o comisi\u00f3n de nuevos delitos por parte del detenido, deben tener en cuenta la gravedad del crimen. Sin embargo, para justificar la prisi\u00f3n preventiva, el peligro de reiteraci\u00f3n debe ser real y tener en cuenta la historia personal y la evaluaci\u00f3n profesional de la personalidad y el car\u00e1cter del acusado. Para tal efecto, resulta especialmente importante constatar, entre otros elementos, si el procesado ha sido anteriormente condenado por ofensas similares, tanto en naturaleza como en gravedad\u201d. Corte IDH. Caso Bronstein y otros vs. Argentina. Informe 2 de 1997, p\u00e1rrafos 29 y 30.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[65] Polaino Navarrete, Miguel. Lecciones de derecho penal parte general: Tomo I<\/em> (Madrid: Tecnos, 2013)., p\u00e1g.74.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[66] Ibidem,<\/em> p\u00e1g.72.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[67] Corte Constitucional, Sentencia C-239 de 1997. En similar sentido, en la Sentencia C-567 de 2019, la Sala Plena explic\u00f3 que el principio del derecho penal del acto, implica \u201cla regla seg\u00fan la cual ninguna persona puede ser juzgada a partir de criterios biol\u00f3gicos, psicol\u00f3gicos o hist\u00f3ricos\u201d. Asimismo, en la Sentencia T-095 de 2023, la Corte advirti\u00f3 que la proscripci\u00f3n del derecho penal de autor y la consagraci\u00f3n del derecho penal del acto es uno de los efectos de la irradiaci\u00f3n del principio de dignidad humana. Tambi\u00e9n se puede consultar Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal, SP2850-2022, radicaci\u00f3n n.\u00b0 55393, 27 de julio de 2022. En esta providencia la Sala de Casaci\u00f3n Penal se\u00f1al\u00f3 que en Colombia est\u00e1 vigente el derecho penal del acto, con fundamento en lo establecido en el art\u00edculo 29 del texto superior y el art\u00edculo 6 de la Ley 599 del 2000.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[68] Ibidem.<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[69] Ibidem.<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[70] Ibidem.<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[71] Ibidem.<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[72] Ibidem.<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[73] Ibidem.<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[74] Corte Constitucional, Sentencia C-052 de 2024: \u201clas sanciones por responsabilidad objetiva se ci\u00f1en a la Carta, siempre que (a) ellas no sean rescisorias, es decir, que comprometan de manera espec\u00edfica el ejercicio de derechos o afecten de manera directa o indirecta a terceros; (b) deben tener un car\u00e1cter meramente monetario; y (c) deben ser de menor entidad en t\u00e9rminos absolutos (como sucede en el caso de las sanciones de tr\u00e1nsito) o en t\u00e9rminos relativos (como en el caso del decomiso, en el que la afectaci\u00f3n se limita exclusivamente a la propiedad sobre el bien cuya permanencia en el territorio es contraria a las normas aduaneras)\u201d. En similar sentido, consultar Corte Constitucional, sentencias C-595 de 2010 y C-616 de 2002.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[75] Corte Constitucional, sentencias SU-306 de 2023, C-690 de 1996 y C-563 de 1995.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[76] Corte Constitucional, sentencias C-070 de 1996 y C-239 de 1997.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[77] Corte Constitucional, Sentencia C-052 de 2024.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[78] Corte Constitucional, Sentencia C-094 de 2021. Tambi\u00e9n ver Corte Constitucional, sentencia C-321 de 2022 y C-038 de 2020.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[79] Corte Constitucional, Sentencia C-181 de 2016.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[80] Polaino Navarrete, Miguel. Lecciones de derecho penal parte general: Tomo I<\/em> (Madrid: Tecnos, 2013), p\u00e1g. 52.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[81] Ibidem.<\/em>, p\u00e1g.78.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[82] Ibidem.<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[83] Corte Constitucional, Sentencia C-077 de 2006.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[84] Polaino Navarrete, Miguel. Lecciones de derecho penal parte general: Tomo I<\/em> (Madrid: Tecnos, 2013), p\u00e1g. 76. El autor expone que \u201cpueden compatibilizarse a la perfecci\u00f3n, de un lado, la idea de que el Derecho penal moderno haya de ser, por prescripciones constitucionales, dogm\u00e1ticas y de justicia material, un Derecho penal de acto y, de otro, el hecho de que la pena o medida de seguridad se imponga a una persona determinada, valorando las circunstancias que en ella concurran a efectos de alcanzar m\u00e1s precisamente los fines de resocializaci\u00f3n de la misma lo cual se ve claramente en el caso de las medidas de seguridad. Ello es perfectamente factible, por una raz\u00f3n clara: el Derecho penal de acto sanciona siempre actos delictivos, sobre la base de la culpabilidad o de la peligrosidad criminal del autor (que son el fundamento y l\u00edmite de la pena y de la medida de seguridad, respectivamente). Por el contrario, el Derecho penal de autor encuentra su fundamento, no en la peligrosidad criminal del delincuente, sino en el grado de su asocialidad, que podr\u00eda fundamentar, por ejemplo, la imposici\u00f3n de una pena o medida de seguridad predelictual, ante la existencia de un alto \u00edndice de riesgo de que cometa un da\u00f1o social (caso, v.gr., las medidas inocuizadoras, que \u2014por esta raz\u00f3n\u2014 son a nuestro juicio inconstitucionales)\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[85] \u201cPor medio de la cual se reforman parcialmente la Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevenci\u00f3n y represi\u00f3n de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana\u201d. Art\u00edculo 314, numeral 2: \u201cCuando el imputado o acusado fuere mayor de sesenta y cinco (65) a\u00f1os, siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusi\u00f3n en el lugar de residencia\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[86] Corte Constitucional, Sentencia C-910 de 2012.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[87] Ibidem<\/em>.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[88] Ibidem<\/em>.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[89] Jurista italiano disc\u00edpulo de Lombroso. En su proyecto de c\u00f3digo penal (1921), que sirvi\u00f3 de modelo para numerosos c\u00f3digos latinoamericanos de las d\u00e9cadas de 1920 y 1930, Ferri incorporaba la variable social y econ\u00f3mica para comprender los factores que influ\u00edan en la conducta criminal, alej\u00e1ndose de las teor\u00edas morfol\u00f3gicas lombrosianas. En la pr\u00e1ctica, esto implicaba que se deb\u00eda estudiar a los delincuentes para conocer los procesos fisiol\u00f3gicos de los sujetos, las caracter\u00edsticas del ambiente, los antecedentes (personales y familiares) as\u00ed como su constituci\u00f3n ps\u00edquica, lo que permitir\u00eda explicar el grado de peligrosidad del delincuente y actuar en consecuencia. El an\u00e1lisis y la observaci\u00f3n emp\u00edrica constitu\u00eda un paso necesario para la modificaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n penal en consonancia con el principio de \u201cdefensa social\u201d. Fuente: Silva, Jerem\u00edas. \u201cLa reforma penal en el Cono Sur: la criminolog\u00eda positivista entre los saberes internacionales y las reflexiones nacionales (1920-1940)\u201d. En Global Perspectives on Legal History<\/em>. Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory, Vol. 24, p\u00e1g. 139.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[90] Ley 95 de 1936 (abril 24). Sobre C\u00f3digo Penal \/ Francisco Bernate y Francisco Sintura, editores y compiladores de la colecci\u00f3n. Bogot\u00e1: Editorial Universidad del Rosario, 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[91] \u201cArt\u00edculo 36. Dentro de los l\u00edmites se\u00f1alados por la ley, se aplica la sanci\u00f3n al delincuente seg\u00fan la gravedad y modalidades del hecho delictuoso, los motivos determinantes, las circunstancias de mayor o menor peligrosidad que lo acompa\u00f1en y la personalidad del agente<\/u>\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     <\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[92] Gaceta Judicial, Corte Suprema de Justicia, tomos CXIII-CXIV<\/a>, julio a diciembre de 1965, n\u00fameros 2287-2279, p\u00e1g.380.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[93] Bernate Ochoa, Francisco y Sintura Valera, Francisco Jos\u00e9. Historia de los C\u00f3digos Penales, de Procedimiento Penal y Penal Militar en Colombia <\/em>(Bogot\u00e1: Editorial Universidad del Rosario, 2019).<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[94] Decreto N\u00famero 100 de 1980 (enero 23). Por el cual se expide el Nuevo C\u00f3digo Penal \/ Francisco Bernate y Francisco Sintura, editores y compiladores de la colecci\u00f3n. Bogot\u00e1: Editorial Universidad del Rosario, 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[95] \u201cArt\u00edculo 61. Criterios para fijar la pena. Dentro de los l\u00edmites se\u00f1alados por la ley, el juez aplicar\u00e1 la pena seg\u00fan la gravedad y modalidades del hecho punible, el grado de culpabilidad, las circunstancias de atenuaci\u00f3n o agravaci\u00f3n y la personalidad del agente<\/u>. Adem\u00e1s de los criterios se\u00f1alados en el inciso anterior, para efectos de la determinaci\u00f3n de la pena en la tentativa se tendr\u00e1 en cuenta el mayor o menor grado de aproximaci\u00f3n al momento consumativo; en la complicidad la mayor o menor eficacia de la contribuci\u00f3n o ayuda; y en el concurso, el n\u00famero de hechos punibles\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[96] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal, Sentencia del 17 de febrero de 1981.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[97] \u201cArt\u00edculo 10. Conocimiento de la ley. La ignorancia de la ley penal no sirve de excusa, salvo las excepciones consignadas en ella. En ning\u00fan caso tendr\u00e1 vigencia la ley penal antes de su promulgaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[98] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal, Sentencia n\u00famero 48 del 12 de mayo de 1988.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[99] Art\u00edculo 61 de la Ley 599 de 2000: \u201cFundamentos de la individualizaci\u00f3n de la penal. Efectuado el procedimiento anterior, el sentenciador dividir\u00e1 el \u00e1mbito punitivo de movilidad previsto en la ley en cuartos: uno m\u00ednimo, dos medios y uno m\u00e1ximo. || El sentenciador solo podr\u00e1 moverse dentro del cuarto m\u00ednimo cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran \u00fanicamente circunstancias de atenuaci\u00f3n punitiva, dentro de los cuartos medios cuando concurran circunstancias de atenuaci\u00f3n y de agravaci\u00f3n punitiva, y dentro del cuarto m\u00e1ximo cuando \u00fanicamente concurran circunstancias de agravaci\u00f3n punitiva. || Establecido el cuarto o cuartos dentro del que deber\u00e1 determinarse la pena, el sentenciador la impondr\u00e1 ponderando los siguientes aspectos: la mayor o menor gravedad de la conducta, el da\u00f1o real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o aten\u00faen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintenci\u00f3n o la culpa concurrente, la necesidad de pena y la funci\u00f3n que ella ha de cumplir en el caso concreto. || Adem\u00e1s de los fundamentos se\u00f1alados en el inciso anterior, para efectos de la determinaci\u00f3n de la pena, en la tentativa se tendr\u00e1 en cuenta el mayor o menor grado de aproximaci\u00f3n al momento consumativo y en la complicidad el mayor o menor grado de eficacia de la contribuci\u00f3n o ayuda. || El sistema de cuartos no se aplicar\u00e1 en aquellos eventos en los cuales se han llevado a cabo preacuerdos o negociaciones entre la Fiscal\u00eda y la defensa\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[100] \u201cPor medio de la cual se reforma el C\u00f3digo Penal (Ley 599 de 2000), el C\u00f3digo de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), el C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) y se dictan otras disposiciones, Ley Gilma Jim\u00e9nez\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[101] M\u00ednimo, en caso de no concurrir circunstancias agravantes ni atenuantes o s\u00f3lo presentarse estas \u00faltimas; medios, cuando simult\u00e1neamente concurran unas y otras; y m\u00e1ximo, si confluyen \u00fanicamente agravantes.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[102] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal, Sentencia SP5420-2014 del 30 de abril de 2014.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[103] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal, Sentencia 21649 del 18 de mayo de 2005.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[104] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal, Sentencia 21731 del 20 de febrero de 2008.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[105] Corte Constitucional, Sentencia C-538 de 2016, reiterada en la Sentencia C-069 de 2023.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[106] Polaino Navarrete, Miguel. Lecciones de derecho penal parte general: Tomo I<\/em> (Madrid: Tecnos, 2013), p\u00e1g.118.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[107] Corte Constitucional, Sentencia C-144 de 2010.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[108] Corte Constitucional, Sentencia C-198 de 2025.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[109] Corte Constitucional, Sentencia C-350 de 2009<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[110] Ibidem<\/em>.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[111] Corte Constitucional, sentencias C-350 de 2009 y C-069 de 2023.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[112] Corte Constitucional, Sentencia C-435 de 2013, reiterada en la Sentencia C-069 de 2023.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[113] Acuerdo Pol\u00edtica de Desarrollo Agrario Integral. Hacia un nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral (RRI).<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[114] Acuerdo Participaci\u00f3n Pol\u00edtica. Apertura democr\u00e1tica para construir la paz.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[115] Acuerdo sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejaci\u00f3n de las Armas entre el Gobierno Nacional y las Farc.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[116] Acuerdo Soluci\u00f3n al problema de las drogas il\u00edcitas.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[117] Acuerdo sobre las V\u00edctimas del Conflicto: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n y No Repetici\u00f3n\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[118] Acuerdo Implementaci\u00f3n, verificaci\u00f3n y refrendaci\u00f3n.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[119] Corte Constitucional, Sentencia C-080 de 2018.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[120] En la sentencia C-579 de 2013 la Corte determin\u00f3 que en escenarios transicionales que pretenden afrontar violaciones masivas y sistem\u00e1ticas de derechos humanos, es constitucionalmente admisible concentrar la funci\u00f3n persecutoria en los m\u00e1ximos responsables de los delitos de lesa humanidad, de genocidio y de los cr\u00edmenes de guerra, y renunciar a la persecuci\u00f3n de todos los dem\u00e1s que no tienen esta connotaci\u00f3n, as\u00ed como establecer un tratamiento penal especial y diferenciado para los delitos cuya persecuci\u00f3n es ineludible. Todo ello dentro de la l\u00f3gica de que el esquema tradicional de punici\u00f3n individual conduce a una impunidad de facto, y de que este modelo alternativo permite identificar los patrones de criminalidad y desvertebrar las macro estructuras delictuales.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[121] Sobre el particular puede consultarse Corte Constitucional, Sentencia C-080 de 2018.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[122] Corte Constitucional, Sentencia SU-333 de 2020.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[123] Corte Constitucional, Sentencia C-674 de 2017.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[124] \u201cPor medio del cual se crea un t\u00edtulo de disposiciones transitorias de la constituci\u00f3n para la terminaci\u00f3n del conflicto armado y la construcci\u00f3n de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones\u201d<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[125] \u201cPor medio del cual se adiciona un art\u00edculo transitorio a la constituci\u00f3n con el prop\u00f3sito de dar estabilidad y seguridad jur\u00eddica al acuerdo final para la terminaci\u00f3n del conflicto y la construcci\u00f3n de una paz estable y duradera<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[126] Ibidem<\/em>.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[127] Art\u00edculo 1 del Acto Legislativo 02 de 2017: \u201cLa Constituci\u00f3n Pol\u00edtica tendr\u00e1 un nuevo art\u00edculo transitorio as\u00ed: Art\u00edculo transitorio xx. En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final para la terminaci\u00f3n del conflicto y la construcci\u00f3n de una paz estable y duradera, firmado el d\u00eda 24 de noviembre de 2016, que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y aquellos conexos con los anteriores, ser\u00e1n obligatoriamente par\u00e1metros de interpretaci\u00f3n y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementaci\u00f3n y desarrollo del Acuerdo Final, con sujeci\u00f3n a las disposiciones constitucionales. || Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligaci\u00f3n de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los \u00f3rganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n deber\u00e1n guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el esp\u00edritu y los principios del Acuerdo Final\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[128] Corte Constitucional, Sentencia C-630 de 2017: \u201cLa norma establece as\u00ed un \u00e1mbito sustancial, en el sentido de que los contenidos del Acuerdo Final que correspondan a normas de derecho internacional humanitario y de derechos fundamentales consagrados en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y los conexos con ellos, ser\u00e1n, con sujeci\u00f3n a la Constituci\u00f3n, par\u00e1metros de interpretaci\u00f3n y referente de desarrollo y validez de las normas y leyes de implementaci\u00f3n y desarrollo del mismo. Un \u00e1mbito personal, en cuanto asigna a todas las instituciones y \u00f3rganos del Estado, no solo al Gobierno Nacional, una doble obligaci\u00f3n. Por un lado, cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final y, por el otro, que sus actuaciones, los desarrollos normativos del Acuerdo Final que adopten, y su interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n, guarden coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, objetivos, compromisos, esp\u00edritu y principios del Acuerdo Final. Y un \u00e1mbito temporal, pues las obligaciones consignadas en la enmienda regir\u00e1n durante tres periodos presidenciales posteriores a la firma del Acuerdo.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[129] Como se explicar\u00e1, en el SIVJRNR est\u00e1n contempladas tres tipos de sanciones: propias, ordinarias y alternativas, cada una de ellas con caracter\u00edsticas particulares.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[130] \u201cPor medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnist\u00eda, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[131] Ello, de conformidad con los art\u00edculos 84 (literales f y h) y 43 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[132] Consideraciones construidas a partir de la Sentencia SU-333 de 2020 y el art\u00edculo 79 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[133] Cfr. Art\u00edculo 7 del Acto Legislativo 01 de 2017.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[134] Art\u00edculo 92 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019. El literal e) precisa como funci\u00f3n que, \u201c[a]ntes de imponer sanciones propias, [deber\u00e1] verificar el cumplimiento de las condiciones de contribuci\u00f3n a la verdad y reparaci\u00f3n en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n y No Repetici\u00f3n\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[135] Art\u00edculo 93 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[136] Art\u00edculos 97 y 150 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[137] Art\u00edculo 96 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[138] Art\u00edculo 91 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[139] Art\u00edculo 86 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019: \u201cCompetencia. Corresponde a la Unidad de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n realizar las investigaciones y adelantar el ejercicio de la acci\u00f3n penal ante el Tribunal para la Paz respecto a todas las conductas competencias de la JEP cuando: se den los supuestos establecidos en el art\u00edculo 79 literal a) de esta ley respecto de: los casos que conforme a esta ley le deban ser remitidos, para lo cual podr\u00e1 solicitar la colaboraci\u00f3n de la Defensor\u00eda del Pueblo, de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, de otros \u00f3rganos del Estado, y de las organizaciones de v\u00edctimas y de derechos humanos colombianas. Valorar\u00e1 la informaci\u00f3n recibida por las anteriores instituciones y podr\u00e1 establecer acuerdos de cooperaci\u00f3n con todas ellas\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[140] Literal c) del art\u00edculo 93 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[141] Literal b) del art\u00edculo 93 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[142] Art\u00edculo 4 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[143] Art\u00edculos 126 y 127 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[144] Art\u00edculo 128 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[145] Art\u00edculo 130 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[146] Literal h) del art\u00edculo 84 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019: \u201cFunciones de la Sala de Definici\u00f3n de Situaciones Jur\u00eddicas: La Sala de definici\u00f3n de situaciones jur\u00eddicas tendr\u00e1 las siguientes funciones: || (\u2026) h) Definir la situaci\u00f3n jur\u00eddica de quienes no hayan tenido una participaci\u00f3n determinante en los casos m\u00e1s graves y representativos, en particular respecto de las conductas a las que se refiere el art\u00edculo 23\u00a0de la Ley 1820 de 2016, incluyendo la definici\u00f3n de la situaci\u00f3n jur\u00eddica de aquellos terceros que se presenten voluntariamente a la jurisdicci\u00f3n en los tres (3) a\u00f1os siguientes de su puesta en marcha y que tengan procesos o condenas por delitos que son competencia de la JEP, cuando no hayan tenido una participaci\u00f3n determinante en los delitos m\u00e1s graves y representativos. Una vez verificada la situaci\u00f3n jur\u00eddica, adoptar\u00e1 las resoluciones necesarias, entre otras la renuncia a la acci\u00f3n penal u otro tipo de terminaci\u00f3n anticipada al proceso, siempre que contribuyan de manera eficaz a las medidas del SIVJRNR, en particular la contribuci\u00f3n al esclarecimiento de la verdad en el marco de dicho Sistema\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[147] Corte Constitucional, Sentencia C-080 de 2018. En el mismo sentido, ver la Sentencia C-674 de 2017, en la cual la Corte se\u00f1al\u00f3 que \u201c[e]l r\u00e9gimen sancionatorio difiere tanto en el tipo de penas, como en su duraci\u00f3n: \u201cen las denominadas \u2018sanciones propias de la JEP\u2019\u00b8 que se imponen a quienes reconocen verdad y responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento respecto de las infracciones de mayor gravedad, tienen una duraci\u00f3n m\u00e1xima de ocho a\u00f1os, y las restricciones a la libertades y derechos deben establecerse en funci\u00f3n de la necesidad de asegurar las funciones restaurativas y reparadoras de la pena, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n consistir en prisi\u00f3n, c\u00e1rcel o medidas equivalentes. Las denominadas \u2018sanciones alternativas\u2019, aplicables cuando el reconocimiento de la verdad se produce tard\u00edamente, pueden dar lugar a penas privativas de la libertad hasta por ocho a\u00f1os para las infracciones m\u00e1s graves cometidas en el marco del conflicto armado. Finalmente, respecto de las denominadas \u2018sanciones ordinarias\u2019, procedentes cuando no exista reconocimiento de verdad y responsabilidad, \u201ccumplir\u00e1n las funciones previstas en las normas penales, sin perjuicio de que se obtengan redenciones en la privaci\u00f3n de la libertad, siempre y cuando el condenado se comprometa a contribuir con su resocializaci\u00f3n a trav\u00e9s del trabajo, capacitaci\u00f3n o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad\u201d, y que, cuando corresponda a infracciones muy graves, la pena oscila entre los 15 y 20 a\u00f1os\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[148] Art\u00edculo 131 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[149] Art\u00edculo 125 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[150] Art\u00edculo 141 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019. El listado incluye: || A. En zonas rurales: || 1) Participaci\u00f3n\/Ejecuci\u00f3n en programas de reparaci\u00f3n efectiva para los campesinos desplazados || 2) Participaci\u00f3n\/Ejecuci\u00f3n de programas de protecci\u00f3n medio ambiental de zonas de reserva || 3) Participaci\u00f3n\/Ejecuci\u00f3n de programas de construcci\u00f3n y reparaci\u00f3n de Infraestructuras en zonas rurales: escuelas, carreteras, centros de salud, viviendas, centros comunitarios, infraestructuras de municipios, etc. || 4) Participaci\u00f3n\/Ejecuci\u00f3n de programas de Desarrollo rural || 5) Participaci\u00f3n\/Ejecuci\u00f3n de programas de eliminaci\u00f3n de residuos en las zonas necesitadas de ello || 6) Participaci\u00f3n\/Ejecuci\u00f3n de programas de mejora de la electrificaci\u00f3n y conectividad en comunicaciones de las zonas agr\u00edcolas || 7) Participaci\u00f3n\/Ejecuci\u00f3n en programas de sustituci\u00f3n de cultivos de uso l\u00edcito || 8) Participaci\u00f3n\/Ejecuci\u00f3n en programas de recuperaci\u00f3n ambiental de las \u00e1reas afectadas por cultivos de uso il\u00edcito || 9) Participaci\u00f3n\/Ejecuci\u00f3n de programas de Construcci\u00f3n y mejora de las infraestructuras viales necesarias para la comercializaci\u00f3n de productos agr\u00edcolas de zonas de sustituci\u00f3n de cultivos de uso il\u00edcito || 10) Participaci\u00f3n y\/o ejecuci\u00f3n de programas de alfabetizaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n en diferentes temas escolares || B. En zonas urbanas: || 1) Participaci\u00f3n\/Ejecuci\u00f3n de programas de construcci\u00f3n y reparaci\u00f3n de infraestructuras en zonas urbanas: escuelas, v\u00edas p\u00fablicas, centros de salud, viviendas, centros comunitarios, infraestructuras de municipios || 2) Participaci\u00f3n\/Ejecuci\u00f3n de programas de Desarrollo urbano || 3) Participaci\u00f3n\/Ejecuci\u00f3n de programas de acceso a agua potable y construcci\u00f3n de redes y sistemas de saneamiento || 4) Participaci\u00f3n y\/o ejecuci\u00f3n de programas de capacitaci\u00f3n en diferentes temas escolares alfabetizaci\u00f3n || C. Limpieza y erradicaci\u00f3n de restos explosivos de guerra, municiones sin explotar y minas antipersonales de las \u00e1reas del territorio nacional que hubiese sido afectadas por estos artefactos: || 1) Participaci\u00f3n\/Ejecuci\u00f3n de programas de Limpieza y erradicaci\u00f3n de resto explosivos de guerra y municiones sin explotar. || 2) Participaci\u00f3n\/Ejecuci\u00f3n de programas de limpieza y erradicaci\u00f3n de Mina antipersonal y artefactos explosivos improvisados.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[151] Art\u00edculo transitorio 66 de la Constituci\u00f3n y art\u00edculos 18 del Acto Legislativo 01 de 2017, 14, 28, 31, 34, 42, 44, 45, 46 y siguientes de la Ley 1820 de 2016, y 49 de la Ley 1922 de 2018.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[152] Inciso 7 del art\u00edculo 141 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[153] Inciso 6 del art\u00edculo 141 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[154] Inciso 7 del art\u00edculo 141 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[155] Art\u00edculos 27 y 28 de la Ley 1922 de 2012.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[156] Literal e) del art\u00edculo 92 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[157] Art\u00edculo 20 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019: \u201cPara el tratamiento especial de la JEP es necesario aportar verdad plena, reparar a las v\u00edctimas y garantizar la no repetici\u00f3n. Aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisi\u00f3n, as\u00ed como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para as\u00ed garantizar la satisfacci\u00f3n de los derechos de las v\u00edctimas a la reparaci\u00f3n y a la no repetici\u00f3n. El deber de aportar verdad no implica la obligaci\u00f3n de aceptar responsabilidades. || La JEP verificar\u00e1 el cumplimiento del siguiente R\u00e9gimen de Condicionalidad: || (i) Obligaci\u00f3n de aportar verdad plena en los t\u00e9rminos del inciso octavo del art\u00edculo transitorio 5\u00a0del art\u00edculo 1\u00a0del A. L. 01 de 2017. La obligaci\u00f3n de aportar verdad plena implica, entre otros, aportar informaci\u00f3n, cuando se conozca de ella, sobre los bienes adquiridos de manera ilegal y de quienes hayan prestado su nombre para adquirirlos, tenerlos, administrarlos y poseerlos en el marco y el contexto del conflicto armado. || (ii) Garantizar la no repetici\u00f3n y abstenerse de cometer nuevos delitos dolosos cuya pena m\u00ednima de prisi\u00f3n sea igual o superior a cuatro (4) a\u00f1os y que afecten los bienes jur\u00eddicos: a la vida e integridad personal, contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, la libertad individual y otras garant\u00edas, contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexuales, orden econ\u00f3mico y social, recursos naturales y medio ambiente, contra la seguridad p\u00fablica, contra la salud p\u00fablica, contra los mecanismos de participaci\u00f3n democr\u00e1tica, contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, contra eficaz y recta administraci\u00f3n de justicia, contra la existencia y seguridad del Estado, contra el r\u00e9gimen constitucional y legal, as\u00ed como el delito de extorsi\u00f3n, o delitos de ejecuci\u00f3n permanente, despu\u00e9s del primero (1) de diciembre de 2016, en particular, conductas asociadas con cualquier eslab\u00f3n de la cadena de producci\u00f3n de los cultivos de uso il\u00edcito y sus derivados. || (iii) Contribuir a la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas, y en particular, manifestar la verdad en relaci\u00f3n con los procedimientos y protocolos para inventariar todo tipo de bienes y activos. || En el caso de las FARC-EP el tratamiento especial de la JEP tambi\u00e9n est\u00e1 condicionado a la verificaci\u00f3n del cumplimiento de: (a) la dejaci\u00f3n de armas, (b) obligaci\u00f3n de contribuir activamente a garantizar el \u00e9xito del proceso de reincorporaci\u00f3n a la vida civil de forma integral y (c) la entrega de menores de edad. || En los supuestos no amnistiables ni indultables, para la definici\u00f3n de la situaci\u00f3n jur\u00eddica o para recibir y cumplir las sanciones previstas en el SIVJRNR, es necesario reunir las condiciones que sobre verdad, reparaci\u00f3n y no repetici\u00f3n se establezcan en el mismo, cuando se hayan puesto en funcionamiento todos los componentes del SIVJRNR. || El grado de contribuci\u00f3n voluntaria de cada persona o colectivo a la verdad estar\u00e1 en relaci\u00f3n con el tratamiento a recibir en la JEP\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[158] Punto cinco del AFP, p\u00e1g. 145.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[159] Punto cinco del AFP, p\u00e1g. 146: \u201c[t]odas las actuaciones en el componente de justicia, de conformidad con las reglas aplicables a la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz, respetar\u00e1n los derechos fundamentales del debido proceso\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[160] Corte Constitucional, Sentencia C-630 de 2017.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[161] Art\u00edculo 134 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[162] Art\u00edculo 127 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019: \u201cRestricci\u00f3n efectiva. Restricci\u00f3n efectiva significa que haya mecanismos id\u00f3neos de monitoreo y supervisi\u00f3n para garantizar el cumplimiento de buena fe de las restricciones ordenadas por el tribunal, de tal modo que est\u00e9 en condici\u00f3n de supervisar oportunamente el cumplimiento, y certificar si se cumpli\u00f3. La JEP determinar\u00e1 las condiciones de restricci\u00f3n efectiva de libertad que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la sanci\u00f3n, condiciones que en ning\u00fan caso se entender\u00e1n como c\u00e1rcel o prisi\u00f3n ni adopci\u00f3n de medidas de aseguramiento equivalentes. || Para la determinaci\u00f3n de dichas condiciones, los magistrados deber\u00e1n aplicar los siguientes criterios: || a) Fijar\u00e1n de forma concreta los espacios territoriales donde se ubicar\u00e1n los sancionados durante los periodos horarios de ejecuci\u00f3n y cumplimiento de las sanciones propias del Sistema, que tendr\u00e1n un tama\u00f1o m\u00e1ximo equivalente al de las Zonas Veredales Transitorias de Normalizaci\u00f3n. || b) Fijar\u00e1n los horarios de cumplimento de las sanciones restaurativas. || c) Durante los periodos horarios de ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n, cualquier desplazamiento del sancionado para atender actuaciones diferentes al cumplimento de la sanci\u00f3n, deber\u00e1 ser autorizado por la Secci\u00f3n de Primera Instancia del Tribunal para la Paz. || d) En la sentencia se determinar\u00e1 el lugar de residencia de\u00b7 la persona que ejecutar\u00e1 la sanci\u00f3n acordada, durante el per\u00edodo de su ejecuci\u00f3n. || e) Si durante el per\u00edodo de cumplimiento de la sanci\u00f3n e impusiera la realizaci\u00f3n de distintos proyectos, el Tribunal ir\u00e1 determinando en cada 1 caso los distintos lugares de residencia del sancionado. || f) El cumplimiento de estas sanciones ser\u00e1 compatible con el cumplimiento por los sancionados de otras tareas u obligaciones derivadas del Acuerdo Final de Paz. || g) Indicar\u00e1n al \u00f3rgano que verifique el cumplimiento de las sanciones la periodicidad con la que deber\u00e1 rendirle informes sobre la ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n. || En el caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad ante la Sala, las restricciones de los anteriores derechos y libertades ser\u00e1n menores que en el caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad ante el Tribunal o que en el caso de no reconocimiento\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[163] Corte Constitucional, Sentencia C-112 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[164] Corte Constitucional, Sentencia C-674 de 2017.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[165] Tribunal Especial para la Paz, Secci\u00f3n de Apelaci\u00f3n, Auto TP-SA n.\u00ba 020 de 21 de agosto de 2018: \u201ccuando el art\u00edculo 5 transitorio del art\u00edculo 1 del A.L. 01 de 2017 afirma que la JEP es competente para conocer de los \u201cdelitos cometidos por causa, con ocasi\u00f3n o en relaci\u00f3n directa o indirecta con el conflicto armado\u201d, se est\u00e1 igualmente ante una taxatividad, pero m\u00e1s abierta, lo que impone que tal expresi\u00f3n deba ser analizada a la luz de pautas que permitan definir su correcto significado, teniendo en cuenta los distintos momentos procesales en que se haga la evaluaci\u00f3n y el material probatorio disponible\u201d. Ver tambi\u00e9n Corte Constitucional, Sentencia C-007 de 2018.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[166] Ibidem<\/em>: \u201cen el \u00e1mbito temporal, la JEP tiene competencia para conocer de las conductas cometidas con anterioridad al 1\u00ba de diciembre de 2016 y, excepcionalmente, de las que hayan sido perpetradas durante el proceso de dejaci\u00f3n de armas de las FARC-EP. Las conductas cometidas con posterioridad a esa fecha ser\u00e1n de competencia de la justicia ordinaria. Trat\u00e1ndose de los delitos de ejecuci\u00f3n permanente, la JEP tambi\u00e9n tiene competencia, siempre que estos hayan comenzado a ejecutarse antes de la fecha se\u00f1alada. || En cuanto al \u00e1mbito personal, la competencia de la JEP se extiende a los integrantes de la Fuerza P\u00fablica y de las FARC-EP, as\u00ed como a los agentes del Estado [\u2026] Igualmente, incluye a los terceros civiles, esto es, a las personas que, sin formar parte de las organizaciones o grupos armados, hubieren contribuido de manera directa o indirecta a la comisi\u00f3n de delitos en el marco del conflicto armado. [\u2026]\u201d<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[167] Ibidem<\/em>.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[168] Tribunal para la Paz, Secci\u00f3n de Apelaci\u00f3n, Auto TP-SA 019 de 21 de agosto 2018.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[169] Tribunal para la Paz, Secci\u00f3n de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, Sentencia TP-SeRVR-RC-ST-No.001- 2025 del 16 de septiembre de 2025.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[170] Ibidem<\/em>.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[171] Art\u00edculo transitorio 13 del Acto Legislativo 01 de 2017.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[172] Tribunal para la Paz, Secci\u00f3n de Apelaci\u00f3n, Sentencia Interpretativa TP-SA-SENIT 8 de 2025.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[173] Tribunal para la Paz, Secci\u00f3n de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, Sentencia TP-SeRVR-RC-ST-No.001 del 16 de septiembre de 2025. Los TOAR pueden ser parte del componente restaurativo de la sanci\u00f3n propia, cumplimiento anticipado de la sanci\u00f3n propia (\u201cTOAR anticipado\u201d y descuento a la sanci\u00f3n propia, por el tiempo de permanencia en las ZVTN, siempre que haya sido empleado por los comparecientes para realizar TOAR.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[174] Tribunal para la Paz, Secci\u00f3n de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, Sentencia TP-SeRVR-RC-ST-No.001 del 16 de septiembre de 2025.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[175] Tribunal para la Paz, Secci\u00f3n de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, Sentencia TP-SeRVR-RC-ST-No.2 del 18 de septiembre de 2025: \u201cdado que los TOAR requieren financiaci\u00f3n para su ejecuci\u00f3n y para crear las condiciones que permitan su adecuada realizaci\u00f3n, las acciones TOAR o los proyectos TOAR deben fundamentalmente ser desarrollados, adecuados y ajustados en los planes, programas o proyectos de reparaci\u00f3n que desarrolle el Gobierno nacional, la cual deber\u00e1 quedar reflejada en una oferta institucional en la cual puedan formularse y\/o adecuarse los TOAR\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[176] Tribunal para la Paz, Secci\u00f3n de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, Sentencia TP-SeRVR-RC-ST-No.001 del 16 de septiembre de 2025.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[177] Ibidem<\/em>.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[178] Ibidem<\/em>.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[179] Tribunal para la Paz, Secci\u00f3n de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, Sentencia TP-SeRVR-RC-ST-No.2 del 18 de septiembre de 2025: \u201cdado que los TOAR requieren financiaci\u00f3n para su ejecuci\u00f3n y para crear las condiciones que permitan su adecuada realizaci\u00f3n, las acciones TOAR o los proyectos TOAR deben fundamentalmente ser desarrollados, adecuados y ajustados en los planes, programas o proyectos de reparaci\u00f3n que desarrolle el Gobierno nacional, la cual deber\u00e1 quedar reflejada en una oferta institucional en la cual puedan formularse y\/o adecuarse los TOAR\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[180] Corte Constitucional, Sentencia C-567 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[181] Art\u00edculo 61 del CP, modificado por el art\u00edculo 4 de la Ley 2098 de 2021: \u201cFundamentos para la individualizaci\u00f3n de la pena. Efectuado el procedimiento anterior, el sentenciador dividir\u00e1 el \u00e1mbito punitivo de movilidad previsto en la ley en cuartos: uno m\u00ednimo, dos medios y uno m\u00e1ximo. || El sentenciador solo podr\u00e1 moverse dentro del cuarto m\u00ednimo cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran \u00fanicamente circunstancias de atenuaci\u00f3n punitiva, dentro de los cuartos medios cuando concurran circunstancias de atenuaci\u00f3n y de agravaci\u00f3n punitiva, y dentro del cuarto m\u00e1ximo cuando \u00fanicamente concurran circunstancias de agravaci\u00f3n punitiva. || Establecido el cuarto o cuartos dentro del que deber\u00e1 determinarse la pena, el sentenciador la impondr\u00e1 ponderando los siguientes aspectos: la mayor o menor gravedad de la conducta, el da\u00f1o real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o aten\u00faen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintenci\u00f3n o la culpa concurrente, la necesidad de pena y la funci\u00f3n que ella ha de cumplir en el caso concreto. || Adem\u00e1s de los fundamentos se\u00f1alados en el inciso anterior, para efectos de la determinaci\u00f3n de la pena, en la tentativa se tendr\u00e1 en cuenta el mayor o menor grado de aproximaci\u00f3n al momento consumativo y en la complicidad el mayor o menor grado de eficacia de la contribuci\u00f3n o ayuda. || El sistema de cuartos no se aplicar\u00e1 en aquellos eventos en los cuales se han llevado a cabo preacuerdos o negociaciones entre la Fiscal\u00eda y la defensa\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[182] Art\u00edculo 60 del CP: \u201cPar\u00e1metros para la determinaci\u00f3n de los m\u00ednimos y m\u00e1ximos aplicables.\u00a0Para efectuar el proceso de individualizaci\u00f3n de la pena el sentenciador deber\u00e1 fijar, en primer t\u00e9rmino, los l\u00edmites m\u00ednimos y m\u00e1ximos en los que se ha de mover. Para ello, y cuando hubiere circunstancias modificadoras de dichos l\u00edmites, aplicar\u00e1 las siguientes reglas: || 1. Si la pena se aumenta o disminuye en una proporci\u00f3n determinada, \u00e9sta se aplicar\u00e1 al m\u00ednimo y al m\u00e1ximo de la infracci\u00f3n b\u00e1sica. || 2. Si la pena se aumenta hasta en una proporci\u00f3n, \u00e9sta se aplicar\u00e1 al m\u00e1ximo de la infracci\u00f3n b\u00e1sica. || 3. Si la pena se disminuye hasta en una proporci\u00f3n, \u00e9sta se aplicar\u00e1 al m\u00ednimo de la infracci\u00f3n b\u00e1sica. || 4. Si la pena se aumenta en dos proporciones, la menor se aplicar\u00e1 al m\u00ednimo y la mayor al m\u00e1ximo de la infracci\u00f3n b\u00e1sica. || 5. Si la pena se disminuye en dos proporciones, la mayor se aplicar\u00e1 al m\u00ednimo y la menor al m\u00e1ximo de la infracci\u00f3n b\u00e1sica\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[183] Cfr. Sentencia TP-SeRVR-RC-ST-No.001- 2025, dictada el 16 de septiembre de 2025 por la Secci\u00f3n de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, rad. n.\u00b0 0001805-11.2022.0.00.0001 (caso n.\u00b0 1: Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros cr\u00edmenes concurrentes cometidos por las FARCEP, Resoluci\u00f3n de Conclusiones n.\u00b0 02 de 2022), fundamentos jur\u00eddicos 804 y 805; y Sentencia TP-SeRVR-RC-ST-No.002 de 2025, dictada el 18 de septiembre de 2025 por la Secci\u00f3n de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, rad. n.\u00b0 0001813-85.2022.0.00.0001 (caso n.\u00b0 3: Subcaso Costa Caribe, \u201casesinatos y desapariciones forzadas ileg\u00edtimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado\u201d, Batall\u00f3n de Artiller\u00eda n.\u00b0 2 \u201cLa Popa\u201d), fundamentos jur\u00eddicos 749, 953 y 960.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[184] Sentencia TP-SeRVR-RC-ST-No.001- 2025, dictada el 16 de septiembre de 2025 por la Secci\u00f3n de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, rad. n.\u00b0 0001805-11.2022.0.00.0001 (caso n.\u00b0 1: Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros cr\u00edmenes concurrentes cometidos por las FARCEP, Resoluci\u00f3n de Conclusiones n.\u00b0 02 de 2022), fundamento jur\u00eddico 805.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[185] En el fundamento jur\u00eddico 119, la corporaci\u00f3n explic\u00f3 que, en la Sentencia C-069 de 2023, estableci\u00f3 la siguiente metodolog\u00eda para valorar la constitucionalidad de una expresi\u00f3n que se acusa de ser un concepto jur\u00eddico indeterminado, por la presunta violaci\u00f3n del principio de legalidad: \u201ces menester constatar primero si ella es ambigua, vaga o de textura abierta. De encontrar acreditado lo anterior, se debe establecer si [\u2026] constituye un concepto jur\u00eddico indeterminado a la luz de los siguientes elementos: (i) la indeterminaci\u00f3n no puede ser examinada de manera general, sino dentro del contexto en el que se emplea el respectivo concepto; (ii) el criterio para establecer la admisibilidad de un concepto indeterminado en un contexto particular, es su incidencia e impacto en los principios y derechos constitucionales; y (iii) la indeterminaci\u00f3n del concepto puede ser superada y disuelta, de modo que, a partir de los elementos de juicio que ofrece el propio ordenamiento jur\u00eddico se pueda identificar y precisar el contenido, sentido y alcance del respectivo precepto, no se configura la inconstitucionalidad\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[186] Galimberti, Umberto. Diccionario de Psicolog\u00eda <\/em>(M\u00e9xico: Siglo XXI Editores, 2002), p\u00e1g. 811.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[187] Cfr. Intervenci\u00f3n del Semillero en Derecho Penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana, p\u00e1g. 4 y 5.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[188] Art\u00edculo 314 de la Ley 906 de 2004.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[189] Sentencia C-910 de 2012: \u201cEn este contexto, el Art\u00edculo 27.2 de la Ley 1142 de 2007 debe entenderse que el an\u00e1lisis se enmarca dentro de este juicio de suficiencia, y que, por consiguiente, el estudio se efect\u00faa en funci\u00f3n de estos fines; son estos, y no la personalidad, el criterio con arreglo al cual se resuelve sobre el reemplazo de la medida. El operador jur\u00eddico no examina la condici\u00f3n personal por s\u00ed misma, sino tan solo en la medida en que tenga la potencialidad de incidir en el desarrollo del proceso penal, en la integridad de las v\u00edctimas y de la sociedad en su conjunto, en la comparecencia al proceso o en el cumplimiento de la eventual pena. || Por tan solo mencionar un ejemplo, ordenar la sustituci\u00f3n a una persona con un temperamento particular y comprobadamente explosivo, agresivo o violento, en el contexto de una investigaci\u00f3n por delitos de violencia intrafamiliar, podr\u00eda significar la afectaci\u00f3n de las propias v\u00edctimas cuya protecci\u00f3n y reparaci\u00f3n se pretende justamente a trav\u00e9s del proceso penal. Conceder el beneficio a un procesado hostil, agresivo e intimidante con los testigos, podr\u00eda implicar la afectaci\u00f3n de la actividad probatoria. Ordenar la detenci\u00f3n domiciliaria a un individuo comprobadamente manipulador y maquinador, y h\u00e1bil y diestro en el manejo de sistemas inform\u00e1ticos, en el contexto de una investigaci\u00f3n por este tipo de delitos, podr\u00eda facilitar la manipulaci\u00f3n de las pruebas con fundamento en las cuales es investigado y juzgado\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[190] Sentencia TP-SeRVR-RC-ST-No.001- 2025, dictada el 16 de septiembre de 2025 por la Secci\u00f3n de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, rad. n.\u00b0 0001805-11.2022.0.00.0001 (caso n.\u00b0 1: Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros cr\u00edmenes concurrentes cometidos por las FARCEP, Resoluci\u00f3n de Conclusiones n.\u00b0 02 de 2022), fundamento jur\u00eddico 814: \u201cla sanci\u00f3n propia integra de manera inescindible un componente restaurativo y un componente retributivo, pues ambos conforman su esencia y finalidad dentro del Sistema Integral para la Paz, de raigambre constitucional, tal como lo se\u00f1al\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia C-080 de 2018. El componente restaurativo se materializa en los trabajos, obras y actividades con contenido reparador, orientados a restituir los derechos de las v\u00edctimas, reconstruir el tejido social y ofrecer garant\u00edas de no repetici\u00f3n. El componente retributivo, por su parte, se expresa en la restricci\u00f3n efectiva de libertades y derechos impuesta por un lapso de ocho a\u00f1os, lo que comporta una sanci\u00f3n efectiva, real y tangible frente a la gravedad de los cr\u00edmenes cometidos. Estos dos elementos no se conciben de manera separada ni alternativa, en tanto, el car\u00e1cter restaurativo no excluye el reproche retributivo, y viceversa\u201d;<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[191] Sentencia TP-SeRVR-RC-ST-No.001- 2025, dictada el 16 de septiembre de 2025 por la Secci\u00f3n de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, rad. n.\u00b0 0001805-11.2022.0.00.0001 (caso n.\u00b0 1: Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros cr\u00edmenes concurrentes cometidos por las FARCEP, Resoluci\u00f3n de Conclusiones n.\u00b0 02 de 2022), fundamento jur\u00eddico 814: \u201cla sanci\u00f3n propia integra de manera inescindible un componente restaurativo y un componente retributivo, pues ambos conforman su esencia y finalidad dentro del Sistema Integral para la Paz, de raigambre constitucional, tal como lo se\u00f1al\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia C-080 de 2018. El componente restaurativo se materializa en los trabajos, obras y actividades con contenido reparador, orientados a restituir los derechos de las v\u00edctimas, reconstruir el tejido social y ofrecer garant\u00edas de no repetici\u00f3n. El componente retributivo, por su parte, se expresa en la restricci\u00f3n efectiva de libertades y derechos impuesta por un lapso de ocho a\u00f1os, lo que comporta una sanci\u00f3n efectiva, real y tangible frente a la gravedad de los cr\u00edmenes cometidos. Estos dos elementos no se conciben de manera separada ni alternativa, en tanto, el car\u00e1cter restaurativo no excluye el reproche retributivo, y viceversa\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[192] Art\u00edculos 20 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019 y 67 de la Ley 1922 de 2018.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[193] Corte Constitucional, Sentencia C-069 de 2023.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[194] Corte Constitucional, Sentencia C-050 de 2024.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[195] Art\u00edculo 23 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[196] Art\u00edculo transitorio 22 del art\u00edculo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[197] Ibidem<\/em>.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[198] Art\u00edculos transitorio 5 del art\u00edculo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017 y 23 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[199] Art\u00edculo transitorio 5 y art\u00edculo transitorio 22 del art\u00edculo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017, y art\u00edculo 23 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[200] Corte Constitucional, Sentencia C-674 de 2017.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[201] Corte Constitucional, Sentencia C-910 de 2012.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[202] Ibidem<\/em>.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[203] Art\u00edculo 11.2 de la DUDH: \u201cNadie ser\u00e1 condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos seg\u00fan el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondr\u00e1 pena m\u00e1s grave que la aplicable en el momento de la comisi\u00f3n del delito\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[204] Art\u00edculo 15.1 del PIDCP: \u201cNadie ser\u00e1 condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos seg\u00fan el derecho nacional o internacional. (\u2026)\u201d. El PIDCP fue incorporado al ordenamiento interno mediante la Ley 74 de 1968.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[205] Art\u00edculo 9 de la CADH: \u201cPrincipio de Legalidad y de Retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos seg\u00fan el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena m\u00e1s grave que la aplicable en el momento de la comisi\u00f3n del delito. Si con posterioridad a la comisi\u00f3n del delito la ley dispone la imposici\u00f3n de una pena m\u00e1s leve, el delincuente se beneficiar\u00e1 de ello. La CADH fue incorporada al ordenamiento interno mediante la Ley 16 de 1972.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[206] Convenio de Ginebra (I) para aliviar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campa\u00f1a; Convenio de Ginebra (II) para mejorar la suerte de los heridos, enfermos y n\u00e1ufragos de las fuerzas armadas en el mar; Convenio de Ginebra (III) relativo al trato de los prisioneros de guerra; y Convenio de Ginebra (IV) relativo a la protecci\u00f3n de las personas civiles en tiempo de guerra. Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 fueron incorporados al ordenamiento interno mediante la Ley 5 de 1960.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[207] Incorporado al ordenamiento interno mediante la Ley 171 de 1994.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[208] Incorporado al ordenamiento interno mediante la Ley 742 de 2002. La Corte Constitucional adelant\u00f3 el control autom\u00e1tico e integral de este tratado mediante la Sentencia C-578 de 2002.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[209] Corte Constitucional, Sentencia C-578 de 2002: \u201cEl principio de nullum crimen sine lege<\/em> excluye la posibilidad de que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia sobre delitos no consignados en el Estatuto de Roma. Este principio abarca garant\u00edas penales de importancia suprema, como las reglas de lex scripta, lex praevia, lex stricta <\/em>y lex certa.<\/em> Es as\u00ed como el Estatuto de Roma establece que nadie ser\u00e1 penalmente responsable a menos que su conducta constituya, en el momento en que tiene lugar, un crimen de competencia de la Corte (art\u00edculo 22.1 ER). Adem\u00e1s, consagra un principio de interpretaci\u00f3n restrictiva de la definici\u00f3n de crimen y proh\u00edbe su extensi\u00f3n por analog\u00eda (art\u00edculo 22.2 ER). Lo anterior sin desmedro de la tipificaci\u00f3n de una conducta como crimen de derecho internacional, independientemente de lo estipulado en el Estatuto de Roma (art\u00edculo 22.3 ER). Por su parte, los art\u00edculos 22 y 23 consagran los principios nullum crimen<\/em> y nulla poena sine lege<\/em>, como tambi\u00e9n lo hace el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[210] Ibidem<\/em>.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[211] \u201cPor medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnist\u00eda, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[212] Par\u00e1grafo del art\u00edculo transitorio 12 del art\u00edculo del Acto Legislativo 01 de 2017, art\u00edculo 21 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019 y Punto cinco del AFP, p\u00e1g. 146, 153, 162 y 202.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[213] Proyecto de ley n\u00famero 225 de 2018 Senado, 239 de 2018 C\u00e1mara, \u201c[p]or medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz\u201d<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[214] Gaceta del Congreso n.\u00b0 188 del 27 de abril de 2018.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[215] Cfr. Sesiones conjuntas de las comisiones primeras de Senado y C\u00e1mara de Representantes: Gacetas del Congreso n.\u00b0 188 del 27 de abril de 2018 (p\u00e1g. 22); 258 y 259 del 16 de mayo de 2018 \u2014pasa a ser el art\u00edculo 63\u2014 (p\u00e1g. 28 y 29); 368 del 6 de junio de 2018 \u2014pasa a ser el art\u00edculo 62\u2014 (p\u00e1g. 102 y 103); y 405 del 12 de junio de 2018 \u2014pasa a ser el art\u00edculo 63\u2014 (p\u00e1g. 63). Plenaria de la C\u00e1mara de Representantes: Gaceta del Congreso n.\u00b0 499 del 5 de julio de 2018 \u2014se mantiene como el art\u00edculo 63, pero se elimina las expresiones \u201cla personalidad del agente\u201d y \u201cel grado de instrucci\u00f3n y condici\u00f3n social del acusado\u201d\u2014 (p\u00e1g. 18). Plenaria del Senado de la Rep\u00fablica: Gaceta del Congreso n.\u00b0 485 del 27 de junio de 2018 \u2014pasa a ser el art\u00edculo 64, y contiene las expresiones la personalidad del agente\u201d y \u201cel grado de instrucci\u00f3n y condici\u00f3n social del acusado\u201d\u2014 (p\u00e1g. 38 y 39). Y Conciliaci\u00f3n: Gacetas del Congreso n.\u00b0 480 y 483 del 27 de junio de 2018 \u2014se mantiene como el art\u00edculo 64\u2014 (p\u00e1g. 18).<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[216] Gacetas del Congreso n.\u00b0 305 del 23 de mayo de 2018, p\u00e1g. 5; n.\u00b0 331 de 28 de mayo de 2018, p\u00e1g. 84; y 390 del 7 de junio de 2018, p\u00e1g. 11.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[217] Ibidem<\/em>.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[218] Gaceta del Congreso n.\u00b0 472 del 25 de junio de 2018, p\u00e1g. 57.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[219] Gaceta del Congreso n.\u00b0 412 del 29 de octubre de 2018, p\u00e1g. 40 y 41.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[220] Gaceta del Congreso n.\u00b0 499 del 5 de julio de 2018, p\u00e1g. 18.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[221] Gaceta del Congreso n.\u00b0 485 del 27 de julio de 2018, p\u00e1g. 38 y 39.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[222] Gaceta del Congreso n.\u00b0 872 del 22 de octubre de 2018, p\u00e1g. 17.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[223] Gacetas del Congreso n.\u00b0 480 y 48 del 27 de junio de 2018, p\u00e1g. 1.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[224] Cfr. C\u00e1mara de Representantes: Gaceta del Congreso n.\u00b0 646 del 4 de septiembre de 2018 (p\u00e1g. 28 a 33); y Senado de la Rep\u00fablica: Gaceta del Congreso n.\u00b0 786 del 2 de octubre de 2018 (p\u00e1g. 13 a 33).<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[225] Corte Constitucional, Sentencia C-538 de 2016, reiterada en la Sentencia C-069 de 2023. Fundamento jur\u00eddico 110 de la presente sentencia.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[226] Corte Constitucional, Sentencia C-350 de 2009, reiterada en la Sentencia C-069 de 2023.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[227] Corte Constitucional, Sentencia C-435 de 2013, reiterada en la Sentencia C-069 de 2023.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[228] Ibidem.<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[229] Par\u00e1grafo del art\u00edculo transitorio 12 del art\u00edculo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[230] Art\u00edculo transitorio 12 del art\u00edculo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[231] Art\u00edculo 13 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[232] Art\u00edculo 141 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[233] Punto 5.1.2 del AFP.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[234] Ver, entre otros, los art\u00edculos 2, 3, 12, 13, 22 de la Ley 1922 de 2018.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[235] Art\u00edculo 27 de la Ley 1922 de 2018.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[236] Art\u00edculo 27A de la Ley 1922 de 2018.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[237] Art\u00edculo 27C de la Ley 1922 de 2018.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[238] Art\u00edculo 27D de la Ley 1922 de 2018.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[239] Par\u00e1grafo del art\u00edculo 27 de la Ley 1922 de 2018.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[240] Art\u00edculo 29 de la Ley 1922 de 2018.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[241] Art\u00edculo 30 de la Ley 1922 de 2018.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[242] Art\u00edculo 32 de la Ley 1922 de 2018.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[243] Art\u00edculo 20 de la Ley Estatutaria 1957 de 2018. Sentencia TP-SeRVR-RC-ST-No.001- 2025, dictada el 16 de septiembre de 2025 por la Secci\u00f3n de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, rad. n.\u00b0 0001805-11.2022.0.00.0001 (caso n.\u00b0 1: Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros cr\u00edmenes concurrentes cometidos por las FARCEP, Resoluci\u00f3n de Conclusiones n.\u00b0 02 de 2022), fundamento jur\u00eddico 833: \u201cel cumplimiento del r\u00e9gimen de condicionalidad, y de manera central el aporte pleno y exhaustivo a la verdad, constituye el presupuesto habilitante para que esta Jurisdicci\u00f3n pueda imponer la sanci\u00f3n propia. Ello implica que la especial modalidad sancionatoria dise\u00f1ada por el legislador en la Ley 1957 de 2019 no opera como una prerrogativa autom\u00e1tica, sino como el resultado de una verificaci\u00f3n judicial sobre la efectividad de los compromisos asumidos por los comparecientes frente a los objetivos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n y No Repetici\u00f3n [SIVJRNR]. De ah\u00ed que el grado y la calidad de la contribuci\u00f3n voluntaria de cada sancionado a la verdad, a la reparaci\u00f3n y a la no repetici\u00f3n sea determinante para acceder y mantenerse en el r\u00e9gimen de sanci\u00f3n propia, en coherencia con lo dispuesto en el art\u00edculo 20 de la Ley anteriormente citada\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[244] Art\u00edculo 39 de la Ley 1922 de 2018.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[245] Art\u00edculo 41 de la Ley 1922 de 2018.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[246] Art\u00edculo 42 de la Ley 1922 de 2018.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[247] Art\u00edculo 43 de la Ley 1922 de 2018.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[248] Art\u00edculo 44 de la Ley 1922 de 2018.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[249] Ibidem.<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[250] Art\u00edculo 34 de la Ley 1922 de 2018.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[251] Art\u00edculo 13 de la Ley Estatutaria 1957 de 2018: \u201cCentralidad de los derechos de las v\u00edctimas.<\/strong><\/b>\u00a0En toda actuaci\u00f3n del componente de justicia del SIVJRN se tomar\u00e1n en cuenta como ejes centrales los derechos de las v\u00edctimas y la gravedad del sufrimiento infligido por las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el conflicto. Deber\u00e1 repararse el da\u00f1o causado y restaurarse cuando sea posible. || Por lo anterior, uno de los principios orientadores de la JEP ser\u00e1 la aplicaci\u00f3n de una justicia restaurativa que preferentemente busca la restauraci\u00f3n del da\u00f1o causado y la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas afectadas por el conflicto, especialmente para acabar la situaci\u00f3n de exclusi\u00f3n social que les haya provocado la victimizaci\u00f3n. La justicia restaurativa atiende prioritariamente las necesidades y la dignidad de las v\u00edctimas y se aplica con un enfoque integral que garantiza la justicia, la verdad y la no repetici\u00f3n de lo ocurrido. || Las consecuencias de tales violaciones son m\u00e1s graves cuando son cometidas contra mujeres o cuando se trata de v\u00edctimas pertenecientes a los grupos m\u00e1s vulnerables, o sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional, que merecen una reparaci\u00f3n y protecci\u00f3n especial, entre ellas, los pueblos ind\u00edgenas, las comunidades afrodescendientes y otros grupos \u00e9tnicamente diferenciados, las comunidades religiosas, los campesinos, los m\u00e1s pobres, las personas en condici\u00f3n de discapacidad, las personas desplazadas y refugiadas, las ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes, la poblaci\u00f3n LGBTI y las personas de la tercera edad\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[252] Literales b) y c) del art\u00edculo 93 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[253] P\u00e1g. 11 del escrito de intervenci\u00f3n de la JEP.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[254] Art\u00edculo 126 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[255] Art\u00edculo 141 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[256] Tribunal para la Paz, Secci\u00f3n de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, Sentencia TP-SeRVR-RC-ST-No.2 del 18 de septiembre de 2025: \u201cdado que los TOAR requieren financiaci\u00f3n para su ejecuci\u00f3n y para crear las condiciones que permitan su adecuada realizaci\u00f3n, las acciones TOAR o los proyectos TOAR deben fundamentalmente ser desarrollados, adecuados y ajustados en los planes, programas o proyectos de reparaci\u00f3n que desarrolle el Gobierno nacional, la cual deber\u00e1 quedar reflejada en una oferta institucional en la cual puedan formularse y\/o adecuarse los TOAR\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[257] Art\u00edculo 141 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[258] Ibidem.<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[259] Ibidem.<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[260] P\u00e1g. 18 del concepto.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[261] P\u00e1g. 14 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[262] Art\u00edculo 142 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[263] Art\u00edculo 42 de la Ley 1922 de 2018.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[264] Art\u00edculos 130 y 143 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[265] Art\u00edculo 20 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[266] Sentencia TP-SeRVR-RC-ST-No.001- 2025, dictada el 16 de septiembre de 2025 por la Secci\u00f3n de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, rad. n.\u00b0 0001805-11.2022.0.00.0001 (caso n.\u00b0 1: Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros cr\u00edmenes concurrentes cometidos por las FARCEP, Resoluci\u00f3n de Conclusiones n.\u00b0 02 de 2022), fundamento jur\u00eddico 831.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[267] Ibidem.<\/em><\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[268] Ibidem, <\/em>fundamento jur\u00eddico 834.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[269] Corte Constitucional, Sentencia C-567 de 2019: Respecto al derecho a ser juzgado por el acto cometido, la Corte Constitucional considera que \u00e9ste no puede ser sometido a limitaci\u00f3n alguna. La transici\u00f3n a un modelo democr\u00e1tico, as\u00ed como al Estado social de Derecho, implic\u00f3 el tratamiento punitivo de las personas a partir de la voluntad sus acciones. En otras palabras, se abandonaron reglas basadas en el perfil de la persona o su historia, y se desarrollaron reglas a partir de la conducta desplegada. || El car\u00e1cter no limitable de este derecho implica, en consecuencia, que el Legislador no puede consagrar normas que impongan medidas sancionatorias, preventivas, cautelares o de aseguramiento, basadas en criterios generales de peligrosidad. [\u2026] || La prohibici\u00f3n legislativa se complementa con la obligaci\u00f3n judicial de no imponer sanciones, medidas cautelares, preventivas o de aseguramiento a partir de criterios basados en el perfil de la persona o en su historia o, en otras palabras, a partir de su grado de peligrosidad\u201d.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[270] Ver, entre otras, Corte Constitucional, sentencias C-020 de 2024, C-391 de 2023 y C-075 de 2022, y C-133 de 2021.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[271] Ver, por ejemplo, Corte Constitucional, sentencias C-1032 y C-665 de 2006.<\/p>\n

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    <\/a>[272] Sentencia TP-SeRVR-RC-ST-No.002 de 2025, dictada el 18 de septiembre de 2025 por la Secci\u00f3n de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, rad. n.\u00b0 0001813-85.2022.0.00.0001 (caso n.\u00b0 3: Subcaso Costa Caribe, \u201casesinatos y desapariciones forzadas ileg\u00edtimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado\u201d, Batall\u00f3n de Artiller\u00eda n.\u00b0 2 \u201cLa Popa\u201d), fundamento jur\u00eddico 962.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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