{"id":31652,"date":"2026-11-17T12:48:41","date_gmt":"2026-11-17T17:48:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/?p=31652"},"modified":"2026-11-17T12:48:41","modified_gmt":"2026-11-17T17:48:41","slug":"c-026-26","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/c-026-26\/","title":{"rendered":"C-026-26"},"content":{"rendered":"<p><b><strong>TEMAS-SUBTEMAS<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>Sentencia C-026\/26<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>LICENCIAS PARENTALES<\/strong><\/b>-Parejas adoptantes pueden definir de com\u00fan acuerdo, con independencia de su g\u00e9nero, quien disfrutar\u00e1 de cada una de las licencias<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) la Sala estima que el remedio constitucional que procede consiste en declarar condicionalmente exequibles las expresiones \u201cla madre adoptante\u201d y \u201cel padre adoptante\u201d contenidas en el numeral 4 y el inciso segundo del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021, en el entendido de que la pareja adoptante, definir\u00e1 de com\u00fan acuerdo, por una sola vez, cu\u00e1l de ellos, con independencia de su g\u00e9nero, gozar\u00e1 de la licencia de maternidad y cu\u00e1l de la licencia de paternidad.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>LICENCIAS PARENTALES<\/strong><\/b>-Trato diferenciado injustificado entre parejas heteroparentales y homoparentales adoptantes<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) la Sala encuentra que el tratamiento diferencial otorgado a las parejas homo y heteroparentales adoptantes se fundamenta en estereotipos de g\u00e9nero que pueden resultar da\u00f1inos para quienes adoptan, el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente adoptado; y para la instituci\u00f3n familiar en su conjunto, raz\u00f3n por la cual el medio es manifiestamente inconducente y, de hecho, resulta contrario a la finalidad de garantizar la protecci\u00f3n, cuidado y crianza de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes adoptados y la igualdad de condiciones entre los miembros del hogar.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PRINCIPIO DE IGUALDAD<\/strong><\/b>-Vulneraci\u00f3n<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD<\/strong><\/b>-Requisitos formales y materiales<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) la demanda de inconstitucionalidad, de acuerdo con el Decreto 2067 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, deba someterse a exigencias de tipo formal y material, destinadas a la consolidaci\u00f3n de un verdadero problema de constitucionalidad.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR VULNERACION DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD<\/strong><\/b>-Requisitos en la carga argumentativa<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) la jurisprudencia constitucional ha determinado que, cuando se cuestiona una norma por violaci\u00f3n del principio de igualdad, el requisito de especificidad del cargo tambi\u00e9n exige que, adicionalmente, el demandante: (i) identifique los grupos o situaciones que, en su criterio, son comparables; (ii) explique las razones por las que los grupos o situaciones son comparables; (iii) precise cu\u00e1l es el trato diferencial que el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 o que fue introducido por la disposici\u00f3n acusada y, finalmente, (iv) destaque la raz\u00f3n por la cual, en su opini\u00f3n y con fundamento en el ordenamiento, el trato no est\u00e1 constitucionalmente justificado. Lo anterior se requiere en la medida en que la igualdad exige analizar el contexto relacional de los sujetos que se pretenden comparar, para lo cual, de manera consistente, esta corporaci\u00f3n ha acudido a su an\u00e1lisis a trav\u00e9s del juicio integrado de igualdad.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL<\/strong><\/b>-Requisitos para su configuraci\u00f3n<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) el fen\u00f3meno de cosa juzgada se configure se requieren tres elementos: (i) identidad del objeto, es decir, que se proponga estudiar el mismo contenido normativo de una proposici\u00f3n jur\u00eddica ya estudiada en una sentencia anterior; (ii) identidad de la causa petendi, esto es, que se presenten las mismas razones o cuestionamientos (esto incluye el referente constitucional o norma presuntamente vulnerada) analizados en ese fallo antecedente; e (iii) identidad del par\u00e1metro de control de constitucionalidad, que implica que no haya variado el patr\u00f3n normativo de control. Estos elementos son, en conjunto, condiciones necesarias y suficientes para declarar la cosa juzgada.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL<\/strong><\/b>-Inexistencia<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>INTEGRACION DE UNIDAD NORMATIVA<\/strong><\/b>-Eventos en que procede<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>INTEGRACION DE UNIDAD NORMATIVA<\/strong><\/b>-Configuraci\u00f3n<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) en el presente caso es necesario realizar una integraci\u00f3n de la unidad normativa por configurarse la tercera hip\u00f3tesis. De manera espec\u00edfica, el an\u00e1lisis de constitucionalidad al que se proceder\u00e1 no solo debe hacerse frente a la expresi\u00f3n demandada \u201cla madre adoptante\u201d, contenida en el art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021, sino que debe referirse, tambi\u00e9n, a la expresi\u00f3n \u201cel padre adoptante\u201d, incorporada en el inciso segundo del par\u00e1grafo 2 del mismo art\u00edculo, toda vez que la expresi\u00f3n cuestionada por los ciudadanos est\u00e1 intr\u00ednsecamente relacionada con esta \u00faltima.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACI\u00d3N<\/strong><\/b>-Contenido<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>La Corte Constitucional, dando alcance a la cl\u00e1usula de igualdad, ha precisado que esta tiene un triple rol en el ordenamiento jur\u00eddico: el de valor, el de principio y el de derecho y carece de un contenido material espec\u00edfico. Es decir que, a diferencia de otros principios constitucionales o derechos fundamentales, no protege ning\u00fan \u00e1mbito concreto de la esfera de la actividad humana, sino que puede ser alegado ante cualquier trato diferenciado injustificado. De ah\u00ed surge uno de los principales atributos que lo identifica: su car\u00e1cter relacional<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>DERECHO A LA IGUALDAD Y PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACION<\/strong><\/b>-Proh\u00edbe cualquier diferenciaci\u00f3n por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religi\u00f3n, opini\u00f3n pol\u00edtica o filos\u00f3fica, entre otras<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PRINCIPIO DE IGUALDAD<\/strong><\/b>-Protegido en los tratados internacionales<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>FORMAS DE DISCRIMINACION<\/strong><\/b>-Directa e indirecta<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>DISCRIMINACION POR SEXO<\/strong><\/b>-Jurisprudencia constitucional<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>ESTEREOTIPOS DE G\u00c9NERO<\/strong><\/b>-Clases<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>La jurisprudencia constitucional ha resaltado algunas clases de estereotipos de g\u00e9nero: (i) de sexo, los cuales est\u00e1n centrados en las diferencias f\u00edsicas y biol\u00f3gicas existentes entre hombres y mujeres; (ii) sexuales, que se refieren a la interacci\u00f3n sexual entre hombres y mujeres; (iii) roles de g\u00e9nero, estereotipos sobre los comportamientos atribuidos y esperados de hombres y mujeres a partir de construcciones sociales y culturales o sobre su f\u00edsico, y (iv) compuestos, que son estereotipos que interact\u00faan con otros estereotipos de g\u00e9nero atribuyendo roles o caracter\u00edsticas a grupos diversos.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>ESTEREOTIPOS DE G\u00c9NERO<\/strong><\/b>-Proscripci\u00f3n en la Constituci\u00f3n y en el bloque de constitucionalidad<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) los estereotipos de g\u00e9nero no son simples ideales sociales, sino estructuras normativas y simb\u00f3licas que legitiman desigualdades materiales que perpet\u00faan roles tradicionales y reproducen relaciones de subordinaci\u00f3n y dependencia. Por ello, conforme al marco constitucional y a los compromisos internacionales adquiridos, el Estado tiene el deber de adoptar medidas adecuadas para eliminar del ordenamiento jur\u00eddico disposiciones que legitimen par\u00e1metros contrarios a la igualdad de la mujer, lo cual incluye la obligaci\u00f3n de modificar o adecuar disposiciones legislativas que la desconozcan y que legitimen la violencia y los actos de discriminaci\u00f3n por su constituci\u00f3n biol\u00f3gica o que deriven de estereotipos de g\u00e9nero. Lo anterior con el prop\u00f3sito de transformar las estructuras culturales y normativas que perpet\u00faan la discriminaci\u00f3n por razones del sexo y el g\u00e9nero.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>DERECHO FUNDAMENTAL AL CUIDADO<\/strong><\/b>-Alcance y contenido<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>DERECHO FUNDAMENTAL AL CUIDADO<\/strong><\/b>-Normatividad nacional e internacional<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>DERECHO FUNDAMENTAL AL CUIDADO<\/strong><\/b>-Fases<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>DERECHO FUNDAMENTAL AL CUIDADO<\/strong><\/b>-Aplicaci\u00f3n de los principios de corresponsabilidad y proporcionalidad en la distribuci\u00f3n de las labores de cuidado<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>LICENCIA PARENTAL<\/strong><\/b>-Finalidad<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Las licencias parentales se conceden a los afiliados cotizantes al sistema con la finalidad de que, durante un tiempo determinado, puedan percibir ingresos pese a no estar trabajando debido a la necesidad que tienen de atender obligaciones familiares relacionadas con la llegada de un nuevo hijo al hogar. En tal sentido, operan como un sustituto del salario o los ingresos para que estos puedan dedicar el tiempo que usualmente dedican al trabajo para responder a las condiciones relacionadas con el nacimiento de un hijo o, alternativamente, al proceso de adaptaci\u00f3n de este al n\u00facleo familiar, esto \u00faltimo en el caso de la adopci\u00f3n.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>LICENCIA PARENTAL COMPARTIDA<\/strong><\/b>-Marco normativo<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>LICENCIA PARENTAL<\/strong><\/b>-Acceso por familias diversas<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>LICENCIA DE MATERNIDAD<\/strong><\/b>-Importancia del reconocimiento y pago de la licencia como medio de protecci\u00f3n de la madre y del reci\u00e9n nacido<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) la jurisprudencia constitucional ha reconocido como deber del Estado proteger integralmente a las mujeres y otras personas gestantes y lactantes, as\u00ed como de adoptar medidas que aseguren condiciones dignas durante el embarazo, el parto y el posparto. Adem\u00e1s, de acuerdo con la cl\u00e1usula de igualdad y no discriminaci\u00f3n por razones de sexo, la Corte Constitucional determin\u00f3 que a la persona embarazada no solo se le protege su derecho a trabajar, sino a no ser despedida por su condici\u00f3n y a obtener el pago de una licencia en pre y postparto.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>LICENCIA DE PATERNIDAD REMUNERADA<\/strong><\/b>-Finalidad<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>La licencia de paternidad est\u00e1 dirigida a todas las personas que ejerzan el rol de padres, ya sean biol\u00f3gicos o adoptantes. Adem\u00e1s, permite (i) afianzar las relaciones paternofiliales; (ii) fortalece el compromiso efectivo del padre en el ejercicio de su paternidad dentro de un entorno que favorezca el pleno desarrollo f\u00edsico y emocional de la ni\u00f1a o el ni\u00f1o, y (iii) garantiza su participaci\u00f3n en la distribuci\u00f3n de las responsabilidades familiares al interior del hogar, con el fin de equilibrar las cargas que hist\u00f3ricamente han reca\u00eddo de manera desproporcionada sobre la mujer. En este sentido, esta licencia constituye una herramienta para promover el principio de igualdad y no discriminaci\u00f3n, y materializa el deber de corresponsabilidad en las tareas de cuidado, al reconocer que estas deben ser asumidas de manera conjunta y equitativa por ambos progenitores.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>NI\u00d1OS Y NI\u00d1AS COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION E INTERES SUPERIOR DEL MENOR<\/strong><\/b>-Protecci\u00f3n y prevalencia de sus derechos sobre los derechos de los dem\u00e1s<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes son sujetos de derechos que gozan de una protecci\u00f3n reforzada debido a su edad y particular situaci\u00f3n de vulnerabilidad. En virtud del principio del inter\u00e9s superior, el Estado debe adoptar normas, pol\u00edticas y medidas que garanticen su bienestar, su desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho al cuidado. Este \u00faltimo implica que, para hacerlo efectivo, es indispensable asegurar que las familias cuenten con las condiciones materiales, laborales y sociales necesarias para brindarles atenci\u00f3n, amor y acompa\u00f1amiento.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PRINCIPIO DEL INTER\u00c9S SUPERIOR DEL MENOR<\/strong><\/b>-Derecho a tener una familia y adopci\u00f3n como medida de protecci\u00f3n<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>JUICIO ESTRICTO DE IGUALDAD<\/strong><\/b>-Aplicaci\u00f3n<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>SENTENCIA CONDICIONADA<\/strong><\/b>-Aplicaci\u00f3n<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>REP\u00daBLICA DE COLOMBIA<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>CORTE CONSTITUCIONAL<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>SENTENCIA C-026 DE 2026<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Referencia: <\/strong><\/b>expediente D-16.635<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Asunto<\/strong><\/b>: demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 4 (parcial) del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021, \u201cpor medio de la cual se ampl\u00eda la licencia de paternidad, se crea la licencia parental compartida, la licencia parental flexible de tiempo parcial, se modifica el art\u00edculo 236 y se adiciona el art\u00edculo 241A del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, y se dictan otras disposiciones\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Demandantes<\/strong><\/b>: Andr\u00e9s Ricardo Gonz\u00e1lez Toloza y otros.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Tema:<\/strong><\/b> licencias parentales en caso de adopci\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Magistrada ponente: <\/strong><\/b>Lina Marcela Escobar Mart\u00ednez.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintis\u00e9is (2026).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y tr\u00e1mites establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, ha proferido la siguiente<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>SENTENCIA<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>S\u00cdNTESIS DE LA DECISI\u00d3N<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p>La Sala Plena de la Corte Constitucional estudi\u00f3 una demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 4 (parcial) del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021, \u201cpor medio de la cual se ampl\u00eda la licencia de paternidad, se crea la licencia parental compartida, la licencia parental flexible de tiempo parcial, se modifica el art\u00edculo 236 y se adiciona el art\u00edculo 241A del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, y se dictan otras disposiciones\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>De acuerdo con los accionantes, la expresi\u00f3n \u201cla madre adoptante\u201d contenida en dicha disposici\u00f3n resultaba contraria al principio de igualdad incorporado en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. En tal sentido, reprocharon que, en el caso de las parejas heteroparentales adoptantes, el texto normativo objeto de censura asignaba de manera autom\u00e1tica, y con base en estereotipos de g\u00e9nero, la licencia de maternidad a la madre adoptante, sin que la pareja pudiese elegir cu\u00e1l de sus integrantes acceder\u00eda a dicha prestaci\u00f3n. Adicionalmente, indicaron que la situaci\u00f3n anterior daba lugar a un tratamiento desigual de estas parejas en relaci\u00f3n con las del mismo sexo adoptantes, a las cuales, en la Sentencia C-415 de 2022, se les permiti\u00f3 elegir, por una \u00fanica vez, cu\u00e1l de sus miembros acceder\u00eda a cada una de las licencias parentales.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En consecuencia, los demandantes solicitaron que se declarara condicionalmente exequible el aparte de la disposici\u00f3n acusada \u201cbajo el entendido que se incluya tambi\u00e9n al padre adoptante atendiendo a las garant\u00edas establecidas en la ley. Permiti\u00e9ndosele a la familia heteroparental adoptante elegir quien ejercer\u00e1 cada prestaci\u00f3n, tal como lo hace la familia homoparental adoptante\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Antes de abordar el fondo del asunto, la Corte Constitucional analiz\u00f3 tres cuestiones previas. <em>Primero<\/em>, la Sala Plena examin\u00f3 el cargo por violaci\u00f3n del principio de igualdad formulado en la demanda, cuya aptitud fue cuestionada por la Defensor\u00eda del Pueblo por presuntamente incumplir el requisito de certeza, y determin\u00f3 que este cumpl\u00eda con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia. <em>Segundo<\/em>, estableci\u00f3 que las sentencias C-415 de 2022 y C-324 de 2023 hicieron tr\u00e1nsito a cosa juzgada relativa impl\u00edcita, lo que no imped\u00eda un pronunciamiento de fondo porque el cargo analizado en esta ocasi\u00f3n era distinto en su <em>causa petendi<\/em> al abordado en dichas providencias. Y, <em>tercero<\/em>, estim\u00f3 necesario efectuar una integraci\u00f3n de la unidad normativa entre la frase demandada y la expresi\u00f3n \u201cel padre adoptante\u201d, incorporada en el inciso segundo del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Sala Plena formul\u00f3 el problema jur\u00eddico a resolver en los siguientes t\u00e9rminos: \u00bflas expresiones \u201cla madre adoptante\u201d y \u201cel padre adoptante\u201d contenidas en el numeral 4, y en el inciso segundo del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021, respectivamente, vulneran el principio de igualdad contemplado en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica al: (i) negarle la posibilidad a la pareja heteroparental adoptante de elegir cu\u00e1l de ellos acceder\u00e1 a cada una de las licencias parentales, en contraste con lo que ocurre en el caso de las parejas del mismo sexo que adoptan y (ii) al asignar de manera autom\u00e1tica a los miembros de la pareja de distinto sexo adoptante las correspondientes licencias parentales con base en criterios de g\u00e9nero espec\u00edficos?<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Para resolver el problema jur\u00eddico planteado, la Sala: (i) reiter\u00f3 la jurisprudencia sobre el principio de igualdad y no discriminaci\u00f3n, especialmente sobre la prohibici\u00f3n de discriminar por razones de sexo y orientaci\u00f3n sexual; (ii) se pronunci\u00f3 sobre la incompatibilidad de las normas que asignan beneficios o cargas sociales con base en estereotipos de g\u00e9nero con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el bloque de constitucionalidad; (iii) abord\u00f3 el derecho fundamental al cuidado, la igualdad y la corresponsabilidad familiar en su ejercicio, as\u00ed como la persistente desigualdad en la distribuci\u00f3n de las labores dom\u00e9sticas entre hombres y mujeres; (iv) analiz\u00f3 la regulaci\u00f3n de las licencias parentales en el ordenamiento jur\u00eddico interno, y (v) reiter\u00f3 su jurisprudencia sobre el inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, sus derechos al cuidado y a tener una familia, y la adopci\u00f3n como medida de protecci\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Al descender al caso concreto, la Sala Plena precis\u00f3 las hip\u00f3tesis normativas y los contornos del debate constitucional. A continuaci\u00f3n, aplic\u00f3 un test estricto de igualdad y concluy\u00f3 que, en efecto, el condicionamiento efectuado por esta Corte en la Sentencia C-415 de 2022, en conjunci\u00f3n con el texto del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021, inadvertidamente dieron lugar a un tratamiento jur\u00eddico diferencial injustificado entre parejas homo y heteroparentales adoptantes, en relaci\u00f3n con la posibilidad de elegir cu\u00e1l de sus integrantes acceder\u00eda a las licencias de maternidad y paternidad, lo que resultaba contrario al principio de igualdad establecido en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Adicionalmente, dichas expresiones tambi\u00e9n desconocieron el principio de igualdad porque efectuaban una asignaci\u00f3n autom\u00e1tica de las licencias parentales en el caso de parejas adoptantes de distinto sexo con base en estereotipos de g\u00e9nero prescriptivos, en especial, aquellos que imponen a las mujeres la carga principal de cuidado en relaci\u00f3n con la crianza de los hijos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Como consecuencia de todo lo anterior, la Sala declar\u00f3 exequibles las expresiones \u201cla madre adoptante\u201d y \u201cel padre adoptante\u201d contenidas en el numeral 4 y el inciso segundo del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021, respectivamente, en el entendido de que la pareja adoptante, definir\u00e1 de com\u00fan acuerdo, por una sola vez, cu\u00e1l de ellos, con independencia de su g\u00e9nero, gozar\u00e1 de la licencia de maternidad y cu\u00e1l de la licencia de paternidad.<\/p>\n<p>Tabla de contenido<\/p>\n<ol>\n<li>ANTECEDENTES<\/li>\n<li>NORMA DEMANDADA<\/li>\n<\/ol>\n<p>III. LA DEMANDA<\/p>\n<ol>\n<li>INTERVENCIONES<\/li>\n<li>Ministerio de la Igualdad y Equidad<\/li>\n<li>Semillero de Derecho Internacional y de los Derechos Humanos Antonio Augusto Can\u00e7ado Trindade de la Universidad Cat\u00f3lica de Colombia<\/li>\n<li>Cl\u00ednica Jur\u00eddica de la Escuela de Derecho y Ciencias Pol\u00edticas de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medell\u00edn<\/li>\n<li>Instituto Colombiano de Bienestar Familiar<\/li>\n<li>Programa de Acci\u00f3n por la Igualdad y la Inclusi\u00f3n Social (PAIIS) del Consultorio Jur\u00eddico de la Universidad de los Andes y Temblores ONG<\/li>\n<li>Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogot\u00e1<\/li>\n<li>Facultad de Derecho y Ciencias Pol\u00edticas de la Universidad del Valle<\/li>\n<li>Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social<\/li>\n<li>Defensor\u00eda del Pueblo<\/li>\n<li>CONCEPTO DE LA PROCURADUR\u00cdA GENERAL DE LA NACI\u00d3N<\/li>\n<li>CONSIDERACIONES<\/li>\n<li>Competencia<\/li>\n<li>Presentaci\u00f3n del caso<\/li>\n<li>Cuestiones previas<\/li>\n<\/ol>\n<p>3.1. Primera cuesti\u00f3n previa: la demanda cumple con los requisitos necesarios para su admisi\u00f3n<\/p>\n<p>3.2. Segunda cuesti\u00f3n previa: sobre la cosa juzgada constitucional respecto del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 2114 de 2021<\/p>\n<p>3.3. Tercera cuesti\u00f3n previa: integraci\u00f3n de la unidad normativa<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>Planteamiento del problema jur\u00eddico y metodolog\u00eda de la decisi\u00f3n<\/li>\n<li>El principio de igualdad y la prohibici\u00f3n de discriminaci\u00f3n. Reiteraci\u00f3n de jurisprudencia<\/li>\n<\/ol>\n<p>5.1. La prohibici\u00f3n de discriminaci\u00f3n en raz\u00f3n del sexo, el g\u00e9nero y la orientaci\u00f3n sexual<\/p>\n<p>5.2. Incompatibilidad de las normas que se basan en estereotipos de g\u00e9nero con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el bloque de constitucionalidad<\/p>\n<p>5.3. El derecho fundamental al cuidado<\/p>\n<p><em>Desigualdad en la distribuci\u00f3n de las labores de cuidado no remunerado en el hogar.<\/em><\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>Las licencias parentales en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano<\/li>\n<li>El inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, sus derechos al cuidado y a tener una familia y la adopci\u00f3n como medida de protecci\u00f3n<\/li>\n<\/ol>\n<p>7.1. El inter\u00e9s superior de la ni\u00f1ez y su derecho al cuidado<\/p>\n<p>7.2. El derecho a tener una familia y la adopci\u00f3n como medida de protecci\u00f3n<\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li>Soluci\u00f3n del problema jur\u00eddico. Las expresiones objeto de control constitucional desconocen el principio de igualdad<\/li>\n<\/ol>\n<p>8.1. Hip\u00f3tesis normativas y contornos del presente debate constitucional<\/p>\n<p>8.2. El condicionamiento efectuado por esta Corte en la Sentencia C-415 de 2022, en conjunci\u00f3n con el texto del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021, dieron lugar a un tratamiento jur\u00eddico diferencial e injustificado entre parejas heteroparentales y homoparentales adoptantes en materia de posibilidad de elecci\u00f3n sobre el acceso de sus miembros a las licencias parentales, el cual no supera el test integrado de igualdad<\/p>\n<ol start=\"9\">\n<li>Remedio constitucional a adoptar<\/li>\n<\/ol>\n<p>VII. DECISI\u00d3N<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1><a name=\"_Toc224553729\"><\/a>I. ANTECEDENTES<\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>En ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica prevista en el art\u00edculo 241.4 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, Andr\u00e9s Ricardo Gonz\u00e1lez Toloza y otros<a name=\"_ftnref1\"><\/a>[1] demandaron el numeral 4 (parcial) del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021, \u201cpor medio de la cual se ampl\u00eda la licencia de paternidad, se crea la licencia parental compartida, la licencia parental flexible de tiempo parcial, se modifica el art\u00edculo 236 y se adiciona el art\u00edculo 241A del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, y se dictan otras disposiciones\u201d, por considerar que vulnera el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Inicialmente, la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad fue inadmitida mediante el Auto de 8 de julio de 2025<a name=\"_ftnref2\"><\/a>[2]. Corregida la demanda, mediante Auto del 25 de julio de 2025, se admiti\u00f3<a name=\"_ftnref3\"><\/a>[3] y se orden\u00f3 (i) correr traslado al Procurador General de la Naci\u00f3n; (ii) fijar en lista la disposici\u00f3n acusada; (iii) comunicar\u00a0el inicio\u00a0del tr\u00e1mite al presidente de la Rep\u00fablica, al presidente del Congreso, a los ministros de Justicia y del Derecho, de Salud y Protecci\u00f3n Social y del Trabajo, as\u00ed como al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. De igual forma, (iv) invit\u00f3 a participar a distintas instituciones y organizaciones, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 13 del Decreto 2067 de 1991, para que emitieran concepto sobre la constitucionalidad de la norma<a name=\"_ftnref4\"><\/a>[4].<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Una vez cumplidos los tr\u00e1mites previstos en el art\u00edculo 242 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en el Decreto Ley 2067 de 1991, la Corte procede a resolver sobre la demanda de la referencia.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<h1><a name=\"_Toc224553730\"><\/a>II. NORMA DEMANDADA<\/h1>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u201cLEY 2114 DE 2021<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>(Julio 29)<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>Diario Oficial N\u00b0 51.750 de 29 de julio de 2021<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong><em>\u2018Por medio de la cual se ampl\u00eda la licencia de paternidad, se crea la licencia parental compartida, la licencia parental flexible de tiempo parcial, se modifica el art\u00edculo<\/em><\/strong><\/b><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><a href=\"https:\/\/www.funcionpublica.gov.co\/eva\/gestornormativo\/norma.php?i=33104#236\">236\u00a0<\/a><b><strong><em> y se adiciona el art\u00edculo\u00a0<\/em><\/strong><\/b><a href=\"https:\/\/www.funcionpublica.gov.co\/eva\/gestornormativo\/norma.php?i=33104#241A\">241a<\/a><b><strong><em> del c\u00f3digo sustantivo del trabajo, y se dictan otras disposiciones\u2019<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>(\u2026)<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>Art\u00edculo 2\u00b0 Modif\u00edquese el art\u00edculo 236 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>Art\u00edculo 236: Licencia en \u00e9poca del parto e incentivos para la adecuada atenci\u00f3n y cuidado del reci\u00e9n nacido. Art\u00edculo modificado por el art\u00edculo 1 de la Ley 1822 de 2017.<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>(\u2026)<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><b> <\/b>Todas las provisiones y garant\u00edas establecidas en la presente ley para la madre biol\u00f3gica se hacen extensivas en los mismos t\u00e9rminos y en cuanto fuere procedente a <b><strong><em><u>la madre adoptante<\/u><\/em><\/strong><\/b>, o al padre que quede a cargo del reci\u00e9n nacido sin apoyo de la madre, sea por enfermedad, abandono o muerte, asimilando la fecha del parto a la de la entrega oficial del menor que se ha adoptado, o del que adquiere custodia justo despu\u00e9s del nacimiento. En ese sentido, la licencia materna se extiende al padre en caso de fallecimiento, abandono o enfermedad de la madre, el empleador del padre del ni\u00f1o le conceder\u00e1 una licencia de duraci\u00f3n equivalente al tiempo que falta para expirar el periodo de la licencia posterior al parto concedida a la madre\u201d. (\u00e9nfasis a\u00f1adido).<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1><a name=\"_Toc224553731\"><\/a><b><strong>III. LA DEMANDA<\/strong><\/b><a name=\"_ftnref5\"><\/a>[5]<\/h1>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>Los accionantes demandaron la expresi\u00f3n \u201cla madre adoptante\u201d incorporada en el numeral 4 del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021, al considerar que vulnera el principio de igualdad, consagrado en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica<a name=\"_ftnref6\"><\/a>[6]. A juicio de los demandantes, la norma genera una desigualdad injustificada debido a que impide a las parejas heteroparentales adoptantes<a name=\"_ftnref7\"><\/a>[7] elegir, de manera libre, cu\u00e1l de sus miembros acceder\u00e1 a la licencia de maternidad, puesto que, de manera autom\u00e1tica, la ley ordena que la madre adoptante gozar\u00e1 de dicha licencia, mientras que el padre adoptante solo podr\u00e1 beneficiarse de esta en circunstancias excepcionales (muerte, abandono o enfermedad de la madre). Esta asignaci\u00f3n, aducen, se fundamenta en estereotipos de g\u00e9nero en materia de la distribuci\u00f3n de obligaciones de cuidado entre hombres y mujeres.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>As\u00ed mismo, los actores se\u00f1alaron que, a diferencia de las familias heteroparentales adoptantes, la Sentencia C-415 de 2022 les otorg\u00f3 la facultad a las parejas homoparentales adoptantes<a name=\"_ftnref8\"><\/a>[8] de definir, por una \u00fanica vez, cual de sus integrantes gozar\u00e1 de cada prestaci\u00f3n (licencia parental de maternidad o de paternidad). En todo caso, limitaron el alcance de la demanda. En ese sentido, advirtieron que esta \u201cse centra exclusivamente en las familias heteroparentales adoptantes, por lo que no incluye a las familias monoparentales adoptantes, ya que, conforme a lo establecido en la ley, en estos casos, la licencia corresponder\u00e1 directamente al \u00fanico padre, madre o el que conforma la familia monoparental\u201d<a name=\"_ftnref9\"><\/a>[9].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>De acuerdo con los accionantes, la Corte Constitucional ha acogido una interpretaci\u00f3n amplia y progresiva del concepto de familia, en la que ha precisado que esta no solo se limita a un \u201c\u00fanico modelo tradicional\u201d, sino que es una comunidad de personas emparentadas entre s\u00ed por v\u00ednculos naturales o jur\u00eddicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad<a name=\"_ftnref10\"><\/a>[10]. Igualmente, destacan que la Corte ha reconocido distintas modalidades de familia (homoparentales, heteroparentales, familias de crianza, etc.), las cuales merecen igual protecci\u00f3n jur\u00eddica por parte del Estado.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li>Para sustentar el cargo, los demandantes se refirieron al test de igualdad, metodolog\u00eda que exige un <em>tertium comparationis<\/em> o punto de referencia v\u00e1lido, que permita determinar si existe un tratamiento diferenciado entre sujetos que se encuentran en situaciones equiparables. Frente a esto, recordaron que, en la Sentencia C-415 de 2022, la Corte expres\u00f3 que las parejas del mismo sexo y aquellas de distinto sexo cumplen roles de cuidado id\u00e9nticos, por lo que, en casos de adopci\u00f3n, ambos tipos de familia son asimilables.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li>En virtud de lo anterior, explicaron que mientras en las familias heteroparentales adoptantes \u201cel g\u00e9nero determina el rol\u201d, en las homoparentales prima la decisi\u00f3n voluntaria. Lo anterior, de acuerdo con los actores, lleva a que se perpet\u00faen roles de g\u00e9nero particulares en la familia heteroparental, en contraste con las familias homoparentales, en las que se \u201cpromueve equidad\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"9\">\n<li>De igual forma, aseguran que la disposici\u00f3n acusada restringe la autonom\u00eda de las parejas adoptantes de distinto sexo cuando se les compara con las parejas conformadas por personas del mismo sexo que adoptan, lo que implica que, mientras que en el primer caso la norma condiciona la estructura familiar, en el segundo se protege su pluralidad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"10\">\n<li>En esa misma l\u00ednea, los demandantes sostienen que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los estereotipos de g\u00e9nero constituyen formas sutiles, pero profundamente arraigadas de discriminaci\u00f3n, que perpet\u00faan desigualdades materiales al asignar roles diferenciados a hombres y mujeres. De ah\u00ed que el Estado tenga el deber de intervenir para corregir dichas desigualdades y garantizar la igualdad real y efectiva. En consecuencia, todas las medidas legislativas que busquen regular la distribuci\u00f3n de los roles familiares deben promover la corresponsabilidad entre los g\u00e9neros y evitar la reproducci\u00f3n de modelos tradicionales basados en presupuestos biol\u00f3gicos<a name=\"_ftnref11\"><\/a>[11].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"11\">\n<li>En dicho sentido, precisaron que es necesario entender que la divisi\u00f3n de trabajo y roles de crianza no pueden \u201cmantenerse bajo las pr\u00e1cticas derivadas de un modelo patriarcal, sino que deben resultar conformes a la evoluci\u00f3n y a los patrones culturales de una sociedad actual, m\u00e1s igualitaria, pues la econom\u00eda del cuidado es responsabilidad de todas las personas\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"12\">\n<li>Entonces, para los accionantes, como el mandato de igualdad sustantiva que se deriva del art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n implica eliminar las barreras estructurales y patrones socioculturales que han generado formas de discriminaci\u00f3n hist\u00f3rica, solicitan que, en virtud de este, se haga extensivo el est\u00e1ndar de protecci\u00f3n acogido en la Sentencia C-415 de 2022 para las parejas del mismo sexo. Es decir, que se les permita a las parejas heteroparentales que adopten elegir al cuidador principal del hijo adoptivo, el cual recibir\u00eda acceso a la licencia parental de maternidad, pues ninguno de los padres ostenta un v\u00ednculo biol\u00f3gico con este \u201cy ambos se encuentran en id\u00e9nticas condiciones jur\u00eddicas frente a sus deberes y derechos parentales\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"13\">\n<li>En ese sentido, argumentan que no existe una justificaci\u00f3n constitucional admisible que permita una distinci\u00f3n en el trato entre familias hetero y homo parentales adoptantes en el marco de los roles parentales. Por tanto, para los demandantes, el tratamiento normativo determinado en el numeral 4 del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021 constituye una forma de discriminaci\u00f3n que excluye \u201cla posibilidad de que el cuidado del menor sea asumido por quien, dentro de la familia, se encuentre mejor capacitado o disponible para garantizar su desarrollo integral\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"14\">\n<li>En consecuencia, los demandantes solicitan que se declare condicionalmente exequible el aparte de la disposici\u00f3n acusada \u201cbajo el entendido que se incluya tambi\u00e9n al padre adoptante atendiendo a las garant\u00edas establecidas en la ley. Permiti\u00e9ndoseles a la familia heteroparental adoptante elegir quien ejercer\u00e1 cada prestaci\u00f3n, tal como lo hace la familia homoparental adoptante\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"15\">\n<li>Finalmente, los actores afirman que, desde una perspectiva puramente formalista, podr\u00eda parecer que existe cosa juzgada debido a que la Corte Constitucional estudi\u00f3 la constitucionalidad de la norma demandada mediante las sentencias C-415 de 2022 y C-324 de 2023. No obstante, \u201cal realizar un an\u00e1lisis material de la <em>ratio decidendi<\/em> de los fallos y de los cargos formulados en la presente demanda, se concluye que no se configura cosa juzgada aplicable al caso concreto\u201d. En todo caso, se\u00f1alan que, de estimarse su existencia, ser\u00eda relativa, motivo por lo que la Corte se podr\u00eda pronunciar de fondo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"16\">\n<li>Para sustentar lo anterior, indican los demandantes que el objeto de la Sentencia C-415 de 2022 y C-324 de 2023 fue espec\u00edfico y limitado, en la medida en que la primera sentencia se circunscribi\u00f3 a \u201cdeterminar la exclusi\u00f3n de las parejas adoptantes del mismo sexo del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la norma\u201d y, la segunda, se limit\u00f3 a determinar \u201csi el uso del lenguaje \u2018mujer\u2019, \u2018madre\u2019 y \u2018trabajadora\u2019 en el precepto demandado desconoce la identidad de g\u00e9nero y, por ende, la igualdad de las personas trans y no binarias\u201d. Estos objetos demuestran que las sentencias referidas \u201cno abordaron la regla de asignaci\u00f3n autom\u00e1tica de la licencia a la madre adoptante en las familias heteroparentales, aspecto que es precisamente el objeto de la presente demanda\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1><a name=\"_Toc224553732\"><\/a>IV. INTERVENCIONES<\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"17\">\n<li>Durante el t\u00e9rmino de fijaci\u00f3n en lista, se recibieron 9 escritos respecto de la constitucionalidad de la norma demandada. De estos, 7 son conceptos t\u00e9cnicos<a name=\"_ftnref12\"><\/a>[12] remitidos en respuesta al auto admisorio de la demanda y 2 son intervenciones<a name=\"_ftnref13\"><\/a>[13]. Adem\u00e1s, se recibi\u00f3 el concepto de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Tabla 1<\/strong><\/b><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"589\"><b><strong>Solicitudes de los conceptos e intervenciones<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"294\"><b><strong>Postura<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"294\"><b><strong>Instituci\u00f3n o entidad<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"9\" width=\"294\">&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>Exequibilidad condicionada<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"294\">Ministerio de Igualdad y Equidad<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"294\">Universidad Cat\u00f3lica de Colombia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"294\">Universidad Pontificia Bolivariana<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"294\">Instituto Colombiano de Bienestar Familiar<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"294\">PAIIS y ONG Temblores<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"294\">Universidad Libre de Colombia &#8211; ITVC<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"294\">Facultad de Derecho y Ciencia Pol\u00edtica Universidad del Valle<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"294\">Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"294\">Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"294\"><b><strong>Inhibici\u00f3n<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"294\">Defensor\u00eda del Pueblo<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Fuente: e<em>laboraci\u00f3n propia con base en la informaci\u00f3n del expediente D-16635.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"18\">\n<li>Seg\u00fan se puede apreciar, del total de escritos recibidos, 9 consideraron que el cargo \u00fanico formulado por los demandantes deb\u00eda prosperar, al estimar que la disposici\u00f3n demandada asigna de manera autom\u00e1tica la licencia de maternidad a la madre adoptante en parejas heteroparentales, con fundamento en una concepci\u00f3n<b><strong>biologicista<\/strong><\/b>\u00a0del cuidado. Tal enfoque, seg\u00fan se\u00f1alaron, reproduce estereotipos de g\u00e9nero negativos basados en roles familiares y de sexo, perpet\u00faa la desigualdad hist\u00f3rica en la distribuci\u00f3n de las responsabilidades de cuidado entre hombres y mujeres, y desconoce el principio de igualdad sustantiva y autonom\u00eda familiar. En consecuencia, solicitaron a la Corte declarar la\u00a0<b><strong>exequibilidad condicionada<\/strong><\/b>\u00a0de la norma demandada, en el entendido de que la licencia de maternidad pueda reconocerse a cualquiera de los adoptantes, seg\u00fan lo acuerden entre ellos, por una \u00fanica vez.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"19\">\n<li>En contraste, la Defensor\u00eda del Pueblo consider\u00f3 que la Corte deb\u00eda declararse inhibida, al considerar que la demanda era inepta por incumplir el requisito de certeza, puesto que los demandantes se basan en escenarios que no son reales y porque la Sentencia C-415 de 2022 se pronunci\u00f3 sobre la norma demandada y estableci\u00f3 una interpretaci\u00f3n amplia que abarca el supuesto f\u00e1ctico los demandantes consideran inconstitucional.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"20\">\n<li>A continuaci\u00f3n, se presenta el contenido de los escritos recibidos.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc224553733\"><\/a>1. Ministerio de la Igualdad y Equidad<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"21\">\n<li>El jefe de la Oficina Jur\u00eddica de la entidad<a name=\"_ftnref14\"><\/a>[14] conceptu\u00f3 que, en efecto, la norma demandada impone un trato desigual a las familias heteroparentales y homoparentales adoptantes en el acceso a las licencias parentales. Por ello, solicit\u00f3 a la Corte Constitucional que declarara la exequibilidad condicionada del art\u00edculo 2, numeral 4 de la Ley 2114 de 2021, bajo el entendido de que todas las familias adoptantes, \u201csin distinci\u00f3n por orientaci\u00f3n sexual o composici\u00f3n, puedan decidir libremente quien asume el fuero de maternidad y las licencias parentales, conforme a criterios de idoneidad, disponibilidad y corresponsabilidad\u201d. De esta manera, seg\u00fan la entidad, se avanza hacia una legislaci\u00f3n m\u00e1s inclusiva, justa y respetuosa de la diversidad familiar.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"22\">\n<li>Para sustentar su solicitud, el ministerio, <em>en primer lugar<\/em>, se\u00f1al\u00f3 que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las diferencias normativas deben fundarse en factores relevantes y el Estado debe eliminar estereotipos de g\u00e9nero en la asignaci\u00f3n de roles parentales, como, por ejemplo, reconociendo que el cuidado no es un rol exclusivo de las mujeres. No obstante, la norma demandada establece un trato diferenciado entre las familias adoptantes que no responde a criterios constitucionalmente v\u00e1lidos.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"23\">\n<li>A su juicio, la asignaci\u00f3n autom\u00e1tica de la licencia de maternidad a la madre adoptante en parejas heteroparentales es una medida regresiva que perpet\u00faa una visi\u00f3n biologicista del cuidado. Lo anterior, en la medida en que parte de la presunci\u00f3n de que la mujer, por su g\u00e9nero, debe asumir el rol de cuidadora principal. Por tanto, se invisibiliza la capacidad de los hombres adoptantes para ejercer el cuidado primario y refuerza la distribuci\u00f3n basada en estereotipos de g\u00e9nero. Adem\u00e1s, impide que los hombres que est\u00e1n en mejores condiciones para ejercer el cuidado del adoptado puedan asumirlo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"24\">\n<li>Por tanto, el ministerio afirma que la norma demandada perpet\u00faa estereotipos de g\u00e9nero, al imponer una estructura r\u00edgida de roles que limita la autonom\u00eda familiar. Dicho trato, entonces, desconoce no solo la prohibici\u00f3n de discriminaci\u00f3n arbitraria dispuesta en el art\u00edculo 24 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos sino, a su vez, la Opini\u00f3n Consultiva 24 de 2017 de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reconoce que estos dos tipos de familias deben gozar de \u201cigual dignidad y derechos\u201d<a name=\"_ftnref15\"><\/a>[15].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"25\">\n<li><em>En segundo lugar<\/em>, la entidad sostuvo que la disposici\u00f3n demandada incurre en una omisi\u00f3n legislativa relativa al no extender las consecuencias jur\u00eddicas de la norma a casos equivalentes. As\u00ed, al excluir a la familia heteroparental adoptante de la elecci\u00f3n del tipo de licencia, se vulnera el principio de igualdad (art. 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica) y el deber del legislador de garantizar un trato equitativo a sujetos en condiciones jur\u00eddicas similares, dado que, en ambos casos, se trata de personas que no tienen un v\u00ednculo biol\u00f3gico con el hijo adoptivo. Por tanto, se excluye al padre heterosexual adoptante de manera injustificada de la opci\u00f3n de elegir la licencia de maternidad<a name=\"_ftnref16\"><\/a>[16].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc224553734\"><\/a>2. Semillero de Derecho Internacional y de los Derechos Humanos Antonio Augusto Can\u00e7ado Trindade de la Universidad Cat\u00f3lica de Colombia<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"26\">\n<li>Los integrantes del semillero de Derecho Internacional y de los Derechos Humanos Antonio Augusto Can\u00e7ado Trindade de la Universidad Cat\u00f3lica de Colombia<a name=\"_ftnref17\"><\/a>[17] solicitaron que la norma demandada se declare condicionalmente exequible, bajo el entendido de que \u201cla licencia de paternidad en casos de adopci\u00f3n no podr\u00e1 condicionarse a la ausencia de la madre adoptante, sino que deber\u00e1 reconocerse en todos los casos en que el padre adoptante cumpla con los requisitos generales de ley, con independencia de que la madre est\u00e9 presente o no en la vida del menor\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"27\">\n<li>Para el semillero de investigaci\u00f3n, la norma demandada perpet\u00faa la desigualdad estructural de la mujer al condicionar el acceso al padre adoptante a la ausencia de la madre. Dicho condicionamiento niega la corresponsabilidad que le asiste a los hombres de participar activamente en la crianza y en el cuidado, y da a entender que este es un deber exclusivo de las mujeres. Por tanto, la norma demandada discrimina de manera indirecta a las mujeres bajo el argumento de \u201cresponsabilidades familiares\u201d, lo que desconoce el Convenio 156, la Recomendaci\u00f3n 165 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo, el art\u00edculo 13 superior en armon\u00eda con la Convenci\u00f3n sobre la Eliminaci\u00f3n de todas las Formas de Discriminaci\u00f3n contra la Mujer (CEDAW).<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"28\">\n<li>En l\u00ednea con lo anterior, el semillero se\u00f1al\u00f3 que, de acuerdo con varias sentencias de la Corte Constitucional, en particular, con las Sentencia C-517 de 2024 y T-259 de 2024, la licencia de paternidad es una herramienta jur\u00eddica que garantiza el cuidado, la seguridad y la estabilidad emocional de la ni\u00f1ez y responde a la obligaci\u00f3n de que los hombres y las mujeres compartan, en igualdad, la crianza, el cuidado y el sostenimiento econ\u00f3mico del hogar. Por ello, la limitaci\u00f3n que impone la norma demandada a circunstancias excepcionales (ausencia, incapacidad o fallecimiento de la madre), para que el padre pueda acceder a la licencia de maternidad, \u201cvac\u00eda de contenido la protecci\u00f3n integral que caracteriza la adopci\u00f3n y reduce injustificadamente el alcance del ejercicio paterno.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<h2><a name=\"_Toc224553735\"><\/a>3. Cl\u00ednica Jur\u00eddica de la Escuela de Derecho y Ciencias Pol\u00edticas de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medell\u00edn<\/h2>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"29\">\n<li>Profesores y estudiantes de la Cl\u00ednica Jur\u00eddica de la Escuela de Derecho y Ciencias Pol\u00edticas de la Universidad Pontifica Bolivariana de Medell\u00edn<a name=\"_ftnref18\"><\/a>[18] solicitaron a la Corte Constitucional que declarara la exequibilidad condicionada del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021, bajo el entendido de que \u201cla pareja heteroparental adoptante definir\u00e1, por una sola vez, quien de ellos gozar\u00e1 de cada prestaci\u00f3n en las mismas condiciones previstas para las parejas adoptantes del mismo sexo\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"30\">\n<li>Para fundamentar su solicitud, precisaron, como <em>primer punto<\/em>, que la omisi\u00f3n legislativa relativa surgi\u00f3 debido a la incompleta declaratoria de exequibilidad condicionada que dict\u00f3 la Sentencia C-415 de 2022, mas no de la redacci\u00f3n original del texto legal. Como <em>segundo punto<\/em>, se\u00f1alaron que, de acuerdo con el test integrado de igualdad, de un lado, existe un trato desigual entre iguales, pues mientras las parejas homoparentales adoptantes pueden elegir quien ser\u00e1 el cuidador principal del adoptado, la heteroparentales adoptantes no pueden hacerlo, pues \u201csolo con base en los estereotipos de g\u00e9nero, se obliga a la madre a asumir tal rol\u201d. Por consiguiente, la disposici\u00f3n demandada discrimina a las parejas adoptantes heteroparentales adoptantes.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"31\">\n<li>Como <em>tercer punto<\/em>, la cl\u00ednica jur\u00eddica asegur\u00f3 que la disposici\u00f3n demandada introdujo un trato jur\u00eddico basado en la filiaci\u00f3n familiar, lo cual es una \u201ccategor\u00eda sospechosa de discriminaci\u00f3n\u201d, de acuerdo con la Sentencia C-075 de 2021. Por ello, el nivel de intensidad del escrutinio del test debe ser estricto y que, a la luz de dicho nivel, la norma no es id\u00f3nea, necesaria ni proporcional porque (i) no existe raz\u00f3n constitucionalmente v\u00e1lida para ofrecer un trato diferencial a las parejas sujetas de comparaci\u00f3n; (ii) la omisi\u00f3n es innecesaria pues la intenci\u00f3n del legislador fue promover el derecho a la igualdad; y (iii) es desproporcionada porque desconoce el derecho a la igualdad, la prohibici\u00f3n de discriminaci\u00f3n por razones familiares, la justicia y el orden justo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"32\">\n<li><em>Finalmente<\/em>, para los intervinientes la disposici\u00f3n demandada (a) limita el derecho al cuidado, pues olvida, justamente, que todas las personas, con independencia de su sexo, deben ser corresponsables con el cuidado, por lo que es necesario adoptar un enfoque de g\u00e9nero que no limite este rol a las mujeres; y (b) reproduce estereotipos de g\u00e9nero, al asignar a la mujer la responsabilidad del cuidado inicial del hijo adoptado.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc224553736\"><\/a>4. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"33\">\n<li>El jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar<a name=\"_ftnref19\"><\/a>[19], solicit\u00f3 que la expresi\u00f3n \u201cla madre adoptante\u201d se declare exequible de manera condicionada, en el entendido de que \u201cse incluye al padre adoptante y en tal sentido, la familia adoptante podr\u00e1 definir quien ejercer\u00e1 las licencias de paternidad y maternidad establecidas en la Ley 2114 de 2021\u201d. Esto, porque considera que el cargo de inconstitucionalidad por desconocimiento del principio de igualdad presentado por los demandantes est\u00e1 llamado a prosperar, debido a que establece un trato diferenciado injustificado entre familias homoparentales y heteroparentales adoptantes.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"34\">\n<li>De acuerdo con la entidad, lo anterior se debe a que, en <em>primer lugar<\/em>, la asignaci\u00f3n de roles de g\u00e9nero determinada por la disposici\u00f3n demandada no tiene en cuenta las situaciones particulares que se pueden suscitar al interior de las familias adoptantes. En <em>segundo lugar<\/em>, la posibilidad de determinar la manera en que los adoptantes tomen las licencias parentales debe orientarse hacia la satisfacci\u00f3n del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o adoptado y no como una simple prerrogativa de los adoptantes. En ese sentido, una asignaci\u00f3n estereot\u00edpica basada en roles de g\u00e9nero -como lo hace la norma- no satisface el verdadero objetivo de las licencias. Lo anterior en la medida en que buscan garantizar al hijo adoptivo el cuidado adecuado en el per\u00edodo cr\u00edtico de adaptaci\u00f3n familiar.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc224553737\"><\/a>5. Programa de Acci\u00f3n por la Igualdad y la Inclusi\u00f3n Social (PAIIS) del Consultorio Jur\u00eddico de la Universidad de los Andes y Temblores ONG<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"35\">\n<li>El Programa de Acci\u00f3n por la Igualdad y la Inclusi\u00f3n Social (PAIIS) del Consultorio Jur\u00eddico de la Universidad de los Andes y la ONG Temblores<a name=\"_ftnref20\"><\/a>[20], solicitaron declarar la exequibilidad condicionada del numeral 4 del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021, de tal forma que se \u201centienda que en el caso de las parejas adoptantes \u2013incluidas las heteroparentales\u2013 corresponde a ellas definir libremente, por una sola vez, quien de sus integrantes gozar\u00e1 de cada prestaci\u00f3n\u201d. Ello, con el fin de que se garantice la igualdad sustantiva y la autonom\u00eda familiar, as\u00ed como desmontar los estereotipos de g\u00e9nero que hist\u00f3ricamente han limitado el ejercicio de las mujeres.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"36\">\n<li>Los intervinientes sustentaron su solicitud en que la disposici\u00f3n demandada genera una desigualdad injustificada por tres razones. En <em>primer lugar<\/em>, consideraron que el reconocimiento de la licencia no deb\u00eda limitarse a un rol impuesto por adecuaciones biol\u00f3gicas, sino por la capacidad y disponibilidad efectiva de cuidado que los miembros de la familia posean.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"37\">\n<li>En <em>segundo lugar<\/em>, argumentaron que se desconoc\u00eda el principio de igualdad sustantiva previsto en el art\u00edculo 13 Superior y en la CEDAW, los cuales exigen al Estado evitar la reproducci\u00f3n de estereotipos de g\u00e9nero.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"38\">\n<li>En <em>tercer lugar<\/em>, se\u00f1alaron que no existe una diferencia material que permita sostener que las din\u00e1micas de las parejas adoptantes heteroparentales difieran sustancialmente de las de las parejas homoparentales, ya que en ambos casos los integrantes pueden asumir los mismos roles parentales. Por ello, la exclusi\u00f3n prevista en la norma demandada obedece \u00fanicamente a la imposici\u00f3n de roles familiares sustentados en el determinismo de g\u00e9nero. En consecuencia, para ellos, se vulneran los derechos a la igualdad y a la no discriminaci\u00f3n, al reforzarse estereotipos que atribuyen a las mujeres la funci\u00f3n principal de cuidadoras.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"39\">\n<li>En ese sentido, PAIIS y Temblores concluyeron que la norma establece una limitaci\u00f3n evidente, por lo cual resulta necesario que las familias heteroparentales adoptantes puedan decidir cu\u00e1l de los dos adoptantes asumir\u00e1 la licencia, dado que las responsabilidades de cuidado pueden recaer indistintamente en la madre o en el padre. En tanto, para ellos, la exclusi\u00f3n prevista por la disposici\u00f3n demandada se torna inconstitucional al: (i) reproducir estereotipos de g\u00e9nero; (ii) reforzar la feminizaci\u00f3n hist\u00f3rica del cuidado; (iii) desconocer la diversidad de configuraciones familiares, y (iv) afecta el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, al limitar la posibilidad de que el cuidado sea ejercido por quien est\u00e9 en mejores condiciones para suministrarlo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc224553738\"><\/a>6. Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogot\u00e1<\/h2>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"40\">\n<li>Integrantes del Observatorio de Intervenci\u00f3n Ciudadana Constitucional y el Observatorio de Intervenci\u00f3n Ciudadana Constitucional, los dos de la Facultad de derecho de la Universidad Libre de Bogot\u00e1<a name=\"_ftnref21\"><\/a>[21], solicitaron declarar la exequibilidad condicionada de la expresi\u00f3n \u201cla madre adoptante\u201d de la disposici\u00f3n demandada, en el entendido que \u201cla licencia en casos de adopci\u00f3n pueda ser tomada indistintamente por el padre o la madre adoptante, seg\u00fan su libre elecci\u00f3n\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"41\">\n<li>Luego de explicar que la Corte Constitucional ha transitado de una perspectiva de g\u00e9nero centrada exclusivamente en la mujer, hacia una comprensi\u00f3n de que los hombres requieren protecci\u00f3n frente a estereotipos que restringen su papel en la familia<a name=\"_ftnref22\"><\/a>[22], los observatorios, concluyeron que la disposici\u00f3n demandada contradice dicha evoluci\u00f3n, puesto que perpet\u00faa un modelo excluyente y establece una diferencia injustificada entre hombres y mujeres adoptantes.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"42\">\n<li>Tal exclusi\u00f3n, de acuerdo con el observatorio, afecta, adem\u00e1s, al ni\u00f1o adoptado, puesto que se ve impedido de recibir el cuidado principal de su padre. As\u00ed, solicitaron a la Corte desmotar una estructura de desigualdad y permitir un modelo de familia donde el cuidado viva como un derecho compartido y en el marco de la corresponsabilidad.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"43\">\n<li>Por \u00faltimo, los intervinientes solicitaron que, en virtud de la integraci\u00f3n normativa, se extiendan los efectos de la decisi\u00f3n, en lo que corresponda, a las licencias de paternidad, parental flexible y compartida. Para los observatorios, esta integraci\u00f3n es importante, pues de admitirse que la licencia parental puede ser disfrutada tanto por el padre como por la madre, se corrigen los estereotipos que persisten en estas licencias, ya que estas \u00fanicamente permiten que sea la madre quien pueda disfrutar de las primeras 12 semanas, visi\u00f3n que es maternalista, invisibiliza la diversidad de las familias y desplaza al padre de sus obligaciones de crianza.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<h2><a name=\"_Toc224553739\"><\/a>7. Facultad de Derecho y Ciencias Pol\u00edticas de la Universidad del Valle<\/h2>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"44\">\n<li>La decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Pol\u00edticas de la Universidad del Valle<a name=\"_ftnref23\"><\/a>[23] solicit\u00f3 que la disposici\u00f3n demandada se declarara exequible de manera condicionada. Consider\u00f3 que la equidad de g\u00e9nero \u201cno conlleva a asignar un rol espec\u00edfico para hacerse cargo de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes\u201d y, por tanto, nada impide que la licencia de maternidad, en el caso de la adopci\u00f3n, pueda recibirla la madre o el padre, independientemente del rol que cumplan en la labor del cuidado. Por consiguiente, argument\u00f3 que la disposici\u00f3n demandada es contraria a una perspectiva de g\u00e9nero.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc224553740\"><\/a>8. Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"45\">\n<li>La entidad<a name=\"_ftnref24\"><\/a>[24] solicit\u00f3 a la Corte Constitucional que se declarara la exequibilidad condicionada de la disposici\u00f3n demandada, en el entendido de que \u201cse aplique tanto a madres como a padres adoptantes, seg\u00fan ellos elijan\u201d. Para sustentar la solicitud, como primer punto, consider\u00f3 que no resulta justificado asumir que el otorgamiento del tiempo de la licencia de maternidad deba amparar exclusivamente a la mujer por el hecho de serlo, pues \u201cdenota la persistencia de roles de g\u00e9nero que asocian el rol materno con el de un mayor deber o disposici\u00f3n de cuidado\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"46\">\n<li>A juicio de la entidad, dicha asignaci\u00f3n genera desigualdad y limita las oportunidades de desarrollo para los hombres y las mujeres. En ese sentido, las medidas, programas y pol\u00edticas que se adopten relacionadas con la redistribuci\u00f3n del cuidado, deben incluir una perspectiva de g\u00e9nero.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"47\">\n<li>Como segundo punto, el Ministerio de Salud sostuvo que la Convenci\u00f3n Interamericana de Belem do Par\u00e1 consagr\u00f3 la obligaci\u00f3n de los Estados de modificar patrones socioculturales basados en la inferioridad o superioridad de cualquiera de los g\u00e9neros. A su vez, enfatiz\u00f3 que la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que las medidas laborales de protecci\u00f3n no deben basarse en estereotipos de g\u00e9nero, sino en la realidad del cuidado y de la crianza que ambos progenitores pueden asumir, ya que los dos pueden asumir esta tarea.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"48\">\n<li>En ese sentido, seg\u00fan la cartera ministerial, no existe raz\u00f3n objetiva, en el caso de las parejas heterosexuales adoptantes, para privilegiar a uno sobre otro, por razones de sexo, en las labores del cuidado. Por consiguiente, permitir la elecci\u00f3n de la pareja heterosexual sobre la licencia que desean asumir, reconoce la corresponsabilidad parental y la autonom\u00eda familiar. Lo anterior debido a que dicha prestaci\u00f3n no se concibe como un beneficio ligado al hecho biol\u00f3gico del parto o la condici\u00f3n de mujer, sino como media de protecci\u00f3n especial para el hijo o la hija recibida.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc224553741\"><\/a>9. Defensor\u00eda del Pueblo<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"49\">\n<li>La Defensor\u00eda del Pueblo solicit\u00f3 en su intervenci\u00f3n<a name=\"_ftnref25\"><\/a>[25] que la Corte se declare inhibida para conocer el asunto de fondo, debido a que el cargo \u00fanico presentado carece de certeza porque \u201cparte de una interpretaci\u00f3n posible de la norma, pero no jur\u00eddica real y existente\u201d. A juicio de la entidad, los demandantes entienden el art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021 de manera exeg\u00e9tica y literal, pese a que la Corte, en la Sentencia C-415 de 2022, descart\u00f3 expresamente esta lectura. As\u00ed, en esta providencia se determin\u00f3 que la norma demandada se ajustaba a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica bajo el principio de igualdad para que las parejas del mismo sexo pudieran acceder a dichas prestaciones con las mismas condiciones de las familias heteroparentales adoptantes.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"50\">\n<li>Lo anterior, de acuerdo con la intervenci\u00f3n de la Defensor\u00eda, implica que una interpretaci\u00f3n sustantiva y material se aplica a todas las hip\u00f3tesis en las que se vayan a materializar el contenido del art\u00edculo, incluida la interpretaci\u00f3n de los demandantes. Con todo, precis\u00f3 que, con el prop\u00f3sito de que no se vuelvan a presentar dudas sobre la interpretaci\u00f3n de la disposici\u00f3n demandada, le solicit\u00f3 a la Corte que determinara en la decisi\u00f3n que se excluye cualquier interpretaci\u00f3n literal.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<h1><a name=\"_Toc224553742\"><\/a>V. CONCEPTO DE LA PROCURADUR\u00cdA GENERAL DE LA NACI\u00d3N<\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"51\">\n<li>El Procurador General de la Naci\u00f3n<a name=\"_ftnref26\"><\/a>[26] solicit\u00f3 a la Corte Constitucional que declare la exequibilidad condicionada de la expresi\u00f3n \u201cla madre adoptante\u201d, bajo el entendido de \u201cque las parejas adoptantes definir\u00e1n, por una sola vez, quien de ellos gozar\u00e1 cada prestaci\u00f3n\u201d. Para el Ministerio P\u00fablico, aunque la norma objeto de reproche tiene un fin leg\u00edtimo e imperioso, no es conducente para el prop\u00f3sito que persigue.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"52\">\n<li>Para explicar su posici\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que las parejas heterosexuales adoptantes no tienen la posibilidad de elegir cu\u00e1l de sus integrantes gozar\u00e1 de la respectiva licencia de maternidad y paternidad, sin que exista una raz\u00f3n que lo justifique. Seg\u00fan su concepto, estas parejas son equiparables a las homoparentales adoptantes en t\u00e9rminos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos. Dicha restricci\u00f3n, a juicio del Ministerio P\u00fablico, es \u201csumamente lesiva\u201d para los derechos de la pareja y del ni\u00f1o adoptado, dado que reproduce estereotipos de g\u00e9nero asociados al rol de cuidado en cabeza de la mujer y desconoce que los hombres pueden tener una paternidad activa, presente y emocionalmente comprometida.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"53\">\n<li>De ah\u00ed que resulte necesario que todas las parejas heterosexuales adoptantes puedan elegir libremente el tiempo que cada uno destinar\u00e1 al cuidado del ni\u00f1o o la ni\u00f1a adoptivo, en iguales t\u00e9rminos que los hacen las parejas homoparentales. Ahora bien, reconoci\u00f3 que, aunque existe la licencia parental compartida, argument\u00f3 que esta no es un medio conducente para satisfacer en mayor medida los derechos fundamentales de las familias.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"54\">\n<li>Finalmente, advirti\u00f3 que, en consecuencia, el tratamiento diferenciado entre las referidas parejas, no supera un test de proporcionalidad en sentido estricto, \u201cpues limitar la libertad de elegir quien de sus integrantes disfrutar\u00e1 de la licencia de paternidad y\/o maternidad, implica una discriminaci\u00f3n por el sexo de sus integrantes. Por tanto, para la Vista Fiscal, las mujeres y los hombres adoptantes deber\u00e1n poder repartir el tiempo de las licencias, sin razones asociadas al sexo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1><a name=\"_Toc224553743\"><\/a>VI. CONSIDERACIONES<\/h1>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<h2><a name=\"_Toc224553744\"><\/a>1. Competencia<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"55\">\n<li>De conformidad con lo establecido en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n, la Corte Constitucional es competente para conocer de la demanda de la referencia, en la medida en que la disposici\u00f3n acusada est\u00e1 contenida en una ley de la Rep\u00fablica.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc224553745\"><\/a>2. Presentaci\u00f3n del caso<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"56\">\n<li>Los accionantes demandaron la expresi\u00f3n \u201cla madre adoptante\u201d del numeral 4 del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021 por considerar que vulnera el principio constitucional de igualdad (art. 13 C.P.), al asignar de manera autom\u00e1tica la licencia de maternidad a la madre en el caso de las parejas heteroparentales adoptantes e impedir que ambos miembros de la pareja decidan libremente cu\u00e1l de ellos acceder\u00e1 a dicha prestaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"57\">\n<li>La censura sostiene que la disposici\u00f3n genera una desigualdad injustificada entre las parejas homo y heteroparentales adoptantes, a partir del alcance interpretativo fijado en la Sentencia C-415 de 2022, mediante la cual la Corte Constitucional reconoci\u00f3 \u00fanicamente a las parejas del mismo sexo adoptantes la posibilidad de decidir, de manera libre y por una sola vez, cu\u00e1l de sus integrantes acceder\u00e1 a las licencias parentales a las que tienen derecho.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"58\">\n<li>Adem\u00e1s, indican que dicha asignaci\u00f3n perpet\u00faa estereotipos de g\u00e9nero y refuerza la divisi\u00f3n tradicional de roles familiares, al asignar el cuidado primario del adoptivo a la madre, en raz\u00f3n de su g\u00e9nero; lo que desconoce el principio de corresponsabilidad en las tareas de cuidado entre hombres y mujeres.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"59\">\n<li>A juicio de los actores, esta diferencia de trato desconoce que las parejas adoptantes del mismo sexo y las de distinto sexo desempe\u00f1an roles de cuidado equivalentes, puesto que, en ambos casos, ninguno de los adoptantes mantiene un v\u00ednculo biol\u00f3gico con el hijo o hija adoptiva. En consecuencia, en los procesos de adopci\u00f3n, ambos tipos de familia resultan asimilables.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"60\">\n<li>En el tr\u00e1mite de la presente acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad se recibieron 9 escritos, entre conceptos e intervenciones, de las cuales 8, coincidieron con los argumentos de los demandantes y solicitaron a esta Corporaci\u00f3n, en distintos t\u00e9rminos, declarar la exequibilidad condicionada de la disposici\u00f3n demandada, en el entendido de que tambi\u00e9n se permita a las familias heteroparentales decidir, por una sola vez, cu\u00e1l de sus integrantes podr\u00e1 disfrutar de la licencia de maternidad. Dicha posici\u00f3n es, adem\u00e1s, compartida por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"61\">\n<li>Por su parte, la Defensor\u00eda del Pueblo solicit\u00f3 a la Corte inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo, al considerar que la demanda es inepta al incumplir el requisito de certeza. A su juicio, los demandantes parten de \u201cuna interpretaci\u00f3n posible de la norma, pero no jur\u00eddica, real ni existente\u201d, y desconoce la interpretaci\u00f3n de la norma realizada en la Sentencia C-415 de 2022.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"62\">\n<li>Toda vez que la Defensor\u00eda del Pueblo cuestion\u00f3 la aptitud de la demanda de inconstitucionalidad, la Sala proceder\u00e1 a analizar, como <em>primera cuesti\u00f3n previa<\/em>, si la demanda cumple con los requisitos establecidos constitucional, legal y jurisprudencialmente para su admisi\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"63\">\n<li>En caso de que la demanda llegare a considerarse apta, la Sala advierte la necesidad de abordar una <em>segunda cuesti\u00f3n previa,<\/em> relativa a una posible configuraci\u00f3n de cosa juzgada constitucional, puesto que esta Corte, en las sentencias C-415 de 2022 y C-324 de 2023, estudi\u00f3 la constitucionalidad del art\u00edculo 236 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, modificado por el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 2114 de 2021. En ese sentido, se debe examinar si estos pronunciamientos previos precluyen un nuevo estudio de fondo sobre la expresi\u00f3n demandada.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"64\">\n<li>Por \u00faltimo, la Sala detecta que, en caso de superarse satisfactoriamente las dos cuestiones previas anteriores, ser\u00eda necesario abordar una <em>tercera cuesti\u00f3n previa,<\/em> relacionada con una eventual integraci\u00f3n normativa de otros apartes del art\u00edculo acusado.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc224553746\"><\/a>3. Cuestiones previas<\/h2>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<h3><a name=\"_Toc224553747\"><\/a>3.1. Primera cuesti\u00f3n previa: la demanda cumple con los requisitos necesarios para su admisi\u00f3n<\/h3>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"65\">\n<li>La Sala Plena procede a abordar la aptitud del cargo de inconstitucionalidad formulado por los demandantes en contra del art\u00edculo 2 (parcial) de la Ley 2114 de 2021<a name=\"_ftnref27\"><\/a>[27]. Como lo ha advertido esta Corporaci\u00f3n, la etapa de admisi\u00f3n a cargo del magistrado sustanciador \u201cno compromete ni limita la competencia de la Sala Plena de la Corte, para analizar la aptitud sustantiva de la demanda, al conocer el proceso\u201d<a name=\"_ftnref28\"><\/a>[28].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"66\">\n<li>Seg\u00fan lo ha se\u00f1alado esta Corte, la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad es la expresi\u00f3n del derecho de participaci\u00f3n de una democracia, y constituye un instrumento de control sobre el poder de configuraci\u00f3n normativa que radica, de manera principal, en el Congreso de la Rep\u00fablica<a name=\"_ftnref29\"><\/a>[29]. Con todo, el ejercicio de esta prerrogativa no est\u00e1 desprovisto de exigencias que, si bien no pueden constituirse en barreras para el acceso a la administraci\u00f3n, est\u00e1n orientadas a dar cuenta de: (i) la presunci\u00f3n de correcci\u00f3n de las leyes, con mayor precisi\u00f3n e intensidad y de la pretensi\u00f3n de estabilidad del ordenamiento jur\u00eddico; y (ii) del ejercicio ponderado de la competencia del juez constitucional, que, por un lado, no debe asumir por s\u00ed mismo la carga de formular acusaciones contra las normas que luego debe estudiar con imparcialidad; y, por el otro, debe garantizar un escenario en el que el escrito de la demanda permita orientar la participaci\u00f3n y el debate ciudadano<a name=\"_ftnref30\"><\/a>[30].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"67\">\n<li>De ah\u00ed que la demanda de inconstitucionalidad, de acuerdo con el Decreto 2067 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, deba someterse a exigencias de tipo formal y material, destinadas a la consolidaci\u00f3n de un verdadero problema de constitucionalidad<a name=\"_ftnref31\"><\/a>[31]. En concreto, el art\u00edculo 2\u00b0 del referido decreto, establece que la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad debe contener los siguientes elementos esenciales: (i) se\u00f1alar con precisi\u00f3n el objeto demandado; (ii) indicar las disposiciones superiores que estiman infringidas, y (iii) exponer las razones o motivos por los cuales la norma acusada viola la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. En otras palabras, formular por lo menos un cargo apto de inconstitucionalidad. De igual forma, (iv) debe explicar la raz\u00f3n por la cual estima que la Corte Constitucional es competente<a name=\"_ftnref32\"><\/a>[32].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"68\">\n<li>Las dos primeras exigencias est\u00e1n encaminadas a determinar, de un lado, de manera clara y precisa el objeto sobre el que versa la acusaci\u00f3n, esto es, la identificaci\u00f3n de las normas que se demandan como inconstitucionales. Esta se cumple con la transcripci\u00f3n literal de las mismas por cualquier medio o con la inclusi\u00f3n en la demanda de un ejemplar de la publicaci\u00f3n oficial<a name=\"_ftnref33\"><\/a>[33]. De otro lado, la exposici\u00f3n clara de las disposiciones constitucionales que el demandante estima vulneradas por las normas acusadas y que son relevantes para el juicio.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"69\">\n<li>El tercero de los requisitos mencionados, que se conoce como el concepto de la violaci\u00f3n, implica una carga argumentativa m\u00ednima para el demandante, pues debe exponer las razones por las cuales estima que las disposiciones acusadas son contrarias a la Constituci\u00f3n. Esta exigencia impone a los ciudadanos que los motivos para sustentar cabalmente la censura constitucional sean claros, ciertos, espec\u00edficos, pertinentes y suficientes, con el prop\u00f3sito de establecer una posici\u00f3n objetiva y verificable entre la norma impugnada y el conjunto de las disposiciones constitucionales. La Sentencia C-1052 de 2001, y la jurisprudencia constitucional subsiguiente, han precisado dichas cargas argumentativas de la siguiente forma:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Tabla 2<\/strong><\/b><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"169\"><b><strong>Requisito<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"419\"><b><strong>Contenido<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"169\"><b><strong>Claridad<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"419\">Que la acusaci\u00f3n sea suficientemente comprensible y de f\u00e1cil entendimiento. Los argumentos deben ser determinados, precisos y entendibles. No contradictorios, il\u00f3gicos ni anfibol\u00f3gicos de manera que se pueda identificar exactamente el alcance o el sentido de lo pretendido y de qu\u00e9 manera el texto que se controvierte infringe la Carta.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"169\"><b><strong>Certeza<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"419\">Que la acusaci\u00f3n recaiga directamente sobre el contenido de la disposici\u00f3n demandada y no sobre una proposici\u00f3n jur\u00eddica inferida o deducida por el actor e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Se requiere que los cargos tengan por objeto un enunciado normativo perteneciente al ordenamiento jur\u00eddico e ir dirigidos a impugnar la disposici\u00f3n se\u00f1alada en la demanda. La norma demandada debe ser susceptible de inferirse del enunciado acusado y no ser fruto de una construcci\u00f3n exclusivamente subjetiva, con base en presunciones, conjeturas o sospechas del actor.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"169\"><b><strong>Especificidad<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"419\">Que se demuestre la manera c\u00f3mo la disposici\u00f3n vulnera la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, mediante argumentos determinados, concretos, precisos y particulares sobre la norma en juicio. Se debe establecer di\u00e1fanamente la manera como la norma demandada vulnera la Constituci\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La <em>especificidad <\/em>de los cargos exige concreci\u00f3n y puntualidad en la censura, es decir, la demostraci\u00f3n de que el enunciado normativo exhibe un problema de validez constitucional y la explicaci\u00f3n de la manera en que esa consecuencia le es atribuible.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Se debe establecer si realmente existe una oposici\u00f3n objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"169\"><b><strong>Pertinencia<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"419\">Que se utilicen argumentos de naturaleza estrictamente constitucional y no razones de orden legal, personal, doctrinal o de simple conveniencia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Es necesario que los cargos planteen un juicio de contradicci\u00f3n normativa entre una disposici\u00f3n legal y una de jerarqu\u00eda constitucional. Adicionalmente, el razonamiento que funda la presunta inconstitucionalidad debe ser de relevancia constitucional, no legal, doctrinal, pol\u00edtico o moral. El cargo no es pertinente si el argumento en que se sostiene se basa en hip\u00f3tesis acerca de situaciones de hecho, reales o de eventual ocurrencia, o ejemplos en los que podr\u00eda ser o es aplicada la disposici\u00f3n.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"169\"><b><strong>Suficiencia<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"419\">Que la acusaci\u00f3n contenga todos los elementos f\u00e1cticos y probatorios necesarios para adelantar el juicio de inconstitucionalidad, de forma que genere por lo menos una sospecha o duda m\u00ednima sobre la constitucionalidad del precepto acusado.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La suficiencia implica que la demostraci\u00f3n de los cargos contenga un m\u00ednimo desarrollo, en orden a demostrar la inconstitucionalidad que se le imputa al texto demandado. El cargo debe proporcionar razones, por lo menos b\u00e1sicas, que logren poner en entredicho la presunci\u00f3n de constitucionalidad de las leyes, derivada del principio democr\u00e1tico, que justifique llevar a cabo un control jur\u00eddico sobre el resultado del acto pol\u00edtico del legislador.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Fuente: e<em>laboraci\u00f3n propia con base en la jurisprudencia constitucional aplicable<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"70\">\n<li>Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha determinado que, cuando se cuestiona una norma por violaci\u00f3n del principio de igualdad, el requisito de <em>especificidad <\/em>del cargo tambi\u00e9n exige que, adicionalmente, el demandante: (i) identifique los grupos o situaciones que, en su criterio, son comparables; (ii) explique las razones por las que los grupos o situaciones son comparables; (iii) precise cu\u00e1l es el trato diferencial que el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 o que fue introducido por la disposici\u00f3n acusada y, finalmente, (iv) destaque la raz\u00f3n por la cual, en su opini\u00f3n y con fundamento en el ordenamiento, el trato no est\u00e1 constitucionalmente justificado<a name=\"_ftnref34\"><\/a>[34]. Lo anterior se requiere en la medida en que la igualdad exige analizar el contexto relacional de los sujetos que se pretenden comparar, para lo cual, de manera consistente, esta corporaci\u00f3n ha acudido a su an\u00e1lisis a trav\u00e9s del juicio integrado de igualdad<a name=\"_ftnref35\"><\/a>[35].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"71\">\n<li>Los anteriores requisitos deben ser verificados al admitir la demanda. Sin embargo, como se mencion\u00f3 previamente, este an\u00e1lisis inicial no impide que la Sala Plena, a la hora de resolver el asunto, concluya que todos o alguno de los cargos carecen de esa aptitud sustantiva requerida, evento en el cual se impone la adopci\u00f3n de un fallo inhibitorio. Este ejercicio tiene el prop\u00f3sito de propender porque el uso de la acci\u00f3n ciudadana sea racional y eficiente, pues la presunci\u00f3n de constitucionalidad que se predica de las leyes exige que el control que le corresponde realizar a la Corte s\u00f3lo se active cuando quien demanda proponga cargos que generen al menos una m\u00ednima duda sobre la validez de la norma acusada, y que por tanto justifiquen la apertura del debate constitucional de fondo<a name=\"_ftnref36\"><\/a>[36].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"72\">\n<li>Conforme a los par\u00e1metros expuestos, la Sala constata que, contrario a lo que sugiere la Defensor\u00eda del Pueblo, <b><strong><em>la demanda de inconstitucionalidad presentada por los ciudadanos <\/em><\/strong><\/b><b><strong><em>contra el numeral 4 (parcial) del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021 es apta<\/em><\/strong><\/b> para provocar un pronunciamiento de fondo por parte de esta Corporaci\u00f3n, toda vez que cumple con los referidos presupuestos para tal efecto, como se pasa a explicar.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"73\">\n<li><em>El cargo cumple con el requisito de claridad<\/em>. La argumentaci\u00f3n de los demandantes es comprensible, no conduce a ning\u00fan tipo de confusi\u00f3n y expone un hilo conductor en la argumentaci\u00f3n que permite comprender su contenido y las justificaciones que la sustentan. En concreto, consideran que la expresi\u00f3n \u201cla madre adoptante\u201d contenida en el numeral 4 del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021, vulnera el principio de igualdad consagrado en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"74\">\n<li>A juicio de los actores, la expresi\u00f3n da lugar a una asignaci\u00f3n autom\u00e1tica de la licencia de maternidad a la madre adoptante con base en estereotipos de g\u00e9nero y sin una justificaci\u00f3n suficiente. Adem\u00e1s, estiman que establece una desigualdad injustificada entre las familias heteroparentale<em>s<\/em> y homoparentales adoptantes, pues, en el primer caso, la ley asigna autom\u00e1ticamente la licencia de maternidad a la madre adoptante, restringiendo la posibilidad de que la pareja decida libremente cu\u00e1l de sus miembros la disfrutar\u00e1. En contraste, sostienen que, en el segundo caso, de acuerdo con la Sentencia C-415 de 2022, las parejas homoparentales adoptantes s\u00ed pueden determinar, por una sola vez, cu\u00e1l de sus integrantes acceder\u00e1 a las prestaciones de maternidad o paternidad, lo que genera un trato diferenciado sin una justificaci\u00f3n razonable.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"75\">\n<li><em>El cargo cumple con el requisito de certeza<\/em>. El cargo cumple con el requisito de certeza porque, por un lado, recae sobre una proposici\u00f3n jur\u00eddica real y existente, contenida en el numeral 4 del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021. En efecto, la norma establece que \u201c[t]odas las provisiones y garant\u00edas establecidas en la presente ley para la madre biol\u00f3gica se hacen extensivas en los mismos t\u00e9rminos y en cuanto fuere procedente a la madre adoptante, o al padre que quede a cargo del reci\u00e9n nacido sin apoyo de la madre, sea por enfermedad, abandono o muerte\u201d. Es decir, a menos de que concurra enfermedad, abandono o muerte de la madre adoptante, ser\u00e1 esta quien deba disfrutar de la licencia de maternidad de 18 semanas que se reconozca con ocasi\u00f3n de la adopci\u00f3n del ni\u00f1o o la ni\u00f1a que se integra al n\u00facleo familiar.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"76\">\n<li>Al respecto, la Defensor\u00eda de Pueblo, en su concepto t\u00e9cnico, argument\u00f3 que la demanda carec\u00eda de certeza, ya que parte de una interpretaci\u00f3n posible de la norma, pero no jur\u00eddica, real y existente y que desconoce la interpretaci\u00f3n de la disposici\u00f3n efectuada en la Sentencia C-415 de 2022.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"77\">\n<li>La Sala Plena disiente de la lectura de la Defensor\u00eda del Pueblo pues debe recodarse que, en la Sentencia C-415 de 2022, la Corte Constitucional se refiri\u00f3 de manera espec\u00edfica a la situaci\u00f3n de las parejas del mismo sexo en relaci\u00f3n con las licencias parentales que se regulan en el art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021. En particular, la Corte analiz\u00f3 si se presentaba una omisi\u00f3n legislativa relativa en relaci\u00f3n con dicho enunciado debido a que su texto no contemplaba a esta tipolog\u00eda familiar como beneficiaria expresa de las prestaciones econ\u00f3micas all\u00ed establecidas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"78\">\n<li>As\u00ed las cosas, en la providencia antes mencionada, la Corte Constitucional no abord\u00f3 de manera espec\u00edfica si la disposici\u00f3n normativa objeto de censura contemplaba o no la posibilidad de que las parejas heteroparentales eligieran cu\u00e1l de sus integrantes disfrutar\u00eda de la licencia de maternidad establecida en dicha disposici\u00f3n. En efecto, el alcance de dicha decisi\u00f3n se limit\u00f3 a reconocer la libertad de elecci\u00f3n sobre las licencias parentales, exclusivamente, para las parejas homoparentales adoptantes, sin abordar de manera comprehensiva la situaci\u00f3n de las parejas heteroparentales adoptantes.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"79\">\n<li>As\u00ed, al condicionar la exequibilidad del numeral 4 del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021, \u00fanicamente respecto de las parejas del mismo sexo, la Corte no estableci\u00f3 una regla general aplicable a todos los tipos de familia, sino que se refiri\u00f3 de manera concreta a una modalidad de esta: las parejas del mismo sexo que adoptan.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"80\">\n<li>En consecuencia, el cargo cumple con el requisito de certeza porque recae sobre un contenido normativo que, razonablemente, puede inferirse de la disposici\u00f3n acusada, tal como fue condicionada por la Sentencia C-415 de 2022; la cual facult\u00f3 a las parejas del mismo sexo a elegir, de manera libre y por una \u00fanica vez, cu\u00e1l de sus integrantes disfrutar\u00eda de cada una de las licencias parentales all\u00ed contempladas, sin fijar reglas sobre la posibilidad de elecci\u00f3n de las parejas heteroparentales adoptantes. Es decir, a los integrantes de las parejas heteroparentales adoptantes se les hacen extensivas las mismas reglas previstas en la norma para las parejas heteroparentales biol\u00f3gicas, en lugar de otorg\u00e1rseles los beneficios dise\u00f1ados a favor de los integrantes de las parejas homoparentales adoptantes (<em>supra<\/em>, p\u00e1rr. 75).<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"81\">\n<li>As\u00ed las cosas, toda vez que del texto de la disposici\u00f3n se desprende que, a menos de que concurran circunstancias extraordinarias (muerte, enfermedad o abandono) ser\u00e1 la madre adoptante quien deber\u00e1 disfrutar de la licencia de maternidad contemplada en el art\u00edculo demandado; y que, al efectuar un condicionamiento del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021, la Sentencia C-415 de 2022 no se refiri\u00f3 a las parejas de distinto sexo que adoptan, la interpretaci\u00f3n de la disposici\u00f3n acusada efectuada por los demandantes resulta razonable, lo que permite afirmar el cumplimiento del requisito de certeza del cargo.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"82\">\n<li><em>El cargo cumple con el requisito de especificidad. <\/em>Los demandantes desarrollan las razones por las cuales consideran que la norma demandada es contraria a una norma de la Constituci\u00f3n. Adem\u00e1s, los argumentos no son vagos ni abstractos, sino que est\u00e1n directamente ligados a la disposici\u00f3n demandada. Puntualmente, los ciudadanos sostienen que:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"83\">\n<li>(i) Afirman que la expresi\u00f3n \u201cla madre adoptante\u201d vulnera el principio de igualdad, as\u00ed como los derechos a la protecci\u00f3n integral a la familia y de los derechos a los ni\u00f1os, ni\u00f1as, y adolescentes, consagrados respectivamente en los art\u00edculos 13, 42 y 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Ello, debido a que, con sustento en estereotipos de g\u00e9nero, les impide a las parejas heteroparentales adoptantes elegir, de manera libre, cu\u00e1l de sus miembros acceder\u00e1 a la licencia parental de maternidad, pues se le asigna autom\u00e1ticamente a la madre la licencia de maternidad, puesto que as\u00ed sucede con la madre biol\u00f3gica.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"84\">\n<li>En l\u00ednea con anterior, (ii) a juicio de los actores, no existen argumentos razonables para que las parejas del mismo sexo puedan elegir al cuidador principal del sujeto adoptado y las parejas heteroparentales no, dado que ninguna de las dos ostenta un v\u00ednculo biol\u00f3gico con el adoptivo. Lo anterior implica que ambos se encuentran en \u201cid\u00e9nticas condiciones jur\u00eddicas frente a sus deberes\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"85\">\n<li>Por consiguiente, estiman que (iii) al asignar de manera autom\u00e1tica el rol de cuidado a la mujer, se reproducen estereotipos de g\u00e9nero que \u201cperpet\u00faan estructuras patriarcales que excluyen la posibilidad de que el cuidado del adoptado sea asumido por quien, dentro de la familia, se encuentre mejor capacitado o disponible para garantizar su desarrollo integral\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"86\">\n<li>Por otro lado, la demanda cumple con los elementos espec\u00edficos exigidos para sustentar el cargo de igualdad, en la medida en que (i) identifican con claridad los dos grupos poblacionales sujetos de comparaci\u00f3n, pues se\u00f1alan que se trata diferente a las familias heteroparentales adoptantes y las homoparentales adoptantes en la asignaci\u00f3n de licencias parentales; (ii) especifican que existe en el plano f\u00e1ctico y jur\u00eddico un trato desigual discriminatorio entre estas familias que se encuentran en una situaci\u00f3n equivalente, puesto que a las parejas del mismo sexo adoptantes se les permite elegir libremente cu\u00e1l de sus integrantes acceder\u00e1 a la licencia parental de maternidad (de acuerdo con la Sentencia C-415 de 2022), mientras que las parejas heteroparentales adoptantes no se les otorga esta facultad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"87\">\n<li>Finalmente, (iii) argumentan que la diferencia de trato no est\u00e1 justificada constitucionalmente debido a que, entre otros aspectos, en el contexto adoptivo (a) la capacidad de cuidado no depende del g\u00e9nero; (b) ninguno de los padres tiene un v\u00ednculo biol\u00f3gico con el hijo adoptivo, por lo que no existe justificaci\u00f3n razonable para privilegiar autom\u00e1ticamente a la madre adoptante bas\u00e1ndose en presupuestos biol\u00f3gicos, y (c) es necesario que la determinaci\u00f3n del adoptante que disfrutar\u00e1 la licencia de maternidad se armonice con el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o adoptado, de tal forma que sea la persona que est\u00e9 en mejores condiciones de asumir las labores de cuidado, independiente de su g\u00e9nero, quien lo haga.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"88\">\n<li><em>El cargo cumple con el requisito de pertinencia<\/em>. La demanda efectivamente plantea una controversia de orden constitucional, pues se acusa a la expresi\u00f3n demandada de quebrantar el principio de igualdad, consagrado en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, con argumentos que no son legales, de conveniencia, ni basados en opiniones subjetivas. Esto es as\u00ed porque sustentan de manera concreta las razones por las cuales la imposibilidad legal de elegir el tipo de licencia plantea una discusi\u00f3n de rango constitucional desde el derecho al cuidado, la corresponsabilidad de los progenitores en las labores del cuidado, el enfoque de g\u00e9nero en las normas y el inter\u00e9s superior de la ni\u00f1ez.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"89\">\n<li><em>El cargo cumple con el requisito de suficiencia.\u00a0<\/em>Los planteamientos de la parte demandante, al margen de que sean o no acertados, s\u00ed generan una m\u00ednima duda en torno a la conformidad de la disposici\u00f3n acusada con la Carta. Es decir, son lo suficientemente persuasivos para llevar a cabo el control de constitucionalidad del art\u00edculo en discusi\u00f3n, todo lo cual lleva a concluir que la demanda es apta para provocar un pronunciamiento de fondo.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<h3><a name=\"_Toc224553748\"><\/a>3.2. Segunda cuesti\u00f3n previa: sobre la cosa juzgada constitucional respecto del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 2114 de 2021<\/h3>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"90\">\n<li>De acuerdo con los art\u00edculos 243 de la Constituci\u00f3n, 46 y 48 de la Ley 270 de 1996 y 22 del Decreto 2067 de 1991, los fallos dictados por la Corte Constitucional en sede de control abstracto de constitucionalidad hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada. En tal sentido, son definitivos, de obligatorio cumplimiento y tienen efectos <em>erga omnes<\/em><a name=\"_ftnref37\"><\/a>[37]. Por lo tanto, cuando la cosa juzgada se configura, surgen, entre otros efectos, la prohibici\u00f3n e imposibilidad para el juez constitucional de conocer y decidir de fondo sobre lo ya debatido y resuelto. Esta figura tiene como prop\u00f3sito asegurar la supremac\u00eda de la Carta Pol\u00edtica y garantizar los principios de seguridad jur\u00eddica, igualdad y confianza leg\u00edtima.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"91\">\n<li>No obstante, esta regla no impide que una misma norma legal pueda ser objeto de nuevas demandas. De suerte que esta Corporaci\u00f3n deba pronunciarse de fondo sobre su constitucionalidad, cuando, por ejemplo, la sentencia anterior, proferida en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad por v\u00eda de acci\u00f3n, hubiese analizado cargos distintos a los que se presentan en la nueva demanda<a name=\"_ftnref38\"><\/a>[38].<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"92\">\n<li>Entonces, para que, en estos eventos, el fen\u00f3meno de cosa juzgada se configure se requieren tres elementos: (i) <em>identidad del objeto<\/em>, es decir, que se proponga estudiar el mismo contenido normativo de una proposici\u00f3n jur\u00eddica ya estudiada en una sentencia anterior; (ii) <em>identidad de la causa petendi<\/em>, esto es, que se presenten las mismas razones o cuestionamientos (esto incluye el referente constitucional o norma presuntamente vulnerada) analizados en ese fallo antecedente; e (iii) <em>identidad del par\u00e1metro de control de constitucionalidad<\/em>, que implica que no haya variado el patr\u00f3n normativo de control. Estos elementos son, en conjunto, condiciones necesarias y suficientes para declarar la cosa juzgada<a name=\"_ftnref39\"><\/a>[39].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"93\">\n<li>La Corte Constitucional ha establecido que la cosa juzgada constitucional opera tanto respecto de los fallos de exequibilidad como de inexequibilidad, as\u00ed como de aquellas decisiones condicionadas, integradoras, sustitutivas y diferidas, en los t\u00e9rminos que han sido determinados por la Corte. En su calidad de int\u00e9rprete autorizado de la Constituci\u00f3n (art. 241 C.P), corresponde a este Tribunal determinar el alcance y los efectos de cada uno de sus fallos. De ah\u00ed que la cosa juzgada tenga varias tipolog\u00edas, las cuales han sido definidas progresivamente por la jurisprudencia constitucional, seg\u00fan se explica a continuaci\u00f3n<a name=\"_ftnref40\"><\/a>[40].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"94\">\n<li>En primer lugar, puede configurarse cosa juzgada formal y cosa juzgada material. La distinci\u00f3n entre estas dos se determina en funci\u00f3n del objeto de control y, de manera particular, a partir de la distinci\u00f3n entre el enunciado normativo y la norma<a name=\"_ftnref41\"><\/a>[41]. Entonces, la cosa juzgada <em>formal<\/em> se presenta cuando una demanda se dirige contra una disposici\u00f3n sobre la cual hubo un pronunciamiento de constitucionalidad previo en sede de control abstracto, mientras que la cosa juzgada <em>material<\/em> ocurre cuando se cuestiona la misma norma, aunque se encuentre adscrita a otra disposici\u00f3n normativa<a name=\"_ftnref42\"><\/a>[42]. En otros t\u00e9rminos, esta \u00faltima se configura cuando una sentencia previa examin\u00f3 una norma equivalente a la demandada, contenida en un texto normativo distinto. De forma que, aunque se trate de disposiciones formalmente diferentes, producen los mismos efectos, en cuanto contienen la misma regla<a name=\"_ftnref43\"><\/a>[43].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"95\">\n<li>En segundo lugar, esta Corte ha precisado que la cosa juzgada tambi\u00e9n puede clasificarse en absoluta y relativa. Su diferencia se establece teniendo en cuenta el cargo de inconstitucionalidad o la amplitud del pronunciamiento previo de la Corte<a name=\"_ftnref44\"><\/a>[44]. La <em>cosa juzgada absoluta<\/em> se configura cuando el pronunciamiento de constitucionalidad de una disposici\u00f3n se realiz\u00f3 examinando su contenido respecto a la integralidad de la Constituci\u00f3n. De ah\u00ed que la disposici\u00f3n, por regla, no puede ser objeto de control de constitucionalidad posterior. En cambio, la<em> cosa<\/em> <em>juzgada<\/em> <em>relativa<\/em> se presenta cuando el juez constitucional se pronuncia al respecto de uno o varios cargos formulados, dejando abierta la posibilidad de formular un cargo distinto al examinado en la decisi\u00f3n anterior<a name=\"_ftnref45\"><\/a>[45]. En este caso ser\u00e1 posible examinar la norma acusada desde la perspectiva de cargos novedosos<a name=\"_ftnref46\"><\/a>[46].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"96\">\n<li>En esta modalidad existen las categor\u00edas de cosa juzgada relativa expl\u00edcita y relativa impl\u00edcita. Ser\u00e1 <em>expl\u00edcita <\/em>cuando la parte resolutiva de la sentencia se establece expresamente que el pronunciamiento de la Corte se limita a los cargos analizados y, de igual forma, se limitan los efectos de la decisi\u00f3n. Por el contrario, ser\u00e1 <em>impl\u00edcita<\/em><a name=\"_ftnref47\"><\/a>[47] cuando, pese a no hacerse tal referencia en la parte resolutiva, de las consideraciones de la sentencia se puede desprender que la Corte limit\u00f3 su an\u00e1lisis y pronunciamiento a determinados cargos<a name=\"_ftnref48\"><\/a>[48].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"97\">\n<li>De otro lado, la jurisprudencia constitucional ha establecido tres supuestos excepcionales que debilitan los efectos de la cosa juzgada: (i) la modificaci\u00f3n del par\u00e1metro de control, lo cual sucede cuando se aprueban reformas constitucionales que modifican el contenido mismo de la Carta Pol\u00edtica; (ii) el cambio en el significado material de la Constituci\u00f3n, que se relaciona con modificaciones en el\u00a0\u201ccar\u00e1cter din\u00e1mico de la carta\u201d, y (iii) la variaci\u00f3n del contexto normativo de la disposici\u00f3n o norma objeto de control, caso en el cual es necesario llevar a cabo una nueva ponderaci\u00f3n de principios constitucionales.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"98\">\n<li>Ahora bien, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que los efectos de la cosa juzgada dependen de si la norma en cuesti\u00f3n fue declarada exequible o inexequible. En el primer caso, en principio, la Corte deber\u00e1 estarse a lo resuelto en aquella providencia para garantizar la seguridad jur\u00eddica de sus decisiones. No obstante, deber\u00e1 analizarse si la declaratoria de exequibilidad dio lugar a la configuraci\u00f3n de cosa juzgada absoluta o relativa.\u00a0En el segundo caso, esto es, si la norma es declarada inexequible, la cosa juzgada ser\u00e1 absoluta, toda vez que su declaratoria retira del ordenamiento jur\u00eddico la disposici\u00f3n estudiada independientemente de los cargos invocados<a name=\"_ftnref49\"><\/a>[49].<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<h4>El an\u00e1lisis de la cosa juzgada en el caso objeto de estudio<\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"99\">\n<li>Seg\u00fan se mencion\u00f3 previamente, la Corte Constitucional, en las sentencias C-415 de 2022 y C-324 de 2023, analiz\u00f3 la constitucionalidad del art\u00edculo 236 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, modificado por el art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021. La primera providencia resolvi\u00f3 una demanda que advert\u00eda que se hab\u00eda incurrido en una omisi\u00f3n legislativa relativa porque el precepto acusado fijaba las reglas de las licencias de maternidad, paternidad y las parentales compartida y flexible, de madres o padres biol\u00f3gicos o adoptantes individualmente considerados o de parejas heterosexuales, pero no regulaba el derecho de las parejas del mismo sexo adoptantes, situaci\u00f3n que vulneraba el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"100\">\n<li>Al resolver el cargo, plante\u00f3 el siguiente problema jur\u00eddico: \u201c\u00bfincurri\u00f3 el Legislador en una omisi\u00f3n legislativa relativa, al no incorporar a las parejas adoptantes del mismo sexo como beneficiarias expresas en el art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021 que prev\u00e9 las licencias de maternidad, de paternidad, parental compartida y parental flexible, as\u00ed como las reglas espec\u00edficas de adjudicaci\u00f3n y adem\u00e1s vulner\u00f3 el deber especial de protecci\u00f3n a la ni\u00f1ez?\u201d. Para resolverlo, la Corte analiz\u00f3 el art\u00edculo 2 de la referida ley, incluyendo las expresiones que son objeto de demanda en esta ocasi\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"101\">\n<li>Por su parte, en la Sentencia C-324 de 2023, la Corte Constitucional resolvi\u00f3 una demanda contra las expresiones \u201ctrabajadora\u201d, \u201cmadre\u201d, y \u201cmujer\u201d contenidas en el mencionado art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021, al considerar que estas no inclu\u00edan a los hombres trans ni a las personas de g\u00e9nero no binario en estado de embarazo, exclusi\u00f3n que imped\u00eda su acceso a la licencia en \u00e9poca de parto.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"102\">\n<li>Para analizar la demanda, la Sala Plena formul\u00f3 el siguiente problema jur\u00eddico: \u201c\u00bfel art\u00edculo 236 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, modificado por el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 2114 de 2021, incurre en una omisi\u00f3n legislativa relativa que desconoce los derechos a la igualdad y a la seguridad social, al incluir las expresiones \u00abmujer\u00bb, \u00abtrabajadora\u00bb y \u00abmadre\u00bb y contemplar como titulares de\u00a0las licencias en la \u00e9poca del parto\u00a0a las mujeres, sin considerar expl\u00edcitamente a los hombres trans o a las personas no binarias?\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"103\">\n<li>En ambas sentencias la Corte Constitucional declar\u00f3 la exequibilidad condicionada del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021 pero el condicionamiento de ambas se refiri\u00f3 a contenidos normativos distintos, puesto que, en la primera, se condicion\u00f3 la totalidad del art\u00edculo, mientras que, en la segunda, solo se condicionaron las expresiones demandadas. As\u00ed, en la Sentencia C-415 de 2022, declar\u00f3 exequible el art\u00edculo acusado \u201cbajo el entendido de que la pareja adoptante del mismo sexo definir\u00e1, por una sola vez, quien de ellos gozar\u00e1 de cada prestaci\u00f3n en las mismas condiciones previstas para las familias heteroparentales adoptantes\u201d. En contraste, en la Sentencia C-324 de 2023 se declararon exequibles las expresiones \u201ctrabajadora\u201d, \u201cmadre\u201d, y \u201cmujer, \u201cen el entendido de que\u00a0las licencias en la \u00e9poca del parto tambi\u00e9n son aplicables a los hombres trans y personas no binarias, en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en esta sentencia\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"104\">\n<li>Toda vez que el art\u00edculo en cuyo numeral cuarto se aloja la expresi\u00f3n \u201cla madre adoptante\u201d, que constituye el objeto de la demanda bajo estudio, ha sido objeto de pronunciamientos previos relacionados con la vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad, cabe la duda sobre si en relaci\u00f3n con el cargo propuesto se ha configurado la cosa juzgada constitucional, impidiendo as\u00ed un fallo de fondo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"105\">\n<li>No obstante, al analizar la demanda, la Sala advierte que si bien las sentencias C-415 de 2022 y C-324 de 2023 abordaron cargos por violaci\u00f3n del principio de igualdad en relaci\u00f3n con la expresi\u00f3n acusada, ello no impide un nuevo pronunciamiento, pues el cargo que se estudia en esta ocasi\u00f3n es distinto a los analizados por esta Corte en las dos sentencias mencionadas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"106\">\n<li>Para sustentar dicha conclusi\u00f3n, a continuaci\u00f3n, se presenta el siguiente cuadro comparativo, en el que se estudia c\u00f3mo se relacionan el <em>objeto de control<\/em>, <em>el par\u00e1metro de constitucionalidad<\/em> y la <em>causa petendi<\/em> de los cargos analizados en las sentencias anteriores, con los elementos que fundamentan el cargo propuesto por los demandantes en esta ocasi\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><b><strong>Tabla 3.<\/strong><\/b><\/p>\n<table width=\"576\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"4\" width=\"576\"><b><strong>An\u00e1lisis de la cosa juzgada constitucional<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"94\"><b><strong>Elemento<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"142\"><b><strong>Sentencias previas<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"161\"><b><strong>Demanda actual<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"180\"><b><strong>Identidad<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"94\"><b><strong><em>Objeto de control<\/em><\/strong><\/b><a name=\"_ftnref50\"><\/a><b><strong><em>[50]<\/em><\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"142\">Art\u00edculo 236 CST, modificado por el art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021.<\/p>\n<p>\u2013 En Sentencia C-415 de 2022: revisi\u00f3n de todo el art\u00edculo.<br \/>\n\u2013 En Sentencia C-324 de 2023: revisi\u00f3n solo de las expresiones \u201ctrabajadora\u201d, \u201cmadre\u201d y \u201cmujer\u201d contenidas en el art\u00edculo.<\/td>\n<td width=\"161\"><b><strong>Expresi\u00f3n \u201cla madre adoptante\u201d (numeral 4)<\/strong><\/b> del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021.<\/td>\n<td width=\"180\"><b><strong>Identidad parcial de objeto de control<\/strong><\/b>: La expresi\u00f3n \u201cla madre adoptante\u201d, objeto de demanda parcial en esta ocasi\u00f3n, se sobrepone parcialmente con la expresi\u00f3n \u201cmadre\u201d, analizada en la Sentencia C-324 de 2023. As\u00ed mismo, esta se inserta en el numeral 4 del art. 2 de la Ley 2114 de 2021, cuyo contenido fue objeto de control en la Sentencia C-415 de 2022.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"94\"><b><strong><em>Par\u00e1metro de control de constitucionalidad<\/em><\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"142\">\u2013 Sentencia C-415 de 2022: Art\u00edculo 13 de la C.P. (igualdad) por omisi\u00f3n legislativa relativa al excluirse las parejas del mismo sexo adoptantes.<br \/>\n\u2013 Sentencia C-324 de 2023: Art\u00edculo 13 de la C.P. (igualdad) y el art\u00edculo 53 (seguridad social) por omisi\u00f3n legislativa relativa por exclusi\u00f3n de hombres trans y personas no binarias gestantes.<\/td>\n<td width=\"161\">Art\u00edculo 13 de la C.P. (igualdad) porque a las parejas heteroparentales adoptantes no se les permite elegir cu\u00e1l de sus miembros acceder\u00e1 a la licencia de maternidad.<\/td>\n<td width=\"180\"><b><strong>Identidad parcial del par\u00e1metro de control<\/strong><\/b><b><strong>:<\/strong><\/b> En todos los casos se alega como desconocido el principio constitucional de igualdad, incorporado en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. No obstante, el marco de an\u00e1lisis de las sentencias C-415 de 2022 y C-324 de 2023, se centr\u00f3 en analizar una omisi\u00f3n legislativa relativa.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"94\"><b><strong><em>Causa petendi<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong><em>(fundamento del cargo)<\/em><\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"142\">\u2013 Sentencia C-415 de 2022: el cargo se fundamentaba en la no inclusi\u00f3n de parejas del mismo sexo adoptantes como titulares de las licencias parentales contempladas en la disposici\u00f3n.<\/p>\n<p>\u2013 Sentencia C-324 de 2023: el cargo se fundamentaba en la no inclusi\u00f3n de hombres trans y personas no binarias como titulares de la licencia en \u00e9poca de parto.<\/td>\n<td width=\"161\">El cargo se fundamenta en la asignaci\u00f3n autom\u00e1tica de licencias parentales para parejas heteroparentales adoptantes seg\u00fan el g\u00e9nero, mientras que las parejas del mismo sexo deben elegir por una sola vez cu\u00e1l de sus integrantes acceder\u00e1 a cada licencia (condicionamiento sentencia C-415 de 2022).<\/td>\n<td width=\"180\"><b><strong>No hay identidad<\/strong><\/b><em>. <\/em>El cargo objeto de demanda en el proceso de la referencia se fundamenta en razones distintas a aquellas que fueron objeto de estudio previo por la Corte Constitucional en las sentencias C-415 de 2022 y C-324 de 2023.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Fuente: e<em>laboraci\u00f3n propia<\/em> <em>con base en las sentencias C-415 de 2022 y C-324 de 2023 y el texto de la demanda.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"107\">\n<li><em>Conclusi\u00f3n.<\/em> Como se observa en el cuadro, aunque en dichas providencias la Corte Constitucional analiz\u00f3 si el texto normativo acusado vulneraba el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n, ello no impide un pronunciamiento de fondo en esta ocasi\u00f3n, toda vez que la <em>causa petendi<\/em> de la demanda actualmente propuesta difiere de aquellas que fueron analizadas en las sentencias antes mencionadas. Lo anterior, porque el marco de an\u00e1lisis de aquellas se centr\u00f3 en la omisi\u00f3n legislativa relativa por no contemplar dentro de la norma demandada licencias parentales para las parejas del mismo sexo (Sentencia C-415 de 2022) y las licencias en la \u00e9poca de parto para hombres trans y personas no binarias (Sentencia C-324 de 2023).<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"108\">\n<li>En contraste, en esta oportunidad, el cargo se sustenta en el desconocimiento del derecho a la igualdad (art. 13 de la C.P.) porque la disposici\u00f3n demandada les asigna de manera autom\u00e1tica las licencias parentales de las que trata la norma a las parejas heteroparentales adoptantes de acuerdo con su g\u00e9nero, mientras que a las del mismo sexo adoptantes, el condicionamiento efectuado en la Sentencia C-415 de 2022 les concedi\u00f3 la prerrogativa de elegir, por una sola vez, el tipo de licencia parental a la que quiera acceder cada integrante de la pareja adoptante.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"109\">\n<li>En otras palabras, en las sentencias anteriores, los cargos se basaron en la configuraci\u00f3n de omisiones legislativas relativas que generaban exclusiones espec\u00edficas, en la demanda actual no se cuestiona una omisi\u00f3n del legislador, sino un trato desigual derivado de la asignaci\u00f3n autom\u00e1tica de las licencias parentales seg\u00fan el g\u00e9nero en las parejas heteroparentales adoptantes.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"110\">\n<li>Dicho lo anterior, esta Sala concluye que, en esta ocasi\u00f3n, las sentencias C-415 de 2022 y C-324 de 2023 hicieron tr\u00e1nsito <em>a cosa juzgada relativa impl\u00edcita, <\/em>tal como lo advirtieron los demandantes<a name=\"_ftnref51\"><\/a>[51]. As\u00ed, en relaci\u00f3n con la demanda bajo estudio: (a) la identidad de objeto es <em>parcial<\/em>; (b) la identidad del par\u00e1metro de control es <em>parcial<\/em>, y (c) no existe una identidad de la <em>causa petendi. <\/em>Adem\u00e1s, las sentencias antes mencionadas no cerraron completamente la posibilidad de formular cargos distintos a los all\u00ed examinados.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<h3><a name=\"_Toc224553749\"><\/a>3.3. Tercera cuesti\u00f3n previa: integraci\u00f3n de la unidad normativa<\/h3>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"111\">\n<li>El art\u00edculo 6 del Decreto 2067 de 1991 le confiere a la Corte Constitucional la facultad de integrar textos normativos no demandados con aquellos que son objeto de revisi\u00f3n, con el fin de evitar fallos inocuos, o cuando ello sea necesario para el pronunciamiento de fondo. Esta facultad, conocida como la integraci\u00f3n normativa, materializa importantes principios constitucionales, como la econom\u00eda procesal y la seguridad jur\u00eddica<a name=\"_ftnref52\"><\/a>[52].<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"112\">\n<li>Con todo, la jurisprudencia constitucional ha sido enf\u00e1tica en precisar que la potestad de integrar oficiosamente la unidad normativa es de car\u00e1cter excepcional<a name=\"_ftnref53\"><\/a>[53], y que, por lo tanto, la regla general es la inhibici\u00f3n cuando el demandante haya omitido realizarla<a name=\"_ftnref54\"><\/a>[54]. As\u00ed pues, la integraci\u00f3n normativa solo procede cuando (i) se demande una disposici\u00f3n cuyo contenido de\u00f3ntico no sea claro, un\u00edvoco o aut\u00f3nomo; (ii) la disposici\u00f3n cuestionada se encuentre reproducida en otras disposiciones que posean el mismo contenido de\u00f3ntico de aquella; y finalmente, cuando (iii) la norma se encuentre intr\u00ednsecamente\u00a0relacionada con otra disposici\u00f3n que pueda ser, presumiblemente, inconstitucional<a name=\"_ftnref55\"><\/a>[55].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"113\">\n<li>Para que proceda la integraci\u00f3n normativa en esta \u00faltima hip\u00f3tesis se debe estar frente a casos en los cuales las normas demandadas tienen un sentido regulador y aut\u00f3nomo, pero, resulta imposible estudiar la constitucionalidad de una norma sin analizar las otras disposiciones, pues de lo contrario se producir\u00eda un fallo inocuo<a name=\"_ftnref56\"><\/a>[56]. Adem\u00e1s, se deben dar las siguientes dos circunstancias: (a) que la disposici\u00f3n demandada tenga estrecha relaci\u00f3n con los preceptos que no fueron cuestionados y que conformar\u00edan la unidad normativa; y (b) que las normas no acusadas parezcan inconstitucionales<a name=\"_ftnref57\"><\/a>[57].<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"114\">\n<li>Con fundamento en estas reglas jurisprudenciales, la Sala Plena considera que en el presente caso es necesario realizar una integraci\u00f3n de la unidad normativa por configurarse la tercera hip\u00f3tesis. De manera espec\u00edfica, el an\u00e1lisis de constitucionalidad al que se proceder\u00e1 no solo debe hacerse frente a la expresi\u00f3n demandada \u201cla madre adoptante\u201d, contenida en el art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021, sino que debe referirse, tambi\u00e9n, a la expresi\u00f3n \u201cel padre adoptante\u201d, incorporada en el inciso segundo del par\u00e1grafo 2 del mismo art\u00edculo<a name=\"_ftnref58\"><\/a>[58], toda vez que la expresi\u00f3n cuestionada por los ciudadanos est\u00e1 <em>intr\u00ednsecamente relacionada <\/em>con esta \u00faltima.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"115\">\n<li>La relaci\u00f3n intr\u00ednseca entre ambas expresiones obedece a que hacen parte de un mismo r\u00e9gimen jur\u00eddico en materia de licencias parentales por adopci\u00f3n y, adem\u00e1s, a que, en ambos casos, la norma establece una asignaci\u00f3n autom\u00e1tica de dichas licencias con base en el sexo del adoptante, de tal suerte que de la misma forma que la expresi\u00f3n \u201cla madre adoptante\u201d implica que la licencia de maternidad debe ser disfrutada, salvo circunstancias excepcionales, por esta integrante de la pareja; la expresi\u00f3n \u201cel padre adoptante\u201d hace lo propio con el miembro masculino de la pareja heteroparental adoptante.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"116\">\n<li>En cuanto a una presunta inconstitucionalidad de la expresi\u00f3n \u201cpadre adoptante\u201d, se tiene que esta participa del mismo esquema normativo de asignaci\u00f3n autom\u00e1tica de roles parentales. En ese sentido, y siguiendo la l\u00ednea argumentativa de los demandantes, se presume la reproducci\u00f3n de un trato diferenciado basado en el g\u00e9nero, lo que constituye un factor sospechoso de discriminaci\u00f3n, de acuerdo con el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. As\u00ed las cosas, se presenta una apariencia razonable de inconstitucionalidad.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"117\">\n<li>De ah\u00ed que, si la Corte adoptara la postura propuesta por los demandantes y analizara la constitucionalidad \u00fanicamente de la expresi\u00f3n \u201cla madre adoptante\u201d, la norma seguir\u00eda produciendo el efecto jur\u00eddico que se cuestiona: la asignaci\u00f3n autom\u00e1tica de las licencias parentales con base en criterios sexo-gen\u00e9ricos espec\u00edficos. De esta manera, el problema de igualdad advertido por los demandantes persistir\u00eda y la eventual decisi\u00f3n de la Corte carecer\u00eda de eficacia real, pudiendo devenir en inocua.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"118\">\n<li>Por consiguiente, la expresi\u00f3n \u201cel padre adoptante\u201d debe integrarse al objeto de control, pues ambas expresiones permitir\u00e1n determinar si la asignaci\u00f3n autom\u00e1tica, con base en el criterio g\u00e9nero, de las licencias parentales a los miembros de la pareja heteroparental que adopta, vulnera el principio de igualdad consagrado en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en especial cuando se les compara con las parejas del mismo sexo que se encuentran en una situaci\u00f3n an\u00e1loga.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"119\">\n<li>En consecuencia, la Sala Plena dispondr\u00e1 la integraci\u00f3n de la unidad normativa entre las expresiones \u201cla madre adoptante\u201d y \u201cel padre adoptante\u201d, contenidas en el numeral 4 y en el inciso segundo del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021, respectivamente. Por lo tanto, el estudio de constitucionalidad se circunscribir\u00e1 a estas expresiones en el marco del cargo por vulneraci\u00f3n del principio de la igualdad.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<h2><a name=\"_Toc224553750\"><\/a>4. Planteamiento del problema jur\u00eddico y metodolog\u00eda de la decisi\u00f3n<\/h2>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"120\">\n<li>En esta ocasi\u00f3n, la Corte Constitucional procede a pronunciarse sobre la constitucionalidad de las expresiones\u00a0 \u201cla madre adoptante\u201d y\u00a0 \u201cel padre adoptante\u201d, incorporadas en el numeral 4 y el inciso segundo del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021, \u201cPor medio de la cual se ampl\u00eda la licencia de paternidad, se crea la licencia parental compartida, la licencia parental flexible de tiempo parcial, se modifica el art\u00edculo 236 y se adiciona el art\u00edculo 241A del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones\u201d, las cuales, presuntamente, desconocen el principio de igualdad incorporado en el art. 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"121\">\n<li>El an\u00e1lisis constitucional se orienta a determinar si el Legislador desconoci\u00f3 el principio de igualdad al asignar, de manera autom\u00e1tica, la licencia de maternidad a \u201cla madre adoptante\u201d y la licencia de paternidad a \u201cel padre adoptante\u201d, restringiendo as\u00ed la posibilidad de que los miembros de las parejas heteroparentales adoptantes decidan cu\u00e1l de sus integrantes asumir\u00e1 dicha prestaci\u00f3n, posibilidad que, en virtud de la Sentencia C-415 de 2022, fue concedida en el caso de las parejas del mismo sexo que adoptan.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"122\">\n<li>En consecuencia, la Sala deber\u00e1 resolver el siguiente problema jur\u00eddico: \u201c\u00bflas expresiones \u201cla madre adoptante\u201d y \u201cel padre adoptante\u201d contenidas en el numeral 4, y en el inciso segundo del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021, respectivamente, vulneran el principio de igualdad contemplado en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica al: (i) negarle la posibilidad a la pareja heteroparental adoptante de elegir cu\u00e1l de sus miembros acceder\u00e1 a cada una de las licencias parentales, en contraste con lo que ocurre en el caso de las parejas del mismo sexo que adoptan y (ii) al asignar de manera autom\u00e1tica a los miembros de la pareja de distinto sexo adoptante las correspondientes licencias parentales con base en criterios de g\u00e9nero espec\u00edficos?<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"123\">\n<li>Para resolver la problem\u00e1tica presentada, la Sala Plena proceder\u00e1 a: (i) reiterar la jurisprudencia sobre el principio de igualdad y no discriminaci\u00f3n, especialmente sobre la prohibici\u00f3n de discriminar por razones de sexo y orientaci\u00f3n sexual; (ii) pronunciarse sobre la incompatibilidad de las normas que asignan beneficios o cargas sociales con base en estereotipos de g\u00e9nero con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el bloque de constitucionalidad; (iii) referirse al derecho fundamental al cuidado, la igualdad y la corresponsabilidad familiar en su ejercicio, as\u00ed como la persistente desigualdad en la distribuci\u00f3n de las labores dom\u00e9sticas y de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres; (iv) analizar la regulaci\u00f3n de las licencias parentales en el ordenamiento jur\u00eddico interno, y (v) finalmente, reiterar su jurisprudencia sobre el inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, sus derechos al cuidado y a tener una familia, y la adopci\u00f3n como medida de protecci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<h2><a name=\"_Toc224553751\"><\/a><a name=\"_Toc115780330\"><\/a>5. El principio de igualdad y la prohibici\u00f3n de discriminaci\u00f3n. Reiteraci\u00f3n de jurisprudencia<\/h2>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"124\">\n<li>La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 reconoci\u00f3 la igualdad como uno de los pilares del Estado Social de Derecho e incorpor\u00f3, de manera expresa, un mandato de igualdad entre hombres y mujeres, otorgando a estas \u00faltimas una protecci\u00f3n especial para contrarrestar patrones hist\u00f3ricos y arraigados de discriminaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"125\">\n<li>Por un lado, el art\u00edculo 13 Superior determina que las personas nacen libres e iguales, por lo que deben recibir la misma protecci\u00f3n y trato por parte de las autoridades y \u201cgozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminaci\u00f3n por razones de <b><strong>sexo<\/strong><\/b>, raza, origen nacional o familiar, lengua, religi\u00f3n, opini\u00f3n pol\u00edtica o filos\u00f3fica\u201d (\u00e9nfasis a\u00f1adido). Con todo, esta misma cl\u00e1usula reconoce que, como tal m\u00e1xima no siempre se cumplir\u00e1 a nivel material, es deber de las autoridades promover condiciones para que dicha igualdad sea real y efectiva. De otro lado, el art\u00edculo 43 reafirma que las mujeres y los hombres tienen iguales derechos y oportunidades y proh\u00edbe cualquier forma de discriminaci\u00f3n contra la mujer.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"126\">\n<li>La Corte Constitucional, dando alcance a la cl\u00e1usula de igualdad, ha precisado que esta tiene un triple rol en el ordenamiento jur\u00eddico<a name=\"_ftnref59\"><\/a>[59]: el de valor, el de principio y el de derecho<a name=\"_ftnref60\"><\/a>[60] y carece de un contenido material espec\u00edfico. Es decir que, a diferencia de otros principios constitucionales o derechos fundamentales, no protege ning\u00fan \u00e1mbito concreto de la esfera de la actividad humana, sino que puede ser alegado ante cualquier trato diferenciado injustificado<a name=\"_ftnref61\"><\/a>[61]. De ah\u00ed surge uno de los principales atributos que lo identifica: su car\u00e1cter relacional<a name=\"_ftnref62\"><\/a>[62].<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"127\">\n<li>El principio de igualdad y no discriminaci\u00f3n tambi\u00e9n encuentra su fundamento en m\u00faltiples instrumentos internacionales sobre los derechos humanos. Solo por mencionar algunos, la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos, en su art\u00edculo 2, garantiza la igualdad ante la ley. La Convenci\u00f3n Americana sobre los Derechos Humanos lo consagra en sus art\u00edculos 1.1 y 24, que determinan la obligaci\u00f3n de los Estados de garantizar el libre ejercicio de los derechos de todas las personas sin discriminaci\u00f3n alguna y su consecuente igualdad ante la ley<a name=\"_ftnref63\"><\/a>[63]. Por su parte, el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Pol\u00edticos, en el art\u00edculo 26 se\u00f1ala que \u201ctodas las personas son iguales ante la ley y prohibir\u00e1 toda discriminaci\u00f3n y garantizar\u00e1 a todas las personas protecci\u00f3n igual y efectiva contra cualquier discriminaci\u00f3n<a name=\"_ftnref64\"><\/a>[64]\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"128\">\n<li>Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), el derecho a la igualdad y no discriminaci\u00f3n deviene directamente de la unidad de naturaleza del g\u00e9nero humano y es inescindible de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situaci\u00f3n que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que s\u00ed se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situaci\u00f3n<a name=\"_ftnref65\"><\/a>[65]. Asimismo, dicho elemento abarca dos concepciones. La negativa, que est\u00e1 relacionada con la prohibici\u00f3n de diferencias de trato arbitrarias, y la positiva, que impone una obligaci\u00f3n a los Estados de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido hist\u00f3ricamente excluidos o que se encuentran en riesgo de serlo<a name=\"_ftnref66\"><\/a>[66].<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"129\">\n<li>El mandato de igualdad y no discriminaci\u00f3n puede aplicarse a m\u00faltiples \u00e1mbitos del quehacer humano. As\u00ed, la igualdad implica: (i) el dar un mismo trato a supuestos de hecho equivalentes, siempre que no haya razones suficientes para darles un trato diferente; y (ii) el dar un trato desigual a supuestos de hechos diferentes<a name=\"_ftnref67\"><\/a>[67]. De estos mandatos se desprenden cuatro reglas principales: (a) dar el mismo trato a situaciones de hecho id\u00e9nticas; (b) dar un trato diferente a situaciones de hecho que no tienen ning\u00fan elemento en com\u00fan; (c) dar un trato paritario o semejante a situaciones de hecho que presenten similitudes y diferencias, cuando las primeras sean m\u00e1s relevantes que las segundas, y (d) dar un trato diferente a situaciones de hecho que presenten similitudes y diferencias, cuando las segundas sean m\u00e1s relevantes que las primeras<a name=\"_ftnref68\"><\/a>[68].<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"130\">\n<li>Esta Corte ha indicado que del art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica se derivan los siguientes mandatos (i) igualdad ante la ley; (ii) promoci\u00f3n de la igualdad de oportunidades o igualdad material, comprendido como el deber de ejercer acciones concretas destinadas a beneficiar a los grupos discriminados y marginados, ya sea a trav\u00e9s de cambios pol\u00edticos o prestaciones concretas, y (iii) prohibici\u00f3n de discriminaci\u00f3n, previsi\u00f3n que dispone que las actuaciones del Estado y los particulares no deben,\u00a0a primera vista, prodigar tratos desiguales a partir de criterios definidos como \u201csospechosos\u201d (o semi sospechosos), tales como el sexo, g\u00e9nero, raza, color, idioma, religi\u00f3n o convicci\u00f3n, opini\u00f3n pol\u00edtica o de otra \u00edndole, origen nacional, \u00e9tnico o social, nacionalidad, edad, situaci\u00f3n econ\u00f3mica, patrimonio, estado civil, la situaci\u00f3n de discapacidad, el nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n semejante<a name=\"_ftnref69\"><\/a>[69].<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"131\">\n<li>Frente a este \u00faltimo mandato, para esta Corporaci\u00f3n, existen dos formas principales de discriminaci\u00f3n: la directa y la indirecta. La primera tiene lugar cuando a una determinada persona se le confiere un trato diferenciado desfavorable carente de justificaci\u00f3n, fundado en categor\u00edas sospechosas o semi sospechosas. Los criterios sospechosos son aquellos que (i) se fundan en rasgos permanentes de las personas, de las cuales \u00e9stas no pueden prescindir por voluntad propia a riesgo de perder su identidad; (ii) esas caracter\u00edsticas han estado sometidas, hist\u00f3ricamente, a patrones de valoraci\u00f3n cultural que tienden a menospreciarlas; y, (iii) no constituyen, en s\u00ed mismas, criterios con base en los cuales sea posible efectuar una distribuci\u00f3n o reparto racionales y equitativos de bienes, derechos o cargas sociales<a name=\"_ftnref70\"><\/a>[70]. Ejemplos de estos son a los que se refiere de manera expresa el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n a modo de prohibiciones.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"132\">\n<li>La discriminaci\u00f3n indirecta, por su parte, ocurre cuando el trato que se le da a una persona es formalmente no discriminatorio. Sin embargo, en la pr\u00e1ctica, este desencadena consecuencias f\u00e1cticas desiguales que lesionan o limitan el goce efectivo de sus derechos<a name=\"_ftnref71\"><\/a>[71]. En tales casos, medidas neutrales que, en principio, no implican factores diferenciadores entre las personas, pueden producir desigualdades <em>de facto<\/em> entre unas y otras, por su efecto adverso exclusivo, constituyendo un tipo indirecto de discriminaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"133\">\n<li>Esta modalidad de discriminaci\u00f3n se compone de dos criterios: primero, la existencia de una medida o una pr\u00e1ctica que se aplica a todos de manera aparentemente\u00a0<em>neutra<\/em>. Segundo, la medida o la pr\u00e1ctica pone en una situaci\u00f3n\u00a0<em>desaventajada<\/em>un grupo de personas protegido. Es el segundo criterio de la discriminaci\u00f3n indirecta el que difiere de la discriminaci\u00f3n directa: el an\u00e1lisis de la discriminaci\u00f3n no se focaliza sobre la existencia de un trato diferencial sino sobre los efectos diferenciales<a name=\"_ftnref72\"><\/a>[72].<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"134\">\n<li>En particular, el mandato de igualdad ante la ley implica que las normas deben ser aplicadas de manera sim\u00e9trica a todas las personas. Su desconocimiento se concreta cuando una ley se aplica de manera diferente a una o varias personas con relaci\u00f3n al resto de ellas. Esta dimensi\u00f3n garantiza que la ley se aplique por igual, pero no que la ley en s\u00ed misma trate igual a todas las personas<a name=\"_ftnref73\"><\/a>[73]. Es decir, se debe garantizar a todas las personas que la ley que se va a aplicar no regule de forma diferente la situaci\u00f3n de personas que deber\u00edan ser tratadas igual; o lo contrario, que regule de forma igual la situaci\u00f3n de personas que deben ser tratadas diferente.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"135\">\n<li>La Corte IDH se ha referido al principio de igualdad de trato ante la ley y la no discriminaci\u00f3n. En la Opini\u00f3n Consultiva OC-18 de 2003, sostuvo que los Estados tienen la obligaci\u00f3n de no introducir en su ordenamiento jur\u00eddico regulaciones discriminatorias, de eliminar de dicho ordenamiento dichas regulaciones y de combatir las pr\u00e1cticas discriminatorias. Tambi\u00e9n precis\u00f3 que este principio impregna toda actuaci\u00f3n del poder del Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, relacionada con el respeto y garant\u00eda de los derechos humanos. Finalmente, consider\u00f3 que la igualdad ante la ley y no discriminaci\u00f3n pertenece al <em>ius cogens, <\/em>puesto que sobre \u00e9l descansa todo el andamiaje jur\u00eddico del orden p\u00fablico nacional e internacional y es un principio que permea todo el ordenamiento jur\u00eddico<a name=\"_ftnref74\"><\/a>[74].<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"136\">\n<li>De esta manera, la cl\u00e1usula de igualdad y no discriminaci\u00f3n no constituye una mera declaraci\u00f3n formal, sino un mandato de acci\u00f3n para contrarrestar los efectos estructurales de la discriminaci\u00f3n. En especial, aquellos derivados de categor\u00edas constitucionalmente sospechosas, como el sexo, el g\u00e9nero y la orientaci\u00f3n sexual<a name=\"_ftnref75\"><\/a>[75]. Por tanto, es un desaf\u00edo que deben asumir los individuos, la sociedad y el Estado.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<h3><a name=\"_Toc224553752\"><\/a>5.1. La prohibici\u00f3n de discriminaci\u00f3n en raz\u00f3n del sexo, el g\u00e9nero y la orientaci\u00f3n sexual<\/h3>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"137\">\n<li>Como se explic\u00f3, el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagra el principio de igualdad y establece expresamente que todas las personas deben recibir el mismo trato ante la ley, \u201csin ninguna discriminaci\u00f3n\u201d, incluida aquella fundada en el sexo, de la cual, relacionalmente, surge la categor\u00eda de orientaci\u00f3n sexual<a name=\"_ftnref76\"><\/a>[76].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"138\">\n<li>Desde sus inicios, esta Corte ha sido enf\u00e1tica en precisar que la discriminaci\u00f3n fundada en razones de sexo se encuentra, a primera vista, prohibida, mientras no exista un motivo constitucionalmente v\u00e1lido que la justifique. En la Sentencia C-588 de 1992, la Sala Plena precis\u00f3 que \u201cel hombre y mujer gozan de los mismos derechos y prerrogativas y est\u00e1n obligados por sus deberes en igual forma a la luz de la Constituci\u00f3n (\u2026) La pertenencia al sexo masculino o al femenino tampoco debe implicar, por s\u00ed misma, una raz\u00f3n para obtener beneficios de la ley o para hallarse ante sus normas en inferioridad de condiciones. De all\u00ed que sean inconstitucionales las disposiciones que plasman distinciones soportadas \u00fanica y exclusivamente en ese factor\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"139\">\n<li>Por consiguiente, el sexo y el g\u00e9nero son categor\u00edas sospechosas de discriminaci\u00f3n por mandato de la propia Constituci\u00f3n. El trato diferenciado que se sustente en este criterio se presume que desconoce el derecho a la igualdad y, en tal sentido, es discriminatorio, a menos que se demuestre la razonabilidad y proporcionalidad estricta de su uso. Esto es as\u00ed porque la prohibici\u00f3n expresa de discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n de sexo de la cl\u00e1usula de igualdad contempla una excepci\u00f3n: el trato normativo diferenciado por raz\u00f3n de sexo que la Constituci\u00f3n proh\u00edbe es aquel que es desfavorable e injustificado<a name=\"_ftnref77\"><\/a>[77].<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"140\">\n<li>De acuerdo con los incisos 2 y 3 de los art\u00edculos 13 y 43 de la Constituci\u00f3n, respectivamente, la prohibici\u00f3n de discriminaci\u00f3n se debe materializar a trav\u00e9s de medidas necesarias para contrarrestar los efectos de las formas de exclusi\u00f3n hist\u00f3ricas, en especial hacia a la mujer. A partir de estos mandatos superiores, para la Corte es claro que es posible implementar acciones afirmativas con el fin de favorecer a grupos que son objeto de protecci\u00f3n especial por enfrentar discriminaci\u00f3n social<a name=\"_ftnref78\"><\/a>[78].<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"141\">\n<li>En cuanto a la prohibici\u00f3n de discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n de la orientaci\u00f3n sexual, esta Corte, desde sus inicios, ha determinado que el principio de igualdad comprende la prohibici\u00f3n de discriminar a las personas con base en su orientaci\u00f3n sexual. En efecto, la Sentencia C-098 de 1996, sostuvo que cualquier intento de establecer diferencias legales perjudiciales basadas en orientaci\u00f3n sexual vulnera el principio de igualdad. En la Sentencia C-481 de 1998, bajo este mismo enfoque, se\u00f1al\u00f3 que un trato distinto fundado en la orientaci\u00f3n sexual rara vez cumple alg\u00fan prop\u00f3sito constitucionalmente relevante porque casi nunca se encuentra relacionada con las capacidades del individuo. En ese sentido, determin\u00f3 que todo trato fundado en este criterio es, en principio, discriminatorio y, por lo tanto, est\u00e1 constitucionalmente prohibido por el art\u00edculo 13 superior.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"142\">\n<li>El derecho internacional de los derechos humanos tambi\u00e9n proscribe la diferenciaci\u00f3n de trato basada en la orientaci\u00f3n sexual. Adem\u00e1s de los mandatos de igualdad se\u00f1alados en la parte inicial de este cap\u00edtulo, las observaciones generales de algunos instrumentos internacionales han confirmado que los Estados tienen la obligaci\u00f3n de proteger a todas las personas de la discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n de la orientaci\u00f3n sexual<a name=\"_ftnref79\"><\/a>[79]. En particular, el Comit\u00e9 de Derechos Humanos ha instado a los Estados a garantizar a todas las personas la igualdad de los derechos independientemente de su orientaci\u00f3n sexual y ha celebrado la legislaci\u00f3n que incluye la orientaci\u00f3n sexual entre los motivos prohibidos de discriminaci\u00f3n<a name=\"_ftnref80\"><\/a>[80]. El Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos, por su parte, ha afirmado el principio de no discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n de orientaci\u00f3n sexual<a name=\"_ftnref81\"><\/a>[81].<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"143\">\n<li>La Corte Constitucional, a lo largo de su jurisprudencia, ha sido contundente con esta prohibici\u00f3n. As\u00ed, al estudiar casos de discriminaci\u00f3n basados en la orientaci\u00f3n sexual, ha determinado que (a) esta constituye una categor\u00eda sospechosa de discriminaci\u00f3n, por lo que todo tratamiento diferencial fundado en ese criterio se presume como discriminatorio a menos que pueda justificarse con la aplicaci\u00f3n de un test estricto de proporcionalidad<a name=\"_ftnref82\"><\/a>[82] y (b) se debe eliminar toda forma o acto de discriminaci\u00f3n en raz\u00f3n de la orientaci\u00f3n sexual de las personas<a name=\"_ftnref83\"><\/a>[83].<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<h3><a name=\"_Toc224553753\"><\/a>5.2. Incompatibilidad de las normas que se basan en estereotipos de g\u00e9nero con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el bloque de constitucionalidad<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"144\">\n<li>Esta Corte ha determinado que la discriminaci\u00f3n por razones de sexo o g\u00e9nero ha dado lugar a la asignaci\u00f3n de roles diferenciados, la imposici\u00f3n de cargas desiguales, la concesi\u00f3n de privilegios injustificados y la creaci\u00f3n de estereotipos que dificultan el acceso a derechos y perpet\u00faan la discriminaci\u00f3n incluso en las instituciones judiciales<a name=\"_ftnref84\"><\/a>[84]. Tambi\u00e9n ha advertido que muchas de las diferenciaciones fundadas en el sexo o en los roles asignados tradicionalmente a hombres y mujeres se sustentan en <b><strong>estereotipos de g\u00e9nero<\/strong><\/b>.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"145\">\n<li>La Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n ha entendido los estereotipos de g\u00e9nero como aquellos que corresponden a \u201cla construcci\u00f3n social y cultural de hombres y mujeres, en raz\u00f3n de sus diferentes funciones f\u00edsicas, biol\u00f3gicas, sexuales y sociales\u201d que resultan problem\u00e1ticos cuando con la estereotipaci\u00f3n se pretende \u201cignorar las caracter\u00edsticas, habilidades, necesidades, deseos y circunstancias individuales, de forma tal que se les niegan a las personas sus derechos y libertades fundamentales y se crean jerarqu\u00edas de g\u00e9nero\u201d. Estos estereotipos son una de las formas m\u00e1s comunes, pero a la vez, m\u00e1s ocultas de discriminaci\u00f3n contra la mujer<a name=\"_ftnref85\"><\/a>[85].<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"146\">\n<li>En la Sentencia C-335 de 2013, la Corte explic\u00f3 que los estereotipos de g\u00e9nero han motivado la idea de la independencia, dominancia, agresividad e intelectualidad del hombre y de la emotividad, compasi\u00f3n y sumisi\u00f3n de la mujer, lo cual ha causado la discriminaci\u00f3n de las mujeres en roles intelectuales y de liderazgo que hist\u00f3ricamente ha sido reforzada mediante la violencia, a trav\u00e9s de la agresividad masculina aprendida en la infancia como estereotipo y luego desarrollada como forma de dominaci\u00f3n. Por ende, ha calificado los estereotipos de g\u00e9nero como una forma de \u201cdiscriminaci\u00f3n indirecta\u201d, por lo que, al estudiar enunciados normativos inspirados en estos, los ha declarado inexequibles<a name=\"_ftnref86\"><\/a>[86].<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"147\">\n<li>La jurisprudencia constitucional ha resaltado algunas clases de estereotipos de g\u00e9nero: (i)<em> de<\/em> <em>sexo, <\/em>los cuales est\u00e1n centrados en las diferencias f\u00edsicas y biol\u00f3gicas existentes entre hombres y mujeres; (ii) <em>sexuales, <\/em>que se refieren a la interacci\u00f3n sexual entre hombres y mujeres; (iii) <em>roles de g\u00e9nero<\/em>, estereotipos sobre los comportamientos atribuidos y esperados de hombres y mujeres a partir de construcciones sociales y culturales o sobre su f\u00edsico, y (iv) <em>compuestos, <\/em>que son estereotipos que interact\u00faan con otros estereotipos de g\u00e9nero atribuyendo roles o caracter\u00edsticas a grupos diversos<a name=\"_ftnref87\"><\/a>[87].<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"148\">\n<li>Ahora bien, de acuerdo con la Corte IDH, un estereotipo de g\u00e9nero es una preconcepci\u00f3n de atributos o caracter\u00edsticas pose\u00eddas o roles que son o deber\u00edan ser ejecutados por hombres y mujeres<a name=\"_ftnref88\"><\/a>[88]. Estas ideas se fundamentan principalmente en diferencias percibidas, que son el resultado de construcciones sociales y culturales sobre el papel de cada persona o grupos de personas en la sociedad. Estos pueden ser abiertamente hostiles o aparentemente benignos, pero, en cualquier caso, son perjudiciales cuando contribuyen a perpetuar patrones hist\u00f3ricos de discriminaci\u00f3n<a name=\"_ftnref89\"><\/a>[89]. Naciones Unidas comparte esta visi\u00f3n y, adem\u00e1s, considera que estos son perjudiciales y perpet\u00faan desigualdades cuando limitan la capacidad de las mujeres y los hombres para desarrollar sus capacidades personales, seguir sus carreras profesionales y\/o tomar decisiones sobre sus vidas<a name=\"_ftnref90\"><\/a>[90].<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"149\">\n<li>Algunos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos han identificado los estereotipos de g\u00e9nero como pr\u00e1cticas discriminatorias contrarias al derecho a la igualdad y que afectan en mayor medida a las ni\u00f1as y las mujeres. Por tanto, han instado a combatirlos. As\u00ed, el art\u00edculo 2 de la Convenci\u00f3n sobre la Eliminaci\u00f3n de Todas las Formas de Discriminaci\u00f3n contra la Mujer (CEDAW)<a name=\"_ftnref91\"><\/a>[91] impone a los Estados los deberes de: (i) adoptar medidas legislativas y de otro car\u00e1cter que proh\u00edban toda discriminaci\u00f3n contra la mujer, y (ii) adoptar todas las medidas, incluso de car\u00e1cter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y pr\u00e1cticas que constituyan discriminaci\u00f3n contra la mujer.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"150\">\n<li>Igualmente, el art\u00edculo 5 de este instrumento determina que se deben \u201cmodificar los patrones socioculturales de conductas de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminaci\u00f3n de los prejuicios y las pr\u00e1cticas consuetudinarias, y de cualquier otra \u00edndole, que est\u00e9n basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"151\">\n<li>En virtud de estos mandatos, el Comit\u00e9 de la CEDAW ha hecho hincapi\u00e9 en la obligatoriedad de los Estados parte de eliminar todas las formas de estereotipos de g\u00e9nero en todas las esferas<a name=\"_ftnref92\"><\/a>[92]<em>. <\/em>Adem\u00e1s, en garantizar que no exista discriminaci\u00f3n directa ni indirecta contra las mujeres en las leyes, as\u00ed como hacer frente a las relaciones prevalecientes entre g\u00e9nero y a la persistencia de estereotipos basados en el g\u00e9nero que afectan a la mujer no s\u00f3lo a trav\u00e9s de actos individuales sino tambi\u00e9n porque se reflejan en las leyes<a name=\"_ftnref93\"><\/a>[93].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"152\">\n<li>Por su parte, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha reafirmado este deber. La Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1, en su art\u00edculo 6, reconoce el derecho de toda mujer a ser libre de patrones estereotipados de comportamiento y pr\u00e1cticas sociales y culturales basados en inferioridad o subordinaci\u00f3n<a name=\"_ftnref94\"><\/a>[94] y en su art\u00edculo 8.b dispone que los Estados deben adoptar medidas espec\u00edficas y programas orientados a modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo tipo de pr\u00e1cticas que se basen en la premisa de inferioridad o superioridad de cualquiera de los g\u00e9neros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"153\">\n<li>A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre conductas basadas en estereotipos negativos de g\u00e9nero. Por ejemplo, ha sostenido que, en virtud de tales estereotipos, se discrimina a las mujeres que conforman familias que se apartan del esquema social, como en el caso <em>Atala Riffo y Ni\u00f1as vs. Chile<\/em><a name=\"_ftnref95\"><\/a>[95], o se adoptan decisiones discriminatorias basadas en concepciones tradicionales referidas al rol de las mujeres como madres, como en el caso <em>Ram\u00edrez Escobar y otros vs. Guatemala<\/em>, en donde se determin\u00f3 que las actuaciones del Estado estuvieron basadas en estereotipos de g\u00e9nero sobre la distribuci\u00f3n de responsabilidades parentales, y en ideas preconcebidas sobre el rol de una madre o un padre en el cuidado de sus hijos.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"154\">\n<li>Para la Corte IDH, en virtud de estos estereotipos negativos de g\u00e9nero, se asignaron a las mujeres funciones en la esfera privada o dom\u00e9stica vinculadas con la procreaci\u00f3n y crianza de los hijos, y se ha promovido social e incluso, jur\u00eddicamente, que los hombres no asuman labores de cuidado no remuneradas<a name=\"_ftnref96\"><\/a>[96].<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"155\">\n<li>La Corte Constitucional, siguiendo estos mandatos, como se explic\u00f3, se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad de las normas o pr\u00e1cticas que se fundan en estereotipos de g\u00e9nero<a name=\"_ftnref97\"><\/a>[97]. Un ejemplo de ello se encuentra en la Sentencia C-534 de 2005, en donde se determin\u00f3 que no solo estaban prohibidas las diferenciaciones normativas que directamente adjudican consecuencias jur\u00eddicas diferentes a hombres y mujeres sin que se pretenda favorecer a est\u00e1s, sino que tambi\u00e9n resultaban contrarias a la Constituci\u00f3n aquellas diferenciaciones normativas que pretenden proteger a la mujer sobre la base de que ellas son d\u00e9biles, vulnerables, inferiores o cualquier otro estereotipo ofensivo o da\u00f1oso<a name=\"_ftnref98\"><\/a>[98].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"156\">\n<li>La Sentencia C-804 de 2006 reiter\u00f3 esta postura, puesto que en esta se sostuvo que no tienen cabida en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano aquellas disposiciones o regulaciones que, aunque aparenten proteger a la mujer, se sustentan en estereotipos sociales y culturales de car\u00e1cter machista que, en realidad, perpet\u00faan la desigualdad. De ah\u00ed que \u201caquellas definiciones tendientes a reproducir contenidos sexistas significan una vulneraci\u00f3n de la prohibici\u00f3n prevista en aquellos preceptos constitucionales dirigidos a reconocer la dignidad de las mujeres como personas aut\u00f3nomas y libres merecedoras de la misma consideraci\u00f3n y respeto que merecen los varones\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"157\">\n<li>Posteriormente, la Sentencia C-154 de 2022 reafirm\u00f3 tal prohibici\u00f3n. La Sala Plena, al analizar la expresi\u00f3n \u201co <em>uterinos\u201d,<\/em> contenida en el art\u00edculo 54 del C\u00f3digo Civil, reconoci\u00f3 que una de las formas de discriminaci\u00f3n contra la mujer es cuando la ley asocia sus capacidades y habilidades a un espec\u00edfico rol de procreaci\u00f3n. Ello por cuanto se trata de una valoraci\u00f3n en la que perpet\u00faa una cosmovisi\u00f3n ya superada de divisi\u00f3n sexual del trabajo, en donde la mujer es considerada como d\u00e9bil, incapaz y sometida al cuidado de los hombres, ya que su papel se limita a facilitar su cuerpo para el trabajo reproductivo y la atenci\u00f3n del hogar y la familia. Por ende, dicho vocablo apelaba a las caracter\u00edsticas biol\u00f3gicas de la mujer -tener \u00fatero-, lo que reproduc\u00eda y manten\u00eda una visi\u00f3n reduccionista del g\u00e9nero, perpetuando los estereotipos que reducen a la mujer a una funci\u00f3n biol\u00f3gica. A partir de este razonamiento, la Corte declar\u00f3 inexequible dicha expresi\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"158\">\n<li>Con sustento en lo anterior, se concluye que los estereotipos de g\u00e9nero no son simples ideales sociales, sino estructuras normativas y simb\u00f3licas que legitiman desigualdades materiales que perpet\u00faan roles tradicionales y reproducen relaciones de subordinaci\u00f3n y dependencia. Por ello, conforme al marco constitucional y a los compromisos internacionales adquiridos, el Estado tiene el deber de adoptar medidas adecuadas para eliminar del ordenamiento jur\u00eddico disposiciones que legitimen par\u00e1metros contrarios a la igualdad de la mujer, lo cual incluye la obligaci\u00f3n de modificar o adecuar disposiciones legislativas que la desconozcan y que legitimen la violencia y los actos de discriminaci\u00f3n por su constituci\u00f3n biol\u00f3gica o que deriven de estereotipos de g\u00e9nero. Lo anterior con el prop\u00f3sito de transformar las estructuras culturales y normativas que perpet\u00faan la discriminaci\u00f3n por razones del sexo y el g\u00e9nero.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<h3><a name=\"_Toc224553754\"><\/a>5.3. El derecho fundamental al cuidado<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4>El cuidado en el derecho internacional<\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"159\">\n<li>El cuidado constituye una necesidad b\u00e1sica, ineludible y universal, de la cual depende tanto la existencia de la vida humana como el funcionamiento de la vida en comunidad. Lo dicho se debe a que todas las personas requieren, en diversas etapas de su vida, apoyo de otras personas para subsistir, vivir con dignidad y desarrollar aut\u00f3nomamente su proyecto de vida<a name=\"_ftnref99\"><\/a>[99].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"160\">\n<li>A partir de su importancia, el derecho al cuidado ha sido reconocido tanto a nivel nacional como internacional. A nivel internacional algunos instrumentos se han referido al cuidado de manera impl\u00edcita. La Declaraci\u00f3n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre<a name=\"_ftnref100\"><\/a>[100] estableci\u00f3 la primera menci\u00f3n del cuidado como parte de un derecho, especialmente para las mujeres y los ni\u00f1os<a name=\"_ftnref101\"><\/a>[101]. La Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos destac\u00f3 su importancia en materia de infancia y maternidad<a name=\"_ftnref102\"><\/a>[102], la Convenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad<a name=\"_ftnref103\"><\/a>[103] lo incorpor\u00f3 como un componente esencial para garantizar un nivel de vida adecuada y protecci\u00f3n social, y la Convenci\u00f3n Interamericana sobre la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos de las Personas Mayores<a name=\"_ftnref104\"><\/a>[104] estableci\u00f3 el derecho a acceder a un sistema integral de cuidados.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"161\">\n<li>A nivel regional, de manera muy reciente, la Corte IDH profiri\u00f3 la Opini\u00f3n Consultiva OC-31 del 2025, relacionada con el contenido y el alcance del cuidado. Dicho Tribunal, en s\u00edntesis, lo consider\u00f3 como un derecho aut\u00f3nomo que debe ser entendido como una \u201cprerrogativa de las personas de gozar de las atenciones necesarias para alcanzar su bienestar f\u00edsico, espiritual, mental y cultural\u201d, as\u00ed como para contribuir al medio ambiente. Reconoci\u00f3 que todas las personas, en diferentes etapas de su vida, necesitan recibir y ofrecer cuidados y que existe una interdependencia en estas tareas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"162\">\n<li>A su vez, determin\u00f3 que, en virtud del principio de corresponsabilidad, la sociedad y el Estado deben concurrir en su garant\u00eda y que el Estado debe tomar medidas legislativas y pol\u00edticas para redistribuir las labores de cuidado, pues hay una distribuci\u00f3n desigual y una sobrecarga estructural de estas labores sobre las mujeres. Finalmente, explic\u00f3 que existe una interdependencia e indivisibilidad entre el derecho al cuidado y los derechos al trabajo, la seguridad social, la salud y la educaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4>El cuidado en el ordenamiento interno<\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"163\">\n<li>En el ordenamiento interno colombiano, el cuidado ha sido reconocido como un derecho fundamental. Sin embargo, su reconocimiento como tal ha sido el resultado de una evoluci\u00f3n progresiva en la jurisprudencia constitucional que a\u00fan sigue en construcci\u00f3n. En sus primeras aproximaciones, la Corte abord\u00f3 el cuidado como una dimensi\u00f3n de otros derechos. En sus inicios protegi\u00f3 el derecho a la igualdad de una mujer cuyo aporte de trabajo dom\u00e9stico en una uni\u00f3n de hecho no hab\u00eda sido reconocido al advertir que el trabajo dom\u00e9stico no remunerado de las mujeres suele invisibilizarse, aun cuando aporta de manera esencial al ingreso del hogar y del pa\u00eds<a name=\"_ftnref105\"><\/a>[105]. De igual forma, lo protegi\u00f3 como dimensi\u00f3n de los derechos a la educaci\u00f3n y alimentaci\u00f3n de los ni\u00f1os y ni\u00f1as y del derecho a la salud de las personas en situaci\u00f3n de discapacidad, los adultos mayores<a name=\"_ftnref106\"><\/a>[106] y personas en situaci\u00f3n de abandono<a name=\"_ftnref107\"><\/a>[107].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"164\">\n<li>Posteriormente, la Corte Constitucional ampli\u00f3 su comprensi\u00f3n y lo entendi\u00f3 como un conjunto de actividades esenciales para satisfacer las necesidades b\u00e1sicas de todas las personas, lo cual no ocurre de manera aislada, sino que se requiere la participaci\u00f3n de una \u201corganizaci\u00f3n social del cuidado\u201d<a name=\"_ftnref108\"><\/a>[108]. Partiendo de esta concepci\u00f3n, el cuidado fue reconocido como un derecho fundamental<a name=\"_ftnref109\"><\/a>[109] que, para ser garantizado exige la redistribuci\u00f3n y corresponsabilidad entre la familia, los particulares y el Estado<a name=\"_ftnref110\"><\/a>[110]. Esto, por cuanto se encuentra \u00edntimamente ligado a los pilares del Estado Social de Derecho, a la dignidad humana y al principio de solidaridad<a name=\"_ftnref111\"><\/a>[111].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"165\">\n<li>La Corte ha determinado que el cuidado tiene tres facetas: cuidar, ser cuidado y cuidarse (autocuidado). La primera se refiere al deber de concurrir en la garant\u00eda de cuidar de las personas que lo requieren. Esta dimensi\u00f3n se puede materializar de forma directa, la cual implica la interacci\u00f3n personal y emocional entre el cuidador y quien es cuidado. Este requiere de dedicaci\u00f3n y disponibilidad, pues se manifiesta en actividades como ayudar a comer o ba\u00f1arse<a name=\"_ftnref112\"><\/a>[112]. Tambi\u00e9n puede ser indirecto, es decir, aquel en el que no existe interacci\u00f3n personal, pero se concreta en actividades como en proveer alimentos, limpieza y la gesti\u00f3n del hogar, y otro tipo de apoyos similares que contribuyen al bienestar de quien requiere ser cuidado.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"166\">\n<li>Por su parte, el derecho a ser cuidado implica el derecho a recibir cuidados. La titularidad de este derecho no depende de contar con recursos econ\u00f3micos o tener lazos afectivos con alguien que realice la labor de cuidado. Finalmente, cuidarse implica que las personas deben poder procurar su propio bienestar f\u00edsico y emocional. Finalmente, el autocuidado reconoce que debe existir tiempo para el bienestar propio<a name=\"_ftnref113\"><\/a>[113].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"167\">\n<li>El cuidado puede ser ejercido de manera no remunerada y remunerada. La primera es una labor diaria que mantiene en funcionamiento los hogares y las familias a trav\u00e9s de la crianza de los ni\u00f1os, el cuidado de familiares en incapacidad de hacerlo por s\u00ed mismos, las labores de limpieza, cocina, etc, sin obtener a cambio ning\u00fan tipo de remuneraci\u00f3n. Esta es una tarea, en la generalidad, asumida al interior del hogar por mujeres. Por el contrario, el cuidado remunerado es aquel que ejercen, por ejemplo, las trabajadoras del servicio dom\u00e9stico o quienes ejercen cuidado en espacios institucionalizados<a name=\"_ftnref114\"><\/a>[114].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"168\">\n<li>En el marco de la construcci\u00f3n del cuidado como derecho, la Corte Constitucional, a trav\u00e9s de su jurisprudencia, ha establecido est\u00e1ndares para garantizarlo. As\u00ed las cosas, el Estado debe: (i) promover sistemas de cuidado que garanticen su disfrute y ejercicio, y que eval\u00faen su desarrollo progresivo; as\u00ed como establecer (ii) pol\u00edticas de conciliaci\u00f3n de la vida personal, con las responsabilidades familiares y el bienestar cotidiano, en entornos laborales<a name=\"_ftnref115\"><\/a>[115].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"169\">\n<li>De igual forma, en la Sentencia T-199 de 2025, precis\u00f3 sus m\u00ednimos esenciales: (a) <em>disponibilidad<\/em>, que implica que se le deben garantizar a todas las personas, en especial aquellas en situaci\u00f3n de discapacidad, tengan acceso efectivo a una oferta b\u00e1sica de cuidados; (b) <em>accesibilidad, <\/em>que impone que los servicios de cuidado deben garantizarse a todas las personas sin discriminaci\u00f3n. Este m\u00ednimo, a su vez, impone que los cuidados sean asequibles y accesibles f\u00edsicamente; (c) <em>calidad<\/em>, que comporta que los cuidados cumplan con est\u00e1ndares apropiados y adecuados de atenci\u00f3n para asegurar condiciones dignas y seguras para las personas cuidadas y sus cuidadores, y (d) <em>adecuaci\u00f3n, <\/em>que establece que el cuidado debe ajustarse a las necesidades f\u00edsicas, emocionales y sociales de quien lo recibe<a name=\"_ftnref116\"><\/a>[116].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"170\">\n<li>La construcci\u00f3n del derecho al cuidado, as\u00ed como de sus est\u00e1ndares y contenidos m\u00ednimos, ha sido el resultado de un desarrollo jurisprudencial progresivo tejido a trav\u00e9s de m\u00faltiples decisiones relacionadas con personas en situaci\u00f3n de discapacidad, adultos mayores, personas en situaci\u00f3n de abandono y otros grupos en situaci\u00f3n de especial vulnerabilidad. La protecci\u00f3n judicial de este derecho ha permitido, a su vez, hacer efectivos otros derechos fundamentales estrechamente vinculados, como la igualdad, salud, capacidad jur\u00eddica, la seguridad social, la familia, el trabajo y la dignidad humana<a name=\"_ftnref117\"><\/a>[117].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4>Igualdad y corresponsabilidad familiar en las labores de cuidado y crianza<\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"171\">\n<li>Uno de los ejes centrales del debate sobre el cuidado se relaciona con la forma en la que los integrantes de una familia dividen sus roles al interior del hogar. Esta dimensi\u00f3n relacional del cuidado se encuentra orientada por un robusto marco normativo tanto internacional como nacional, que exige que dicha distribuci\u00f3n se realice conforme al principio de igualdad y no discriminaci\u00f3n, proscribiendo cualquier asignaci\u00f3n de tareas basadas en estereotipos de g\u00e9nero o en presunciones hist\u00f3ricamente arraigadas sobre a qui\u00e9n se le debe asignar las labores de cuidado en el hogar de manera principal.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"172\">\n<li>La CEDAW reconoci\u00f3 la relevancia de la corresponsabilidad en las responsabilidades familiares como componente de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres<a name=\"_ftnref118\"><\/a>[118]. Su art\u00edculo 5 contempl\u00f3 la obligaci\u00f3n de los Estados de \u201cgarantizar que la educaci\u00f3n familiar incluya una comprensi\u00f3n de la maternidad como una funci\u00f3n social y el reconocimiento de la responsabilidad com\u00fan de hombres y mujeres en la educaci\u00f3n y desarrollo de los hijos\u201d. En este mismo sentido, el art\u00edculo 16 impuso la obligaci\u00f3n de eliminar la discriminaci\u00f3n contra la mujer en las relaciones familiares y asegurar la igualdad con el hombre en los derechos y responsabilidades como progenitores.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"173\">\n<li>En desarrollo de estos mandatos, la Recomendaci\u00f3n General n\u00b0 21 del comit\u00e9 de la CEDAW, denominada \u201cla igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares\u201d, record\u00f3 que los Estado parte deben tener leyes en las que se permitan que ambos padres compartan derechos y obligaciones con respecto a sus hijos en igualdad de condiciones.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"174\">\n<li>Por su parte, la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o determin\u00f3 en su art\u00edculo 18 como una obligaci\u00f3n de los Estados garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as. En el \u00e1mbito de los derechos laborales, la Recomendaci\u00f3n 156 de 1981 de la OIT<a name=\"_ftnref119\"><\/a>[119]sobre los trabajadores con responsabilidades familiares estableci\u00f3 est\u00e1ndares para proteger a las y los trabajadores que tienen responsabilidades respecto de los hijos a cargo o de otros miembros de la familia que necesiten cuidado. En un sentido similar, la Recomendaci\u00f3n 165, sobre los trabajadores y trabajadores con responsabilidades familiares, de esta organizaci\u00f3n, inst\u00f3 a los Estados de generar condiciones para que las responsabilidades familiares se repartan de manera equitativa y no se incurra en discriminaciones directas e indirectas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"175\">\n<li>En concordancia con lo anterior, la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante la Resoluci\u00f3n 54\/06 de 2023<a name=\"_ftnref120\"><\/a>[120] que aborda la importancia de los cuidados desde los derechos humanos, advirti\u00f3 sobre la necesidad de eliminaci\u00f3n de los estereotipos de g\u00e9nero, como los de la orientaci\u00f3n sexual y las caracter\u00edsticas sexuales y la observancia de la igualdad en el matrimonio, incluidas las responsabilidades comunes de ambos progenitores en la crianza de los hijos, puesto que son importantes para facilitar la redistribuci\u00f3n de las responsabilidades de cuidados, y el apoyo entre mujeres y hombres.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"176\">\n<li>La Opini\u00f3n Consultiva 031 de 2025 de la Corte IDH, en este mismo sentido, sostuvo que los Estados est\u00e1n obligados a implementar medidas orientadas a revertir estereotipos de g\u00e9nero negativos en la distribuci\u00f3n de labores del hogar, promover la adecuada equivalencia de responsabilidades al interior de la familia y fomentar la corresponsabilidad en el cuidado parental de forma equitativa. Esto incluye, por ejemplo, el reconocimiento de licencias de paternidad que sean progresivamente equiparables a las licencias de maternidad y de alcance obligatorio y que contemplen a los padres adoptantes. El prop\u00f3sito de estas medidas es, por un lado, contribuir a hacer efectivo el mandato de igualdad y, por el otro, favorecer a la modificaci\u00f3n de estereotipos y pr\u00e1cticas culturales que asignan el trabajo del hogar y la crianza de hijas e hijos, de manera exclusiva a las madres y mujeres de familia<a name=\"_ftnref121\"><\/a>[121].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"177\">\n<li>En desarrollo del art\u00edculo 42 y 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, los cuales hablan sobre la progenitura responsable y determinan que las relaciones familiares se basan en igualdad de derechos y deberes, respectivamente, la jurisprudencia constitucional ha construido una l\u00ednea consistente sobre la redistribuci\u00f3n equitativa en las labores de crianza y cuidado. Un ejemplo de ello se encuentra en las Sentencias C-273 de 2003 y C-174 de 2009, en las que se reconoci\u00f3 que una de las finalidades de la licencia de paternidad era que el padre se involucrara en la crianza de las hijas o hijos, brind\u00e1ndoles asistencia, protecci\u00f3n, cuidado y amor.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"178\">\n<li>Posteriormente, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n, en la C-005 de 2017<a name=\"_ftnref122\"><\/a>[122] que analiz\u00f3 la constitucionalidad de los numerales 1\u00b0 de los art\u00edculos 239 y 240 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, al hablar de la progresiva integraci\u00f3n de la mujer al campo laboral, reconoci\u00f3 que esto se deb\u00eda en parte al cambio de roles de hombres y mujeres en el plano familiar, en la medida en que generaba un cambio cultural que pone en pr\u00e1ctica medidas de conciliaci\u00f3n y superaci\u00f3n de los cl\u00e1sicos modelos de reparto de responsabilidades familiares que marginan al hombre en el cuidado y atenci\u00f3n de los hijos. De ah\u00ed que \u201cuna participaci\u00f3n din\u00e1mica y promocional del padre en el cuidado de los hijos constituye una pieza nuclear del cambio social necesario en el proceso de armonizaci\u00f3n laboral y familiar, con miras a mejorar los est\u00e1ndares de igualdad entre hombres y mujeres\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"179\">\n<li>De manera similar, la Sentencia C-415 de 2022, reiter\u00f3 que las licencias parentales permiten la distribuci\u00f3n equitativa en las labores al interior de la familia entre el padre y la madre. En la Sentencia T-259 de 2024, la Sala Tercera de Revisi\u00f3n, siguiendo esta l\u00ednea, al conocer el caso de un padre a quien se le despidi\u00f3 en el marco de su licencia de paternidad, explic\u00f3 que las licencias parentales est\u00e1n direccionadas a garantizar una participaci\u00f3n m\u00e1s activa y consciente del padre en el cuidado de los hijos y a contribuir a una sociedad m\u00e1s igualitaria. En tal sentido, la licencia de paternidad \u201cpermite romper estereotipos de g\u00e9nero, ya que desaf\u00eda los roles tradicionales que se le asignan a la mujer en el cuidado de los hijos y alienta a una redistribuci\u00f3n m\u00e1s equitativa en las responsabilidades dom\u00e9sticas y de crianza entre ambos padres\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"180\">\n<li>En ese mismo a\u00f1o, la Sentencia C-187 de 2024, que declar\u00f3 constitucional el Convenio 156 de 1981 de la OIT sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, precis\u00f3 algunas reglas. Entre estas, que el cuidado y la crianza de los ni\u00f1os debe realizarse primordialmente por la madre y el padre. Finalmente, la Sentencia C-400 de 2024, al citar el mencionado convenio, reafirm\u00f3 que la redistribuci\u00f3n de las tareas de cuidado entre integrantes de la familia disminuye las brechas sociales y permite a las mujeres contar con m\u00e1s oportunidades.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"181\">\n<li>Finalmente, la Sentencia C-517 de 2024<a name=\"_ftnref123\"><\/a>[123], estudi\u00f3 si era constitucional que el fuero de paternidad solo aplicara cuando el trabajador acreditara que la mujer gestante carec\u00eda de empleo formal. Siguiendo la misma l\u00ednea argumentativa expuesta, la Sala Plena record\u00f3 que las responsabilidades familiares exceden el \u00e1mbito econ\u00f3mico, y son transversales al amor, cuidado, acompa\u00f1amiento y sostenimiento de la vida del que est\u00e1 por nacer y del reci\u00e9n nacido.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"182\">\n<li>Asimismo, reiter\u00f3 que el cuidado es una responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y que la protecci\u00f3n ante la maternidad o paternidad debe permitir disponer de tiempos de cuidado y de un acompa\u00f1amiento efectivo, independientemente del estatus laboral del padre o de la madre. Sostuvo, adem\u00e1s, los hombres trabajadores tienen iguales responsabilidades familiares que las mujeres trabajadoras y por ello deben contar con mecanismos que los protejan contra la discriminaci\u00f3n frente al despido, mientras la ejercen y en los mismos t\u00e9rminos de las mujeres. A partir de estas consideraciones, la Corte Constitucional extendi\u00f3 la garant\u00eda de estabilidad laboral reforzada al padre, con independencia de la situaci\u00f3n laboral de la madre<a name=\"_ftnref124\"><\/a>[124].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"183\">\n<li>As\u00ed, siguiendo la jurisprudencia anterior, la Sala Plena estima pertinente instar al Congreso de la Rep\u00fablica para que, en ejercicio de su potestad de configuraci\u00f3n legislativa en materia de seguridad social y protecci\u00f3n a la familia, <b><strong>avance en la adopci\u00f3n de un sistema integral de licencias parentales<\/strong><\/b> que promueva una redistribuci\u00f3n equitativa de las labores de cuidado entre el hombre y la mujer, siguiendo como orientaci\u00f3n las consideraciones de la presente providencia.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"184\">\n<li><em>Conclusi\u00f3n.<\/em> Del marco normativo expuesto, se puede extraer que tanto en el derecho internacional de los derechos humanos, como en el ordenamiento interno colombiano, la corresponsabilidad en las labores familiares y de crianza constituye un mandato que exige desmontar los estereotipos de g\u00e9nero negativos que han sostenido desigualdades estructurales en los hogares y que han discriminado y limitado profundamente la autonom\u00eda de la mujer, sus proyectos de vida, su participaci\u00f3n en la esfera p\u00fablica y el ejercicio pleno de sus derechos.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"185\">\n<li>De ah\u00ed que el Estado tenga la obligaci\u00f3n de ajustar sus leyes en el sentido de que permitan promover y garantizar un rol activo del hombre y la mujer en las responsabilidades familiares y en la progenitura responsable, esto es, en la crianza y el cuidado de los hijos. Lo anterior, porque precisamente estas desigualdades a\u00fan persisten.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc224553755\"><\/a><a name=\"_Toc190417629\"><\/a><em>Desigualdad en la distribuci\u00f3n de<\/em><em> las labores de cuidado no remunerado en el hogar.<\/em><\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"186\">\n<li>Pese a este marco robusto que reconoce la igualdad entre las mujeres y los hombres en las responsabilidades familiares respecto a las labores de cuidado no remunerado, estas a\u00fan siguen siendo asignadas de manera desproporcionada a las mujeres<a name=\"_ftnref125\"><\/a>[125]. De acuerdo con datos proporcionados por la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo, \u201c[l]as mujeres realizan el 76,2 por ciento de todo el trabajo de cuidados no remunerado, dedic\u00e1ndole 3,2 veces m\u00e1s tiempo que los hombres\u201d<a name=\"_ftnref126\"><\/a>[126]. Seg\u00fan la Organizaci\u00f3n, esta disparidad de g\u00e9nero, no se cerrar\u00e1 sino hasta dentro de 209 a\u00f1os<a name=\"_ftnref127\"><\/a>[127].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"187\">\n<li>En Am\u00e9rica Latina, las mujeres dedicaban antes de pandemia, en promedio, casi el triple del tiempo que los hombres<a name=\"_ftnref128\"><\/a>[128] a tareas de cuidado y dom\u00e9sticas no remuneradas<a name=\"_ftnref129\"><\/a>[129]. Seg\u00fan los datos del Observatorio de Igualdad de G\u00e9nero de Am\u00e9rica Latina y el Caribe, actualmente, esta cifra se mantiene<a name=\"_ftnref130\"><\/a>[130]. De acuerdo con la estad\u00edstica referida, las mujeres dedican, aproximadamente, entre el\u00a013.2% y el 24.7%<a name=\"_ftnref131\"><\/a>[131]de su tiempo diario a tareas de cuidado y trabajo dom\u00e9stico no remunerado, con un promedio regional alrededor del\u00a020%. Los hombres, en comparaci\u00f3n, dedican aproximadamente entre el\u00a03.9% y el 10.8%<a name=\"_ftnref132\"><\/a>[132]\u00a0de su tiempo diario a las mismas actividades, con un promedio regional alrededor del\u00a07%.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"188\">\n<li>A partir de estas estad\u00edsticas, la Corte IDH concluy\u00f3 que las labores de cuidado no remunerado han sido asignadas hist\u00f3ricamente a las mujeres y a las ni\u00f1as con fundamento en estereotipos de g\u00e9nero, lo que ha generado una carga desproporcionada que ha afectado el ejercicio de otros derechos. Explic\u00f3, adem\u00e1s, que tal es la desigualdad de las labores dentro de la familia que ning\u00fan pa\u00eds registra una prestaci\u00f3n de cuidado no remunerada igualitaria entre hombre y mujeres.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"189\">\n<li>De igual forma, refiri\u00f3 que, en muchas regiones del mundo, las normas de derecho de familia contienen disposiciones discriminatorias que perpet\u00faan una marcada desigualdad jur\u00eddica para las mujeres en la redistribuci\u00f3n de estas labores. En particular, se\u00f1al\u00f3 que dichas disposiciones permiten una distribuci\u00f3n inequitativa y desproporcionada del trabajo de cuidado no remunerado al interior de los hogares, escenario en el que esta desigualdad se manifiesta de manera principal. Dichas normas refuerzan estereotipos negativos de acuerdo con el cual el trabajo de cuidados no remunerados es una responsabilidad principal o exclusiva de las mujeres.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"190\">\n<li>Esta distribuci\u00f3n inequitativa del trabajo dom\u00e9stico impacta no solo el derecho a la igualdad de estas respecto a los hombres, sino que imponen dificultades para que estos \u00faltimos puedan participar en las actividades de cuidado de sus hijos y otros familiares<a name=\"_ftnref133\"><\/a>[133]. Adem\u00e1s, constituye una forma de discriminaci\u00f3n estructural -directa o indirecta- contra las mujeres.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"191\">\n<li>En el contexto colombiano, esta brecha sigue siendo significativa. De acuerdo con la Sentencia C-054 de 2024, en Colombia, la mujer aun es asociada con el papel de cuidadora que la sociedad le asigna, lo que est\u00e1 vinculado con \u201ccreencias o estereotipos sobre el rol tradicional de sumisi\u00f3n de la mujer a las tareas de la casa y crianza\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"192\">\n<li>Seg\u00fan el DANE, la redistribuci\u00f3n de las labores de cuidado remunerado es alarmante en Colombia. El 85% de las mujeres realizan al menos una actividad dom\u00e9stica o de cuidado no remunerada. Y, en promedio, dedican 7 horas y 14 minutos a este tipo de labores y 7 horas 35 minutos a los trabajos remunerados. Por el contrario, los hombres dedican 3 horas y 25 minutos a las labores dom\u00e9sticas y 9 horas y 14 minutos a las actividades remuneradas. Eso significa que el 49% del tiempo de trabajo de las mujeres no genera un ingreso<a name=\"_ftnref134\"><\/a>[134].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"193\">\n<li>En conclusi\u00f3n, los datos expuestos demuestran, de un lado, que las mujeres contin\u00faan asumiendo de manera desproporcionada las labores de cuidado y del hogar y, de otro, que dicha carga impacta directamente su inserci\u00f3n laboral, caracterizada por menores tasas de participaci\u00f3n en el trabajo remunerado y una mayor concentraci\u00f3n en actividades vinculadas al sector de servicios y cuidados.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<h2><a name=\"_Toc224553756\"><\/a>6. Las licencias parentales en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"194\">\n<li><em>Introducci\u00f3n. <\/em>Las licencias parentales son prestaciones a cargo del sistema general de seguridad social en salud que operan durante la \u00e9poca del parto o de la adopci\u00f3n. Estas licencias comprenden la licencia de maternidad (tanto preparto como postparto) y la licencia de paternidad, as\u00ed como la licencia parental compartida y la licencia parental flexible de tiempo parcial, las cuales constituyen formas de disfrute de las dos primeras. Adicionalmente, en nuestro ordenamiento jur\u00eddico tambi\u00e9n se contemplan los descansos remunerados por aborto y por lactancia<a name=\"_ftnref135\"><\/a>[135].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"195\">\n<li>Las licencias parentales se conceden a los afiliados cotizantes al sistema con la finalidad de que, durante un tiempo determinado, puedan percibir ingresos pese a no estar trabajando debido a la necesidad que tienen de atender obligaciones familiares relacionadas con la llegada de un nuevo hijo al hogar. En tal sentido, operan como un sustituto del salario o los ingresos para que estos puedan dedicar el tiempo que usualmente dedican al trabajo para responder a las condiciones relacionadas con el nacimiento de un hijo o, alternativamente, al proceso de adaptaci\u00f3n de este al n\u00facleo familiar, esto \u00faltimo en el caso de la adopci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"196\">\n<li>Estas licencias son el resultado de reconocer que el cuidado debe ser remunerado y debe distribuirse y reorganizarse para proteger a la familia como instituci\u00f3n b\u00e1sica de la sociedad y, en especial, a la ni\u00f1ez<a name=\"_ftnref136\"><\/a>[136]. Como ha explicado la Corte IDH, las licencias parentales permiten a las personas con responsabilidades familiares obtener recursos necesarios para proveerse un nivel de vida adecuado para s\u00ed y para sus familiares<a name=\"_ftnref137\"><\/a>[137].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"197\">\n<li>En el ordenamiento interno, las licencias parentales o de responsabilidades familiares, est\u00e1n actualmente reguladas por el art\u00edculo 236 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo (CST). Sin embargo, su contenido ha sido objeto de m\u00faltiples reformas legislativas, introducidas por las leyes 755 de 2002<a name=\"_ftnref138\"><\/a>[138], 1468 de 2011<a name=\"_ftnref139\"><\/a>[139], 1822 de 2017<a name=\"_ftnref140\"><\/a>[140] y 2114 de 2021, las cuales han ampliado progresivamente la protecci\u00f3n en materia de licencias parentales y, consecuentemente, en la corresponsabilidad de los padres frente al cuidado de sus hijos. A su vez, la jurisprudencia de esta Corte ha precisado el alcance constitucional de estas licencias y ha corregido algunas disposiciones que generaban desigualdades, especialmente en lo relativo al acceso efectivo de las mujeres, padres y madres adoptantes, y familias diversas en t\u00e9rminos de orientaci\u00f3n sexual e identidad de g\u00e9nero a los beneficios parentales, en aplicaci\u00f3n del principio de igualdad y no discriminaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"198\">\n<li>Las licencias de paternidad y maternidad buscan la protecci\u00f3n de la familia, as\u00ed como garantizar la salud, el bienestar y el desarrollo integral del reci\u00e9n nacido o del hijo adoptivo, en cumplimiento de los art\u00edculos 42, 43 y 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. La jurisprudencia constitucional ha precisado que mediante estas se logra (i) proteger la maternidad y la recuperaci\u00f3n f\u00edsica, mental y psicol\u00f3gica de la madre biol\u00f3gica en casos de nacimiento y (ii) asegurar que tanto la madre y el padre brinden cuidados, afecto y acompa\u00f1amiento al ni\u00f1o<a name=\"_ftnref141\"><\/a>[141]. Adicionalmente, en casos de adopci\u00f3n, estas licencias pretenden facilitar la adaptaci\u00f3n del hijo adoptivo y colaborar en el desarrollo de lazos entre los miembros del n\u00facleo familiar.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"199\">\n<li>Estas licencias tambi\u00e9n encuentran sustento en el derecho internacional. El Convenio 102 de la OIT, sobre prestaciones m\u00ednimas de seguridad social, dispone que los Estados deber\u00e1n asegurar de manera progresiva prestaciones familiares, lo cual incluye un pago peri\u00f3dico o el suministro de alimentos, vivienda, vestidos y vacaciones para hijos e hijas. La Organizaci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, mediante la Ley Modelo Interamericana de Cuidado, dispone que los Estados deben establecer licencias de cuidados remuneradas o subsidiadas, que les permitan a los trabajadores con responsabilidades familiares tener tiempo para cuando las personas a su cargo necesiten de cuidado personal, as\u00ed como licencias de paternidad irrenunciables y, progresivamente, equiparables a las licencias de maternidad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"200\">\n<li>El reconocimiento de las licencias parentales ha sido progresivo y pausado, puesto que, inicialmente, se asignaba exclusivamente a la madre biol\u00f3gica, quien asum\u00eda el rol central de cuidado a trav\u00e9s de la licencia de maternidad. Posteriormente, y en aplicaci\u00f3n del principio de igualdad en temas de g\u00e9nero, el Convenio 156 de la OIT advirti\u00f3 sobre la necesidad de que los hombres participaran en la divisi\u00f3n de las responsabilidades familiares y las transformaciones sociales que reclamaban la participaci\u00f3n de los padres en la crianza, lo que dio lugar a que se avanzara en el reconocimiento de una licencia an\u00e1loga al padre biol\u00f3gico<a name=\"_ftnref142\"><\/a>[142].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"201\">\n<li><em>La licencia de maternidad.<\/em> En particular, la licencia de maternidad surgi\u00f3 como mecanismo de protecci\u00f3n a las mujeres y a sus hijos. Adem\u00e1s, para conciliar su rol productivo con su ejercicio reproductivo<a name=\"_ftnref143\"><\/a>[143]. De acuerdo con la Sentencia C-543 de 2010, la licencia de maternidad es doble e integral. Doble, por cuanto se protege a la madre y, a la vez a los hijos e hijas. Integral, porque abarca un conjunto de prestaciones encaminadas a asegurar que las mujeres trabajadoras y su descendencia dispongan de un espacio propicio para iniciar las relaciones familiares en condiciones de calidad y de dignidad\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"202\">\n<li>Esta prerrogativa encuentra sustento tanto en el derecho internacional de los derechos humanos como en el ordenamiento interno. Esto es as\u00ed por cuanto sus or\u00edgenes se remontan a la creaci\u00f3n de la Organizaci\u00f3n Internacional del trabajo, la que, durante sus primeros d\u00edas de funcionamiento, en octubre de 1919, adopt\u00f3 el Convenio 003<a name=\"_ftnref144\"><\/a>[144], referido a la protecci\u00f3n de la maternidad de las mujeres, especialmente, la protecci\u00f3n frente al despido en caso de embarazo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"203\">\n<li>El art\u00edculo 7 de la Declaraci\u00f3n Americana reitera esta protecci\u00f3n, puesto que sostiene que \u201ctoda mujer en estado de gravidez o en \u00e9poca de lactancia, as\u00ed como todo ni\u00f1o, tienen derecho a protecci\u00f3n, cuidados y ayuda especiales\u201d. El art\u00edculo 25 de la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos lo reafirma, al considerar que la maternidad y la infancia requieren de cuidado y asistencia especiales. El art\u00edculo 10.2 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales, por su parte, prev\u00e9 que debe concederse protecci\u00f3n a las madres antes y despu\u00e9s del parto. Y el art\u00edculo 12.2 de la Convenci\u00f3n sobre la Eliminaci\u00f3n de Todas las Formas de Discriminaci\u00f3n contra la Mujer dispone que los Estados deben garantizar estos servicios que resultan apropiados durante embarazo y el per\u00edodo posterior al parto.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"204\">\n<li>En Colombia, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en el art\u00edculo 43, ordena la protecci\u00f3n estatal y el otorgamiento de un subsidio cuando la mujer embarazada se encuentra sin empleo. De igual forma, en su art\u00edculo 53, prev\u00e9 los principios del estatuto del trabajo, entre los que se encuentra protecci\u00f3n especial en favor de la mujer y la maternidad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"205\">\n<li>A partir de estos mandatos, la jurisprudencia constitucional ha reconocido como deber del Estado proteger integralmente a las mujeres y otras personas gestantes y lactantes, as\u00ed como de adoptar medidas que aseguren condiciones dignas durante el embarazo, el parto y el posparto. Adem\u00e1s, de acuerdo con la cl\u00e1usula de igualdad y no discriminaci\u00f3n por razones de sexo, la Corte Constitucional determin\u00f3 que a la persona embarazada no solo se le protege su derecho a trabajar, sino a no ser despedida por su condici\u00f3n y a obtener el pago de una licencia en pre y postparto<a name=\"_ftnref145\"><\/a>[145].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"206\">\n<li>Asimismo, la Corte extendi\u00f3 esta licencia a las madres adoptantes de ni\u00f1os y adolescentes mayores de 7 a\u00f1os, pues encontr\u00f3 que la finalidad de estos beneficios era la misma, dado que la adopci\u00f3n es una medida de protecci\u00f3n de los intereses superiores de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, de all\u00ed que limitar el acceso a la licencia con criterio etario vulneraba principios y derechos constitucionales<a name=\"_ftnref146\"><\/a>[146].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"207\">\n<li>Ahora bien, la duraci\u00f3n de la licencia de maternidad ha sido objeto de ampliaci\u00f3n progresiva. Las recomendaciones internacionales que instan a los Estados a ampliar los tiempos de licencia y a fortalecer la corresponsabilidad en el cuidado de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes sirvieron para impulsar dichos cambios. La OIT, mediante el Convenio 183<a name=\"_ftnref147\"><\/a>[147] y la Recomendaci\u00f3n 191 sobre la protecci\u00f3n de la maternidad insistieron en la necesidad de garantizar per\u00edodos de descanso suficientes<a name=\"_ftnref148\"><\/a>[148], raz\u00f3n por la que, de manera progresiva, instaron a ampliar la licencia de maternidad como m\u00ednimo a dieciocho (18) semanas<a name=\"_ftnref149\"><\/a>[149], recomendaci\u00f3n que sigui\u00f3 el legislador colombiano.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"208\">\n<li><em>La licencia de paternidad. <\/em>Ahora bien, con el prop\u00f3sito de que el hombre desempe\u00f1ara un rol m\u00e1s activo en el cuidado y crianza de sus hijos, la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo, al adoptar la Recomendaci\u00f3n 165 de 1981, sostuvo en el numeral 22 que tambi\u00e9n \u201cel padre deber\u00eda tener posibilidad de obtener una licencia sin perder su empleo y conservando los derechos que se derivan de \u00e9l\u201d<em>.<\/em>A partir de esta recomendaci\u00f3n, se origin\u00f3 la <em>licencia de paternidad.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"209\">\n<li>La jurisprudencia constitucional ha considerado que la licencia de paternidad constituye un derecho fundamental y subjetivo, cuyo reconocimiento no solo garantiza el inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os a recibir cuidado, atenci\u00f3n, apoyo, amor y seguridad f\u00edsica y emocional<a name=\"_ftnref150\"><\/a>[150], sino que ayuda al bienestar de la familia y materializa el deber de corresponsabilidad. Es por ello por lo que esta Corporaci\u00f3n ha construido una l\u00ednea de manera progresiva y ha promovido los principales cambios normativos dirigidos a garantizar la progenitura responsable<a name=\"_ftnref151\"><\/a>[151].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"210\">\n<li>Las primeras decisiones de la Corte Constitucional sobre la licencia de paternidad, especialmente las sentencias C-152 de 2003 y C-273 de 2003, destacaron que esta prerrogativa no solo busca que el padre participe en la crianza y el cuidado de sus hijos, sino fortalecer su presencia activa y afectiva y garantizar la protecci\u00f3n integral de la ni\u00f1ez. Para la Corte, la participaci\u00f3n comprometida del padre no solo contribuye al desarrollo integral del hijo, sino que brinda soporte emocional a la madre, lo que propende por el bienestar familiar. Adem\u00e1s, la finalidad de esta licencia no se pens\u00f3 como un premio para el trabajador, sino como una manera de asegurar el cuidado y el amor paterno. La Sentencia C-174 de 2009, reiter\u00f3 esta finalidad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"211\">\n<li>Con la Sentencia C-383 de 2012, la Sala Plena destac\u00f3 que la licencia de paternidad es una garant\u00eda del pleno ejercicio de los derechos fundamentales de la ni\u00f1ez, especialmente, el de recibir cuidado. Precis\u00f3, adem\u00e1s que (i)\u00a0tiene fundamento en el principio del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os y ni\u00f1as, y en sus derechos a la salud y a la familia, as\u00ed como la equidad de g\u00e9nero y la seguridad social; (ii) es un derecho fundamental del padre biol\u00f3gico o adoptante;\u00a0(iii) se sustenta en un nuevo concepto de paternidad, que destaca la transcendental importancia de la presencia y del papel activo, consciente, responsable, participativo y permanente del padre, y (iv)\u00a0su finalidad es garantizar el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o y el pleno goce efectivo de sus derechos, especialmente al cuidado y al amor en condiciones de igualdad<a name=\"_ftnref152\"><\/a>[152].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"212\">\n<li>Posteriormente, la Sentencia C-140 de 2018, profundiz\u00f3 en el alcance constitucional de la licencia de paternidad. En esta ocasi\u00f3n, la Sala Plena explic\u00f3 que este beneficio no se limita a materializar el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni a garantizar su derecho al cuidado y al amor, sino que adem\u00e1s se fundamenta en la dignidad humana del padre, en su derecho a conformar una familia, y en su libertad, autonom\u00eda y libre desarrollo de la personalidad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"213\">\n<li>Al igual que ocurri\u00f3 con la licencia de maternidad, el tiempo reconocido para la licencia de paternidad tambi\u00e9n ha sido objeto de una ampliaci\u00f3n progresiva. En un comienzo, la Ley 50 de 1990 permit\u00eda que el padre asumiera una de las doce semanas de la licencia de la madre. Posteriormente, se avanz\u00f3 hacia un reconocimiento aut\u00f3nomo de este derecho, otorg\u00e1ndole al padre ocho d\u00edas de licencia propios, sin afectar el tiempo de descanso otorgado a la mujer gestante o adoptante. M\u00e1s adelante, con la expedici\u00f3n de la Ley 2114 de 2021, la licencia de paternidad se ampli\u00f3 en duraci\u00f3n a dos semanas remuneradas, se extendi\u00f3 su reconocimiento al padre adoptante y se crearon las figuras de la \u201clicencia parental compartida\u201d y la \u201clicencia parental flexible de tiempo parcial\u201d, orientadas a fomentar la corresponsabilidad en las labores de cuidado.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"214\">\n<li>En suma, la licencia de paternidad est\u00e1 dirigida a todas las personas que ejerzan el rol de padres<a name=\"_ftnref153\"><\/a>[153], ya sean biol\u00f3gicos o adoptantes. Adem\u00e1s, permite (i) afianzar las relaciones paternofiliales; (ii) fortalece el compromiso efectivo del padre en el ejercicio de su paternidad dentro de un entorno que favorezca el pleno desarrollo f\u00edsico y emocional de la ni\u00f1a o el ni\u00f1o<a name=\"_ftnref154\"><\/a>[154], y (iii) garantiza su participaci\u00f3n en la distribuci\u00f3n de las responsabilidades familiares al interior del hogar, con el fin de equilibrar las cargas que hist\u00f3ricamente han reca\u00eddo de manera desproporcionada sobre la mujer. En este sentido, esta licencia constituye una herramienta para promover el principio de igualdad y no discriminaci\u00f3n, y materializa el deber de corresponsabilidad en las tareas de cuidado, al reconocer que estas deben ser asumidas de manera conjunta y equitativa por ambos progenitores.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"215\">\n<li><em>La protecci\u00f3n de las familias diversas. <\/em>En los \u00faltimos a\u00f1os, la Corte Constitucional, con el prop\u00f3sito de superar la discriminaci\u00f3n normativa en las regulaciones familiares, ha ampliado de manera significativa el alcance de protecci\u00f3n de las licencias parentales, en congruencia con el principio de igualdad (art. 13 de la C.P.). En tal sentido, ha tomado pasos para garantizar el acceso equitativo a las familias integradas por parejas del mismo sexo o cuyos integrantes tienen identidades sexo-gen\u00e9ricas no normativas. As\u00ed, en la Sentencia C-415 de 2022, la Sala Plena concluy\u00f3 que la Ley 2114 de 2021<a name=\"_ftnref155\"><\/a>[155] omiti\u00f3 incluir en la regulaci\u00f3n de las licencias parentales a las parejas adoptantes del mismo sexo y record\u00f3 que dichas licencias, por parto o adopci\u00f3n, tienen como finalidad proteger a la ni\u00f1ez y promover la igualdad de g\u00e9nero.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"216\">\n<li>En consecuencia, condicion\u00f3 el art\u00edculo 2\u00b0 de esa ley en el sentido de que las parejas adoptantes homoparentales pueden escoger, por una sola vez, cu\u00e1l de sus integrantes asumir\u00e1 la licencia de maternidad y cu\u00e1l la de paternidad, con el fin de asegurar un acceso igualitario a los beneficios parentales y evitar la reproducci\u00f3n de estereotipos de g\u00e9nero en la crianza.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"217\">\n<li>En la misma l\u00ednea, la Corte Constitucional reconoci\u00f3 que las normas en esta materia a\u00fan siguen siendo heteronormativas y generan desigualdades negativas para las familias diversas. A esta conclusi\u00f3n lleg\u00f3 la Sala Plena en la Sentencia C-324 de 2023, debido a que las leyes sobre las licencias en \u00e9poca de parto no abarcaban a los hombres trans y personas g\u00e9nero no binario que se encuentran en las mismas circunstancias que las madres gestantes y adoptantes y desempe\u00f1an el mismo papel parental y de cuidado, pese a que no se identifican como mujeres. En ese sentido, extendi\u00f3 las licencias en \u00e9poca de parto a estos grupos poblacionales.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"218\">\n<li><em>Conclusi\u00f3n.<\/em> Estas determinaciones relativas a las licencias de maternidad y paternidad dan cuenta de elementos transversales. En particular, estas prestaciones se dirigen de manera principal a proteger a la ni\u00f1ez y, especialmente, a velar por el bienestar del reci\u00e9n nacido o del hijo adoptivo durante la primera etapa de integraci\u00f3n al n\u00facleo familiar<a name=\"_ftnref156\"><\/a>[156]. Adicionalmente, en el caso del nacimiento de un hijo, estas licencias tambi\u00e9n juegan un rol esencial para velar por la recuperaci\u00f3n de quien ha dado a luz, de tal forma que pueda superar cualquier afectaci\u00f3n derivada de los procesos relacionados con el embarazo y el parto.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc224553757\"><\/a>7. El inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, sus derechos al cuidado y a tener una familia y la adopci\u00f3n como medida de protecci\u00f3n<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc224553758\"><\/a>7.1. El inter\u00e9s superior de la ni\u00f1ez y su derecho al cuidado<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"219\">\n<li>El principio del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes es un mandato tanto del derecho internacional de los derechos humanos como en el ordenamiento jur\u00eddico interno. El primer instrumento que reconoci\u00f3 los derechos de la ni\u00f1ez fue la Declaraci\u00f3n de Ginebra de (1924)<a name=\"_ftnref157\"><\/a>[157]. No obstante, fue con la Declaraci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o de 1959<a name=\"_ftnref158\"><\/a>[158] que se reconoci\u00f3 expresamente este principio y con la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o<a name=\"_ftnref159\"><\/a>[159] se desarroll\u00f3, al establecer que toda medida relativa a quien no ha cumplido la mayor\u00eda de edad debe atender a su <b><strong>inter\u00e9s superior<\/strong><\/b>. Este \u00faltimo instrumento reafirma que los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes son <b><strong>sujetos de derechos<\/strong><\/b><b><strong>,<\/strong><\/b> y exige garantizar su desarrollo integral en condiciones de igualdad y libertad, as\u00ed como su protecci\u00f3n especial por parte de la familia, la sociedad y el Estado.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"220\">\n<li>A nivel regional, la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos establece que todas las ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes tienen derecho a medidas especiales de protecci\u00f3n por parte de su familia, la sociedad y el Estado<a name=\"_ftnref160\"><\/a>[160]. En el ordenamiento jur\u00eddico interno, los art\u00edculos 13<a name=\"_ftnref161\"><\/a>[161], 44<a name=\"_ftnref162\"><\/a>[162] y 45<a name=\"_ftnref163\"><\/a>[163] de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagran la especial protecci\u00f3n que el Estado les debe brindar a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en virtud de la situaci\u00f3n de vulnerabilidad en la que se encuentran por raz\u00f3n de su edad.\u00a0El mencionado art\u00edculo 44 establece que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligaci\u00f3n de asistir y proteger al ni\u00f1o para garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, y finaliza se\u00f1alando que los derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s<a name=\"_ftnref164\"><\/a>[164]. En virtud de este art\u00edculo, el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o fue regulado a nivel legal en los art\u00edculos 8\u00b0 y 9\u00b0<a name=\"_ftnref165\"><\/a>[165] de la Ley 1098 de 2006<a name=\"_ftnref166\"><\/a>[166].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"221\">\n<li>La jurisprudencia constitucional se ha pronunciado sobre el alcance constitucional del principio del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o y ha concluido que implica reconocer en favor de estos un trato preferente de parte de la familia, la sociedad y el Estado, asegurando que se garantice siempre el desarrollo arm\u00f3nico e integral. No obstante, ha afirmado que el significado de este principio \u00fanicamente se puede dar desde las circunstancias de cada caso y de cada ni\u00f1o en particular\u201d; lo cual se explica si se tiene en cuenta que su contenido es de naturaleza real y relacional, es decir, que \u201cs\u00f3lo se puede establecer prestando la debida consideraci\u00f3n a las circunstancias individuales, \u00fanicas e irrepetibles de cada ni\u00f1o<a name=\"_ftnref167\"><\/a>[167].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"222\">\n<li>Adem\u00e1s, la jurisprudencia constitucional ha determinado que el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o es: (i) un\u00a0derecho sustantivo,<b><\/b>en raz\u00f3n a que debe ser una consideraci\u00f3n primordial al momento de sopesar los distintos intereses en la toma de una decisi\u00f3n en cualquier \u00e1mbito; (ii) una\u00a0obligaci\u00f3n de los Estados, de aplicabilidad inmediata y reclamable ante los jueces; (iii) un\u00a0principio jur\u00eddico interpretativo fundamental, en la medida en que si una disposici\u00f3n admite m\u00e1s de una interpretaci\u00f3n debe elegirse aquella que sea m\u00e1s efectiva para el inter\u00e9<a name=\"_ftnref33\"><\/a>s superior del ni\u00f1o y, (iv)\u00a0una norma de procedimiento, ya que la toma de decisiones que involucre un ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente debe tener una carga argumentativa que estime las repercusiones positivas y negativas en los derechos de este<a name=\"_ftnref168\"><\/a>[168]. En ese sentido, los ha reconocido como sujeto de protecci\u00f3n constitucional reforzada<a name=\"_ftnref169\"><\/a>[169].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"223\">\n<li>En particular, uno de los derechos que exige especial protecci\u00f3n es el cuidado de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes. Este ha sido reconocido desde la Declaraci\u00f3n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la cual establece que todo ni\u00f1o tiene derecho a recibir protecci\u00f3n, cuidados y ayudas especiales. En esa misma l\u00ednea, la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o, en su inciso segundo del art\u00edculo 3, precisa que los Estados deben comprometerse a asegurar al ni\u00f1o la protecci\u00f3n y el cuidado que sean necesarios para su bienestar.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"224\">\n<li>Este mismo instrumento tambi\u00e9n reconoce a la familia como el n\u00facleo esencial de protecci\u00f3n de la infancia y la adolescencia, as\u00ed como el derecho de quien no ha cumplido 18 a\u00f1os de ser cuidado por sus padres<a name=\"_ftnref170\"><\/a>[170]. En consecuencia, exige a los Estados poner el m\u00e1ximo empe\u00f1o en asegurar el cumplimiento del principio seg\u00fan el cual ambos padres tienen obligaciones comunes en la crianza y el desarrollo de sus hijos<a name=\"_ftnref171\"><\/a>[171]. Conforme a estos deberes, el Comit\u00e9 de los Derechos del Ni\u00f1o<a name=\"_ftnref172\"><\/a>[172] ha se\u00f1alado que la realizaci\u00f3n efectiva de los derechos fundamentales de los ni\u00f1os depende, en gran medida, del bienestar, las capacidades y los recursos de los padres o cuidadores, quienes son los responsables directos de su cuidado y protecci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"225\">\n<li>A nivel interno, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia reconoce expresamente el cuidado y el amor como un derecho fundamental de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, lo cual implica, de acuerdo con el alcance dado por esta Corporaci\u00f3n, que el Estado, la familia y la sociedad deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizarlo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"226\">\n<li>En consonancia con los mandatos internacionales y constitucionales en relaci\u00f3n con el cuidado de la ni\u00f1ez, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que garantizarlo exige \u201crodear de un espacio de seguridad\u201d a sus progenitores, en tanto cuidadores primarios. En este sentido, la Corte ha explicado que medidas como ajustes en las actividades laborales resultan esenciales para que los padres dispongan del tiempo y mecanismos necesarios que les permitan conciliar las responsabilidades familiares con su proyecto de vida<a name=\"_ftnref173\"><\/a>[173].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"227\">\n<li>Por tanto, la protecci\u00f3n reforzada de la ni\u00f1ez solo puede materializarse integralmente si los cuidadores cuentan con condiciones que faciliten el ejercicio pleno de sus responsabilidades. De ah\u00ed que el Estado tenga la obligaci\u00f3n de adecuar su marco normativo para garantizar el nivel m\u00e1s alto posible de protecci\u00f3n del derecho al cuidado de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, especialmente en las etapas de mayor vulnerabilidad y dependencia, como cuando se encuentran entre los 0 y 14 a\u00f1os<a name=\"_ftnref174\"><\/a>[174] y como ocurre al momento del nacimiento o cuando un ni\u00f1o o ni\u00f1a se integra a una nueva familia a trav\u00e9s de la adopci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"228\">\n<li>La importancia de contar con marcos normativos que permitan garantizar adecuadamente este derecho a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes no es imprescindible solo por tratarse de un mandato normativo, sino porque estos constituyen sus principales destinatarios, especialmente en su dimensi\u00f3n de recibir cuidados. De acuerdo con la OIT, a escala mundial, la demanda actual de cuidado proviene fundamentalmente de los ni\u00f1os y ni\u00f1as de 0 a 14 a\u00f1os de edad y, para el 2030, se estima que \u201cel 87,3% de todas las personas a cargo tendr\u00e1n entre 0 a 14 a\u00f1os de edad\u201d<a name=\"_ftnref175\"><\/a>[175].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"229\">\n<li>En suma, los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes son sujetos de derechos que gozan de una protecci\u00f3n reforzada debido a su edad y particular situaci\u00f3n de vulnerabilidad. En virtud del principio del inter\u00e9s superior, el Estado debe adoptar normas, pol\u00edticas y medidas que garanticen su bienestar, su desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho al cuidado. Este \u00faltimo implica que, para hacerlo efectivo, es indispensable asegurar que las familias cuenten con las condiciones materiales, laborales y sociales necesarias para brindarles atenci\u00f3n, amor y acompa\u00f1amiento.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc224553759\"><\/a>7.2. El derecho a tener una familia y la adopci\u00f3n como medida de protecci\u00f3n<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"230\">\n<li>El art\u00edculo 5\u00ba de la Constituci\u00f3n ampara a la familia como\u00a0\u201cinstituci\u00f3n b\u00e1sica de la sociedad\u201d, lo que se reafirma en el art\u00edculo 42 Superior, al calificarla de\u00a0\u201cn\u00facleo fundamental de la sociedad\u201d. En correspondencia, el art\u00edculo 44 superior consagra el derecho fundamental de los ni\u00f1os\u00a0\u201ca tener una familia y no ser separados de ella\u201d. Estos mandatos son congruentes con algunos instrumentos internacionales que determinan que la familia es un \u201celemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protecci\u00f3n de la sociedad y del Estado\u201d<a name=\"_ftnref176\"><\/a>[176], y se erige como base para el desarrollo de los hijos<a name=\"_ftnref177\"><\/a>[177].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"231\">\n<li>En particular, la Declaraci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre los Principios Sociales y Jur\u00eddicos Relativos a la Protecci\u00f3n y el Bienestar de los Ni\u00f1os, con Particular Referencia a la Adopci\u00f3n y la Colocaci\u00f3n en Hogares de Guarda, de 1986<a name=\"_ftnref178\"><\/a>[178], indica que los Estados deber\u00e1n conferir una alta prioridad al bienestar familiar e infantil, y que\u00a0<em>\u201c<\/em>el bienestar del ni\u00f1o depende del bienestar de la familia<em>\u201d.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"232\">\n<li>Las normas que regulan los derechos de los ni\u00f1os \u201cparten del supuesto sociol\u00f3gico seg\u00fan el cual el desarrollo arm\u00f3nico e integral del menor depende, en buena medida, de que crezca en un ambiente de afecto y solidaridad moral y material. Por esta raz\u00f3n, tales disposiciones protegen de manera especial a la familia como instituci\u00f3n b\u00e1sica de la sociedad y como factor fundamental para el adecuado desarrollo del menor\u201d<a name=\"_ftnref179\"><\/a>[179]. La jurisprudencia constitucional ha explicado que el derecho a tener una familia es una condici\u00f3n para la materializaci\u00f3n de otros derechos fundamentales. Por ello, es obligaci\u00f3n del Estado \u201casegurar el derecho de los ni\u00f1os, en particular de aquellos que se encuentran en situaci\u00f3n de abandono\u201d<a name=\"_ftnref180\"><\/a>[180].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"233\">\n<li>En los casos en que los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes no tengan una familia que los asista, ya sea por el abandono de sus padres biol\u00f3gicos o por cualquier otra causa, y los dem\u00e1s familiares directos incumplen o no pueden asumir sus deberes de asistencia y socorro,\u00a0\u201ces el Estado quien debe ejercer la defensa de sus derechos al igual que su cuidado y protecci\u00f3n\u201d<a name=\"_ftnref181\"><\/a>[181]. La adopci\u00f3n, entonces, constituye una de las medidas establecidas tanto por instrumentos internacionales como por el legislador colombiano para asegurar la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os que se encuentren en tal situaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"234\">\n<li>La Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o consagra la adopci\u00f3n en su art\u00edculo 21 y determina que los Estados que la permitan deben propender por el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o<a name=\"_ftnref182\"><\/a>[182]. Por su parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resoluci\u00f3n 41\/85 de 1986, precisa que cuando la familia no pueda ocuparse de los ni\u00f1os, debe considerarse la posibilidad de que estos queden a cargo de una familia sustitutiva -adoptiva o guarda-<a name=\"_ftnref183\"><\/a>[183]. En Colombia, la adopci\u00f3n encuentra fundamento constitucional en el inciso 6 del art\u00edculo 42, puesto que se refiere expresamente a esta instituci\u00f3n, al establecer para los hijos adoptados o procreados naturalmente o con asistencia cient\u00edfica, los mismos derechos y deberes que para los habidos en el matrimonio o fuera de \u00e9l.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"235\">\n<li>La Corte Constitucional, para explicar en qu\u00e9 consiste esta instituci\u00f3n, retom\u00f3 el concepto consignado en el art\u00edculo 88 del Decreto 2737 de 1989<a name=\"_ftnref184\"><\/a>[184], mediante el cual se se\u00f1ala que \u201cla adopci\u00f3n es principalmente y por excelencia, una medida de protecci\u00f3n, a trav\u00e9s de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable, la relaci\u00f3n paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza\u201d<a name=\"_ftnref185\"><\/a>[185].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"236\">\n<li>Desde sus primeros pronunciamientos, esta Corporaci\u00f3n, al interpretar el alcance constitucional de la adopci\u00f3n, precis\u00f3 que la finalidad de la instituci\u00f3n es garantizar la protecci\u00f3n integral del menor de 18 a\u00f1os mediante su integraci\u00f3n en un hogar adecuado y estable, que le permita desarrollarse en los \u00e1mbitos f\u00edsico, emocional, intelectual, espiritual y social<a name=\"_ftnref186\"><\/a>[186].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"237\">\n<li>Asimismo, suplir las relaciones de filiaci\u00f3n perdidas o que nunca se tuvieron y que, por lo mismo, se encuentra en condici\u00f3n jur\u00eddica de adoptabilidad, esto es, en situaci\u00f3n de ser integrado a un nuevo entorno familiar en donde se restablezcan los lazos rotos y, sobre todo, se brinde al adoptivo las condiciones para su plena y adecuada formaci\u00f3n. Por tanto, la adopci\u00f3n es un mecanismo para dar una familia al ni\u00f1o, y no dar un ni\u00f1o a una familia<a name=\"_ftnref187\"><\/a>[187]. En consecuencia, la adopci\u00f3n no persigue la mera transmisi\u00f3n del apellido o del patrimonio, sino la conformaci\u00f3n de una aut\u00e9ntica familia, equiparable jur\u00eddica y socialmente a aquella surgida de los v\u00ednculos consangu\u00edneos<a name=\"_ftnref188\"><\/a>[188].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"238\">\n<li>Entonces, como en el proceso de adopci\u00f3n lo que prima es el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, el Estado tiene la obligaci\u00f3n de asegurar que quien o quienes aspiren a hacer parte de una nueva familia re\u00fanan todas y cada una de las exigencias de idoneidad para cumplir su nuevo rol, procurando siempre potenciar el desarrollo integral del adoptivo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"239\">\n<li>Actualmente, la adopci\u00f3n es regulada por el C\u00f3digo de Infancia y la Adolescencia<a name=\"_ftnref189\"><\/a>[189]. All\u00ed se contempla que es una medida de restablecimiento de los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes<a name=\"_ftnref190\"><\/a>[190] y se retoma el concepto del Decreto 2737 de 1989. Dicho C\u00f3digo faculta al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la posibilidad de desarrollar programas de adopci\u00f3n y autorizar a ciertas instituciones para llevarlos a cabo<a name=\"_ftnref191\"><\/a>[191]. De igual forma determina que los efectos jur\u00eddicos que conlleva la adopci\u00f3n son los inherentes a la relaci\u00f3n de parentesco que subyace entre padres e hijos<a name=\"_ftnref192\"><\/a>[192] y consagra el principio de solidaridad familiar<a name=\"_ftnref193\"><\/a>[193], entre otros aspectos.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"240\">\n<li>Con base en estas consideraciones, la Sala proceder\u00e1 a analizar el cargo de constitucionalidad planteado y a resolver los problemas jur\u00eddicos formulados de manera previa.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc224553760\"><\/a>8. Soluci\u00f3n del problema jur\u00eddico. Las expresiones objeto de control constitucional desconocen el principio de igualdad<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"241\">\n<li>Seg\u00fan se indic\u00f3 previamente, los demandantes cuestionan la constitucionalidad de la expresi\u00f3n \u201cla madre adoptante\u201d incorporada en el numeral 4 del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021, al considerar que vulnera el principio de igualdad, consagrado en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"242\">\n<li>Espec\u00edficamente, los accionantes cuestionan que, en relaci\u00f3n con la licencia de maternidad, las parejas heteroparentales adoptantes se encuentran en una situaci\u00f3n de desigualdad en relaci\u00f3n con las parejas del mismo sexo que adoptan, a las cuales la sentencia C-415 de 2022 expresamente les concedi\u00f3 la posibilidad de elegir, por una sola vez, cu\u00e1l de sus integrantes acceder\u00e1 a cada prestaci\u00f3n (licencia de maternidad y de paternidad) en las mismas condiciones previstas para las parejas de distinto sexo adoptantes.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"243\">\n<li>As\u00ed, alegan que no existe una raz\u00f3n que justique que, en casos de adopci\u00f3n, las familias homoparentales puedan elegir cu\u00e1l de sus miembros acceder\u00e1 a cada una de las prestaciones, en contraste con las parejas heteroparentales, a cuyos miembros la norma asigna el acceso a la licencia en \u00e9poca de parto con base en el sexo o g\u00e9nero.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"244\">\n<li>Adicionalmente, los actores indican que la norma perpet\u00faa roles de g\u00e9nero nocivos en la familia heteroparental, puesto que es el g\u00e9nero de los adoptantes lo que determina cu\u00e1l de sus integrantes acceder\u00e1 a la prestaci\u00f3n, consistente en un descanso remunerado de 18 semanas. Tambi\u00e9n argumentan que la crianza de los hijos no puede responder a pr\u00e1cticas derivadas del modelo patriarcal, en la que el cuidado recae principalmente sobre las mujeres. Adem\u00e1s, consideran que la asignaci\u00f3n autom\u00e1tica de la licencia de maternidad a la madre adoptante se encuentra injustificada, puesto que tanto el padre como la madre adoptante carecen de un v\u00ednculo biol\u00f3gico con el hijo adoptivo, por lo que se encuentran en una situaci\u00f3n id\u00e9ntica de cara a sus derechos y deberes parentales.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"245\">\n<li>De otro lado, seg\u00fan se advirti\u00f3 en la secci\u00f3n 3.3. de las consideraciones, la Sala Plena estim\u00f3 necesario realizar una integraci\u00f3n de la unidad normativa entre las expresiones \u201c<em>la madre adoptante<\/em>\u201d y \u201c<em>el padre adoptante<\/em>\u201d, contenidas en el numeral 4 y en el inciso segundo del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021, respectivamente. Lo anterior, toda vez que advirti\u00f3 que esta \u00faltima expresi\u00f3n se encuentra intr\u00ednsecamente\u00a0relacionada con el texto normativo objeto de demanda, cuya inconstitucionalidad se alega por parte de la censura.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"246\">\n<li>En particular, toda vez que el reproche de los actores se fundamenta en la imposibilidad de elecci\u00f3n de las parejas heteroparentales adoptantes respecto de cu\u00e1l de sus miembros acceder\u00e1 a la licencia de maternidad y cu\u00e1l a la de paternidad, en contraste con lo que ocurre con las parejas del mismo sexo que adoptan, para la Sala result\u00f3 necesario incorporar la expresi\u00f3n \u201cel padre adoptante\u201d antes mencionada en el an\u00e1lisis constitucional que se realiza en esta ocasi\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"247\">\n<li>Con base en estas precisiones, la Sala plante\u00f3 como problema jur\u00eddico determinar si las expresiones \u201cla madre adoptante\u201d y \u201cel padre adoptante\u201d contenidas en el numeral 4, y en el inciso segundo del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021, respectivamente, vulneran el principio de igualdad contemplado en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica al: (i) negarle la posibilidad a la pareja heteroparental adoptante de elegir cu\u00e1l de sus miembros acceder\u00e1 a cada una de las licencias parentales, en contraste con lo que ocurre en el caso de las parejas del mismo sexo que adoptan y (ii) al asignar de manera autom\u00e1tica a los miembros de la pareja de distinto sexo adoptante las correspondientes licencias parentales con base en criterios de g\u00e9nero espec\u00edficos.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"248\">\n<li>Para responder dicho problema jur\u00eddico, la Sala, <em>en primer lugar<\/em>, precisar\u00e1 las hip\u00f3tesis normativas y contornos del presente debate constitucional; <em>en segundo lugar<\/em>, abordar\u00e1 la forma en la que el condicionamiento efectuado por esta Corte en la Sentencia C-415 de 2022, en conjunci\u00f3n con el texto normativo incorporado en el art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021, dieron lugar a un tratamiento jur\u00eddico diferencial e injustificado entre parejas hetero y homoparentales adoptantes en materia de posibilidad de elecci\u00f3n sobre el acceso de sus miembros a las licencias parentales, para lo cual se aplicar\u00e1 un test integrado de igualdad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc224553761\"><\/a>8.1. Hip\u00f3tesis normativas y contornos del presente debate constitucional<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"249\">\n<li><em>El contenido del art. 2 de la Ley 2114 de 2021<\/em>. Seg\u00fan fue objeto de exposici\u00f3n previa, las expresiones objeto de control constitucional alojadas en el art. 2 de la Ley 2114 de 2021, el cual regula a nivel legal las licencias parentales en Colombia. La Sentencia C-415 de 2022 sintetiz\u00f3 el contenido de dichas licencias de la siguiente forma:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Tabla 4<\/strong><\/b><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><b><strong>Tipo de licencia<\/strong><\/b><\/td>\n<td><b><strong>N\u00famero de semanas<\/strong><\/b><\/td>\n<td><b><strong>Destinatarios<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>Licencia de maternidad<\/strong><\/b><\/td>\n<td>18 semanas<\/td>\n<td>Madre biol\u00f3gica o adoptante y padre que se haga cargo del ni\u00f1o por abandono, enfermedad o muerte de la madre.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><b><strong>Licencia de paternidad<\/strong><\/b><\/td>\n<td>2 semanas<\/td>\n<td>Padre biol\u00f3gico o adoptivo.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><b><strong>Licencia parental compartida (modalidad de disfrute)<\/strong><\/b><\/td>\n<td>Disponibilidad de 6 semanas de la licencia de maternidad para compartir<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<td>Madre y padre biol\u00f3gico o adoptivo.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><b><strong>Licencia parental flexible (modalidad de disfrute)<\/strong><\/b><\/td>\n<td>Posibilidad de utilizar por lo menos 6 semanas de las 18 para la madre, o las 2 semanas del padre, como banco de tiempo. Esto implica que puedan trabajar medio tiempo y disfrutarlas el otro medio tiempo hasta que se agoten.<\/td>\n<td>Madre y padre biol\u00f3gico o adoptivo.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><em>Fuente: Sentencia C-415 de 2022.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"250\">\n<li>Como se mencion\u00f3, en este caso, se examinan espec\u00edficamente las expresiones \u201c<em>la madre adoptante<\/em>\u201d y \u201c<em>el padre adoptante<\/em>\u201d, contenidas en el numeral 4 y en el inciso segundo del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo antes mencionado.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"251\">\n<li>Teniendo en cuenta lo anterior, el debate constitucional que ha de dirimir la Corte se refiere a un conjunto de hip\u00f3tesis normativas delimitadas. As\u00ed, <em>en primer lugar,<\/em> se refiere espec\u00edficamente a casos de acceso a licencias parentales derivadas de procesos de adopci\u00f3n de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes. <em>No hace objeto del pronunciamiento de la Corte en este caso eventos de acceso a licencias parentales derivadas de otras circunstancias<\/em>, tales como la reproducci\u00f3n biol\u00f3gica, puesto que, en relaci\u00f3n con estas, puede haber elementos de juicio espec\u00edficos, como el efecto de los procesos de parto y lactancia sobre la persona gestante, que la Corte en esta ocasi\u00f3n no entra a evaluar.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"252\">\n<li>Espec\u00edficamente, la Sala encuentra que los supuestos de acceso a licencias parentales derivados (i) de procesos de adopci\u00f3n y (ii) de la reproducci\u00f3n biol\u00f3gica tienen diferencias significativas. As\u00ed, por ejemplo, estas se diferencian en que, en la primera, el acceso a las licencias no se encuentra asociado de manera directa a procesos f\u00edsicos como la gestaci\u00f3n, el parto y la lactancia; mientras que en el segundo s\u00ed. En este \u00faltimo evento, la licencia de maternidad tendr\u00eda por finalidad, adem\u00e1s de garantizar el cuidado del reci\u00e9n nacido, velar por la recuperaci\u00f3n de quien dio a luz, de cara a los procesos de embarazo y parto y, eventualmente, la posible adaptaci\u00f3n a la lactancia.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"253\">\n<li>Por ende, la Sala enfatiza que, en este caso, se analiza de manera espec\u00edfica el presunto tratamiento diferencial de parejas homo y heteroparentales <em>adoptantes<\/em> en el acceso a licencias parentales, lo que constituye un evento distinto del acceso a licencias parentales derivado de procesos de reproducci\u00f3n biol\u00f3gica, sobre el cual la Sala no emite pronunciamiento alguno en esta ocasi\u00f3n, por no haberse cuestionado en la demanda.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"254\">\n<li><em>En segundo lugar<\/em>, el debate constitucional se refiere, espec\u00edficamente, a casos en los que, ambos <em>miembros de una pareja, conjuntamente,<\/em> adoptan a un ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente. Esta precisi\u00f3n es necesaria, de un lado, porque el esquema de comparaci\u00f3n propuesto por los accionantes se refiere, espec\u00edficamente a este escenario; y, de otro, porque en casos de adoptantes \u00fanicos, no existe duda de que ser\u00e1 este qui\u00e9n disfrutar\u00e1 la licencia de maternidad. Lo anterior, incluso en el caso de adoptantes hombres, puesto que el art. 127<a name=\"_ftnref194\"><\/a>[194] de la Ley 1098 de 2006<a name=\"_ftnref195\"><\/a>[195] reconoci\u00f3 expresamente el derecho a que estos se les reconozca la licencia de maternidad en tales eventos.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"255\">\n<li><em>En tercer lugar<\/em>, se trata de eventos en los cu\u00e1les ambos adoptantes cumplen con los requisitos exigidos por la ley y la jurisprudencia constitucional para acceder a las correspondientes licencias parentales<a name=\"_ftnref196\"><\/a>[196], puesto que la posibilidad de elegir entre las licencias parentales de maternidad y de paternidad parte del supuesto del cumplimiento de los requisitos exigibles para acceder a estas prestaciones. En tal sentido, por ejemplo, si uno de los miembros de la pareja no es afiliado cotizante al sistema general de seguridad social en salud, en principio no tiene la posibilidad de acceder a una licencia parental de las contempladas en el art. 2 de la Ley 2114 de 2021, lo que descartar\u00eda la posibilidad de elecci\u00f3n entre ambos tipos de beneficios para la pareja adoptante.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"256\">\n<li>Precisadas las anteriores hip\u00f3tesis normativas, procede la Sala a evaluar la constitucionalidad de las expresiones objeto de control.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><a name=\"_Toc224553762\"><\/a>8.2. El condicionamiento efectuado por esta Corte en la Sentencia C-415 de 2022, en conjunci\u00f3n con el texto del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021, dieron lugar a un tratamiento jur\u00eddico diferencial e injustificado entre parejas heteroparentales y homoparentales adoptantes en materia de posibilidad de elecci\u00f3n sobre el acceso de sus miembros a las licencias parentales, el cual no supera el test integrado de igualdad<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"257\">\n<li><em>Punto de partida.<\/em> De entrada, la Sala encuentra que, como lo advirtieron las sentencias C-415 de 2022 y C-324 de 2023, la redacci\u00f3n del art. 2 de la Ley 2114 de 2021 puede resultar problem\u00e1tica desde una perspectiva de g\u00e9nero, puesto que no solamente parte de un entendimiento binario del sexo y el g\u00e9nero, al que todas las personas potencialmente beneficiarias de dichas prestaciones encuadrar\u00e1n dentro de categor\u00edas identitarias espec\u00edficas, tales como mujer, madre, trabajadora; sino que tambi\u00e9n omiti\u00f3 regular el acceso a las licencias parentales para alternativas de composici\u00f3n familiar que se alejan del patr\u00f3n heteronormativo, como aquellas compuestas por parejas del mismo sexo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"258\">\n<li>Fue, precisamente, en atenci\u00f3n a las circunstancias anteriores que se profirieron las dos sentencias antes mencionadas, las cuales, al responder a cargos espec\u00edficos relacionados con desconocimiento del principio de igualdad o la configuraci\u00f3n de omisiones legislativas relativas, condicionaron la interpretaci\u00f3n de la disposici\u00f3n para garantizar un acceso m\u00e1s equitativo para grupos hist\u00f3ricamente discriminados, como los que hacen parte de la poblaci\u00f3n LGBTQ, a las prestaciones all\u00ed contempladas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"259\">\n<li><em>El uso del criterio g\u00e9nero para organizar el acceso de parejas adoptantes de distinto sexo a las licencias parentales<\/em>. A pesar de los avances generados por las sentencias anteriores, estas no corrigieron todas las potenciales circunstancias de desigualdad asociadas al g\u00e9nero y la orientaci\u00f3n sexual presentes en la disposici\u00f3n. En tal sentido, la Sala encuentra que las expresiones \u201cla madre adoptante\u201d y \u201cel padre adoptante\u201d alojadas en el numeral 4 y en el inciso segundo del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021, respectivamente, regulan el acceso a las licencias parentales para parejas adoptantes con base en criterios de g\u00e9nero espec\u00edficos.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"260\">\n<li>As\u00ed las cosas, al referirse a la situaci\u00f3n de \u201cla madre adoptante\u201d, el numeral 4 del art. 2 de la Ley 2114 de 2021 establece con claridad que se le har\u00e1n extensivas y en cuanto fuere procedente \u201c[t]odas las provisiones y garant\u00edas establecidas en la presente ley para la madre biol\u00f3gica\u201d. Ello implica que esta tendr\u00e1 acceso, en los t\u00e9rminos del numeral 1 del mismo art\u00edculo, a una licencia de maternidad de 18 semanas de duraci\u00f3n, puesto que es a esta prestaci\u00f3n a la cual tendr\u00eda acceso la trabajadora en estado de embarazo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"261\">\n<li>En contraste, dicho tratamiento no se reconoce a primera vista a \u201cel padre adoptante\u201d, puesto que la norma solo admite su extensi\u00f3n, adem\u00e1s, \u201cal padre que quede a cargo del reci\u00e9n nacido sin apoyo de la madre, sea por enfermedad, abandono o muerte\u201d<a name=\"_ftnref197\"><\/a>[197], caso en el cual \u201cel empleador del padre del ni\u00f1o le conceder\u00e1 una licencia de duraci\u00f3n equivalente al tiempo que falta para expirar el per\u00edodo de la licencia posterior al parto concedida a la madre\u201d<a name=\"_ftnref198\"><\/a>[198].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"262\">\n<li>Una situaci\u00f3n similar se presenta en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n de \u201cel padre adoptante\u201d. El inciso segundo del par\u00e1grafo 2 del mismo art\u00edculo establece que a \u201c[l]a licencia remunerada de paternidad opera por los hijos nacidos del c\u00f3nyuge o de la compa\u00f1era permanente, as\u00ed como para <b><strong>el padre adoptante<\/strong><\/b>\u201d (\u00e9nfasis a\u00f1adido). Ello implica que, de acuerdo con el enunciado, el acceso a la licencia de paternidad est\u00e1 establecido para el padre adoptante, pero no para la madre adoptante.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"263\">\n<li>Al evaluar conjuntamente ambos textos normativos, es posible evidenciar que, en efecto, el uso que el art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021 hace de las expresiones \u201cla madre adoptante\u201d y \u201cel padre adoptante\u201d conlleve a que, en principio, en casos de parejas adoptantes, el acceso a la licencia de maternidad se reserve para la primera y el disfrute a la licencia de paternidad se destine para el segundo. As\u00ed las cosas, no existe duda de que, de acuerdo con el enunciado, el g\u00e9nero de cada uno de los padres condiciona o determina el acceso a una u otra licencia.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"264\">\n<li>Por dem\u00e1s, la Sala resalta que\u00a0la diferencia en la duraci\u00f3n de ambas licencias parentales (18 semanas en el caso de la licencia de maternidad y 2 semanas en el caso de la paternidad),<b><\/b>tiene implicaciones importantes respecto al tiempo de descanso remunerado que se reconoce a cada uno de los adoptantes, lo que se traduce en la posibilidad que estos tienen de ejercer las labores de cuidado en relaci\u00f3n con su hijo adoptivo y de participar, en t\u00e9rminos amplios, del proceso de crianza, en especial durante la etapa inicial de adaptaci\u00f3n del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente adoptivo al nuevo n\u00facleo familiar.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"265\">\n<li>Por su parte, los demandantes afirmaron que mientras que la norma que se desprende de la expresi\u00f3n \u201cla madre adoptante\u201d del numeral 4 del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021 daba lugar a que, en el caso de las parejas heteroparentales adoptantes, fuera el g\u00e9nero de sus integrantes lo que determinaba el acceso a la licencia en \u00e9poca de parto; ello difer\u00eda de la situaci\u00f3n de las parejas homoparentales adoptantes, a las cuales, de forma expresa, la Sentencia C-415 de 2022 les permiti\u00f3, por una sola vez, elegir cual de sus integrantes acceder\u00eda a dicha prestaci\u00f3n. Lo anterior, a su vez, daba lugar a un tratamiento contrario al principio de igualdad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"266\">\n<li>Seg\u00fan se mencion\u00f3, es cierto que la Sentencia C-415 de 2022 condicion\u00f3 la exequibilidad de la totalidad del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021 \u201cbajo el entendido de que la pareja adoptante del mismo sexo definir\u00e1, por una sola vez, quien de ellos gozar\u00e1 de cada prestaci\u00f3n en las mismas condiciones previstas para las familias heteroparentales adoptantes\u201d<a name=\"_ftnref199\"><\/a>[199], luego de establecer que la disposici\u00f3n incurr\u00eda en una omisi\u00f3n legislativa relativa en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n de las parejas del mismo sexo adoptantes.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"267\">\n<li>Al analizar dicha decisi\u00f3n, la Sala nota que, en efecto, el resolutivo de la sentencia antes mencionada (i) establece una posibilidad de elecci\u00f3n, por una \u00fanica vez, entre las licencias parentales de maternidad y paternidad; (ii) circunscribe dicha posibilidad de elecci\u00f3n a la pareja adoptante del mismo sexo, (iii) e indica que estas gozar\u00e1n de cada prestaci\u00f3n en las mismas condiciones previstas para las parejas heteroparentales adoptantes.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"268\">\n<li>Si bien, a primera vista, podr\u00eda pensarse que, al indicar que los integrantes de la pareja adoptante del mismo sexo gozar\u00e1n de cada prestaci\u00f3n \u201cen las mismas condiciones previstas para las familias heteroparentales adoptantes\u201d, el condicionamiento precluy\u00f3 cualquier trato diferencial entre ambos tipos de parejas en materia de acceso a las licencias parentales, ello no es as\u00ed, cuando menos por dos razones:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"269\">\n<li><em>En primer lugar<\/em>, como se expuso previamente, es cierto que las expresiones \u201cla madre adoptante\u201d y \u201cel padre adoptante\u201d incorporadas en el numeral 4 y el inciso segundo del par\u00e1grafo 2 de la Ley 2114 de 2021, respectivamente, configuran el acceso a las licencias parentales de acuerdo con el g\u00e9nero de los adoptantes, asignando la licencia de maternidad a la madre adoptante y la de paternidad al padre adoptante. Seg\u00fan se advirti\u00f3, en tal sentido, la norma que se desprende de tales disposiciones no permit\u00eda a los adoptantes elegir cu\u00e1l de sus miembros acced\u00eda a cada una de las dos prestaciones.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"270\">\n<li><em>En segundo lugar<\/em>, la Sentencia C-415 de 2022 fue expresa en se\u00f1alar que las disposiciones del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021 resultaban constitucionales en tanto se entendiera que, <em>en el caso de las parejas del mismo sexo adoptantes<\/em>, estas podr\u00edan elegir, por una \u00fanica vez, cu\u00e1l de sus miembros acceder\u00eda a cada prestaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"271\">\n<li>Al analizar ambos hechos de manera conjunta, la Sala establece que les asiste la raz\u00f3n a los demandantes en cuanto a que, hasta este momento, en virtud del condicionamiento efectuado en la Sentencia C-415 de 2022, mientras que las parejas del mismo sexo adoptantes pod\u00edan elegir cu\u00e1l de sus integrantes acceder\u00eda a la licencia de maternidad y cual a la de paternidad, ello no resultaba cierto para las parejas heteroparentales adoptantes, puesto que estas no fueron cubiertas por el condicionamiento efectuado en la providencia antes mencionada.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"272\">\n<li>En tal sentido, cuando el resolutivo de la Sentencia C-415 de 2022 expresa que las parejas del mismo sexo adoptantes gozar\u00edan de las prestaciones en las mismas condiciones previstas para las parejas heteroparentales adoptantes, la Sala Plena entiende que esto se refiere a factores como los requisitos para el acceso, montos, duraci\u00f3n y dem\u00e1s cuestiones operativas relacionadas con el reconocimiento de las prestaciones econ\u00f3micas en cuesti\u00f3n. Sin embargo, ello no se extend\u00eda a la posibilidad de elegir sobre cu\u00e1l miembro de la pareja disfrutar\u00eda de cada licencia parental, puesto que, de ser as\u00ed, las parejas del mismo sexo no habr\u00edan podido elegir entre ambos tipos de licencia (en abierta contradicci\u00f3n con el resolutivo de la Sentencia C-415 de 2022), debido a la asignaci\u00f3n que la norma dispone para el acceso a las mismas con base en el g\u00e9nero de los adoptantes.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"273\">\n<li>No obstante, lo anterior, la Sala estima necesario aclarar que, dicho tratamiento diferencial no correspondi\u00f3, propiamente, a la intenci\u00f3n del legislador, puesto que, como evidenci\u00f3 la Sentencia C-415 de 2022, este omiti\u00f3 regular la situaci\u00f3n espec\u00edfica de las parejas del mismo sexo adoptantes en materia de licencias parentales.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"274\">\n<li>Igualmente, tampoco se trat\u00f3 de un acto deliberado de esta Corte, puesto que, en la Sentencia C-415 de 2022, la Corte resolvi\u00f3 una demanda de inconstitucionalidad cuyo cargo por omisi\u00f3n legislativa relativa de manera expresa indaga por la situaci\u00f3n de las parejas adoptantes del mismo sexo. En tal sentido, debido al car\u00e1cter rogado de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad, en principio, la Corte estaba restringida en cuanto a la amplitud de su decisi\u00f3n por el cargo propuesto por los demandantes.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"275\">\n<li>As\u00ed las cosas, el tratamiento diferencial entre parejas homo y heteroparentales adoptantes detectado por los accionantes es una situaci\u00f3n que, inadvertidamente, se deriv\u00f3 del texto de la Ley 2114 de 2021, en particular en cuanto a la introspecci\u00f3n que esta hace del binarismo y los estereotipos de g\u00e9nero en la regulaci\u00f3n del r\u00e9gimen de licencias, y del condicionamiento efectuado por la Corte en la Sentencia C-415 de 2022, que respond\u00eda a un cargo de inconstitucionalidad espec\u00edfico, propuesto en la demanda que dio origen al proceso, el cual cuestionaba de manera espec\u00edfica y concreta la inconstitucionalidad del silencio legislativo sobre la situaci\u00f3n de las parejas de mismo sexo adoptantes en materia de acceso a licencias parentales.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"276\">\n<li>Con base en estas precisiones, la Sala proceder\u00e1 a verificar si el tratamiento diferencial antes mencionado entre las parejas homo y heteroparentales adoptantes en cuanto a la posibilidad de elegir cu\u00e1l de sus integrantes acceder\u00e1 a la licencia de maternidad y cu\u00e1l a la de paternidad resulta o no contrario al art. 13 de la Constituci\u00f3n. Para ello, se aplicar\u00e1 un test integrado de igualdad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"277\">\n<li><em>El test integrado de igualdad. <\/em>Tal como se explic\u00f3 en las consideraciones generales de esta providencia, el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n ordena que todas las personas reciban \u201cla misma protecci\u00f3n y trato de las autoridades\u201d y gocen de los \u201cmismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminaci\u00f3n\u201d. De igual forma, exige al Estado promover \u201clas condiciones para que la igualdad sea real y efectiva\u201d. Con todo, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, este principio no supone un mandato de simetr\u00eda absoluta en el trato y en la protecci\u00f3n que deben recibir todas las personas en cualquier situaci\u00f3n. Por tanto, la Corte ha entendido que el principio de igualdad ordena tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. En ese sentido, el mandato de igualdad permite el establecimiento de algunos tratamientos diferenciales.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"278\">\n<li>Para analizar si el tratamiento diferenciado contemplado en una norma es admisible constitucionalmente, la Corte Constitucional ha usado varios m\u00e9todos<a name=\"_ftnref200\"><\/a>[200]. Uno de ellos es el denominado juicio integrado de igualdad<a name=\"_ftnref201\"><\/a>[201], el cual surgi\u00f3 de una fusi\u00f3n que realiz\u00f3 la Corte Constitucional a largo de su jurisprudencia del test de razonabilidad, que es frecuentemente utilizado por la Corte Europea de Derechos Humanos, y la metodolog\u00eda de los escrutinios de distinta intensidad -leve, intermedio o estricto-, desarrollada principalmente por la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos<a name=\"_ftnref202\"><\/a>[202]. La jurisprudencia reciente constitucional ha considerado de manera consistente que esta metodolog\u00eda es id\u00f3nea para decidir demandas de constitucionalidad o casos que plantean una aparente violaci\u00f3n al principio de igualdad<a name=\"_ftnref203\"><\/a>[203].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"279\">\n<li>Este juicio o test est\u00e1 compuesto por tres etapas fundamentales que tienen por objetivo (i)\u00a0identificar el\u00a0<em>tertium comparationis<\/em>o criterio de comparaci\u00f3n; (ii)\u00a0definir si desde la perspectiva f\u00e1ctica y jur\u00eddica existe tratamiento desigual entre iguales o igual entre desiguales, y\u00a0(iii)\u00a0establecer si el tratamiento distinto est\u00e1 constitucionalmente justificado, es decir, si las situaciones objeto de comparaci\u00f3n ameritan, a la luz de la Constituci\u00f3n, un trato diferente o deben ser tratadas de un modo similar<a name=\"_ftnref204\"><\/a>[204].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"280\">\n<li>Las dos primeras etapas buscan precisar si la medida examinada trata de manera igual situaciones que han de ser tratadas de modo distinto o trata de manera diferente situaciones que han de ser tratadas de modo igual<a name=\"_ftnref205\"><\/a>[205]. La tercera etapa interroga acerca de si el trato diferenciado est\u00e1 constitucionalmente justificado, esto es \u201csi los supuestos objeto de an\u00e1lisis ameritan un trato diferente a partir de los mandatos consagrados en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u201d<a name=\"_ftnref206\"><\/a>[206].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"281\">\n<li>Es decir, tras establecerse que el trato es objetivamente desigual, debe buscarse si existe una raz\u00f3n que desde el punto de vista constitucional lo justifique, por ejemplo, la protecci\u00f3n de otros derechos fundamentales o bienes jur\u00eddicos concurrentes con el principio de igualdad. De cualquier manera, romper con la igualdad hace indispensable que el trato diferenciado se legitime en la protecci\u00f3n de bienes especialmente amparados, pues, de lo contrario, tendr\u00eda que calificarse de arbitrario<a name=\"_ftnref207\"><\/a>[207]. En suma, la primera etapa, se dirige a evaluar el fin buscado por la disposici\u00f3n; la segunda aprecia el medio empleado y la tercera se ocupa de indagar por la relaci\u00f3n entre los medios y los fines.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"282\">\n<li>Ahora bien, dado que la aplicaci\u00f3n del juicio integrado de igualdad depende del grado de intensidad del escrutinio, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n, en la Sentencia C-345 de 2019, unific\u00f3 los criterios para determinar el nivel correspondiente y la forma en que debe adelantarse dicho an\u00e1lisis, de la siguiente manera:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"283\">\n<li>El <em>escrutinio leve o d\u00e9bil<\/em> est\u00e1 dirigido a verificar que la actividad legislativa se ejerza dentro del marco de razonabilidad y que, por ende, no se adopten decisiones arbitrarias o caprichosas. De esta forma, para que una norma sea declarada constitucional, la medida que trae un trato diferente debe ser potencialmente adecuada para alcanzar una finalidad que no est\u00e9 prohibida constitucionalmente. En ese sentido, este juicio se dirige a establecer si la finalidad y el medio utilizado no se encuentran prohibidos por la Constituci\u00f3n, adem\u00e1s si este \u00faltimo es id\u00f3neo o adecuado para alcanzar el objetivo propuesto. Este se usa como regla general, puesto que, en principio, existe una presunci\u00f3n de constitucionalidad de las normas expedidas por el legislador.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"284\">\n<li>Esta intensidad del juicio se usa en relaci\u00f3n con (a) materias econ\u00f3micas y tributarias; (b) de pol\u00edtica internacional; (c) cuando est\u00e1 de por medio una competencia espec\u00edfica definida por la Carta en cabeza de un \u00f3rgano constitucional; (e) cuando se examina una norma preconstitucional derogada que a\u00fan produce efectos; y (f) cuando no se aprecia, en principio, una amenaza para el derecho en cuesti\u00f3n<a name=\"_ftnref208\"><\/a>[208].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"285\">\n<li>El <em>escrutinio intermedio <\/em>est\u00e1 dirigido a verificar que (i) el fin sea constitucionalmente importante y que el medio para lograrlo sea efectivamente conducente, y (ii) que la medida no sea evidentemente desproporcionada. Este se usa cuando la medida puede afectar el goce de un derecho constitucional no fundamental o existe un indicio de arbitrariedad que se refleja en la afectaci\u00f3n grave de la libre competencia. As\u00ed mismo, se utiliza en los casos en que existen normas basadas en criterios sospechosos pero con el fin de favorecer a grupos hist\u00f3ricamente discriminados. Se trata de casos en los que se establecen acciones afirmativas, tales como las normas que emplean un criterio de g\u00e9nero o raza para promover el acceso de la mujer a la pol\u00edtica o de las minor\u00edas \u00e9tnicas a la educaci\u00f3n superior<a name=\"_ftnref209\"><\/a>[209].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"286\">\n<li>Finalmente, el <em>escrutinio estricto<\/em> est\u00e1 dirigido a establecer si\u00a0(i)\u00a0el fin perseguido por la norma no solo es leg\u00edtimo sino\u00a0<em>imperioso<\/em>;\u00a0(ii)\u00a0el medio escogido, adem\u00e1s de ser\u00a0efectivamente conducente, es necesario, esto es, si no puede ser reemplazado por otros menos lesivos para el derecho a la igualdad de los destinatarios de la norma; y, por \u00faltimo,\u00a0(iii) si\u00a0los beneficios de adoptar la medida exceden o no las restricciones impuestas sobre el derecho a la igualdad; es decir,\u00a0si la medida es proporcional en sentido estricto.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"287\">\n<li>Este se usa cuanto est\u00e1 de por medio una clasificaci\u00f3n sospechosa como las enumeradas en forma no taxativa a manera de prohibiciones de discriminaci\u00f3n en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n (el sexo, la raza, el origen nacional o familiar, la lengua, la religi\u00f3n, la opini\u00f3n pol\u00edtica o filos\u00f3fica), en el art\u00edculo 1.1 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos o en el art\u00edculo 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Pol\u00edticos. Tambi\u00e9n aplica cuando (i) la medida recae principalmente en personas en condiciones de debilidad manifiesta, grupos marginados o discriminados; (ii) en principio, impacta gravemente un derecho fundamental; o (iv) crea un privilegio<a name=\"_ftnref210\"><\/a>[210].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"288\">\n<li><em>Aplicaci\u00f3n del test integrado de igualdad al caso bajo estudio<\/em>. Procede la Sala a aplicar el test integrado de igualdad para efectos de evaluar si, en este caso, el tratamiento diferencial entre las parejas homo y heteroparentales adoptantes en cuanto a la posibilidad de elegir cu\u00e1l de sus integrantes acceder\u00e1 a la licencia de maternidad y cu\u00e1l a la de paternidad desconoce el principio constitucional de igualdad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"289\">\n<li>En relaci\u00f3n con la <em>intensidad del test<\/em>, conforme a la jurisprudencia constitucional precitada, este debe ser <em>estricto<\/em>, puesto que la diferencia de trato entre las parejas homo y heteroparentales adoptantes se basa en la conformaci\u00f3n de cada una en t\u00e9rminos del <b><strong><em>g\u00e9nero<\/em><\/strong><\/b> de sus integrantes. A ello se suma que, toda vez que la conformaci\u00f3n de las parejas en t\u00e9rminos del g\u00e9nero de sus integrantes puede ser entendida, a su vez, como una circunstancia que se asocia o refleja la <b><strong><em>orientaci\u00f3n sexual<\/em><\/strong><\/b> de sus miembros, esta segunda categor\u00eda tambi\u00e9n se encontrar\u00eda presente en el tratamiento diferencial que se analiza.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"290\">\n<li>Sobre el car\u00e1cter sospechoso de la categor\u00eda sexo, la Sentencia C-586 de 2016 afirm\u00f3 que: \u201c[\u2026] el criterio sexo es una de las \u2018categor\u00edas sospechosas\u2019 que se encuentran relacionadas en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, el art\u00edculo 1.1. de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos y en los art\u00edculos 2 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, la que ha sido hist\u00f3ricamente utilizada para discriminar, es decir, para establecer diferencias de trato que resultan violatorias de los derechos fundamentales, como ha sucedido en el caso de las mujeres en Colombia\u201d<a name=\"_ftnref211\"><\/a>[211].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"291\">\n<li>En cuanto al g\u00e9nero, sentencias como la T-293 de 2017 han indicado que: \u201cel art\u00edculo 43 de la Carta dispone igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres; as\u00ed mismo, establece la prohibici\u00f3n de discriminaci\u00f3n contra la mujer, citando dicho art\u00edculo \u2018la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podr\u00e1 ser sometida a ninguna clase de discriminaci\u00f3n\u2019. En tal virtud, la Corte Constitucional ha establecido que la utilizaci\u00f3n del g\u00e9nero como categor\u00eda de distinci\u00f3n es, en principio, sospechosa y, por ende, muy probablemente contraria a los presupuestos constitucionales\u201d<a name=\"_ftnref212\"><\/a>[212].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"292\">\n<li>En cuanto a la orientaci\u00f3n sexual, sentencias como la T-033 de 2024, T-365 de 2022 y T-909 de 2011 han afirmado que la orientaci\u00f3n sexual es un criterio sospechoso de discriminaci\u00f3n, por lo que \u201cen principio toda distinci\u00f3n efectuada a partir de la orientaci\u00f3n sexual se presume discriminatoria\u201d<a name=\"_ftnref213\"><\/a>[213].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"293\">\n<li>Adicionalmente, la Sala encuentra que la diferenciaci\u00f3n en materia de acceso a las licencias parentales para parejas heteroparentales adoptantes no corresponde a una medida de acci\u00f3n afirmativa, puesto que este tipo de pol\u00edticas \u201cse concretan en la facultad con la que cuenta el legislador para apelar a la raza, al sexo \u2013categor\u00edas en principio sospechosas como criterio de discriminaci\u00f3n-, con el fin de aminorar el efecto nocivo de las pr\u00e1cticas sociales que han ubicado a esos grupos en posiciones desfavorables\u201d<a name=\"_ftnref214\"><\/a>[214]; lo cual no se ajusta con la situaci\u00f3n analizada en este caso.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"294\">\n<li>En cuanto a los <em>sujetos que se comparan<\/em>, la Sala establece que estos corresponden a las parejas heteroparentales y homoparentales que adoptan, las cuales encuentran en una situaci\u00f3n asimilable en cuanto a sus deberes en materia de cuidado y crianza del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente adoptivo<a name=\"_ftnref215\"><\/a>[215]. En tal sentido, ambos tipos de pareja son responsables del bienestar, desarrollo y protecci\u00f3n del hijo que se integra al hogar, por lo que son en tal sentido \u201ciguales\u201d de cara a la finalidad que persiguen las licencias parentales<a name=\"_ftnref216\"><\/a>[216].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"295\">\n<li>Por dem\u00e1s, la Sala resalta que, al tratarse de la conformaci\u00f3n de una familia a trav\u00e9s de la adopci\u00f3n, ambos tipos de pareja, en principio, se encontrar\u00edan en una situaci\u00f3n an\u00e1loga en cuanto a la ausencia de procesos biol\u00f3gicos relacionados con la reproducci\u00f3n humana, tales como el embarazo, el parto o la lactancia. Toda vez que estos factores no juegan un rol protag\u00f3nico en este caso, por lo que la Corte no los considerar\u00e1.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"296\">\n<li>Sobre la <em>finalidad perseguida por la norma<\/em>. De entrada, la Sala encuentra que la finalidad perseguida por la norma no puede considerarse leg\u00edtima, puesto que, impedir a las parejas heteroparentales adoptantes elegir cu\u00e1l de sus integrantes acceder\u00e1 a la licencia de maternidad y cu\u00e1l a la de paternidad, en contraste con lo que ocurre con las parejas homoparentales adoptantes, es consecuencia de la interiorizaci\u00f3n de estereotipos de g\u00e9nero prescriptivos en la legislaci\u00f3n que regula las licencias parentales, as\u00ed como del condicionamiento realizado en la Sentencia C-415 de 2022.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"297\">\n<li>En cuanto <em>a lo primero<\/em>, seg\u00fan se mencion\u00f3, las disposiciones objeto de control constitucional, le\u00eddas conjuntamente, dan lugar a que se realice una organizaci\u00f3n del acceso a las mencionadas licencias para parejas heteroparentales adoptantes con base en criterios de g\u00e9nero espec\u00edficos: mientras que a la madre adoptante le corresponde una licencia de maternidad de 18 semanas, al padre se asigna una licencia de paternidad de 2 semanas de duraci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"298\">\n<li>Vistas de tal manera, para la Sala es evidente que, tal como lo indicaron la mayor\u00eda de las instituciones intervinientes y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la asignaci\u00f3n de las licencias parentales se fundamenta en estereotipos de g\u00e9nero prescriptivos, seg\u00fan los cu\u00e1les corresponde a las mujeres (en este caso a la madre adoptante) asumir de manera principal las responsabilidades de cuidado al interior del hogar y, en especial, aquellas relacionadas con la crianza de los hijos.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"299\">\n<li>Lo dicho se deriva, de un lado, de la diferencia sustancial en la duraci\u00f3n de las licencias parentales, que son significativamente distintas, siendo la licencia de maternidad, en t\u00e9rminos ordinarios, 9 veces mayor en cuanto a su duraci\u00f3n que la licencia de paternidad; y del hecho de que, en este caso, las expresiones enjuiciadas dan lugar a que el g\u00e9nero de los adoptantes determine cu\u00e1l de ellos ha de acceder a cada prestaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"300\">\n<li>A la luz de lo anterior, para la Sala preservar estereotipos de g\u00e9nero en la asignaci\u00f3n de tareas de cuidado de los hijos no puede considerarse una finalidad constitucionalmente leg\u00edtima, ni mucho menos importante o imperiosa, de cara a los objetivos que persiguen las licencias parentales. De hecho, para la Sala dicha finalidad se encuentra constitucionalmente prohibida, en la medida en que se sustenta en estereotipos de g\u00e9nero sobre el lugar que la mujer y el hombre han ocupado tradicionalmente en la familia y en las labores del cuidado. Por el contrario, lo importante e imperioso, a la luz de la Constituci\u00f3n, es reconocer la protecci\u00f3n, cuidado y crianza de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes adoptados por parte de sus padres, propendiendo por la igualdad de condiciones entre los miembros del hogar.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"301\">\n<li>Sobre <em>lo segundo<\/em>, como se explic\u00f3 previamente, la Sentencia C-415 de 2022 otorg\u00f3 a las parejas homoparentales adoptantes la posibilidad de elegir, por una sola vez, cu\u00e1l de ellos acceder\u00e1 a cada una de las licencias parentales mencionadas. A la luz de lo anterior, negar dicha posibilidad a las parejas heteroparentales que adoptan no persigue una finalidad permisible al amparo de la Constituci\u00f3n, ni mucho menos ordenada por esta, puesto que no existe una explicaci\u00f3n razonable sobre por qu\u00e9, en este caso, ser\u00eda razonable acudir a criterios sospechosos de discriminaci\u00f3n, como el g\u00e9nero o la orientaci\u00f3n sexual de quienes integran la pareja, para efectos de determinar si sus miembros puede no elegir cu\u00e1l de ellos acceder\u00e1 a una determinada licencia parental.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"302\">\n<li>Toda vez que la Sala no identifica una finalidad leg\u00edtima, ni mucho menos importante e imperiosa, para el trato diferencial que experimentan las parejas homo y heteroparentales adoptantes en cuanto a la posibilidad de elegir cu\u00e1l de sus integrantes acceder\u00e1 a cada una de las licencias parentales, es posible concluir que la asimetr\u00eda en el trato no logra superar esta etapa del test integrado de igualdad. Lo anterior, deber\u00eda lugar a que no se avance con los dem\u00e1s pasos del juicio que se adelanta. Sin embargo, con una finalidad eminentemente pedag\u00f3gica, la Sala desarrollar\u00e1 las etapas restantes del test.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"303\">\n<li><em>La medida no es efectivamente conducente. <\/em>Incluso si se llegar a considerar que la medida bajo estudio persigue una finalidad constitucionalmente imperiosa, el medio elegido no puede tenerse por <em>efectivamente conducente<\/em> para lograr la protecci\u00f3n, cuidado y crianza de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes adoptados y la igualdad de condiciones entre los miembros del hogar.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"304\">\n<li>Para la Sala, los estereotipos de g\u00e9nero prescriptivos, que constituyen la base del tratamiento diferencial dado a las parejas homo y heteroparentales adoptantes, no son neutrales, sino que son nocivos para la instituci\u00f3n familiar, puesto que no solo facilitan y \u201cnaturalizan\u201d la imposici\u00f3n principal del trabajo de cuidado a las mujeres, sino que tambi\u00e9n limitan la posibilidad de que los hombres se vinculen de manera m\u00e1s amplia con la crianza de sus hijos, a trav\u00e9s de su presencia en el hogar durante los primeros d\u00edas que siguen a \u201cla entrega oficial del menor que se ha adoptado\u201d<a name=\"_ftnref217\"><\/a>[217].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"305\">\n<li>As\u00ed las cosas, las expresiones objeto de control constitucional, le\u00eddas conjuntamente, no solo predisponen que, en el caso de las parejas heteroparentales adoptantes, sean las mujeres quienes deban asumir de manera principal las obligaciones de cuidado de los hijos en el caso de la adopci\u00f3n, sino que limitan la posibilidad de que los hombres cuiden a sus hijos en condiciones de igualdad en estos mismos eventos. De tal suerte que, el principio de corresponsabilidad que debe orientar las labores de cuidado se rompa por imposici\u00f3n legal y en abierta contradicci\u00f3n con los mandatos constitucionales<a name=\"_ftnref218\"><\/a>[218].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"306\">\n<li>Seg\u00fan se mencion\u00f3, esta Corte ha advertido que el uso de estereotipos de g\u00e9nero prescriptivos para la asignaci\u00f3n de beneficios y cargas sociales se presume contrario a los mandatos constitucionales en materia de igualdad y no discriminaci\u00f3n<a name=\"_ftnref219\"><\/a>[219].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"307\">\n<li>Adem\u00e1s, instrumentos internacionales vinculantes como la Convenci\u00f3n para la Eliminaci\u00f3n de todas las Formas de Discriminaci\u00f3n contra la Mujer (CEDAW), la Convenci\u00f3n de Belem do Par\u00e1 y el Convenio 156 de la OIT, y no vinculantes como la Recomendaci\u00f3n General n\u00b0 21 del Comit\u00e9 de la CEDAW y la Recomendaci\u00f3n 165 de la OIT, han llamado la atenci\u00f3n sobre las obligaciones internacionales del Estado en materia de transformaci\u00f3n de imaginarios sociales y presentes en las leyes que perpet\u00faan estereotipos de g\u00e9nero, asociando las caracter\u00edsticas biol\u00f3gicas o identitarias de las personas a ideas preconcebidas sobre c\u00f3mo estos deben actuar, el tipo de roles sociales que pueden asumir y la manera en la que se han de distribuir beneficios y cargas sociales, incluyendo obligaciones de cuidado y responsabilidades familiares.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"308\">\n<li>De otro lado, la Sala resalta que la norma en cuesti\u00f3n disminuye el rol que han de tener los padres adoptivos en las labores de cuidado de sus hijos y les impide tener una paternidad activa, presente y emocionalmente comprometida durante esta primera etapa de adaptaci\u00f3n del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente a su nuevo n\u00facleo familiar. Adem\u00e1s, la norma no tiene en cuenta si es el padre adoptivo quien est\u00e1 en mejores condiciones para ejercer el cuidado del hijo en los primeros d\u00edas de la adopci\u00f3n.\u00a0As\u00ed, esta no solo impone una carga superior a la mujer en cuanto a la crianza y cuidado, sino que considera que el hombre no es sujeto apto para realizar estas labores, lo que permite evidenciar, tambi\u00e9n, la presencia de estereotipos de g\u00e9nero prescriptivos y negativos en relaci\u00f3n con el padre adoptivo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"309\">\n<li>Por dem\u00e1s, la Sala llama la atenci\u00f3n sobre el hecho de que, la presencia de este tipo de estereotipos de g\u00e9nero prescriptivos en la regulaci\u00f3n de instituciones jur\u00eddicas como las licencias parentales no solo reproducen distribuciones inequitativas de las obligaciones familiares al interior del hogar, sino que tambi\u00e9n condicionan espacios de crianza y de formaci\u00f3n para los hijos que interiorizan estos sesgos o preconceptos basados en el g\u00e9nero. As\u00ed las cosas, estos estereotipos de g\u00e9nero no solo pueden resultar nocivos para los miembros de la pareja adoptante, sino que tambi\u00e9n puede lesionar el inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes adoptados, puesto que de entrada se les condiciona a vivir en un entorno familiar en el que la distribuci\u00f3n de las labores de cuidado resulta inequitativa con base en el g\u00e9nero.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"310\">\n<li>En la misma l\u00ednea, la Sala encuentra que ning\u00fan medio que suponga una intromisi\u00f3n injustificada en la autodeterminaci\u00f3n del n\u00facleo familiar puede considerarse constitucionalmente admisible, incluso si pretende crear reglas claras para el acceso a las licencias parentales. La asignaci\u00f3n autom\u00e1tica de licencias parentales con base en criterios de g\u00e9nero espec\u00edficos en casos de adopci\u00f3n desconoce esa autonom\u00eda decisoria interna en un momento particularmente sensible \u2013la integraci\u00f3n del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente al hogar\u2013, y obliga a la familia heteroparental adoptante a organizar su vida dom\u00e9stica conforme a un modelo legal predeterminado, en lugar de\u00a0 permitirle definir, seg\u00fan sus circunstancias, qui\u00e9n se encuentra en mejores condiciones para asumir el cuidado principal. Lo anterior, constituye una intromisi\u00f3n injustificada en la autonom\u00eda de la pareja heteroparental adoptante, desconociendo as\u00ed su dignidad humana.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"311\">\n<li>Por lo anterior, la Sala encuentra que el tratamiento diferencial otorgado a las parejas homo y heteroparentales adoptantes se fundamenta en estereotipos de g\u00e9nero que pueden resultar da\u00f1inos para quienes adoptan, el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente adoptado; y para la instituci\u00f3n familiar en su conjunto, raz\u00f3n por la cual el medio es manifiestamente <em>inconducente<\/em> y, de hecho, resulta contrario a la finalidad de garantizar la protecci\u00f3n, cuidado y crianza de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes adoptados y la igualdad de condiciones entre los miembros del hogar.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"312\">\n<li><em>La medida es innecesaria.<\/em> Por dem\u00e1s, incluso si el medio se considerara conducente, este carecer\u00eda de toda <em>necesidad<\/em>, puesto que bastar\u00eda con establecer que los integrantes de la pareja heteroparental adoptante eligieran cu\u00e1l de sus integrantes se encuentra en mejores condiciones para asumir el cuidado del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente adoptivo durante la primera etapa de integraci\u00f3n al n\u00facleo familiar para que se armonizaran los intereses constitucionales aparentemente en tensi\u00f3n: la protecci\u00f3n del inter\u00e9s superior del adoptivo y la igualdad entre los distintos tipos de pareja adoptante: homo y heteroparental.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"313\">\n<li>Para la Sala, las parejas homo y heteroparentales adoptantes se encuentran en una situaci\u00f3n similar, en cuanto a que no tienen lazos biol\u00f3gicos con el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente adoptivo y tienen los mismos deberes en materia de cuidado y crianza. En tal sentido, ambos tipos de pareja son corresponsables del bienestar, desarrollo y protecci\u00f3n del hijo que se integra al hogar, por lo que no es necesario darles un tratamiento distinto para garantizar la prevalencia de los derechos del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente adoptado.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"314\">\n<li><em>La medida es desproporcionada en sentido estricto<\/em>. Incluso si, en gracia de discusi\u00f3n, se llegara a considerar que la medida de tratamiento diferencial bajo estudio supera las etapas antecedentes del test de igualdad, ser\u00eda necesario concluir que esta no supera el an\u00e1lisis de proporcionalidad en sentido estricto, puesto que sacrifica de manera profunda la igualdad de trato entre ambos tipos de pareja, pese a que estas se encuentran en una situaci\u00f3n similar, sin que con ello se satisfagan de mejor manera los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes adoptivos, ni de la instituci\u00f3n familiar.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"315\">\n<li>Toda vez que la medida de tratamiento diferencial entre parejas homo y heteroparetales adoptantes, en cuanto a la posibilidad de elegir cu\u00e1l de sus miembros acceder\u00e1 a cada una de las licencias antes mencionadas, no supera el test integrado de igualdad, esta resulta contraria al art. 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><a name=\"_Toc224553763\"><\/a>9. Remedio constitucional a adoptar<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"316\">\n<li>La Sala proceder\u00e1 a tomar medidas para garantizar que, a futuro, en casos de adopci\u00f3n, las parejas adoptantes, con independencia del sexo, g\u00e9nero u orientaci\u00f3n sexual de sus integrantes, puedan elegir, en condiciones de igualdad, cu\u00e1l de sus miembros habr\u00e1 de acceder a cada una de las licencias parentales y en sus distintas modalidades de disfrute.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"317\">\n<li>Lo anterior, sin perjuicio de que se insista en que es deber del legislador dar pasos para la configuraci\u00f3n de un r\u00e9gimen de licencias parentales que elimine las discriminaciones de g\u00e9nero advertidas en esta y otras providencias, por la v\u00eda de avanzar progresivamente en la igualaci\u00f3n del r\u00e9gimen de licencias parentales existente en el pa\u00eds, especialmente en cuanto a su duraci\u00f3n<a name=\"_ftnref220\"><\/a>[220].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"318\">\n<li>Seg\u00fan se expuso, las expresiones \u201cla madre adoptante\u201d y \u201cel padre adoptante\u201d<a name=\"_ftnref221\"><\/a>[221] incorporadas en el numeral 4 y el inciso segundo del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021 vulneran el principio de igualdad incorporado en el art. 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"319\">\n<li>En principio, al detectar este tipo de infracciones, se deber\u00eda proceder a la declaratoria de inexequibilidad de las expresiones que contravienen los mandatos constitucionales. Sin embargo, de proceder en tal sentido, ello no solo dejar\u00eda a los enunciados normativos en los cuales se insertan carentes de sentido, sino que tendr\u00eda un efecto negativo en materia de acceso a las licencias parentales reguladas en dichas disposiciones en eventos de adopci\u00f3n. Adicionalmente, la Sala estima que, en este caso, el problema de inconstitucionalidad previamente advertido puede resolverse a trav\u00e9s de una sentencia en la que se condicione el sentido de la disposici\u00f3n en unos t\u00e9rminos que la hagan compatible con la Carta Pol\u00edtica.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"320\">\n<li>Seg\u00fan se record\u00f3 en la Sentencia C-029 de 2021, con base en los art\u00edculos 243 de la Constituci\u00f3n y 21 del Decreto 2067 de 1991, esta Corte ha afirmado desde sus or\u00edgenes que es competente para definir el alcance y los efectos de sus sentencias, con observancia de los mandatos constitucionales. As\u00ed, en m\u00faltiples ocasiones esta Corporaci\u00f3n ha optado por las sentencias <em>interpretativas<\/em> <em>o condicionadas<\/em> como una posibilidad para modular sus decisiones con el fin de garantizar principios tan relevantes como el de la conservaci\u00f3n del derecho<a name=\"_ftnref222\"><\/a>[222].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"321\">\n<li>De tal suerte que la exequibilidad condicionada se configura cuando la Corte concluye que una norma: (i) debe entenderse en un sentido determinado para que resulte conforme con la Constituci\u00f3n, de modo que todas las dem\u00e1s lecturas resultan inexequibles; o (ii) puede interpretarse de una manera que es contraria a la Carta, por lo que debe excluirse esta posible lectura.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"322\">\n<li>Pues bien, en este caso, la Sala estima que el remedio constitucional que procede consiste en declarar condicionalmente exequibles las expresiones \u201cla madre adoptante\u201d y \u201cel padre adoptante\u201d contenidas en el numeral 4 y el inciso segundo del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021, en el entendido de que la pareja adoptante, definir\u00e1 de com\u00fan acuerdo, por una sola vez, cu\u00e1l de ellos, con independencia de su g\u00e9nero, gozar\u00e1 de la licencia de maternidad y cu\u00e1l de la licencia de paternidad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"323\">\n<li>Este condicionamiento se basa en aquel efectuado por esta misma Corte en la Sentencia C-415 de 2022 y permite superar el desconocimiento del principio de igualdad mencionado. Adicionalmente, la estructura del condicionamiento garantiza no solo que las parejas heteroparentales adoptantes puedan elegir cu\u00e1l de sus integrantes puede acceder a cada una de las licencias antes mencionadas, sino que tambi\u00e9n crea condiciones para que, de manera amplia, la composici\u00f3n en t\u00e9rminos de g\u00e9nero de la pareja adoptante o la orientaci\u00f3n sexual de sus integrantes no resulte determinante para acceder a dichas prestaciones.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"324\">\n<li>Seg\u00fan se explic\u00f3 en la Sentencia C-415 de 2022, que la posibilidad de elecci\u00f3n sea por una sola vez evita discrepancias en el otorgamiento al sistema general de seguridad social y permite que, as\u00ed como sucede en el evento en el que se notifica el reparto de las licencias parentales compartidas y flexibles, se deba informar, desde por lo menos un mes antes de la entrega del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente adoptado, quien disfrutar\u00e1 de cada licencia.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"325\">\n<li>Adem\u00e1s, tambi\u00e9n se se\u00f1ala de manera precisa que ello no obsta para que las parejas adoptantes acudan a las modalidades de disfrute de las licencias parentales, en caso de encontrarlo conveniente. En cuanto a esto, la Sala precisa que, toda vez que las licencias compartida y flexible a tiempo parcial corresponden a modalidades de disfrute de las licencias parentales de maternidad y paternidad, las parejas de distinto sexo que adopten tambi\u00e9n podr\u00e1n acceder a ellas, en igualdad de condiciones que las parejas del mismo sexo adoptantes. Lo anterior, en aplicaci\u00f3n directa de los literales d) del par\u00e1grafo 4 y el inciso segundo del literal c) del par\u00e1grafo 5, que contemplan la posibilidad de acceder a estas modalidades de licencia en casos de adopci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1><a name=\"_Toc224553764\"><\/a>VII. DECISI\u00d3N<\/h1>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p>En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la Rep\u00fablica de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n,<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>RESUELVE<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>\u00daNICO.<\/strong><\/b> Declarar <b><strong>EXEQUIBLES<\/strong><\/b> las expresiones \u201cla madre adoptante\u201d y \u201cel padre adoptante\u201d contenidas en el numeral 4 y en inciso segundo del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021, respectivamente, en el entendido de que la pareja adoptante, definir\u00e1 de com\u00fan acuerdo, por una sola vez, cu\u00e1l de ellos, con independencia de su g\u00e9nero, gozar\u00e1 de la licencia de maternidad y cu\u00e1l de la licencia de paternidad.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA<\/p>\n<p>Presidenta<\/p>\n<p>NATALIA \u00c1NGEL CABO<\/p>\n<p>Magistrada<\/p>\n<p>CARLOS CAMARGO ASSIS<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO\u00d1O<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>Ausente con permiso<\/p>\n<p>JUAN CARLOS CORT\u00c9S GONZ\u00c1LEZ<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>LINA MARCELA ESCOBAR MART\u00cdNEZ<\/p>\n<p>Magistrada<\/p>\n<p>VLADIMIR FERN\u00c1NDEZ ANDRADE<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>JORGE ENRIQUE IB\u00c1\u00d1EZ NAJAR<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>MIGUEL POLO ROSERO<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ<\/p>\n<p>Secretaria General<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a name=\"_ftn1\"><\/a>[1] La demanda de inconstitucionalidad es presentada por Andr\u00e9s Ricardo Gonz\u00e1lez Toloza, Jorge Orlando Ardila Galvis, Juan David Vargas Mart\u00ednez, Juan Fernando Camacho Ortiz, Lizeth Paola Cortina Candanoza, Yudy Tatiana Fuentes Agudelo, Carolina Monta\u00f1ez Uribe, Luisa Fernanda Garc\u00eda Salazar, Carlos Andr\u00e9s Pe\u00f1a Moreno, Hugo Armando Rodr\u00edguez Vera, Mar\u00eda Alejandra Santos Bar\u00f3n, Ang\u00e9lica Mar\u00eda Reyes S\u00e1nchez, Flor Manuelita Barrios Rodr\u00edguez, \u00c1lvaro Juli\u00e1n Prada Camacho, Diana Carolina Est\u00e9vez Su\u00e1rez y Anderson Rico Su\u00e1rez. Los demandantes act\u00faan como miembros del grupo de investigaci\u00f3n CIPJURIS, de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. Dentro del expediente reposan las copias de las c\u00e9dulas de los actores. Expediente, archivos digitales \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=110060\">D0016635. Demanda ciudadana<\/a>\u201d, \u201cD0016635-Correcci\u00f3n a la Demanda-(2025-07-15 18-10-00).pdf\u201d y \u201cD0016635-C\u00e9dula-(2025-07-15 18-18-04).pdf\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn2\"><\/a>[2] La magistrada sustanciadora consider\u00f3 que la demanda no cumpl\u00eda con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia. Adem\u00e1s, advirti\u00f3 que los demandantes incumplieron parcialmente el requisito de ciudadan\u00eda. Expediente digital, archivo \u201cAuto que Inadmite la demanda\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn3\"><\/a>[3] Expediente digital, archivo \u201cAuto que Admite la demanda\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn4\"><\/a>[4] Se invit\u00f3 a rendir concepto a el Ministerio de la Igualdad y Equidad; Defensor\u00eda del Pueblo; Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES); Sisma Mujer; Corporaci\u00f3n Humanas; ACEMI; Academia Colombiana de Jurisprudencia ; Dejusticia; Programa de Acci\u00f3n por la Igualdad y la Inclusi\u00f3n Social (PAIIS) de la Universidad de los Andes; al Grupo de Acciones P\u00fablicas (GAPI) de la Universidad ICESI; Centro de Derechos Reproductivos; Mesa Intersectorial de Econom\u00eda del Cuidado; Temblores; Fedesarrollo; Facultad de Derecho, Ciencias Pol\u00edticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia; Facultad de Derecho y Ciencias Pol\u00edticas de la Universidad de Antioquia; Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario; Facultad de Derecho y Ciencias Pol\u00edticas de la Universidad del Valle; Facultad de Estudios Jur\u00eddicos; Pol\u00edticos e Internacionales de la Universidad de la Sabana; Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT; Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia; y Escuela de Derecho y Ciencias Pol\u00edticas de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medell\u00edn.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn5\"><\/a>[5] Los argumentos de la demanda de inconstitucionalidad se sustentan tanto en el escrito de demanda como en el en escrito de correcci\u00f3n. Expediente, archivos digitales \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=110060\">D0016635. Demanda ciudadana<\/a>\u201d, \u201cD0016635-Correcci\u00f3n a la Demanda-(2025-07-15 18-10-00).pdf\u201d y \u201ccorrecci\u00f3n de la Demanda\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn6\"><\/a>[6] De igual forma, se\u00f1alaron que \u201cen este caso resulta necesario complementarla con criterios sistem\u00e1ticos y que permitan armonizar la norma con los principios constitucionales de igualdad, autonom\u00eda familiar y protecci\u00f3n del inter\u00e9s superior del menor. \/\/ Dentro de este punto estrat\u00e9gicamente la norma fija su atenci\u00f3n en el deber constitucional de prevalecer los art\u00edculos 13, articulo 42 y articulo 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn7\"><\/a>[7] Para efectos de este proceso, se entiende por pareja heteroparental adoptante a aquella compuesta por dos personas de distinto sexo que adelantan un proceso de adopci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn8\"><\/a>[8] Para efectos de este proceso, se entiende por pareja homoparental adoptante a aquella compuesta por dos personas del mismo sexo que adelanta un proceso de adopci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn9\"><\/a>[9] Expediente, archivos digitales \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=110060\">D0016635. Demanda ciudadana<\/a>\u201d, \u201cD0016635-Correcci\u00f3n a la Demanda-(2025-07-15 18-10-00).pdf\u201d y \u201ccorrecci\u00f3n de la Demanda\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn10\"><\/a>[10] Al respecto, citaron la sentencia T-070 de 2015.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn11\"><\/a>[11] Esto, seg\u00fan lo determinado por la Sentencia T-141 de 2015 y C-371 de 2000.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn12\"><\/a>[12] Escritos remitidos por el Ministerio de la Igualdad y Equidad, el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, el ICBF, la Defensor\u00eda del Pueblo, PAIIS y la ONG temblores, la Universidad del Valle y la UPB-Medell\u00edn.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn13\"><\/a>[13] Escritos remitidos por la Universidad Cat\u00f3lica de Colombia y la Universidad Libre.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn14\"><\/a>[14] Efra\u00edn Alberto Becerra G\u00f3mez, en calidad de jefe de la Oficina Jur\u00eddica de entidad, remiti\u00f3 concepto t\u00e9cnico el 15 de agosto de 2025. Expediente digital, archivo \u201cIntervenci\u00f3n &#8211; Ministerio de la Igualdad y Equidad\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn15\"><\/a>[15] De igual forma, para el Ministerio, la norma demandada genera una disimilitud normativa dado que, mientras el Decreto 721 de 2020 avanz\u00f3 en el reconocimiento del fuero paternal, \u201cla Ley 2114 retrocede en reinstaurar una l\u00f3gica binaria que asocia el cuidado exclusivamente con la mujer\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn16\"><\/a>[16] El Ministerio de Igualdad y Equidad consider\u00f3 que, para conjurar el trato desigual, la norma demandada fuera interpretada de manera extensiva, en armon\u00eda con la Sentencia C-324 de 2023. As\u00ed, se permita que todas las personas adoptantes, sin distinci\u00f3n, pueda acceder a la licencia de maternidad en condiciones de igualdad.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn17\"><\/a>[17] La intervenci\u00f3n la presentaron las estudiantes Karen Daniela G\u00f3mez G\u00f3mez y Valentina Ballo Rodr\u00edguez, integrantes del semillero de investigaci\u00f3n, el 15 de agosto de 2025. Expediente digital, archivo \u201c<a href=\"https:\/\/siicor.corteconstitucional.gov.co\/controldeprocesos\/archivo.php?id=119848\"><br \/>\nConceptos e Intervenciones<\/a>\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn18\"><\/a>[18] El 19 de agosto de 2025, En\u00e1n Arrieta Burgos, Andr\u00e9s Felipe Duque Pedraza, Ana Milena Montoya Mattos y Valeria Mart\u00ednez Arcila, en calidad de \u201cciudadanos, profesores y estudiantes\u201d de la Cl\u00ednica, presentaron concepto t\u00e9cnico sobre la demanda de constitucionalidad. En el escrito, los intervinientes precisaron que la intervenci\u00f3n no reflejaba una \u201cposici\u00f3n oficial\u201d de la Universidad. Expediente digital, archivo \u201cConcepto t\u00e9cnico &#8211; Universidad Pontificia Bolivariana\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn19\"><\/a>[19] El concepto t\u00e9cnico fue remitido por Jos\u00e9 Miguel Rueda V\u00e1squez el 19 de agosto de 2025. Expediente digital, archivo \u201cSolicitud\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn20\"><\/a>[20] Integrantes del consultorio jur\u00eddico y la de la ONG presentaron un concepto t\u00e9cnico conjunto el 19 de agosto de 2025. Expediente digital, archivo \u201cIntervenci\u00f3n Universidad de los Andes &#8211; ONG Temblores PAIIS\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn21\"><\/a>[21] Expediente digital, archivo \u201cIntervenci\u00f3n &#8211; Universidad Libre\u201d. La intervenci\u00f3n fue firmada por Kenneth Burbano Villamar\u00edn, Ignacio Perdomo G\u00f3mez, Kimberly Guzm\u00e1n G\u00f3mez, Michelle Andrea Nathalie Calder\u00f3n Ortega, Mar\u00eda Jos\u00e9 Morales Ochoa, Nicolle Daniela Su\u00e1rez Ibagu\u00e9, Laura Valentina Cubillos Avellaneda, Mar\u00eda Paula Valencia Quiceno, Mar\u00eda Paula Valencia Quiceno y David Santiago Boh\u00f3rquez Saldarriaga.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn22\"><\/a>[22] Los observatorios citaron las sentencias C-005 de 2017, C-415 de 2022, C-517 de 2024, C-465 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn23\"><\/a>[23]El 19 de agosto de 2025, Raquel Ceballos Molano, remiti\u00f3 el concepto t\u00e9cnico. Expediente digital, archivo \u201cFacultad de Derecho y Ciencia Pol\u00edtica de la Universidad del Valle\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn24\"><\/a>[24] Jenny Maritza Campos Wilches remiti\u00f3 intervenci\u00f3n el 19 de agosto de 2025. Expediente digital, archivo \u201cConceptos e Intervenciones\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn25\"><\/a>[25] El 19 de agosto de 2025, Aquiles Ignacio Arrieta G\u00f3mez, en su calidad de defensor delegado para los asuntos constitucionales y legales, present\u00f3 concepto t\u00e9cnico sobre la norma demandada. Expediente digital, archivo \u201cIntervenci\u00f3n &#8211; Defensor\u00eda del Pueblo\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn26\"><\/a>[26] Gregorio Eljach Pacheco remiti\u00f3 concepto sobre la norma demandada. Expediente digital, archivo: \u201cConcepto Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn27\"><\/a>[27] \u201cPor medio de la cual se ampl\u00eda la licencia de paternidad, se crea la licencia parental compartida, la licencia parental flexible de tiempo parcial, se modifica el art\u00edculo 236 y se adiciona el art\u00edculo 241A del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, y se dictan otras disposiciones\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn28\"><\/a>[28] Corte Constitucional, Sentencia C-415 de 2022.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn29\"><\/a>[29] Corte Constitucional, sentencia C-457 de 2020.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn30\"><\/a>[30] Ibidem.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn31\"><\/a>[31] Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 2020.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn32\"><\/a>[32] Art\u00edculos 241 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 2 del Decreto 2067 de 1991.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn33\"><\/a>[33] De acuerdo con las previsiones del art\u00edculo 2\u00b0 del citado Decreto 2067 de 1991.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn34\"><\/a>[34] Corte Constitucional, sentencias C-268 de 2021, C-317 de 2022 y C-538 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn35\"><\/a>[35] Corte Constitucional, Sentencia C-050 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn36\"><\/a>[36] La Corte ha precisado que el an\u00e1lisis de aptitud de la demanda es pertinente tambi\u00e9n al momento de resolver el fondo de la cuesti\u00f3n, \u201ca pesar de que la acci\u00f3n de inconstitucionalidad hubiera sido admitida, toda vez que dicha providencia constituye apenas el estudio inicial de la argumentaci\u00f3n expuesta en la demanda, la cual una vez ha cumplido las diferentes etapas procesales como la de intervenci\u00f3n ciudadana y emitido el concepto del Procurador General de la Naci\u00f3n, permite a la Corte disponer de mayores elementos de juicio, que una vez valorados integralmente podr\u00edan llevar a una decisi\u00f3n inhibitoria por ineptitud sustancial de la demanda, la cual no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional\u201d. Sentencia C-542 de 2017. En ese mismo sentido, C-050 de 2021 y C-415 de 2022.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn37\"><\/a>[37] Corte Constitucional, sentencias C-200 de 2019, C-436 de 2021 y C-427 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn38\"><\/a>[38] Corte Constitucional, Sentencia C-324 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn39\"><\/a>[39] Corte Constitucional, Sentencia C-008 de 2017.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn40\"><\/a>[40] Corte Constitucional, Sentencia C-128 de 2020.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn41\"><\/a>[41] Corte Constitucional, Sentencia C-007 de 2016.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn42\"><\/a>[42] Corte Constitucional, sentencia C-436 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn43\"><\/a>[43] Corte Constitucional, Sentencia C-427 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn44\"><\/a>[44] Corte Constitucional, Sentencia C-007 de 2016.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn45\"><\/a>[45] Corte Constitucional, Sentencia C-436 de 2021. La cosa juzgada relativa puede ser expl\u00edcita cuando se advierte en la parte resolutiva los cargos por los cuales se adelant\u00f3 el juicio de constitucionalidad e impl\u00edcita cuando puede extraerse de forma inequ\u00edvoca de la parte motiva de la decisi\u00f3n, sin que se exprese en la resolutiva.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn46\"><\/a>[46] Corte Constitucional, Sentencia C-007 de 2016.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn47\"><\/a>[47] Corte Constitucional sentencias C-148 de 2015, C-007 de 2016.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn48\"><\/a>[48] Corte Constitucional, sentencias C-148 de 2015, C-007 de 2016, C-128 de 2020 y C-522 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn49\"><\/a>[49] Corte Constitucional, Sentencia C-436 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn50\"><\/a>[50] En la Sentencia C-415 de 2022 se demand\u00f3 la totalidad del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021 y en la Sentencia C-324 de 2023 se demandaron las expresiones \u201ctrabajadora\u201d, \u201cmadre\u201d y \u201cmujer\u201d contenidas en este mismo art\u00edculo. En esta oportunidad, se demanda \u00fanicamente la expresi\u00f3n \u201cmadre adoptante\u201d contenida en el art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn51\"><\/a>[51] En el escrito de la correcci\u00f3n de la demanda, los demandantes, al abordar la cosa juzgada de la Sentencia C-415 de 2022, precisaron: \u201cresulta claro que en este caso la Corte emiti\u00f3 fallo de una exequibilidad condicionada por omisi\u00f3n legislativa relativa, cuyo efecto vinculante se circunscribe de manera expresa al problema jur\u00eddico que entonces se analiz\u00f3, es decir, la discriminaci\u00f3n normativa que se derivaba de la exclusi\u00f3n de las parejas del mismo sexo en la titularidad y disfrute de la licencia\u201d. De igual forma, en relaci\u00f3n con la cosa juzgada de Sentencia C-324 de 2023, los actores se\u00f1alaron: \u201cel tipo de decisi\u00f3n adoptada en este precedente corresponde a una exequibilidad condicionada limitada exclusivamente a resolver el problema jur\u00eddico planteado en aquella oportunidad, esto es, la omisi\u00f3n legislativa relativa derivada de la utilizaci\u00f3n de un lenguaje excluyente que desconoc\u00eda el derecho a la igualdad de las personas con identidades de g\u00e9nero diversas. Esta delimitaci\u00f3n expresa del alcance de la decisi\u00f3n excluye que pueda predicarse la existencia de una cosa juzgada absoluta sobre cualquier otro cargo que se formule respecto de la misma disposici\u00f3n legal\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn52\"><\/a>[52] Corte Constitucional, Sentencia C-182 de 2016.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn53\"><\/a>[53] Este Tribunal ha entendido que esta facultad es excepcional, toda vez que es al demandante a quien corresponde manifestar cu\u00e1les son las normas jur\u00eddicas que considera contrarias a la Carta. Corte Constitucional, Sentencias C-182 de 2016 y C-050 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn54\"><\/a>[54] La jurisprudencia constitucional ha especificado que es el ciudadano el primer llamado a realizar la integraci\u00f3n de la unidad de las normas demandadas, como resultado del car\u00e1cter ordinariamente rogado del control de constitucionalidad de las normas con fuerza y rango de ley. Sin embargo, la misma norma del Decreto 2067 de 1991 dispone que la Corte podr\u00e1 realizarlo en la sentencia C-495 de 2019.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn55\"><\/a>[55] Corte Constitucional, sentencias C-359 de 1999, C-286 de 2014, C-410 de 2015, C-619 de 2015 y C-182 de 2016 y C-110 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn56\"><\/a>[56] Corte Constitucional, Sentencia C-427 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn57\"><\/a>[57] Corte Constitucional, sentencias C-539 de 1999, C-110 de 2023 y C-200 de 2019.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn58\"><\/a>[58] El inciso segundo del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021 se\u00f1ala: \u201cLa licencia remunerada de paternidad opera por los hijos nacidos del c\u00f3nyuge o de la compa\u00f1era permanente, as\u00ed como para <b><strong><em>el padre adoptante<\/em><\/strong><\/b>\u201d (\u00e9nfasis a\u00f1adido).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn59\"><\/a>[59] Corte Constitucional, sentencias C-250 de 2012 y C-104 de 2016.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn60\"><\/a>[60] Como valor, la igualdad es una norma que establece fines o prop\u00f3sitos, cuya realizaci\u00f3n es exigible a todas las autoridades p\u00fablicas y en especial al legislador. En su rol de principio, es un mandato de optimizaci\u00f3n que establece un deber ser espec\u00edfico, que admite su incorporaci\u00f3n en reglas concretas derivadas del ejercicio de la funci\u00f3n legislativa o que habilita su uso como herramienta general en la resoluci\u00f3n de controversias sometidas a la decisi\u00f3n de los jueces. Finalmente, en tanto derecho, la igualdad se manifiesta en una potestad o facultad subjetiva que impone deberes de abstenci\u00f3n como la prohibici\u00f3n de la discriminaci\u00f3n, al mismo tiempo que exige obligaciones puntuales de acci\u00f3n, como ocurre con la consagraci\u00f3n de tratos favorables para grupos puestos en situaci\u00f3n de debilidad manifiesta. Corte Constitucional, Sentencia C-104 de 2016.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn61\"><\/a>[61] Corte Constitucional, Sentencia C-104 de 2016.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn62\"><\/a>[62] Corte Constitucional, Sentencia C-038 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn63\"><\/a>[63] Ello, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opiniones pol\u00edticas o de cualquier otra \u00edndole, origen nacional o social, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n social.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn64\"><\/a>[64] Al igual que la Convenci\u00f3n Americana, determina que se proteger\u00e1 por cualquier discriminaci\u00f3n originada en la \u201craza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opiniones pol\u00edticas o de cualquier \u00edndole, origen nacional o social, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n social\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn65\"><\/a>[65] Corte IDH. Opini\u00f3n Consultiva OC-24\/17 de 24 de noviembre de 2017. p\u00e1rr. 61; Caso Atala Riffo y ni\u00f1as Vs. Chile (Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, p\u00e1rr. 79, y Caso Vel\u00e1squez Paiz y otros Vs. Guatemala (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia de 19 de noviembre de 2015. Serie C No. 307. p\u00e1rr. 173.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn66\"><\/a>[66] Corte IDH. Caso Furlan y familiares ss. Argentina (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246. p\u00e1rr. 267.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn67\"><\/a>[67] Corte Constitucional, Sentencia C-551 de 2015 y C-104 de 2016.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn68\"><\/a>[68] Corte Constitucional, sentencias C-250 de 2012 y C-091 de 2018.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn69\"><\/a>[69] Corte Constitucional, sentencias C-221 de 2011 y C-048 de 2020. Ahora bien, para el Comit\u00e9 de Derechos Humanos, que monitorea el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, la discriminaci\u00f3n es toda distinci\u00f3n, exclusi\u00f3n, restricci\u00f3n o preferencia que se base en determinados motivos , que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce, ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas. Naciones Unidas, Comit\u00e9 de Derechos Humanos, Observaci\u00f3n General No. 18. No discriminaci\u00f3n. p\u00e1rr. 6.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn70\"><\/a>[70] Corte Constitucional, sentencias C-481 de 1998 y C-570 de 2016.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn71\"><\/a>[71] Corte Constitucional, Sentencia C-038 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn72\"><\/a>[72] Corte Constitucional, Sentencia C-586 de 2016.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn73\"><\/a>[73] Corte Constitucional, sentencias C-057 de 2004, C-038 de 2021,<\/p>\n<p><a name=\"_ftn74\"><\/a>[74] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Condici\u00f3n jur\u00eddica y derechos de los migrantes indocumentados. Opini\u00f3n Consultiva OC-18\/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18. p\u00e1rr. 83, 88 y 100.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn75\"><\/a>[75] Corte Constitucional, Sentencia T-227 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn76\"><\/a>[76] Corte Constitucional, Sentencia C-075 de 2007.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn77\"><\/a>[77] Corte Constitucional, C-534 de 2005.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn78\"><\/a>[78] Sobre las acciones afirmativas, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que el inciso segundo del art\u00edculo 13 superior alude a la dimensi\u00f3n sustancial de la igualdad al compromiso Estatal de remover los obst\u00e1culos que en el plano econ\u00f3mico y social configuran desigualdades. Las acciones afirmativas, incluyendo las de discriminaci\u00f3n inversa, est\u00e1n, pues, expresamente autorizadas por la Constituci\u00f3n y, por ende, las autoridades pueden apelar a la raza, al sexo o a otra categor\u00eda sospechosa, no para marginar a ciertas personas o grupos ni para perpetuar desigualdades, sino para aminorar el efecto nocivo de las pr\u00e1cticas sociales que han ubicado a esas mismas personas o grupos en posiciones desfavorables. Corte Constitucional, Sentencia C-371 de 2000.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn79\"><\/a>[79] Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Leyes y pr\u00e1cticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientaci\u00f3n sexual e identidad de g\u00e9nero A\/HCR\/19\/41, del 17 de noviembre de 2011. Disponible en: <a href=\"https:\/\/bolivia.unfpa.org\/sites\/default\/files\/pub-pdf\/Reporte_Alto_Comisionado_DD_HH_LGBT.pdf\">https:\/\/bolivia.unfpa.org\/sites\/default\/files\/pub-pdf\/Reporte_Alto_Comisionado_DD_HH_LGBT.pdf<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn80\"><\/a>[80] Examen de los Informes presentados por los Estados partes en virtud del art\u00edculo 40 del Pacto. En el literal B. c de este informe, denominado aspectos positivos, el Comit\u00e9 se\u00f1al\u00f3 \u201cla adopci\u00f3n del Decreto N.\u00b0 56, de 4 de mayo de 2010, que contiene disposiciones para evitar toda forma de discriminaci\u00f3n en la administraci\u00f3n p\u00fablica, por razones de identidad de g\u00e9nero y\/o de orientaci\u00f3n sexual. Disponible en: <a href=\"https:\/\/docs.un.org\/es\/CCPR\/C\/SLV\/CO\/6\">https:\/\/docs.un.org\/es\/CCPR\/C\/SLV\/CO\/6<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn81\"><\/a>[81] Esta afirmaci\u00f3n la realiz\u00f3 en las observaciones generales sobre los derechos al trabajo, el agua, la seguridad social y el m\u00e1s alto nivel de vida posible de salud.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn82\"><\/a>[82] Corte Constitucional, sentencias C-075 de 2007, C-811 de 2007, C-336 de 2008, C-798 de 2008 y C-029 de 2009.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn83\"><\/a>[83] Corte Constitucional, sentencias SU-214 de 2016, T-291 de 2016 y C-338 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn84\"><\/a>[84] Ibidem.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn85\"><\/a>[85] Corte Constitucional, sentencias C- 154 de 2002 y SU-239 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn86\"><\/a>[86] Corte Constitucional, Sentencia C-804 de 2006.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn87\"><\/a>[87] Corte Constitucional, Sentencia T-212 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn88\"><\/a>[88] Corte IDH. Caso Gonz\u00e1lez y otras (\u201cCampo Algodonero\u201d) vs. M\u00e9xico (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia de 16 de noviembre de 2009, p\u00e1rr. 401.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn89\"><\/a>[89] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opini\u00f3n Consultiva 031-OC de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn90\"><\/a>[90] Estereotipos de g\u00e9nero. El ACNUDH y los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de g\u00e9nero. <a href=\"https:\/\/www.ohchr.org\/es\/women\/gender-stereotyping\">https:\/\/www.ohchr.org\/es\/women\/gender-stereotyping<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn91\"><\/a>[91] Ratificada por Colombia mediante la Ley 51 de 1981.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn92\"><\/a>[92] Recomendaci\u00f3n general N\u00b0 40 de 2024<\/p>\n<p><a name=\"_ftn93\"><\/a>[93] Recomendaci\u00f3n general No. 25 de 2004. En este, el Comit\u00e9 se\u00f1ala que la discriminaci\u00f3n indirecta se produce cuando la leyes se basan en criterios que aparentemente son neutros desde el punto de vista del g\u00e9nero pero que, de hecho, repercuten negativamente en la mujer.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn94\"><\/a>[94] Ratificada mediante la Ley 248 de 1995. Art\u00edculo 6 consagra: [e]l derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminaci\u00f3n, y b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y pr\u00e1cticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinaci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn95\"><\/a>[95] Corte IDH. Caso Atala Riffo y Ni\u00f1as vs. Chile (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de febrero de 2012, p\u00e1rr. 237.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn96\"><\/a>[96] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opini\u00f3n Consultiva OC-31 del 2025, p\u00e1rr. 141.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn97\"><\/a>[97] Por ejemplo, la Sentencia C-622 de 1997, declar\u00f3 inexequible una disposici\u00f3n del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo que prohib\u00eda a las mujeres desempe\u00f1ar trabajos nocturnos porque \u201cde considerarse una norma protectora, el precepto acusado tiene un car\u00e1cter paternalista y conduce a prohibir que las mujeres, puedan laborar durante la noche, en las empresas industriales, lo cual constituye una abierta discriminaci\u00f3n contra ella, que debe ser abolida, pues aparte de tener plena capacidad para el trabajo en condiciones dignas y justas, debe garantiz\u00e1rseles en igualdad de condiciones con los hombres\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn98\"><\/a>[98] En esta providencia la Corte Constitucional tambi\u00e9n identific\u00f3 esta situaci\u00f3n como una forma de discriminaci\u00f3n indirecta.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn99\"><\/a>[99] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opini\u00f3n Consultiva OC-31 del 2025. Hacia pol\u00edticas y sistemas integrales de cuidado con las personas en el centro: Di\u00e1logos entre Am\u00e9rica Latina, el Caribe y la Uni\u00f3n Europea. p. 12. ONU Mujeres y Comisi\u00f3n Econ\u00f3mica para Am\u00e9rica Latina y el Caribe (CEPAL).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn100\"><\/a>[100] Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana Bogot\u00e1\u0301, Colombia, 1948.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn101\"><\/a>[101] Art\u00edculo 7 expresa que las mujeres en estado de gravidez o lactancia, as\u00ed como los ni\u00f1os, \u201ctienen derecho a protecci\u00f3n, cuidados y ayuda especiales\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn102\"><\/a>[102] El numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 25.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn103\"><\/a>[103] Art\u00edculo 28.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn104\"><\/a>[104] Art\u00edculos 2, 3, 6, 9, 12, 16, 19, 22, entre otros. La Convenci\u00f3n consagra principios como el de bienestar y cuidado, el buen trato y la atenci\u00f3n preferencial, y el enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de las personas mayores.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn105\"><\/a>[105] Corte Constitucional, Sentencia T-494 de 1992.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn106\"><\/a>[106] Corte Constitucional, Sentencia C-400 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn107\"><\/a>[107] Corte Constitucional, Sentencia T-498 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn108\"><\/a>[108] Corte Constitucional, Sentencia T-339 de 2019.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn109\"><\/a>[109] Corte Constitucional, sentencias T-583 de 2023 y T-447 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn110\"><\/a>[110] Corte Constitucional, sentencias T-583 de 2023 y T-498 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn111\"><\/a>[111] Corte Constitucional, Sentencia SU &#8211; 367 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn112\"><\/a>[112] Corte Constitucional, sentencias T-447 de 2023 y T-400 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn113\"><\/a>[113] Corte Constitucional, Sentencia C-269 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn114\"><\/a>[114] Dejusticia, Reflexiones sobre le cuidado como derecho en Colombia. 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn115\"><\/a>[115] Corte Constitucional, Sentencia T-199 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn116\"><\/a>[116] Corte Constitucional, Sentencia T-199 de 2025, reiterada en la Sentencia T-319 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn117\"><\/a>[117] Al respecto ver, entre otras las sentencias C-415 de 2022, T-583 de 2023, T-447 de 2023, C-400 de 2024, T-226 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn118\"><\/a>[118] El art\u00edculo 5 se\u00f1ala que \u201clos Estados Partes tomar\u00e1n todas las medidas apropiadas para: \u201ca) modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminaci\u00f3n de los prejuicios y las pr\u00e1cticas consuetudinarias y de cualquier otra \u00edndole que est\u00e9n basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; y b) garantizar que la educaci\u00f3n familiar incluya una comprensi\u00f3n adecuada de la maternidad como funci\u00f3n social y el reconocimiento de la responsabilidad com\u00fan de hombres y mujeres en cuanto a la educaci\u00f3n y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el inter\u00e9s de los hijos constituir\u00e1 la consideraci\u00f3n primordial en todos los casos\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn119\"><\/a>[119] Recientemente ratificado por Colombia a trav\u00e9s de la Ley 2305 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn120\"><\/a>[120] Resoluci\u00f3n aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 11 de octubre de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn121\"><\/a>[121] Avances en materia de normativa del cuidado en Am\u00e9rica Latina y el Caribe: hacia una sociedad del cuidado con igualdad de g\u00e9nero\u201d. Comisi\u00f3n Econ\u00f3mica para Am\u00e9rica Latina y el Caribe (CEPAL). Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de G\u00e9nero y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), 2023, p\u00e1g. 23. Disponible en: <a href=\"https:\/\/lac.unwomen.org\/sites\/default\/files\/2023-03\/S2201160_es.pdf\">https:\/\/lac.unwomen.org\/sites\/default\/files\/2023-03\/S2201160_es.pdf<\/a>. Citado en la Opini\u00f3n Consultiva OC-31 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn122\"><\/a>[122] En esta sentencia, la Corte Constitucional declar\u00f3 la exequibilidad condicionada de los art\u00edculos 239.1 y 240.1 del Decreto Ley 2663 de 1950 (C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo), en atenci\u00f3n a la omisi\u00f3n legislativa contenida en estas normas, en el entendido de que la prohibici\u00f3n de despido y exigencia de permiso para llevarlo a cabo se extienden al (la) trabajador (a) que sea c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero(a) permanente de mujer embarazada o lactante, dependiente econ\u00f3micamente de aquel (la).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn123\"><\/a>[123] En esta oportunidad, la Sala Plena, estudi\u00f3 una demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 5 del art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 2141 de 2021, \u201c[p]or medio de la cual se modifican los art\u00edculos 239 y 240 del CST, con el fin de establecer el fuero de paternidad\u201d<\/p>\n<p><a name=\"_ftn124\"><\/a>[124] La Corte concluy\u00f3 que la condici\u00f3n prevista en la norma demandada (numeral 5 del art\u00edculo 1 de la Ley 2141 de 2021), que supeditaba dicha protecci\u00f3n a la empleabilidad de la madre resultaba discriminatorio, pues trasladaba de manera desproporcionada la carga econ\u00f3mica familiar a las mujeres y afectaba la participaci\u00f3n del padre y la calidad del cuidado del hijo o hija<\/p>\n<p><a name=\"_ftn125\"><\/a>[125] Importancia de los cuidados y el apoyo desde una perspectiva de derechos humanos. Asamblea General, 12 de octubre de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn126\"><\/a>[126] Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo. El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente. 2019, Disponible en: <a href=\"https:\/\/www.ilo.org\/es\/publications\/major-publications\/el-trabajode-cuidados-y-los-trabajadores-del-cuidado-para-un-futuro-con\">https:\/\/www.ilo.org\/es\/publications\/major-publications\/el-trabajode-cuidados-y-los-trabajadores-del-cuidado-para-un-futuro-con<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn127\"><\/a>[127] Un paso decisivo hacia la igualdad de g\u00e9nero. En pos de un mejor futuro del trabajo para todos. Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn128\"><\/a>[128] Cuidados en Am\u00e9rica Latina y el Caribe en tiempos de covid-19. Hacia sistemas integrales para fortalecer la respuesta y la recuperaci\u00f3n. CEPAL y ONU Mujeres. Disponible en: <a href=\"https:\/\/www.cepal.org\/sites\/default\/files\/document\/files\/cuidados_covid_esp.pdf\">https:\/\/www.cepal.org\/sites\/default\/files\/document\/files\/cuidados_covid_esp.pdf<\/a><\/p>\n<p><a name=\"_ftn129\"><\/a>[129] El trabajo dom\u00e9stico y de cuidado incluye, entre otros, la preparaci\u00f3n de alimentos, lavado de vajilla, limpieza y mantenimiento de la vivienda, lavar y planchar ropa, cuidado de mascotas, compras para el hogar, instalaci\u00f3n, mantenimiento y reparaci\u00f3n de bienes personales y de uso dom\u00e9stico, y cuidado de ni\u00f1os y ni\u00f1as, personas adultas mayores y\/o en situaci\u00f3n de dependencia.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn130\"><\/a>[130] Disponible en: <a href=\"https:\/\/oig.cepal.org\/es\/indicadores\/proporcion-tiempo-dedicado-al-trabajo-domestico-cuidado-no-remunerado-desglosado-sexo\">https:\/\/oig.cepal.org\/es\/indicadores\/proporcion-tiempo-dedicado-al-trabajo-domestico-cuidado-no-remunerado-desglosado-sexo<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn131\"><\/a>[131] En promedio, las mujeres dedican entre 13.2% (Brasil) y 24.7% (Chile) de su tiempo diario a estas actividades. En la mayor\u00eda de los pa\u00edses, el porcentaje est\u00e1 cerca o por encima del 20%.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn132\"><\/a>[132] Los hombres dedican significativamente menos tiempo, con porcentajes que van desde el 3.9% (Paraguay y Guatemala) hasta el 10.8% (Chile).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn133\"><\/a>[133] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opini\u00f3n Consultiva OC-31 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn134\"><\/a>[134] DANE y Fundaci\u00f3n Saldarriaga Concha. \u201cPersonas mayores en Colombia: Hacia la inclusi\u00f3n y la participaci\u00f3n\u201d. Nota estad\u00edstica, 2021. Disponible en: https:\/\/www.dane.gov.co\/index.php\/servicios-al-ciudadano\/servicios-informacion\/serie-notas-estadisticas. Consultado el 28 de noviembre de 2022. P. 49. Citado en la Sentencia C-054 de 2024. Al respecto, tambi\u00e9n ver: DANE. Encuesta Nacional de Uso del Tiempo \u2013 ENUT, octubre\u00a0 2024 &#8211; marzo 2025. Resultados preliminares. Disponible en: <a href=\"https:\/\/www.dane.gov.co\/files\/operaciones\/ENUT\/pres-ENUT-2024-2025.pdf\">https:\/\/www.dane.gov.co\/files\/operaciones\/ENUT\/pres-ENUT-2024-2025.pdf<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn135\"><\/a>[135] Cfr. C\u00f3digo Sustantivo de Trabajo, arts. 236 y siguientes.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn136\"><\/a>[136] Corte Constitucional, Sentencia C-415 de 2022.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn137\"><\/a>[137] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opini\u00f3n Consultiva OC-31 de 2025, respecto al derecho al cuidado, p\u00e1rr. 250.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn138\"><\/a>[138] \u201cPor la cual se modifica el par\u00e1grafo del art\u00edculo 236 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo &#8211; Ley Mar\u00eda\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn139\"><\/a>[139] \u201cPor la cual se modifican los art\u00edculos 236, 239, 57, 58 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn140\"><\/a>[140] \u201cPor medio de la cual se incentiva la adecuada atenci\u00f3n y cuidado de la primera infancia, se modifican los art\u00edculos 236 y 239 del c\u00f3digo sustantivo del trabajo y se dictan otras disposiciones\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn141\"><\/a>[141] Corte Constitucional, sentencias C-273 de 2003, C-005 de 2017, C-415 de 2022 y T-259 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn142\"><\/a>[142] Corte Constitucional, sentencias C-415 de 2022 y T-259 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn143\"><\/a>[143] Corte Constitucional, Sentencia C-415 de 2022.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn144\"><\/a>[144] El Convenio 003 de la OIT fue adoptado por el Estado de Colombia mediante la Ley 129 de 1931. Dicho instrumento, en su art\u00edculo 2, expresa: \u201cA los efectos del presente convenio, el t\u00e9rmino mujer comprende a toda persona del sexo femenino, cualquiera que sea su edad o nacionalidad, casada o no, y el t\u00e9rmino hijo comprende a todo hijo, leg\u00edtimo o no\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn145\"><\/a>[145] Corte Constitucional, sentencias C-415 de 2022<\/p>\n<p><a name=\"_ftn146\"><\/a>[146] El art\u00edculo 34.4 de la Ley 50 de 1990 estableci\u00f3 que la licencia de maternidad se extend\u00eda a quienes adoptaran a menores de 7 a\u00f1os. Sin embargo, la Sala Plena, en la Sentencia C-543 de 2010, declar\u00f3 la inconstitucionalidad de tal edad, pues consider\u00f3 que excluir del reconocimiento y pago de la licencia a quienes adoptaran personas mayores de 7 a\u00f1os, desconoc\u00eda los art\u00edculos 13, 42 y 44 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn147\"><\/a>[147]Disponible\u00a0 en: <a href=\"https:\/\/normlex.ilo.org\/dyn\/nrmlx_es\/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312328\">https:\/\/normlex.ilo.org\/dyn\/nrmlx_es\/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312328<\/a><\/p>\n<p><a name=\"_ftn148\"><\/a>[148] El Convenio 183, en su art\u00edculo 3 del 2000, precis\u00f3 que la licencia de maternidad deb\u00eda tener una duraci\u00f3n de al menos 14 semanas.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn149\"><\/a>[149] La Recomendaci\u00f3n 191 de la OIT sostuvo en su primer art\u00edculo: \u201clos Miembros deber\u00edan procurar extender la duraci\u00f3n de la licencia de maternidad, mencionada en el art\u00edculo 4 del Convenio, a dieciocho semanas, por lo menos\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn150\"><\/a>[150] Corte Constitucional, Sentencia T-259 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn151\"><\/a>[151] Al respecto, ver sentencias C-152 de 2003, T-1078 de 2003, T-865 de 2008, C-665 de 2009, C-383 de 2012, C-005 de 2017, C-140 de 2018.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn152\"><\/a>[152] En esta sentencia, la Sala Plena determin\u00f3 que las expresiones demandadas, \u201cEl esposo o compa\u00f1ero permanente\u201d tendr\u00e1 derecho a ocho (8) d\u00edas h\u00e1biles de licencia remunerada de paternidad\u201d, y \u201cLa licencia remunerada de paternidad opera por los hijos nacidos \u201cdel c\u00f3nyuge o de la compa\u00f1era\u201d, contenidas en el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1468 de 2011 vulneraban la cl\u00e1usula de igualdad, as\u00ed como la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os, pues limitaba injustificadamente el reconocimiento de la licencia de paternidad solo a aquellos padres que tuvieran la calidad de esposos, c\u00f3nyuges o compa\u00f1eros permanentes y resolvi\u00f3 condicionar las expresiones, en el sentido de que dicha licencia opera para todos los hijos, independientemente de su filiaci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn153\"><\/a>[153] La expresi\u00f3n padre es independiente a la condici\u00f3n de esposo, c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente y de su v\u00ednculo legal o jur\u00eddico con la madre del ni\u00f1o o de la ni\u00f1a reci\u00e9n nacido (a) o adoptado (a).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn154\"><\/a>[154] Corte Constitucional, sentencias C-273 de 2002 y C-174 de 2009<\/p>\n<p><a name=\"_ftn155\"><\/a>[155] \u201cPor medio de la cual se ampl\u00eda la licencia de paternidad, se crea la licencia parental compartida, la licencia parental flexible de tiempo parcial, se modifica el art\u00edculos 236 y se adiciona el art\u00edculo 241a del c\u00f3digo sustantivo del trabajo, y se dictan otras disposiciones\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn156\"><\/a>[156] Corte Constitucional, Sentencia C-415 de 2022.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn157\"><\/a>[157] \u201cPor la presente Declaraci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o, llamada Declaraci\u00f3n de Ginebra, los hombres y mujeres de todas las naciones, reconociendo que la humanidad debe dar al ni\u00f1o lo mejor de s\u00ed misma, declaran y aceptan como deber, por encima de toda consideraci\u00f3n de raza, nacionalidad o creencia, que: \/\/ 1. El ni\u00f1o debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista material y espiritual. \/\/ 2. El ni\u00f1o hambriento debe ser alimentado; el ni\u00f1o enfermo debe ser atendido; el ni\u00f1o deficiente debe ser ayudado; el ni\u00f1o desadaptado debe ser reeducado; el hu\u00e9rfano y abandonado deben ser recogidos y ayudados. \/\/ 3. El ni\u00f1o debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad. \/\/ 4. El ni\u00f1o debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de cualquier explotaci\u00f3n. \/\/ 5. El ni\u00f1o debe ser educado inculc\u00e1ndole el sentimiento del deber que tiene de poner sus mejores cualidades al servicio del pr\u00f3jimo\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn158\"><\/a>[158] Principio 2: \u201cEl ni\u00f1o gozar\u00e1 de una\u00a0protecci\u00f3n especial\u00a0y dispondr\u00e1 de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse f\u00edsica, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, as\u00ed como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideraci\u00f3n fundamental a que se atender\u00e1 ser\u00e1 el\u00a0inter\u00e9s superior del ni\u00f1o\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn159\"><\/a>[159] Este instrumento es el primer tratado vinculante dedicado a los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, reconoci\u00e9ndolos como sujetos de plenos derechos. Colombia lo ratific\u00f3 mediante la Ley 319 de 1996.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn160\"><\/a>[160] Art\u00edculo 19.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn161\"><\/a>[161] Este art\u00edculo de la Constituci\u00f3n establece que el \u201c(\u2026) Estado proteger\u00e1 especialmente a aquellas personas que, por su condici\u00f3n econ\u00f3mica, f\u00edsica o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionar\u00e1 los abusos o maltratos que contra ellas se cometan\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn162\"><\/a>[162] Este art\u00edculo de la Constituci\u00f3n versa sobre los derechos fundamentales de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn163\"><\/a>[163] Esta disposici\u00f3n menciona los derechos de los adolescentes.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn164\"><\/a>[164] Corte Constitucional, Sentencia C-017 de 2019.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn165\"><\/a>[165] El primer art\u00edculo determina lo siguiente: \u201c[s]e entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u201d; mientras que el segundo dispone: \u201c[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. En caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn166\"><\/a>[166] \u201cPor la cual se expide el C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn167\"><\/a>[167] Corte Constitucional, Sentencia C-683 de 2015.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn168\"><\/a>[168] Corte Constitucional, sentencias C-127 de 2023 y C-028 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn169\"><\/a>[169] Corte Constitucional, Sentencia C-569 de 2016.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn170\"><\/a>[170] Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o de 1989, art\u00edculo 7.1, aprobada por la Ley 12 de 1991.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn171\"><\/a>[171] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opini\u00f3n Consultiva OC-031 de 2025, p\u00e1rr. 177.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn172\"><\/a>[172] Comit\u00e9 de los Derechos del Ni\u00f1o. Observaci\u00f3n General n.\u00ba 7 del 2005, sobre la realizaci\u00f3n de los derechos del ni\u00f1o en la primera infancia. Los Estados deben respetar la supremac\u00eda de padres y madres y deben ofrecerles la asistencia necesaria para desempe\u00f1ar su responsabilidad.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn173\"><\/a>[173] Corte Constitucional, Sentencia T-259 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn174\"><\/a>[174] Se ha reconocido que las tareas de cuidado asociadas a ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes -especialmente menores de 14 a\u00f1os-, implican responsabilidades intensas. Corte Constitucional, Sentencia C-400 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn175\"><\/a>[175] Informe denominado El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente: Disponible en: <a href=\"https:\/\/www.ilo.org\/es\/publications\/major-publications\/el-trabajo-de-cuidados-y-los-trabajadores-del-cuidado-para-un-futuro-con\">https:\/\/www.ilo.org\/es\/publications\/major-publications\/el-trabajo-de-cuidados-y-los-trabajadores-del-cuidado-para-un-futuro-con<\/a>. P. 21. Informe citado en la Opini\u00f3n Consultiva OC-031 de 2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn176\"><\/a>[176] Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos. En concreto, el art\u00edculo 16.3 establece que \u201cla familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protecci\u00f3n de la sociedad y del Estado\u201d. Al igual que el art\u00edculo 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos establece que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tuene derecho a la protecci\u00f3n de la sociedad y del Estado.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn177\"><\/a>[177] Pacto de Derechos Sociales, Econ\u00f3micos y Culturales. En particular, el art\u00edculo 10 consagra que \u201clos Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la m\u00e1s amplia protecci\u00f3n y asistencia posibles, especialmente para su constituci\u00f3n y mientras sea responsable del cuidado y la educaci\u00f3n de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros c\u00f3nyuges\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn178\"><\/a>[178] Disponible en: <a href=\"https:\/\/www.oas.org\/dil\/esp\/Declaraci%C3%B3n%20sobre%20los%20Principios%20Sociales%20y%20Jur%C3%ADdicos%20relativos%20a%20la%20protecci%C3%B3n%20y%20el%20bienestar%20de%20los%20ni%C3%B1os%20Republica%20Dominicana.pdf\">https:\/\/www.oas.org\/dil\/esp\/Declaraci%C3%B3n%20sobre%20los%20Principios%20Sociales%20y%20Jur%C3%ADdicos%20relativos%20a%20la%20protecci%C3%B3n%20y%20el%20bienestar%20de%20los%20ni%C3%B1os%20Republica%20Dominicana.pdf<\/a><\/p>\n<p><a name=\"_ftn179\"><\/a>[179] Corte Constitucional, Sentencia C-683 de 2015.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn180\"><\/a>[180] Ibidem.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn181\"><\/a>[181] Corte Constitucional, sentencias C-477 de 1999 y C-683 de 2015.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn182\"><\/a>[182] La Observaci\u00f3n General n\u00fam. 14 del Comit\u00e9 de los Derechos del Ni\u00f1o, precisa que los Estados tienen la obligaci\u00f3n de tener en cuenta el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o en todas las instituciones, incluidos los \u00f3rganos legislativos y tribunales. Respecto de estos \u00faltimos dispone que (\u2026) en los procedimientos de adopci\u00f3n, \u201clos tribunales deben velar por que el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o se tenga en cuenta en todas las situaciones y decisiones, de procedimiento o sustantivas, y han de demostrar que as\u00ed lo han hecho efectivamente.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn183\"><\/a>[183] Declaraci\u00f3n sobre los principios sociales y jur\u00eddicos relativos a la protecci\u00f3n y el bienestar de los ni\u00f1os, con particular referencia a la adopci\u00f3n y la colocaci\u00f3n en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional. El art\u00edculo 4 establece: cuando los propios padres del ni\u00f1o no puedan ocuparse de \u00e9l o sus cuidados sean inapropiados, debe considerarse la posibilidad de que el cuidado quede a cargo de otros familiares de los padres del ni\u00f1o, otra familia sustitutiva \u2013adoptiva o de guarda\u2013 o en caso necesario, una instituci\u00f3n apropiada.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn184\"><\/a>[184] Por medio de esta norma se expidi\u00f3 el C\u00f3digo del Menor.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn185\"><\/a>[185] Corte Constitucional, sentencias C-477 de 1999 y C-683 de 2015.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn186\"><\/a>[186] Corte Constitucional, sentencias C-477 de 1999.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn187\"><\/a>[187] Corte Constitucional, Sentencia C-683 de 2015.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn188\"><\/a>[188] Corte Constitucional, Sentencia C-477 de 1999.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn189\"><\/a>[189] Ley 1098 de 2006. Esta norma derog\u00f3 el antiguo C\u00f3digo del Menor (Decreto Ley 2737 de 1989).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn190\"><\/a>[190] Art\u00edculo 53. Medidas de restablecimiento de derechos. Son medidas de restablecimiento de los derechos de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes las que a continuaci\u00f3n se se\u00f1alan. Para el restablecimiento de los derechos establecidos en este c\u00f3digo, la autoridad competente tomar\u00e1 alguna o varias de las siguientes medidas: (\u2026) 5.- La adopci\u00f3n\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn191\"><\/a>[191] Art\u00edculo 62. \u201cLa autoridad central en materia de adopci\u00f3n. La autoridad central en materia de adopci\u00f3n es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.<br \/>\n\/\/ Solamente podr\u00e1n desarrollar programas de adopci\u00f3n, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las instituciones debidamente autorizadas por este\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn192\"><\/a>[192] Art\u00edculo 64. Efectos jur\u00eddicos de la adopci\u00f3n. La adopci\u00f3n produce los siguientes efectos: 1. Adoptante y adoptivo adquieren, por la adopci\u00f3n, los derechos y obligaciones de padre o madre e hijo.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn193\"><\/a>[193] Art\u00edculo 67. El Estado reconocer\u00e1 el cumplimiento del deber de solidaridad que ejerce la familia diferente a la de origen, que asume la protecci\u00f3n de manera permanente de un ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente y le ofrece condiciones adecuadas para el desarrollo arm\u00f3nico e integral de sus derechos. En tal caso no se modifica el parentesco. PAR\u00c1GRAFO. Si alguna persona o pareja quiere adoptar al ni\u00f1o que est\u00e1 al cuidado de la familia distinta a la de origen y cumple con las condiciones de adoptabilidad, que exige el c\u00f3digo, podr\u00e1 hacerlo, a menos que la familia que tiene el cuidado del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, decida adoptarlo.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn194\"><\/a>[194] El inciso primero del art\u00edculo 127 de la Ley 1098 de 2006 establece que: \u201cEl padre y la madre adoptantes de un menor tendr\u00e1n derecho al disfrute y pago de la licencia de maternidad establecida en el numeral 4 del art\u00edculo 34 la Ley 50 de 1990 y dem\u00e1s normas que rigen la materia, la cual incluir\u00e1 tambi\u00e9n la licencia de paternidad consagrada en la Ley 755 de 2002, incluyendo el pago de la licencia a los padres adoptantes\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn195\"><\/a>[195] \u201cPor la cual se expide el C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn196\"><\/a>[196] En cuanto a la licencia de maternidad, el numeral 3 del art. 2 de la Ley 2114 de 2021 se\u00f1ala que: \u201cPara los efectos de la licencia de que trata este art\u00edculo, la trabajadora debe presentar al empleador un certificado m\u00e9dico, en el cual debe constar: a) El estado de embarazo de la trabajadora; b) La indicaci\u00f3n del d\u00eda probable del parto, y c) La indicaci\u00f3n del d\u00eda desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que, por lo menos, ha de iniciarse dos semanas antes del parto\u201d. Adem\u00e1s, de acuerdo con los arts. 2.2.3.2.1 y 2.2.3.2.3 del Decreto 1427 de 2022, \u201cPor el cual se sustituye el T\u00edtulo 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, se reglamentan las prestaciones econ\u00f3micas del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones\u201d, para que la persona pueda acceder a la licencia de maternidad se requiere: (i) estar afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizante y activo; (ii) haber efectuado pagos durante todos los meses que correspondan al per\u00edodo de gestaci\u00f3n y (iii) contar con el certificado m\u00e9dico de la licencia de maternidad. Si la persona es independiente, cotiza sobre un salario m\u00ednimo y no aporta durante todo el per\u00edodo de gestaci\u00f3n, se aplican estas reglas: (i) si dej\u00f3 de cotizar dos per\u00edodos, la EPS debe pagar la licencia completa; (ii) si dej\u00f3 de cotizar por m\u00e1s de dos per\u00edodos, el pago ser\u00e1 proporcional al n\u00famero de d\u00edas efectivamente cotizados frente al tiempo real de gestaci\u00f3n. En todo caso, la licencia no podr\u00e1 ser liquidada con un IBC inferior a un 1SMMLV. En cuanto a la licencia de paternidad, el inciso 3 del par\u00e1grafo 2 del art. 2 de la Ley 2114 de 2021 establece que: \u201cEl \u00fanico soporte v\u00e1lido para el otorgamiento de la licencia remunerada de paternidad es el Registro Civil de Nacimiento, el cual deber\u00e1 presentarse a la EPS a m\u00e1s tardar dentro de los 30 d\u00edas siguientes a la fecha del nacimiento del menor\u201d. De acuerdo con el inciso 4 del mismo par\u00e1grafo: \u201cLa licencia remunerada de paternidad estar\u00e1 a cargo de la EPS y ser\u00e1 reconocida proporcionalmente a las semanas cotizadas por el padre durante el periodo de gestaci\u00f3n\u201d. En cuanto a este \u00faltimo requisito, el art. 2.2.3.2.7 del Decreto 1427 de 2022: \u201cPara su reconocimiento y pago, conforme a las disposiciones laborales vigentes, se requerir\u00e1 que el afiliado cotizante hubiere efectuado aportes durante los meses que correspondan al per\u00edodo de gestaci\u00f3n de la madre, procediendo el reconocimiento proporcional por cotizaciones, cuando hubiere cotizado por un per\u00edodo inferior al de la gestaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn197\"><\/a>[197] Ley 2114 de 2021, art. 2, numeral 4.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn198\"><\/a>[198] Ibidem.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn199\"><\/a>[199] Sentencia C-415 de 2022.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn200\"><\/a>[200] Corte Constitucional, Sentencia C-345 de 2019.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn201\"><\/a>[201]Sentencia C-345 de 2019.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn202\"><\/a>[202] Corte Constitucional, sentencias C-345 de 2019 y C-084 de 2020.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn203\"><\/a>[203] La Corte Constitucional lo ha usado en las Sentencias C-673 de 2022, C-624 de 2008, C-313 de 2013, C-601 de 2015, C-220 de 2017, C-389 de 2017 y C-355 de 2017.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn204\"><\/a>[204] Corte Constitucional, sentencias C-811 de 2014, C-239 de 2014, C-240 de 2014 y C-038 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn205\"><\/a>[205] Corte Constitucional, Sentencia C-104 de 2016.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn206\"><\/a>[206] Ibidem.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn207\"><\/a>[207] Corte Constitucional, Sentencia C-038 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn208\"><\/a>[208] Corte Constitucional, Sentencia C-345 de 2019 y C-038 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn209\"><\/a>[209] Corte Constitucional, sentencias C-345 de 2019, C-084 de 2020 y C-038 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn210\"><\/a>[210] Ibidem.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn211\"><\/a>[211] Corte Constitucional, Sentencia C-586 de 2016.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn212\"><\/a>[212] Corte Constitucional, Sentencia T-293 de 2017.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn213\"><\/a>[213] Corte Constitucional, Sentencia T-033 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn214\"><\/a>[214] Corte Constitucional, sentencias C-667 de 2006 y T-386 de 2013.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn215\"><\/a>[215] \u201cLa pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el n\u00famero de sus hijos, y deber\u00e1 sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos\u201d. Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, art. 42.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn216\"><\/a>[216] Seg\u00fan se mencion\u00f3 previamente, la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o determin\u00f3 en su art\u00edculo 18 como, una obligaci\u00f3n de los Estados, garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as. Por su parte, la Recomendaci\u00f3n 165 de la OIT, sobre los trabajadores y trabajadores con responsabilidades familiares, de esta organizaci\u00f3n, inst\u00f3 a los Estados de generar condiciones para que las responsabilidades familiares se repartan de manera equitativa y no se incurra en discriminaciones directas e indirectas.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn217\"><\/a>[217] Ley 2114 de 2021, art. 2, numeral 4.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn218\"><\/a>[218] Sobre este punto, puede consultarse la Recomendaci\u00f3n General n\u00b0 21 de 1994 del Comit\u00e9 de la CEDAW, denominada \u201cla igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn219\"><\/a>[219] Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-154 de 2022, C-804 de 2006 y SU-239 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn220\"><\/a>[220] Cfr. Opini\u00f3n Consultiva 031 de 2025 de la Corte IDH.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn221\"><\/a>[221] Seg\u00fan se mencion\u00f3 previamente, como cuesti\u00f3n previa de esta providencia, la Sala Plena dispuso la integraci\u00f3n de la unidad normativa entre las expresiones \u201cla madre adoptante\u201d y \u201cel padre adoptante\u201d, contenidas en el numeral 4 y en el inciso segundo del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 2 de la Ley 2114 de 2021, respectivamente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a name=\"_ftn222\"><\/a>[222] Corte Constitucional, Sentencia C-029 de 2021.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TEMAS-SUBTEMAS \u00a0 Sentencia C-026\/26 &nbsp; LICENCIAS PARENTALES-Parejas adoptantes pueden definir de com\u00fan acuerdo, con independencia de su g\u00e9nero, quien disfrutar\u00e1 de cada una de las licencias &nbsp; (&#8230;) la Sala estima que el remedio constitucional que procede consiste en declarar condicionalmente exequibles las expresiones \u201cla madre adoptante\u201d y \u201cel padre adoptante\u201d contenidas en el numeral [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[160],"tags":[],"class_list":["post-31652","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentencias-2026"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31652","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31652"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31652\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31653,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31652\/revisions\/31653"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31652"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31652"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31652"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}