{"id":31656,"date":"2026-11-17T12:52:43","date_gmt":"2026-11-17T17:52:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/?p=31656"},"modified":"2026-11-17T12:52:43","modified_gmt":"2026-11-17T17:52:43","slug":"c-029-26","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/c-029-26\/","title":{"rendered":"C-029-26"},"content":{"rendered":"<p><b><strong>TEMAS-SUBTEMAS<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>Sentencia C-029\/26<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>OMISI\u00d3N LEGISLATIVA RELATIVA<\/strong><\/b>-Configuraci\u00f3n en norma que excluye a los hijos de crianza de iniciar el proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria para la declaraci\u00f3n del v\u00ednculo familiar<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>La Corte Constitucional evidenci\u00f3 que se satisfac\u00edan las condiciones para acreditar la configuraci\u00f3n de una omisi\u00f3n legislativa relativa. Lo anterior, al verificarse que: i) Existe una norma sobre la cual se predica el cargo y que excluye de sus consecuencias jur\u00eddicas a sujetos en situaciones equivalentes o asimilables. (&#8230;) ii) La Sala constat\u00f3 que los hijos de crianza son asimilables a los padres de crianza en cuanto a la posibilidad de ejercer la acci\u00f3n espec\u00edfica prevista en el orden jur\u00eddico para acceder, en igualdad de condiciones, a la administraci\u00f3n de justicia y obtener el reconocimiento de hijo de crianza, en tanto hacen parte de la relaci\u00f3n bilateral que constituye el aludido v\u00ednculo y tienen el mismo inter\u00e9s jur\u00eddico al respecto. iii) Existe un deber espec\u00edfico impuesto directamente por el constituyente al Congreso que resulta omitido. Al efecto, se observ\u00f3 el deber que aquel estableci\u00f3 en materia de protecci\u00f3n de la familia de crianza conforme al art\u00edculo 42 superior. iv) La exclusi\u00f3n de los hijos de crianza no tiene una raz\u00f3n suficiente. Se evidenci\u00f3 que durante el tr\u00e1mite legislativo la norma acusada fue sustentada en: a) el reconocimiento unilateral del padre al hijo; b) la necesidad de evitar abusos por parte de los hijos de crianza y c) la exigencia de proteger el patrimonio de las familias que hacen el reconocimiento. La Sala encontr\u00f3 que dichas razones no resultaban suficientes porque la presentaci\u00f3n de la solicitud para iniciar el proceso no genera autom\u00e1ticamente su reconocimiento, pues aquel est\u00e1 condicionado al cumplimiento de las cargas probatorias y al tr\u00e1mite judicial respectivo, pues se trata de un proceso judicial dirigido por el juez de familia. (&#8230;) Y, finalmente, la Sala encontr\u00f3 que la exclusi\u00f3n carece de justificaci\u00f3n objetiva, pues se funda principalmente en un criterio sospechoso de discriminaci\u00f3n basado en el origen familiar, lo que genera una desigualdad negativa que impone un trato desfavorable a los hijos de crianza sin que exista un fin constitucional imperioso que la sustente.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACI\u00d3N DE JUSTICIA<\/strong><\/b>-Hijo de crianza puede iniciar el proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria para la declaraci\u00f3n del v\u00ednculo familiar<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>OMISI\u00d3N LEGISLATIVA RELATIVA<\/strong><\/b>-Existencia conlleva a sentencia integradora<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) ante la verificaci\u00f3n de una omisi\u00f3n legislativa relativa le corresponde a esta corporaci\u00f3n, por regla general, proferir la sentencia en la que \u201cextienda las consecuencias de la norma a los supuestos excluidos de manera injustificada, es decir, (&#8230;) una sentencia integradora tipo aditiva, que mantenga en el ordenamiento el contenido que, en s\u00ed mismo, no resulta contrario a la Carta, pero incorporando al mismo aquel aspecto omitido, sin el cual la disposici\u00f3n es incompatible con la Constituci\u00f3n\u201d<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>SOLICITUD DE SENTENCIA INHIBITORIA<\/strong><\/b>-Improcedente por enunciados gen\u00e9ricos de ineptitud sustantiva de la demanda<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) cuando los intervinientes planteen solicitudes gen\u00e9ricas acerca de la ineptitud de la demanda, porque se refieren de forma abstracta al incumplimiento de las cargas, sin exponer argumentos concretos que emanen de un examen particular sobre la acusaci\u00f3n formulada y que soporten la solicitud de inhibici\u00f3n, la Sala Plena puede avanzar con el juicio de constitucionalidad y estudiar el fondo de los cargos planteados.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>SOLICITUD DE SENTENCIA INHIBITORIA POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA<\/strong><\/b>-Improcedencia por cumplimiento de requisitos de la demanda<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>INTEGRACION DE UNIDAD NORMATIVA<\/strong><\/b>-Eventos en que procede<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>INTEGRACION DE UNIDAD NORMATIVA<\/strong><\/b>-Improcedencia<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>OMISION LEGISLATIVA<\/strong><\/b>-Concepto<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) las omisiones legislativas ocurren \u201ccuando el legislador no cumple un deber de acci\u00f3n expresamente se\u00f1alado por el Constituyente\u201d<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>OMISION LEGISLATIVA ABSOLUTA Y RELATIVA<\/strong><\/b>-Distinci\u00f3n<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>OMISI\u00d3N LEGISLATIVA RELATIVA<\/strong><\/b>-Elementos que la configuran<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACI\u00d3N DE JUSTICIA<\/strong><\/b>-Contenido y alcance<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACI\u00d3N DE JUSTICIA<\/strong><\/b>-Protecci\u00f3n<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) la protecci\u00f3n de este derecho tiene dos dimensiones a saber: \u201c(i) la posibilidad de acudir ante un juez o tribunal a presentar las pretensiones para la protecci\u00f3n de sus derechos o intereses y (ii) que dicho acceso a la justicia sea efectivo, al obtener la resoluci\u00f3n de fondo de las pretensiones presentadas y que la misma se pueda hacer efectiva a trav\u00e9s de su correcta ejecuci\u00f3n\u201d. En ese sentido, el aludido derecho se manifiesta en un primer momento como la prerrogativa de toda persona consistente en la facultad de acudir ante un juez en b\u00fasqueda de la satisfacci\u00f3n de sus derechos o intereses. Adem\u00e1s, se ha indicado que el acceso a la administraci\u00f3n de justicia involucra diferentes aristas.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD<\/strong><\/b>-Alcance<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PROCESAL<\/strong><\/b>-Alcance<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PROCESAL<\/strong><\/b>-L\u00edmites<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) la Corte Constitucional ha reconocido un amplio margen de configuraci\u00f3n legislativa en materia procesal, espec\u00edficamente en el \u00e1mbito del derecho de familia. No obstante, tambi\u00e9n ha se\u00f1alado que las restricciones o exclusiones que el legislador establezca dentro de los procedimientos deben estar debidamente justificadas y superar un examen de razonabilidad y proporcionalidad. Por ello, la validez constitucional de tales medidas no responde a una regla uniforme aplicable a todos los casos, sino que debe evaluarse a partir de las particularidades del contexto normativo y f\u00e1ctico en el que se adoptan.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PROCESO DE JURISDICCION VOLUNTARIA<\/strong><\/b>-Naturaleza<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>CONCEPTO DE FAMILIA<\/strong><\/b>-Alcance<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>FAMILIA<\/strong><\/b>-Reconocimiento y protecci\u00f3n constitucional de los diferentes tipos<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>FAMILIA DE CRIANZA<\/strong><\/b>-Protecci\u00f3n constitucional<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) es deber del Estado velar por la protecci\u00f3n de los derechos de las familias de crianza sin discriminaci\u00f3n alguna, as\u00ed como ofrecer las mismas garant\u00edas y prerrogativas aplicables a otros tipos de familia, toda vez que, al generarse esta clase de relaciones, se crea impl\u00edcitamente en ellas la expectativa de que recibir\u00e1n el mismo trato y beneficios de una familia con lazos biol\u00f3gicos.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>FAMILIA DE CRIANZA<\/strong><\/b>-Definici\u00f3n<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) respecto de la familia de crianza esta corporaci\u00f3n ha indicado que se trata de un concepto de construcci\u00f3n jurisprudencial que tiene su origen en el art\u00edculo 42 superior y que surgi\u00f3 de las din\u00e1micas sociales cambiantes y del d\u00e9ficit de regulaci\u00f3n legislativa en torno a los v\u00ednculos familiares no jur\u00eddicos. En efecto, ha entendido que este tipo de familias se desarrolla bajo presupuestos de afecto, solidaridad, respeto y asistencia que se crean entre sus miembros y que \u201csurgen bajo circunstancias de facto que no se encuentran ajenas al derecho y que, por lo tanto, son susceptibles de crear consecuencias jur\u00eddicas tanto en derechos como deberes\u201d<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>SENTENCIAS INTEGRADORAS<\/strong><\/b>-Modalidad de la sentencia aditiva<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>REP\u00daBLICA DE COLOMBIA<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>CORTE CONSTITUCIONAL<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>-Sala Plena-<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Sentencia C-<\/strong><\/b><b><strong>029<\/strong><\/b><b><strong> de 2026<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Referencia: <\/strong><\/b>expediente D-16166<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Asunto:<\/strong><\/b> acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad contra el par\u00e1grafo 2.\u00ba del art\u00edculo 3 de la Ley 2388 de 2024 <em>\u201cPor medio de la cual se dictan disposiciones sobre la familia de crianza\u201d<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Magistrado sustanciador:<\/strong><\/b><\/p>\n<p>Juan Carlos Cort\u00e9s Gonz\u00e1lez<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintis\u00e9is (2026)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en el art\u00edculo 241.4 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cumplidos todos los tr\u00e1mites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>SENTENCIA<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>S\u00cdNTESIS DE LA DECISI\u00d3N<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"85\"><b><strong>\u00bfQu\u00e9 estudi\u00f3 la Corte?<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"539\">Se estudi\u00f3 una demanda ciudadana de inconstitucionalidad contra el par\u00e1grafo 2.\u00ba del art\u00edculo 3 de la Ley 2388 de 2024 que establece que solo los padres de crianza pueden promover el proceso judicial de declaratoria de reconocimiento como hijo de crianza. El actor consider\u00f3, mediante un cargo \u00fanico, que esa norma incurri\u00f3 en una omisi\u00f3n legislativa relativa porque excluy\u00f3 a los hijos de crianza para promover dicho procedimiento. En su opini\u00f3n, esa omisi\u00f3n desconoci\u00f3 los derechos de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, de igualdad y de dignidad humana y, adicionalmente, afect\u00f3 el principio de supremac\u00eda constitucional.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"85\"><b><strong>\u00bfQu\u00e9 consider\u00f3 la Corte?<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"539\">Luego de acreditar la aptitud del \u00fanico cargo formulado y de no considerar la integraci\u00f3n de la unidad normativa, la Sala procedi\u00f3 al an\u00e1lisis de fondo, para lo cual formul\u00f3 el siguiente problema jur\u00eddico: \u00bfincurri\u00f3 el legislador en una omisi\u00f3n legislativa relativa al no incorporar a los hijos de crianza para permitirles activar el procedimiento de jurisdicci\u00f3n voluntaria previsto \u00fanicamente para los padres de crianza, seg\u00fan el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 3 de la Ley 2388 de 2024, con lo que se quebrantar\u00eda el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, impact\u00e1ndose los derechos a la igualdad, la dignidad humana, la protecci\u00f3n a la familia y la supremac\u00eda constitucional?<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Para resolver el problema jur\u00eddico, la Corte Constitucional abord\u00f3 los siguientes temas: (i) las reglas jurisprudenciales relacionadas con la omisi\u00f3n legislativa relativa, (ii) el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justica y el margen de configuraci\u00f3n legislativa en la materia. El proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria y su aplicaci\u00f3n a efectos del reconocimiento del hijo de crianza conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y (iii) la protecci\u00f3n constitucional de la familia de crianza y el mandato del constituyente contenido en el art\u00edculo 42 superior, as\u00ed como la garant\u00eda de los derechos a la igualdad, a la dignidad humana y del principio de supremac\u00eda constitucional. (iv) Finalmente, analiz\u00f3 el cargo \u00fanico para establecer la soluci\u00f3n al caso.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"85\"><b><strong>\u00bfQu\u00e9 decidi\u00f3 la Corte?<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"539\">La Corte Constitucional evidenci\u00f3 que se satisfac\u00edan las condiciones para acreditar la configuraci\u00f3n de una omisi\u00f3n legislativa relativa. Lo anterior, al verificarse que:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>i)\u00a0\u00a0\u00a0 Existe una norma sobre la cual se predica el cargo y que excluye de sus consecuencias jur\u00eddicas a sujetos en situaciones equivalentes o asimilables. En este caso, la censura recae sobre el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 3 de la Ley 2388 de 2024, que no incluye a los hijos de crianza para promover el proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria para declarar dicha condici\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ii) \u00a0La Sala constat\u00f3 que los hijos de crianza son asimilables a los padres de crianza en cuanto a la posibilidad de ejercer la acci\u00f3n espec\u00edfica prevista en el orden jur\u00eddico para acceder, en igualdad de condiciones, a la administraci\u00f3n de justicia y obtener el reconocimiento de hijo de crianza, en tanto hacen parte de la relaci\u00f3n bilateral que constituye el aludido v\u00ednculo y tienen el mismo inter\u00e9s jur\u00eddico al respecto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>iii)\u00a0\u00a0 Existe un deber espec\u00edfico impuesto directamente por el constituyente al Congreso que resulta omitido. Al efecto, se observ\u00f3 el deber que aquel estableci\u00f3 en materia de protecci\u00f3n de la familia de crianza conforme al art\u00edculo 42 superior. Lo anterior, se concreta en mandatos espec\u00edficos para la salvaguarda que le confiere el orden jur\u00eddico a los hijos, lo que se traduce en la posibilidad de acudir a la administraci\u00f3n de justicia para garantizar su reconocimiento y derivar de all\u00ed el goce de derechos en condiciones de igualdad.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>iv)\u00a0\u00a0\u00a0 La exclusi\u00f3n de los hijos de crianza no tiene una raz\u00f3n suficiente. Se evidenci\u00f3 que durante el tr\u00e1mite legislativo la norma acusada fue sustentada en: a) el reconocimiento unilateral del padre al hijo; b) la necesidad de evitar abusos por parte de los hijos de crianza y c) la exigencia de proteger el patrimonio de las familias que hacen el reconocimiento. La Sala encontr\u00f3 que dichas razones no resultaban suficientes porque la presentaci\u00f3n de la solicitud para iniciar el proceso no genera autom\u00e1ticamente su reconocimiento, pues aquel est\u00e1 condicionado al cumplimiento de las cargas probatorias y al tr\u00e1mite judicial respectivo, pues se trata de un proceso judicial dirigido por el juez de familia. Por esa raz\u00f3n, dicha autoridad ejerce control judicial ante eventuales abusos de la figura. Adem\u00e1s, se trata de argumentos intolerables en t\u00e9rminos constitucionales, pues el riesgo de abuso patrimonial no justifica la exclusi\u00f3n, ya que no es una circunstancia exclusivamente predicable de los hijos de crianza ni se previene con esta medida. No obstante, cualquier intento de uso indebido puede ser detectado y descartado dentro del proceso. Adem\u00e1s, el eventual abuso podr\u00eda provenir tambi\u00e9n de los padres de crianza, por lo que la restricci\u00f3n resulta incongruente y desproporcionada, al presumir el riesgo \u00fanicamente respecto de una de las partes y sin eliminar realmente la posibilidad de fraude. En conclusi\u00f3n, tales argumentos no son suficientes y tampoco resultan admisibles para justificar el d\u00e9ficit de protecci\u00f3n en materia de acceso a la administraci\u00f3n de justicia de los hijos de crianza para obtener el reconocimiento de su condici\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>v)\u00a0 Y, finalmente, la Sala encontr\u00f3 que la exclusi\u00f3n carece de justificaci\u00f3n objetiva, pues se funda principalmente en un criterio sospechoso de discriminaci\u00f3n basado en el origen familiar, lo que genera una desigualdad negativa que impone un trato desfavorable a los hijos de crianza sin que exista un fin constitucional imperioso que la sustente. La medida se apoya en prejuicios y estereotipos sobre posibles usos inadecuados, desconoce el car\u00e1cter plural y relacional de la familia y termina restringiendo injustificadamente el acceso de los hijos de crianza a la justicia en condiciones de igualdad, produciendo un d\u00e9ficit de protecci\u00f3n constitucional.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Al no encontrar una finalidad constitucional para justificar la omisi\u00f3n analizada, la Corte Constitucional se abstuvo de evaluar su idoneidad, necesidad y proporcionalidad.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"85\"><b><strong>\u00bfQu\u00e9 resolvi\u00f3 la Corte?<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"539\">La Corte Constitucional resolvi\u00f3 declarar <b><strong>EXEQUIBLE<\/strong><\/b> el par\u00e1grafo 2.\u00ba del art\u00edculo 3 de la Ley 2388 de 2024 \u201cPor medio de la cual se dictan disposiciones sobre la familia de crianza\u201d, en el entendido de que el procedimiento de jurisdicci\u00f3n voluntaria all\u00ed previsto tambi\u00e9n podr\u00e1 ser promovido por quien pretenda la declaraci\u00f3n judicial como hija o hijo de crianza.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><b><strong> ANTECEDENTES<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>Mediante acta del 5 de septiembre de 2024, la Corte Constitucional acumul\u00f3 dos demandas de inconstitucionalidad parcial contra el articulado de la Ley 2388 de 2024<a name=\"_ftnref1\"><\/a>[1] \u201cPor medio de la cual se dictan disposiciones sobre la familia de crianza\u201d. Las demandas fueron presentadas en los t\u00e9rminos que a continuaci\u00f3n se exponen.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><em>Expediente D-16152. <\/em>El 21 de agosto de 2024<a name=\"_ftnref2\"><\/a>[2], Rafael Buitrago Corredor present\u00f3 demanda de inconstitucionalidad contra el primer inciso (parcial) y el par\u00e1grafo 2.\u00ba del art\u00edculo 3, as\u00ed como contra los art\u00edculos 4 y 5 de la Ley 2388 de 2024, por considerar que aquellos vulneran los art\u00edculos 2, 4, 5, 13, 16, 23, 29, 31, 42 y 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Debido a esto, solicit\u00f3 a la Corte Constitucional declararlos inexequibles y, subsidiariamente, declarar la exequibilidad condicionada de las normas acusadas, bajo el entendido de que el proceso de reconocimiento como hijo de crianza se tramitar\u00eda mediante el proceso verbal y que este tambi\u00e9n podr\u00e1 ser iniciado por el hijo de crianza<a name=\"_ftnref3\"><\/a>[3].<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><em>Expediente D-16166. <\/em>Por su parte, el 28 de agosto de 2024<a name=\"_ftnref4\"><\/a>[4], Alejandro Mart\u00ednez Ram\u00edrez formul\u00f3 demanda de inconstitucionalidad contra el par\u00e1grafo 2.\u00ba del art\u00edculo 3 de la referida ley<a name=\"_ftnref5\"><\/a>[5], al considerar que aquel contrar\u00eda los art\u00edculos 1, 2, 4, 13, 29, y 229 de la Constituci\u00f3n y, vinculados a este \u00faltimo, los art\u00edculos 25 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos (PIDCP). Con base en lo anterior, el demandante solicit\u00f3 a la Corte \u201cdeclarar inconstitucional el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 3 de la ley 2388\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><em>Inadmisi\u00f3n, correcci\u00f3n, admisi\u00f3n parcial, rechazo y desacumulaci\u00f3n de las demandas.<\/em> El magistrado sustanciador inadmiti\u00f3 las demandas mediante auto del 23 de septiembre de 2024<a name=\"_ftnref6\"><\/a>[6]. Cumplido el t\u00e9rmino para la subsanaci\u00f3n y allegados los respectivos escritos de correcci\u00f3n, ese despacho profiri\u00f3 el auto mixto del 15 de octubre de 2024<a name=\"_ftnref7\"><\/a>[7], mediante el cual admiti\u00f3 parcialmente la demanda correspondiente al expediente D-16166 en relaci\u00f3n con la presunta vulneraci\u00f3n de los art\u00edculos 1, 4, 13 y 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Ello, por cuanto, a partir de los tres cargos inicialmente planteados, el accionante precis\u00f3 que formulaba un \u00fanico cargo por omisi\u00f3n legislativa relativa. Los dem\u00e1s cargos fueron rechazados.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>Adicionalmente, rechaz\u00f3 la demanda correspondiente al expediente D-16152. En consecuencia, dispuso desacumular las actuaciones y archivar este \u00faltimo expediente una vez la decisi\u00f3n quedara en firme<a name=\"_ftnref8\"><\/a>[8].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>En esa providencia tambi\u00e9n se orden\u00f3: (i) comunicar el inicio del proceso al Congreso de la Rep\u00fablica; (ii) practicar pruebas<a name=\"_ftnref9\"><\/a>[9]; e (iii) invitar a presentar concepto sobre puntos relevantes de la controversia a la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, a Colpensiones, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, as\u00ed como a otras entidades y universidades; adem\u00e1s, (iv) correr traslado del proceso al procurador general de la Naci\u00f3n y (v) fijar en lista el expediente.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li>Mediante auto del 19 de diciembre de 2024<a name=\"_ftnref10\"><\/a>[10], el despacho sustanciador insisti\u00f3 en la pr\u00e1ctica de una de las pruebas y el 8 de abril de 2025 orden\u00f3 continuar con el respectivo tr\u00e1mite de constitucionalidad<a name=\"_ftnref11\"><\/a>[11].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li><em>Manifestaci\u00f3n de impedimento por parte del procurador general de la Naci\u00f3n.<\/em> El 15 de mayo de 2025, el procurador general de la Naci\u00f3n, Gregorio Eljach Pacheco, manifest\u00f3 su impedimento para rendir concepto por considerarse incurso en la causal de impedimento consistente en haber intervenido en la expedici\u00f3n de la norma acusada<a name=\"_ftnref12\"><\/a><sup>[12]<\/sup>. La Sala Plena de la Corte Constitucional declar\u00f3 infundado el impedimento mediante Auto 1170 del 30 de julio de 2025<a name=\"_ftnref13\"><\/a>[13].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"9\">\n<li>Cumplidos los tr\u00e1mites constitucionales y legales propios de esta clase de juicios y previo concepto del procurador general de la Naci\u00f3n, la Corte Constitucional procede a decidir sobre la demanda de la referencia.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><b><strong> LA NORMA DEMANDADA<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"10\">\n<li>A continuaci\u00f3n, se transcribe el art\u00edculo 3.\u00ba de la Ley 2388 de 2024, de conformidad con su publicaci\u00f3n en el Diario Oficial No. 52.829 del 26 de julio de 2024, resalt\u00e1ndose el apartado censurado:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201cLEY 2388 DE 2024<\/p>\n<p>(26 julio)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre la familia de crianza<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El Congreso de Colombia<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DECRETA:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(\u2026)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ART\u00cdCULO 3\u00b0. Procedimiento. La declaraci\u00f3n del reconocimiento como hijo de crianza se tramitar\u00e1 ante juez de familia o notario del domicilio del que pretende reconocerse como hijo de crianza, por el procedimiento de Jurisdicci\u00f3n Voluntaria establecido en el Libro 111, Secci\u00f3n IV del C\u00f3digo General del Proceso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Este reconocimiento se podr\u00e1 realizar igualmente por medio de escritura p\u00fablica cumpliendo los medios probatorios establecidos en el art\u00edculo 5\u00b0 de la presente ley. deber\u00e1 intermediar un curador <em>ad litem<\/em> si dentro del tr\u00e1mite alguna de las partes tiene alguna limitaci\u00f3n en su capacidad con el fin de proteger y garantizar los derechos de la persona.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Par\u00e1grafo 1\u00b0. En la sentencia o escritura p\u00fablica de declaraci\u00f3n de reconocimiento de hijo y\/o nieto de crianza. el juez, subsidiariamente, resolver\u00e1 que los declarantes o demandantes ser\u00e1n padre, madre y\/o abuelo(a) de crianza. Una vez sea elevado a trav\u00e9s de escritura p\u00fablica o se haya ejecutoriado la sentencia el reconocimiento como hijo de crianza, se deber\u00e1 proceder a su anotaci\u00f3n en el registro civil de las partes reconocidas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong><u>Par\u00e1grafo 2\u00b0. En todo caso el procedimiento de la declaraci\u00f3n como hijo de crianza solo proceder\u00e1 por iniciativa voluntaria de los padres de crianza<a name=\"_ftnref14\"><\/a>[14]. <\/u><\/strong><\/b>(\u2026)\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional por medio de la Sentencia C-506 de 2025.<\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>III. LA DEMANDA<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"11\">\n<li><em>Cargo<\/em><em> \u00fanico. Omisi\u00f3n legislativa relativa<\/em><a name=\"_ftnref15\"><\/a><em><b><strong>[15]<\/strong><\/b><\/em><em>. <\/em>El demandante sostuvo que en la norma acusada el legislador omiti\u00f3 incluir a los hijos de crianza para solicitar la declaraci\u00f3n de su v\u00ednculo familiar y, con ello, vulner\u00f3 los art\u00edculos 1, 2, 13, 229 y 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. El actor present\u00f3 la siguiente argumentaci\u00f3n para sustentar la omisi\u00f3n:<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"12\">\n<li>En primer lugar, indic\u00f3 que la norma sobre la que se predica la exclusi\u00f3n de las consecuencias jur\u00eddicas a los hijos de crianza es el par\u00e1grafo 2.\u00ba del art\u00edculo 3 de la Ley 2388 de 2024, con la cual se afecta el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia de dicho grupo. En segundo lugar, se\u00f1al\u00f3 que el deber constitucional impuesto al legislador y que este desconoci\u00f3 es el de \u201cincluir a los hijos de crianza como sujetos legitimados para solicitar la declaraci\u00f3n de su v\u00ednculo familiar, el cual proviene de la garant\u00eda al derecho de la igualdad reconocido en m\u00faltiples sentencias\u201d<a name=\"_ftnref16\"><\/a>[16]. Argument\u00f3 que de las sentencias que refiri\u00f3 \u201cse puede extraer el deber de promover la igualdad sustancial\u201d y que este implica \u201cadoptar medidas para que los hijos de crianza tengan acceso a los mismos derechos que los hijos biol\u00f3gicos y adoptivos en \u00e1reas como la sucesi\u00f3n, la educaci\u00f3n, la salud y la protecci\u00f3n familiar\u201d <a name=\"_ftnref17\"><\/a>[17]. Concluy\u00f3 que el deber espec\u00edfico es \u201cgarantizar que los hijos de crianza reciban el mismo trato y protecci\u00f3n legal que los hijos biol\u00f3gicos o adoptivos, respetando sus derechos a la igualdad, la solidaridad y otros principios constitucionales\u201d<a name=\"_ftnref18\"><\/a>[18]. Todo lo anterior, fue sustentado en la demanda a partir de considerar que la omisi\u00f3n genera una grave afectaci\u00f3n del derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia para los hijos de crianza, puesto que estos no pueden promover el proceso judicial previsto en la Ley 2388 de 2024 para obtener el reconocimiento de dicha calidad.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"13\">\n<li>En tercer lugar, respecto de los motivos por los cuales la exclusi\u00f3n no es racional ni proporcionada expres\u00f3 que la omisi\u00f3n \u201ces irracional y tremendamente desproporcionada\u201d y que para explicarlo debe considerarse su origen en una proposici\u00f3n hecha por un representante a la C\u00e1mara durante el tr\u00e1mite de aprobaci\u00f3n de la ley<a name=\"_ftnref19\"><\/a>[19]. Debido a ello, concluy\u00f3 que la decisi\u00f3n de excluir a los hijos de crianza para promover los procesos declarativos de las familias de crianza carece de raz\u00f3n suficiente y, por lo tanto, es irracional y desproporcionada. Para tal efecto, present\u00f3 parte de la discusi\u00f3n en el tr\u00e1mite legislativo en el que se cuestionaba que los hijos de crianza acudieran al procedimiento judicial de reconocimiento y que, como consecuencia del mismo y del presunto abuso de los hijos de crianza frente a dicha alternativa, se impusiera una especie de adopci\u00f3n no consentida.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"14\">\n<li>En cuarto lugar, argument\u00f3 que la exclusi\u00f3n del legislador genera una desigualdad negativa por dos motivos; (i) por una parte, porque niega a los hijos de crianza el mismo reconocimiento legal que cobija a los hijos biol\u00f3gicos o adoptivos y, por otra, (ii) los coloca en una situaci\u00f3n de vulnerabilidad legal y patrimonial, porque les impide hacer valer sus derechos sobre cuestiones patrimoniales o sucesorias a pesar de haber sido criados como parte de la familia. Para el demandante esto genera una disparidad entre la posici\u00f3n de hecho dentro de la familia y respecto de la capacidad legal para defender o proteger los intereses de aquellos, que impacta en el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, pues se impone una barrera de acceso infranqueable para dichas personas. Cit\u00f3 un apartado de la Sentencia C-426 de 2002 que define el acceso a la administraci\u00f3n de justicia como una necesidad inherente a la condici\u00f3n humana y dedujo que la exclusi\u00f3n de los hijos de crianza para solicitar la declaraci\u00f3n de su v\u00ednculo familiar genera un estado de insatisfacci\u00f3n. Ejemplific\u00f3 que en los casos en que los padres de crianza fallecen, los hijos se quedan sin la posibilidad de ser declarados como tales, lo que afecta su derecho de acceder a la administraci\u00f3n de justicia.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"15\">\n<li>De igual manera, el ciudadano demandante estableci\u00f3 que la omisi\u00f3n tambi\u00e9n genera el desconocimiento del principio de la dignidad humana, cuyo concepto describi\u00f3 como \u201cuna noci\u00f3n dif\u00edcil y evasiva\u201d y la que equipar\u00f3 a \u201cun sentimiento de conformidad o inconformidad, de satisfacci\u00f3n o insatisfacci\u00f3n, de felicidad o infelicidad y que se debe respetar por ser un valor intr\u00ednseco de la persona humana\u201d<a name=\"_ftnref20\"><\/a>[20].<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"16\">\n<li>En relaci\u00f3n con el principio de supremac\u00eda constitucional (art\u00edculo 4 CP), cit\u00f3 su contenido y refiri\u00f3 que en el escrito qued\u00f3 demostrado que la omisi\u00f3n alegada contrar\u00eda la Constituci\u00f3n, de manera especial porque en las sentencias rese\u00f1adas, la Corte Constitucional inst\u00f3 al legislador al deber de \u201cpromover la igualdad sustancial a los hijos e hijas de crianza y a adoptar medidas para que los hijos de crianza tengan acceso a los mismos derechos que los hijos biol\u00f3gicos y adoptivos\u201d<a name=\"_ftnref21\"><\/a>[21].<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"17\">\n<li>Frente a la vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad por la omisi\u00f3n referida, transcribi\u00f3 el contenido del art\u00edculo 13 superior y asegur\u00f3 que la norma demandada vulnera dicho precepto porque restringe la posibilidad de solicitar el reconocimiento del v\u00ednculo de crianza de manera exclusiva a los padres. Lo anterior implica, para el demandante, un trato desigual ante la ley que restringe derechos y libertades, especialmente cuando se trata de menores de edad. Explic\u00f3 a su vez que dicho trato genera una desigualdad negativa frente a los hijos biol\u00f3gicos y adoptivos; para sustentar su explicaci\u00f3n refiri\u00f3 que \u201cexiste una cantidad de sentencias por ejemplo la [S]entencia T-525 de 2016 que le conceden la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, seguridad social, vida digna y m\u00ednimo vital a \u2026\u201d<a name=\"_ftnref22\"><\/a>[22]. As\u00ed, concluy\u00f3 que con la omisi\u00f3n alegada los hijos de crianza quedan en la misma situaci\u00f3n que antes de la expedici\u00f3n de la Ley 2388 de 2024.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"18\">\n<li>Adicionalmente, el demandante se\u00f1al\u00f3 que la desigualdad negativa mencionada se deriva de que a los hijos de crianza se les priva de un derecho que los hijos biol\u00f3gicos o adoptivos s\u00ed tienen, concretado en la posibilidad de ejercer los derechos derivados del reconocimiento del v\u00ednculo familiar. De esta forma, para el ciudadano la exclusi\u00f3n-omisi\u00f3n descrita resulta arbitraria, discriminatoria y deja en el limbo la protecci\u00f3n de la familia en sentido amplio.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"19\">\n<li>Por \u00faltimo, el actor record\u00f3 que el legislador ten\u00eda pendiente regular esta materia, pero que con la promulgaci\u00f3n del par\u00e1grafo acusado \u201cse vulnera el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a los ni\u00f1os y adultos, al no permitir que el pretenso hijo de crianza pueda iniciar el proceso de declaraci\u00f3n\u201d<a name=\"_ftnref23\"><\/a>[23].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><b><strong> RELACI\u00d3N DE ELEMENTOS DE PRUEBA<\/strong><\/b><a name=\"_ftnref24\"><\/a>[24]<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"20\">\n<li>Las correspondientes dependencias del Congreso de la Rep\u00fablica allegaron los antecedentes y documentos en los que consta el tr\u00e1mite legislativo del proyecto de ley 152 de 2022 C\u00e1mara \u2013 266 de 2024 Senado, de la siguiente manera:<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p>Tabla 1. <em>Relaci\u00f3n de los elementos de prueba<\/em><\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<td width=\"113\"><b><strong>Remitente<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"387\"><b><strong>Asunto<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"88\"><b><strong>Gaceta<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td rowspan=\"8\" width=\"113\">Secretar\u00eda de la Comisi\u00f3n Primera de la C\u00e1mara de Representantes, el 6 de diciembre de 2024, v\u00eda correo electr\u00f3nico<a name=\"_ftnref25\"><\/a>[25]<\/td>\n<td width=\"387\">Proyecto de ley y exposici\u00f3n de motivos<\/td>\n<td width=\"88\">1021\/2022<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"387\">Ponencia para primer debate y pliego de modificaciones del proyecto de ley 152 de 2022 C\u00e1mara &#8220;por medio de la cual se dictan disposiciones sobre la familia de crianza&#8221; (pp. 21-25) 47 Folios.<\/td>\n<td width=\"88\">206\/2023<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"387\">Acta No. 48 de mayo 10 de 2023 &#8211; primer debate<\/p>\n<p>Anuncio para discusi\u00f3n y votaci\u00f3n del proyecto de ley 152 de 2022 C\u00e1mara &#8220;por medio de la cual se dictan disposiciones sobre la familia de crianza\u201d. (p. 30) 54 folios.<\/td>\n<td width=\"88\">810\/2023<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"387\">Texto aprobado en primer debate &#8211; Acta No. 49 (pp. 153 y ss) 67 folios.<\/td>\n<td width=\"88\">811\/2023<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"387\">Ponencia positiva segundo debate (P\u00e1g. 10-17) 32 folios.<\/td>\n<td width=\"88\">792\/2023<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"387\">Texto definitivo aprobado en segundo debate<\/td>\n<td width=\"88\">428\/2023<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"387\">Informe de conciliaci\u00f3n<\/td>\n<td width=\"88\">429\/2023<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"387\">Acta discusi\u00f3n y aprobaci\u00f3n informe de conciliaci\u00f3n<\/td>\n<td width=\"88\">923\/2023<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"8\" width=\"113\">Secretar\u00eda General del Senado de la Rep\u00fablica, correo electr\u00f3nico del 9 de diciembre de 2024<a name=\"_ftnref26\"><\/a>[26]<\/td>\n<td width=\"387\">Ponencia primer debate<\/td>\n<td width=\"88\">431\/2024<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"387\">Actas primer debate<\/td>\n<td width=\"88\">1366\/2024<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"387\">Texto aprobado en primer debate<\/td>\n<td width=\"88\">N\/A<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"387\">Ponencia segundo debate<\/td>\n<td width=\"88\">859\/2024<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"387\">Actas segundo debate<\/td>\n<td width=\"88\">N\/A<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"387\">Texto definitivo aprobado en segundo debate<\/td>\n<td width=\"88\">1010 de 2024<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"387\">Informe de conciliaci\u00f3n<\/td>\n<td width=\"88\">963\/2024<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"387\">Acta discusi\u00f3n y aprobaci\u00f3n informe de conciliaci\u00f3n<\/td>\n<td width=\"88\">1905\/2024<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<thead>\n<tr>\n<td rowspan=\"6\" width=\"113\">Secretar\u00eda General de la C\u00e1mara de Representantes mediante correo del 20 de diciembre de 2024<a name=\"_ftnref27\"><\/a>[27]<\/td>\n<td width=\"387\">Anuncio para el segundo debate del proyecto de ley 152 C\u00e1mara<\/td>\n<td width=\"88\">826\/2024<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"387\">Acta de la Plenaria 122 de la sesi\u00f3n ordinaria del mi\u00e9rcoles 13 de marzo de 2024, en la que se realiz\u00f3 el primer debate en la plenaria de esta c\u00e1mara.<\/td>\n<td width=\"88\">827\/2024<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"387\">Texto aprobado en la plenaria de la C\u00e1mara de Representantes.<\/td>\n<td width=\"88\">322\/2024<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"387\">Informe de conciliaci\u00f3n de los proyectos de ley 266 de 2024 Senado y 152 C\u00e1mara.<\/td>\n<td width=\"88\">963\/2024<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"387\">Acta de la plenaria de la sesi\u00f3n ordinaria del 19 de junio de 2024 en la que consta el anuncio del informe de conciliaci\u00f3n de los proyectos de ley de C\u00e1mara y Senado referidos.<\/td>\n<td width=\"88\">1799\/2024<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"387\">Votaci\u00f3n del informe de conciliaci\u00f3n del proyecto de ley que culmin\u00f3 con la aprobaci\u00f3n de la Ley 2388 de 2024<\/td>\n<td width=\"88\">1905\/2024<\/td>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"21\">\n<li>Por otra parte, la Unidad de Desarrollo y An\u00e1lisis Estad\u00edstico (UDAE) de la Rama Judicial mediante correo del 7 de febrero de 2025<a name=\"_ftnref28\"><\/a>[28] manifest\u00f3 que el Sistema de Informaci\u00f3n Estad\u00edstica de la Rama Judicial (SIERJU) no cuenta con la capacidad t\u00e9cnica para desagregar o identificar de manera individualizada los procesos relacionados con la declaraci\u00f3n de v\u00ednculos de crianza, debido a que su estructura recopila \u00fanicamente datos consolidados por tipo de proceso. No obstante, con el fin de brindar informaci\u00f3n de contexto, la UDAE inform\u00f3 las estad\u00edsticas generales sobre los procesos de jurisdicci\u00f3n voluntaria en materia de familia y se\u00f1al\u00f3 que en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial se puede acceder a la informaci\u00f3n de gesti\u00f3n de los despachos judiciales desde el a\u00f1o 2010.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>Invitados e intervinientes<a name=\"_ftnref29\"><\/a>[29]<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"22\">\n<li>El t\u00e9rmino de fijaci\u00f3n en lista del proceso corri\u00f3 desde el 11 de abril hasta el 2 de mayo de 2025<a name=\"_ftnref30\"><\/a>[30]. Se recibieron 11 escritos por parte de invitados e intervinientes. Con posterioridad al traslado se allegaron dos intervenciones cuyo contenido no ser\u00e1 tenido en cuenta por extempor\u00e1neo<a name=\"_ftnref31\"><\/a>[31]. Las posturas expuestas en las intervenciones se concretaron en los siguientes aspectos principales:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tabla 2.<em> Postura<\/em><em> de los invitados<\/em><\/p>\n<table width=\"588\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"99\"><b><strong>Postura<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"146\"><b><strong>Responsable del escrito<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"342\"><b><strong>S\u00edntesis de sus argumentos.<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"99\">Fallo inhibitorio<\/td>\n<td width=\"146\">Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 ICBF<a name=\"_ftnref32\"><\/a>[32]<\/td>\n<td width=\"342\">Solicit\u00f3 proferir un fallo inhibitorio al considerar que la demanda no cumpli\u00f3 los requisitos de especificidad, pertinencia y suficiencia exigidos por la jurisprudencia constitucional. Se\u00f1al\u00f3 que el demandante no desarroll\u00f3 un an\u00e1lisis claro que explique la contradicci\u00f3n entre la norma acusada y las disposiciones constitucionales invocadas. Asimismo, que los cargos relacionados con el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y la dignidad humana se sustentan en meras conjeturas. Finalmente, advirti\u00f3 que el cargo por vulneraci\u00f3n del principio de igualdad es insuficiente, pues el actor no realiz\u00f3 un juicio integrado de igualdad, ni identific\u00f3 adecuadamente los sujetos de comparaci\u00f3n, ni la presunta desproporci\u00f3n del trato. De manera subsidiaria, solicit\u00f3 declarar la exequibilidad de la disposici\u00f3n demandada.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"2\" width=\"99\">Inexequibilidad de las normas demandadas<\/td>\n<td width=\"146\">Pontificia Universidad Javeriana<a name=\"_ftnref33\"><\/a>[33]<\/td>\n<td width=\"342\">Sostuvo que la norma incurre en una omisi\u00f3n legislativa relativa al excluir a los hijos de crianza de la legitimaci\u00f3n para solicitar judicialmente el reconocimiento del v\u00ednculo filial. Esta restricci\u00f3n vulnera los derechos a la igualdad, dignidad humana, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, pues impide a una de las partes de la relaci\u00f3n filial promover su reconocimiento y establece un trato desigual frente a otras formas de filiaci\u00f3n.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"146\">Administradora Colombiana de Pensiones &#8211; Colpensiones<a name=\"_ftnref34\"><\/a>[34]<\/td>\n<td width=\"342\">Indic\u00f3 que la norma demandada restringe injustificadamente la legitimaci\u00f3n por activa de los hijos de crianza, al impedirles promover directamente el reconocimiento de su condici\u00f3n y supeditar esta posibilidad a la iniciativa de los padres de crianza, lo que desconoce las realidades familiares y les impone cargas adicionales. Ello vulnera los art\u00edculos 1\u00ba, 4\u00ba, 13, y 229 de la Constituci\u00f3n. Por ello, solicit\u00f3 su inexequibilidad. Subsidiariamente solicit\u00f3 la exequibilidad condicionada de la norma al considerar que restringe injustificadamente la posibilidad de los hijos de crianza de obtener el reconocimiento judicial de su v\u00ednculo familiar, desconociendo los principios de igualdad, dignidad humana y acceso a la justicia.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"99\">Exequibilidad condicionada<\/td>\n<td width=\"146\">Observatorio de Intervenci\u00f3n Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre<a name=\"_ftnref35\"><\/a>[35].<\/td>\n<td width=\"342\">Consider\u00f3 que la norma incurre en una omisi\u00f3n legislativa relativa al no permitir que quienes se consideren hijos de crianza acudan directamente a la justicia. A su juicio, esto vulnera la dignidad humana, la igualdad y el acceso a la justicia, por lo que solicit\u00f3 declarar la exequibilidad condicionada de la norma, para incluir a los hijos de crianza dentro de aquellos legitimados.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"99\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"146\">Ministerio de Justicia y del Derecho<a name=\"_ftnref36\"><\/a>[36]<\/td>\n<td width=\"342\">Considerando la finalidad de la norma, orientada a proteger la autonom\u00eda de los padres de crianza, advirti\u00f3 que su aplicaci\u00f3n estricta podr\u00eda generar barreras al acceso a la justicia en casos excepcionales. Por ello, solicit\u00f3 declarar la exequibilidad condicionada, permitiendo que los hijos de crianza promuevan el proceso cuando exista fallecimiento, desaparici\u00f3n o incapacidad de los padres.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"99\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"146\">Facultad de Derecho de la Universidad del Norte<a name=\"_ftnref37\"><\/a>[37]<\/td>\n<td width=\"342\">Explic\u00f3 que la norma desconoce la igualdad entre hijos biol\u00f3gicos y de crianza y restringe el acceso efectivo a la justicia. Propuso una exequibilidad condicionada que permita a los hijos de crianza iniciar el proceso de reconocimiento, de forma an\u00e1loga a la acci\u00f3n de investigaci\u00f3n de paternidad.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"99\">&nbsp;<\/td>\n<td width=\"146\">Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana<a name=\"_ftnref38\"><\/a>[38]<\/td>\n<td width=\"342\">Sostuvo que la exclusi\u00f3n de los hijos de crianza carece de idoneidad y necesidad constitucional, pues el procedimiento ya contiene mecanismos suficientes para evitar fraudes. Consider\u00f3 que la medida vulnera la igualdad y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, por lo que pidi\u00f3 declarar la exequibilidad condicionada permitiendo que los hijos de crianza promuevan el proceso.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p>Tabla 3.<em> Postura de los intervinientes<\/em><\/p>\n<table width=\"586\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"104\"><b><strong>Postura<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"151\"><b><strong>Responsable del escrito<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"331\"><b><strong>S\u00edntesis de sus argumentos<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"3\" width=\"104\">Inexequibilidad de las normas demandadas<\/td>\n<td width=\"151\">Grupo de trabajadores de la Universidad Libre \u2013 Seccional Pereira<a name=\"_ftnref39\"><\/a><em><b><strong>[39]<\/strong><\/b><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<td width=\"331\">Coadyuv\u00f3 la demanda por considerar que la norma configura una discriminaci\u00f3n estructural por origen familiar, al limitar la legitimaci\u00f3n activa \u00fanicamente a los padres de crianza. A su juicio, la medida no supera el test de igualdad ya que excluye injustificadamente a una poblaci\u00f3n hist\u00f3ricamente invisibilizada.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"151\">Observatorio de Familias, Infancia y Adolescencia del Departamento de Derecho Civil de la Universidad del Externado<a name=\"_ftnref40\"><\/a>[40]<\/td>\n<td width=\"331\">Afirm\u00f3 que la norma vulnera el principio de igualdad, al impedir que los hijos de crianza promuevan el reconocimiento de su filiaci\u00f3n, mientras que los dem\u00e1s hijos s\u00ed pueden hacerlo conforme con el ordenamiento jur\u00eddico. Consider\u00f3 que la diferenciaci\u00f3n carece de justificaci\u00f3n constitucional.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"151\">Harold Eduardo S\u00faa Monta\u00f1a<a name=\"_ftnref41\"><\/a>[41]<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<td width=\"331\">Indic\u00f3 que el juicio de constitucionalidad debe centrarse en establecer si la disposici\u00f3n puede sostenerse dentro de un margen de razonabilidad ajustada a la finalidad que persigue. Luego se\u00f1al\u00f3 que la restricci\u00f3n limita innecesariamente el acceso a la justicia, pues el objetivo propuesto puede alcanzarse por los medios procesales ya previstos en la ley.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"104\">Integraci\u00f3n normativa derivada en una exequibilidad condicionada<\/td>\n<td width=\"151\">Cl\u00ednica Socio Jur\u00eddica de Inter\u00e9s P\u00fablico y Consultorio Jur\u00eddico de la Universidad de Caldas<a name=\"_ftnref42\"><\/a>[42]<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<td width=\"331\">Plante\u00f3 integrar la unidad normativa con disposiciones del C\u00f3digo Civil y la Ley 75 de 1968. Se\u00f1al\u00f3 que la norma genera una omisi\u00f3n legislativa relativa al dejar al hijo de crianza sin legitimaci\u00f3n procesal, lo que vulnera la igualdad y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia. Solicit\u00f3 la exequibilidad condicionada de la disposici\u00f3n que reconozca legitimaci\u00f3n tambi\u00e9n a los hijos de crianza.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Concepto del procurador general de la Naci\u00f3n<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"23\">\n<li>Mediante escrito del 15 de septiembre del 2025 el procurador general de la Naci\u00f3n alleg\u00f3 su concepto<a name=\"_ftnref43\"><\/a>[43]. En \u00e9l propuso cinco ejes tem\u00e1ticos, a saber: (i) las omisiones legislativas; (ii) el reconocimiento legal y jurisprudencial de las familias de crianza; (iii) la filiaci\u00f3n, su alcance y finalidad; (iv) los derechos al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la igualdad, y (v) la soluci\u00f3n del caso concreto.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"24\">\n<li>En relaci\u00f3n con las omisiones legislativas estableci\u00f3 que, de conformidad con los art\u00edculos 4 y 6 de la Constituci\u00f3n, el legislador debe atender y desarrollar los mandatos de rango constitucional. Por tanto, su competencia no es absoluta ni discrecional, sino que est\u00e1 sujeta al cumplimiento de deberes constitucionales espec\u00edficos. En ese marco, cit\u00f3 jurisprudencia constitucional<a name=\"_ftnref44\"><\/a>[44] seg\u00fan la cual las omisiones legislativas se configuran cuando el Congreso de la Rep\u00fablica se abstiene de expedir las disposiciones que la Carta le impone, generando un incumplimiento de sus obligaciones normativas. En este sentido, explic\u00f3 que la doctrina distingue entre omisiones (i) absolutas, cuando no existe desarrollo legal alguno del mandato constitucional, y (ii) relativas, cuando la norma expedida resulta incompleta o defectuosa por excluir un elemento esencial que impide su adecuaci\u00f3n a la Constituci\u00f3n. Estas \u00faltimas, agreg\u00f3, son susceptibles de control por v\u00eda de acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad, siempre que se cumplan los requisitos definidos por la Corte, como la existencia de una exclusi\u00f3n injustificada de casos equivalentes, la omisi\u00f3n de un deber claro del legislador y la creaci\u00f3n de una desigualdad negativa (sentencias C-351 de 2013 y C-075 de 2021).<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"25\">\n<li>En consecuencia, sostuvo que la omisi\u00f3n legislativa relativa se presenta cuando la norma infringe el principio de igualdad al excluir sin justificaci\u00f3n objetiva a ciertos sujetos o situaciones que debieran estar comprendidos en su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n, debiendo el juez constitucional, en esos casos, extender los efectos de la disposici\u00f3n a los casos omitidos (sentencias C-555 de 1994, C-864 de 2008, C-401 de 2016 y C-075 de 2021).<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"26\">\n<li>Por otra parte, el procurador general de la Naci\u00f3n resalt\u00f3 que la Corte Constitucional ha reconocido que las familias de crianza son aquellas conformadas por v\u00ednculos de afecto, respeto, solidaridad y apoyo, aunque no medien lazos consangu\u00edneos ni v\u00ednculos jur\u00eddicos<a name=\"_ftnref45\"><\/a>[45]. Destac\u00f3 que estas familias gozan de la misma protecci\u00f3n constitucional que las biol\u00f3gicas y adoptivas, de acuerdo con la jurisprudencia<a name=\"_ftnref46\"><\/a>[46] y que el ordenamiento jur\u00eddico debe ajustarse a la pluralidad de formas familiares existentes en la sociedad. En este sentido, indic\u00f3 que la Corte Constitucional ha sostenido que no puede existir trato discriminatorio hacia las familias de crianza, y ha reconocido su derecho a acceder a los mismos beneficios y garant\u00edas que las dem\u00e1s<a name=\"_ftnref47\"><\/a>[47]. De esta forma, se\u00f1al\u00f3 que, con el prop\u00f3sito de subsanar los vac\u00edos normativos, el Congreso expidi\u00f3 la Ley 2388 de 2024 que reconoci\u00f3 la figura de la familia de crianza, sus derechos, deberes y medios de prueba, conforme a los precedentes constitucionales sobre igualdad y protecci\u00f3n integral de la familia.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"27\">\n<li>Hizo referencia a la filiaci\u00f3n, su alcance y finalidad, as\u00ed como a la igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos habidos dentro y fuera del matrimonio, adoptivos o de crianza, y a que el principio de protecci\u00f3n integral de la familia impone reconocer las diversas formas de filiaci\u00f3n socialmente existentes. Identific\u00f3 que el concepto de filiaci\u00f3n debe armonizarse con los principios de igualdad, dignidad humana y reconocimiento de la personalidad, sin limitarse a par\u00e1metros biol\u00f3gicos o formales, sino que debe atender a la realidad sustancial de las relaciones familiares en el marco de una sociedad democr\u00e1tica e incluyente.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"28\">\n<li>Estableci\u00f3 que la Corte Constitucional ha reiterado que el acceso a la administraci\u00f3n de justicia debe ser real y efectivo no meramente formal<a name=\"_ftnref48\"><\/a>[48]. No obstante, precis\u00f3 que el legislador, en desarrollo de su libertad de configuraci\u00f3n normativa, puede definir los procedimientos, requisitos y sujetos habilitados para promover las acciones judiciales. De esta manera reconoci\u00f3 que \u201cest\u00e1 permitido que se limite el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, por ejemplo, a trav\u00e9s de la exigencia de requisitos de procedibilidad al aparato judicial\u201d, siempre bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad<a name=\"_ftnref49\"><\/a>[49], de tal forma que no se desnaturalice el n\u00facleo esencial del derecho fundamental<a name=\"_ftnref50\"><\/a>[50].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"29\">\n<li>Al analizar el caso concreto, afirm\u00f3 que \u201cel legislador incurri\u00f3 en una omisi\u00f3n legislativa relativa en la regulaci\u00f3n del mecanismo de reconocimiento judicial de la relaci\u00f3n filial, al excluir expresamente a los hijos de crianza como para solicitar la declaraci\u00f3n judicial de su v\u00ednculo familiar\u201d. Para el Ministerio P\u00fablico, la exclusi\u00f3n alegada afecta directamente la posibilidad del acceso a la justicia y resulta contraria al principio de igualdad y al deber estatal de brindar protecci\u00f3n integral a la familia<a name=\"_ftnref51\"><\/a>[51].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"30\">\n<li>De esta forma, identific\u00f3 que la restricci\u00f3n fue justificada por algunos legisladores como una medida para evitar lo que denominaron \u201cadopciones no consentidas\u201d, y para prevenir reclamaciones patrimoniales indeseadas que podr\u00edan desincentivar la acogida de ni\u00f1os en familias de crianza. Sin embargo, indic\u00f3 que tal justificaci\u00f3n es insuficiente, irracional y desproporcionada para restringir el derecho de acceso a la justicia de los hijos de crianza.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"31\">\n<li>Concluy\u00f3 que si bien el legislador puede establecer condiciones para el ejercicio del derecho de acci\u00f3n, la exclusi\u00f3n total de los hijos de crianza para solicitar la declaratoria judicial del v\u00ednculo familiar afecta su derecho de acceso a la justicia y el principio constitucional de igualdad, por lo que debe declararse inconstitucional. Sin embargo, para proteger los derechos fundamentales de los hijos, solicit\u00f3 condicionar el sentido de la disposici\u00f3n, de manera que \u201cles permita a los hijos de crianza acceder a la administraci\u00f3n de justicia y proteger efectivamente su derecho a la filiaci\u00f3n, en condiciones de igualdad y dignidad\u201d<a name=\"_ftnref52\"><\/a>[52].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><b><strong> CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol>\n<li><b><strong> Competencia<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"32\">\n<li>De conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 241.4 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la constitucionalidad del par\u00e1grafo 2.\u00ba del art\u00edculo 3 de la Ley 2388 de 2024.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><b><strong> Cuestiones previas<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>2.1. Solicitud de inhibici\u00f3n<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"33\">\n<li>El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar<a name=\"_ftnref53\"><\/a><sup>[53]<\/sup> solicit\u00f3 a esta corporaci\u00f3n emitir un fallo inhibitorio, pues estim\u00f3 que la demanda no cumpli\u00f3 con los requisitos de especificidad, pertinencia y suficiencia. En concreto, precis\u00f3 lo siguiente:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"34\">\n<li><em>El cargo adolece de la carga argumentativa requerida por la jurisprudencia<\/em>. Expuso el ICBF que no se cumple con el presupuesto de especificidad porque el cargo \u201cno establece un an\u00e1lisis claro de la relaci\u00f3n entre la norma acusada y los preceptos constitucionales presuntamente infringidos, ni expone un argumento que permita evidenciar o al menos poner en duda su conformidad con la Constituci\u00f3n\u201d. Sobre la falta de pertinencia indic\u00f3 que \u201cdel documento expuesto por el demandante no se desprende una contradicci\u00f3n objetiva entre la norma acusada y la Constituci\u00f3n (\u2026) la acusaci\u00f3n se fundamenta en una mera conjetura planteada por el propio demandante\u201d. Luego de citar algunos apartes de la demanda, indic\u00f3 que: \u201cDe lo anterior se desprende que el demandante se limita a formular afirmaciones generales sobre las eventuales consecuencias derivadas de la aplicaci\u00f3n de la norma acusada, las cuales, adem\u00e1s de no encontrarse debidamente demostradas, carecen de un an\u00e1lisis constitucional que permita establecer su relevancia jur\u00eddica\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"35\">\n<li>En relaci\u00f3n con el principio de igualdad, se\u00f1al\u00f3 que el actor no present\u00f3 de manera adecuada un juicio integrado de igualdad. Luego de citar algunos apartados de la correcci\u00f3n de la demanda, indic\u00f3 que el reproche ciudadano se fundamenta en el supuesto trato desigual que se aplica a los hijos de crianza en comparaci\u00f3n con los padres de crianza, puesto que los primeros no pueden iniciar el procedimiento judicial de declaraci\u00f3n de hijo de crianza, mientras que los segundos s\u00ed. Enseguida, estableci\u00f3 que el criterio de comparaci\u00f3n es la posibilidad de promover el proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria, pero que no se analiz\u00f3 si las circunstancias en las que se encuentran unos y otros son equivalentes, por lo que no se cumple la carga requerida para el desarrollo de un debate constitucional. Mas adelante, expuso que no se present\u00f3 una argumentaci\u00f3n clara sobre cu\u00e1les ser\u00edan los sujetos adecuados para establecer dicha comparaci\u00f3n. Finalmente, manifest\u00f3 que el actor no cumpli\u00f3 con la carga argumentativa necesaria para desarrollar un debate constitucional de fondo, pues no se acredit\u00f3 que la medida fuera desproporcionada o irrazonable.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"36\">\n<li>De otra parte, el interviniente present\u00f3 algunas referencias relacionadas con la protecci\u00f3n de los derechos patrimoniales y pensionales en familias de crianza y resalt\u00f3 que se trata de una situaci\u00f3n de hecho y que, por ende, sus efectos son diferentes a los que se generan de otros v\u00ednculos jur\u00eddicos. Por esa raz\u00f3n, en su sentir, cuando ocurre el deceso de los padres o del hijo de crianza se puede acudir al proceso verbal regulado en el C\u00f3digo General del Proceso (en adelante CGP). En esa misma l\u00ednea, present\u00f3 las diferencias entre el proceso de adopci\u00f3n y el reconocimiento del hijo de crianza previsto en la Ley 2388 de 2024, para concluir que la familia de crianza implica unos efectos propios y distintos a los que se generan para un ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente que se ha incorporado a una familia mediante la adopci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"37\">\n<li>Para resolver la cuesti\u00f3n de ineptitud de la demanda planteada por el ICBF, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporaci\u00f3n<a name=\"_ftnref54\"><\/a>[54], cuando los intervinientes planteen solicitudes gen\u00e9ricas acerca de la ineptitud de la demanda, porque se refieren de forma abstracta al incumplimiento de las cargas, sin exponer argumentos concretos que emanen de un examen particular sobre la acusaci\u00f3n formulada y que soporten la solicitud de inhibici\u00f3n, la Sala Plena puede avanzar con el juicio de constitucionalidad y estudiar el fondo de los cargos planteados. Al respecto, en la Sentencia C-052 de 2024<a name=\"_ftnref55\"><\/a>[55], se afirm\u00f3 que:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201c[\u2026] este Tribunal se\u00f1al\u00f3 que no caben las solicitudes gen\u00e9ricas de ineptitud de la demanda, en las que los intervinientes solo plantean un enunciado, o recurren a alegatos comunes, o se refieren de forma abstracta al incumplimiento de una o de todas las cargas necesarias para provocar un juicio de fondo, sin poner de presente argumentos concretos que se deriven de un examen particular de la acusaci\u00f3n realizada y que sirvan de soporte a la solicitud de inhibici\u00f3n\u201d<a name=\"_ftnref56\"><\/a>[56].<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"38\">\n<li>La Sala advierte que el interviniente no present\u00f3 un an\u00e1lisis adecuado que permitiera evidenciar las razones del incumplimiento sobre las condiciones de carga argumentativa, en lo que respecta a claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia del cargo presentado por el ciudadano y que se refiere a la existencia de una omisi\u00f3n legislativa relativa. En este aspecto, se resalta que aquel consider\u00f3 un entendimiento del cargo completamente ajeno al contenido en la demanda y su correcci\u00f3n, pues su razonamiento no comprendi\u00f3 el reproche a partir de la censura por omisi\u00f3n legislativa relativa (en adelante OLR), sino que asumi\u00f3 que el accionante demandaba de manera aut\u00f3noma e independiente por los principios de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, dignidad humana, igualdad y debido proceso. Adicionalmente, se observa que la discusi\u00f3n propuesta por el ICBF sobre la garant\u00eda de los derechos prestacionales y pensionales, as\u00ed como su comparaci\u00f3n con otras formas de familia, como la adoptiva, corresponden a argumentos de fondo para ser considerados en el juicio de constitucionalidad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"39\">\n<li>Sin perjuicio de lo anterior, esta Corte ha se\u00f1alado que si bien el an\u00e1lisis sobre la aptitud de la demanda debe efectuarse, en principio, en la etapa de admisibilidad, ello no impide que dicha verificaci\u00f3n se realice nuevamente al momento de dictar sentencia. Esto, pues el eventual incumplimiento de las cargas argumentativas puede no resultar evidente desde un inicio y genera dudas razonables una vez tramitado el proceso o, en aras de evitar un rigor excesivo que restrinja el ejercicio del derecho de acci\u00f3n de los ciudadanos, se opta por permitir el curso procesal y diferir el examen definitivo para la decisi\u00f3n de fondo<a name=\"_ftnref57\"><\/a>[57].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"40\">\n<li>En ese contexto, la jurisprudencia ha precisado que, a partir del desarrollo del proceso y de las intervenciones y conceptos allegados al expediente, la Sala Plena puede adelantar un an\u00e1lisis m\u00e1s riguroso y completo de los cargos formulados<a name=\"_ftnref58\"><\/a>[58]. Este examen se enmarca en una competencia amplia y aut\u00f3noma de aquella, de modo que la verificaci\u00f3n directa u oficiosa de la aptitud de la demanda no se encuentra condicionada por la suficiencia de las intervenciones que la soliciten ni por la valoraci\u00f3n preliminar realizada por el despacho sustanciador al momento de admitir la demanda<a name=\"_ftnref59\"><\/a>[59]. De otro lado, la formulaci\u00f3n de solicitudes gen\u00e9ricas de inhibici\u00f3n debe interpretarse a la luz del principio <em>pro actione<a name=\"_ftnref60\"><\/a><b><strong>[60]<\/strong><\/b><\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"41\">\n<li>Con fundamento en estas consideraciones, la Sala Plena proceder\u00e1 a examinar la aptitud de la demanda en ejercicio de su competencia para realizar dicho an\u00e1lisis en forma oficiosa.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"42\">\n<li>As\u00ed, la censura cumple con los presupuestos de aptitud para habilitar un pronunciamiento de fondo. En primer lugar, el cargo es <em>claro<\/em> porque existe un hilo conductor en la argumentaci\u00f3n que permite comprender el contenido de la censura y su justificaci\u00f3n. Particularmente, el demandante formula un argumento comprensible sobre la configuraci\u00f3n de una omisi\u00f3n legislativa relativa que impacta en los principios de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, dignidad, igualdad y supremac\u00eda constitucional. Esto porque no se permite que quien pretende el reconocimiento como hijo de crianza pueda iniciar el proceso judicial para su declaraci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"43\">\n<li>El cargo cumple con la <em>certeza<\/em>, en la medida en que la proposici\u00f3n normativa cuestionada se desprende directamente del par\u00e1grafo demandado. Si bien el demandante no examin\u00f3 la eventual existencia de otros mecanismos judiciales a los que podr\u00edan acudir los hijos o hijas de crianza para obtener la declaraci\u00f3n del v\u00ednculo familiar -en espec\u00edfico el proceso verbal previsto en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo General del Proceso, cuya procedencia para este tipo de controversias fue reconocida por la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SC1702-2025-, lo cierto es que la Ley 2388 de 2024 no estableci\u00f3 un procedimiento especial que permita a los hijos o hijas de crianza solicitar directamente dicha declaraci\u00f3n, en t\u00e9rminos similares a lo previsto para los padres o madres de crianza.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"44\">\n<li>En ese escenario, aun si se admitiera que los hijos de crianza pueden acudir ante el juez de familia mediante un proceso verbal para procurar el reconocimiento del v\u00ednculo, ello supondr\u00eda imponerles una carga procesal diferente o m\u00e1s gravosa. En efecto, tendr\u00edan que acudir a un tr\u00e1mite de naturaleza contenciosa y adversarial, en lugar del procedimiento de jurisdicci\u00f3n voluntaria dise\u00f1ado especialmente por el legislador para acceder al reconocimiento de los derechos que la propia Ley 2388 de 2024 les atribuye. Debido a ello la existencia de una v\u00eda judicial alternativa no desvirt\u00faa la certeza del cargo propuesto.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"45\">\n<li>El reproche es <em>espec\u00edfico<\/em> porque satisface la carga argumentativa m\u00ednima para estudiar de fondo una censura por omisi\u00f3n legislativa relativa, lo que descarta que se trate de un reproche por omisi\u00f3n legislativa absoluta. Para tal efecto, se debe acreditar<a name=\"_ftnref61\"><\/a>[61]: i) la norma de la cual se predica la omisi\u00f3n; ii) la existencia de un deber impuesto por el constituyente al Congreso que resulta omitido; iii) la exclusi\u00f3n de un grupo que se encuentra en situaciones similares o equiparables y que aquella carezca de raz\u00f3n suficiente y iv) la falta de justificaci\u00f3n y objetividad genera una desigualdad negativa frente a quienes se encuentran amparados por las consecuencias de la norma.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"46\">\n<li>A partir de lo anterior, se constata que el actor expuso: i) la norma de la cual se predica la omisi\u00f3n. El cargo por omisi\u00f3n legislativa relativa no se sustenta en una interpretaci\u00f3n personal, doctrinal o jurisprudencial, sino que se desprende del mandato legal expuesto en la disposici\u00f3n a trav\u00e9s de la expresi\u00f3n calificativa \u201csolo\u201d, que determina la procedencia de la acci\u00f3n \u00fanicamente cuando es iniciada por los padres de crianza.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"47\">\n<li>De otro lado, en el escrito de correcci\u00f3n se invocaron de manera amplia los derechos al debido proceso, la igualdad y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, y se mencionan algunos casos de tutela en los que se ha solicitado el reconocimiento de derechos derivados de la condici\u00f3n de hijo de crianza. Empero no se precis\u00f3 de manera espec\u00edfica el mandato constitucional directamente impuesto al legislador, que se considera incumplido. A este respecto se aludi\u00f3 al deber de garantizar la igualdad sustancial entre hijos de crianza, hijos biol\u00f3gicos e hijos adoptivos. Sin embargo, como se advirti\u00f3 previamente, una interpretaci\u00f3n integral de la acci\u00f3n constitucional basada en el principio <em>pro actione<\/em>, permite comprender que seg\u00fan el accionante el deber impuesto por el constituyente al Congreso que resulta omitido compromete el acceso a la administraci\u00f3n de justicia<a name=\"_ftnref62\"><\/a>[62] en condiciones de igualdad para quien pretende el reconocimiento de su v\u00ednculo de crianza.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"48\">\n<li>Tambi\u00e9n el actor plante\u00f3 que la exclusi\u00f3n carece de raz\u00f3n suficiente puesto que durante el tr\u00e1mite legislativo se justific\u00f3 la medida por la necesidad de que no se hiciera \u201ctrampa a la figura\u201d y se afectara a las familias adineradas con declaraciones de hijos de crianza que tuvieran impactos patrimoniales.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"49\">\n<li>Finalmente, el actor sostuvo que la situaci\u00f3n descrita genera una desigualdad negativa respecto de quienes se encuentran amparados por las consecuencias jur\u00eddicas de la norma. En particular, afirm\u00f3 que, de un lado, los padres de crianza son los \u00fanicos facultados para promover el proceso judicial correspondiente y, de otro, que los hijos de crianza se ven privados de acceder a la administraci\u00f3n de justicia en condiciones similares a la de los hijos de otras formas de filiaci\u00f3n, en la medida en que no pueden acudir al procedimiento previsto en la Ley 2388 de 2024 para obtener el reconocimiento de su v\u00ednculo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"50\">\n<li>La referida comparaci\u00f3n no aparece completamente depurada en la demanda, pues en algunos apartes se alude tanto a la situaci\u00f3n de los padres de crianza como a la de los hijos respecto de otras formas de filiaci\u00f3n. Con todo, es posible advertir que el cuestionamiento central del escrito se dirige a establecer si el legislador incurri\u00f3 en una exclusi\u00f3n injustificada al no incluir a los hijos de crianza entre las personas legitimadas para iniciar el procedimiento de jurisdicci\u00f3n voluntaria para la declaraci\u00f3n del reconocimiento de dicha condici\u00f3n. En t\u00e9rminos generales, la acusaci\u00f3n parte de la premisa de que, en el contexto de la disposici\u00f3n demandada, padres e hijos de crianza se encuentran en una situaci\u00f3n equiparable, en cuanto ambos integran el mismo v\u00ednculo familiar y poseen un inter\u00e9s jur\u00eddico directo en su reconocimiento formal. A partir de esta premisa se plantea la existencia de una desigualdad negativa derivada de que solo uno de estos sujetos -los padres de crianza- queda amparado por la consecuencia jur\u00eddica prevista en la norma, lo que acredita la especificidad del cargo planteado.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"51\">\n<li>De igual manera, la censura es <em>pertinente<\/em> porque la argumentaci\u00f3n est\u00e1 sustentada en razones de naturaleza constitucional. En este punto, se precisa que si bien el actor acude a ejemplos sobre lo que en su sentir son las barreras que tendr\u00edan las personas que buscan ser reconocidas como hijos de crianza cuando sus padres de crianza han fallecido, aquellas son circunstancias que contextualizan y fundamentan la censura por omisi\u00f3n legislativa relativa.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"52\">\n<li>Finalmente, el reproche acredita la <em>suficiencia<\/em> porque el actor present\u00f3 los argumentos que dan cuenta de la posible ocurrencia de una omisi\u00f3n legislativa relativa y que generan una duda m\u00ednima sobre la constitucionalidad de la norma acusada. En espec\u00edfico sobre la exclusi\u00f3n de los hijos de crianza para iniciar el proceso judicial de reconocimiento de su condici\u00f3n. Por lo expuesto, la Sala proceder\u00e1 a adelantar el estudio de fondo sobre la demanda en el presente expediente.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>2.2. Integraci\u00f3n de la unidad normativa<\/strong><\/b><a name=\"_ftnref63\"><\/a>[63]<\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"53\">\n<li>La Cl\u00ednica Socio Jur\u00eddica de Inter\u00e9s P\u00fablico y Consultorio Jur\u00eddico de la Universidad de Caldas indic\u00f3 que \u201cel aparte demandado bajo estudio a pesar de contar con un sentido regulador propio y aut\u00f3nomo, resulta necesario entenderlo a partir de su integraci\u00f3n con el contenido completo del precepto al que pertenece (\u2026) Por tal raz\u00f3n, frente al cargo \u00fanico formulado por el actor dentro del expediente 16166, la Corte debe proceder a extender el estudio de manera \u00edntegra al art\u00edculo tercero (3) de la Ley 2388 de 2024, conforme a lo mencionado en la Sentencia C-930 de 2009. As\u00ed, para que este \u00f3rgano pueda pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del aparte normativo acusado, se hace indispensable identificar e integrar el an\u00e1lisis al conjunto normativo del sistema, particularmente el art\u00edculo 397 del C\u00f3digo Civil<a name=\"_ftnref64\"><\/a>[64] y el art\u00edculo 4 de la Ley 75 de 1968<a name=\"_ftnref65\"><\/a>[65], que remite a su vez, al art\u00edculo 243 del C\u00f3digo Civil <a name=\"_ftnref66\"><\/a>[66], que ser\u00edan aplicables al reconocimiento del hijo de crianza.\u201d Para el interviniente, el contenido de estas normas resulta aplicable al reconocimiento del hijo de crianza y s\u00f3lo integr\u00e1ndolas para su an\u00e1lisis se podr\u00eda garantizar una decisi\u00f3n que respete los principios de coherencia normativa y seguridad jur\u00eddica, al ofrecer una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica y completa del ordenamiento jur\u00eddico aplicable.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"54\">\n<li>La integraci\u00f3n de la unidad normativa corresponde a un mecanismo excepcional<a name=\"_ftnref67\"><\/a>[67] que consiste en la \u201cfacultad (\u2026) [de] la Corte (\u2026) [para] integrar enunciados o normas no demandadas, a efectos de ejercer debidamente el control constitucional y dar una soluci\u00f3n integral a los problemas planteados por el demandante o los intervinientes\u201d<a name=\"_ftnref68\"><\/a>[68]. Tal potestad le permite a este tribunal garantizar la supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n, la coherencia del ordenamiento y la seguridad jur\u00eddica, mediante la concreci\u00f3n del principio de econom\u00eda procesal<a name=\"_ftnref69\"><\/a>[69].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"55\">\n<li>La aplicaci\u00f3n de este instituto requiere el cumplimiento de exigencias puntuales. La jurisprudencia constitucional<a name=\"_ftnref70\"><\/a>[70] ha sostenido que la integraci\u00f3n de la unidad normativa s\u00f3lo es procedente en los siguientes eventos:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>Cuando un ciudadano demanda una disposici\u00f3n que no tiene un contenido de\u00f3ntico claro o un\u00edvoco, de manera que para entenderla y aplicarla es imprescindible integrar su contenido normativo con el de otro precepto que no fue acusado. Esta causal busca delimitar la materia objeto de juzgamiento, en aras de que esta Corte pueda adoptar una decisi\u00f3n de m\u00e9rito que respete la integridad del sistema normativo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>En aquellos casos en los que la norma cuestionada est\u00e1 reproducida en otras disposiciones del ordenamiento que no fueron demandadas. Esta hip\u00f3tesis pretende evitar que un fallo de inexequibilidad resulte inocuo y constituye una medida para lograr la coherencia del sistema jur\u00eddico.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>Cuando el precepto demandado se encuentra intr\u00ednsecamente relacionado con otra norma que, a primera vista, presenta serias dudas sobre su constitucionalidad. Para que proceda la integraci\u00f3n normativa en esta \u00faltima hip\u00f3tesis, es preciso que concurran dos circunstancias: (a) que la disposici\u00f3n demandada tenga estrecha relaci\u00f3n con los preceptos que no fueron cuestionados y que conformar\u00edan la unidad normativa; y (b) que las normas que no fueron acusadas parezcan inconstitucionales<a name=\"_ftnref71\"><\/a>[71].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"56\">\n<li>La Sala advierte que en este caso no se acredit\u00f3 la necesidad de integrar la unidad normativa puesto que, como lo reconoce la propia interviniente, la norma acusada tiene un sentido regulador propio y aut\u00f3nomo. Adem\u00e1s, si bien se refirieron algunas normas que no fueron demandadas, no se justificaron las razones por las que se estar\u00eda en alguno de los tres escenarios en los que proceder\u00eda dicha figura. En efecto, se observa que las dos normas aludidas versan sobre materias que, si bien implican asuntos de la jurisdicci\u00f3n de familia, recaen sobre la posesi\u00f3n notoria del estado de hijo leg\u00edtimo y sobre el reconocimiento de los hijos biol\u00f3gicos. Las dos normas y la remisi\u00f3n normativa incluida en una de ellas, sin embargo, regulan aspectos que se relacionan con la filiaci\u00f3n como estado civil y, en esa medida, producen efectos jur\u00eddicos reservados para los procedimientos en los que se declara la existencia de un parentesco originado en los v\u00ednculos de consanguinidad y no en los de crianza. De este modo, se trata de disposiciones ajenas a la controversia constitucional planteada puntualmente en t\u00e9rminos de la existencia de una omisi\u00f3n legislativa relativa predicable en el procedimiento espec\u00edfico de declaraci\u00f3n del reconocimiento de los hijos de crianza y de la vulneraci\u00f3n del derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"57\">\n<li>En tal sentido, no se acceder\u00e1 a la solicitud de la Universidad de Caldas y se continuar\u00e1 con el estudio de fondo. Para ello, la Sala Plena formular\u00e1 el problema jur\u00eddico por resolver en el presente asunto y expondr\u00e1 la metodolog\u00eda de la decisi\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"58\">\n<li>Por otra parte, la Sala considera necesario precisar que, en el estudio del caso, se har\u00e1 referencia al derecho a la familia -consagrado en el art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica- como elemento de contexto para analizar la protecci\u00f3n constitucional de los v\u00ednculos de crianza<a name=\"_ftnref72\"><\/a>[72].<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><b><strong> Planteamiento del problema jur\u00eddico y metodolog\u00eda de la decisi\u00f3n<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"59\">\n<li>El demandante solicita declarar inconstitucional la norma acusada, porque considera que incurre en una omisi\u00f3n legislativa relativa al establecer que solo los padres de crianza pueden promover el proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria de declaraci\u00f3n de hijo de crianza. Argumenta que, por lo no regulado en la ley 2388 de 2024, quienes pretenden ser reconocidos como hijos de crianza no pueden acudir al proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria. Salvo el ICBF que solicit\u00f3 subsidiariamente la exequibilidad de la medida, los dem\u00e1s invitados e intervinientes consideraron que la norma acusada era inconstitucional por excluir a los hijos de crianza y solicitaron la inexequibilidad de la disposici\u00f3n o la exequibilidad condicionada de la norma para extender la protecci\u00f3n procesal a los hijos de crianza.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"60\">\n<li><em>Problema jur\u00eddico a resolver<\/em>. En consecuencia, el problema jur\u00eddico que debe resolver la Corte Constitucional es el siguiente: \u00bfincurri\u00f3 el legislador en una omisi\u00f3n legislativa relativa al no incorporar a los hijos de crianza para permitirles activar el procedimiento de jurisdicci\u00f3n voluntaria previsto \u00fanicamente para los padres de crianza, seg\u00fan el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 3 de la Ley 2388 de 2024, con lo que se quebrantar\u00eda el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, impact\u00e1ndose los derechos a la igualdad, la dignidad humana, la protecci\u00f3n a la familia y la supremac\u00eda constitucional?<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"61\">\n<li>Para resolver el problema jur\u00eddico referido, la Corte Constitucional abordar\u00e1 los siguientes temas: (i) las reglas jurisprudenciales relacionadas con la omisi\u00f3n legislativa relativa, (ii) el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y el margen de configuraci\u00f3n legislativa en la materia. El proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria y su aplicaci\u00f3n en cuanto al reconocimiento del hijo de crianza conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, (iii) la protecci\u00f3n constitucional de la familia de crianza y el mandato del constituyente contenido en el art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n, as\u00ed como la garant\u00eda de los derechos a la igualdad y a la dignidad humana y del principio de supremac\u00eda constitucional. Finalmente, iv) analizar\u00e1 el cargo de inconstitucionalidad para establecer la soluci\u00f3n al caso.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><b><strong> La omisi\u00f3n legislativa relativa. Reiteraci\u00f3n de jurisprudencia<\/strong><\/b><a name=\"_ftnref73\"><\/a><sup>[73]<\/sup><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"62\">\n<li>De forma reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que las omisiones legislativas ocurren \u201ccuando el legislador no cumple un deber de acci\u00f3n expresamente se\u00f1alado por el Constituyente\u201d<a name=\"_ftnref74\"><\/a><sup>[74]<\/sup>. Estas omisiones pueden ser absolutas o relativas. Las primeras \u201cconsisten en la falta total de regulaci\u00f3n normativa, referida a un aspecto cualquiera de la realidad regulable\u201d<a name=\"_ftnref75\"><\/a><sup>[75]<\/sup>. Por ende, ante la ausencia de un texto jur\u00eddico susceptible de confrontarse con el ordenamiento superior, esta Corte ha se\u00f1alado que carece de competencia para analizar este tipo de omisiones<a name=\"_ftnref76\"><\/a><sup>[76]<\/sup>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"63\">\n<li>Las segundas ocurren cuando el legislador \u201cal regular o construir una instituci\u00f3n omite una condici\u00f3n o un ingrediente que, de acuerdo con la Constituci\u00f3n, ser\u00eda exigencia esencial para armonizar con ella\u201d<a name=\"_ftnref77\"><\/a><sup>[77]<\/sup>. En otras palabras, la omisi\u00f3n relativa tiene lugar cuando al regular una materia en espec\u00edfico, ese \u00f3rgano representativo guarda silencio o no incluye una determinada previsi\u00f3n normativa que resulta indispensable para que el texto de rango legal sea compatible con la Constituci\u00f3n<a name=\"_ftnref78\"><\/a><sup>[78]<\/sup>. Por lo tanto, esta clase de omisiones pueden ser objeto de control por esta Corte al resolver las acciones de inconstitucionalidad que se presenten contra normas en las que se incurra en ellas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"64\">\n<li>La jurisprudencia constitucional<a name=\"_ftnref79\"><\/a><sup>[79]<\/sup> ha se\u00f1alado que una omisi\u00f3n legislativa relativa se configura cuando:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(i) Exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo y que \u201c(a) excluya de sus consecuencias jur\u00eddicas aquellos casos equivalentes o asimilables o, en su defecto, (b) que no incluya determinado elemento o ingrediente normativo\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(ii)\u00a0\u00a0 Exista un deber espec\u00edfico impuesto directamente por el constituyente al Congreso que resulta omitido, pues se constata que este (a) excluy\u00f3 un caso equivalente o asimilable o (b) dej\u00f3 de incluir un elemento o ingrediente normativo. Ciertamente, como lo resalt\u00f3 la Sentencia C-083 de 2018<a name=\"_ftnref80\"><\/a>[80], solo se configura tal fen\u00f3meno cuando el legislador incumple una concreta \u201cobligaci\u00f3n de hacer\u201d prevista en la Constituci\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(iii) La exclusi\u00f3n t\u00e1cita o expresa de los casos o ingredientes carezca de una raz\u00f3n suficiente. Esto \u00faltimo supone verificar si el legislador \u201ccont\u00f3 con una raz\u00f3n suficiente para omitir alg\u00fan elemento al momento de proferir la norma\u201d. En este estadio del an\u00e1lisis, la Corte debe definir si la omisi\u00f3n es producto de un ejercicio caprichoso o si, por el contrario, existen argumentos claros y precisos para obviar el aspecto que los demandantes echan de menos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(iv) \u00a0La falta de justificaci\u00f3n y objetividad de la exclusi\u00f3n genere una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"65\">\n<li>Es pertinente mencionar que esta \u00faltima exigencia es aplicable s\u00f3lo en aquellos casos en los que se afecte el principio de igualdad<a name=\"_ftnref81\"><\/a><sup>[81]<\/sup>. En otras palabras, la Corte Constitucional deber\u00e1 examinar este presupuesto \u201ccuando la norma incompleta se evidencia discriminatoria al no contemplar todas las situaciones id\u00e9nticas a la regulada, o, (\u2026) cuando no se extiende un determinado r\u00e9gimen legal a una hip\u00f3tesis material semejante a la que termina por ser \u00fanica beneficiaria del mismo\u201d<a name=\"_ftnref82\"><\/a><sup>[82]<\/sup>. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que para constatar la concurrencia de este \u00faltimo presupuesto es necesario verificar la razonabilidad de la diferencia de trato<a name=\"_ftnref83\"><\/a><sup>[83]<\/sup>. Es decir, valorar \u201c(a) si los supuestos de hecho en que se encuentran los sujetos excluidos del contenido normativo son asimilables a aquellos en que se hallan quienes s\u00ed fueron incluidos, y (b) si adoptar ese tratamiento distinto deviene necesario y proporcionado con miras a obtener un fin leg\u00edtimo\u201d<a name=\"_ftnref84\"><\/a><sup>[84]<\/sup>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"66\">\n<li>Asimismo, ante la verificaci\u00f3n de una omisi\u00f3n legislativa relativa le corresponde a esta corporaci\u00f3n, por regla general, proferir la sentencia en la que \u201cextienda las consecuencias de la norma a los supuestos excluidos de manera injustificada, es decir, (\u2026) una sentencia integradora tipo aditiva, que mantenga en el ordenamiento el contenido que, en s\u00ed mismo, no resulta contrario a la Carta, pero incorporando al mismo aquel aspecto omitido, sin el cual la disposici\u00f3n es incompatible con la Constituci\u00f3n\u201d<a name=\"_ftnref85\"><\/a><sup>[85]<\/sup>. Dicho de otro modo, la omisi\u00f3n relativa implica que se emita una sentencia integradora por la que se condicione la constitucionalidad del precepto acusado en el entendido que tambi\u00e9n comprende aquellas hip\u00f3tesis que fueron indebidamente excluidas por el legislador<a name=\"_ftnref86\"><\/a><sup>[86]<\/sup>. Esta atribuci\u00f3n se sustenta en la funci\u00f3n de la Corte Constitucional de salvaguardar la integridad del ordenamiento superior<a name=\"_ftnref87\"><\/a><sup>[87]<\/sup>. En caso de que tal soluci\u00f3n no sea admisible en virtud de la redacci\u00f3n o la coherencia de la disposici\u00f3n, verbigracia, porque la disposici\u00f3n est\u00e1 sujeta a la exclusi\u00f3n del ingrediente que se echa de menos, no habr\u00e1 otro camino que la declaratoria de inexequibilidad del precepto<a name=\"_ftnref88\"><\/a><sup>[88]<\/sup>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><b><strong> El derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justica y el margen de configuraci\u00f3n legislativa en la materia. El proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria y su aplicaci\u00f3n a efectos del reconocimiento del hijo de crianza conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"67\">\n<li>El art\u00edculo 229 de la Constituci\u00f3n ampara el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia como la facultad de todas las personas para acceder, en condiciones de igualdad, a las autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales y que tienen competencia para incidir en la definici\u00f3n de los derechos que les otorga a aquellas el ordenamiento jur\u00eddico. Este espectro del derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia permite promover la preservaci\u00f3n del orden jur\u00eddico y la adecuada protecci\u00f3n o restituci\u00f3n de los derechos e intereses leg\u00edtimos, mediante el cumplimiento estricto de los procedimientos prestablecidos y con plena observancia de las garant\u00edas sustantivas y procesales reconocidas en la Constituci\u00f3n y la ley<a name=\"_ftnref89\"><\/a>[89].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"68\">\n<li>Este derecho se erige como un pilar de todas las garant\u00edas sustanciales, pues su protecci\u00f3n y la de las formas procesales establecidas por el legislador dependen de dicho acceso\u201d<a name=\"_ftnref90\"><\/a>[90]. Se trata de una especie de puerta que permite a los interesados ventilar sus controversias ante las autoridades judiciales.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"69\">\n<li>Adem\u00e1s, su estrecho v\u00ednculo con la funci\u00f3n p\u00fablica de administraci\u00f3n de justicia impone al Estado la obligaci\u00f3n de garantizar el adecuado funcionamiento de los recursos jurisdiccionales para que la justicia tenga un car\u00e1cter real y efectivo, y no simplemente nominal. Esto supone que, bajo los par\u00e1metros de dise\u00f1o que establezca el legislador para los mecanismos judiciales, todas las personas puedan acceder a la administraci\u00f3n de justicia para lograr materializar sus derechos\u201d<a name=\"_ftnref91\"><\/a>[91].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"70\">\n<li>Por otra parte, la Corte Constitucional ha explicado que la protecci\u00f3n de este derecho tiene dos dimensiones a saber: \u201c(i) la posibilidad de acudir ante un juez o tribunal a presentar las pretensiones para la protecci\u00f3n de sus derechos o intereses y (ii) que dicho acceso a la justicia sea efectivo, al obtener la resoluci\u00f3n de fondo de las pretensiones presentadas y que la misma se pueda hacer efectiva a trav\u00e9s de su correcta ejecuci\u00f3n\u201d<a name=\"_ftnref92\"><\/a>[92]<em>.<\/em> En ese sentido, el aludido derecho se manifiesta en un primer momento como la prerrogativa de toda persona consistente en la facultad de acudir ante un juez en b\u00fasqueda de la satisfacci\u00f3n de sus derechos o intereses. Adem\u00e1s, se ha indicado que el acceso a la administraci\u00f3n de justicia involucra diferentes aristas, por ejemplo:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201c[\u2026] protege las siguientes posiciones iusfundamentales: (i) el derecho a que existan procedimientos p\u00fablicos, id\u00f3neos y efectivos que permitan la definici\u00f3n de los <u>derechos y obligaciones<\/u> de las personas; (ii) <u>el derecho de todas las personas, en las condiciones que fije la ley, a poner en funcionamiento el sistema de justicia<\/u> a fin de que las controversias sean resueltas en un plazo adecuado; (iii) el derecho a que <u>durante el curso de un proceso se asegure la igualdad de las partes<\/u> y el derecho al debido proceso; (iv) el derecho a que las decisiones judiciales sean el resultado de una motivaci\u00f3n que considere adecuadamente los argumentos de las partes; (v) el derecho a que las autoridades decreten y analicen objetivamente las pruebas aportadas al proceso; y (vi) el derecho a que las decisiones judiciales se ajusten al ordenamiento jur\u00eddico. Igualmente, este Tribunal ha sostenido que este derecho supone (vii) la vigencia de mecanismos para facilitar el acceso a la justicia por parte de los pobres. El resultado de ensamblar estas posiciones permite configurar el n\u00facleo b\u00e1sico del derecho de acceder a la administraci\u00f3n de justicia <u>cuya violaci\u00f3n resulta intolerable, incluso cuando ello tiene lugar por la actuaci\u00f3n del legislador<\/u>\u201d<a name=\"_ftnref93\"><\/a>[93] (\u00e9nfasis a\u00f1adido).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"71\">\n<li><em>El margen de configuraci\u00f3n legislativa en materia procesal<\/em>. La Corte Constitucional ha se\u00f1alado de manera reiterada en diversas providencias<a name=\"_ftnref94\"><\/a><sup>[94]<\/sup> que, conforme al art\u00edculo 150.2 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, corresponde al Congreso de la Rep\u00fablica \u201cexpedir los c\u00f3digos en todos los ramos de la legislaci\u00f3n y reformar sus disposiciones\u201d. En ejercicio de esta competencia, el legislador cuenta, por mandato constitucional, con \u201camplia libertad para definir el procedimiento en los procesos, actuaciones y acciones originadas en el derecho sustancial\u201d<a name=\"_ftnref95\"><\/a><sup>[95]<\/sup>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"72\">\n<li>Esta facultad se concreta en una amplia atribuci\u00f3n de configuraci\u00f3n normativa que le permite establecer los procedimientos judiciales y las formas propias de cada juicio<a name=\"_ftnref96\"><\/a><sup>[96]<\/sup>, a partir de la valoraci\u00f3n y determinaci\u00f3n de \u201clas etapas, caracter\u00edsticas, t\u00e9rminos y dem\u00e1s elementos que integran cada procedimiento judicial\u201d<a name=\"_ftnref97\"><\/a><sup>[97]<\/sup>. En tal sentido, el legislador goza de autonom\u00eda para organizar y estructurar los procedimientos judiciales, siempre dentro del marco de los principios constitucionales<a name=\"_ftnref98\"><\/a><sup>[98]<\/sup>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"73\">\n<li>En este \u00e1mbito opera una discrecionalidad que habilita al Congreso para escoger la v\u00eda, la forma o la actuaci\u00f3n judicial o administrativa m\u00e1s adecuada, mediante la regulaci\u00f3n procesal, con el fin de materializar valores como la justicia, la igualdad y un orden justo. A trav\u00e9s de ello se garantiza el amparo del debido proceso que comprende, entre otros, el derecho de defensa y contradicci\u00f3n, el derecho a la representaci\u00f3n judicial y a la prueba, as\u00ed como los dem\u00e1s requisitos necesarios para acceder a la administraci\u00f3n de justicia y lograr la efectividad de los derechos sustanciales en escenarios litigiosos. Dicha discrecionalidad debe ser respetada en la medida adecuada, dado que su finalidad es realizar de manera objetiva, razonable y oportuna el derecho sustancial<a name=\"_ftnref99\"><\/a><sup>[99]<\/sup>objeto de controversia o definici\u00f3n; de lo contrario, la configuraci\u00f3n legal podr\u00eda tornarse arbitraria.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"74\">\n<li>De acuerdo con la jurisprudencia de este tribunal, el margen de configuraci\u00f3n del legislador comprende, en primer lugar, la facultad de (i) determinar la estructura y las etapas de los procedimientos judiciales, as\u00ed como los t\u00e9rminos, las oportunidades procesales y las formalidades aplicables a los distintos procesos, incluidos los aspectos probatorios<a name=\"_ftnref100\"><\/a><sup>[100]<\/sup>. En segundo lugar, incluye la potestad de (ii) definir las competencias entre los diferentes entes u \u00f3rganos del Estado, cuando estas no han sido asignadas de manera expresa por la Constituci\u00f3n<a name=\"_ftnref101\"><\/a><sup>[101]<\/sup>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"75\">\n<li>A trav\u00e9s de estas atribuciones, se busca que sea el propio legislador el que establezca las reglas necesarias para garantizar la plena efectividad del derecho fundamental al debido proceso<a name=\"_ftnref102\"><\/a>[102], consagrado en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, as\u00ed como al acceso a la administraci\u00f3n de justicia previsto en el art\u00edculo 229 ibidem. De este modo, el margen de configuraci\u00f3n legislativa debe respetar el marco constitucional, los derechos fundamentales y atender los mandatos espec\u00edficos que la Constituci\u00f3n impone.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"76\">\n<li>En esa l\u00ednea, \u201c[l]a jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sido constante en manifestar que conforme a lo dispuesto en los art\u00edculos 29, 150 y 228 de la Carta Pol\u00edtica, el Legislador se haya investido de amplias facultades para configurar los procedimientos judiciales, siempre y cuando al hacerlo respete los principios y valores constitucionales y obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad\u201d<a name=\"_ftnref103\"><\/a><sup>[103]<\/sup>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"77\">\n<li><em>L\u00edmites a la facultad legislativa en materia de procedimientos judiciales. <\/em>Esta corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que, aunque el Congreso tiene el deber de expedir los c\u00f3digos y reformar sus disposiciones, no por ello en ejercicio de dicha funci\u00f3n puede desconocer la Constituci\u00f3n o vulnerar derechos fundamentales. Esa atribuci\u00f3n tiene l\u00edmites pues a pesar de que \u201c[l]as facultades que tiene el Legislador dentro de su libertad de configuraci\u00f3n legislativa son amplias [\u2026]. [\u2026], sus decisiones en materia procesal -especialmente en temas penales y civiles- deben observar los criterios de proporcionalidad, razonabilidad, protecci\u00f3n de derechos fundamentales y de prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal, para que se ajusten a los mandatos constitucionales<em>\u201d<\/em><a name=\"_ftnref104\"><\/a>[104]<em>.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"78\">\n<li>De otro lado, la Corte Constitucional ha agrupado jurisprudencialmente esos l\u00edmites en cuatro categor\u00edas principales: \u201c(i) la fijaci\u00f3n directa, por parte de la Constituci\u00f3n, de determinado recurso o tr\u00e1mite judicial; (ii) el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y particularmente de la administraci\u00f3n de justicia; (iii) la satisfacci\u00f3n de principios de razonabilidad y proporcionalidad; y (iv) la eficacia de las diferentes garant\u00edas que conforman el debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u201d<a name=\"_ftnref105\"><\/a>[105].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"79\">\n<li>A su vez, el establecimiento de normas procesales debe cumplir con criterios de proporcionalidad y razonabilidad. Esta exigencia se cumple cuando la disposici\u00f3n procedimental se fundamenta en un principio de raz\u00f3n suficiente, orientado a la realizaci\u00f3n de un fin constitucionalmente leg\u00edtimo, mediante un mecanismo jur\u00eddico id\u00f3neo para alcanzarlo y que, al mismo tiempo, no imponga una afectaci\u00f3n desproporcionada a un derecho, fin o valor constitucional, ni interfiera con su n\u00facleo esencial, de forma que permita la concreci\u00f3n de los derechos sustanciales de las personas<a name=\"_ftnref106\"><\/a>[106].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"80\">\n<li>Lo anterior se debe a que el proceso judicial constituye un instrumento para la efectividad de los derechos fundamentales. Conforme este l\u00edmite, se concluye que los procedimientos judiciales, para ser acordes con la Constituci\u00f3n, deben demostrar su compatibilidad con \u201clos principios de legalidad, contradicci\u00f3n y defensa, favorabilidad en los casos que resulte aplicable, de presunci\u00f3n de inocencia para los tr\u00e1mites propios del derecho sancionador, as\u00ed como contar con un proceso judicial sin dilaciones injustificadas y donde est\u00e9 garantizado el derecho a presentar y controvertir las pruebas, a impugnar la sentencia condenatoria y a que no se sea juzgado dos veces por el mismo hecho. Estas garant\u00edas se suman a otras, vinculadas a distintos derechos fundamentales, como son la igualdad de trato ante autoridades judiciales, la vigencia de la intimidad y la honra, la autonom\u00eda personal y la dignidad humana\u201d<a name=\"_ftnref107\"><\/a>[107].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"81\">\n<li>Con fundamento en estas premisas, la Corte Constitucional ha concluido que los l\u00edmites se\u00f1alados cumplen una doble funci\u00f3n. Por un lado, act\u00faan como directrices para la actuaci\u00f3n del legislador el cual, aun cuando dispone de un amplio margen de maniobra en el dise\u00f1o de los procedimientos judiciales, no puede desconocer las restricciones previamente expuestas. Por otro, constituyen el par\u00e1metro de constitucionalidad para examinar la validez de las regulaciones legales en materia procedimental. En consecuencia, cuando una disposici\u00f3n legal que establece un procedimiento excede tales l\u00edmites esta deviene inconstitucional.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"82\">\n<li><em>El margen de configuraci\u00f3n legislativa en material procesal &#8211; familia<\/em>. En la Sentencia C-477 de 1999 la Corte Constitucional examin\u00f3 una disposici\u00f3n del C\u00f3digo del Menor que regulaba la adopci\u00f3n por consentimiento. En esa oportunidad la Sala Plena concluy\u00f3 que restringir este mecanismo exclusivamente a las parejas casadas resultaba contrario a la Constituci\u00f3n, pues implicaba un trato discriminatorio frente a las familias conformadas por compa\u00f1eros permanentes y limitaba injustificadamente el derecho de los ni\u00f1os y ni\u00f1as a tener una familia. En consecuencia, declar\u00f3 la exequibilidad condicionada de la norma, en el entendido de que su aplicaci\u00f3n deb\u00eda extenderse tambi\u00e9n a los compa\u00f1eros permanentes que manifestaran conjuntamente su voluntad de adoptar.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"83\">\n<li>Posteriormente, en la Sentencia C-1033 de 2002 esta Corte extendi\u00f3 a los compa\u00f1eros permanentes la aplicaci\u00f3n de las normas del C\u00f3digo Civil relativas a la obligaci\u00f3n alimentaria entre c\u00f3nyuges. En dicha decisi\u00f3n, la Sala precis\u00f3 que el principio de solidaridad familiar impone, tanto en el matrimonio como en la uni\u00f3n marital de hecho, el deber de garantizar los medios de subsistencia a aquellos integrantes de la familia que no pueden procur\u00e1rselos por s\u00ed mismos. Por esta raz\u00f3n, consider\u00f3 desproporcionado establecer un tratamiento jur\u00eddico distinto en materia de alimentos \u00fanicamente con base en la forma de constituci\u00f3n del v\u00ednculo familiar.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"84\">\n<li>En el \u00e1mbito del derecho civil, las sentencias C-283 de 2011 y C-238 de 2012 extendieron a los compa\u00f1eros permanentes la aplicaci\u00f3n de las disposiciones del C\u00f3digo Civil relativas a la porci\u00f3n conyugal y a la aptitud hereditaria reconocida a los c\u00f3nyuges. La Corte Constitucional sostuvo que tanto el matrimonio como la uni\u00f3n marital de hecho responden a un proyecto de vida com\u00fan fundado en el apoyo y la ayuda mutua. En ese sentido, ante el fallecimiento de uno de los integrantes de la pareja resulta necesario garantizar un sistema de protecci\u00f3n patrimonial que asegure el sustento del c\u00f3nyuge o del compa\u00f1ero sup\u00e9rstite, evitando que la informalidad de la uni\u00f3n marital se traduzca en desprotecci\u00f3n o en la exclusi\u00f3n de las garant\u00edas patrimoniales previstas por el ordenamiento jur\u00eddico.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"85\">\n<li>En la Sentencia C-107 de 2017 la Corte Constitucional analiz\u00f3 una demanda presentada contra el art\u00edculo 4\u00ba (parcial) de la Ley 70 de 1931, \u201cpor la cual se autoriza la constituci\u00f3n de patrimonios de familia no embargables\u201d. En esa oportunidad, se se\u00f1al\u00f3 que si bien la regulaci\u00f3n de esta figura se encuentra comprendida dentro del amplio margen de configuraci\u00f3n legislativa del Congreso, dicho margen no permite establecer limitaciones o distinciones que carezcan de un fundamento constitucionalmente admisible. En el caso concreto, esta corporaci\u00f3n concluy\u00f3 que la restricci\u00f3n examinada no se sustentaba en un criterio de esa naturaleza, raz\u00f3n por la cual adopt\u00f3 un fallo de exequibilidad condicionada que extendi\u00f3 la protecci\u00f3n del patrimonio de familia a las familias extensas, de crianza y unipersonales.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"86\">\n<li>En la Sentencia C-210 de 2021 este tribunal estudi\u00f3 una demanda dirigida contra el art\u00edculo 346 (parcial) de la Ley 1564 de 2012, C\u00f3digo General del Proceso. En dicha decisi\u00f3n, la Corte concluy\u00f3 que el aparte demandado contaba con una raz\u00f3n suficiente que justificaba, desde los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, la limitaci\u00f3n al ejercicio del derecho de defensa y contradicci\u00f3n. Esta restricci\u00f3n se encontraba orientada a proteger el inter\u00e9s superior de la celeridad procesal frente a providencias interlocutorias como aquellas que inadmiten la demanda de casaci\u00f3n civil, las que no seleccionan el recurso o que lo declaran desierto.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"87\">\n<li>Posteriormente, en la Sentencia C-324 de 2021 esta Corte examin\u00f3 una demanda contra el numeral 3\u00ba (parcial) del art\u00edculo 68 de la Ley 1098 de 2006, \u201cpor la cual se expide el C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia\u201d. En esa ocasi\u00f3n se reiter\u00f3 que, aunque el legislador cuenta con un amplio espacio de configuraci\u00f3n normativa para regular instituciones relacionadas con la familia, dicho margen no es ilimitado. En particular, las medidas adoptadas deben perseguir fines constitucionalmente leg\u00edtimos, no afectar de manera desproporcionada derechos fundamentales y evitar restricciones fundadas exclusivamente en el tipo de v\u00ednculo familiar.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"88\">\n<li>Por su parte, en la Sentencia C-353 de 2022 aunque la Corte Constitucional no desarroll\u00f3 de manera extensa el alcance del margen de configuraci\u00f3n legislativa, record\u00f3 que el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia comprende la posibilidad de que toda persona pueda acudir ante los jueces, participar en un proceso y ejercer los mecanismos previstos por el ordenamiento jur\u00eddico para la defensa de sus derechos<a name=\"_ftnref108\"><\/a>[108].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"89\">\n<li>Estas decisiones evidencian que la Corte Constitucional ha reconocido un amplio margen de configuraci\u00f3n legislativa en materia procesal, espec\u00edficamente en el \u00e1mbito del derecho de familia. No obstante, tambi\u00e9n ha se\u00f1alado que las restricciones o exclusiones que el legislador establezca dentro de los procedimientos deben estar debidamente justificadas y superar un examen de razonabilidad y proporcionalidad. Por ello, la validez constitucional de tales medidas no responde a una regla uniforme aplicable a todos los casos, sino que debe evaluarse a partir de las particularidades del contexto normativo y f\u00e1ctico en el que se adoptan.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"90\">\n<li><em>El proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria.<\/em> En la Sentencia T-026 de 2014, la Corte Constitucional indic\u00f3 que este tipo de procesos no buscan resolver un litigio, ni controvertir, ni obtener un derecho, sino que se declare la existencia de una situaci\u00f3n en concreto.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"91\">\n<li>Ahora bien, respecto del reconocimiento de un v\u00ednculo de crianza, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia SC1702-2025, indic\u00f3 que este tipo de procesos puede encauzarse por dos v\u00edas judiciales<a name=\"_ftnref109\"><\/a>[109] as\u00ed:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201cSin perjuicio de lo dispuesto en el par\u00e1grafo 2.\u00ba del art\u00edculo 3 de la Ley 2388 de 2024 (\u00ab<em>En todo caso el procedimiento de la declaraci\u00f3n como hijo de crianza solo proceder\u00e1 por iniciativa voluntaria de los padres de crianza<\/em>\u00bb), debe entenderse que existen <b><strong>dos v\u00edas judiciales<\/strong><\/b> para el reconocimiento del v\u00ednculo de crianza, cada una con legitimaci\u00f3n activa diferenciada:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong><em>(i) Procedimiento de jurisdicci\u00f3n voluntaria: <\/em><\/strong><\/b>Tramitado ante el juez de familia conforme al art\u00edculo 577, numeral 13 del C\u00f3digo General del Proceso (art. 4, Ley 2388 de 2024). Esta v\u00eda procede <b><strong>exclusivamente por iniciativa de los padres de crianza<\/strong><\/b>, seg\u00fan lo estableci\u00f3 el legislador en forma expresa (art. 3, par. 2\u00b0, <em>ib.<\/em>).<\/p>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong><em>(ii) Proceso declarativo verbal:<\/em><\/strong><\/b> Tramitado ante el juez de familia, conforme a la regla residual del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo General del Proceso. Esta v\u00eda <b><strong>puede ser iniciada por el hijo de crianza<\/strong><\/b>, cuando no resulte posible acudir al tr\u00e1mite de jurisdicci\u00f3n voluntaria previamente descrito\u201d (\u00e9nfasis a\u00f1adido).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"92\">\n<li>Al respecto, dicha Corte precis\u00f3 que el hijo de crianza puede acudir al proceso declarativo verbal con base, de un lado, en que el estado civil de crianza se determina por los hechos que lo constituyen (no por meras formalidades) y, de otro, en el car\u00e1cter rec\u00edproco del derecho fundamental a tener una familia. Adicionalmente, se\u00f1al\u00f3 que si es el hijo de crianza quien promueve la declaraci\u00f3n, el est\u00e1ndar probatorio debe ser particularmente exigente. Lo anterior, porque:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201cComo quedo\u0301 sentado en la sentencia CSJ STC14680-2015, no basta con demostrar la existencia de lazos socioafectivos; es imprescindible acreditar, de manera fehaciente, los requisitos previamente rese\u00f1ados, es decir: posesi\u00f3n notoria (trato, fama, tiempo); relaci\u00f3n inexistente, insuficiente o precaria con los progenitores, y asunci\u00f3n voluntaria del rol parental \u2013am\u00e9n de consultar el inter\u00e9s superior del menor de edad\u2013.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Lo anterior con el fin de deslindar con absoluta claridad las verdaderas \u201cfamilias de crianza\u201d de aquellas situaciones en las que el cuidado del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente se brind\u00f3\u0301 en cumplimiento de un deber moral de asistencia familiar, o como expresi\u00f3n de solidaridad humana \u2013y que, por lo mismo, no tienen reconocimiento legal como estatus civil\u201d<a name=\"_ftnref110\"><\/a>[110].<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"93\">\n<li>A partir de lo anterior, la ley y la jurisprudencia han reconocido dos v\u00edas para obtener la declaraci\u00f3n de hijos e hijas de crianza. La primera, mediante un proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria que supone el consenso entre las partes; la segunda, mediante un proceso declarativo verbal, al cual puede acudir cualquiera de ellas en ausencia de dicho acuerdo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li><b><strong> La protecci\u00f3n constitucional de la familia de crianza y el mandato del constituyente contenido en el art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n. La garant\u00eda de los derechos a la igualdad y a la dignidad humana, y del principio de supremac\u00eda constitucional<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"94\">\n<li>De acuerdo con el art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica la familia es el n\u00facleo fundamental de la sociedad y, por ese motivo, es objeto de especial protecci\u00f3n por parte del Estado<a name=\"_ftnref111\"><\/a>[111]. Sobre la interpretaci\u00f3n de dicha disposici\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que de este art\u00edculo se derivan los siguientes elementos, entre otros<a name=\"_ftnref112\"><\/a>[112]: (i) no existe un \u00fanico tipo de familia, en concordancia con el principio de pluralismo; (ii) \u201c[e]l constituyente consagr\u00f3 un espacio a la familia de hecho en condiciones de igualdad con otros tipos, en desarrollo de lo dispuesto por el art\u00edculo 13 de la Carta Pol\u00edtica\u201d<a name=\"_ftnref113\"><\/a>[113]; (iii) es deber del Estado y de la sociedad garantizar la protecci\u00f3n integral a la familia; (iv) todos los hijos tienen iguales derechos y deberes; (v) la familia, como n\u00facleo fundamental de la sociedad, tiene el deber de asistir y proteger a los ni\u00f1os; y (vi) para la efectividad de los derechos constitucionales de los menores de edad, los cuales tienen car\u00e1cter prevalente, es necesaria la unidad de la familia como presupuesto indispensable.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"95\">\n<li>Dicha interpretaci\u00f3n se sustenta en diversas disposiciones de la Constituci\u00f3n, como el art\u00edculo 5\u00b0, que eleva a la categor\u00eda de principio fundamental del Estado la protecci\u00f3n de la familia como instituci\u00f3n b\u00e1sica de la sociedad; el art\u00edculo 13, en cuanto dispone que todas las personas nacen libres e iguales y que el origen familiar no puede ser factor de discriminaci\u00f3n; el art\u00edculo 15, que reconoce el derecho de las personas a su intimidad familiar e impone al Estado el deber de respetarlo y de adoptar medidas dirigidas a tal fin; el art\u00edculo 28, que garantiza el derecho de la familia a no ser molestada, salvo que medie mandamiento escrito de autoridad competente con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley; y el art\u00edculo 44, que eleva a la categor\u00eda de derecho fundamental de los ni\u00f1os el tener una familia y no ser separados de la misma, entre otros.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"96\">\n<li>La Sala Plena advierte que la consolidaci\u00f3n del desarrollo jurisprudencial sobre el alcance de la familia de crianza y su protecci\u00f3n se ha producido tanto en escenarios de control abstracto como de control concreto de constitucionalidad, evidenci\u00e1ndose una postura s\u00f3lida en torno a la garant\u00eda de los derechos que de ella emanan.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"97\">\n<li>Esta Corte ha definido el alcance del concepto de familia as\u00ed: \u201c[es] un fen\u00f3meno sociol\u00f3gico que se comprueba cuando dentro de un grupo de personas se acreditan lazos de solidaridad, amor, respeto mutuo y unidad de vida com\u00fan, construida bien por la relaci\u00f3n de pareja, la existencia de v\u00ednculos filiales o la decisi\u00f3n libre de conformar esa unidad familiar\u201d<a name=\"_ftnref114\"><\/a>[114]. De igual forma, ha sostenido que es un concepto din\u00e1mico, por lo que debe guardar correspondencia con la constante evoluci\u00f3n e interacci\u00f3n de las relaciones humanas, de modo que\u00a0\u201cno es posible fijar su alcance a partir de una concepci\u00f3n meramente formal, sino atendiendo a criterios objetivos y sustanciales surgidos de las diversas maneras que tienen las personas de relacionarse y de la solidez y fortaleza de los v\u00ednculos que puedan surgir entre ellos\u201d<a name=\"_ftnref115\"><\/a>[115].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"98\">\n<li>En consecuencia, la protecci\u00f3n constitucional de la familia, como expresi\u00f3n de la supremac\u00eda de la Carta, no se extiende solo respecto de un \u00fanico concepto o construcci\u00f3n, en tanto este amparo resulta aplicable a un sinn\u00famero de situaciones que por circunstancias de hecho se crean y que, a pesar de no contar con las formalidades jur\u00eddicas, no implican el desconocimiento de su conformaci\u00f3n. De lo anterior surge el reconocimiento y la protecci\u00f3n equitativa de las diversas modalidades de familia, lo cual encuentra sustento, adem\u00e1s, en cuatro argumentos de \u00edndole constitucional: (i) la protecci\u00f3n al derecho a la igualdad, la autonom\u00eda y el libre desarrollo de la personalidad; (ii) el derecho a la intimidad; (iii) la obligaci\u00f3n de tratamiento jur\u00eddico paritario entre los hijos y (iv) la necesidad de dotar de sentido al principio de respeto del pluralismo, como\u00a0elemento definitorio del Estado Social y Democr\u00e1tico de Derecho<a name=\"_ftnref116\"><\/a>[116].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"99\">\n<li>Al respecto, la Corte Constitucional, en la Sentencia\u00a0T-606 de 2013, precis\u00f3 que:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201ctoda norma que establezca una discriminaci\u00f3n con base en el origen familiar, es contraria a la Constituci\u00f3n, es decir, la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, lleva a concluir que la familia se protege en la medida que todos los miembros de las distintas formas de constituir esta son iguales ante el ordenamiento superior, en lo que respecta a los derechos como la seguridad social\u201d<a name=\"_ftnref117\"><\/a>[117].<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"100\">\n<li>Ahora bien, respecto de la familia de crianza esta corporaci\u00f3n ha indicado que se trata de un concepto de construcci\u00f3n jurisprudencial que tiene su origen en el art\u00edculo 42 superior y que surgi\u00f3 de las din\u00e1micas sociales cambiantes y del d\u00e9ficit de regulaci\u00f3n legislativa en torno a los v\u00ednculos familiares no jur\u00eddicos<a name=\"_ftnref118\"><\/a>[118]. En efecto, ha entendido que este tipo de familias se desarrolla bajo presupuestos de afecto, solidaridad, respeto y asistencia que se crean entre sus miembros y que \u201csurgen bajo circunstancias de facto que no se encuentran ajenas al derecho y que, por lo tanto, son susceptibles de crear consecuencias jur\u00eddicas tanto en derechos como deberes\u201d<a name=\"_ftnref119\"><\/a>[119]. De esta forma, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que las familias de crianza se originan de una relaci\u00f3n interpersonal estrecha de aprecio, acompa\u00f1amiento y apoyo continuo, tanto econ\u00f3mico como emocional<a name=\"_ftnref120\"><\/a>[120], que se evidencia por parte de la sociedad, de tal manera que quienes las integran son vistos como una familia<a name=\"_ftnref121\"><\/a>[121].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"101\">\n<li>En ese sentido, es deber del Estado velar por la protecci\u00f3n de los derechos de las familias de crianza sin discriminaci\u00f3n alguna, as\u00ed como ofrecer las mismas garant\u00edas y prerrogativas aplicables a otros tipos de familia, toda vez que, al generarse esta clase de relaciones, se crea impl\u00edcitamente en ellas la expectativa de que recibir\u00e1n el mismo trato y beneficios de una familia con lazos biol\u00f3gicos. As\u00ed, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que la protecci\u00f3n de la familia de crianza se da a trav\u00e9s de una traslaci\u00f3n de las protecciones predicables a la familia biol\u00f3gica<a name=\"_ftnref122\"><\/a>[122]. Dicha traslaci\u00f3n es el reconocimiento jur\u00eddico de un hecho social, ante la ausencia de todos o alguno de los integrantes de la familia original que se remplaza por un tercero o terceros de ser el caso. En este sentido, la Corte Constitucional determin\u00f3 que la existencia de v\u00ednculos jur\u00eddicos o consangu\u00edneos no es un presupuesto estricto para determinar la conformaci\u00f3n de la familia de crianza, sino todo lo opuesto, pues se trata de una condici\u00f3n maleable que debe analizarse conforme a las particularidades de cada caso concreto.\u00a0En efecto, en la Sentencia C-107 de 2017 se reiter\u00f3 que:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201cEsta configuraci\u00f3n del grupo familiar responde a par\u00e1metro material, basado en la identificaci\u00f3n de una comunidad conformada de manera voluntaria y en d\u00f3nde se verifiquen lazos de amor, respeto mutuo y solidaridad, relaciones que pueden o no tener fundamento en la existencia de una v\u00ednculo filial, biol\u00f3gico o propio de la pareja\u201d<a name=\"_ftnref123\"><\/a>[123].<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"102\">\n<li>Lo anterior, en la medida en que \u201cla convivencia continua, el afecto, la protecci\u00f3n, el auxilio y respeto mutuos van consolidando n\u00facleos familiares [\u2026], que el derecho no puede desconocer ni discriminar cuando se trata del reconocimiento de derechos y prerrogativas\u201d<a name=\"_ftnref124\"><\/a>[124].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"103\">\n<li>Ahora bien, esta corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha evidenciado en la materia un d\u00e9ficit de regulaci\u00f3n que restringe de manera desproporcionada el goce efectivo de derechos fundamentales, tanto de los padres como de los hijos de crianza. Algunos ejemplos se evidencian en la siguiente tabla:<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p>Tabla 4.<em> Reconocimiento jurisprudencial sobre el d\u00e9ficit de protecci\u00f3n de la familia de crianza<\/em><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"56\"><b><strong>Sentencia<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"532\"><b><strong>Consideraciones<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"56\">T-111 de 2015<a name=\"_ftnref125\"><\/a>[125]<\/td>\n<td width=\"532\">La Corte Constitucional se pronunci\u00f3 sobre el derecho a la unidad familiar de las personas privadas de libertad, en un caso en el que el centro penitenciario y carcelario neg\u00f3 la entrada y las visitas de los hijos de crianza de uno de los reclusos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Al respecto, se tuvo en cuenta que \u201cel art\u00edculo 74 de la Ley 1709 de 2014, mediante el cual se adicion\u00f3 el art\u00edculo 112A de la Ley 65 de 1993 (C\u00f3digo Penitenciario) dispuso que las personas privadas de la libertad\u00a0solo podr\u00e1n recibir visitas de ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes que sean familiares de estas en el primer grado de consanguinidad o primero civil. [\u2026] Lo anterior, es a\u00fan m\u00e1s gravoso si se tiene en cuenta que la reglamentaci\u00f3n del Inpec sobre el control del ingreso de visitas a los centros penitenciarios tampoco prev\u00e9 una situaci\u00f3n como la que se presenta en esta oportunidad\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>No obstante, la Corte estableci\u00f3 que, en el caso concreto, se demostr\u00f3 la existencia de una relaci\u00f3n afectiva y familiar entre el recluso y sus hijos de crianza, situaci\u00f3n que fue ignorada por el centro penitenciario y carcelario accionado. En efecto, indic\u00f3 que la entidad demandada \u201cno indag\u00f3 sobre la situaci\u00f3n familiar concreta del accionante, ni verific\u00f3 cu\u00e1les eran los v\u00ednculos o la relaci\u00f3n afectiva existente entre el actor, su esposa y los hijos de esta\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Por lo expuesto, entre las medidas de protecci\u00f3n adoptadas, la Corte exhort\u00f3 \u201cal Congreso de la Rep\u00fablica para que regule nuevamente la materia y contemple el supuesto f\u00e1ctico en el que,\u00a0a pesar de no existir el v\u00ednculo de consanguinidad o civil exigido en la disposici\u00f3n que se inaplica, s\u00ed se ha conformado un lazo o uni\u00f3n familiar que debe ser igualmente protegido y garantizado por el Estado, de tal forma que se garantice el derecho de los internos a la unidad familiar, as\u00ed como el de los menores a tener una familia y a no ser separado de ella\u201d.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"56\">C-107 de 2017<a name=\"_ftnref126\"><\/a>[126]<\/td>\n<td width=\"532\">La Corte Constitucional estudi\u00f3 una acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad en contra del art\u00edculo 4\u00ba (parcial) de la Ley 70 de 1931\u00a0\u201cque autoriza la constituci\u00f3n de patrimonios de familia no embargables\u201d. En particular, sobre la familia de crianza, indic\u00f3 que:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201cLas normas objeto de examen establecen que la constituci\u00f3n del patrimonio de familia puede realizarse a favor de la familia compuesta por la pareja, conformada mediante matrimonio o uni\u00f3n marital de hecho, as\u00ed como respecto de sus hijos menores de edad.\u00a0El patrimonio de familia, a su vez, puede ser constituido por los integrantes de la pareja, solicitado judicialmente por los hijos menores de edad, o definido por tercero a trav\u00e9s de donaci\u00f3n o asignaci\u00f3n testamentaria. Por ende, estas disposiciones excluyen a la familia extensa, de crianza y a la unipersonal, de la posibilidad de constituir el patrimonio de familia.\u00a0[\u2026] Esta situaci\u00f3n es contraria a la protecci\u00f3n equitativa de las diferentes modalidades de familia, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 42 C.P. En efecto, en esta decisi\u00f3n se han expuesto dos premisas definidas: (i) el patrimonio de familia es un instituto jur\u00eddico destinado a la salvaguarda de ese grupo humano, en tanto protege al inmueble que le sirve de vivienda y, por ende, de \u00e1mbito f\u00edsico para la vigencia de distintos derechos fundamentales; y (ii) que en una sociedad democr\u00e1tica respetuosa del pluralismo y del derecho a la intimidad personal o familiar, las diferentes modalidades de familia son acreedoras del mismo grado de protecci\u00f3n por parte del Estado y que no proceden diferencias de trato jur\u00eddico entre ellas, salvo que se compruebe la existencia de un criterio imperioso para ello. Esto en raz\u00f3n a que el origen familiar es un criterio sospechoso de discriminaci\u00f3n. De conformidad con estos presupuestos, la Corte advierte que no existe un motivo constitucionalmente fundado para que las familias extensas, de crianza o las unipersonales, no puedan acceder a la conformaci\u00f3n del patrimonio de familia.\u00a0A pesar que en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 42 C.P., corresponde al margen de configuraci\u00f3n legislativa la definici\u00f3n del patrimonio de familia inembargable, las distinciones legales que se realicen sobre esta materia deben ser compatibles con los par\u00e1metros expuestos.\u00a0Sobre el particular, no se evidencia ninguna raz\u00f3n que permita justificar la exclusi\u00f3n en comento\u201d.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"56\">C-085 de 2019<a name=\"_ftnref127\"><\/a>[127]<\/td>\n<td width=\"532\">La Corte Constitucional estudi\u00f3 una demanda en contra del art\u00edculo 1045 (parcial) del C\u00f3digo Civil sobre la herencia a hijos leg\u00edtimos, adoptivos y extramatrimoniales.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En este caso, esta corporaci\u00f3n reconoci\u00f3:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201cEl reconocimiento que esta Corporaci\u00f3n le ha otorgado a la\u00a0familia de crianza\u00a0no ha llegado a definir los efectos jur\u00eddicos que tiene sobre la filiaci\u00f3n y el parentesco de las personas que hacen parte de ella. En otras palabras, y en la medida que es una tarea que compete exclusivamente al legislador, no ha establecido en t\u00e9rminos generales la capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones de los hijos y padres de crianza como s\u00ed ocurre en las relaciones parentales que surgen a partir de v\u00ednculos de consanguinidad o por adopci\u00f3n. La crianza no es un hecho que la ley haya previsto como fuente de filiaci\u00f3n. Los hijos y padres de crianza carecen de mecanismos legales que acrediten su condici\u00f3n jur\u00eddica en calidad de padres e hijos. El mecanismo particular que la ley ha establecido para acreditar relaciones entre padres e hijos que no tienen un v\u00ednculo de consanguinidad es el tr\u00e1mite de adopci\u00f3n. [\u2026] Es evidente que en la legislaci\u00f3n no existe la\u00a0familia de crianza, de la cual se derivar\u00eda una relaci\u00f3n de filiaci\u00f3n, de manera que lo que se solicita no es la subsanaci\u00f3n de una\u00a0omisi\u00f3n legislativa relativa\u00a0sino de una\u00a0omisi\u00f3n legislativa absoluta, ante la cual la Corte Constitucional no tiene competencia. En consecuencia, lo procedente era la inhibici\u00f3n para emitir un fallo de fondo\u201d.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"56\">C-411 de 2025<a name=\"_ftnref128\"><\/a>[128]<\/td>\n<td width=\"532\">En este asunto, la Corte Constitucional estudi\u00f3 una acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad en contra de los art\u00edculos 414 (parcial) y 416 (parcial) del C\u00f3digo Civil. Al examinar las modificaciones incluidas en la Ley 2388 de 2024 \u201cpor medio de la cual se dictan disposiciones sobre la familia de crianza\u201d, evidenci\u00f3 que:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201cPese a que, como se vio, la ley revela espec\u00edficas pretensiones igualadoras dimanantes de los v\u00ednculos de cari\u00f1o, afecto y reciprocidad, tambi\u00e9n conserva diferencias entre una y otra forma de relacionamiento familiar. Esto \u00faltimo es advertible de cara a la naturaleza filial de los v\u00ednculos familiares. M\u00e1s de una vez esta corporaci\u00f3n ha destacado que, sin perjuicio de su reconocimiento por v\u00eda jurisprudencial, debe ser el legislador el llamado a regular los efectos civiles y tambi\u00e9n filiales de la familia de crianza. Dicho esto, hay que decir que la Ley 2833[sic] de 2024 contempla expl\u00edcitamente que una vez alcanzado el reconocimiento \u2013por sentencia judicial o por escritura p\u00fablica\u2013 de la condici\u00f3n de hijo de crianza, es menester proceder con su anotaci\u00f3n en el registro civil de las partes reconocidas. Por s\u00ed sola, esta circunstancia da cuenta de que, por disposici\u00f3n legal, la anotaci\u00f3n de la condici\u00f3n de hijo o padre de crianza supone un efecto claro en el estado civil de quien es reconocido como familiar de crianza. [\u2026] Sin desmedro de esa claridad, no se puede pasar por alto que la legislaci\u00f3n en vigor no otorga a la relaci\u00f3n de crianza la naturaleza de v\u00ednculo filial. De ese modo, sin desmedro de las garant\u00edas y prerrogativas que fueron legalmente sistematizadas y reconocidos, la Ley 2388 mantiene la distinci\u00f3n normativa entre la familia de crianza y la filiaci\u00f3n (consangu\u00ednea y civil).\u00a0As\u00ed las cosas, aunque el Congreso reconoci\u00f3 expl\u00edcitamente que la crianza constituye un estado civil aut\u00f3nomo del cual dimanan espec\u00edficos derechos y obligaciones (como lo es la alimentaria), esta condici\u00f3n no tiene la virtualidad de reemplazar la filiaci\u00f3n\u201d.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li><b><strong> An\u00e1lisis sobre la constitucionalidad de la disposici\u00f3n demandada<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"104\">\n<li>A continuaci\u00f3n, la Sala Plena adelantar\u00e1 el an\u00e1lisis de constitucionalidad sobre la medida cuestionada. Para tal efecto, en primer lugar, presentar\u00e1 el alcance de la norma acusada y, luego, examinar\u00e1 la existencia de la omisi\u00f3n legislativa relativa fundada en el acceso a la administraci\u00f3n de justicia en condiciones de igualdad que, en consecuencia, impacta los derechos a la dignidad humana y desemboca en el desconocimiento del principio de supremac\u00eda constitucional.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>7.1. Determinaci\u00f3n del alcance de la norma acusada<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"105\">\n<li>La norma acusada hace parte de la Ley 2388 de 2024 que, conforme a su art\u00edculo 1\u00ba, tiene como objeto \u201cdefinir la familia de crianza, establecer su naturaleza, determinar sus medios probatorios y reconocer derechos y obligaciones entre sus miembros.\u201d Al revisar los antecedentes legislativos, en la ponencia para primer debate en C\u00e1mara de Representantes, se aprecia que con la iniciativa que posteriormente se convirti\u00f3 en ley, se buscaba \u201celiminar el vac\u00edo normativo que existe, introduciendo en el ordenamiento jur\u00eddico el reconocimiento de las familias de crianza. Su sentido teleol\u00f3gico es reconocer (en virtud del pluralismo, de la dignidad humana y del derecho fundamental a la igualdad a no ser discriminado por el origen familiar y a tener una familia y no ser separado de ella consagrados en nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica) efectos jur\u00eddicos entre sus integrantes\u201d<a name=\"_ftnref129\"><\/a>[129].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"106\">\n<li>De igual manera, se expuso que: \u201cLa importancia de esta iniciativa es la validaci\u00f3n del sentido de pertenencia de los ni\u00f1os al n\u00facleo familiar, y la satisfacci\u00f3n de su necesidad de aceptaci\u00f3n, que es lo que define y consolida su autoestima y los elementos b\u00e1sicos de su personalidad, lo que tiene incidencia inmediata en el futuro de las sociedades y en general del pa\u00eds. Es por esta raz\u00f3n que el constituyente originario estableci\u00f3 como uno de los fines del Estado, garantizar la unidad de la familia\u201d<a name=\"_ftnref130\"><\/a>[130]. En la sesi\u00f3n plenaria de la C\u00e1mara de Representantes del 13 de marzo de 2024, el Representante a la C\u00e1mara Juli\u00e1n David L\u00f3pez Tenorio, en su condici\u00f3n de autor de la iniciativa, precis\u00f3 lo siguiente: \u201cEste proyecto de ley lo que busca es desarrollar lo que es la familia de crianza en Colombia, en \u00faltimas desarrollar nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u201d<a name=\"_ftnref131\"><\/a>[131].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"107\">\n<li>En el art\u00edculo 2\u00ba de la ley se incluyen definiciones entre las que se resaltan las siguientes:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(i)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <em>Familia de Crianza<\/em>: Aquella en la cual han surgido de hecho, y por causa de la convivencia continua, estrechos lazos de amor, afecto, apoyo, solidaridad, respeto, auxilio y ayuda mutuos entre sus integrantes propios de la relaci\u00f3n, durante un periodo de tiempo no menor a cinco (5) a\u00f1os.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(ii)\u00a0\u00a0 <em>Hijo(a) de Crianza<\/em>: Persona que ha sido acogida para su cuidado, protecci\u00f3n y educaci\u00f3n durante un periodo de tiempo no menor a cinco (5) a\u00f1os, por una familia o personas diferente a la de sus padres biol\u00f3gicos; sean estas familias consangu\u00edneas o no.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(iii) <em>Padre o Madre de Crianza<\/em>: Persona(s) que de forma voluntaria y en virtud de lazos afectivos y emotivos ha(n) acogido dentro de su n\u00facleo familiar o un menor del cual no son sus progenitores, pero que pueden tener o no una filiaci\u00f3n biol\u00f3gica, y se encargan de su protecci\u00f3n y cuidado como uno m\u00e1s de sus hijos durante un periodo de tiempo no menor a cinco (5) a\u00f1os.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"108\">\n<li>El art\u00edculo 3, en el que se encuentra la norma acusada, regula el procedimiento para la declaraci\u00f3n del reconocimiento como hijo de crianza. A tal efecto establece que aquel: i) se adelantar\u00e1 ante el juez de familia del domicilio del que pretende reconocerse como hijo de crianza; ii) se realizar\u00e1 por el procedimiento de jurisdicci\u00f3n voluntaria establecido en el C\u00f3digo General del Proceso (CGP); iii) se deben acreditar los medios probatorios establecidos en el numeral 5 de la ley; iv) es preciso la actuaci\u00f3n de un curador <em>ad litem<\/em> si dentro del tr\u00e1mite una de las partes tiene alguna limitaci\u00f3n en su capacidad. El par\u00e1grafo 1 del aludido art\u00edculo indica que v) en la sentencia de declaraci\u00f3n de hijo o nieto de crianza tambi\u00e9n se resolver\u00e1 que los declarantes o demandantes ser\u00e1n padre, madre o abuelo de crianza. De igual manera, vi) ejecutoriada la sentencia se proceder\u00e1 a su anotaci\u00f3n en el registro civil de las partes reconocidas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"109\">\n<li>De otro lado, el par\u00e1grafo 2 demandado establece que el procedimiento de declaraci\u00f3n como hijo de crianza solo proceder\u00e1 por iniciativa voluntaria de los padres de crianza. Este par\u00e1grafo fue incluido en la sesi\u00f3n plenaria de la C\u00e1mara de Representantes del 13 de marzo de 2024, a partir de la proposici\u00f3n presentada por el Representante a la C\u00e1mara Jos\u00e9 Octavio Cardona Le\u00f3n, de cuya presentaci\u00f3n se resaltan las siguientes expresiones:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201c<em>Gracias Presidente. Mire Presidente, doctor Tamayo. Yo porque estoy proponiendo, honorables Congresistas, que haya un par\u00e1grafo nuevo, porque me parece que el esp\u00edritu del proyecto es muy bueno, el esp\u00edritu del proyecto es muy noble, pero, si no se deja claro que el origen de la iniciativa de la declaratoria del hijo de crianza, solo puede estar radicado en los padres de crianza, va a ocurrir que muchas personas no le den la posibilidad a esos ni\u00f1os que van donde ellos a quedarse por temor a que el muchachito m\u00e1s adelante pida que lo declaran hijo de crianza y tengan que repartir la herencia con los dem\u00e1s hermanitos de crianza.<\/em><\/p>\n<p><em>Por eso creo que la iniciativa tiene que provenir de los padres, no de los hijos, porque podr\u00eda esto, mal manejado, doctor Tamayo, volverse una trampa, \u00bfy sabe por qu\u00e9?, porque, por ejemplo hay una familia que tiene mucho dinero y la hermana empieza a mandar el ni\u00f1o para all\u00e1 todo el tiempo y lo empieza a dejar para que \u00e9l despu\u00e9s diga, \u201cyo no soy hijo de mis pap\u00e1s que me abandonaron, sino de ellos que me criaron\u201d, y lo que usted est\u00e1 haciendo tan bueno, termina haci\u00e9ndole un da\u00f1o a muchas familias que encuentran la trampa y no lo quieren recibir.<\/em>\u201d<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"110\">\n<li>Finalmente, el par\u00e1grafo 3 del art\u00edculo 3 de la Ley 2388 de 2024 dispone que en firme la declaraci\u00f3n, la obligaci\u00f3n de la autoridad competente en asuntos de familia es realizar visitas peri\u00f3dicas por los 6 meses siguientes.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"111\">\n<li>El art\u00edculo 4 de la aludida ley contiene la modificaci\u00f3n del art\u00edculo 577 del C\u00f3digo General del Proceso respecto de los asuntos que se sujetar\u00e1n al procedimiento de jurisdicci\u00f3n voluntaria, en cuanto adiciona el numeral 13 en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cLa declaraci\u00f3n del reconocimiento de hijo (a) de enanza (sic), salvo disposici\u00f3n en contrario.\u201d En igual sentido, el art\u00edculo 5 modifica el art\u00edculo 21 de la Ley 1564 de 2012 en relaci\u00f3n con la competencia de los jueces de familia para adicionar el numeral 21 de esta manera: \u201cDe la declaraci\u00f3n como hijo\/a de crianza, as\u00ed como el reconocimiento como padre o madre de crianza\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"112\">\n<li>Las siguientes normas de la Ley 2388 de 2024 regulan materias relacionadas con: i) los medios probatorios (art. 6); ii) los efectos de la familia de crianza en las sucesiones (art. 7); iii) los hijos de crianza y los derechos de las personas privadas de la libertad (art. 8); iv) los titulares del derecho de alimentos (art. 9); v) el r\u00e9gimen de visitas de la familia de crianza (art. 10); vi) la licencia laboral remunerada por luto del hijo, padre o madre de crianza (art. 11); vii) medidas tributarias derivadas del reconocimiento de la familia de crianza (art. 12); viii) beneficiarios de pensi\u00f3n de sobrevivientes con ocasi\u00f3n del reconocimiento de la familia de crianza (art. 13) y ix) el establecimiento de que los hijos de crianza gozar\u00e1n de los mismos derechos que las normas en materia de seguridad social en salud, pensi\u00f3n y subsidio familiar reconocen a los hijos de otras formas de v\u00ednculo (art. 14).<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"113\">\n<li>Finalmente, la Sala Plena precisa que mediante Sentencia C-506 de 2025 se declararon inexequibles las expresiones \u201co escritura p\u00fablica\u201d, \u201co notario\u201d, \u201cigualmente por medio de escritura p\u00fablica\u201d y \u201csea elevado a trav\u00e9s de escritura p\u00fablica o\u201d contenidas en el art\u00edculo 3 de la Ley 2388 de 2024.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"114\">\n<li>Conforme a lo expuesto, la Sala encuentra que la norma acusada hace parte de un cuerpo normativo que tuvo como objetivo regular \u00edntegramente la familia de crianza ante el vac\u00edo normativo reconocido por el legislador y previamente evidenciado por esta Corte. En tal escenario, fue regulado el mecanismo judicial para el reconocimiento de la condici\u00f3n de hijo de crianza mediante el proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria, para lo cual se establecieron est\u00e1ndares probatorios y adecuaci\u00f3n normativa respecto al C\u00f3digo General del Proceso (CGP). Es en ese \u00e1mbito en el cual opera la disposici\u00f3n censurada, la cual otorga la posibilidad de acudir a dicha v\u00eda judicial solo a los padres de crianza y no a los hijos de crianza. Con ocasi\u00f3n de la Sentencia C-506 de 2025, el procedimiento notarial fue declarado inexequible.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>7.2. Verificaci\u00f3n de la configuraci\u00f3n de la omisi\u00f3n legislativa relativa alegada<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"115\">\n<li><em>El legislador incurri\u00f3 en una omisi\u00f3n legislativa relativa al no incluir a los hijos de crianza como habilitados para iniciar el proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria para obtener la declaratoria como tales. <\/em>En el caso concreto, la Sala encuentra que se configur\u00f3 la omisi\u00f3n legislativa relativa alegada con la que se desconoce el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y los principios de igualdad, dignidad humana y supremac\u00eda constitucional. Lo anterior, porque est\u00e1n acreditados los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional al efecto, as\u00ed:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><b><strong>a) La omisi\u00f3n se predica respecto de una norma existente en el ordenamiento jur\u00eddico<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"116\">\n<li>El cargo propuesto se predica del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 3 de la Ley 2388 de 2024, el cual regula qui\u00e9n est\u00e1 habilitado para promover el proceso de declaraci\u00f3n de hijo de crianza y se\u00f1ala que \u00fanicamente los padres de crianza podr\u00e1n acceder al procedimiento espec\u00edfico dispuesto en la norma. Por su parte, el reproche se dirige a establecer que el legislador omiti\u00f3 incluir expresamente a los hijos de crianza para acudir a dicho proceso judicial para obtener la declaraci\u00f3n referida. Esta norma vigente excluye de sus consecuencias jur\u00eddicas a los hijos de crianza, un conjunto de sujetos que tienen el inter\u00e9s leg\u00edtimo de (i) ser parte en el proceso, (ii) activar la funci\u00f3n jurisdiccional para (iii) obtener el reconocimiento del v\u00ednculo de crianza y, de esta manera, (iv) gozar de garant\u00edas y beneficios establecidos en su favor y que s\u00f3lo pueden recibir en virtud del procedimiento que se les impide iniciar. De otra parte, la omisi\u00f3n alegada es de car\u00e1cter relativo, por cuanto no se cuestiona la completa inactividad del legislador.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><b><strong>b) La disposici\u00f3n excluye de las consecuencias jur\u00eddicas previstas a sujetos que se encuentran en situaciones equivalentes<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"117\">\n<li>La Sala observa que la norma objeto de estudio expresamente establece las personas que pueden promover el proceso de declaraci\u00f3n de hijo de crianza, refiriendo \u00fanicamente a los padres de crianza. Tal situaci\u00f3n permite evidenciar que la disposici\u00f3n atacada es infrainclusiva porque no comprende a los hijos de crianza para iniciar dicho proceso judicial, a pesar de que el mencionado tr\u00e1mite tiene como finalidad el reconocimiento de su estatus como hijo de crianza. En otras palabras, est\u00e1n excluidos para promover el proceso los destinatarios directos de la declaraci\u00f3n que se pretende y pese al car\u00e1cter relacional y bilateral del v\u00ednculo de familia de que se trata.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"118\">\n<li>La Sala estima que los hijos de crianza se encuentran en una situaci\u00f3n equivalente a la de los padres de crianza para efectos de promover el proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria dirigido al reconocimiento de dicho v\u00ednculo. En efecto, ambos participan en la relaci\u00f3n familiar, comparten un inter\u00e9s jur\u00eddico directo en su formalizaci\u00f3n ante la jurisdicci\u00f3n y cuentan con la aptitud para ser partes en el proceso. En efecto, la familia de crianza se funda en un v\u00ednculo relacional, bilateral y rec\u00edproco, construido a partir de la voluntad libre de quienes la integran y orientado al desarrollo de un proyecto de vida com\u00fan. Por esta raz\u00f3n, tanto padres como hijos de crianza se encuentran en una posici\u00f3n comparable para acudir a los mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico -en este caso, frente a la administraci\u00f3n de justicia en condiciones de igualdad- con el prop\u00f3sito de obtener el reconocimiento del v\u00ednculo familiar regulado por la Ley 2388 de 2024.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"119\">\n<li>Tal y como se expuso previamente, en el proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria quien lo promueve busca la producci\u00f3n de efectos jur\u00eddicos respecto de situaciones en las que tiene un inter\u00e9s y procura la posibilidad de ser parte. En este caso, quienes persiguen el reconocimiento de hijos de crianza procuran darle certeza jur\u00eddica a su condici\u00f3n y a los derechos que de ella se derivan. Esta finalidad es asimilable a la de los padres de crianza, quienes tambi\u00e9n buscan dar certeza al v\u00ednculo frente a quienes reconocen como hijos. La equivalencia deriva principalmente de la condici\u00f3n relacional de la familia, que supone por esencia un trato rec\u00edproco y bilateral, sin que pueda entenderse como exclusivamente dependiente del arbitrio de quien funge como padre\/madre de crianza. En consecuencia, ambas partes del v\u00ednculo familiar cuentan con un inter\u00e9s procesal en la declaraci\u00f3n de este y con la capacidad para ser extremos del proceso, aun cuando el legislador solo haya reconocido esta posibilidad a los padres.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"120\">\n<li>En suma, la Sala Plena advierte que la norma excluye a los hijos de crianza de la posibilidad de acceder a la administraci\u00f3n de justicia para promover el reconocimiento del v\u00ednculo familiar, a pesar de encontrarse en una situaci\u00f3n comparable a la de los padres de crianza, a partir de la naturaleza de aquel y del inter\u00e9s jur\u00eddico que les asiste, as\u00ed como del surgimiento de derechos y obligaciones rec\u00edprocas con ocasi\u00f3n del reconocimiento y declaraci\u00f3n de la configuraci\u00f3n de una familia de crianza, que no se conforma unilateralmente, sino que corresponde a la voluntad mancomunada de sus integrantes, quienes establecen v\u00ednculos afectivos comunes y rec\u00edprocos en el tiempo y con impacto social.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><b><strong>c) Existen deberes espec\u00edficos impuestos por el constituyente al Congreso de la Rep\u00fablica que resultan desconocidos con ocasi\u00f3n de la exclusi\u00f3n identificada<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"121\">\n<li>A juicio de esta Corte la exclusi\u00f3n identificada anteriormente incumple mandatos impuestos por el constituyente al legislador, espec\u00edficamente aquellos dirigidos a materializar la protecci\u00f3n de todas las formas de familia, la igualdad y la dignidad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"122\">\n<li>En efecto, la Sala Plena reitera que la protecci\u00f3n de la familia de crianza se ha construido jurisprudencialmente con fundamento en los mandatos contenidos en los art\u00edculos 42, 23 y 15 superiores. En la Sentencia C-107 de 2017, la Corte Constitucional indic\u00f3 que de acuerdo con el art\u00edculo 42 de la Carta, la familia es el n\u00facleo fundamental de la sociedad y que se conforma por v\u00ednculos naturales y jur\u00eddicos, por la decisi\u00f3n libre de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. En tal sentido: \u201c[e]stas diferentes modalidades de familia son todas ellas equivalentes respecto de la protecci\u00f3n constitucional que se les prodiga, cuyos componentes tambi\u00e9n est\u00e1n establecidos en la citada norma superior.\u201d<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"123\">\n<li>De esta manera, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que se trata de la protecci\u00f3n de la familia como fen\u00f3meno sociol\u00f3gico que se manifiesta con una comunidad de vida de un grupo que tiene \u201clazos de solidaridad, amor, respeto mutuo y unidad de vida com\u00fan\u201d. Se resalta como elemento importante que esta familia no surge de decisiones unilaterales, por ejemplo, del padre o madre o del hijo, sino que se configura por una decisi\u00f3n libre y bidireccional de las personas que conforman el grupo, en cuanto querer conformar una familia y expresarlo a trav\u00e9s de lazos afectivos y efectivos con impacto social. En otras palabras, la voluntad de una persona no configura por s\u00ed misma la existencia de la familia de crianza, pues esta requiere una voluntad mancomunada de sus integrantes, ligados por la unidad de vida o de destino que los vincula \u00edntimamente y a trav\u00e9s de la expresi\u00f3n de la libertad de afectos y emociones que les permite el desarrollo de sus proyectos de vida.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"124\">\n<li>Como lo ha explicado esta Corte, \u201cla Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, no solo protege un \u00fanico concepto de familia, en tanto esta protecci\u00f3n se extiende a un sinn\u00famero de situaciones que por circunstancias de hecho se crean y que a pesar de no contar con las formalidades jur\u00eddicas, no implica el desconocimiento como familia. Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que los lazos de afecto, solidaridad, respeto y asistencia que sea crean entre padres e hijos de crianza, son circunstancias de facto que no se encuentran ajenas al derecho y que por lo tanto, son susceptibles de crear consecuencias jur\u00eddicas tanto en derechos como deberes.\u201d<a name=\"_ftnref132\"><\/a><sup>[132]<\/sup><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"125\">\n<li>Ahora bien, la Sentencia C-107 de 2017 identific\u00f3 que existe un mandato constitucional de protecci\u00f3n a cualquier forma de familia que se sustenta en cuatro razones superiores: \u201c(i) la protecci\u00f3n del derecho a la igualdad, la autonom\u00eda y el libre desarrollo de la personalidad; (ii) la vigencia del derecho a la intimidad; (iii) la obligaci\u00f3n de tratamiento jur\u00eddico paritario entre los hijos; y (iv) la necesidad de dotar de sentido al principio de respeto del pluralismo.\u201d<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"126\">\n<li>En ese sentido, en la mencionada providencia se advirti\u00f3 que la desprotecci\u00f3n jur\u00eddica a determinadas formas de familia no solo es un tratamiento discriminatorio, sino que tambi\u00e9n configura una intromisi\u00f3n inv\u00e1lida en la intimidad familiar, lo que afecta la dignidad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"127\">\n<li>En materia de igualdad, este tribunal ha afirmado que \u201cla necesidad de otorgar el mismo nivel de protecci\u00f3n a las diferentes modalidades de familia, se explica en que las personas que las integran tambi\u00e9n deben recibir el mismo tratamiento, as\u00ed como las salvaguardas que les confiere el orden jur\u00eddico, pues de lo contrario se estar\u00edan planteando diferencias fundadas en el tipo de filiaci\u00f3n, que son constitucionalmente inadmisibles\u201d<a name=\"_ftnref133\"><\/a>[133].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"128\">\n<li>En conclusi\u00f3n, existe un ineludible mandato del constituyente al legislador para la protecci\u00f3n de la familia en cualquiera de sus manifestaciones sociol\u00f3gicas. Tal protecci\u00f3n es multidimensional porque abarca la garant\u00eda de derechos que interact\u00faan como el acceso a la justicia, la igualdad, la dignidad humana, la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad y, adem\u00e1s, comprende derechos en otros escenarios relacionados con las salvaguardas del ordenamiento jur\u00eddico, no solo frente a otras familias, sino tambi\u00e9n para sus miembros. En este punto, resulta evidente que existe un mandato respecto de la garant\u00eda de acceso por parte de los miembros de la familia de crianza a los diferentes mecanismos judiciales de protecci\u00f3n, lo que comprende tambi\u00e9n el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia en condiciones de igualdad. En otras palabras, la realizaci\u00f3n de los mandatos del constituyente al legislador en materia de protecci\u00f3n a la familia en general y a aquella de crianza en particular, tambi\u00e9n comprende la posibilidad para sus miembros de acudir a la administraci\u00f3n de justicia garantizando condiciones sim\u00e9tricas y proporcionadas para procurar la garant\u00eda de los derechos derivados del reconocimiento de aquella.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><b><strong>d) La exclusi\u00f3n identificada carece de justificaci\u00f3n suficiente<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"129\">\n<li>La Sala advierte que la exclusi\u00f3n de los hijos de crianza de la posibilidad de promover la declaraci\u00f3n de este v\u00ednculo por medio del proceso establecido espec\u00edficamente por el legislador carece de una justificaci\u00f3n constitucional suficiente. Durante el tr\u00e1mite legislativo se sugirieron dos razones principales para sustentar dicha restricci\u00f3n: (i) la idea de que el reconocimiento de la relaci\u00f3n de crianza constituye un acto unilateral del padre o madre de crianza, entendido como una concesi\u00f3n o gesto voluntario, y no como una relaci\u00f3n familiar construida rec\u00edprocamente; y (ii) la preocupaci\u00f3n por eventuales abusos de la figura con fines patrimoniales, particularmente en materia sucesoral.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"130\">\n<li>No obstante, la Sala encuentra que tales razones no constituyen un fundamento constitucionalmente v\u00e1lido para excluir a los hijos de crianza del acceso al mecanismo judicial previsto por la Ley 2388 de 2024. En primer lugar, la argumentaci\u00f3n parte de un entendimiento equivocado sobre el alcance del procedimiento, pues la sola presentaci\u00f3n de la solicitud no produce autom\u00e1ticamente el reconocimiento del v\u00ednculo familiar. En efecto, dicha determinaci\u00f3n corresponde al juez de familia, autoridad que debe verificar la existencia de la relaci\u00f3n de crianza, conforme a los criterios probatorios previstos en la ley y mediante el tr\u00e1mite establecido en el C\u00f3digo General del Proceso. En consecuencia, cualquier intento de abuso de la figura puede ser examinado y descartado dentro del proceso judicial.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"131\">\n<li>Adicionalmente, el reconocimiento del v\u00ednculo de crianza no constituye un acto unilateral ni de mera liberalidad. Por el contrario, corresponde a una relaci\u00f3n familiar que se configura a partir de la construcci\u00f3n progresiva de lazos de afecto, solidaridad y apoyo mutuo, con impacto social. Esta genera efectos jur\u00eddicos rec\u00edprocos para quienes la consolidan. As\u00ed, el reconocimiento como hijo de crianza tambi\u00e9n produce consecuencias jur\u00eddicas respecto de los padres de crianza, quienes adquieren derechos y asumen deberes conforme lo dispuesto por la Ley 2388 de 2024, entre ellos los que se refieren asuntos sucesorales, alimentarios, de seguridad social y de visitas carcelarias.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"132\">\n<li>Por lo tanto, si el legislador estim\u00f3 que el eventual acceso a los beneficios derivados del reconocimiento del v\u00ednculo de crianza podr\u00eda dar lugar a abusos, dicha preocupaci\u00f3n no justifica restringir el acceso al proceso \u00fanicamente para uno de los sujetos que integran la relaci\u00f3n familiar. En efecto, el riesgo de un uso indebido de la figura no se predica exclusivamente de los hijos de crianza. Podr\u00eda presentarse la situaci\u00f3n inversa, conforme la cual un padre de crianza promueva el proceso sin el consentimiento o incluso en contra de la voluntad del hijo, con el prop\u00f3sito de obtener determinados beneficios o de imponerle eventuales cargas, sin que exista un verdadero v\u00ednculo de crianza construido rec\u00edprocamente.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"133\">\n<li>En este sentido, el potencial abuso de la figura podr\u00eda provenir tanto de quien se presenta como hijo de crianza como de quien act\u00faa como padre o madre de crianza. Por ello, la restricci\u00f3n impuesta por el legislador resulta no solo desproporcionada, sino tambi\u00e9n incongruente con el prop\u00f3sito que pretende alcanzar, pues no elimina el riesgo que busca prevenir, sino que lo presume \u00fanicamente frente a una de las partes del v\u00ednculo familiar. En consecuencia, la medida no constituye un mecanismo adecuado para evitar eventuales abusos y termina generando una limitaci\u00f3n injustificada al acceso a la administraci\u00f3n de justicia en condiciones de igualdad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"134\">\n<li>Debido a lo anterior, las razones invocadas en el debate legislativo no resultan constitucionalmente admisibles para justificar la exclusi\u00f3n analizada, dado que parten de una concepci\u00f3n de la familia que no se ajusta al modelo reconocido por la Constituci\u00f3n, conforme al cual las relaciones familiares se fundan en la libre decisi\u00f3n de sus integrantes y en la construcci\u00f3n conjunta de v\u00ednculos afectivos. Bajo este enfoque, no resulta razonable negar a los hijos de crianza la posibilidad de acudir al mecanismo judicial previsto para el reconocimiento de un v\u00ednculo familiar del cual son parte.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"135\">\n<li>Adem\u00e1s, la Sala precisa que su an\u00e1lisis parte del reconocimiento de la presunci\u00f3n de buena fe<a name=\"_ftnref134\"><\/a>[134] del legislador, conforme a la cual las decisiones adoptadas por el Congreso de la Rep\u00fablica se entienden orientadas a la realizaci\u00f3n de fines constitucionalmente admisibles y al desarrollo de los mandatos superiores. Con todo, se trata de una presunci\u00f3n <em>iuris tantum<\/em>, que cede cuando, una vez examinada la regulaci\u00f3n, se acredita que esta no satisface los presupuestos constitucionales que le son exigibles. En el caso concreto, si bien las razones expuestas durante el tr\u00e1mite legislativo permiten advertir un prop\u00f3sito plausible -asociado a prevenir eventuales abusos en el reconocimiento del v\u00ednculo de crianza-, el an\u00e1lisis de la medida revela que la restricci\u00f3n adoptada no guarda relaci\u00f3n de adecuaci\u00f3n con la finalidad invocada y descansa, adem\u00e1s, sobre una concepci\u00f3n de la familia incompatible con el modelo pluralista consagrado en la Constituci\u00f3n. En consecuencia, la presunci\u00f3n de buena fe del legislador, lejos de blindar la disposici\u00f3n frente al control constitucional, queda desvirtuada en este asunto, pues la exclusi\u00f3n analizada carece de un fundamento constitucionalmente suficiente que justifique el trato diferenciado impuesto a los hijos de crianza.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"136\">\n<li>De otro lado, desde la perspectiva del acceso a la administraci\u00f3n de justicia en condiciones de igualdad, la exclusi\u00f3n resulta particularmente problem\u00e1tica. Si bien el proceso especial de jurisdicci\u00f3n voluntaria previsto en el art\u00edculo 3 de la Ley 2388 de 2024 no constituye el \u00fanico mecanismo judicial para declarar la existencia del v\u00ednculo de crianza -pues tambi\u00e9n podr\u00eda acudirse al proceso verbal como lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia-, lo cierto es que el legislador dise\u00f1\u00f3 aquel procedimiento especial por la v\u00eda de la jurisdicci\u00f3n voluntaria para el reconocimiento de esta relaci\u00f3n familiar, en el \u00e1mbito de una ley que busc\u00f3 garantizar los derechos de quienes la conforman. En ese contexto, limitar la posibilidad de promoverlo \u00fanicamente a los padres de crianza implica una restricci\u00f3n injustificada para los hijos de crianza, quienes tambi\u00e9n forman parte del v\u00ednculo cuya declaraci\u00f3n se pretende.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"137\">\n<li>En este punto, la Sala reitera que la existencia de un procedimiento general y residual, como el proceso verbal, no subsana la omisi\u00f3n legislativa relativa demandada ni garantiza el acceso a la administraci\u00f3n de justicia en condiciones de igualdad. Ello se debe a que aquel proceso tiene una naturaleza contenciosa y no fue concebido espec\u00edficamente para el reconocimiento del v\u00ednculo de crianza. Por el contrario, el legislador decidi\u00f3 aplicar para este prop\u00f3sito un procedimiento espec\u00edfico de jurisdicci\u00f3n voluntaria, cuyo ejercicio circunscribi\u00f3 \u00fanicamente a los padres de crianza. En consecuencia, exigir a los hijos de crianza acudir a un proceso distinto, de car\u00e1cter adversarial y no previsto expresamente para este tipo de reconocimiento, introduce una carga procesal adicional y diferencial que evidencia y profundiza la desigualdad entre los sujetos que integran la relaci\u00f3n jur\u00eddico-filial.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"138\">\n<li>Esta restricci\u00f3n, adem\u00e1s, desnaturaliza el concepto mismo de familia de crianza, al entender a esta derivada de una suerte de reconocimiento unilateral o de dispensa otorgada por el padre o la madre de crianza a favor de la hija o del hijo. Sin embargo, conforme a la definici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 2 de la Ley 2388 de 2024 y a los par\u00e1metros constitucionales se\u00f1alados, la familia de crianza surge de la convivencia continua y de la existencia de lazos de amor, afecto, apoyo, solidaridad, respeto, auxilio y ayuda mutuos entre sus integrantes. Se trata, por tanto, de una relaci\u00f3n construida rec\u00edprocamente a lo largo del tiempo, fundada en la concurrencia de voluntades y en el desarrollo progresivo de v\u00ednculos afectivos y solidarios entre quienes la integran, con impacto social.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"139\">\n<li>Desde esta perspectiva, el reconocimiento jur\u00eddico de dicho v\u00ednculo no puede depender exclusivamente de la iniciativa procesal de uno de sus miembros. La realidad sustancial de la relaci\u00f3n de crianza existe con independencia de quien promueva el proceso judicial. Por ello, restringir la posibilidad de iniciar el proceso espec\u00edficamente establecido para el efecto \u00fanicamente a los padres de crianza implica privilegiar un aspecto formal sobre la realidad material del v\u00ednculo familiar cuya existencia se pretende reconocer. En consecuencia, una regulaci\u00f3n que impide a los hijos de crianza acudir directamente ante la jurisdicci\u00f3n para solicitar dicha declaratoria introduce una limitaci\u00f3n injustificada al acceso a la administraci\u00f3n de justicia en condiciones de igualdad, frente a una relaci\u00f3n familiar que tambi\u00e9n concierne de manera directa a los hijos, en la misma proporci\u00f3n que a los padres de crianza.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><b><strong>e) La falta de justificaci\u00f3n y objetividad de la exclusi\u00f3n genera una desigualdad negativa<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"140\">\n<li>La Sala advierte que la exclusi\u00f3n de los hijos de crianza para promover el proceso de reconocimiento del v\u00ednculo familiar se sustenta en un criterio sospechoso de discriminaci\u00f3n basado en el origen familiar. La jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que la familia en el ordenamiento colombiano se concibe desde una perspectiva pluralista, en la que se reconocen diversas formas para su constituci\u00f3n -como el matrimonio, la uni\u00f3n marital de hecho, la adopci\u00f3n o los v\u00ednculos de crianza-, todas ellas merecedoras de igual protecci\u00f3n constitucional. En ese sentido, todo tratamiento jur\u00eddico diferenciado que tenga como fundamento el tipo de v\u00ednculo familiar o la forma de filiaci\u00f3n debe ser examinado con especial rigor. Bajo este marco, impedir que los hijos de crianza acudan directamente a la jurisdicci\u00f3n para solicitar el reconocimiento de una relaci\u00f3n familiar que los involucra, constituye una medida que introduce una distinci\u00f3n basada en su origen familiar, sin que se advierta una raz\u00f3n constitucional imperiosa que la justifique.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"141\">\n<li>Esta conclusi\u00f3n se refuerza al analizar los argumentos expuestos durante el tr\u00e1mite legislativo, en los cuales se plante\u00f3 que el reconocimiento del v\u00ednculo deb\u00eda depender exclusivamente de la voluntad del padre de crianza, dando a entender que quienes buscan ser reconocidos como hijos de crianza podr\u00edan hacerlo con fines defraudatorios o patrimoniales. Tales afirmaciones reflejan prejuicios asociados a esta forma de familia y presumen, sin fundamento, una finalidad indebida en quienes pretenden el reconocimiento judicial del v\u00ednculo. De esta manera, la exclusi\u00f3n normativa se apoya en estereotipos sobre el origen familiar de los hijos de crianza, lo que resulta incompatible con la prohibici\u00f3n constitucional de discriminaci\u00f3n, con el mandato de protecci\u00f3n igualitaria de todas las formas de familia y, en este caso espec\u00edfico, con la garant\u00eda de acceso a la administraci\u00f3n de justicia de la que deben gozar todas las personas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"142\">\n<li>En concreto, la Sala encuentra que la exclusi\u00f3n de los hijos de crianza de la posibilidad de promover el proceso judicial previsto en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 3 de la Ley 2388 de 2024 no persigue un fin constitucional imperioso ni cuenta con una justificaci\u00f3n razonable. En cambio, dicha restricci\u00f3n limita injustificadamente el acceso a la administraci\u00f3n de justicia en condiciones de igualdad y se sustenta en consideraciones que desconocen el car\u00e1cter relacional de la familia de crianza y el mandato constitucional de protecci\u00f3n de las diversas formas de familia. En consecuencia, la medida genera un d\u00e9ficit de protecci\u00f3n incompatible con el acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia en condiciones de igualdad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"143\">\n<li><em>Conclusi\u00f3n<\/em>. As\u00ed las cosas, la Sala considera que al no haberse demostrado que la exclusi\u00f3n de los hijos de crianza para promover el proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria para el reconocimiento de dicha relaci\u00f3n se hubiera basado en la realizaci\u00f3n de un fin constitucionalmente imperioso, la exclusi\u00f3n de aquel extremo procesal resulta incompatible con el mandato constitucional de acceso a la administraci\u00f3n de justicia en condiciones de igualdad para la protecci\u00f3n de la familia, pues aquella determinaci\u00f3n se bas\u00f3 en un criterio sospechoso de discriminaci\u00f3n a partir del origen familiar, que impacta la dignidad humana y la supremac\u00eda constitucional. Ello releva a la Sala de considerar la conducencia, necesidad y proporcionalidad de la medida en el presente asunto.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li><b><strong> Remedio constitucional<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"144\">\n<li>Como consecuencia de la configuraci\u00f3n de una omisi\u00f3n legislativa relativa contraria a la Constituci\u00f3n, le corresponde a esta Corte determinar el remedio que debe adoptar en el caso. Como se advirti\u00f3 previamente, esta corporaci\u00f3n ha establecido que, por regla general, frente a la ocurrencia de omisiones legislativas relativas procede dictar una sentencia integradora aditiva, que, si bien conserva en el ordenamiento jur\u00eddico el contenido demandado, le incorpora el aspecto omitido, de tal manera que la disposici\u00f3n sea compatible con la Constituci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"145\">\n<li>En este evento se requiere aplicar dicho remedio constitucional, el cual es el adoptado generalmente y responde al principio de conservaci\u00f3n del derecho, siendo deferente con la voluntad del legislador. Por tal raz\u00f3n, la Corte condicionar\u00e1 la constitucionalidad de la norma acusada en el entendido de que el procedimiento previsto para la declaraci\u00f3n de hijo\/hija de crianza tambi\u00e9n podr\u00e1 ser promovido por quienes pretendan su reconocimiento como tales.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"146\">\n<li>Finalmente, considera esta Corte a partir del an\u00e1lisis realizado que corresponde al Congreso de la Rep\u00fablica efectuar el seguimiento sobre el alcance y aplicaci\u00f3n de la normativa procesal adoptada en la materia debatida, as\u00ed como evaluar los ajustes y actualizaciones que considere pertinentes para garantizar el acceso a la administraci\u00f3n de justicia de quienes conforman las familias de crianza, teniendo en cuenta sus espec\u00edficas condiciones y la realizaci\u00f3n de los fines superiores aplicables, conforme los criterios se\u00f1alados en esta providencia.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol>\n<li><b><strong> DECISI\u00d3N<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p>En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Constitucional de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n,<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>RESUELVE<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>\u00daNICO.<\/strong><\/b> Declarar <b><strong>EXEQUIBLE<\/strong><\/b> el par\u00e1grafo 2.\u00ba del art\u00edculo 3 de la Ley 2388 de 2024 \u201cPor medio de la cual se dictan disposiciones sobre la familia de crianza\u201d, en el entendido de que el procedimiento de jurisdicci\u00f3n voluntaria all\u00ed previsto tambi\u00e9n podr\u00e1 ser promovido por quien pretenda la declaraci\u00f3n judicial como hija o hijo de crianza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Notif\u00edquese, comun\u00edquese, publ\u00edquese y c\u00famplase,<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA<\/p>\n<p>Presidenta<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>NATALIA \u00c1NGEL CABO<\/p>\n<p>Magistrada<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CARLOS CAMARGO ASSIS<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO\u00d1O<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>Ausente con permiso<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>JUAN CARLOS CORT\u00c9S GONZ\u00c1LEZ<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>LINA MARCELA ESCOBAR MART\u00cdNEZ<\/p>\n<p>Magistrada<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>VLADIMIR FERN\u00c1NDEZ ANDRADE<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>JORGE ENRIQUE IB\u00c1\u00d1EZ NAJAR<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MIGUEL POLO ROSERO<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ<\/p>\n<p>Secretaria General<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a name=\"_ftn1\"><\/a>[1] Expediente D0016166. Archivo \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=89056\">ACTA DE REPARTO &#8211; SESI\u00d3N SALA PLENA 5 de septiembre de 2024<\/a>\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn2\"><\/a>[2] Expediente D0016152. Archivo \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=88120\">D0016152<\/a>\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn3\"><\/a>[3] Expediente D0016152. Archivo \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=88120\">D0016152<\/a>\u201d. El demandante formul\u00f3 tres cargos. En primer lugar, cuestion\u00f3 que la jurisdicci\u00f3n voluntaria, en lugar del proceso verbal, desconoce las garant\u00edas de debido proceso y de doble instancia en relaci\u00f3n con el estado civil de las partes, pues aquella es menos formal y extensa, lo que permite un menor debate probatorio y una menor intervenci\u00f3n del juez para garantizar los derechos de los interesados. En segundo lugar, critic\u00f3 que el par\u00e1grafo 2.\u00ba del art\u00edculo 3 excluye de manera injustificada a \u201ccualquier persona con inter\u00e9s leg\u00edtimo que desee iniciar el tr\u00e1mite\u201d y le otorga esta facultad exclusivamente a los padres de crianza, lo cual limita el acceso a la justicia de las personas se\u00f1aladas. Por \u00faltimo, se\u00f1al\u00f3 la existencia de una omisi\u00f3n legislativa relativa a la \u201cdefinici\u00f3n del estado jur\u00eddico de los procesos en curso antes de la promulgaci\u00f3n de la ley\u201d, lo que en su criterio genera incertidumbre y compromete la seguridad jur\u00eddica.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn4\"><\/a>[4] Expediente D0016166. Archivo \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=91774\">D0016166. Demanda ciudadana<\/a>\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn5\"><\/a>[5] En sesi\u00f3n del 5 de septiembre de 2024, la Sala Plena de la Corte Constitucional reparti\u00f3 el proceso de la referencia a este despacho informando en cada una de las actas de reparto que se hab\u00edan acumulado los procesos D-16152 y D-16166. Los expedientes fueron enviados al magistrado sustanciador por la Secretar\u00eda el 9 de septiembre de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn6\"><\/a>[6] Expediente digital. Archivo \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=94518\">Auto que Inadmite la demanda<\/a>\u201d. En el caso del expediente D-16152, porque el demandante omiti\u00f3 se\u00f1alar la competencia de la Corte para conocer la demanda y la argumentaci\u00f3n expuesta no cumpli\u00f3 con las condiciones m\u00ednimas de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, requeridas para el an\u00e1lisis de un cargo de inconstitucionalidad. (ii) En el caso del expediente D-16166, el concepto de la violaci\u00f3n no cumpli\u00f3 con los presupuestos de claridad, especificidad, pertinencia y suficiencia referidos y adicionalmente porque dej\u00f3 planteada una duda sobre la intenci\u00f3n de plantear un cargo por omisi\u00f3n legislativa relativa. Al respecto se\u00f1al\u00f3 que, en caso de ser as\u00ed, deb\u00edan acreditarse por completo las condiciones para activar un juicio de constitucionalidad por el cargo de omisi\u00f3n legislativa relativa, pues en la demanda el actor (i) no defini\u00f3 el deber constitucional del Legislador que resultar\u00eda desconocido ni de d\u00f3nde provendr\u00eda tal imperativo constitucional, (ii) no expuso los motivos por los que la exclusi\u00f3n de los casos resulta irracional o desproporcionada, ni (iii) se\u00f1al\u00f3 la forma en que la presunta exclusi\u00f3n genera una desigualdad negativa frente a los casos amparados por las consecuencias de la norma censurada.<\/p>\n<p>Por las razones expuestas, el magistrado sustanciador concedi\u00f3 a los accionantes el t\u00e9rmino de tres d\u00edas para corregir las demandas y se les indic\u00f3 que, en caso de no hacerlo, proceder\u00eda su rechazo.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn7\"><\/a>[7] Expediente digital. Archivo \u201c<a href=\"https:\/\/siicor.corteconstitucional.gov.co\/controldeprocesos\/archivo.php?id=94502\">Auto que Admite, Rechaza la demanda y decreta la pr\u00e1ctica de pruebas<\/a>\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn8\"><\/a>[8] El 22 de octubre de 2024, Rafael Buitrago Corredor present\u00f3 recurso de s\u00faplica pero la Sala Plena estableci\u00f3 que el recurrente no demostr\u00f3 la existencia de un error, olvido o rechazo en el auto de rechazo, ni present\u00f3 evidencia que sugiriera la exigencia de requisitos adicionales o inapropiados para el juicio. Por este motivo, el recurso fue rechazado mediante el Auto 1830 del 6 de noviembre de 2024, en el que adem\u00e1s se orden\u00f3 el archivo del expediente D-16152.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn9\"><\/a>[9] Adem\u00e1s de solicitar los antecedentes legislativos a las dos c\u00e1maras del Congreso de la Rep\u00fablica, se ofici\u00f3 a la Unidad Administrativa Especial de Desarrollo y An\u00e1lisis Estad\u00edstico &#8211; UDAE para que informara (i) sobre la estad\u00edstica de procesos radicados con anterioridad a la promulgaci\u00f3n de la Ley 2388 de 2024, cuya finalidad hubiera sido la de obtener la declaraci\u00f3n de la calidad de hijos de crianza, en relaci\u00f3n con los procesos declarativos en la jurisdicci\u00f3n de familia; (ii) la cantidad y ubicaci\u00f3n de procesos en los que figure como pretensi\u00f3n la declaraci\u00f3n de la calidad de padres o madres de crianza; (iii) la cantidad y ubicaci\u00f3n de procesos en los que figure como pretensi\u00f3n la declaraci\u00f3n del parentesco de crianza; y (iv) la cantidad y ubicaci\u00f3n de procesos en los que puedan advertirse solicitudes relacionadas con la declaraci\u00f3n de v\u00ednculos de crianza.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn10\"><\/a>[10] Expediente digital. Archivo \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=96923\">Auto ordena pruebas<\/a>\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn11\"><\/a>[11] Expediente digital. Archivo \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=105089\">Auto ordena continuar con el tr\u00e1mite procesal dispuesto en Auto del 15 de agosto de 2024<\/a>\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn12\"><\/a>[12] Expediente digital. Archivo \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=107814\">Manifestaci\u00f3n de Impedimento<\/a>\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn13\"><\/a>[13] Expediente digital. Archivo \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=121914\">AUTO DE SALA PLENA No. 1170 DEL 30 DE JULIO DE 2025, Resuelve manifestaci\u00f3n de impedimento del Procurador General de la Naci\u00f3n<\/a>\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn14\"><\/a>[14] Lo subrayado y en negrilla corresponde al par\u00e1grafo acusado en la demanda.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn15\"><\/a>[15] Expediente digital. Archivo \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=90574\">Correcci\u00f3n a la demanda<\/a>\u201d, p. 6. En concreto refiri\u00f3 lo siguiente: \u201c<b><strong>\u00daNICO CARGO<\/strong><\/b> <b><strong>INCONSTITUCIONALIDAD DEL PAR\u00c1GRAFO DOS (2) DEL ART\u00cdCULO TRES (3) DE LA LEY 2388 DE 2024, POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA Y VIOLACI\u00d3N AL ART\u00cdCULO 229: EL SENADO DE LA REP\u00daBLICA OMITI\u00d3 INCLUIR A LOS HIJOS DE CRIANZA COMO SUJETOS LEGITIMADOS PARA SOLICITAR LA DECLARACI\u00d3N DE SU V\u00cdNCULO FAMILIAR, Y CON ELLO, VIOLANDO EL ART\u00cdCULO 29, EL ART\u00cdCULO 13, Y LOS ART\u00cdCULOS 1, 2, 4 Y 83.\u201d <\/strong><\/b>Luego precis\u00f3 \u201ca continuaci\u00f3n, paso a exponer y acreditar las condiciones para que se active el juicio de constitucionalidad por Omisi\u00f3n Legislativa Relativa\u201d<\/p>\n<p><a name=\"_ftn16\"><\/a>[16] Expediente digital. Archivo \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=90574\">Correcci\u00f3n a la demanda<\/a>\u201d, p. 6. El demandante refiri\u00f3 las sentencias T-278 de 1994, T-704 de 2016, T-525 de 2016, T-316 de 2017, y T-281 de 2018 de la Corte Constitucional y posteriormente resumi\u00f3 los hechos relativos a cada una de ellas en una tabla informativa.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn17\"><\/a>[17] Expediente digital. Archivo \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=90574\">Correcci\u00f3n a la demanda<\/a>\u201d, p. 6.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn18\"><\/a>[18] Ibidem.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn19\"><\/a>[19] Refiri\u00f3 que pod\u00eda revisarse el enlace de la discusi\u00f3n del proyecto de ley a partir de la hora 3:21 y hasta la hora 4:06, que es cuando se discute el proyecto de ley en menci\u00f3n <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=EFb4byK6QuI\">https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=EFb4byK6QuI<\/a>. Tambi\u00e9n transcribi\u00f3 una de las intervenciones del representante en la que se lee entre otros apartados \u201cCuando yo recibo a mi sobrino en mi casa de manera permanente, lo quiero tanto, que tengo el \u00e1nimo de que sea incluso mi hijo, pero tal como usted lo est\u00e1 proponiendo, ahora el ni\u00f1o es el que tiene el \u00e1nimo de que yo sea su pap\u00e1, y si yo no quiero quien me va a obligar, \u00f3sea que ahora porque yo soy un hombre noble, generoso, bueno, amable, desprendido, y solo porque recibo a mi sobrino de manera permanente en mi casa, ahora lo volv\u00ed mi hijo\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn20\"><\/a>[20] Expediente digital. Archivo \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=90574\">Correcci\u00f3n a la demanda<\/a>\u201d, p. 11.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn21\"><\/a>[21] Expediente digital. Archivo \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=90574\">Correcci\u00f3n a la demanda<\/a>\u201d, p. 12.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn22\"><\/a>[22] Expediente digital. Archivo \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=90574\">Correcci\u00f3n a la demanda<\/a>\u201d, p. 13.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn23\"><\/a>[23] Ibidem, p. 15.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn24\"><\/a>[24] En respuesta al auto del 12 de abril de 2024, la Secretar\u00eda General del Senado de la Rep\u00fablica, los d\u00edas 7 y 8 de mayo de 2024, remiti\u00f3 los antecedentes legislativos de las normas demandadas. En el expediente digital, archivos \u201c\u201cD0015701-Pruebas del expediente-(Recepci\u00f3n y paso al despacho)-(2024-05-08 15-00-03).pdf\u201d y \u201cD0015701-Pruebas del expediente-(Recepci\u00f3n y paso al despacho)-(2024-05-09 14-25-46).pdf\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn25\"><\/a>[25] En respuesta al auto de pruebas la Secretar\u00eda General del Senado de la Rep\u00fablica remiti\u00f3 los antecedentes legislativos de las normas demandadas. Expediente digital, archivos \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=95837\">Respuesta a oficio OPC-129 &#8211; C\u00e1mara de Representantes<\/a>\u201d. La entidad tambi\u00e9n remiti\u00f3 (i) Certificaciones firmadas por el Secretario General de la c\u00e9lula legislativa. (ii) Votaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n en Sesi\u00f3n de la Comisi\u00f3n Primera de la H. C\u00e1mara de Representantes el d\u00eda 16 de mayo de 2023. (iii) Cumplimiento de las publicaciones de las que trata el art\u00edculo 157 de la Constituci\u00f3n, respecto a la publicaci\u00f3n del proyecto para debate en Comisi\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn26\"><\/a>[26] En respuesta al auto de pruebas la Secretar\u00eda General del Senado de la Rep\u00fablica remiti\u00f3 los antecedentes legislativos de las normas demandadas. Expediente digital, archivos \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=96156\">Respuesta a oficio OPC-129 &#8211; Senado de la Rep\u00fablica<\/a>\u201d y \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=96239\">Respuesta a Oficio de Pruebas<\/a>\u201d. La entidad adjunt\u00f3 adem\u00e1s de las gacetas rese\u00f1adas, la siguiente informaci\u00f3n:<\/p>\n<ol>\n<li>Cuatro enlaces de video mediante el oficio SRE-CS-395-2024: <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Z6xzb2keJjI\">https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=Z6xzb2keJjI<\/a> (sesi\u00f3n de junio 13 de 2024)<\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=6zrUv7eLrNw\">https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=6zrUv7eLrNw<\/a> (sesi\u00f3n de junio 17 de 2024)<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=pQOHhNmwhxk\">https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=pQOHhNmwhxk<\/a> (sesi\u00f3n de junio 19 de 2024)<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=eWPaILqLaug\">https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=eWPaILqLaug<\/a> (sesi\u00f3n de junio 20 de 2024)<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Oficio suscrito por la jefe de la Secci\u00f3n de Leyes del Senado de la Rep\u00fablica, dirigido al secretario general (e) del Senado de la Rep\u00fablica.<\/li>\n<li>Oficio CPR-CS-582-2024 de diciembre de 2024, suscrito por la secretaria general de la Comisi\u00f3n Primera del Senado de la Rep\u00fablica, dirigido a la Secretar\u00eda General del Senado de la Rep\u00fablica.<\/li>\n<li>Dos enlaces de video contenidos en el oficio CPR-CS-582-2024: <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=GAIyhmF6vE\">https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=GAIyhmF6vE<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=30qIMukJ72I\">https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=30qIMukJ72I<\/a><\/p>\n<p>Dentro de los adjuntos se menciona el env\u00edo de las Gacetas del Congreso No. 1021 de 2022 y 912 de 2024. Sin embargo, \u00e9stas no pudieron ser visualizadas por restricci\u00f3n de lectura.<\/p>\n<p>Aclaraci\u00f3n: Las Gacetas del Congreso No. 206 de 2023, 792 de 2023, 322 de 2024 y 963 de 2024, no fueron recibidas por el auxiliar judicial encargado de la correspondencia, por lo cual se solicit\u00f3 la remisi\u00f3n de estas. El enlace remitido fue <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=96156\">https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=96156<\/a>.<\/p>\n<p>Finalmente, la Secretar\u00eda General de la Comisi\u00f3n Primera del Senado, remiti\u00f3 mediante correo electr\u00f3nico del 11 de diciembre de 2024 el siguiente enlace: <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=96239\">https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=96239<\/a><\/p>\n<p><a name=\"_ftn27\"><\/a>[27] Expediente digital, archivo \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=96832\">Remisi\u00f3n de pruebas &#8211; respuesta al oficio No. OPC-129 de 2024<\/a>\u201d. Remiti\u00f3 el siguiente enlace en el que reposan los documentos enunciados a continuaci\u00f3n: <a href=\"https:\/\/drive.google.com\/drive\/folders\/1iLuRLiYghJ23P1EDJicxoZ3qHCLwRNU?usp=sharing\">https:\/\/drive.google.com\/drive\/folders\/1iLuRLiYghJ23P1EDJicxoZ3qHCLwRNU?usp=sharing<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn28\"><\/a>[28] Expediente digital. Archivo \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=98928\">Respuesta Auto del 15 de octubre 2024<\/a>\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn29\"><\/a>[29] De conformidad con el Decreto 2067 de 1991, por el cual se dicta el r\u00e9gimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional, en el auto admisorio de la demanda se ordenar\u00e1 fijar en lista, por el t\u00e9rmino de diez d\u00edas, para que cualquier ciudadano intervenga para impugnar o defender las normas acusadas (art\u00edculo 7). Asimismo, se ordenar\u00e1 comunicar el inicio del proceso a la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Congreso de la Rep\u00fablica y a los organismos o entidades del Estado que hubieren participado en la elaboraci\u00f3n o expedici\u00f3n de la norma, quienes podr\u00e1n intervenir, por escrito, dentro de los diez d\u00edas siguientes, para presentar las razones que justifican la constitucionalidad de las normas sometidas a control (art\u00edculo 11). \u201c[e]l magistrado sustanciador podr\u00e1 invitar a entidades p\u00fablicas, a organizaciones privadas y a expertos en las materias relacionadas con el tema del proceso a presentar por escrito, que ser\u00e1 p\u00fablico, su concepto puntos relevantes para la elaboraci\u00f3n del proyecto de fallo\u201d, quienes deber\u00e1n manifestar si se encuentra en conflicto de intereses (art\u00edculo 13).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn30\"><\/a>[30] Expediente digital. Archivo \u201c<a href=\"https:\/\/siicor.corteconstitucional.gov.co\/controldeprocesos\/archivo.php?id=122609\">Informe de conceptos intervenciones y escritos<\/a>\u201d<\/p>\n<p><a name=\"_ftn31\"><\/a>[31] Expediente digital. Archivo \u201c<a href=\"https:\/\/siicor.corteconstitucional.gov.co\/controldeprocesos\/archivo.php?id=106743\">Intervenci\u00f3n Ciudadana<\/a>\u201d. Esto corresponde a la Intervenci\u00f3n ciudadana remitida por las se\u00f1oras: Laura Manuela Guill\u00e9n Mu\u00f1oz y Ana Carolina Bernal Guacaneme, del Consultorio Jur\u00eddico y Centro de Conciliaci\u00f3n de la Universidad de San Buenaventura y otra<\/p>\n<p><a name=\"_ftn32\"><\/a>[32] Expediente digital. Archivo \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=106583\">Conceptos e Intervenciones<\/a>\u201d. De manera subsidiaria solicit\u00f3 declarar la exequibilidad condicionada de la norma.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn33\"><\/a>[33] Expediente digital. Archivo \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=106597\">Conceptos e Intervenciones<\/a>\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn34\"><\/a>[34] Expediente digital. Archivo \u201c<a href=\"http:\/\/siicor.corteconstitucional.gov.co\/controldeprocesos\/archivo.php?id=106594\">Conceptos e Intervenciones<\/a>\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn35\"><\/a>[35] Expediente digital. Archivo \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=106595\">Conceptos e Intervenciones<\/a>\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn36\"><\/a>[36] Expediente digital. Archivo \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=106484\">Conceptos e Intervenciones<\/a>\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn37\"><\/a>[37] Expediente digital. Archivo \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=106563\">Conceptos e Intervenciones<\/a>\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn38\"><\/a>[38] Expediente digital. Archivo \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=106591\">Conceptos e Intervenciones<\/a>\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn39\"><\/a>[39] Expediente digital. Archivo \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=105776\">Intervenci\u00f3n Universidad Libre &#8211; Pereira<\/a>\u201d. Firmado por ciudadanos que refieren al pie de sus firmas diferentes cargos ejercidos en la Universidad Libre \u2013 Sede Pereira.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn40\"><\/a>[40] Expediente digital. Archivo \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=106423\">Intervenci\u00f3n Universidad Externado<\/a>\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn41\"><\/a>[41] Expediente digital. Archivo \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=106403\">Intervenci\u00f3n ciudadana<\/a>\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn42\"><\/a>[42] Expediente digital. Archivo \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=106577\">Conceptos e Intervenciones<\/a>\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn43\"><\/a>[43] Expediente digital. Archivo \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=122369\">Concepto Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/a>\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn44\"><\/a>[44] Entre otras, las sentencias C-156 de 2022, C-543 de 1996, C-664 de 2006 y C-031 de 2018.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn45\"><\/a>[45] Corte Constitucional, Sentencias T-495 de 1997, T-586 de 1999, T-893 de 2000.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn46\"><\/a>[46] Corte Constitucional, Sentencias T-070 de 2015, T-292 de 2016.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn47\"><\/a>[47] Corte Constitucional, Sentencias C-105 de 1994, T-586 de 1999, T-070 de 2015, T-074 de 2016, T-281 de 2018.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn48\"><\/a>[48] Corte Constitucional, Sentencias C-608 de 2019.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn49\"><\/a>[49] Al respecto cit\u00f3 la Sentencia C-662 de 2004.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn50\"><\/a>[50] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-127 de 2011.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn51\"><\/a>[51] Corte Constitucional, Sentencias C-105 de 1994, T-495 de 1997, T-070 de 2015, T-292 de 2016, entre otras.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn52\"><\/a>[52] Expediente digital. Archivo \u201c<a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=122369\">Concepto Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n<\/a>\u201d, p. 15.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn53\"><\/a>[53] En ejercicio de la competencia para la protecci\u00f3n integral y la garant\u00eda de derechos de ni\u00f1as, ni\u00f1os, adolescentes, j\u00f3venes y sus familias que le confieren las leyes 75 de 19681, 7 de 1979 reglamentada por el Decreto 2388 de 1979, 1098 de 20062 modificada por la Ley 1878 de 2018, y el Decreto 987 de 20123, modificado por los Decretos 1927 de 2013, 879 de 20204 y 1074 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn54\"><\/a>[54] Corte Constitucional, Sentencias C- 100 de 2022, M.P. Jos\u00e9 Fernando Reyes Cuartas, y C- 212 de 2022, M.P. Alejandro Linares Cantillo.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn55\"><\/a>[55] Corte Constitucional, Sentencia C-052 de 2024, M.P. Vladimir Fern\u00e1ndez Andrade. Reiter\u00f3 las sentencias C-100 de 2022, M.P. Jos\u00e9 Fernando Reyes Cuartas; C-212 de 2022, M.P. Alejandro Linares Cantillo y C-387 de 2023, M.P. Alejandro Linares Cantillo.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn56\"><\/a>[56] Corte Constitucional, Sentencia C-052 de 2024, M.P. Vladimir Fern\u00e1ndez Andrade. Reiter\u00f3 las sentencias C-100 de 2022, M.P. Jos\u00e9 Fernando Reyes Cuartas; C-212 de 2022, M.P. Alejandro Linares Cantillo y C-387 de 2023, M.P. Alejandro Linares Cantillo.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn57\"><\/a>[57] Corte Constitucional, sentencia C-037 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn58\"><\/a>[58] Corte Constitucional, sentencias C-623 de 2008, C-894 de 2009, C-055 de 2013, C-281 de 2013, C-220 de 2019, C-330 de 2019, C-059 de 2023 y C-387 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn59\"><\/a>[59] Corte Constitucional, sentencias C-387 de 2023 y C-052 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn60\"><\/a>[60] Corte Constitucional, sentencia C-212 de 2022.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn61\"><\/a>[61] Corte Constitucional, Sentencia C-071 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn62\"><\/a>[62] Constituci\u00f3n pol\u00edtica, ARTICULO 229.<b><strong>\u00a0<\/strong><\/b>Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administraci\u00f3n de justicia. La ley indicar\u00e1 en qu\u00e9 casos podr\u00e1 hacerlo sin la representaci\u00f3n de abogado.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn63\"><\/a>[63] Cap\u00edtulo construido a partir de las consideraciones expuestas en las Sentencias C-127 de 2023 y C-071 de 2024, M.P. Juan Carlos Cort\u00e9s Gonz\u00e1lez.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn64\"><\/a>[64] ART\u00cdCULO 397 del C\u00f3digo Civil. &lt;POSESI\u00d3N NOTORIA DEL ESTADO DE HIJO LEGITIMO&gt;. La posesi\u00f3n notoria del estado de hijo leg\u00edtimo consiste en que sus padres le hayan tratado como tal, proveyendo a su educaci\u00f3n y establecimiento de un modo competente, y present\u00e1ndole en ese car\u00e1cter a sus deudos y amigos; y en que estos y el vecindario de su domicilio, en general, le hayan reputado y reconocido como hijo leg\u00edtimo de tales padres.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn65\"><\/a>[65] ARTICULO 4 de la Ley 75 de 1968. El reconocimiento no crea derechos a favor de quien lo hace sino una vez que ha sido notificado y aceptado de la manera indicada en el t\u00edtulo 11 del libro 1\u00ba del C\u00f3digo Civil.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn66\"><\/a>[66] ART\u00cdCULO 243 del C\u00f3digo Civil. &lt;PLAZOS PARA LA ACEPTACI\u00d3N O REPUDIO&gt;. La persona que acepte o repudie, deber\u00e1 declararlo por instrumento p\u00fablico dentro de los noventa d\u00edas subsiguientes a la notificaci\u00f3n. Transcurridos este plazo, se entender\u00e1 que acepta, a menos de probarse que estuvo imposibilitada de hacer la declaraci\u00f3n en tiempo h\u00e1bil.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn67\"><\/a>[67] Corte Constitucional, Sentencia C-634 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn68\"><\/a>[68] Corte Constitucional, Sentencia C-223 de 2017. M.P. Alberto Rojas R\u00edos.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn69\"><\/a>[69] Corte Constitucional, Sentencia C-182 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn70\"><\/a>[70] Al respecto ver: Corte Constitucional, Sentencias C-163 de 2021 y C-111 de 2022, ambas con ponencia de la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn71\"><\/a>[71] Corte Constitucional. Sentencia C-539 de 1999, MP Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz, reiterada por las sentencias C-603 de 2016,\u00a0MP Mar\u00eda Victoria Calle Correa y C-043 de 2003, MP Marco Gerardo Monroy Cabra.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn72\"><\/a>[72] Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2025<\/p>\n<p><a name=\"_ftn73\"><\/a><sup>[73]<\/sup> Esta secci\u00f3n se basa en las consideraciones de la Sentencia C-071 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn74\"><\/a><sup>[74]<\/sup> Corte Constitucional, Sentencias C-543 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Diaz; C-767 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; C-122 de 2020, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y C-324 de 2023, M.P. Juan Carlos Cort\u00e9s Gonz\u00e1lez.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn75\"><\/a><sup>[75]<\/sup> Corte Constitucional, Sentencia C-041 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn76\"><\/a><sup>[76]<\/sup> Corte Constitucional, Sentencias C-543 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Diaz; C-073 de 1996, M.P. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo; C-540 de 1997, M.P. Hernando Herrera Gaviria; C-041 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-122 de 2020, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn77\"><\/a><sup>[77]<\/sup> Corte Constitucional, Sentencias C-543 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Diaz; C-767 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Prtelt Chaljub; C-122 de 2020, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y C-156 de 2022, M.P. Jorge Enrique Ib\u00e1\u00f1ez Najar.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn78\"><\/a><sup>[78]<\/sup> Corte Constitucional, Sentencia C-189 de 2021, M.P. Jos\u00e9 Fernando Reyes Cuartas.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn79\"><\/a><sup>[79]<\/sup> Corte Constitucional, Sentencia C-156 de 2022, M.P. Jorge Enrique Ib\u00e1\u00f1ez Najar que reitera la Sentencia C-352 de 2017. Esta \u00faltima fij\u00f3 la metodolog\u00eda del juicio por omisi\u00f3n legislativa relativa al advertir las variaciones que en algunas oportunidades se han presentado al analizar los requisitos descritos.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn80\"><\/a>[80] Corte Constitucional, Sentencia C-083 de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero P\u00e9rez.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn81\"><\/a><sup>[81]<\/sup> Corte Constitucional, Sentencia C-083 de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero P\u00e9rez.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn82\"><\/a><sup>[82]<\/sup> Corte Constitucional, Sentencias C-555 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz y C-075 de 2021, M.P. Jorge Enrique Ib\u00e1\u00f1ez Najar.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn83\"><\/a><sup>[83]<\/sup> Corte Constitucional, Sentencia C-075 de 2021, M.P. Jorge Enrique Ib\u00e1\u00f1ez Najar.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn84\"><\/a><sup>[84]<\/sup> Corte Constitucional, Sentencias C-029 de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-083 de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero P\u00e9rez.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn85\"><\/a><sup>[85]<\/sup> Corte Constitucional, Sentencia C-083 de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero P\u00e9rez.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn86\"><\/a><sup>[86]<\/sup> Corte Constitucional, Sentencia C-122 de 2020, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn87\"><\/a><sup>[87]<\/sup> Corte Constitucional, Sentencia C-075 de 2021, M.P. Jorge Enrique Ib\u00e1\u00f1ez Najar.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn88\"><\/a><sup>[88]<\/sup> Corte Constitucional, Sentencia C-110 de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn89\"><\/a>[89] Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 2011.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn90\"><\/a>[90] Corte Constitucional Sentencia T-268 de 1996.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn91\"><\/a>[91] Corte Constitucional, Sentencia SU-335 de 2023<\/p>\n<p><a name=\"_ftn92\"><\/a>[92] Corte Constitucional, Sentencia T-608 de 2019.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn93\"><\/a>[93] Corte Constitucional, Sentencia C-213 de 2017.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn94\"><\/a>[94] Corte Constitucional, sentencias\u00a0C-005 de 1996; C-346 de 1997; C-680 de 1998; C-742 de 1999; C-384 de 2000; C-803 de 2000; C-596 de 2000; C-1717 de 2000; C-1104 de 2001; C-1512 de 2000; C-1104 de 2001; C-426 de 2002; C-316 de 2002; C-798 de 2003; C-204 de 2003; C-039 de 2004; C-1091 de 2003; C-899 de 2003 y C-318 de 2003.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn95\"><\/a>[95] Corte Constitucional, Sentencia C-927 de 2000.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn96\"><\/a>[96] Corte Constitucional, Sentencia C-496 de 2015, citando la Sentencia:\u00a0C-043\u00a0de 2002.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn97\"><\/a>[97] Corte Constitucional, sentencias\u00a0C-927 de 2000; C-893 de 200; C-1104 de 2001; C-309 de 2002; C-314 de 2002; C-646 de 2002; C-123 de 2003; C-234 de 2003; C-1146 de 2004; C-275 de 2006; C-398 de 2006; C-718 de 2006; C-738 de 2006 y\u00a0C-1186 de 2008.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn98\"><\/a>[98] Corte Constitucional, sentencias C-316 de 2002 y C-227 de 2009.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn99\"><\/a>[99] Corte Constitucional, Sentencia\u00a0T-323\u00a0de 1999.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn100\"><\/a>[100] Corte Constitucional, Sentencia C-728 de 2000.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn101\"><\/a>[101] Corte Constitucional, Sentencia C-111 de 2000.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn102\"><\/a>[102] Corte Constitucional, Sentencia\u00a0C-662 del 2004.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn103\"><\/a>[103] Corte Constitucional, Sentencia C-1104 de 2001.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn104\"><\/a>[104] Corte Constitucional, Sentencia C-880 de 2014.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn105\"><\/a>[105] Corte Constitucional, Sentencia C-159 de 2016.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn106\"><\/a>[106] Corte Constitucional, sentencias C-428 de 2002 y C-179 de 2016. En esta \u00faltima se explic\u00f3 que \u201c[c]on la necesidad de satisfacer los principios de razonabilidad y proporcionalidad, la Corte ha indicado que las normas procesales deben responder a un criterio de raz\u00f3n suficiente, relacionado con el cumplimiento de un fin constitucionalmente v\u00e1lido, a trav\u00e9s de un mecanismo que se muestre adecuado y necesario para el cumplimiento de dicho objetivo y que, a su vez, no afecte de forma desproporcionada un derecho, fin o valor constitucional\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn107\"><\/a>[107] Corte Constitucional, sentencias C-319 de 2013 y C-124 de 2011.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn108\"><\/a>[108] Corte Constitucional. Sentencia C-163 de 2019.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn109\"><\/a>[109] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, Sentencia SC1702-2025, M.P. Martha Patricia Guzm\u00e1n \u00c1lvarez, Bogot\u00e1, D.C., 5 de agosto de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn110\"><\/a>[110] Ibidem.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn111\"><\/a>[111] Corte Constitucional, Sentencia T-279 de 2020.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn112\"><\/a>[112] Corte Constitucional, Sentencia T-377 de 2019, entre otras.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn113\"><\/a>[113] Ibidem.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn114\"><\/a>[114] Corte Constitucional, Sentencia T-376 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn115\"><\/a>[115] Ibidem.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn116\"><\/a>[116] Corte Constitucional, sentencias T-376 de 2023, C-107 de 2017 y T-292 de 2016, entre otras.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn117\"><\/a>[117] Corte Constitucional, Sentencia T-606 de 2013.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn118\"><\/a>[118] Corte Constitucional, Sentencia T-281 de 2018.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn119\"><\/a>[119] Corte Constitucional, Sentencia T-525 de 2016.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn120\"><\/a>[120] Corte Constitucional, Sentencia T-074 de 2016.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn121\"><\/a>[121] Corte Constitucional, Sentencia T-279 de 2020.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn122\"><\/a>[122] Corte Constitucional, sentencias T-536 de 2020 y T-836 de 2014.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn123\"><\/a>[123] Corte Constitucional, Sentencia C-107 de 2017.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn124\"><\/a>[124] Corte Constitucional, Sentencia T-111 de 2015.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn125\"><\/a>[125] Corte Constitucional, T-111 de 2015.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn126\"><\/a>[126] Corte Constitucional, C-107 de 2017.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn127\"><\/a>[127] Corte Constitucional, Sentencia C-085 de 2019.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn128\"><\/a>[128] Corte Constitucional, Sentencia C-411 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn129\"><\/a>[129] Gaceta del Congreso 206 de 2023, p\u00e1g. 21.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn130\"><\/a>[130] Ibid.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn131\"><\/a>[131] Gaceta del Congreso 827 de 2024, p\u00e1g. 49.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn132\"><\/a><sup>[132]<\/sup> Corte Constitucional, sentencia T-233 de 2015 (M.P. Mauricio Gonz\u00e1lez Cuervo. Un\u00e1nime).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn133\"><\/a>[133] Corte Constitucional, Sentencia C-107 de 2017.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn134\"><\/a>[134] Esta presunci\u00f3n opera como criterio de deferencia hacia el \u00f3rgano de representaci\u00f3n democr\u00e1tica y como punto de partida del juicio de constitucionalidad, de modo que recae en quien controvierte la disposici\u00f3n la carga argumentativa de demostrar su incompatibilidad con la Carta Pol\u00edtica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TEMAS-SUBTEMAS \u00a0 Sentencia C-029\/26 &nbsp; OMISI\u00d3N LEGISLATIVA RELATIVA-Configuraci\u00f3n en norma que excluye a los hijos de crianza de iniciar el proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria para la declaraci\u00f3n del v\u00ednculo familiar &nbsp; La Corte Constitucional evidenci\u00f3 que se satisfac\u00edan las condiciones para acreditar la configuraci\u00f3n de una omisi\u00f3n legislativa relativa. 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