{"id":31646,"date":"2026-11-17T12:39:49","date_gmt":"2026-11-17T17:39:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/?p=31646"},"modified":"2026-11-17T12:39:49","modified_gmt":"2026-11-17T17:39:49","slug":"c-015-26","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/c-015-26\/","title":{"rendered":"C-015-26"},"content":{"rendered":"<p><b><strong>TEMAS-SUBTEMAS<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>Sentencia C-015\/26<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL<\/strong><\/b>-Ineptitud sustantiva de la demanda por desconocimiento del derecho al medio ambiente sano<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) la Sala encontr\u00f3 que part\u00eda una argumentaci\u00f3n sin un hilo conductor claro y de lecturas subjetivas, que se encaminaban a explicar cu\u00e1l es el mejor modelo para usar las aguas, mas no a justificar por qu\u00e9 la gesti\u00f3n comunitaria de aguas contrar\u00eda el derecho fundamental a un medio ambiente sano. Ante esta situaci\u00f3n, la Sala concluy\u00f3 que el cargo carec\u00eda de los requisitos argumentativos m\u00ednimos necesarios para emitir un pronunciamiento de fondo sobre este cargo.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL<\/strong><\/b>-Ineptitud sustantiva de la demanda por desconocimiento del deber de planeaci\u00f3n en el manejo y aprovechamiento de recursos naturales<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA<\/strong><\/b>-Incumplimiento de requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia en los cargos<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD<\/strong><\/b>-Requisitos m\u00ednimos<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS<\/strong><\/b>-Marco normativo<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>RECURSOS HIDRICOS<\/strong><\/b>-Obligaci\u00f3n del Estado protegerlos<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>RECURSOS HIDRICOS<\/strong><\/b>-Gesti\u00f3n comunitaria del agua<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>REP\u00daBLICA DE COLOMBIA<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>CORTE CONSTITUCIONAL<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>SENTENCIA C-015 DE 2026<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>Referencia: <\/strong><\/b>expediente D-16489<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Demanda de inconstitucionalidad en contra del art\u00edculo 274, numeral 4 (parcial), de la Ley 2294 de 2023<\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><b><strong>Demandante:<\/strong><\/b> Sebasti\u00e1n Aponte Bustamante<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Magistrada <\/strong><\/b><b><strong>ponente<\/strong><\/b>:<\/p>\n<p>Lina Marcela Escobar Mart\u00ednez<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Bogot\u00e1 D.C., cuatro (04) de febrero de dos mil veintis\u00e9is (2026)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y tr\u00e1mites establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, ha dictado la siguiente<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>SENTENCIA<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>S\u00edntesis<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Sala Plena de la Corte Constitucional conoci\u00f3 la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023, \u201c[p]or [la] cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 \u00abColombia Potencia Mundial de la Vida\u00bb\u201d, que exim\u00eda del requisito de acudir a la concesi\u00f3n de aguas a aquellas comunidades organizadas que requieran consumos de agua con caudales inferiores a 1 litro por segundo (1lps), siempre y cuando cumplan con unas condiciones determinadas, establecidas en la misma norma.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El demandante fundament\u00f3 su demanda en dos cargos. En el primero, el actor indic\u00f3 que eliminar el requisito de acudir a la concesi\u00f3n de aguas a favor de las comunidades organizadas que requieren recurso h\u00eddrico para el consumo b\u00e1sico o de subsistencia desconoce el derecho a un medio ambiente sano (art. 79 C. P.), porque con ello se permite una elusi\u00f3n de los controles ambientales. En su criterio, lo anterior permite una eventual sobre explotaci\u00f3n de los recursos h\u00eddricos y se excluye a la ciudadan\u00eda del control que puede ejercer para protegerlos. En el segundo, el ciudadano manifest\u00f3 que la disposici\u00f3n demandada desconoce el deber que tiene el Estado de planificar el manejo y aprovechamiento del recurso h\u00eddrico (art. 80 C. P.), por considerar que no se contar\u00eda con un registro que permita comprobar si las comunidades organizadas usan adecuadamente el agua.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Algunos intervinientes advirtieron que la demanda parte de apreciaciones subjetivas y de una lectura aislada de la gesti\u00f3n comunitaria de aguas, que hace que los cargos planteados incumplan los requisitos m\u00ednimos argumentativos que se exigen para juzgar la compatibilidad de la disposici\u00f3n demandada con los art\u00edculos 79 y 80 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Sala Plena atendi\u00f3 esta advertencia y procedi\u00f3 a evaluar la aptitud sustantiva de la demanda. Para ello, reiter\u00f3 su jurisprudencia en torno a la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad, sus requisitos m\u00ednimos y el principio <em>pro actione<\/em>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Posteriormente, expuso el contexto normativo en el que se enmarca la disposici\u00f3n acusada, en particular lo relativo a la gesti\u00f3n del recurso h\u00eddrico, as\u00ed como el contenido normativo del numeral 4 del art\u00edculo 274 de la Ley 2294 de 2023, con \u00e9nfasis en el aparte demandado.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con estos elementos, la Sala Plena procedi\u00f3 a analizar la aptitud sustantiva de la demanda. En cuanto al primer cargo, la Sala encontr\u00f3 que part\u00eda una argumentaci\u00f3n sin un hilo conductor claro y de lecturas subjetivas, que se encaminaban a explicar cu\u00e1l es el mejor modelo para usar las aguas, mas no a justificar por qu\u00e9 la gesti\u00f3n comunitaria de aguas contrar\u00eda el derecho fundamental a un medio ambiente sano. Ante esta situaci\u00f3n, la Sala concluy\u00f3 que el cargo carec\u00eda de los requisitos argumentativos m\u00ednimos necesarios para emitir un pronunciamiento de fondo sobre este cargo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Sala avanz\u00f3 al segundo cargo y encontr\u00f3 que el demandante solo expuso razones para indicar que la disposici\u00f3n demandada podr\u00eda tener unos eventuales efectos en la planificaci\u00f3n del manejo y aprovechamiento del agua, al eliminar el registro. Estas razones, sin embargo, no correspond\u00edan a una lectura cierta de la disposici\u00f3n demandada. En cambio, se concentraban m\u00e1s en consecuencias hipot\u00e9ticas, que no permit\u00edan identificar la incompatibilidad de la gesti\u00f3n comunitaria de aguas con el deber estatal de planificar el manejo y aprovechamiento de recursos naturales. Dicha dificultad llev\u00f3 a la Sala a concluir que, si bien el cargo era parcialmente claro, no cumpl\u00eda con los requisitos de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Por lo anterior, la Sala Plena se inhibi\u00f3 de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la demanda presentada en contra el art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>I.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ANTECEDENTES<\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>El 20 de marzo de 2025, en ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica prevista en los art\u00edculos 40, numeral 6, y 241, numeral 4, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el ciudadano Sebasti\u00e1n Aponte Bustamante present\u00f3 una demanda de inconstitucionalidad en contra del art\u00edculo 274, numeral 4 (parcial), de la Ley 2294 de 2023, \u201c[p]or [la] cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 \u00abColombia Potencia Mundial de la Vida\u00bb\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>El 4 de abril de 2025, la Secretar\u00eda General de la corporaci\u00f3n, previo sorteo realizado por la Sala Plena dos d\u00edas antes, remiti\u00f3 el expediente al despacho de la magistrada Diana Fajardo Rivera para impartir el tr\u00e1mite correspondiente.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>La demanda fue admitida parcialmente el 22 de abril de 2025. Posteriormente, dentro del t\u00e9rmino previsto para ello, el ciudadano present\u00f3 un escrito de subsanaci\u00f3n de la demanda, que fue admitido por la magistrada sustanciadora en un auto del 12 de mayo de 2025. En dicha providencia, adem\u00e1s, dispuso correr traslado a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, fijar en lista la disposici\u00f3n acusada por el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas, comunicar la apertura del proceso al presidente de la Rep\u00fablica, al presidente del Congreso, as\u00ed como a los Ministerios del Interior y de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, y al Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, e invitar a intervenir a instituciones y organizaciones sociales.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>En cumplimiento del auto admisorio, la Secretar\u00eda General de la Corte Constitucional fij\u00f3 en lista el proceso en la p\u00e1gina web de la corporaci\u00f3n a partir de las 8:00 a. m. del 22 de mayo de 2025, por el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>El 17 de junio de 2025, el procurador general de la Naci\u00f3n manifest\u00f3 encontrarse impedido para emitir concepto en este proceso. La Sala Plena encontr\u00f3 infundado el impedimento en Auto 1141 del 23 de julio de 2025. En consecuencia, el procurador general de la Naci\u00f3n present\u00f3 el concepto el 23 de septiembre de 2025.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>La magistrada Diana Fajardo Rivera termin\u00f3 su per\u00edodo constitucional el 5 de junio de 2025. El d\u00eda 12 del mismo mes y a\u00f1o, la doctora Lina Marcela Escobar Mart\u00ednez se posesion\u00f3 en el cargo, en reemplazo de la doctora Fajardo Rivera. En consecuencia, a partir de ese d\u00eda, la sustanciaci\u00f3n de los expedientes del despacho, incluido el presente asunto, qued\u00f3 a cargo de la magistrada Lina Marcela Escobar Mart\u00ednez.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li>Cumplidos los tr\u00e1mites previstos en el art\u00edculo 242 de la Constituci\u00f3n y en el Decreto Ley 2067 de 1991, la Corte procede a resolver la demanda.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>1. Norma demandada<\/h1>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li>A continuaci\u00f3n, se transcribe la disposici\u00f3n demandada y se destacan los apartados objeto de censura:<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><b><strong>LEY 2294 DE 2023<\/strong><\/b><\/p>\n<p>(mayo 19)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Diario Oficial No. 52.400 de 19 de mayo de 2023<\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>PODER P\u00daBLICO &#8211; RAMA LEGISLATIVA<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 \u201cColombia Potencia Mundial de la Vida\u201d<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>EL CONGRESO DE COLOMBIA,<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>DECRETA:<\/strong><\/b><\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p><b><strong>Art\u00edculo 274.<em> Gesti\u00f3n comunitaria del agua y saneamiento b\u00e1sico<\/em><\/strong><\/b>. La pol\u00edtica de gesti\u00f3n comunitaria del agua y el saneamiento b\u00e1sico deber\u00e1 incluir, entre otros, los siguientes lineamientos necesarios para promover y fortalecer las din\u00e1micas organizativas alrededor del agua y el saneamiento b\u00e1sico:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><u>Las comunidades organizadas que requieran consumos de agua con caudales inferiores a 1,0 litros por segundo (lps), no requerir\u00e1n concesi\u00f3n de aguas; sin embargo, deber\u00e1n inscribirse en el Registro de Usuarios del Recurso H\u00eddrico. Para esta excepci\u00f3n, se deben cumplir las siguientes condiciones: El uso del agua ser\u00e1 exclusivamente para consumo humano en comunidades organizadas localizadas en el \u00e1rea urbana y, en el caso de las ubicadas en \u00e1rea rural, el uso ser\u00e1 exclusivo para la subsistencia de la familia rural, siempre y cuando la fuente de abastecimiento no se encuentre declarada en agotamiento o en proceso de reglamentaci\u00f3n.<\/u><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Las comunidades organizadas que requieran consumos de agua para uso dom\u00e9stico con caudales entre 1,0 lps y 4,0 lps, no requerir\u00e1n presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA-, como tampoco la autorizaci\u00f3n sanitaria como prerrequisito para el otorgamiento de la respectiva concesi\u00f3n.<\/p>\n<p><b><strong><u>\u00a0<\/u><\/strong><\/b><\/p>\n<h1>2. La demanda<\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"9\">\n<li>El demandante solicit\u00f3 declarar la inconstitucionalidad del numeral 4 del art\u00edculo 274 de la Ley 2294 de 2023, \u201c[p]or [la] cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 \u00abColombia Potencia Mundial de la Vida\u00bb\u201d. Sin embargo, solo resalt\u00f3 el primer inciso del numeral y dirigi\u00f3 sus reproches contra \u00e9l. Por lo que debe concluirse que la demanda se encamina \u00fanicamente en contra de este apartado.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"10\">\n<li>Inicialmente, el ciudadano sustent\u00f3 su solicitud de inconstitucionalidad en la presunta vulneraci\u00f3n de los art\u00edculos 79, 80 y 334 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Sin embargo, en su escrito de subsanaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a lo se\u00f1alado en el auto de inadmisi\u00f3n del 22 de abril de 2025, el demandante decidi\u00f3 retirar \u201ctodas y cada una de los reproches y consideraciones relacionados con la vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 334 de la Constituci\u00f3n Nacional\u201d<a name=\"_ftnref1\"><\/a>[1]. En consecuencia, mediante auto del 12 de mayo de 2025, la entonces magistrada sustanciadora resolvi\u00f3 admitir la demanda \u201cen contra del inciso primero del numeral 4 del art\u00edculo 274 de la Ley 2294 de 2023, \u201cpor el (sic) cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 \u00abColombia Potencia Mundial de la Vida\u00bb\u201d, por la presunta vulneraci\u00f3n de los art\u00edculos 79 y 80 superiores.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"11\">\n<li><em>Cargo por la presunta vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 79 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica<\/em>. En criterio del demandante, la norma acusada vulnera el derecho fundamental a un medio ambiente sano, \u201cya que, para garantizar este derecho, es esencial contar con instrumentos de control y seguimiento ambiental en el uso, aprovechamiento y explotaci\u00f3n del recurso h\u00eddrico\u201d <a name=\"_ftnref2\"><\/a>[2]. En este sentido, indic\u00f3 que el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 274 de la Ley 2294 de 2023 \u201cpermite un uso no regulado del recurso h\u00eddrico, pues elimina la condici\u00f3n de contar con un instrumento o mecanismo formal de seguimiento y control por parte de las autoridades ambientales, lo que podr\u00eda llevar a la sobreexplotaci\u00f3n, contaminaci\u00f3n y agotamiento de las fuentes h\u00eddricas\u201d <a name=\"_ftnref3\"><\/a>[3].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"12\">\n<li>Al respecto, se\u00f1al\u00f3 que la concesi\u00f3n de aguas es una herramienta \u201cconstitucional\u201d para \u201ccontrolar el uso eficiente y racional de los recursos [\u2026] con miras a preservar el medio ambiente y la conservaci\u00f3n del recurso h\u00eddrico\u201d <a name=\"_ftnref4\"><\/a>[4], en la medida en que es un instrumento de \u201cinformaci\u00f3n sobre la gesti\u00f3n y disponibilidad\u201d del agua que permite que las autoridades ambientales lleven \u201cun recuento de la asignaci\u00f3n del agua en un territorio determinado y su adecuada utilizaci\u00f3n\u201d <a name=\"_ftnref5\"><\/a>[5]. Por lo que considera que \u201csuprimir del todo este permiso, aumenta de manera significativa el riesgo sobre la salud humana de quienes vayan a usar el recurso h\u00eddrico sin ning\u00fan tipo de control y gu\u00eda\u201d <a name=\"_ftnref6\"><\/a>[6].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"13\">\n<li>En contraste, para el demandante, al permitir que a las comunidades organizadas que requieran consumos de agua con caudales inferiores a 1,0 litros por segundo (lps) no se les exija contar con una concesi\u00f3n de aguas, la norma acusada \u201cexpone\u201d el recurso h\u00eddrico y \u201cla calidad del agua que ser\u00eda objeto de consumo\u201d <a name=\"_ftnref7\"><\/a>[7]. Esta situaci\u00f3n, en su criterio, implica la vulneraci\u00f3n del derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y \u201cel derecho conexo a la salud a que se refiere el art\u00edculo 49 de la Constituci\u00f3n\u201d <a name=\"_ftnref8\"><\/a>[8].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"14\">\n<li>La vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 79, en \u201cconexidad\u201d con el art\u00edculo 49 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, estar\u00eda dada porque en virtud de la norma demandada (i) no hay un instrumento que permita \u201cgarantizar o ejercer una supervisi\u00f3n o control respecto de las condiciones del agua aptas para consumo, ni del saneamiento b\u00e1sico m\u00ednimo requerido por quienes acceder\u00edan a dicho recurso\u201d<a name=\"_ftnref9\"><\/a>[9]; (ii) no existen controles eficaces que aseguren que se respete el l\u00edmite de 1,0 lps, por lo que \u201cpuede incluso promover que individuos exploten este recurso de manera indiscriminada y descontrolada, sin considerar la sostenibilidad del recurso h\u00eddrico\u201d<a name=\"_ftnref10\"><\/a>[10]; y (iii) facilita la sobreexplotaci\u00f3n y contaminaci\u00f3n de las fuentes de agua porque no define los t\u00e9rminos \u201ccomunidades organizadas\u201d<a name=\"_ftnref11\"><\/a>[11] y \u201csubsistencia familiar\u201d<a name=\"_ftnref12\"><\/a>[12], por lo que no se sabe cu\u00e1ntas personas podr\u00edan explotar el recurso h\u00eddrico<a name=\"_ftnref13\"><\/a>[13] y autoriza una gran variedad de usos como el industrial para negocios familiares<a name=\"_ftnref14\"><\/a>[14]\u00a0 \u201csin ning\u00fan tipo de control\u201d<a name=\"_ftnref15\"><\/a>[15].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"15\">\n<li>Esa falta de control, en opini\u00f3n del demandante, afecta el derecho a gozar de un medio ambiente sano, porque (i) abre \u201cuna ventana o puente para un uso irracional del recurso h\u00eddrico\u201d<a name=\"_ftnref16\"><\/a>[16], pues no se cuentan con herramientas para detectar a tiempo el uso excesivo del recurso h\u00eddrico; (ii) \u201cpone en riesgo la protecci\u00f3n de fuentes de agua que podr\u00edan no estar adecuadamente monitoreadas o protegidas\u201d, lo que puede \u201cconducir a un deterioro significativo de los ecosistemas\u201d y, as\u00ed, vulnerar el \u201cpostulado constitucional de conservaci\u00f3n y protecci\u00f3n ambiental\u201d<a name=\"_ftnref17\"><\/a>[17]; y (iii) \u201cerosiona la confianza p\u00fablica en la gesti\u00f3n ambiental y limita el acceso equitativo y el control igualitario a un recurso fundamental\u201d<a name=\"_ftnref18\"><\/a>[18]. Asimismo, para el ciudadano, la falta de controles que \u00e9l se\u00f1ala \u201cquebranta la confianza p\u00fablica en la gesti\u00f3n ambiental y limita el acceso equitativo a un recurso esencial\u201d<a name=\"_ftnref19\"><\/a>[19].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"16\">\n<li>En criterio del demandante, lo correcto hubiese sido buscar \u201calternativas para que, sobre grupo poblacional plenamente determinado como vulnerable, se puedan hacer modificaciones a las normas existentes en materia de concesiones para brindar alivios o suprimir algunos de los requisitos t\u00e9cnicos que aplican para estos permisos, en aras de facilitar su tr\u00e1mite\u201d, pero sin prescindir de la herramienta de la concesi\u00f3n de aguas<a name=\"_ftnref20\"><\/a>[20].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"17\">\n<li>De igual forma, el ciudadano sostuvo que la norma demandada vulnera el art\u00edculo 79 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica porque \u201csocava el derecho de participaci\u00f3n de las comunidades en las decisiones sobre la gesti\u00f3n del recurso h\u00eddrico\u201d <a name=\"_ftnref21\"><\/a>[21] porque, al prescindir del requisito de la concesi\u00f3n de aguas, \u201csuprime la posibilidad de que las comunidades revisen y socialicen los efectos e impactos de la asignaci\u00f3n del recurso h\u00eddrico sobre los territorios de su influencia y las consecuencias que dicha asignaci\u00f3n traer\u00edan sobre sus propios derechos de acceso al agua\u201d<a name=\"_ftnref22\"><\/a>[22]. En su criterio, esta misma situaci\u00f3n \u201cpone en riesgo el principio de desarrollo sostenible, consagrado desde la Ley 99 de 1993\u201d<a name=\"_ftnref23\"><\/a>[23].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"18\">\n<li><em>Cargo por la presunta vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 80 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica<\/em>, relativo al deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaci\u00f3n, restauraci\u00f3n o sustituci\u00f3n. Esto, por cuanto, en su criterio, \u201cal permitir captaciones de agua sin concesi\u00f3n [\u2026] impide al Estado llevar un registro adecuado del uso del recurso h\u00eddrico y prever los impactos acumulativos de m\u00faltiples captaciones, especialmente cuando se trata de peque\u00f1as regiones sensibles\u201d<a name=\"_ftnref24\"><\/a>[24].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"19\">\n<li>En su opini\u00f3n, esta misma situaci\u00f3n infringe \u201cel mandato de prevenir los da\u00f1os ambientales, contenido en el art\u00edculo 80 de la Constituci\u00f3n\u201d<a name=\"_ftnref25\"><\/a>[25], lo que se refleja en la vulneraci\u00f3n de los principios de precauci\u00f3n y de prevenci\u00f3n. Lo primero, porque no le permite al Estado \u201cgestionar y controlar de manera adecuada las captaciones de agua\u201d y, as\u00ed, \u201climita [su] capacidad de implementar estrategias de planificaci\u00f3n ambiental que garanticen la sostenibilidad del recurso h\u00eddrico y contraviene la responsabilidad del Estado de proteger el derecho de las generaciones presentes y futuras a un ambiente saludable, tal como lo ordena el art\u00edculo 80 de la Constituci\u00f3n\u201d<a name=\"_ftnref26\"><\/a>[26]. Lo segundo, debido a que \u201cel Estado tiene el deber de proteger el recurso h\u00eddrico frente a la falta de certeza de los impactos que esta excepci\u00f3n pueda llegar a causar al agua, al ambiente y a la salud de quienes la consumen\u201d<a name=\"_ftnref27\"><\/a>[27].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"20\">\n<li><i> <\/i>De igual forma, el demandante destac\u00f3 que \u201cel art\u00edculo 51 del Decreto 2811 de 1974 estableci\u00f3 que, el derecho a usar los recursos naturales renovables puede ser adquirido, por ministerio de la ley, a trav\u00e9s de un permiso, concesi\u00f3n y asociaci\u00f3n. As\u00ed pues, la regulaci\u00f3n del uso del agua, por ejemplo, est\u00e1 enmarcada dentro de una serie de normas y disposiciones que buscan mitigar los riesgos de sobreexplotaci\u00f3n, garantizar el acceso equitativo al agua, como bien vital para el bienestar colectivo y desarrollo econ\u00f3mico\u201d <a name=\"_ftnref28\"><\/a>[28]<i>.<\/i><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"21\">\n<li><i> <\/i>En ese sentido, insisti\u00f3 en que, \u201cen estricto cumplimiento de la Constituci\u00f3n\u201d, el Decreto 1541 de 1978 (compilado en el Decreto 1076 de 2015) \u201cdispone que el aprovechamiento de aguas siempre requiere una concesi\u00f3n, salvo en los casos expresamente determinados por la ley\u201d<a name=\"_ftnref29\"><\/a>[29]. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que la norma demandada contradice la \u201cl\u00f3gica\u201d de las excepciones al requisito de contar con una concesi\u00f3n de agua prevista por los art\u00edculos 32 y 33 del mencionado decreto<a name=\"_ftnref30\"><\/a>[30]. Adem\u00e1s, afirm\u00f3 que la norma acusada desatiende el marco normativo se\u00f1alado y, por ende, \u201cse vulneran principios y\/o postulados fundamentales de la Constituci\u00f3n que buscan asegurar un manejo responsable y equitativo de las aguas, poniendo en riesgo tanto el entorno ecol\u00f3gico como los derechos de las comunidades que dependen de estos recursos\u201d<i>.<\/i><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"22\">\n<li>En adici\u00f3n a lo anterior, para el demandante, la exclusi\u00f3n de la concesi\u00f3n en captaciones menores a 1,0 litro por segundo impide la coordinaci\u00f3n que debe existir entre las autoridades ambientales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las Corporaciones Aut\u00f3nomas Regionales) y los entes territoriales, con lo cual, en su opini\u00f3n, compromete \u201cla capacidad del Estado para intervenir en proyectos de \u00abbajo impacto aparente\u00bb, pero que en conjunto pueden tener efectos significativos\u201d<a name=\"_ftnref31\"><\/a>[31]. As\u00ed, sostuvo que la norma acusada vulnera el art\u00edculo 80 de la Constituci\u00f3n porque impide que el Estado cumpla con su deber de ordenar y dise\u00f1ar lineamientos b\u00e1sicos y los canales de cooperaci\u00f3n entre las diferentes autoridades ambientales, nacionales y locales, junto con los entes territoriales \u201cpara lograr precisamente una gesti\u00f3n y planificaci\u00f3n del recurso h\u00eddrico adecuada\u201d<a name=\"_ftnref32\"><\/a>[32]. Asimismo, destac\u00f3 que el Estado tiene el deber de \u201ccooperar con otras naciones en la protecci\u00f3n de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas\u201d<a name=\"_ftnref33\"><\/a>[33].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"23\">\n<li>Para el demandante, la exclusi\u00f3n del requisito de la concesi\u00f3n de aguas permite el aprovechamiento del recurso h\u00eddrico de manera desarticulada e impide que el Estado cumpla con su deber de intervenir en el medio ambiente de manera \u201cproactiva y preventiva, no solo reactiva ante situaciones de da\u00f1o o impactos negativos al medio ambiente\u201d, objetivo que en su opini\u00f3n solo es posible lograr \u201cen el marco de instrumentos jur\u00eddicos, como lo es una concesi\u00f3n de aguas, para garantizar el desarrollo sostenible y la justicia ambiental\u201d<a name=\"_ftnref34\"><\/a>[34].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>3. Intervenciones<\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"24\">\n<li>Durante el tr\u00e1mite de constitucionalidad se recibieron diez intervenciones, de las cuales: (i) dos solicitan a la Corte declararse inhibida de emitir un pronunciamiento de fondo o, en su defecto, declarar la exequibilidad de la disposici\u00f3n demandada; (ii) cuatro consideran que la disposici\u00f3n demandada debe declararse exequible, pero advierten que la demanda parte de lecturas que discrepan del objeto de la disposici\u00f3n y su alcance; (iii) tres solicitan declarar exequible la disposici\u00f3n; mientras que (iv) una considera que es incompatible con la Constituci\u00f3n y, por tanto, debe declararse su inexequibilidad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<td width=\"217\"><b><strong>Interviniente<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"371\"><b><strong>Solicitud<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"217\">Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)<\/td>\n<td rowspan=\"2\" width=\"371\">&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Solicitan a la Corte inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo o, en su defecto, declarar el art\u00edculo 274, numeral 4 (parcial) de la Ley 2294 de 2023 exequible.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"217\">Gobierno Nacional: Presidencia de la Rep\u00fablica, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"217\">Federaci\u00f3n Colombiana de Municipios<\/td>\n<td rowspan=\"4\" width=\"371\">&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Solicitan declarar exequible el art\u00edculo 274, numeral 4 (parcial), de la Ley 2294 de 2023 y advierten fallas en la argumentaci\u00f3n de la demanda.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"217\">Instituto Colombiano de Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"217\">Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"217\">Andr\u00e9s G\u00f3mez Rey<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"217\">Federaci\u00f3n Nacional de Departamentos<\/td>\n<td rowspan=\"3\" width=\"371\">&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Solicitan declarar exequible el art\u00edculo 274, numeral 4 (parcial), de la Ley 2294 de 2023.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"217\">Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia y Confederaci\u00f3n de Organizaciones Comunitarias de Servicio de Agua y Saneamiento de Colombia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"217\">Defensor\u00eda del Pueblo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"217\">Asociaci\u00f3n de Corporaciones Aut\u00f3nomas regionales y de Desarrollo sostenible<\/td>\n<td width=\"371\">Solicita declarar inexequible el art\u00edculo 274, numeral 4 (parcial), de la Ley 2294 de 2023.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"25\">\n<li>El texto completo de las intervenciones puede consultarse en la p\u00e1gina web de la Corte Constitucional. Por ello, en este ac\u00e1pite, la Sala presentar\u00e1 una s\u00edntesis de sus principales argumentos, en funci\u00f3n de la solicitud formulada.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>3.1. Solicitud de un fallo inhibitorio o, en su defecto, de la declaratoria de exequibilidad<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"26\">\n<li>La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)<a name=\"_ftnref35\"><\/a>[35], por una parte, y el Gobierno Nacional a trav\u00e9s de la Presidencia de la Rep\u00fablica en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente), el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Minvivienda), y el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n (DNP)<a name=\"_ftnref36\"><\/a>[36], por otra parte, solicitaron a la Corte inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la demanda o, en su defecto, declarar exequible el art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"27\">\n<li>Para las intervinientes, la argumentaci\u00f3n propuesta por el demandante (i) parte de una lectura subjetiva de la disposici\u00f3n, (ii) no plantea una contrastaci\u00f3n espec\u00edfica ni pertinente entre esta y los mandatos constitucionales y, en consecuencia, (iii) no genera una duda m\u00ednima sobre su inconstitucionalidad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"28\">\n<li>De acuerdo con la ANLA y el Gobierno Nacional, el demandante supone que suprimir la modalidad de concesi\u00f3n de aguas conlleva el uso no regulado del recurso h\u00eddrico y la ausencia de mecanismos de control. As\u00ed, concluyeron que dicha suposici\u00f3n resulta alejada del texto de la disposici\u00f3n demandada, as\u00ed como de las normas complementarias, en la medida en que, seg\u00fan las intervinientes, existen requisitos y controles legales que se aplican aun cuando no se exija la concesi\u00f3n de aguas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"29\">\n<li>Por una parte, indicaron que el art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023 impone la obligaci\u00f3n a las comunidades organizadas de inscribirse en el Registro de Usuarios del Recurso H\u00eddrico, en el que se identifican los datos de los usuarios del agua, el tipo de uso, el caudal utilizado, la fuente h\u00eddrica y otras caracter\u00edsticas, en los t\u00e9rminos de la Ley 99 de 1993. Por otra parte, se\u00f1alaron que las autoridades cuentan con potestades para realizar el seguimiento, control y evaluaci\u00f3n del uso del agua, as\u00ed como para adoptar medidas en caso de que el uso del agua traiga consigo el deterioro de la fuente. Con fundamento en lo anterior, concluyeron que la argumentaci\u00f3n del demandante se fundamenta en una apreciaci\u00f3n subjetiva, y no en el contenido objetivo de la disposici\u00f3n cuestionada.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"30\">\n<li>Posteriormente, el Gobierno Nacional indic\u00f3 que los argumentos formulados en la acci\u00f3n p\u00fablica son generales, ambiguos y vagos, as\u00ed como contradictorios. Para ello, el Gobierno explic\u00f3 que el demandante afirma que la falta de concesi\u00f3n impide la participaci\u00f3n de las comunidades en la toma de decisiones ambientales, sin tener en cuenta que son los mismos ciudadanos, a trav\u00e9s de comunidades organizadas, quienes optan por acceder y gestionar el recurso h\u00eddrico conforme con los requisitos legales, con la finalidad de satisfacer las necesidades de consumo y saneamiento b\u00e1sico. En esa medida, sostuvo que la demanda construye una argumentaci\u00f3n anti sist\u00e9mica que impide entrever un reproche de constitucionalidad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"31\">\n<li>A lo anterior el Gobierno Nacional agreg\u00f3 que el ciudadano complementa su argumentaci\u00f3n con una conjetura, a saber, que la ausencia de concesi\u00f3n y mecanismos de control permite la sobreexplotaci\u00f3n, contaminaci\u00f3n y agotamiento del recurso h\u00eddrico. Al respecto, explic\u00f3 que se trata de una conjetura que no es una consecuencia jur\u00eddica que se derive de la disposici\u00f3n y de la normatividad en materia de planificaci\u00f3n del recurso h\u00eddrico, y resulta ser un eventual resultado que s\u00f3lo ser\u00eda posible, si la disposici\u00f3n demandada se leyera de forma descontextualizada.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"32\">\n<li>Al darse estas fallas argumentativas, las intervinientes sostuvieron que la demanda no crea una duda m\u00ednima en torno a la inconstitucionalidad del art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023 y, en consecuencia, no satisface el requisito de suficiencia. El incumplimiento de los requisitos argumentativos hace que, en opini\u00f3n de la ANLA y el Gobierno Nacional, la Corte deba inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la demanda.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"33\">\n<li>A su vez, el Gobierno Nacional advirti\u00f3 que, en caso de que la Corte considere que la demanda es apta, el juicio sobre la disposici\u00f3n demandada debe conducir a declarar su compatibilidad con la Constituci\u00f3n. Para soportar su tesis, propuso dos argumentos: (i) el concepto de <em>comunidad organizada<\/em> y la competencia de esta para ejercer una gesti\u00f3n comunitaria del agua; y (ii) la garant\u00eda de preservaci\u00f3n del recurso h\u00eddrico mediante un trato diferencial.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"34\">\n<li>Sobre el primer punto, el Gobierno explic\u00f3 que el t\u00e9rmino \u201ccomunidad organizada\u201d es una categor\u00eda reconocida en la Constituci\u00f3n y se entiende como una forma asociativa comunitaria, que se constituye para gestionar servicios esenciales, como la energ\u00eda, el agua y el saneamiento b\u00e1sico. La finalidad de esta forma asociativa es permitir que la ciudadan\u00eda cuente con mecanismos v\u00e1lidos para tomar y ejecutar decisiones en materia de acceso a un servicio. Las comunidades organizadas se pueden clasificar de diversas maneras, entre ellas, como gestor comunitario, que es el t\u00e9rmino empleado por la Ley 2294 de 2023 y por el Decreto 1077 de 2015. Asimismo, estas comunidades est\u00e1n facultadas por la ley para prestar servicios p\u00fablicos, siempre y cuando cumplan con unas condiciones concretas, como contar con personalidad jur\u00eddica.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"35\">\n<li>Por otra parte, el gobierno explic\u00f3 que, bajo una lectura arm\u00f3nica y finalista del Decreto 2811 de 1974, la Ley 142 de 1994 y el art\u00edculo 274 de la Ley 2294 de 2023, la gesti\u00f3n comunitaria del agua es una medida diferencial y constitucionalmente justificada que favorece a grupos de especial protecci\u00f3n y que: (i) est\u00e1 permitida en la Constituci\u00f3n y la ley; (ii) se realiza a partir de comunidades organizadas o gestores comunitarios, los cuales se componen por miembros de la misma comunidad y operan bajo un di\u00e1logo social; (iii) persiguen un fin constitucional leg\u00edtimo e imperioso, como lo es garantizar el acceso al derecho humano al agua a grupos que no tienen la posibilidad de contar con servicios p\u00fablicos y que se encuentran en una situaci\u00f3n de especial protecci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"36\">\n<li>A ello se suma que, seg\u00fan el gobierno, la gesti\u00f3n comunitaria del agua es uno de los tres reg\u00edmenes para la prestaci\u00f3n del servicio del agua (junto con la concesi\u00f3n y la concesi\u00f3n abreviada de aguas) y est\u00e1 sometida a un conjunto de requisitos y controles. As\u00ed, la gesti\u00f3n comunitaria del agua se limita a un caudal no superior a 1lps, que debe usarse para fines de consumo y subsistencia, y exige contar con una infraestructura b\u00e1sica. Adem\u00e1s, el gestor comunitario y la autoridad ambiental ejercen controles sobre la manera en que se est\u00e1 empleado el agua y, en caso de que el uso del recurso h\u00eddrico no sea el adecuado, la autoridad ambiental puede suspender al gestor comunitario y la prestaci\u00f3n del servicio.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"37\">\n<li>Estas razones permiten concluir, seg\u00fan el Gobierno Nacional, que la gesti\u00f3n comunitaria del agua es compatible con la Constituci\u00f3n y el ordenamiento jur\u00eddico. Motivo por el cual, debe declararse exequible.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>3.2. Solicitudes de exequibilidad del 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"38\">\n<li>La Federaci\u00f3n Colombiana de Municipios<a name=\"_ftnref37\"><\/a>[37], la Federaci\u00f3n Nacional de Departamentos<a name=\"_ftnref38\"><\/a>[38], el Instituto Colombiano de Derecho Ambiental y de Desarrollo Sostenible<a name=\"_ftnref39\"><\/a>[39], la Red Nacional de Acueductos y la Confederaci\u00f3n de Organizaciones Comunitarias de Servicio de Agua y Saneamiento de Colombia<a name=\"_ftnref40\"><\/a>[40], la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica<a name=\"_ftnref41\"><\/a>[41], la Defensor\u00eda del Pueblo<a name=\"_ftnref42\"><\/a>[42] y Andr\u00e9s G\u00f3mez Rey<a name=\"_ftnref43\"><\/a>[43] solicitaron a la Corte declarar exequible el art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023. Los argumentos que soportan la constitucionalidad de la disposici\u00f3n se dividen en dos subgrupos.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"39\">\n<li>Algunos intervinientes sostuvieron que el juicio de constitucionalidad debe partir de un an\u00e1lisis de la consistencia de la demanda y de argumentos sustantivos; mientras que otros consideran que la compatibilidad se soporta en argumentos materiales. Por ello, se expondr\u00e1 en un primer momento los argumentos que est\u00e1n ligados a la consistencia de la demanda para, luego resumir los argumentos sustanciales.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"40\">\n<li><em>Argumentos en torno a la consistencia de la demanda<\/em>. La Federaci\u00f3n Colombiana de Municipios, el Instituto Colombiano de Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, la Defensor\u00eda del Pueblo y Andr\u00e9s G\u00f3mez Rey indicaron que el art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023 debe leerse de manera arm\u00f3nica con el C\u00f3digo Civil, el Decreto 2811 de 1974, la Ley 142 de 1994, el Decreto 1076 de 2015, la Ley 1955 de 2019 y la Sentencia C-150 de 2003, entre otros.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"41\">\n<li>En primer lugar, estos intervinientes se\u00f1alaron que el Estado colombiano ha permitido el uso de aguas de dominio p\u00fablico por particulares con fines de consumo dom\u00e9stico y subsistencia. As\u00ed, por ejemplo, los art\u00edculos 893, numeral 3, del C\u00f3digo Civil, 9 del Decreto 1382 de 1940, 53 y 86 del Decreto 2811 de 1974 garantizan el derecho de toda persona a utilizar las aguas de uso p\u00fablico, para (i) realizar los menesteres dom\u00e9sticos, (ii) satisfacer sus necesidades esenciales y las de su familia y (iii) beber, abrevar animales y lavar ropa.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"42\">\n<li>En segundo lugar, los cuerpos normativos antes mencionados prev\u00e9n que el servicio p\u00fablico de agua puede suministrarse mediante formas asociativas. Ejemplo de ello son los art\u00edculos 51 del Decreto 2811 de 1974, 15 de la Ley 142 de 1994 y 279 de la Ley 1955 de 2019 facultan al Estado y a las comunidades organizadas a prestar el servicio p\u00fablico de agua en aquellas zonas de dif\u00edcil acceso, con el fin de que las personas tengan una cantidad adecuada del recurso h\u00eddrico para el consumo b\u00e1sico y el saneamiento.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"43\">\n<li>Y, en tercer lugar, destacaron que la posibilidad de consumir el agua o de prestar el servicio p\u00fablico a trav\u00e9s de comunidades organizadas requiere del cumplimiento de requisitos especiales y del control por parte de las autoridades. As\u00ed, algunas disposiciones imponen el deber de registrar a las comunidades organizadas, de no emplear maquinarias prohibidas y de respetar las finalidades del consumo (b\u00e1sico y de subsistencia).<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"44\">\n<li>Con lo anterior, la Federaci\u00f3n Colombiana de Municipios, el Instituto Colombiano de Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, la Defensor\u00eda del Pueblo y Andr\u00e9s G\u00f3mez Rey indicaron que la demanda parte de una suposici\u00f3n errada, a saber, que permitir la prestaci\u00f3n del servicio de agua sin acudir a la concesi\u00f3n implica exonerar a las comunidades organizadas de cualquier control, situaci\u00f3n que consideran contraria a la lectura arm\u00f3nica de la disposici\u00f3n cuestionada. Pero, adem\u00e1s, la demanda parte de una presunci\u00f3n de mala fe respecto de las comunidades organizadas. Para estos intervinientes, la consideraci\u00f3n del demandante seg\u00fan la cual los beneficiarios de los acueductos comunitarios se aprovechar\u00edan de esta figura para un uso descontrolado del recurso, es contraria al principio de buena fe y a las finalidades de las del suministro de agua para poblaciones que no tienen acceso. Con fundamento en lo anterior, concluyeron que la demanda parte de una apreciaci\u00f3n subjetiva, que no corresponde a la lectura objetiva de la disposici\u00f3n demandada ni a su finalidad, por lo que, en su criterio, la Corte deber\u00eda declarar la constitucionalidad del art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"45\">\n<li><em>Argumentos sustantivos que defienden la constitucionalidad del art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023<\/em>. Los anteriores intervinientes, junto con la Red Nacional de Acueductos y la Confederaci\u00f3n de Organizaciones Comunitarias de Servicio de Agua y Saneamiento de Colombia manifestaron que la figura de gestores comunitarios prevista en la disposici\u00f3n demandada es compatible con la Constituci\u00f3n, pues con ella se garantiza el derecho humano al acceso al agua, mediante el desarrollo de una figura amparada en el ordenamiento jur\u00eddico. La defensa de la disposici\u00f3n se estructura, a su vez, en la exposici\u00f3n del contenido del derecho humano al acceso al agua, la funci\u00f3n de las comunidades organizadas y la proporcionalidad del art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023 en relaci\u00f3n con el derecho al medio ambiente sano y a la participaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"46\">\n<li>Luego de indicar el contenido y alcance del derecho humano al agua, los intervinientes manifestaron que el Estado se encuentra en la obligaci\u00f3n de garantizar a todas las personas y a los sujetos de especial protecci\u00f3n las distintas facetas de este derecho humano. Dicha obligaci\u00f3n se concreta de diversas maneras. Una de ellas es, de acuerdo con los intervinientes, la constituci\u00f3n de formas asociativas que cuentan con la participaci\u00f3n directa de los miembros de la comunidad. Esto se ve en el art\u00edculo 365, inciso 2, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, el cu\u00e1l prev\u00e9 que la prestaci\u00f3n de servicios puede darse a trav\u00e9s de comunidades organizadas, entre otros.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"47\">\n<li>La Federaci\u00f3n Colombiana de Municipios, la Defensor\u00eda del Pueblo, la Red Nacional de Acueductos y la Confederaci\u00f3n de Organizaciones Comunitarias de Servicio de Agua y Saneamiento de Colombia hicieron una explicaci\u00f3n similar a la expuesta por el Gobierno Nacional sobre la categor\u00eda de \u201ccomunidad organizada\u201d, para se\u00f1alar que no se trata de un t\u00e9rmino indeterminado o vac\u00edo de contenido. Al respecto, la Red Nacional de Acueductos y la Confederaci\u00f3n de Organizaciones Comunitarias de Servicio de Agua y Saneamiento de Colombia indicaron que, seg\u00fan la Sentencia T-233 de 2018, estas formas asociativas son organizaciones instituidas para \u201cpara proveer a la comunidad local de la necesidad b\u00e1sica del agua, en muchos casos, ante la ausencia de dispositivos estatales adecuados para asegurar la prestaci\u00f3n del servicio o ante la indiferencia de actores privados para desplegar su actividad econ\u00f3mica en la zona. Estas formas organizativas reflejan, en muchos casos, la construcci\u00f3n de institucionalidad local, a trav\u00e9s de la participaci\u00f3n directa de los habitantes de una regi\u00f3n ante un estado de necesidad\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"48\">\n<li>Adem\u00e1s, los intervinientes indicaron que, si bien la prestaci\u00f3n de servicios a trav\u00e9s de comunidades organizadas est\u00e1 permitida, estas figuras asociativas afrontan varios retos, como: (i) la falta de reconocimiento adecuado de los gestores comunitarios, al darle un tratamiento institucional a estos bajo las reglas del mercado y sin atender las particulares y finalidades de las comunidades organizadas; (ii) las autoridades imponen reglas de gesti\u00f3n empresarial a las comunidades organizadas, que afectan su car\u00e1cter participativo y la posibilidad de que sus miembros se involucren m\u00e1s en la toma de decisiones sobre el suministro del recurso h\u00eddrico; y (iii) la normatividad suele desconocer la relaci\u00f3n que tienen las comunidades con sus ecosistemas y, en consecuencia, la manera en que aquellas construyen sus propios mecanismos de regulaci\u00f3n, protecci\u00f3n y administraci\u00f3n de la cuenca.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"49\">\n<li>Estas fallas se traducen, en la imposici\u00f3n de cargas administrativas desproporcionadas y en una inadecuada relaci\u00f3n entre el Estado y las comunidades organizadas<a name=\"_ftnref44\"><\/a>[44]. En esa medida, el Estado debe adoptar decisiones legislativas y gubernamentales que fortalezcan la acci\u00f3n de las comunidades organizadas y, por tanto, se logre una mayor prestaci\u00f3n del servicio de agua en territorios alejados. Una de estas medidas es el reconocimiento de los gestores comunitarios como un r\u00e9gimen diferente al de la concesi\u00f3n de aguas, figura que, como se indic\u00f3 anteriormente, est\u00e1 reconocida en diversas normas del ordenamiento jur\u00eddico y, en especial, en el art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"50\">\n<li>Dicho esto, la Defensor\u00eda del Pueblo, el Instituto Colombiano de Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible, la Red Nacional de Acueductos y la Confederaci\u00f3n de Organizaciones Comunitarias de Servicio de Agua y Saneamiento de Colombia realizaron un examen de proporcionalidad sobre esta disposici\u00f3n. El examen propuesto lo dividieron en dos partes. En la primera, los intervinientes armonizaron la disposici\u00f3n demandada con el derecho al medio ambiente sano. En este ejercicio, los intervinientes indicaron que, contrario a lo que sostiene el demandante, el ordenamiento jur\u00eddico no elimina los requisitos y controles sobre los gestores comunitarios, sino que formula un conjunto de reglas proporcional a la finalidad que persigue esta figura.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"51\">\n<li>As\u00ed, los gestores comunitarios deben cumplir con unos requisitos en cuanto a su naturaleza y finalidad, a saber: (i) la organizaci\u00f3n no puede ser una empresa con fines de lucro, sino una comunidad organizada, en los t\u00e9rminos de la Constituci\u00f3n y la Ley; (ii) su prestaci\u00f3n del servicio debe ser sobre el consumo de caudales no superior a 1lps; (iii) el uso del recurso h\u00eddrico debe ser exclusivo para el consumo humano o la subsistencia familiar; y (iv) la fuente empleada para el abastecimiento no debe estar declarada en agotamiento ni en proceso de reglamentaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"52\">\n<li>Por otra parte, las comunidades organizadas que se dediquen a la gesti\u00f3n comunitaria del agua deben registrarse, con la finalidad de someterse a un control posterior. Asimismo, destacaron que, bajo una lectura arm\u00f3nica del ordenamiento, existen elementos que limitan la gesti\u00f3n del recurso h\u00eddrico, como el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas, el Plan de Ordenamiento del Recurso H\u00eddrico, la Reglamentaci\u00f3n de Aguas, la Declaratoria de Reserva o Agotamiento de Aguas y las concesiones de aguas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"53\">\n<li>Para la Defensor\u00eda del Pueblo, el Instituto Colombiano de Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible, la Red Nacional de Acueductos y la Confederaci\u00f3n de Organizaciones Comunitarias de Servicio de Agua y Saneamiento de Colombia, fijar estos requisitos, que son distintos a los de la concesi\u00f3n, se justifica en la necesidad de lograr una mayor cobertura en la prestaci\u00f3n del servicio del agua, as\u00ed como la garant\u00eda del derecho humano al agua a favor de comunidades vulnerables. Pero, adem\u00e1s, no desconocen el deber estatal de proteger los recursos naturales porque, en ning\u00fan momento, se deja de lado el control que se ejerce para preservar el recurso h\u00eddrico.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"54\">\n<li>En la segunda parte del juicio de proporcionalidad propuesto por estos intervinientes, analizaron si los gestores comunitarios desconocen el deber de planeaci\u00f3n. Al respecto, resaltaron que el deber que tienen las comunidades organizadas de inscribirse en el Registro de Usuarios del Recurso H\u00eddrico. Para ellos, esta inscripci\u00f3n no atiende a un mero formalismo, sino que, seg\u00fan los intervinientes, constituye un mecanismo para que el Estado: (i) compile la informaci\u00f3n de las personas naturales y jur\u00eddicas a las cuales se les ha concedido permisos, concesiones o autorizaciones para el uso o aprovechamiento del recurso h\u00eddrico; (ii) gestione la informaci\u00f3n t\u00e9cnica; (iii) caracterice las captaciones y vertimientos, as\u00ed como los beneficiarios del suministro del agua.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"55\">\n<li>En el mismo sentido, destacaron que el Estado tambi\u00e9n cuenta con otros instrumentos, que permiten evaluar la manera en que se presta el servicio de agua a trav\u00e9s de los gestores comunitarios. Ejemplo de ello se encuentra en las evaluaciones regionales del agua (ERA) y el control y seguimiento que ejercen las Corporaciones Aut\u00f3nomas Regionales, a trav\u00e9s de las cuales se monitorea la calidad del agua y se imponen medidas preventivas y sancionatorias que garanticen la prestaci\u00f3n efectiva del agua. Estas medidas se complementan con la Ruta Comuniagua, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ruta que est\u00e1 dise\u00f1ada para peque\u00f1os gestores y organizaciones comunitarias y que tiene como finalidad recopilar informaci\u00f3n, capacitar, asignar recursos y acompa\u00f1ar a los gestores comunitarios para una adecuada prestaci\u00f3n del servicio de agua.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"56\">\n<li>En esa medida, la Defensor\u00eda del Pueblo, el Instituto Colombiano de Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible, la Red Nacional de Acueductos y la Confederaci\u00f3n de Organizaciones Comunitarias de Servicio de Agua y Saneamiento de Colombia concluyeron que no se evidencia que los gestores comunitarios sean una figura que desatienda la garant\u00eda del ambiente sano y la planeaci\u00f3n; por el contrario, resultan ser una figura que armoniza el acceso al recurso h\u00eddrico y los mandatos constitucionales. Por ello, solicitan que el art\u00edculo 274, numeral 4, sea declarado exequible.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"57\">\n<li>Sin perjuicio de la solicitud de declarar exequible la norma acusada, la Defensor\u00eda del Pueblo, la Federaci\u00f3n Nacional de Departamentos y el Instituto Colombiano de Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible manifestaron algunas preocupaciones a futuro relacionadas con la aplicaci\u00f3n de la medida en cuesti\u00f3n. As\u00ed, la Defensor\u00eda del Pueblo resalt\u00f3 la necesidad de \u201cun marco regulatorio que promueva la sostenibilidad, la equidad y la participaci\u00f3n en la gesti\u00f3n del agua no puede centralizar excesivamente la gesti\u00f3n o a introducir requisitos desproporcionados para los prestadores comunitarios, ya que ello ir\u00eda en contraposici\u00f3n de la garant\u00eda del derecho humano al agua\u201d<a name=\"_ftnref45\"><\/a>[45].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"58\">\n<li>La Federaci\u00f3n Nacional de Departamentos advirti\u00f3 la necesidad de que \u201cen desarrollo de lo dispuesto por la integralidad del art\u00edculo 274 de la Ley 2294 de 2023, [se] propenda activamente por la formalizaci\u00f3n progresiva y el fortalecimiento de estos acueductos comunitarios\u201d<a name=\"_ftnref46\"><\/a>[46], lo que implica en su criterio \u201cfacilitar la inscripci\u00f3n en el Registro de Usuarios del Recurso H\u00eddrico, promover su capacitaci\u00f3n t\u00e9cnica y administrativa y establecer mecanismos de monitoreo participativo que aseguren el uso sostenible y la protecci\u00f3n de las fuentes abastecedoras\u201d<a name=\"_ftnref47\"><\/a>[47].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"59\">\n<li>Una preocupaci\u00f3n similar expres\u00f3 el Instituto Colombiano de Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible, quien manifest\u00f3 la necesidad de que las autoridades (i) propendan por la capacitaci\u00f3n de las comunidades para el adecuado uso de los recursos naturales y (ii) \u201crealicen el seguimiento y control ambiental de los usos del agua en sus jurisdicciones\u201d<a name=\"_ftnref48\"><\/a>[48]. Esto \u00faltimo implica, en criterio del Instituto, que las autoridades ambientales verifiquen \u201csituaciones como existencia de medidores de control de captaci\u00f3n, devoluci\u00f3n de excedentes a las fuentes de agua, adopci\u00f3n de medidas de ahorro y uso eficiente del agua, control de fugas y p\u00e9rdidas de agua, pago de tasas compensatorias, conservaci\u00f3n de coberturas vegetales en \u00e1reas de recarga acu\u00edfera, entre otras labores propias del ejercicio de control y seguimiento ambiental, a\u00fan y de manera prevalente, ante la ausencia por expresa disposici\u00f3n legal de un instrumento de comando y control de orden particular\u201d<a name=\"_ftnref49\"><\/a>[49].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>3.3. Solicitud encaminada a declarar la inexequibilidad de los gestores comunitarios<\/h2>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"60\">\n<li>La Asociaci\u00f3n de Corporaciones Aut\u00f3nomas Regionales y de Desarrollo Sostenible<a name=\"_ftnref50\"><\/a>[50] solicit\u00f3 a la Corte declarar el art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023 inexequible.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"61\">\n<li>La asociaci\u00f3n manifest\u00f3 que acompa\u00f1a los argumentos del demandante y solo hace unos comentarios adicionales. La interviniente indic\u00f3 que, respecto al primer cargo, se evidencia la vulneraci\u00f3n del derecho al medio ambiente sano, porque la disposici\u00f3n demandada omite todo tipo de controles previos sobre el uso del agua, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del recurso.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"62\">\n<li>En cuanto al segundo cargo, la asociaci\u00f3n sostuvo que los gestores comunitarios no son una forma de concesi\u00f3n y, por tanto, el Estado no puede llevar un registro y respectivo control sobre el suministro del agua. Esta situaci\u00f3n trae consigo el riesgo de que se den posibles escenarios de sobre explotaci\u00f3n, p\u00e9rdida de informaci\u00f3n necesaria para contar con pol\u00edticas ambientales y de gesti\u00f3n ambiental y sus diferenciados del recurso h\u00eddrico.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"63\">\n<li>Adem\u00e1s, la interviniente argument\u00f3 que la disposici\u00f3n acusada desconoce el art\u00edculo 334 de la Constituci\u00f3n, porque no prev\u00e9 mecanismos compensatorios, restaurativos o de mitigaci\u00f3n ambiental. Asimismo, la disposici\u00f3n no establece requisitos para conformar comunidades organizadas, lo que trae consigo inseguridad jur\u00eddica, dado que cualquier grupo de personas podr\u00eda atribuirse dicha condici\u00f3n con el fin de acceder al recurso h\u00eddrico sin tramites, control ni vigilancia, y posibles consumos diferentes al humano \u2013 familiar.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>II.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACI\u00d3N<\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"64\">\n<li>El procurador general de la Naci\u00f3n, Gregorio Eljach Pacheco<a name=\"_ftnref51\"><\/a>[51], solicit\u00f3 a la Corte Constitucional declarar exequible el art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023, por considerar que este persigue el fin de garantizar el derecho humano a la disponibilidad del agua y contiene reglas que son proporcionales respecto al derecho al medio ambiente sano y la planeaci\u00f3n ambiental.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"65\">\n<li>Para sustentar su posici\u00f3n, el procurador indica que la Constituci\u00f3n y su bloque de constitucionalidad (art\u00edculo 1 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales) reconocen el derecho al agua, el cual se encuentra ligado con otros derechos como la vida, la salud y la dignidad humana.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"66\">\n<li>Asimismo, record\u00f3 que este derecho ha sido reconocido por los sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos. Por una parte, la Resoluci\u00f3n 64\/292 de la Asamblea General de Naciones Unidas prev\u00e9 que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos; mientras que, por otra, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en diversas decisiones que el derecho al agua, ligado al derecho a la vida, es una garant\u00eda que no admite un enfoque restrictivo o regresivo<a name=\"_ftnref52\"><\/a>[52].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"67\">\n<li>A partir de este marco, el procurador refiere que el derecho al agua comprende tres garant\u00edas concretas, a saber: (i) la disponibilidad, entendida como el abastecimiento continuo y suficiente de agua a cada persona; (ii) la calidad, es decir, que el agua por consumir sea potable; y (iii) la accesibilidad, seg\u00fan la cual, el agua, las instalaciones y los servicios deben ser accesibles a todos, sin discriminaci\u00f3n alguna. En este sentido, el procurador sostuvo que la garant\u00eda de este derecho implica el deber estatal de adoptar medidas para que todas las personas tengan acceso al agua, que se concreta en el ordenamiento colombiano mediante un conjunto de normas que otorgan una condici\u00f3n al recurso h\u00eddrico y a las formas en que se acceden a \u00e9l.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"68\">\n<li>En este sentido, se\u00f1al\u00f3 que los art\u00edculos 3 y 80 del Decreto 2811 de 1974 y 677 del C\u00f3digo Civil, que califican al agua como un recurso renovable de dominio p\u00fablico, salvo excepci\u00f3n legal. Al ser de domino p\u00fablico, el Estado debe fijar por ley la manera en que el agua puede ser aprovechada.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"69\">\n<li>El deber de fijar por ley el uso y aprovechamiento del agua se concreta, en primer lugar, en el Decreto 2811 de 1974, que desarrolla los modos de adquirir el derecho al aprovechamiento de las aguas, los cuales son la concesi\u00f3n, como regla general, y aquellos modos que reconozca el legislador, como reglas especiales. Dentro de estas reglas se encuentra la autorizaci\u00f3n para acceder libremente al recurso h\u00eddrico para la satisfacci\u00f3n de las necesidades elementales de las personas, su familia y animales (art\u00edculo 86 del Decreto 2811 de 1974) y los gestores comunitarios, reconocido en leyes como la que se encuentra en estos momentos en estudio.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"70\">\n<li>En relaci\u00f3n con el contenido y alcance del art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023, el procurador explic\u00f3 que, si bien los gestores comunitarios no cumplen con las mismas condiciones que las concesiones, s\u00ed existen requisitos normativos para poder acudir a esta figura. Dichos requisitos son: (i) que los gestores presten el servicio sobre aguas con caudales inferiores a 1lps; (ii) que los gestores se inscriban en el Registro de Usuarios del Recurso H\u00eddrico; (iii) que el uso del agua sea exclusivamente para consumo humano en comunidades organizadas en \u00e1reas urbanas y para subsistencia, en el caso de que las comunidades se encuentren en zonas rurales; y (iv) que la fuente de abastecimiento no se encuentre declara en agotamiento o en proceso de reglamentaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"71\">\n<li>As\u00ed, sostuvo que la finalidad de la disposici\u00f3n demandada parte de los lineamientos necesarios que debe incluir la pol\u00edtica de gesti\u00f3n comunitaria del agua y de saneamiento b\u00e1sico, para as\u00ed promover y fortalecer las din\u00e1micas organizativas. En esa medida, a su juicio, el art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023 no despoja al Estado de ejercer control sobre los gestores comunitarios ni autoriza a estos de prestar el servicio sin requisito alguno. Por el contrario, de la lectura de la disposici\u00f3n advierte que los gestores comunitarios est\u00e1n sometidos a requisitos (como los ya mencionados) y el Estado debe ejercer el control y la vigilancia sobre la manera en que se presta el servicio de agua, acci\u00f3n que tiene como punto de partida el registro que realizan los gestores comunitarios.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"72\">\n<li>Adem\u00e1s, agreg\u00f3 que los gestores comunitarios permiten la participaci\u00f3n de los miembros de la comunidad, pues ellos tienen el derecho-deber de supervisar el otorgamiento de la autorizaci\u00f3n dada a los gestores y de poner en conocimiento de las autoridades los posibles incumplimientos en los que estos puedan incurrir. Por \u00faltimo, el procurador manifest\u00f3 que los gestores comunitarios hacen parte de las comunidades organizadas, las cuales tienen un reconocimiento en los art\u00edculos 365 de la Constituci\u00f3n y 15 de la Ley 142 de 1994 y persiguen fines, como brindar servicios a grupos marginados o discriminados.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"73\">\n<li>Lo anterior le permiti\u00f3 al procurador afirmar que los planteamientos del demandante son errados, pues la disposici\u00f3n persigue un fin leg\u00edtimo y est\u00e1 sujeta a requisitos y condiciones que materializan el deber de proteger el medio ambiente y desarrollar la planeaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol>\n<li><b><strong> Competencia de la Corte<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"74\">\n<li>De acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 241, numeral 4, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad, pues la disposici\u00f3n acusada est\u00e1 contenida en una ley de la Rep\u00fablica.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><b><strong> Cuesti\u00f3n previa: aptitud sustantiva de la demanda<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"75\">\n<li>El ciudadano Sebasti\u00e1n Aponte Bustamante demand\u00f3 la inconstitucionalidad del art\u00edculo 274, numeral 4 (parcial), de la Ley 2294 de 2023 por desconocer los art\u00edculos 79 (derecho a un ambiente sano) y 80 (planeaci\u00f3n en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales) de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"76\">\n<li>Su reproche se desarroll\u00f3 en dos grandes cargos. En el primero, el actor sostuvo que permitir a las comunidades organizadas prestar el servicio de consumo b\u00e1sico o de subsistencia de recursos h\u00eddricos resulta contrario al derecho a un ambiente sano, porque la gesti\u00f3n comunitaria no se rige bajo las reglas de la concesi\u00f3n de aguas y, en consecuencia, elude controles ambientales, permite una eventual sobreexplotaci\u00f3n del recurso h\u00eddrico y excluye a la ciudadan\u00eda del control que esta puede ejercer para protegerlo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"77\">\n<li>En el segundo, el ciudadano consider\u00f3 que la participaci\u00f3n de las comunidades organizadas en la prestaci\u00f3n del servicio de agua con caudales inferiores a 1 litro por segundo (1lps) conlleva a desconocer el deber que tiene el Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de recursos naturales, porque no puede llevar un registro adecuado del recurso h\u00eddrico. Al no contarse con este registro, el demandante considera que las autoridades no pueden establecer si las comunidades organizadas usan correctamente el agua ni adoptar medidas para conservar el recurso.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"78\">\n<li>Por ello, agreg\u00f3 el demandante, el mecanismo adecuado para la prestaci\u00f3n del servicio de agua debe regirse por el modelo de concesi\u00f3n de aguas, que tiene los requisitos y controles adecuados para garantizar una planificaci\u00f3n que conserve el recurso h\u00eddrico.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"79\">\n<li>Algunos intervinientes indicaron que los cargos propuestos por el ciudadano presentan falencias en cuanto a la manera en que se entiende la disposici\u00f3n demandada y en que se desarrollan los argumentos constitucionales.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"80\">\n<li>As\u00ed, la ANLA y el Gobierno Nacional solicitaron a la Corte emitir un pronunciamiento inhibitorio, porque la demanda parte de una lectura errada del art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023, y no plantea argumentos que permitan entender por qu\u00e9 la disposici\u00f3n resulta contraria con el derecho al medio ambiente sano y al deber de planeaci\u00f3n de los recursos naturales ni genera una duda m\u00ednima de inconstitucionalidad. En especial, los intervinientes advirtieron que el demandante afirma que la gesti\u00f3n comunitaria del servicio del agua carece de recursos y controles, sin tener en cuenta que la disposici\u00f3n fija unos requisitos para la gesti\u00f3n comunitaria y no la exime de los controles propios de las autoridades ambientales.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"81\">\n<li>La Federaci\u00f3n Colombiana de Municipios, el Instituto Colombiano de Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, la Defensor\u00eda del Pueblo y Andr\u00e9s G\u00f3mez Rey pidieron a la Corte declarar la disposici\u00f3n demanda exequible, pero manifestaron que la demanda parte de una lectura aislada y errada de la gesti\u00f3n comunitaria del servicio de agua. Para ellos, la demanda debi\u00f3 hacer una lectura arm\u00f3nica del art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023 con el C\u00f3digo Civil, el Decreto 1382 de 1940, el Decreto 2811 de 1974 y las leyes 142 de 1994 y 1955 de 2019. Bajo esta lectura, el consumo de agua puede darse por diferentes v\u00edas, entre las cuales se destaca la prestaci\u00f3n por parte de comunidades organizadas, las cuales solo brindan un servicio para el consumo b\u00e1sico y de subsistencia, no pueden emplear un caudal superior a 1lps y se rigen por los controles previstos en las leyes.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"82\">\n<li>Por otra parte, la mayor\u00eda de los intervinientes defendi\u00f3 la constitucionalidad de la disposici\u00f3n. Ellos comentaron que el constituyente y el legislador previeron que existen poblaciones que no pueden acceder al recurso h\u00eddrico, debido, entre otros factores, a los contextos geogr\u00e1ficos que los rodean. Por tal motivo, existen normas constitucionales (art. 365 de la Constituci\u00f3n) y legales que permiten la prestaci\u00f3n de servicios a trav\u00e9s de formas asociativas, figuras que permiten la participaci\u00f3n de los miembros de la comunidad en la satisfacci\u00f3n de sus necesidades b\u00e1sicas y en la protecci\u00f3n de los ecosistemas donde se encuentran.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"83\">\n<li>Pero, m\u00e1s all\u00e1 de la compatibilidad constitucional del art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023 con la protecci\u00f3n del medio ambiente sano y el deber de planeaci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo, la Federaci\u00f3n Nacional de Departamento y el Instituto Colombiano de Derecho Ambiental y de Desarrollo Sostenible explicaron que los retos que enfrentan las comunidades organizadas se evidencian en un plano regulatorio y de interacci\u00f3n entre las autoridades ambientales y las comunidades. Para los intervinientes, es necesario que las autoridades ambientales desarrollen los contenidos legales y desplieguen acciones, que fomenten en las comunidades organizadas el conocimiento de asuntos t\u00e9cnicos y de control, de modo que ellas avancen en la prestaci\u00f3n efectivo del servicio del agua.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"84\">\n<li>Solo la Asociaci\u00f3n Colombiana de Corporaciones Aut\u00f3nomas Regionales y de Desarrollo Sostenible propuso declarar la disposici\u00f3n demandada inexequible. Para la asociaci\u00f3n, la gesti\u00f3n comunitaria del servicio de agua no es una forma de concesi\u00f3n y, por tanto, no cuenta con un control previo ni un registro, que permitan comprobar un uso adecuado del recurso h\u00eddrico. Asimismo, la interviniente explic\u00f3 que la disposici\u00f3n no prev\u00e9 mecanismos compensatorios, restaurativos o de mitigaci\u00f3n ambiental, situaci\u00f3n que permite a cualquier grupo atribuirse la calidad de comunidad organizada y prestar, sin tr\u00e1mite y control alguno, el servicio p\u00fablico de agua.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"85\">\n<li>Por lo anterior, la Sala encuentra que existen cuestionamientos serios en torno a la aptitud sustantiva de la demanda y estos se encuentran debidamente justificados. Las dudas provienen no solo de quienes solicitan un fallo inhibitorio, sino tambi\u00e9n de varios intervinientes que piden declarar exequible el art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"86\">\n<li>La Sala determinar\u00e1 entonces si los cargos propuestos por el ciudadano satisfacen los requisitos m\u00ednimos fijados por el Decreto 2067 de 1991 y por la jurisprudencia constitucional, de modo que la Corte pueda emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la demanda. Para ello, se: (i) reiterar\u00e1n las reglas relativas a los requisitos m\u00ednimos argumentativo, (ii) identificar\u00e1 el contenido del art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023 y (iii) comprobar\u00e1 si la demanda cumple con dichos requisitos.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"87\">\n<li>En caso de que la Sala verifique el cumplimiento de las exigencias argumentativas, proceder\u00e1 a realizar un juicio de fondo sobre la demanda. En caso contrario, se declarar\u00e1 inhibida.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><b><strong> Requisitos m\u00ednimos argumentativos: reiteraci\u00f3n de jurisprudencia<\/strong><\/b><a name=\"_ftnref53\"><\/a><b><strong>[53]<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"88\">\n<li>Los art\u00edculos 40, numeral 6, y 241, numeral 4, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica reconocen el derecho que tienen los ciudadanos de defender la supremac\u00eda e integridad de la Constituci\u00f3n mediante la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad. A trav\u00e9s de ella, se posibilita el di\u00e1logo efectivo entre el Congreso de la Rep\u00fablica, \u00f3rgano central de la democracia representativa; la ciudadan\u00eda, que ejerce la democracia participativa; y la Corte Constitucional, a la que se le encomend\u00f3 la guarda e interpretaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n<a name=\"_ftnref54\"><\/a>[54].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"89\">\n<li>La acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad fue regulada en el Decreto 2067 de 1991 y se caracteriza por no imponer al ciudadano cargas formales ni exigir un conocimiento profundo sobre las instituciones jur\u00eddicas<a name=\"_ftnref55\"><\/a>[55]. El esp\u00edritu de los requisitos all\u00ed se\u00f1alados es verificar que quien demanda exponga de forma razonada y clara los motivos por los cuales considera que una disposici\u00f3n es contraria a la Constituci\u00f3n<a name=\"_ftnref56\"><\/a>[56].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"90\">\n<li>As\u00ed, el art\u00edculo 2 del Decreto 2067 de 1991 establece que toda demanda de inconstitucionalidad contendr\u00e1: (i) el se\u00f1alamiento de las normas acusadas como inconstitucionales; (ii) el se\u00f1alamiento de las normas constitucionales que se consideran infringidas; (iii) las razones por las cuales dichos textos se estiman violados; (iv) el se\u00f1alamiento del tr\u00e1mite impuesto por la Constituci\u00f3n para la expedici\u00f3n del acto demandado y la forma en que fue quebrantado, de ser el caso; y (v) la raz\u00f3n por la cual la Corte es competente.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"91\">\n<li>La Corte Constitucional ha precisado estos requisitos. Ha indicado que cuando un ciudadano propone una demanda de inconstitucionalidad, los argumentos que emplea para identificar la norma constitucional vulnerada y las razones por las cuales se configura dicha vulneraci\u00f3n deben ser conducentes para hacer posible un pronunciamiento de fondo<a name=\"_ftnref57\"><\/a>[57]. A partir de la Sentencia C-1052 de 2001, la Corte Constitucional ha afirmado que dichos argumentos deben ser claros, ciertos, espec\u00edficos, pertinentes y suficientes<a name=\"_ftnref58\"><\/a>[58].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"92\">\n<li>La <em>claridad<\/em> exige la existencia de un hilo conductor en la argumentaci\u00f3n que permita comprender el contenido de la demanda y las razones que la sustentan<a name=\"_ftnref59\"><\/a>[59]. La <em>certeza<\/em> requiere que los argumentos se fundamenten en una proposici\u00f3n jur\u00eddica real y existente<a name=\"_ftnref60\"><\/a>[60]. La <em>especificidad<\/em> implica que la demanda debe contener, por lo menos, un cargo de inconstitucionalidad concreto, para que sea posible determinar, de manera objetiva y verificable, la oposici\u00f3n entre la disposici\u00f3n cuestionada y la Constituci\u00f3n<a name=\"_ftnref61\"><\/a>[61]. La <em>pertinencia<\/em> impone al ciudadano formular argumentos de naturaleza constitucional, y no de car\u00e1cter legal o doctrinario, que invoquen la aplicaci\u00f3n o la conveniencia de la disposici\u00f3n demandada<a name=\"_ftnref62\"><\/a>[62]. La <em>suficiencia<\/em> implica \u201cla exposici\u00f3n de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad\u201d<a name=\"_ftnref63\"><\/a>[63] y el desarrollo de argumentos que logren generar una duda m\u00ednima sobre la constitucionalidad de la disposici\u00f3n reprochada<a name=\"_ftnref64\"><\/a>[64].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"93\">\n<li>Estos requisitos m\u00ednimos ponderan, en primer lugar, los principios de democracia representativa y participativa, y, en segundo, la dimensi\u00f3n p\u00fablica de la acci\u00f3n de constitucionalidad y su car\u00e1cter, en principio, rogado<a name=\"_ftnref65\"><\/a>[65]. En efecto, la Corte Constitucional ha explicado que los requisitos previstos en el art\u00edculo 2 del Decreto 2067 de 1991 y en la jurisprudencia constitucional buscan equilibrar la presunci\u00f3n de constitucionalidad de las leyes y el derecho de todo ciudadano a participar y controlar el poder p\u00fablico<a name=\"_ftnref66\"><\/a>[66].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"94\">\n<li>Ahora bien, la etapa de admisibilidad es el momento id\u00f3neo para que la Corte realice el estudio sobre la aptitud de la demanda y verifique el cumplimiento de los requisitos que ha establecido la jurisprudencia para dar tr\u00e1mite a la acci\u00f3n de inconstitucionalidad. No obstante, la superaci\u00f3n de esta fase no elimina la posibilidad de que, al momento de dictar sentencia, la Sala Plena pueda analizar con mayor detenimiento y profundidad la aptitud de los cargos propuestos, m\u00e1xime cuando el procurador General de la Naci\u00f3n o alg\u00fan interviniente han presentado reproches al respecto. Esto se debe a que, en todo caso, la admisi\u00f3n de la demanda \u201cresponde a una valoraci\u00f3n apenas sumaria de la acci\u00f3n<a name=\"_ftnref3\"><\/a>\u201d<a name=\"_ftnref67\"><\/a>[67], que \u201cno compromete ni define la competencia del pleno de la Corte<a name=\"_ftnref4\"><\/a>\u201d para decidir los asuntos puestos a su consideraci\u00f3n en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales<a name=\"_ftnref5\"><\/a><a name=\"_ftnref68\"><\/a>[68].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"95\">\n<li>La posibilidad de dictar sentencias inhibitorias no obstaculiza la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad. Por el contrario, promueve su uso racional y eficiente. La presunci\u00f3n de constitucionalidad de las normas exige a la Corte activar el control solo cuando la demanda genera una duda m\u00ednima sobre la inconstitucionalidad de la disposici\u00f3n acusada<a name=\"_ftnref69\"><\/a>[69].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"96\">\n<li>El juicio de constitucionalidad debe, finalmente, estar guiado por el principio <em>pro actione<\/em>, de tal suerte que los requisitos m\u00ednimos argumentativos no se conviertan en un mecanismo que anule el derecho fundamental de presentar acciones de inconstitucionalidad<a name=\"_ftnref70\"><\/a>[70]. En virtud de dicho principio, la jurisprudencia ha sostenido que, en caso de existir una duda sobre la admisi\u00f3n o aptitud sustantiva del cargo, la Corte deber\u00e1 resolverla a favor de la demanda, evitando as\u00ed un fallo inhibitorio<a name=\"_ftnref71\"><\/a>[71]. Sin embargo, el desarrollo de este principio no implica que la Corte deba corregir o aclarar los argumentos confusos, inexactos o ambiguos, ni asumir una labor de rehacer el cargo formulado o proponer uno nuevo<a name=\"_ftnref72\"><\/a>[72]. El principio <em>pro actione<\/em> no puede entenderse como una licencia abierta para que el juez constitucional suplante al demandante en la responsabilidad de formular cargos que superen las cargas m\u00ednimas<a name=\"_ftnref73\"><\/a>[73].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><b><strong> Contenido de la disposici\u00f3n acusada<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"97\">\n<li><b> <\/b>Para constatar los reproches sobre la aptitud de la demanda, en particular aquellos relacionados con el incumplimiento de los requisitos de certeza y de pertinencia, la Sala estima necesario explicar el contenido de la disposici\u00f3n demandada. Con ese prop\u00f3sito, se expondr\u00e1 el contexto normativo en el que se enmarca la disposici\u00f3n acusada, en particular lo relativo a la gesti\u00f3n del recurso h\u00eddrico, luego, se explicar\u00e1 el contenido normativo propiamente dicho del numeral 4 del art\u00edculo 274 de la Ley 2294 de 2023<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>4.1. La gesti\u00f3n del agua dentro del ordenamiento jur\u00eddico<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"98\">\n<li>El ordenamiento jur\u00eddico colombiano cuenta con diversas normas sobre el uso adecuado de los recursos h\u00eddricos.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"99\">\n<li>Los primeros referentes se encuentran en el C\u00f3digo Civil y el Decreto-Ley 2811 de 1974. En ellos se indica que los r\u00edos y las aguas que corren por cauces naturales hacen parte del medio ambiente<a name=\"_ftnref74\"><\/a>[74] y son propiedad del Estado<a name=\"_ftnref75\"><\/a>[75].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"100\">\n<li>Estas normativas no desconocen, sin embargo, que los particulares sean propietarios de recursos h\u00eddricos o sean part\u00edcipes en su preservaci\u00f3n y manejo. El art\u00edculo 677 del C\u00f3digo Civil estipula, por ejemplo, que los cauces que inician y mueren en una propiedad (privada) pertenecen a sus titulares y herederos, quienes pueden usar el agua; mientras que los art\u00edculos 1, 80 y 81 del Decreto-Ley 2811 de 1974 indican que, salvo los derechos privados adquiridos por la ley, las aguas son de dominio p\u00fablico y es el Estado el responsable de fijar las reglas en torno al uso del recurso h\u00eddrico.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"101\">\n<li>El decreto en menci\u00f3n contempl\u00f3, adem\u00e1s, un sistema que tiene, como regla general, la concesi\u00f3n. Esta es una figura jur\u00eddica mediante la cual el Estado autoriza a los particulares el uso de recursos naturales bajo unas condiciones concretas<a name=\"_ftnref76\"><\/a>[76]. La concesi\u00f3n se complementa, a su vez, con dos excepciones. As\u00ed, el art\u00edculo 86 del Decreto-Ley 2811 de 1974 reconoce el derecho de toda persona a usar las aguas de dominio p\u00fablico para satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre que no se causen perjuicios a terceros; mientras que el art\u00edculo 88 del Decreto 2811 de 1974 prev\u00e9 la posibilidad de que el legislador fije figuras excepcionales respecto de la concesi\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"102\">\n<li>El r\u00e9gimen de concesi\u00f3n y los reg\u00edmenes especiales tienen reglas propias, pero comparten algunos requisitos. Por ejemplo, el art\u00edculo 132, inciso 2, del Decreto-Ley 2811 de 1974 proh\u00edbe otorgar autorizaciones para obras que impliquen un peligro para la colectividad, los recursos naturales, la seguridad exterior y la soberan\u00eda nacional; mientras que su inciso 1 proh\u00edbe la alteraci\u00f3n de cauces, su r\u00e9gimen y calidad de aguas, as\u00ed como el uso ileg\u00edtimo de \u00e9stos, sin autorizaci\u00f3n estatal.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"103\">\n<li>De lo anterior se infiere, entonces, que los recursos h\u00eddricos son propiedad del Estado y este puede, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, autorizar su uso mediante el r\u00e9gimen general de concesiones o los reg\u00edmenes especiales, como el uso de subsistencia y los usos previstos en la ley. Estos reg\u00edmenes cuentan, a su vez, con unas condiciones comunes, as\u00ed como condiciones propias de cada uno.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>4.2. Gesti\u00f3n comunitaria del agua en la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"104\">\n<li>La legislaci\u00f3n previ\u00f3 como una excepci\u00f3n al uso del recurso h\u00eddrico bajo concesi\u00f3n la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico del agua a trav\u00e9s de las comunidades organizadas, mediante la figura de la <em>gesti\u00f3n comunitaria del agua<\/em>. El art\u00edculo 15, numeral 4, de la Ley 142 de 1994 indica que las organizaciones autorizadas<a name=\"_ftnref77\"><\/a>[77] por la ley podr\u00e1n prestar servicios p\u00fablicos en municipios menores, en zonas rurales, y en \u00e1reas o zonas urbanas espec\u00edficas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"105\">\n<li>Ahora bien, aunque la Ley 142 de 1994 no contempl\u00f3 la naturaleza jur\u00eddica que tienen estas comunidades ni las condiciones en que deben prestar los servicios p\u00fablicos<a name=\"_ftnref78\"><\/a>[78], ello no significa que las comunidades organizadas carezcan de requisitos o control alguno. Como lo ha indicado la Corte, la ausencia de una naturaleza jur\u00eddica concreta para las comunidades organizadas responde a la posibilidad de que ellas se conformen mediante las distintas formas asociativas previstas en la ley<a name=\"_ftnref79\"><\/a>[79], lo cual implica un cumplimiento de los requisitos que se hayan fijado para ellas; en cuanto a los requisitos de operaci\u00f3n y de control, la Corte tambi\u00e9n advirti\u00f3 que las comunidades organizadas est\u00e1n sometidas a unas finalidades concretas (prestaci\u00f3n continua y eficiente de los servicios, ampliaci\u00f3n de cobertura), a los principios de la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos y a la inspecci\u00f3n, vigilancia y control por parte del Estado<a name=\"_ftnref80\"><\/a>[80]. A ello debe agregarse, que la prestaci\u00f3n del servicio estar\u00e1 sometida a las normas especiales, tales como las ambientales.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"106\">\n<li>Lo anterior se complementa con diversas normas legales y reglamentarias que se han adoptado hist\u00f3ricamente para fijar, delimitar o precisar requisitos sobre la forma en que operan las comunidades organizadas. Por ejemplo, el art\u00edculo 40 del Decreto Ley 2150 de 1995 fij\u00f3 los requisitos para constituir una persona jur\u00eddica sin \u00e1nimo de lucro (organizaciones civiles, las corporaciones, las fundaciones, las juntas de acci\u00f3n comunal y otras), mientras que el Decreto 421 de 2000 desarroll\u00f3 los conceptos de municipios menores, \u00e1reas rurales y \u00e1reas urbanas espec\u00edficas<a name=\"_ftnref81\"><\/a>[81], e impuso el deber a las comunidades organizadas de registrarse en la C\u00e1mara de Comercio, la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios y la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Agua Potable y Saneamiento B\u00e1sico, as\u00ed como de obtener los respectivos permisos y autorizaciones contemplados en la ley<a name=\"_ftnref82\"><\/a>[82].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"107\">\n<li>La Ley 1955 de 2019 previ\u00f3, a su turno, la implementaci\u00f3n de soluciones alternativas colectivas e individuales para garantizar las necesidades b\u00e1sicas de agua para consumo humano y dom\u00e9stico y de saneamiento b\u00e1sico. Dichas soluciones se enfocaban en la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico domiciliario de acueducto, alcantarillado o aseo, de acuerdo con los esquemas diferenciales definidos por el Gobierno Nacional y la reglamentaci\u00f3n vigente.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"108\">\n<li>Bajo este enfoque, el art\u00edculo 279 de la Ley 1955 de 2019 formul\u00f3 las bases para desarrollar soluciones individuales (destinadas a viviendas rurales dispersas) y facilit\u00f3 a las comunidades organizadas la operaci\u00f3n y mantenimiento de infraestructura de agua para el consumo humano y dom\u00e9stico o de saneamiento b\u00e1sico en zonas rurales. Estas soluciones quedaban, sin embargo, condicionadas a los siguientes requisitos<a name=\"_ftnref83\"><\/a>[83]: (i) el uso del agua para consumo humano y dom\u00e9stico en viviendas rurales debe hacerse con criterios de ahorro y uso eficiente del recurso, teniendo en cuenta los m\u00f3dulos de consumo fijados por la autoridad competente; (ii) las soluciones s\u00f3lo aplican al consumo humano y dom\u00e9stico; y (iii) el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio establece lo que debe entenderse por asentamientos humanos rurales y viviendas rurales dispersas que hacen parte del componente rural del Plan de Ordenamiento Territorial, mientras que las autoridades ambientales y sanitarias y la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios define criterios de vigilancia y control diferencial para quienes, de acuerdo con sus competencias provean el servicio de agua potable.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"109\">\n<li>En esa medida, se puede plantear como s\u00edntesis preliminar, que el legislador previ\u00f3 como un r\u00e9gimen especial la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico del agua a trav\u00e9s de las comunidades organizadas. Estas se pueden conformar bajo las distintas formas asociativas previstas en la ley y deben cumplir con los requisitos previstos en las normas de servicios p\u00fablicos, ambientales y complementarias, para poder usar el agua con unas finalidades espec\u00edficas (p. ej., consumo b\u00e1sico).<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>4.3. Estructura del art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>4.3.1. Aspectos generales<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"110\">\n<li>La Ley 2294 de 2023 se inserta en el r\u00e9gimen excepcional antes descrito. Su cap\u00edtulo IV, secci\u00f3n I, prev\u00e9 la construcci\u00f3n e implementaci\u00f3n de modelos de desarrollo supramunicipales, para fortalecer los v\u00ednculos urbanos y rurales e integrar los territorios. El objeto de estos modelos es avanzar en la reducci\u00f3n de brechas sociales y econ\u00f3micas entre hogares y regiones del pa\u00eds, garantizando un acceso adecuado a oportunidades, bienes y servicios<a name=\"_ftnref84\"><\/a>[84].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"111\">\n<li>Este objeto se logra mediante un conjunto de normas que (i) fortalecen los v\u00ednculos urbano-rurales e integran el territorio, el acceso a servicios p\u00fablicos a toda la poblaci\u00f3n, (ii) generan infraestructura de transporte y de vivienda digna, y (iii) propenden por el desarrollo productivo y garantizan la competitividad y la innovaci\u00f3n en el pa\u00eds<a name=\"_ftnref85\"><\/a>[85].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"112\">\n<li>En materia de agua, la Ley 2294 de 2023 contempl\u00f3 un modelo de gesti\u00f3n comunitaria del recurso h\u00eddrico y del saneamiento b\u00e1sico. Este modelo procura, por una parte, promover los procesos organizativos, mediante la eliminaci\u00f3n de barreras en tr\u00e1mites prediales y de servidumbres ambientales que resulten desproporcionadas<a name=\"_ftnref86\"><\/a>[86], y, por otra, pretende fortalecer el sistema de gesti\u00f3n de la informaci\u00f3n y de competencias institucionales, para poder identificar adecuadamente los territorios y habitantes, as\u00ed como para ejercer una adecuada inspecci\u00f3n vigilancia y control sobre la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de agua<a name=\"_ftnref87\"><\/a>[87].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"113\">\n<li>Lo anterior se tradujo, entre otros, en el art\u00edculo 274 de la Ley 2294 de 2023, que incluy\u00f3 unos lineamientos para promover y fortalecer las din\u00e1micas organizativas alrededor del agua y el saneamiento b\u00e1sico. En esta disposici\u00f3n, el Congreso de la Rep\u00fablica previ\u00f3 medidas relacionadas con la eliminaci\u00f3n de tr\u00e1mites y cargas a favor de las comunidades organizadas<a name=\"_ftnref88\"><\/a>[88], el otorgamiento de subsidios para usuarios de peque\u00f1os prestadores que no reciben subsidios<a name=\"_ftnref89\"><\/a>[89], la regulaci\u00f3n sobre el re\u00faso de aguas residuales dom\u00e9sticas<a name=\"_ftnref90\"><\/a>[90] y el reconocimiento de beneficios a favor de pueblos y comunidades ind\u00edgenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras<a name=\"_ftnref91\"><\/a>[91].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>4.3.2. Reglas concretas del art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"114\">\n<li>El legislador introdujo unas reglas relativas a la prestaci\u00f3n del servicio de agua a cargo de comunidades organizadas. Seg\u00fan el art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023, estas tienen la posibilidad de gestionar el recurso h\u00eddrico, sin necesidad de acudir a la concesi\u00f3n de aguas, siempre y cuando se cumpla con unas condiciones concretas, a saber:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(i) el caudal a usar debe ser inferior a 1lps;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(ii) el uso del agua ser\u00e1 exclusivamente para consumo humano en comunidades organizadas en el \u00e1rea urbana;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(iii) en el caso de que las comunidades organizadas se localicen en \u00e1reas rurales, el uso ser\u00e1 exclusivo para subsistencia de la familia rural, siempre y cuando la fuente de abastecimiento no se encuentre declarada en agotamiento o en proceso de reglamentaci\u00f3n;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(iv) las comunidades organizadas deber\u00e1n inscribirse en el Registro de Usuarios del Recurso H\u00eddrico.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"115\">\n<li>Ahora bien, debe advertirse que el art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023 previ\u00f3 que, si las comunidades organizadas cumplen con los anteriores requisitos, no deber\u00e1n acudir a la concesi\u00f3n de aguas; pero la disposici\u00f3n no las exime de cumplir con los dem\u00e1s requisitos previstos en las leyes de servicios p\u00fablicos y ambientales, entre otras.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"116\">\n<li>Por ejemplo, las comunidades deben atender lo dispuesto en el libro 2, parte 3, t\u00edtulo 8, del Decreto 1077 de 2015, subrogado por el Decreto 960 de 2025, en el que se define los gestores comunitarios y su naturaleza jur\u00eddica, la manera en que pueden usar el agua y el r\u00e9gimen de inspecci\u00f3n, vigilancia y control al que est\u00e1n sometidos.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"117\">\n<li>El art\u00edculo 2.3.8.1.4, numeral 2, del Decreto 1077 de 2015 define los gestores comunitarios como una forma de comunidades organizadas en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 365 de la Constituci\u00f3n, que se constituye como una persona jur\u00eddica u otra forma organizativa sin \u00e1nimo de lucro y de beneficio comunitario, en la que sus miembros est\u00e1n vinculados por lazos de vecindad, solidaridad y principios democr\u00e1ticos, y entre cuyas actividades se encuentran las relacionadas con la gesti\u00f3n comunitaria del agua y el saneamiento b\u00e1sico.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"118\">\n<li>Su naturaleza jur\u00eddica depende de la forma asociativa que asuman. As\u00ed, el art\u00edculo 2.3.8.2.1, inciso 1, del Decreto 1077 de 2015 indica que este tipo de comunidades organizadas pueden constituirse como: (i) formas propias de la econom\u00eda solidaria (p. ej., cooperativas y asociaciones), (ii) organismos de acci\u00f3n comunal, y (iii) los pueblos y comunidades ind\u00edgenas y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y sus instituciones de gobierno o aquellas que creen confines de gesti\u00f3n del agua y el saneamiento b\u00e1sico. Al asumir alguna de estas formas asociativas, los gestores comunitarios se rigen por las reglas fijadas para cada una de ellas<a name=\"_ftnref92\"><\/a>[92] y los principios de solidaridad, acci\u00f3n comunal y bien com\u00fan.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"119\">\n<li>En cuanto a la forma en que se emplea el recurso h\u00eddrico, el Decreto 1077 de 2015 contempla dos posibles modalidades. La primera es el uso mediante la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de agua y saneamiento b\u00e1sico, que se rige por lo previsto por la Ley 142 de 1994 y normas complementarias, as\u00ed como las normas en materia ambiental y sanitaria. Adem\u00e1s, esta modalidad est\u00e1 sometida a la regulaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Agua y Saneamiento b\u00e1sico y a la inspecci\u00f3n, vigilancia y control de la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos en todo lo relacionado con el servicio de agua y saneamiento b\u00e1sico.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"120\">\n<li>La segunda son los sistemas de aprovisionamiento. Esta modalidad es una soluci\u00f3n alternativa a la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos, conformada por un conjunto de condiciones organizativas, administrativas, t\u00e9cnicas y operativas, que permiten el acceso al agua y el saneamiento b\u00e1sico. Esta alternativa, a su vez, debe adaptarse a las particularidades territoriales, socioecon\u00f3micas y culturales de las comunidades y de quienes administran el sistema, seg\u00fan el art\u00edculo 2.3.8.1.4, numeral 3, del Decreto 1077 de 2015.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"121\">\n<li>Esta misma disposici\u00f3n se\u00f1ala que, dada la naturaleza del sistema de aprovisionamiento (alternativa al servicio p\u00fablico), este no se encuentra sometido a la Ley 142 de 1994, a la regulaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Agua y Saneamiento B\u00e1sico, ni a la inspecci\u00f3n, vigilancia y control de la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos. Sin embargo, s\u00ed se encuentra condicionado a los principios generales del acceso al agua y del ambiente<a name=\"_ftnref93\"><\/a>[93], a las normas ambientales y de recursos naturales, as\u00ed como el acompa\u00f1amiento de las autoridades territoriales<a name=\"_ftnref94\"><\/a>[94].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"122\">\n<li>Con ello, la Sala concluye, a modo de s\u00edntesis general, que: (i) el dominio de las aguas corresponde, por regla general, al Estado (salvo derechos adquiridos y cauces que nacen y mueren en propiedad privada); (ii) el Estado define el uso de las aguas y, para ello, ha pensado en un r\u00e9gimen general de concesiones, en un r\u00e9gimen especial individual y en reg\u00edmenes especiales previstos por el legislador; (iii) dentro de estos \u00faltimos, el Congreso ha pensado en la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos a trav\u00e9s de comunidades organizadas; (iv) estas comunidades pueden conformarse de diversas maneras, pero est\u00e1n sometidas a reglas concretas en materia de servicios p\u00fablicos, protecci\u00f3n del ambiente y los recursos naturales, entre otros; (v) las comunidades organizadas tienen un desarrollo legal, cuyo referente m\u00e1s reciente es la Ley 2294 de 2023 y el libro 2, parte 3, t\u00edtulo 8, del Decreto 1077 de 2015, subrogado por el Decreto 960 de 2025; (vi) en dicha normatividad se faculta el uso del agua a trav\u00e9s de gestores comunitarios, bajo unas reglas generales (caudal l\u00edmite, consumo humano y de subsistencia, \u00e1reas de operaci\u00f3n y protecci\u00f3n del recurso h\u00eddrico) y unas reglas especiales, seg\u00fan la modalidad de uso (prestaci\u00f3n del servicio o sistema de aprovisionamiento).<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"123\">\n<li>Con estos elementos, procede la Sala a verificar si los cargos propuestos por el demandante cumplen con las exigencias m\u00ednimas argumentativas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><b><strong> Verificaci\u00f3n de los requisitos m\u00ednimos argumentativos de la demanda de inconstitucionalidad<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"124\">\n<li>Como se indic\u00f3 en consideraciones anteriores (<em>supra<\/em> 75 a 78), el ciudadano Sebasti\u00e1n Aponte Bustamante formul\u00f3 dos cargos para cuestionar la inconstitucionalidad del art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023. El primero hace referencia al desconocimiento del derecho a un ambiente sano, mientras que el segundo a la vulneraci\u00f3n del deber de planeaci\u00f3n en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>5.1. El cargo relativo al desconocimiento del medio ambiente sano no satisface los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"125\">\n<li>Para el ciudadano, permitir que se use el agua a trav\u00e9s de gestores comunitarios sin acudir a la concesi\u00f3n expone el recurso h\u00eddrico y la calidad del agua objeto de consumo. Ello debido a que entiende que la ley no define los t\u00e9rminos de comunidades organizadas y la forma en que se concreta el uso para subsistencia familiar, ni fija requisitos y controles que permitan verificar las condiciones del agua y la manera en que se usa por parte de los gestores comunitarios. Adem\u00e1s, el actor sostiene que la figura prevista en el art\u00edculo 274, numeral 1, de la Ley 2294 de 2023 prescinde de la participaci\u00f3n de las comunidades en las decisiones ambientales que les afectan.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"126\">\n<li>Esto hace, en su criterio, que se configure una vulneraci\u00f3n al derecho a gozar de un medio ambiente sano, ya que se abre una puerta para el uso irracional del recurso h\u00eddrico, se pone en riesgo las fuentes de agua (algo que puede erosionar los ecosistemas), se erosiona la confianza p\u00fablica en la gesti\u00f3n ambiental y limita el acceso equitativo y el control igualitario a un recurso fundamental.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"127\">\n<li><em>El cargo no satisface el requisito de claridad<\/em>. Para la Sala, la argumentaci\u00f3n propuesta por el demandante no presenta un hilo conductor del todo claro. De un lado, el actor se\u00f1ala que la norma acusada vulnera el derecho a un ambiente sano por la falta de instrumentos de control y de seguimiento al uso, aprovechamiento y explotaci\u00f3n del recurso h\u00eddrico. De otro lado, afirma que la disposici\u00f3n desconoce \u201cel derecho conexo a la salud a que se refiere el art\u00edculo 49 de la Constituci\u00f3n\u201d<a name=\"_ftnref95\"><\/a>[95].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"128\">\n<li>Pero de la demanda no se deriva una explicaci\u00f3n acerca de c\u00f3mo el presunto desconocimiento del art\u00edculo 49 se integra al reproche principal por la vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 79. En concreto, no resulta claro si el art\u00edculo 49 funge o no como par\u00e1metro aut\u00f3nomo de control constitucional, si opera como un criterio interpretativo del derecho al ambiente sano, o si su menci\u00f3n no tiene una incidencia real en la estructuraci\u00f3n del cargo. Esa ambig\u00fcedad impide delimitar con precisi\u00f3n el alcance del cargo planteado en esta oportunidad, pues no es posible comprender de manera precisa la confrontaci\u00f3n constitucional propuesta.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"129\">\n<li>Si bien es posible comprender el alcance del cargo en relaci\u00f3n con la presunta vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 79 de la Constituci\u00f3n \u2014como afirma la ponencia\u2014 no ocurre lo mismo con la invocaci\u00f3n del art\u00edculo 49 superior. Ello impide dar por superado el requisito de claridad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"130\">\n<li><em>El cargo no satisface el requisito de certeza<\/em>. El planteamiento de la demanda parte de una lectura aislada y subjetiva de la disposici\u00f3n acusada. Como lo proponen adecuadamente varios intervinientes y el procurador general de la Naci\u00f3n, el ciudadano sostiene que la concesi\u00f3n es la \u00fanica forma v\u00e1lida para el uso adecuado del agua y que la ley no contempla requisitos, controles ni definiciones claras en torno a la gesti\u00f3n comunitaria del agua.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"131\">\n<li>Pero, al hacer una lectura de la disposici\u00f3n, as\u00ed como de las normas complementarias, se obtiene que el ordenamiento jur\u00eddico no contempla la concesi\u00f3n como \u00fanico mecanismo para el uso del recurso h\u00eddrico. El ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado un sistema completo en materia de uso adecuado del agua, seg\u00fan el cual, el Estado es propietario del recurso h\u00eddrico (salvo las excepciones antes explicadas) y \u00e9ste permite su aprovechamiento mediante un sistema general de concesi\u00f3n y unos sistemas especiales, que son el uso particular y el uso bajo figuras desarrolladas por el legislador, entre las cuales se destaca la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de agua y saneamiento b\u00e1sico a trav\u00e9s de comunidades organizadas (que pueden ser organizaciones autorizadas o gestores comunitarios).<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"132\">\n<li>Estas comunidades organizadas tienen un reconocimiento en el art\u00edculo 365 de la Constituci\u00f3n y un desarrollo en diversas normas, como el art\u00edculo 15, numeral 4, de la Ley 142 de 1994; el art\u00edculo 279 de la Ley 1955 de 2019; el art\u00edculo 274 de la Ley 2294 de 2023 y diversos decretos reglamentarios, entre los que destaca el Decreto 1077 de 2015. Las comunidades organizadas, a su vez, est\u00e1n sometidas a reg\u00edmenes propios de constituci\u00f3n (seg\u00fan la forma asociativa que adopten), a las reglas para la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico contenidas en la Ley 142 de 1994 y sus normas complementarias y a los principios ambientales y propios de las formas asociativas encaminadas a garantizar la prestaci\u00f3n con amplia cobertura, continuidad y eficiencia del servicio p\u00fablico.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"133\">\n<li>Ello puede verse, en primer lugar, en los requisitos que fija el art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023, seg\u00fan el cual, solo se podr\u00e1 usar el agua a trav\u00e9s de gestores comunitarios, siempre y cuando: (i) el caudal a usar sea inferior a 1lps; (ii) el uso del agua sea exclusivamente para consumo humano en comunidades organizadas en el \u00e1rea urbana; (iii) en el caso de que las comunidades organizadas se localicen en \u00e1reas rurales, el uso sea exclusivo para subsistencia de la familia rural, siempre y cuando la fuente de abastecimiento no se encuentre declarada en agotamiento o en proceso de reglamentaci\u00f3n; y (iv) las comunidades organizadas se inscriban en el Registro de Usuarios del Recurso H\u00eddrico.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"134\">\n<li>En segundo lugar, la disposici\u00f3n demandada no estipula que los gestores comunitarios est\u00e9n exentos de control alguno; solo indica que ellos no deben acudir a la concesi\u00f3n de aguas. En esa medida, los gestores comunitarios deben cumplir con la normativa en materia de preservaci\u00f3n del agua, como la prohibici\u00f3n de alterar cauces o modificar los usos del recurso h\u00eddrico, construir y mantener la infraestructura necesaria y emplear el recurso de manera eficiente (art\u00edculo 133 del Decreto Ley 2811 de 1974), as\u00ed como los requisitos y obligaciones en materia de servicios p\u00fablicos<a name=\"_ftnref96\"><\/a>[96] o normas especiales<a name=\"_ftnref97\"><\/a>[97]. Asimismo, el art\u00edculo 274 numeral 4, de la Ley 2294 de 2023 exige que los gestores se inscriban en el Registro de Usuarios del Recurso H\u00eddrico.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"135\">\n<li>En cuanto a los controles, contrario a lo que entiende el demandante, la disposici\u00f3n acusada no indica en momento alguno que los gestores comunitarios obrar\u00e1n bajo una autonom\u00eda tal, que ninguna autoridad pueda hacer seguimiento a la manera en que se usa el agua. Por el contrario, las autoridades ambientales y de servicios p\u00fablicos preservan sus competencias para ejercer inspecci\u00f3n, vigilancia y control sobre el uso adecuado del caudal y los fines para los cuales es empleado. Ello quiere decir que, por ejemplo, los departamentos mantienen su competencia para, en coordinaci\u00f3n con el Sistema Nacional Ambiental y las Corporaciones Aut\u00f3nomas Regionales, ejercer la inspecci\u00f3n y vigilancia sobre el medio ambiente y los recursos naturales, a fin de garantizar las metas esenciales del Estado (art\u00edculo 64, numerales 4 y 7, de la Ley 99 de 1993). De igual forma, la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos es competente para ejercer la inspecci\u00f3n, vigilancia y control sobre la forma en que se presta el servicio p\u00fablico de agua y saneamiento b\u00e1sico, conforme con la Ley 142 de 1994.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"136\">\n<li>De ah\u00ed que el argumento central del demandante quede sin un fundamento cierto pues, contario a lo que \u00e9l sostiene, los gestores comunitarios s\u00ed est\u00e1n sometidos a un conjunto de requisitos normativos y controles por parte de entidades estatales.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"137\">\n<li><em>El cargo tampoco construye argumentos espec\u00edficos<\/em>. La Sala encuentra, adem\u00e1s, que el ciudadano no propone argumentos concretos que permitan contrastar la disposici\u00f3n demandada con el mandato del medio ambiente. En la demanda se plantean dos argumentos, a saber: (i) que la participaci\u00f3n de los gestores comunitarios pone en riesgo los recursos h\u00eddricos y (ii) que socava la participaci\u00f3n de la ciudadan\u00eda en la toma de decisiones que las afectan.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"138\">\n<li>Estos argumentos, sin embargo, no proponen un juicio que confronte la disposici\u00f3n demandada con normas constitucionales, en el cual se indica que los servicios p\u00fablicos pueden ser prestados por comunidades organizadas. Esto impide evidenciar una oposici\u00f3n objetiva y verificable entre el contenido del precepto legal demandado y el par\u00e1metro constitucional invocado.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"139\">\n<li>Al respecto, la Sala encuentra que esta argumentaci\u00f3n resulta vaga y gen\u00e9rica. Por una parte, el demandante solo expone que los gestores comunitarios pueden poner en riesgo el recurso h\u00eddrico. Pero no explica si ellos son una figura permitida en el art\u00edculo 365 de la Constituci\u00f3n y, por tanto, si la disposici\u00f3n demandada contradice el contenido del mandato constitucional. Para el demandante, el hecho de que se acuda a los gestores comunitarios puede implicar una puesta en riesgo del agua, pero tampoco explica c\u00f3mo la figura de los gestores comunitarios contrar\u00eda las normas constitucionales sobre protecci\u00f3n de los recursos renovables.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"140\">\n<li>Adem\u00e1s de lo anterior, el cargo tampoco explica c\u00f3mo la norma acusada genera que los ciudadanos queden excluidos del seguimiento y control sobre la forma en que se usa el agua por parte de los gestores comunitarios, lo que impide comprender en qu\u00e9 manera existir\u00eda un efectivo desconocimiento del deber constitucional de hacer part\u00edcipe a la ciudadan\u00eda en la toma de decisiones ambientales.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"141\">\n<li><em>El cargo no cumple con el requisito de pertinencia<\/em>. La argumentaci\u00f3n propuesta por el demandante se soporta en el uso de argumentos de conveniencia y de argumentos de car\u00e1cter legal.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"142\">\n<li>Los argumentos de la demanda se encaminan a cuestionar la idoneidad del modelo regulatorio adoptado por el legislador \u2014esto es, la sustituci\u00f3n del r\u00e9gimen de concesi\u00f3n por un esquema diferenciado para peque\u00f1os caudales\u2014 en lugar de demostrar una incompatibilidad normativa directa entre el contenido de la disposici\u00f3n acusada y un mandato constitucional espec\u00edfico.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"143\">\n<li>En efecto, el actor parte de la premisa seg\u00fan la cual la concesi\u00f3n constituye el mecanismo \u00f3ptimo o necesario para garantizar la protecci\u00f3n del recurso h\u00eddrico, pero no explica por qu\u00e9 la Constituci\u00f3n impone ese modelo como \u00fanico posible ni c\u00f3mo el esquema alternativo resulta, por s\u00ed mismo, contrario a los art\u00edculos 79 o 80 superiores.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"144\">\n<li>Ello puede verse, por ejemplo, cuando la demanda se\u00f1ala que (i) \u201cla concesi\u00f3n de aguas se convierte en una herramienta fundamental y necesaria para controlar el uso eficiente y racional de los recursos\u201d<a name=\"_ftnref98\"><\/a>[98] y (ii) que lo correcto hubiese sido buscar \u201calternativas para que, sobre grupo poblacional plenamente determinado como vulnerable, se puedan hacer modificaciones a las normas existentes en materia de concesiones\u201d<a name=\"_ftnref99\"><\/a>[99], pero sin prescindir de la herramienta de la concesi\u00f3n de aguas. Dicha exposici\u00f3n no corresponde a un juicio sobre la validez de la norma acusada, sino que conllevan apreciaciones sobre lo que el accionante considera la mejor herramienta jur\u00eddica para atender la problem\u00e1tica.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"145\">\n<li>Por \u00faltimo, los reproches del actor se soportan en un an\u00e1lisis de \u00edndole legal. Para \u00e9l, la disposici\u00f3n demandada desatiende los contenidos del Decreto 2811 de 1974, que establece los lineamientos para el uso racional de los recursos renovables, hecho que en su criterio produce un efecto adverso en el ambiente sano. Igualmente, se\u00f1ala que la disposici\u00f3n contrar\u00eda el principio de desarrollo sostenible, consagrado desde la Ley 99 de 1993. Se trata, por consiguiente, de argumentos de naturaleza legal y no constitucional, raz\u00f3n por la cual no es posible iniciar el juicio de control constitucional.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"146\">\n<li><em>La argumentaci\u00f3n no satisface el requisito de suficiencia<\/em>. Ante las falencias detectadas por la Sala, no surge una duda m\u00ednima de inconstitucionalidad en torno al art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023, que lleve a realizar un juicio de fondo por parte de esta Corporaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>5.2. El cargo por desconocimiento del deber de planeaci\u00f3n en el manejo y aprovechamiento de recursos naturales carece de claridad, certeza, especificidad y suficiencia<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"147\">\n<li>El demandante sostiene que la disposici\u00f3n demandada desconoce el deber estatal de planeaci\u00f3n del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, porque uso del agua a trav\u00e9s de gestores comunitarios impide al Estado llevar un registro adecuado del uso de las aguas y prever los impactos acumulativos de m\u00faltiples captaciones, especialmente cuando se trata de peque\u00f1as regiones sensibles. Para sustentar su tesis, el accionante manifiesta que el mejor r\u00e9gimen para el uso de aguas es la concesi\u00f3n y que, si bien el Decreto 1076 de 2015 reconoce excepciones fijadas por el legislador, el art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023 no responde a las l\u00f3gicas que el decreto en menci\u00f3n previ\u00f3 para dichas excepciones.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"148\">\n<li>Adem\u00e1s, permitir que los gestores comunitarios administren caudales inferiores a 1lps impide que las autoridades ejerzan una labor coordinada de prevenci\u00f3n e intervenci\u00f3n de proyectos que, al parecer, son de bajo impacto, lo que lleva, en opini\u00f3n del ciudadano, a un desconocimiento del deber constitucional de lograr una gesti\u00f3n y planificaci\u00f3n adecuada del recurso h\u00eddrico.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"149\">\n<li><em>El cargo incumple el requisito de claridad.<\/em> El demandante propone un hilo conductor con unos ejes tem\u00e1ticos claros. El cargo aborda: (i) el deber de planificaci\u00f3n ambiental; (ii) el principio de precauci\u00f3n; (iii) el principio de prevenci\u00f3n; (iv) la protecci\u00f3n del medio ambiente y la salud de la poblaci\u00f3n; (v) la alusi\u00f3n a los Decretos 2711 de 1974 y 1541 de 1975; (vi) el principio de buena fe; (vii) la implementaci\u00f3n de una pol\u00edtica ambiental; (viii) el deber de prevenir, mitigar, reparar y sancionar los da\u00f1os ambientales; y (ix) la importancia constitucional de que las CAR cuenten con el apoyo y coordinaci\u00f3n del nivel central para gestionar proyectos que puedan generar grave deterioro ambiental.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"150\">\n<li>Sin embargo, la demanda no explica de manera clara de qu\u00e9 forma estos elementos se articulan entre s\u00ed para estructurar un reproche constitucional l\u00f3gico y coherente contra la disposici\u00f3n acusada. Aunque el cargo contiene m\u00faltiples referencias normativas y principios constitucionales relevantes, la forma en que son expuestos dificulta identificar con claridad cu\u00e1l es la tesis central del cargo. Por ejemplo, el accionante indic\u00f3 que el Estado tiene el deber de cooperar con otras naciones en la protecci\u00f3n de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, lo cual, necesariamente implica una pol\u00edtica ambiental coherente y coordinada a nivel central. Este planteamiento no guarda una relaci\u00f3n directa con los dem\u00e1s planteamientos del cargo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"151\">\n<li>Ante esta dificultad, no puede verse una argumentaci\u00f3n interna que permita comprender cu\u00e1l es el reproche central en el cargo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"152\">\n<li><em>El cargo no satisface el requisito de certeza<\/em>. Para la Sala, la argumentaci\u00f3n del ciudadano parte de una lectura subjetiva y descontextualizada de la disposici\u00f3n. Ello se evidencia, en primer lugar, en la contradicci\u00f3n que surge entre la afirmaci\u00f3n del demandante y la lectura preliminar del art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023. En opini\u00f3n del demandante, los gestores comunitarios no requieren de un registro, lo que impide hacer un seguimiento sobre el uso que hacen estos del agua<a name=\"_ftnref100\"><\/a>[100]. Sin embargo, al leerse la disposici\u00f3n demandada se observa que las comunidades organizadas no deben acudir a la concesi\u00f3n, pero s\u00ed inscribirse en el Registro de Usuarios del Recurso H\u00eddrico.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"153\">\n<li>En segundo lugar, a trav\u00e9s de ese registro se gestiona la informaci\u00f3n relacionada con la cantidad y calidad del agua y cuerpos h\u00eddricos del pa\u00eds y se facilita la adopci\u00f3n de medidas por parte de las autoridades ambientales, conforme con las normas reglamentarias sobre la preservaci\u00f3n de recursos renovables<a name=\"_ftnref101\"><\/a>[101].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"154\">\n<li>Con lo anterior entiende la Sala que, de la lectura del art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023, se advierte con facilidad que los gestores comunitarios s\u00ed est\u00e1n obligados a inscribirse en el Registro de Usuarios del Recurso H\u00eddrico y, a trav\u00e9s de \u00e9l, se reporta el uso que se le dan a los cauces, para que con dicha informaci\u00f3n se puedan ejercer los controles necesarios por parte de las autoridades ambientales. De ah\u00ed que la afirmaci\u00f3n hecha por el demandante (ausencia de registro) no corresponda con el contenido objetivo de la disposici\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"155\">\n<li><em>El cargo tampoco cumple con la exigencia de especificidad. <\/em>Adem\u00e1s, la Sala encuentra que el demandante no propone varios argumentos, de los cuales no es posible evidenciar una contrastaci\u00f3n objetiva entre el art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023 y el art\u00edculo 80 de la Constituci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"156\">\n<li>En primer lugar, el ciudadano afirma que la disposici\u00f3n demandada contraviene el deber de planificaci\u00f3n ambiental por poner en riesgo la sostenibilidad del recurso h\u00eddrico y los ecosistemas que dependen de \u00e9l. Ello se da, en su opini\u00f3n, porque la falta de control estatal sobre las captaciones de agua implica la imposibilidad de aplicar medios preventivos que puedan identificar, mitigar o evitar los impactos ambientales antes de que se conviertan en irreversibles.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"157\">\n<li>Esta argumentaci\u00f3n, sin embargo, resulta vaga y gen\u00e9rica por las siguientes razones. Primera, porque el actor no explica de qu\u00e9 manera la prestaci\u00f3n del servicio del agua por parte de comunidades organizadas \u2014en los t\u00e9rminos previstos en la disposici\u00f3n acusada\u2014 desconoce el deber de planificaci\u00f3n ambiental establecido en el art\u00edculo 80. Por el contrario, solo enuncia de manera gen\u00e9rica los posibles riesgos ambientales asociados a dicha modalidad de prestaci\u00f3n del servicio, sin identificar la forma en que se desconoce el precepto constitucional acusado. Por lo tanto, el reproche no permite verificar la existencia de una oposici\u00f3n objetiva y comprobable entre la ley y la Constituci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"158\">\n<li>Segunda, el accionante alude al desconocimiento de los principios de precauci\u00f3n, por impedir que el Estado gestione y controle adecuadamente los recursos h\u00eddricos, y de prevenci\u00f3n, dado que es la concesi\u00f3n de aguas la que permite evitar impactos ambientales.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"159\">\n<li>Al respecto, el ciudadano no plantea un reproche concreto, que permita identificar de qu\u00e9 manera la disposici\u00f3n acusada vulnera dichos principios. En relaci\u00f3n con el principio de precauci\u00f3n, no explica por qu\u00e9 el modelo de gesti\u00f3n previsto en la norma demandada impedir\u00eda al Estado ejercer funciones de control sobre las captaciones de agua, m\u00e1xime cuando la propia regulaci\u00f3n prev\u00e9 mecanismos como el registro de usuarios, como se explic\u00f3 en la consideraci\u00f3n 114 (numeral iv). Tampoco desarrolla por qu\u00e9 esto significa un l\u00edmite a la capacidad de implementar estrategias de planificaci\u00f3n ambiental que garanticen la sostenibilidad del recurso h\u00eddrico.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"160\">\n<li>En cuanto al principio de prevenci\u00f3n, el ciudadano no expone las razones por las cuales el modelo de gesti\u00f3n del agua previsto por la norma demandada \u2014en el contexto normativo en el que \u00e9sta se inserta\u2014 ser\u00eda incompatible con la adopci\u00f3n de medidas orientadas a evitar o mitigar impactos ambientales. En tal sentido, el cargo se limita a enunciar de manera abstracta la eventual afectaci\u00f3n de dichos principios, sin establecer una confrontaci\u00f3n normativa concreta entre la disposici\u00f3n legal acusada y el art\u00edculo 80 de la Constituci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"161\">\n<li><em>El cargo no cumple con el requisito de pertinencia.<\/em> Adem\u00e1s, los argumentos del demandante plantean un debate de conveniencia y legal, mas no constitucional. El demandante propone, por una parte, que existen reg\u00edmenes mejores que otros y, en concreto, que las concesiones resultan m\u00e1s favorables que las autorizaciones a favor de los gestores comunitarios, apreciaci\u00f3n que no corresponde a un juicio normativo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"162\">\n<li>Adem\u00e1s, el demandante explica que la disposici\u00f3n demandada puede traer consigo riesgos. Estos riesgos, sin embargo, parecen estar relacionados con la implementaci\u00f3n de la ley. Sobre este punto, se advierte que la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica de la norma \u2014como la insuficiencia de vigilancia o la acumulaci\u00f3n de captaciones\u2014 corresponden al plano de la ejecuci\u00f3n administrativa y de la capacidad institucional, y no comprometen, por s\u00ed mismos, la constitucionalidad del dise\u00f1o normativo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"163\">\n<li>Por otra parte, el demandante se fund\u00f3 en parte en el art\u00edculo 51 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y en el Decreto 1076 de 2015, para afirmar que el aprovechamiento del agua siempre requiere una concesi\u00f3n, salvo en los t\u00e9rminos expresamente determinados por la ley. Estos razonamientos no son de naturaleza constitucional, en la medida en que se apoyan exclusivamente en disposiciones de rango infra constitucional, las cuales no pueden fungir como par\u00e1metro de control en el asunto de la referencia.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"164\">\n<li><em>Finalmente, el cargo no satisface el requisito de suficiencia<\/em>. Al no desarrollarse un conjunto de argumentos que comprendan adecuadamente el art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023 ni un an\u00e1lisis espec\u00edfico sobre el eventual desconocimiento del deber de planeaci\u00f3n en el manejo y aprovechamiento de los recursos h\u00eddricos, la demanda no logra evidenciar una duda sobre la inconstitucionalidad de la norma, por lo que la Corte no puede realizar un an\u00e1lisis de fondo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"165\">\n<li>Por lo anterior, la Corte concluye que los cargos propuestos por el demandante no son aptos para emitir un juicio sobre la constitucionalidad del art\u00edculo 274, numeral 4, de la Ley 2294 de 2023 y, en consecuencia, proceder\u00e1 a inhibirse.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>III.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 DECISI\u00d3N<\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n,<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>RESUELVE<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>\u00danico. INHIBIRSE<\/strong><\/b> de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del art\u00edculo 274, numeral 4 (parcial), de la Ley 2294 de 2023, por ineptitud sustantiva de la demanda.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Notif\u00edquese, comun\u00edquese, y c\u00famplase.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>JORGE ENRIQUE IB\u00c1\u00d1EZ NAJAR<\/p>\n<p>Presidente<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>NATALIA \u00c1NGEL CABO<\/p>\n<p>Magistrada<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CARLOS CAMARGO ASSIS<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO\u00d1O<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>JUAN CARLOS CORT\u00c9S GONZ\u00c1LEZ<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>LINA MARCELA ESCOBAR MART\u00cdNEZ<\/p>\n<p>Magistrada<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>VLADIMIR FERN\u00c1NDEZ ANDRADE<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>Con impedimento aceptado<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA<\/p>\n<p>Magistrada<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MIGUEL POLO ROSERO<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>Aclaraci\u00f3n de voto<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ<\/p>\n<p>Secretaria General<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>ACLARACI\u00d3N DE VOTO DEL MAGISTRADO<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>MIGUEL POLO ROSERO<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>A LA SENTENCIA C-015\/26<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p>Referencia: D-16489<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Asunto: demanda de inconstitucionalidad en contra del art\u00edculo 274, numeral 4 (parcial) de la Ley 2292 de 2023<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Magistrada ponente:<\/p>\n<p>Lina Marcela Escobar Mart\u00ednez<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con el acostumbrado respeto por las determinaciones de la Sala Plena, aclaro mi voto respecto de la sentencia C-015 de 2026. Aunque acompa\u00f1\u00e9 la decisi\u00f3n de inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del art\u00edculo 274.4 (parcial) de la Ley 2294 de 2023, por ineptitud sustantiva de la demanda, considero necesario precisar que el an\u00e1lisis efectuado sobre el r\u00e9gimen jur\u00eddico de la gesti\u00f3n comunitaria del agua super\u00f3 lo estrictamente necesario para verificar la idoneidad de los cargos y, en algunos apartados, se aproxim\u00f3 a un examen material de la norma acusada, lo cual desborda la naturaleza preliminar y el alcance limitado que tiene el examen de aptitud de la acusaci\u00f3n realizada.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><b><strong><em>El examen de aptitud de la demanda no deb\u00eda anticipar un an\u00e1lisis material de la disposici\u00f3n acusada.<\/em><\/strong><\/b> El estudio de aptitud sustantiva de una demanda de inconstitucionalidad tiene por objeto establecer si el ciudadano expuso de forma clara, cierta y razonada los motivos por cuales considera que una disposici\u00f3n legal es contraria a la Constituci\u00f3n, es decir, si formul\u00f3 un verdadero cargo de inconstitucionalidad<a name=\"_ftnref102\"><\/a><sup>[102]<\/sup>. En particular, dentro de los requisitos de idoneidad de una demanda se incluye la carga de certeza, la cual supone comprobar que el reproche recae sobre una proposici\u00f3n jur\u00eddica real y existente, derivada razonablemente del texto acusado, y no sobre una interpretaci\u00f3n subjetiva o una consecuencia que este no contempla<a name=\"_ftnref103\"><\/a><sup>[103]<\/sup>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>\u00a0\u00a0 Para efectuar esta verificaci\u00f3n, la Corte puede acudir al contexto normativo en que se inserta la disposici\u00f3n demandada, siempre que dicho ejercicio conserve un car\u00e1cter instrumental y se limite a esclarecer su contenido y alcance, sin anticipar el examen material de constitucionalidad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Con este prop\u00f3sito, en los fundamentos 98 a 122 de la sentencia C-015 de 2026 se desarrollan tres temas: (i) la gesti\u00f3n del agua dentro del ordenamiento jur\u00eddico; (ii) la gesti\u00f3n comunitaria del agua en la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico; y (iii) la estructura del art\u00edculo 274.4 de la Ley 2294 de 2023.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>\u00a0\u00a0 Si bien comparto que la identificaci\u00f3n del contenido normativo acusado era necesaria para verificar si los reproches del actor reca\u00edan sobre una proposici\u00f3n jur\u00eddica real y existente, considero que la extensi\u00f3n y profundidad de ese estudio excedieron dicha finalidad instrumental.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>\u00a0\u00a0 En efecto, para establecer que los reproches formulados en la demanda no cumpl\u00edan con el requisito de certeza, bastaba con contrastar las premisas de la demanda con el contenido del precepto acusado, sin que fuera necesario desarrollar ampliamente el r\u00e9gimen jur\u00eddico de la gesti\u00f3n comunitaria del agua.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>\u00a0\u00a0 Sin embargo, la sentencia no se limit\u00f3 a exponer las disposiciones que integran el contexto normativo, sino que, al finalizar cada uno de los temas, formul\u00f3 conclusiones sobre el funcionamiento y alcance del modelo de gesti\u00f3n del agua. As\u00ed, sostuvo que el Estado puede autorizar su uso mediante el r\u00e9gimen general de concesiones o a trav\u00e9s de reg\u00edmenes especiales (fundamento jur\u00eddico 103); que la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de agua por comunidades organizadas constituye uno de esos reg\u00edmenes y est\u00e1 sometido a las normas de servicios p\u00fablicos, ambientales y complementarias (fundamento jur\u00eddico 109); y que dichas comunidades pueden adoptar distintas formas asociativas y gestionar el agua bajo reglas generales y especiales, seg\u00fan se trate de la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico o de sistemas de aprovisionamiento (fundamento jur\u00eddico 122). Estas conclusiones, a mi juicio, superaron la identificaci\u00f3n del contenido objetivo del art\u00edculo acusado y, m\u00e1s all\u00e1 de ello, desarrollaron una caracterizaci\u00f3n integral del modelo regulatorio cuya constitucionalidad pretend\u00eda cuestionar la demanda.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li>\u00a0\u00a0 Esta amplitud tambi\u00e9n se reflej\u00f3 al verificar la aptitud de los cargos. En los fundamentos jur\u00eddicos 131 a 135, la sentencia no se detuvo en advertir que la disposici\u00f3n exig\u00eda la inscripci\u00f3n en el Registro de Usuarios del Recurso H\u00eddrico, sino que examin\u00f3 el reconocimiento constitucional y legal de las comunidades organizadas, las obligaciones ambientales y de servicios p\u00fablicos que les resultan aplicables, y las competencias de inspecci\u00f3n, vigilancia y control que conservan las autoridades. Asimismo, al estudiar la pertinencia del primer cargo, se\u00f1al\u00f3 que la Constituci\u00f3n no impone la concesi\u00f3n como el \u00fanico mecanismo posible para el uso del agua y que los argumentos del demandante cuestionaban la conveniencia del modelo adoptado por el legislador. Estas consideraciones se aproximaron a responder materialmente los reparos de la demanda, sobre la capacidad del r\u00e9gimen especial para proteger el agua, asunto que solo pod\u00eda resolverse mediante un juicio de fondo sustentado en cargos aptos.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li>\u00a0\u00a0 Lo anterior resulta problem\u00e1tico porque, al concluir que la demanda era sustantivamente inepta, la Corte carec\u00eda de los elementos argumentativos necesarios para pronunciarse sobre la validez constitucional del modelo cuestionado. En una decisi\u00f3n inhibitoria, la motivaci\u00f3n debe orientarse a demostrar las deficiencias de los cargos y no a anticipar conclusiones sobre la conformidad de la disposici\u00f3n con la Constituci\u00f3n. De lo contrario, se corre el riesgo de que consideraciones que no provienen de un verdadero juicio de constitucionalidad, sean interpretadas como un respaldo de la Corte al contenido material de la regulaci\u00f3n examinada.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En estos t\u00e9rminos consigno mi aclaraci\u00f3n de voto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Fecha ut supra,<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><b><strong>MIGUEL POLO ROSERO<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>Magistrado<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<p><a name=\"_ftn1\"><\/a>[1] Escrito de correcci\u00f3n de la demanda, p\u00e1g. 2.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn2\"><\/a>[2] Ib. P\u00e1g. 10.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn3\"><\/a>[3] Ib. P\u00e1g. 11.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn4\"><\/a>[4] Ib. P\u00e1g. 12.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn5\"><\/a>[5] Ib.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn6\"><\/a>[6] Ib. P\u00e1g. 14.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn7\"><\/a>[7] Ib. P\u00e1g. 11.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn8\"><\/a>[8] Ib.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn9\"><\/a>[9] Ib.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn10\"><\/a>[10] Ib.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn11\"><\/a>[11] Ib. P\u00e1g. 13.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn12\"><\/a>[12] Ib. P\u00e1g. 15.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn13\"><\/a>[13] Ib. P\u00e1g. 15.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn14\"><\/a>[14] Ib. P\u00e1g. 16. Este argumento tambi\u00e9n lo utiliza en el desarrollo del segundo cargo, p\u00e1gina 23.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn15\"><\/a>[15] Ib. P\u00e1g. 23.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn16\"><\/a>[16] Cfr. Ib. P\u00e1g. 11.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn17\"><\/a>[17] Ib. P\u00e1g. 13.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn18\"><\/a>[18] Ib.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn19\"><\/a>[19] Ib.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn20\"><\/a>[20] Ib. P\u00e1g. 12.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn21\"><\/a>[21] Ib. P\u00e1g. 16.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn22\"><\/a>[22] Ib. P\u00e1g. 17.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn23\"><\/a>[23] Ib.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn24\"><\/a>[24] Ib. P\u00e1g. 19.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn25\"><\/a>[25] Ib. P\u00e1g. 23.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn26\"><\/a>[26] Ib. P\u00e1g. 20.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn27\"><\/a>[27] Ib. P\u00e1g. 21.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn28\"><\/a>[28] Ib.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn29\"><\/a>[29] Ib. P\u00e1gs. 21-22.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn30\"><\/a>[30] Ib. P\u00e1g. 22.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn31\"><\/a>[31] Ib. P\u00e1g. 24.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn32\"><\/a>[32] Ib. P\u00e1g. 23.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn33\"><\/a>[33] Ib. P\u00e1g. 24.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn34\"><\/a>[34] Ib.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn35\"><\/a>[35] Intervenci\u00f3n presentada por \u00c1lvaro Mauricio Buelvas Jayk, Coordinador del Grupo de Defensa Jur\u00eddica de la ANLA. Expediente D-16489, archivo \u201cIntervenci\u00f3n \u2013 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn36\"><\/a>[36] Intervenci\u00f3n presentada por Carolina Jim\u00e9nez Bellicia, Coordinadora del Grupo Gerencia de Defensa Judicial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica, Nelson Alirio Mu\u00f1oz Leguizam\u00f3n, Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jos\u00e9 Eduardo Cuaical Alpala, Jefe de la Oficina Jur\u00eddica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y C\u00e9sar Norberto Albarrac\u00edn Ochoa, Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica (E) del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n. Expediente D-16489, archivo \u201cIntervenci\u00f3n gobierno nacional\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn37\"><\/a>[37] Intervenci\u00f3n presentada por Gilberto Toro Giraldo, Director Ejecutivo de la federaci\u00f3n. Expediente D-16489, archivo \u201cIntervenci\u00f3n \u2013 Federaci\u00f3n Colombiana de Municipios\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn38\"><\/a>[38] Intervenci\u00f3n presentada por Lida Consuelo Figueroa Fonseca, Secretaria General de la federaci\u00f3n. Expediente D-16489, archivo \u201cConcepto \u2013 Federaci\u00f3n Nacional de Departamentos\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn39\"><\/a>[39] Intervenci\u00f3n presentada por Luis Fernando Mac\u00edas G\u00f3mez, Jos\u00e9 Vicente Zapata, Eduardo del Valle y Jorge Andr\u00e9s Garz\u00f3n. Expediente D-16489, archivo \u201cIntervenci\u00f3n \u2013 Concepto de Instituto Colombiano de Derecho Ambiental y de Desarrollo Sostenible\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn40\"><\/a>[40] Intervenci\u00f3n presentada por Katherine Castillo P\u00e9rez, M\u00f3nica Johana Rueda Rinc\u00f3n, Esteban Moreno Vargas, Andrea Yolima Bernal Pedraza y Luis Fernando S\u00e1nchez Supelano. Expediente D-16489, archivo \u201cIntervenci\u00f3n \u2013 \u2018COCSASCOL\u2019\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn41\"><\/a>[41] Intervenci\u00f3n presentada por Yanet Sanabria P\u00e9rez, Contralora Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento B\u00e1sico. Expediente D-16489, archivo \u201cConceptos e Intervenciones\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn42\"><\/a>[42] Intervenci\u00f3n presentada por M\u00f3nica Alexandra Cruz Oma\u00f1a. Expediente D-16489, archivo \u201cIntervenci\u00f3n \u2013 Defensor\u00eda del Pueblo\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn43\"><\/a>[43] Profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Expediente D-16489, archivo \u201cIntervenci\u00f3n \u2013 Universidad del Rosario\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn44\"><\/a>[44] Sobre este punto, la Red Nacional de Acueductos y la Confederaci\u00f3n de Organizaciones Comunitarias de Servicio de Agua y Saneamiento de Colombia indicaron: \u201cEste desconocimiento estructural de la normatividad colombiana refleja una falla de reconocimiento de la gesti\u00f3n comunitaria del agua genera varias consecuencias negativas, entre las que podemos destacar i) se imponen cargas administrativas, financieras y tributarias desproporcionadas a los gestores comunitarios del agua; ii) el gasto social del Estado no se focaliza adecuadamente pues se construyen barreras institucionales y administrativas para que los gestores comunitarios puedan responder a ellos, dejando la protecci\u00f3n de la poblaci\u00f3n vulnerable exclusivamente en manos de la gesti\u00f3n comunitaria del agua (en efecto, en muchos municipios los acueductos comunitarios no acceden a los subsidios estatales por no poder acreditar los requisitos y registros exigidos por la Ley 142 y sus normas reglamentarias); iii) se desconocen acuerdos institucionales comunitarios sobre la gesti\u00f3n del territorio, los conflictos locales y el agua rompiendo el tejido social y convirti\u00e9ndose en fuente de nueva conflictividad; iv) el desconocimiento de las pr\u00e1cticas comunitarias puede llevar a que la respuesta a la crisis ambiental, clim\u00e1tica y de agotamiento del agua sea sectorial, parcial, inadecuada, descontextualizada, y poco pertinente; v) la autoridades locales (alcald\u00edas y gobernaciones) no cuentan con recursos ni mecanismos adecuados para responder a las necesidades de las comunidades locales. Teniendo en cuenta el tipo de poblaci\u00f3n que suelen atender los acueductos comunitarios (principalmente poblaci\u00f3n en condici\u00f3n de vulnerabilidad) este tipo de acciones podr\u00eda estar teniendo un impacto desproporcionado en poblaci\u00f3n con protecci\u00f3n constitucional reforzada\u201d. Expediente D-16489, archivo \u201cIntervenci\u00f3n \u2013 \u2018COCSASCOL\u2019\u201d, p. 11.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn45\"><\/a>[45] Intervenci\u00f3n de la Defensor\u00eda del Pueblo, p\u00e1g. 15.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn46\"><\/a>[46] Intervenci\u00f3n Federaci\u00f3n Nacional de Departamentos, p\u00e1g. 15.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn47\"><\/a>[47] Ibidem, p\u00e1gs. 15 a 16.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn48\"><\/a>[48] Intervenci\u00f3n del Instituto Colombiano de Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible, p\u00e1g. 15.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn49\"><\/a>[49] Ibidem.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn50\"><\/a>[50] Intervenci\u00f3n presentada por Yesid Gonz\u00e1lez Duque, Director Ejecutivo y Representante Legal de la asociaci\u00f3n. Expediente D-16489, archivo \u201cIntervenci\u00f3n \u2013 Asociaci\u00f3n de Corporaciones Aut\u00f3nomas\u00a0 Regionales y de Desarrollo Sostenible\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn51\"><\/a>[51] Expediente D-16489, archivo \u201cConcepto Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn52\"><\/a>[52] Para ello, la procuradur\u00eda se apoy\u00f3 en las siguientes decisiones de la Corte IDH: (i) caso Comunidad Ind\u00edgena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, (ii) caso Comunidades Ind\u00edgenas Miembros de la Asociaci\u00f3n Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina, (iii) caso X\u00e1mok K\u00e1sek vs. Paraguay.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn53\"><\/a>[53] Se retoma la argumentaci\u00f3n expuesta en la Sentencia C-366 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn54\"><\/a>[54] Corte Constitucional, Sentencia C-067 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn55\"><\/a>[55] Corte Constitucional, sentencias C-378 de 2021 y C-461 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn56\"><\/a>[56] Ibid.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn57\"><\/a>[57] Corte Constitucional, Sentencia C-067 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn58\"><\/a>[58] Corte Constitucional, sentencias C-531 de 2015, C-056 de 2021, C-067 de 2021, C-378 de 2021, C-190 de 2023, C-292 de 2023, C-380 de 2023 y C-461 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn59\"><\/a>[59] Corte Constitucional, sentencias C-067 de 2021y C-378 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn60\"><\/a>[60] Corte Constitucional, Sentencia C-190 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn61\"><\/a>[61] Corte Constitucional, Sentencia C-190 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn62\"><\/a>[62] Corte Constitucional, sentencias C-056 de 2021 y C-067 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn63\"><\/a>[63] Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn64\"><\/a>[64] Corte Constitucional, Sentencia C-190 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn65\"><\/a>[65] Sobre la ampliaci\u00f3n oficiosa del objeto del control de constitucionalidad, se puede consultar la Sentencia C-489 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn66\"><\/a>[66] V\u00e9ase, Corte Constitucional, Sentencia C-067 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn67\"><\/a>[67] Corte Constitucional, Sentencia C-281 de 2013.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn68\"><\/a>[68] Corte Constitucional, Sentencia C-191 de 2019.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn69\"><\/a>[69] Corte Constitucional, Sentencia C-378 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn70\"><\/a>[70] Corte Constitucional, Sentencia C-064 de 2018.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn71\"><\/a>[71] Ibid.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn72\"><\/a>[72] Corte Constitucional, Sentencia C-292 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn73\"><\/a>[73] Ibid.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn74\"><\/a>[74] Art\u00edculo 1 del Decreto 2811 de 1974: \u201cEl ambiente es patrimonio com\u00fan. El Estado y los particulares deben participar en su preservaci\u00f3n y manejo, que son de utilidad p\u00fablica e inter\u00e9s social. || La preservaci\u00f3n y manejo de los recursos naturales renovables tambi\u00e9n son de utilidad p\u00fablica e inter\u00e9s social\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn75\"><\/a>[75] Art\u00edculo 677 del C\u00f3digo Civil: \u201cLos r\u00edos y todas las aguas que corren por cauces naturales son bienes de la Uni\u00f3n, de uso p\u00fablico en los respectivos territorios. || Except\u00faanse las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad: su propiedad, uso y goce pertenecen a los due\u00f1os de las riberas, y pasan con estos a los herederos y dem\u00e1s sucesores de los due\u00f1os\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn76\"><\/a>[76] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Primera, Sentencia del 26 de febrero de 2004 (rad. 223872), Consejera Ponente Olga In\u00e9s Navarrete Barrero.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn77\"><\/a>[77] La Corte advierte, sin embargo, que las organizaciones autorizadas no son asimilables a las comunidades organizadas, dado que la primera categor\u00eda permite la existencia de otras figuras distintas a las empresas. Al respecto, la Sentencia C-741 de 2003 explic\u00f3 que: \u201cEl desarrollo posterior de la Ley 142 de 1994 en materia de participaci\u00f3n de las\u00a0\u201corganizaciones autorizadas\u201d en la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos refleja\u00a0la especificidad de este \u00e1nimo solidario. Lo anterior no significa que el concepto de \u201ccomunidades organizadas\u201d sea asimilable al concepto de \u201corganizaciones autorizadas\u201d puesto que este \u00faltimo tambi\u00e9n puede comprender \u201cparticulares\u201d que se organicen en una forma distinta a una empresa, en los t\u00e9rminos que se\u00f1ale la ley\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn78\"><\/a>[78] <em>Ibid.<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn79\"><\/a>[79] <em>Ibid.:<\/em> \u201cCon base en el primer criterio &#8211; \u201ctipo de persona jur\u00eddica,\u201d &#8211; la Ley 142 de 1994, establece tratamientos diferentes para distintas personas jur\u00eddicas, con el fin de garantizar la continuidad y eficiencia en la prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos, la ampliaci\u00f3n de su cobertura, y la efectividad de los mecanismos de control, inspecci\u00f3n y vigilancia. Como se analiz\u00f3 en la secci\u00f3n 4 de esta sentencia, el r\u00e9gimen de las entidades prestadoras de servicios p\u00fablicos permite la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos a trav\u00e9s de diferentes formas asociativas, que se rigen por reglas espec\u00edficas, todas ellas dentro del marco dise\u00f1ado para alcanzar los fines comunes que se traz\u00f3 el legislador\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn80\"><\/a>[80] <em>Ibid.<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn81\"><\/a>[81] Art\u00edculo 2 del Decreto 421 de 2000: \u201cSe consideran municipios menores los correspondientes a las categor\u00edas quinta (5\u00aa) y sexta (6\u00aa ), definidas por los art\u00edculos 6o. de la Ley 136 de 1994 y 93 de la Ley 388 de 1997. || Son \u00e1reas rurales las localizadas por fuera del per\u00edmetro urbano de la respectiva cabecera municipal. ||Son \u00e1reas urbanas espec\u00edficas, seg\u00fan el art\u00edculo 93 de la Ley 388 de 1997, los n\u00facleos poblacionales localizados en suelo urbano que se encuentren clasificados en los estratos 1 y 2 de la metodolog\u00eda de estratificaci\u00f3n socioecon\u00f3mica vigente\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn82\"><\/a>[82] Art\u00edculo 2 del Decreto 421 de 2000: \u201cLas personas jur\u00eddicas descritas en el art\u00edculo 1o. de este decreto deber\u00e1n, seg\u00fan lo dispuesto por los art\u00edculos 40 del Decreto 2150 de 1995, 7o. del Decreto 427 de 1996 y 3.9 de la Ley 142 de 1994, registrarse en la C\u00e1mara de Comercio con jurisdicci\u00f3n en su respectivo domicilio, inscribirse ante la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos Domiciliarios y la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Agua Potable y Saneamiento B\u00e1sico, y obtener las respectivas concesiones, permisos y licencias a que se refieren los art\u00edculos 25 y 26 de la Ley 142 de 1994\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn83\"><\/a>[83] Dichos requisitos fueron desarrollados en el Decreto 1688 de 2020.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn84\"><\/a>[84] Gaceta del Congreso n\u00fam. 18 de 2023, p. 44.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn85\"><\/a>[85] <em>Ibid.,<\/em> p. 46.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn86\"><\/a>[86] Gaceta del Congreso n\u00fam. 388 de 2023, p. 2010.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn87\"><\/a>[87] <em>Ib\u00eddem.<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn88\"><\/a>[88] Art\u00edculo 274, numeral 1 de la Ley 2294 de 2023: \u201c\u00a0Las comunidades organizadas, no estar\u00e1n sujetas a la inscripci\u00f3n y tr\u00e1mites ante las C\u00e1maras de Comercio de que trata el Decreto 427 de 1996, o la norma que la modifique o sustituya, y ser\u00e1n consideradas entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo\u00a0<a href=\"http:\/\/www.secretariasenado.gov.co\/senado\/basedoc\/estatuto_tributario.html#23\">23<\/a>\u00a0del Estatuto Tributario. El Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 los criterios diferenciales que determinen los gestores comunitarios beneficiarios de la medida\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn89\"><\/a>[89] Art\u00edculo 274, numeral 3, de la Ley 2294 de 2023: \u201cPara garantizar la sostenibilidad de los gestores comunitarios del agua y el saneamiento b\u00e1sico, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de acuerdo a la disponibilidad del Marco de Gasto de Mediano Plazo, podr\u00e1 otorgar un subsidio a la tarifa de los usuarios de los peque\u00f1os prestadores que no reciben subsidios por parte de los municipios o distritos y se dise\u00f1ar\u00e1 un mecanismo especial de apoyo para la inversi\u00f3n y sostenibilidad de los sistemas de aprovisionamiento\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn90\"><\/a>[90] Art\u00edculo 274, numeral 5, de la Ley 2294 de 2023: \u201cLos proyectos de re\u00faso de aguas provenientes de sistemas de tratamiento de aguas residuales dom\u00e9sticas que cumplan con los criterios de calidad vigentes para el uso en actividades agr\u00edcolas e industriales, no requerir\u00e1n de concesi\u00f3n de aguas\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn91\"><\/a>[91] Art\u00edculo 274, numeral 6, de la Ley 2294 de 2023: \u201cLos pueblos ind\u00edgenas y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, sus instituciones de gobierno o aquellas que ellos creen para la gesti\u00f3n comunitaria del agua y el saneamiento b\u00e1sico ser\u00e1n susceptibles de los mismos beneficios establecidos para las comunidades organizadas en el presente art\u00edculo\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn92\"><\/a>[92] Art\u00edculo 2.3.8.2.2 del Decreto 1077 de 2015: \u201ca regulaci\u00f3n de los estatutos, la definici\u00f3n de mayor\u00edas decisorias, los mecanismos de participaci\u00f3n y los sistemas internos de vigilancia y control, depender\u00e1n de la forma organizativa acogida y del r\u00e9gimen legal que le sea propio a cada GC, as\u00ed como de los acuerdos comunitarios que se convengan en su virtud con los asociados, usuarios y beneficiarios\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn93\"><\/a>[93] Por ejemplo, el art\u00edculo 2.3.8.1.3, numeral 1 del Decreto 1077 de 2015 prev\u00e9 como principio: \u201c<b><strong>Agua como bien com\u00fan y eje estructurante del territorio.\u00a0<\/strong><\/b>El agua debe ser gestionada a partir de los criterios de solidaridad, equidad, participaci\u00f3n y sostenibilidad, bas\u00e1ndose en procesos de gobernanza inclusiva y justicia social y ambiental que contribuyan a la consolidaci\u00f3n de territorios ordenados alrededor del agua, funcionales y orientados a la adaptabilidad al cambio clim\u00e1tico y la gesti\u00f3n del riesgo\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn94\"><\/a>[94] Art\u00edculo 2.3.8.2.2, par\u00e1grafo 1, del Decreto 1077 de 2015: \u201cSalvo regla legal especial, las alcald\u00edas municipales o distritales y las personer\u00edas municipales o distritales podr\u00e1n, de oficio o a solicitud de parte, hacer recomendaciones en cuanto al contenido de los acuerdos comunitarios y acompa\u00f1ar su efectiva aplicaci\u00f3n, con el fin de contribuir con la sostenibilidad del GC, la satisfacci\u00f3n de los derechos de los beneficiarios y la preservaci\u00f3n del medio ambiente\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn95\"><\/a>[95] Escrito de correcci\u00f3n de la demanda, pag.10.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn96\"><\/a>[96] Aunque el Decreto 960 de 2025, que subrog\u00f3 el libro 2, parte 3, t\u00edtulo 8, del Decreto 1077 de 2015, se promulg\u00f3 con posterioridad a la formulaci\u00f3n de la demanda de inconstitucionalidad, \u00e9ste solo reitera la lectura sistem\u00e1tica que ha propuesto la mayor\u00eda de los intervinientes, a saber, que los gestores comunitarios que prestan el servicio de agua y saneamiento b\u00e1sico est\u00e1n sometidos a las reglas contenidas en la Ley 142 de 1994 y normas complementarias.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn97\"><\/a>[97] Como ser\u00eda el caso del sistema de provisionamiento del agua, en los t\u00e9rminos del Decreto 1077 de 2015.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn98\"><\/a>[98] Escrito de la demanda, p. 11.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn99\"><\/a>[99] <em>Ibidem.<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn100\"><\/a>[100] Expediente D-16489, archivo \u201cEscrito de correcci\u00f3n de la demanda\u201d, pp. 15 y s.: \u201cLa excepci\u00f3n que plantea el numeral 4 del art\u00edculo 274 de la Ley 2294 de 2023, al permitir captaciones de agua sin concesi\u00f3n, va en contrav\u00eda de la planificaci\u00f3n ambiental e intervenci\u00f3n en el uso y aprovechamiento del recurso h\u00eddrico establecidos en la Constituci\u00f3n. Esto, impide al Estado llevar un registro adecuado del uso del recurso h\u00eddrico y prever los impactos acumulativos de m\u00faltiples captaciones, especialmente cuando se trata de peque\u00f1as regiones sensibles\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn101\"><\/a>[101] Al respecto, v\u00e9anse los art\u00edculos 2.2.3.4.1.1, 2.2.3.4.1.2, 2.2.3.5.1.3 y 2.2.3.5.1.10 del Decreto 1076 de 2015.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn102\"><\/a>[102] Corte Constitucional, sentencias C-378 de 2021 y C-461 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn103\"><\/a>[103] Corte Constitucional, sentencia C-081 de 2026.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TEMAS-SUBTEMAS \u00a0 Sentencia C-015\/26 &nbsp; INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ineptitud sustantiva de la demanda por desconocimiento del derecho al medio ambiente sano &nbsp; (&#8230;) la Sala encontr\u00f3 que part\u00eda una argumentaci\u00f3n sin un hilo conductor claro y de lecturas subjetivas, que se encaminaban a explicar cu\u00e1l es el mejor modelo para usar las aguas, mas [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[160],"tags":[],"class_list":["post-31646","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentencias-2026"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31646","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31646"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31646\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31647,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31646\/revisions\/31647"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31646"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31646"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31646"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}