{"id":31658,"date":"2026-11-17T14:29:18","date_gmt":"2026-11-17T19:29:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/?p=31658"},"modified":"2026-11-17T14:29:18","modified_gmt":"2026-11-17T19:29:18","slug":"c-027-26","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/c-027-26\/","title":{"rendered":"C-027-26"},"content":{"rendered":"<p><b><strong>TEMAS-SUBTEMAS<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>Sentencia C-027\/26<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD DE LOS BENEFICIOS MINIMOS LABORALES<\/strong><\/b>-Autoridades administrativas podr\u00e1n autorizar acuerdos de transacci\u00f3n o conciliaci\u00f3n extrajudicial sobre la renuncia de prestaciones sociales de car\u00e1cter incierto y discutible<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) la Corte proceder\u00e1 a declarar exequible condicionadamente la expresi\u00f3n y para renunciar prestaciones sociales, contenida en el art\u00edculo 148 del Decreto 2158 de 1948 por medio del cual se expidi\u00f3 el C\u00f3digo Procesal del Trabajo, en el entendido de que la autorizaci\u00f3n del Inspector del Trabajo o del Alcalde Municipal, seg\u00fan sus competencias, solo podr\u00e1 recaer sobre acuerdos de transacci\u00f3n o conciliaci\u00f3n extrajudicial en los que el trabajador renuncie a prestaciones sociales de car\u00e1cter incierto y discutible, sin que en ning\u00fan caso pueda comprender la renuncia a los beneficios m\u00ednimos establecidos en las normas laborales. Es solo a partir de esa lectura, que el fragmento demandado resulta ajustado a la Constituci\u00f3n.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD<\/strong><\/b>-Requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PRINCIPIO PRO ACTIONE EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD<\/strong><\/b>-Cumplimiento de requisitos argumentativos m\u00ednimos<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PRINCIPIO PRO ACTIONE<\/strong><\/b>-Aplicaci\u00f3n<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS PRECONSTITUCIONALES<\/strong><\/b>-Alcance<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) al analizar la competencia de la Corte Constitucional para pronunciarse sobre el contenido material de normas preconstitucionales, se ha entendido que su prop\u00f3sito es determinar si existe una incompatibilidad material o sustancial entre la disposici\u00f3n y las normas que integran la Constituci\u00f3n de 1991. Por ello, se aval\u00f3 que los aspectos de forma se rijan por la Constituci\u00f3n de 1886, pero el contenido material de la norma demandada se debe comparar con los principios establecidos en la Constituci\u00f3n vigente, a fin de que no persista un precepto abiertamente inconstitucional.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>INCONSTITUCIONALIDAD SOBREVINIENTE<\/strong><\/b>-Configuraci\u00f3n<b><strong>\/INCONSTITUCIONALIDAD SOBREVINIENTE<\/strong><\/b>-Procede pronunciamiento de fondo del cargo<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) esta Corporaci\u00f3n ha denominado la inconstitucionalidad sobreviniente, que ocurre cuando las normas del ordenamiento jur\u00eddico regido bajo la Constituci\u00f3n de 1886 puedan resultar incompatibles con la nueva Constituci\u00f3n. Sobre este fen\u00f3meno, la Corte Constitucional reconoci\u00f3 una divergencia en su jurisprudencia. Inicialmente, la Corte reconoc\u00eda que ante la presencia de una norma expedida antes de la vigencia de un nuevo texto constitucional -lo que la hace evidentemente incompatible con este \u00faltimo- debe haber un pronunciamiento de fondo sobre la demanda, por razones de seguridad jur\u00eddica. Posteriormente, sostuvo que si el precepto legal demandado es contrario a la nueva Carta, debe entenderse como t\u00e1citamente derogado, impidiendo as\u00ed una decisi\u00f3n de fondo sobre las demandas. En consecuencia, en la Sentencia C-110 de 2023, la Corte Constitucional unific\u00f3 su jurisprudencia y concluy\u00f3 que, en adelante, ante demandas contra normas afectadas por una inconstitucionalidad sobreviniente, lo que procede es pronunciarse sobre el fondo del asunto, declarando la correspondiente inexequibilidad si esto es procedente.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PRINCIPIOS MINIMOS FUNDAMENTALES DE LA RELACION LABORAL<\/strong><\/b>-Garant\u00eda constitucional<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD<\/strong><\/b>-Garant\u00eda m\u00ednima fundamental en materia laboral<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD DE LOS BENEFICIOS MINIMOS LABORALES<\/strong><\/b>-Jurisprudencia constitucional<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) el principio de irrenunciabilidad de los beneficios m\u00ednimos laborales, seg\u00fan lo ha entendido la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, es un l\u00edmite constitucional ejercido en el marco del control abstracto de constitucionalidad, por medio del cual se eval\u00faa si las leyes, los acuerdos y los convenios del trabajo suponen o no una renuncia a los beneficios m\u00ednimos laborales. Al ser un par\u00e1metro de constitucionalidad dirigido a determinar qu\u00e9 es susceptible de renuncia y qu\u00e9 no, aquel no puede interpretarse \u00fanicamente como un est\u00e1ndar para enjuiciar los acuerdos a los que lleguen los empleadores y los empleados<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>FACULTADES PARA TRANSIGIR Y CONCILIAR SOBRE DERECHOS INCIERTOS Y DISCUTIBLES<\/strong><\/b>-Alcance<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>DERECHOS CIERTOS E INDISCUTIBLES<\/strong><\/b>-Concepto<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>DERECHO INCIERTO Y DISCUTIBLE<\/strong><\/b>-Concepto<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) la Corte ha reconocido como derechos inciertos y discutibles los que se derivan de hechos que no son claros, la norma que lo consagra es ambigua o admite varias interpretaciones, o cuando el surgimiento del derecho est\u00e1 supeditado al cumplimiento de un plazo o condici\u00f3n y existe una circunstancia que impide su nacimiento o exigibilidad. Esto es, que el concepto de incierto y discutible se relaciona directamente con el concepto de simples expectativas o derechos en formaci\u00f3n.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>TRANSACCION LABORAL<\/strong><\/b>-Concepto<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>La transacci\u00f3n en materia laboral es un contrato consensual y bilateral regulado por los art\u00edculos 1625 y 2469 del C\u00f3digo Civil y el art\u00edculo 15 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, mediante el cual el empleador y trabajador extinguen extrajudicialmente un litigio pendiente o previenen uno eventual, mediante concesiones rec\u00edprocas.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>TRANSACCION LABORAL<\/strong><\/b>-No puede recaer sobre derechos ciertos e indiscutibles<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>CONCILIACION EXTRAJUDICIAL EN MATERIA LABORAL<\/strong><\/b>-Voluntariedad<b><strong>\/CONCILIACION EXTRAJUDICIAL EN MATERIA LABORAL<\/strong><\/b>-No obligatoriedad<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>\u00a0(&#8230;) la conciliaci\u00f3n tiene un car\u00e1cter esencialmente voluntario, porque son las partes las que, en cada caso en concreto, seleccionan en forma espont\u00e1nea al particular que habr\u00e1 de hacer las veces de conciliador. Ello impide que, desde este punto de vista, se establezca una suerte de permanencia en el ejercicio de dicha funci\u00f3n.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>CONCILIACION EXTRAJUDICIAL EN MATERIA LABORAL<\/strong><\/b>-Procede sobre derechos inciertos y discutibles<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) la conciliaci\u00f3n extrajudicial en materia laboral es admisible, siempre y cuando verse sobre derechos inciertos y discutibles. En palabras de la jurisprudencia constitucional: \u201cno es admisible la conciliaci\u00f3n acerca de derechos ciertos e indiscutibles, comoquiera que ellos est\u00e1n comprendidos dentro del derecho imperativo y no dentro del derecho dispositivo. As\u00ed que, dado el caso que las partes en conflicto alcancen un acuerdo conciliatorio en el que se perciba la renuncia o disposici\u00f3n de un derecho que presente estas caracter\u00edsticas, el negocio jur\u00eddico adolecer\u00e1 de un vicio de nulidad por objeto il\u00edcito.\u201d<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>SENTENCIA CONDICIONADA<\/strong><\/b>-Aplicaci\u00f3n<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>REP\u00daBLICA DE COLOMBIA<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>CORTE CONSTITUCIONAL<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>Sala Plena<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>SENTENCIA C-027 DE 2026<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>Expediente: <\/strong><\/b>D-16.590<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Demanda de inconstitucionalidad en contra del art\u00edculo 148 (parcial) del Decreto Ley 2158 de 1948 \u201c<em>C\u00f3digo Procesal del Trabajo<\/em>\u201d<\/p>\n<h1><\/h1>\n<h1>Magistrado ponente: Jorge Enrique Ib\u00e1\u00f1ez Najar<\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintis\u00e9is (2026)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Sala Plena de la Corte Constitucional, dentro del proceso adelantado en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 241.5 y 242 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, as\u00ed como el art\u00edculo 40.6 del Decreto 2067 de 1991, con motivo de la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del art\u00edculo 148 (parcial) del Decreto Ley 2158 de 1948 \u201c<em>C\u00f3digo Procesal del Trabajo<\/em>\u201d, ha proferido la siguiente<\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>SENTENCIA<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>S\u00edntesis de la decisi\u00f3n<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte Constitucional conoci\u00f3 una acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad instaurada en contra de la expresi\u00f3n \u201c<em>y para renunciar prestaciones sociales<\/em>\u201d contenida en el art\u00edculo 148 del Decreto Ley 2158 de 1948. Los demandantes afirmaron que la expresi\u00f3n acusada vulnera el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica porque permite que un Inspector del Trabajo o un Alcalde Municipal autorice la renuncia a prestaciones sociales, desconociendo el principio de irrenunciabilidad de los beneficios m\u00ednimos laborales.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Verificada la competencia para pronunciarse sobre la expresi\u00f3n demandada contenida en el referido art\u00edculo 148, pero antes de formular el problema jur\u00eddico y estructurar la metodolog\u00eda de la decisi\u00f3n, la Corporaci\u00f3n pas\u00f3 a estudiar la cuesti\u00f3n previa de aptitud de la demanda, en respuesta a la solicitud de inhibici\u00f3n presentada por Asofondos. Al respecto, concluy\u00f3 que la demanda cumple con los supuestos de aptitud de <em>claridad, certeza, especificidad, pertinencia <\/em>y <em>suficiencia, <\/em>previstos en el Decreto 2067 de 1991 y delimitados por la jurisprudencia constitucional.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Seguidamente, la Corte formul\u00f3 el siguiente problema jur\u00eddico; \u00bfla expresi\u00f3n <em>\u201cy para renunciar prestaciones sociales\u201d <\/em>contenida en el art\u00edculo 148 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo vulnera el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n al habilitar a una autoridad administrativa para que autorice la renuncia a los derechos laborales o de la seguridad social de un trabajador? A fin de resolverlo, reiter\u00f3 la jurisprudencia constitucional sobre: <em>(i)<\/em> la compatibilidad de las normas preconstitucionales bajo la vigencia de la Constituci\u00f3n de 1991; <em>(ii)<\/em> los principios m\u00ednimos fundamentales de car\u00e1cter laboral; <em>(iii)<\/em> la habilitaci\u00f3n a autoridades administrativas para transar derechos o celebrar acuerdos de conciliaci\u00f3n extrajudicial en materia laboral, y finalmente, <em>(iv)<\/em> resolvi\u00f3 el caso concreto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte Constitucional concluy\u00f3 que la expresi\u00f3n <em>\u201cy para renunciar prestaciones sociales\u201d <\/em>est\u00e1 inmersa en una norma preconstitucional cuya interpretaci\u00f3n de avalar una renuncia general e indistinta a las prestaciones sociales viola el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n. Esto, en tanto que la competencia dada a las autoridades administrativas -los Inspectores de Trabajo o Alcaldes Municipales- de modo amplio y general para autorizar la renuncia a prestaciones sociales (en los casos previstos en la ley) es incompatible con el precepto de irrenunciabilidad de los beneficios m\u00ednimos laborales. Lo anterior, en tanto seg\u00fan la normativa laboral y la jurisprudencia, solamente es plausible renunciar a los derechos que no tienen el car\u00e1cter de ciertos e indiscutibles. A su turno, la renuncia de que trata el ac\u00e1pite acusado ha de materializarse por intermedio de un acuerdo de transacci\u00f3n o de conciliaci\u00f3n extrajudicial, en el que la autoridad administrativa investida para tales efectos, verifique que el objeto conciliable recaiga exclusivamente sobre derechos inciertos y discutibles.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En suma, la Corte Constitucional declar\u00f3 la exequibilidad condicionada de la expresi\u00f3n demandada, en el entendido de que la autorizaci\u00f3n del Inspector del Trabajo o del Alcalde Municipal, seg\u00fan sus competencias, solo podr\u00e1 recaer sobre acuerdos de transacci\u00f3n o conciliaci\u00f3n extrajudicial en los que el trabajador renuncie a prestaciones sociales de car\u00e1cter incierto y discutible, sin que en ning\u00fan caso pueda comprender la renuncia a los beneficios m\u00ednimos establecidos en las normas laborales. Es solo a partir de esa lectura, que el fragmento demandado resulta ajustado a la Constituci\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>I.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ANTECEDENTES<\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><b> <\/b>Los ciudadanos Carlos Ricardo Cardona Gaviria, Vidal Niebles Mej\u00eda, David Miguel Rangel Padilla, Carlos Daniel Alcal\u00e1 Vizcaino, Camilo Alejandro Colina, Gelkin Manuel Colina Salcedo y Yaireth Carolay de la Hoz, presentaron demanda de inconstitucionalidad en contra del art\u00edculo 148 (parcial) del Decreto Ley 2158 de 1948 por medio del cual se profiri\u00f3 el <em>\u201cC\u00f3digo Procesal del Trabajo<\/em><em>.<\/em><em>\u201d<\/em> En su criterio, la norma objeto de censura desconoce los art\u00edculos 13, 25, 29, 53, y 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y los principios estructurales del derecho laboral, porque habilita al Inspector del Trabajo o Alcalde Municipal a autorizar la renuncia a las prestaciones sociales, lo cual afecta garant\u00edas fundamentales como la irrenunciabilidad a los beneficios m\u00ednimos establecidos en normas laborales, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, el derecho a la igualdad, entre otros, sin que tal decisi\u00f3n sea objeto de control judicial.<a name=\"_ftnref1\"><\/a><sup>[1]<\/sup><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Norma<\/strong><\/b> <b><strong>demandada<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><b> <\/b>A continuaci\u00f3n, se transcribe la norma demandada y se subrayan las expresiones objeto de admisi\u00f3n:<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p>\u201c<b><strong><em>DECRETO LEY 2158 DE 1948<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<p><em>(Junio 24<\/em><a name=\"_ftnref2\"><\/a><sup>[2]<\/sup><em>)<\/em><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><em>Sobre Procedimientos en los juicios del Trabajo<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>C\u00f3digo Procesal del Trabajo<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0adoptado por el Decreto 4133 de 1948 como legislaci\u00f3n permanente<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>EL PRESIDENTE DE LA REP\u00daBLICA DE COLOMBIA,<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>en ejercicio de las facultades que le confiere el art\u00edculo 121 de la Constituci\u00f3n Nacional, y<\/em><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong><em>CONSIDERANDO:<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><em>Que seg\u00fan Decretos n\u00famero 1239 y 1259 del presente a\u00f1o, se declar\u00f3 turbado el orden p\u00fablico y en estado de sitio todo el territorio de la Rep\u00fablica;<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><em>Que lo relativo al procedimiento que deba seguirse en los juicios de trabajo es de orden p\u00fablico, lo que hace pertinente la expedici\u00f3n de un estatuto completo sobre esta materia;<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><em>Que en diversas legislaturas, atendiendo a la expresi\u00f3n de una necesidad nacional, ha sido motivo de discusi\u00f3n, provocada por iniciativa oficial, la adopci\u00f3n de un C\u00f3digo Procesal del Trabajo.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(\u2026)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong><em>ARTICULO 148<\/em><\/strong><\/b><em>. PERMISO PARA LIQUIDACION PARCIAL DE CESANTIAS.<\/em><em>\u00a0El permiso para liquidaci\u00f3n parcial de cesant\u00edas <b><strong><u>y para renunciar prestaciones sociales<\/u><\/strong><\/b>, en los casos previstos en la ley, ser\u00e1 concedido por el correspondiente Inspector del Trabajo o Alcalde Municipal, con conocimiento de causa.\u201d<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Contenido de la demanda<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><b> <\/b>En Auto del 24 de junio de 2024, se admiti\u00f3 la demanda radicada con el n\u00famero D-16.590 en relaci\u00f3n con la presunta violaci\u00f3n del art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y se inadmiti\u00f3 frente a los cargos por la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 13, 25, 29 y 229 de la Constituci\u00f3n.<a name=\"_ftnref3\"><\/a><sup>[3]<\/sup> Al respecto, se indic\u00f3 frente a la carga argumentativa exigida en virtud del numeral tercero del art\u00edculo 2 del Decreto Ley 2067 de 1991, que los cargos planteados en la demanda de inconstitucionalidad no cumplieron con los m\u00ednimos argumentativos fijados por esta Corporaci\u00f3n sobre <em>claridad, certeza, especificidad, pertinencia<\/em> y <em>suficiencia<\/em>.<a name=\"_ftnref4\"><\/a><sup>[4]<\/sup><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><b> <\/b>En cambio, en lo que concierne al cargo admitido por la vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n, se concluy\u00f3 que presentaba un hilo argumentativo preciso, inteligible, coherente y certero que conllev\u00f3 a suscitar siquiera una duda m\u00ednima de inconstitucionalidad del fragmento <em>\u201cy para renunciar prestaciones sociales\u201d.<\/em> En esa etapa procesal, las acusaciones planteadas fueron catalogadas como concretas y precisas, en tanto explicaron por qu\u00e9 el fragmento acusado, al avalar la renuncia a las prestaciones sociales por medio de la aprobaci\u00f3n de un Inspector del Trabajo, desconoc\u00eda el principio de irrenunciabilidad de los beneficios laborales consagrados en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n, precepto que es de naturaleza constitucional. En vista de la aparente duda sobre la inconstitucionalidad de la disposici\u00f3n acusada, se concluy\u00f3 que la demanda cumpl\u00eda con los par\u00e1metros exigidos, y por consiguiente, era suficiente para que esta Corporaci\u00f3n emitiera un pronunciamiento de fondo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><b> <\/b>En escrito remitido a la Secretar\u00eda General de esta Corporaci\u00f3n, los demandantes manifestaron que desisten de los cargos presentados por violaci\u00f3n de los art\u00edculos 13, 25, 29 y 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.<a name=\"_ftnref5\"><\/a><sup>[5]<\/sup> En consecuencia, agradecieron el estudio \u00fanicamente del cargo por la vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n, tal como fue admitido en el Auto del 24 de junio de 2025.<a name=\"_ftnref6\"><\/a><sup>[6]<\/sup><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li><b> <\/b>En Auto del 11 de julio de 2025, se rechazaron los cargos por la supuesta vulneraci\u00f3n de los art\u00edculos 13, 25, 29 y 229 de la Constituci\u00f3n. En el t\u00e9rmino concedido en el Auto del 24 de junio de 2025 para subsanar la demanda, los actores manifestaron su desistimiento o renuncia a corregir los cargos inadmitidos<em>. <\/em>Teniendo en cuenta que conforme lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n,<a name=\"_ftnref7\"><\/a><sup>[7]<\/sup> tales manifestaciones no producen efectos jur\u00eddicos en el marco de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad, se concluy\u00f3 que vencido el t\u00e9rmino conferido para la correcci\u00f3n de la demanda, los accionantes no cumplieron con la carga procesal correspondiente, lo que condujo al rechazo de los cargos previamente inadmitidos.<a name=\"_ftnref8\"><\/a><sup>[8]<\/sup><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li><b> <\/b>Seguidamente, se le dio el tr\u00e1mite constitucional correspondiente al cargo admitido por la vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.<a name=\"_ftnref9\"><\/a><sup>[9]<\/sup> En consecuencia, se orden\u00f3 comunicar el proceso a la Presidencia de la Rep\u00fablica, al Ministerio del Trabajo, correr traslado al Procurador General de la Naci\u00f3n, fijar en lista el proceso e invitar a diferentes expertos y sectores de la administraci\u00f3n p\u00fablica, de la academia y de la sociedad civil para recibir sus conceptos e intervenciones.<a name=\"_ftnref10\"><\/a><sup>[10]<\/sup><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li><b> <\/b><em><u>Sobre el \u00fanico cargo admitido por la presunta vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n (irrenunciabilidad de los derechos m\u00ednimos<\/u><\/em><em>).<\/em> Los demandantes se\u00f1alaron que la expresi\u00f3n objeto de reproche \u201c<em>(\u2026) resulta contraria al art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (\u2026) en tanto otorga a una autoridad administrativa \u2014el Inspector del Trabajo\u2014 la facultad de autorizar la renuncia de derechos laborales m\u00ednimos, lo cual vulnera el principio de irrenunciabilidad, eje estructural del Derecho del Trabajo colombiano.<\/em>\u201d<a name=\"_ftnref11\"><\/a><sup>[11]<\/sup> Los actores estimaron que cualquier norma que permite a los inspectores del trabajo autorizar la renuncia de las prestaciones sociales es incompatible con el art\u00edculo 53 constitucional.<a name=\"_ftnref12\"><\/a><sup>[12]<\/sup><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"9\">\n<li><b> <\/b>Los ciudadanos consideraron que conforme a una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la norma, el aparte demandado tambi\u00e9n es contrario al art\u00edculo 486 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo sobre las atribuciones y sanciones de los inspectores del trabajo, as\u00ed como a la Ley 1610 de 2013, la cual regula el Sistema de Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control del Trabajo.<a name=\"_ftnref13\"><\/a><sup>[13]<\/sup> Indicaron que estas son normas que recalcan el car\u00e1cter preventivo y la funci\u00f3n de los inspectores del trabajo de proteger los derechos m\u00ednimos del trabajador. En consecuencia, la expresi\u00f3n demandada otorga una facultad exorbitante a los inspectores del trabajo y a los alcaldes municipales.<a name=\"_ftnref14\"><\/a><sup>[14]<\/sup><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"10\">\n<li><b> <\/b>En consecuencia, solicitaron declarar la inexequibilidad de la expresi\u00f3n \u201c<em>y para renunciar prestaciones sociales<\/em>\u201d, contenida en el art\u00edculo 148 del Decreto Ley 2158 de 1948.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>Intervenciones y conceptos<\/strong><\/b><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"11\">\n<li><b> <\/b>Si bien dentro del t\u00e9rmino de fijaci\u00f3n en lista no se recibieron intervenciones ciudadanas de manera oportuna (en atenci\u00f3n al art\u00edculo 7 del Decreto Ley 2067 de 1991)<a name=\"_ftnref15\"><\/a><sup>[15]<\/sup> se allegaron ocho (8) conceptos de entidades, organizaciones privadas y expertos invitados (conforme al art\u00edculo 13 del Decreto Ley 2067 de 1991), as\u00ed:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"614\"><b><strong>Invitado<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"614\">Escrito conjunto del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica y el Ministerio del Trabajo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"614\">Defensor\u00eda del Pueblo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"614\">Academia Colombiana de Jurisprudencia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"614\">Asociaci\u00f3n Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesant\u00eda (Asofondos)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"614\">Universidad de Caldas<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"614\">Universidad del Norte<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"614\">Universidad Pontificia Bolivariana<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"614\">Camilo Alberto Cuervo D\u00edaz<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>Concepto de los invitados en virtud del art\u00edculo 13 del Decreto 2067 de 1991<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"12\">\n<li><b> <\/b><em><u>Escrito conjunto del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica y el Ministerio del Trabajo<\/u><\/em><em>. <\/em>Ambas entidades concluyeron que la norma acusada podr\u00eda conservarse bajo una interpretaci\u00f3n conforme a la Constituci\u00f3n, en el sentido de que la expresi\u00f3n <em>\u201crenuncia\u201d<\/em> debe entenderse limitada a los eventos excepcionales de retiro parcial de cesant\u00edas previstos en la ley (por ejemplo, vivienda o calamidad dom\u00e9stica), que no constituyen verdaderas renuncias, sino usos finalistas de la prestaci\u00f3n. Se\u00f1alaron que, aunque la disposici\u00f3n ser\u00e1 derogada por la Ley 2452 de 2025, a\u00fan se encuentra vigente hasta abril de 2026, por lo que procede su control.<a name=\"_ftnref16\"><\/a><sup>[16]<\/sup><\/li>\n<\/ol>\n<p><em><u>\u00a0<\/u><\/em><\/p>\n<ol start=\"13\">\n<li><b> <\/b>Precisaron que el auxilio de cesant\u00eda es una prestaci\u00f3n social de car\u00e1cter irrenunciable, vinculada al derecho al trabajo, a la seguridad social y al m\u00ednimo vital. Resaltaron que seg\u00fan reiterada jurisprudencia de la Corte -como son las sentencias C-310 de 2007, SU-098 de 2018 y C-027 de 2024- <em>\u201cla cesant\u00eda constituye un derecho irrenunciable del trabajador (art. 53 de la C.P.), dado su car\u00e1cter remuneratorio, por ser retribuci\u00f3n a una labor subordinada en desarrollo de un contrato de trabajo\u201d <\/em>y que la irrenunciabilidad de derechos laborales m\u00ednimos es de orden p\u00fablico y protege al trabajador de eventuales abusos. En tal sentido, <em>\u201cning\u00fan acto, acuerdo o manifestaci\u00f3n de voluntad sea de car\u00e1cter individual o colectivo puede privar al trabajador de este derecho, ni siquiera con autorizaci\u00f3n administrativa.\u201d<\/em><a name=\"_ftnref17\"><\/a><sup>[17]<\/sup> Por lo anterior, la habilitaci\u00f3n del art\u00edculo 148 para que inspectores de trabajo o alcaldes autoricen la renuncia a prestaciones sociales es incompatible con la Constituci\u00f3n, pues vac\u00eda de contenido la protecci\u00f3n reforzada al trabajador y desconoce el principio de irrenunciabilidad.<a name=\"_ftnref18\"><\/a><sup>[18]<\/sup><\/li>\n<\/ol>\n<p><em><u>\u00a0<\/u><\/em><\/p>\n<ol start=\"14\">\n<li><b> <\/b><em><u>Defensor\u00eda del Pueblo<\/u><\/em><em>.<\/em> Consider\u00f3 que la disposici\u00f3n del art\u00edculo 148 del Decreto Ley 2158 de 1948, en el aparte <em>\u201cy para renunciar prestaciones sociales\u201d,<\/em> es abiertamente inconstitucional porque vulnera el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n, que consagra la <em>\u201cirrenunciabilidad a beneficios m\u00ednimos establecidos en normas laborales.\u201d<\/em> Indic\u00f3 que, en este contexto, <em>\u201cninguna autoridad administrativa puede disponer o avalar la extinci\u00f3n de derechos constitucionalmente protegidos, salvo que se trate de derechos inciertos y discutibles, y exista control judicial posterior.\u201d<\/em><a name=\"_ftnref19\"><\/a><sup>[19]<\/sup> La Defensor\u00eda enfatiz\u00f3 en que las prestaciones sociales tales como prima de servicios, cesant\u00edas, intereses, dotaci\u00f3n, seguridad social, entre otras, constituyen beneficios m\u00ednimos no negociables ni renunciables, y que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido pac\u00edfica en esa direcci\u00f3n, a partir de las sentencias C-556 de 1994, C-310 de 2007 y C-027 de 2024. Por lo tanto, la norma que faculta a inspectores de trabajo o alcaldes para autorizar la renuncia a las prestaciones sociales resulta contraria a la Constituci\u00f3n, pues los inspectores de trabajo y alcaldes carecen de competencia para autorizar renuncias de derechos m\u00ednimos laborales.<a name=\"_ftnref20\"><\/a><sup>[20]<\/sup><\/li>\n<\/ol>\n<p><em><u>\u00a0<\/u><\/em><\/p>\n<ol start=\"15\">\n<li><b> <\/b><em><u>Academia Colombiana de Jurisprudencia<\/u><\/em>. La Academia conceptu\u00f3 que la expresi\u00f3n <em>\u201cy para renunciar prestaciones sociales\u201d<\/em> del art\u00edculo 148 del Decreto Ley 2158 de 1948 es inexequible. Se\u00f1al\u00f3 que esa expresi\u00f3n vulnera varios derechos fundamentales, entre ellos, el mandato constitucional de irrenunciabilidad de los beneficios m\u00ednimos laborales (art\u00edculo 53),<a name=\"_ftnref21\"><\/a><sup>[21]<\/sup> en virtud del cual se proh\u00edbe disponer de los derechos ciertos e indiscutibles, sea por parte del trabajador o de los inspectores o alcaldes.<a name=\"_ftnref22\"><\/a><sup>[22]<\/sup><\/li>\n<\/ol>\n<p><em><u>\u00a0<\/u><\/em><\/p>\n<ol start=\"16\">\n<li><b> <\/b><em><u>Asociaci\u00f3n Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesant\u00eda \u2013 Asofondos<\/u><\/em><em>.<\/em> Sostuvo que la norma demandada se encuentra derogada o cuando menos sustituida por la Ley 1610 de 2013, por lo que la Corte deber\u00eda inhibirse por carencia de objeto o sustracci\u00f3n de materia.<a name=\"_ftnref23\"><\/a><sup>[23]<\/sup> En subsidio, plante\u00f3 la ineptitud sustancial de la demanda, pues a su juicio, los actores hacen una interpretaci\u00f3n amplia e inexacta de la norma, por lo que no se trata de un cargo <em>cierto<\/em> ni <em>pertinente<\/em>. De un lado, no es <em>cierto<\/em> porque el art\u00edculo 148<em> \u201cs\u00f3lo autoriza a que se pueda renunciar a prestaciones sociales asociadas al pago de cesant\u00edas cuya renuncia haya sido autorizada por la ley, como ser\u00eda el caso de la sanci\u00f3n moratoria por el no pago de cesant\u00edas en las fechas que se\u00f1ala la ley\u201d.<\/em><a name=\"_ftnref24\"><\/a><em><sup><b><strong>[24]<\/strong><\/b><\/sup><\/em> Adem\u00e1s, dijo, el papel del Inspector del Trabajo no consiste en validar un <em>acto espurio, <\/em>sino garantizar los derechos laborales del trabajador.<a name=\"_ftnref25\"><\/a><sup>[25]<\/sup> De otro, tampoco es <em>pertinente <\/em>porque se fundamenta en opiniones amplias y generales de la norma, que como se dijo, reviste de un contenido particular, concreto y espec\u00edfico.<a name=\"_ftnref26\"><\/a><sup>[26]<\/sup><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"17\">\n<li><b> <\/b>En caso de que la Corte efect\u00fae un pronunciamiento de fondo, solicit\u00f3 declarar la exequibilidad condicionada de la norma, bajo el entendido de que la autorizaci\u00f3n del inspector solo procede respecto de prestaciones renunciables en los t\u00e9rminos previstos por la ley, pero nunca frente a derechos m\u00ednimos, ciertos e irrenunciables como lo son las cesant\u00edas.<a name=\"_ftnref27\"><\/a><sup>[27]<\/sup><\/li>\n<\/ol>\n<p><em><u>\u00a0<\/u><\/em><\/p>\n<ol start=\"18\">\n<li><b> <\/b><em><u>Universidad de Caldas<\/u><\/em><em>. <\/em>Indic\u00f3 que la expresi\u00f3n <em>\u201cy para renunciar prestaciones sociales\u201d<\/em> del art\u00edculo 148 del Decreto 2158 de 1948 es incompatible con la Constituci\u00f3n de 1991 y debe ser declarada inexequible. Se\u00f1al\u00f3 que el art\u00edculo 53 Constitucional consagra la <em>\u201cirrenunciabilidad a los beneficios m\u00ednimos establecidos en normas laborales\u201d<\/em>, lo cual convierte a las prestaciones sociales en derechos ciertos e indiscutibles, de orden p\u00fablico, las cuales no pueden ser objeto de renuncia ni siquiera con autorizaci\u00f3n administrativa. Record\u00f3 que el art\u00edculo 340 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo dispone que <em>\u201clas prestaciones sociales establecidas en este c\u00f3digo, ya sean eventuales o causadas, son irrenunciables\u201d,<\/em> reforzando el aludido mandato constitucional.<a name=\"_ftnref28\"><\/a><sup>[28]<\/sup><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"19\">\n<li><b> <\/b>A juicio de la Universidad, otorgar al Ministerio de Trabajo facultades para permitir tales renuncias contradice su funci\u00f3n protectora y desnaturaliza la misi\u00f3n estatal de garantizar la dignidad humana y el m\u00ednimo vital. Subray\u00f3 que permitir esa renuncia representar\u00eda un retroceso frente al principio de progresividad de los derechos laborales y quebrantar\u00eda la protecci\u00f3n reforzada de los trabajadores, por lo cual, la norma ser\u00eda incompatible con la Constituci\u00f3n.<a name=\"_ftnref29\"><\/a><sup>[29]<\/sup> Subsidiariamente, adujo que la norma podr\u00eda armonizarse mediante un condicionamiento en el sentido de que en los retiros parciales de cesant\u00edas se garantice la protecci\u00f3n del m\u00ednimo vital.<a name=\"_ftnref30\"><\/a><sup>[30]<\/sup><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"20\">\n<li><b> <\/b><em><u>Universidad del Norte<\/u><\/em><em>. <\/em>Se decant\u00f3 por la inconstitucionalidad de la expresi\u00f3n <em>\u201cpara renunciar prestaciones sociales\u201d<\/em> del art\u00edculo 148 del Decreto 2158 de 1948. Para tal efecto, argument\u00f3 que el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n consagra la <em>\u201cirrenunciabilidad a los beneficios m\u00ednimos establecidos en las normas laborales\u201d<\/em>, la cual constituye un mandato de orden p\u00fablico y no una simple declaraci\u00f3n program\u00e1tica. Se\u00f1al\u00f3 que las prestaciones sociales son derechos m\u00ednimos, obligatorios y de car\u00e1cter irrenunciable, cuyo desconocimiento vulnera la dignidad humana y el trabajo decente.<a name=\"_ftnref31\"><\/a><sup>[31]<\/sup> La Universidad concluy\u00f3 que facultar a inspectores de trabajo o alcaldes para autorizar renuncias de prestaciones sociales desnaturaliza la funci\u00f3n protectora del Estado y genera precarizaci\u00f3n laboral. Por ello, solicitaron a la Corte declarar la inexequibilidad del aparte acusado.<a name=\"_ftnref32\"><\/a><sup>[32]<\/sup><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"21\">\n<li><b> <\/b><em><u>Universidad Pontificia Bolivariana<\/u><\/em><em>.<\/em> Conceptu\u00f3 que la expresi\u00f3n <em>\u201cy para renunciar prestaciones sociales\u201d<\/em> del art\u00edculo 148 del Decreto 2158 de 1948 es inexequible, en tanto resulta incompatible con el principio de irrenunciabilidad contenido en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n. Se\u00f1al\u00f3 que resulta <em>\u201cconstitucionalmente inadmisible que la norma acusada habilite, previa autorizaci\u00f3n del inspector de trabajo, a que el trabajador renuncie a los derechos ciertos e indiscutibles relacionados con sus prestaciones sociales.\u201d<a name=\"_ftnref33\"><\/a><sup><b><strong>[33]<\/strong><\/b><\/sup><\/em> Explic\u00f3 que estos derechos, como lo son las cesant\u00edas, los intereses, la prima de servicios y la dotaci\u00f3n, se causan autom\u00e1ticamente con el paso del tiempo y constituyen beneficios ciertos e indiscutibles, por lo que no pueden ser objeto de disposici\u00f3n ni siquiera con autorizaci\u00f3n administrativa. Citaron la Sentencia SU-111 de 2025, donde la Corte afirm\u00f3 que la autonom\u00eda de la voluntad en materia laboral es <em>\u201cuna ficci\u00f3n\u201d<\/em> y que los derechos irrenunciables deben protegerse de manera inmediata y efectiva.<a name=\"_ftnref34\"><\/a><sup>[34]<\/sup><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"22\">\n<li><b> <\/b><em><u>Camilo Alberto Cuervo D\u00edaz<\/u><\/em>. Se\u00f1al\u00f3 que la expresi\u00f3n <em>\u201cy para renunciar prestaciones sociales\u201d<\/em> del art\u00edculo 148 del Decreto 2158 de 1948 ha perdido toda eficacia pr\u00e1ctica por un fen\u00f3meno de decaimiento t\u00e1cito, derivado de reformas como la Ley 1429 de 2010, los decretos que modificaron el Decreto 1072 de 2015 y, m\u00e1s recientemente, la Ley 2452 de 2025, que elimin\u00f3 definitivamente la figura de autorizaci\u00f3n administrativa para renunciar a prestaciones sociales. Explic\u00f3 que desde hace varios a\u00f1os los inspectores de trabajo y el Ministerio carecen de competencia para autorizar tales renuncias, por lo que la norma es hoy inoperante.<a name=\"_ftnref35\"><\/a><sup>[35]<\/sup><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"23\">\n<li><b> <\/b>Sin embargo, afirm\u00f3 que aunque el an\u00e1lisis es principalmente te\u00f3rico, la permanencia formal de la disposici\u00f3n exige un pronunciamiento de fondo de la Corte para depurar el ordenamiento y reafirmar los principios constitucionales. Sostuvo que la autorizaci\u00f3n administrativa para la renuncia de prestaciones vulnera los art\u00edculos 53 (irrenunciabilidad de derechos laborales m\u00ednimos), 25 (dignidad humana y trabajo decente), 13 (igualdad material) y 229 (acceso a la administraci\u00f3n de justicia). Concluy\u00f3 que, pese a su obsolescencia, resulta indispensable declarar la inexequibilidad de la norma demandada para fortalecer la protecci\u00f3n de los derechos laborales y la coherencia del sistema jur\u00eddico colombiano.<a name=\"_ftnref36\"><\/a><sup>[36]<\/sup><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Concepto del Procurador General de la Naci\u00f3n<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"24\">\n<li><b> <\/b>En cumplimiento de los art\u00edculos 242.2 y 278.5 de la Constituci\u00f3n, el Procurador General de la Naci\u00f3n rindi\u00f3 el Concepto No. 7501.<a name=\"_ftnref37\"><\/a><sup>[37]<\/sup> En \u00e9l, solicit\u00f3 declarar la inexequibilidad de la expresi\u00f3n <em>\u201cy para renunciar prestaciones sociales\u201d<\/em> contenida en el art\u00edculo 148 del Decreto Ley 2158 de 1948, por ser contraria al principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales establecido en la Constituci\u00f3n.<a name=\"_ftnref38\"><\/a><sup>[38]<\/sup> Mencion\u00f3 que las prestaciones sociales (cesant\u00edas, intereses, prima de servicios, dotaci\u00f3n, entre otras) constituyen derechos ciertos e indiscutibles que se causan autom\u00e1ticamente con la prestaci\u00f3n del servicio y por tanto, son indisponibles. Permitir su renuncia, aun bajo la supervisi\u00f3n de un inspector de trabajo o de un alcalde, vac\u00eda de contenido la garant\u00eda constitucional y desnaturaliza la funci\u00f3n esencial del derecho laboral.<a name=\"_ftnref39\"><\/a><sup>[39]<\/sup><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"25\">\n<li><b> <\/b>El Procurador tambi\u00e9n advirti\u00f3 que la autorizaci\u00f3n administrativa para renunciar a estos derechos sustituye indebidamente la competencia del juez laboral y vulnera el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia (art\u00edculo 229 de la Constituci\u00f3n), pues traslada a las autoridades administrativas una funci\u00f3n reservada a la jurisdicci\u00f3n. Adem\u00e1s, contrar\u00eda la jurisprudencia constitucional que ha sido constante en sostener que solo es posible conciliar o transigir respecto de derechos inciertos y discutibles, m\u00e1s no sobre aquellos causados y ciertos.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"26\">\n<li><b> <\/b>Finalmente, resalt\u00f3 que aunque el art\u00edculo 148 ser\u00e1 derogado por la Ley 2452 de 2025, su vigencia actual impone un pronunciamiento de fondo para evitar ambig\u00fcedades, depurar el ordenamiento jur\u00eddico y reafirmar el compromiso del Estado con la protecci\u00f3n efectiva, progresiva e inderogable de los derechos laborales fundamentales.<a name=\"_ftnref40\"><\/a><sup>[40]<\/sup><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><b><strong> \u00a0\u00a0\u00a0 CONSIDERACIONES<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol>\n<li><b><strong> Competencia<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"27\">\n<li><b> <\/b>De conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 241.5 y 242 de la Constituci\u00f3n, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad en contra del art\u00edculo 148 (parcial) del Decreto Ley 2158 de 1948 \u201c<em>C\u00f3digo Procesal del Trabajo<\/em>\u201d.<a name=\"_ftnref41\"><\/a><sup>[41]<\/sup><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><b><strong> Cuesti\u00f3n previa<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>Aptitud de la demanda<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"28\">\n<li><b> <\/b>La Asociaci\u00f3n Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesant\u00eda (Asofondos) le solicit\u00f3 a esta Corporaci\u00f3n declararse inhibida para pronunciarse de fondo sobre la controversia. En su criterio, el cargo admitido carece de <em>certeza <\/em>y de <em>pertinencia. <\/em>De un lado, no es <em>cierto<\/em> porque el art\u00edculo 148<em> \u201cs\u00f3lo autoriza a que se pueda renunciar a prestaciones sociales asociadas al pago de cesant\u00edas cuya renuncia haya sido autorizada por la ley, como ser\u00eda el caso de la sanci\u00f3n moratoria por el no pago de cesant\u00edas en las fechas que se\u00f1ala la ley\u201d.<\/em><a name=\"_ftnref42\"><\/a><sup>[42]<\/sup> Adem\u00e1s, dijo, el papel del Inspector del Trabajo no consiste en validar un <em>acto espurio, <\/em>sino garantizar los derechos laborales del trabajador.<a name=\"_ftnref43\"><\/a><sup>[43]<\/sup> De otro, tampoco es <em>pertinente <\/em>porque se fundamenta en opiniones amplias y generales de la norma, que como se dijo, reviste de un contenido particular, concreto y espec\u00edfico.<a name=\"_ftnref44\"><\/a><sup>[44]<\/sup><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"29\">\n<li><b> <\/b>A partir de estos planteamientos, le corresponde a esta Corte decidir si la demanda supera los supuestos de aptitud previstos en el Decreto 2067 de 1991 y delimitados por la jurisprudencia constitucional. Ello, con miras a determinar si le corresponde o no realizar un pronunciamiento de fondo sobre el asunto.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"30\">\n<li><b> <\/b>En reiterada jurisprudencia,<a name=\"_ftnref45\"><\/a>[45] la Corte ha se\u00f1alado que el an\u00e1lisis de aptitud de la demanda realizado en el auto admisorio no impide que la Sala Plena de la Corte se pronuncie nuevamente sobre \u00e9l, pues sobre ella reside la funci\u00f3n constitucional de decidir sobre las demandas presentadas en ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad.<a name=\"_ftnref46\"><\/a><sup>[46]<\/sup> M\u00e1xime, cuando alg\u00fan interviniente en el proceso as\u00ed lo sugiere, pues ello le permite a la Sala contar con mayores elementos de juicio para realizar un estudio completo y detallado sobre su competencia para pronunciarse de fondo sobre la controversia.<a name=\"_ftnref47\"><\/a><sup>[47]<\/sup><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"31\">\n<li><b> <\/b>Con fundamento en los art\u00edculos 2 y 3 del Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional ha sostenido que la demanda no puede acudir a acusaciones <em>vagas, abstractas, imprecisas<\/em> o <em>globales<\/em>, sino que debe desarrollar razones o motivos que sean \u201c<em>claros, ciertos, espec\u00edficos, pertinentes y suficientes.<\/em>\u201d<a name=\"_ftnref48\"><\/a><sup>[48]<\/sup> De ah\u00ed que se hayan previsto los presupuestos de <em>claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia<\/em>, cuyo alcance ha sido previsto por la Corte, as\u00ed:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table width=\"623\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"121\"><b><strong>Presupuesto<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"502\"><b><strong>Explicaci\u00f3n<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"121\"><b><strong><em>Claridad<\/em><\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"502\">Le impone al demandante el deber de seguir un hilo conductor argumentativo que le permita al lector comprender f\u00e1cilmente el contenido de la demanda y las justificaciones inmersas en ella.<a name=\"_ftnref49\"><\/a><sup>[49]<\/sup><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"121\"><b><strong><em>Certeza<\/em><\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"502\">Se refiere a la necesidad de que la demanda recaiga sobre <em>\u201cuna proposici\u00f3n jur\u00eddica real y existente\u201d<\/em> y no simplemente sobre una deducida por el actor, impl\u00edcita o que se refiere a otras normas vigentes que no son objeto de la demanda. Igualmente, deber\u00e1n presentarse interpretaciones que se fundamentan en un contenido verificable del mandato demandado.<a name=\"_ftnref50\"><\/a><sup>[50]<\/sup><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"121\"><b><strong><em>Especificidad<\/em><\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"502\">Debe demostrar de forma di\u00e1fana que la disposici\u00f3n demandada desconoce la Constituci\u00f3n, <em>\u201ca trav\u00e9s de la formulaci\u00f3n de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la demanda.&#8221; <\/em>Lo anterior conlleva la necesidad de presentar una oposici\u00f3n objetiva y verificable entre lo que dispone la demanda y el texto constitucional, por lo que resulta inadmisible la presentaci\u00f3n de argumentos <em>vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales.<\/em> <a name=\"_ftnref51\"><\/a><sup>[51]<\/sup><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"121\"><b><strong><em>Pertinencia<\/em><\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"502\">Hace referencia a la importancia de que el reproche puesto a consideraci\u00f3n de la Corte sea de naturaleza constitucional, y no responda a razones de orden legal, personal, doctrinal o de simple conveniencia.<a name=\"_ftnref52\"><\/a><sup>[52]<\/sup><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"121\"><b><strong><em>Suficiencia<\/em><\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"502\">Se predica de la exposici\u00f3n de todos los elementos de juicio, tanto argumentativos como probatorios, necesarios para iniciar el juicio de constitucionalidad requerido. Asimismo, apela al alcance persuasivo de la demanda, esto es, de incoar argumentos que generen una duda m\u00ednima sobre la constitucionalidad de la disposici\u00f3n demandada.<a name=\"_ftnref53\"><\/a><sup>[53]<\/sup><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"32\">\n<li><b> <\/b>Ahora bien, esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha sostenido que estas exigencias argumentativas no pueden interpretarse de forma extremadamente rigurosa, al punto de disuadir al ciudadano de ejercer su derecho pol\u00edtico.<a name=\"_ftnref54\"><\/a>[54] De ah\u00ed que para declarar una sentencia inhibitoria por ineptitud sustantiva de la demanda, se requiere que \u00e9sta sea manifiesta.<a name=\"_ftnref55\"><\/a><sup>[55]<\/sup><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>An\u00e1lisis de aptitud de la demanda<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"33\">\n<li><b> <\/b>La Corte Constitucional concluye que la demanda es apta respecto del \u00fanico cargo admitido por la vulneraci\u00f3n del principio constitucional de irrenunciabilidad de los beneficios m\u00ednimos laborales contenido en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n, en tanto cumple con los presupuestos de <em>claridad,\u202fcerteza, especificidad, pertinencia<\/em> y <em>suficiencia.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"34\">\n<li><b> <\/b>La Sala Plena llega a esta conclusi\u00f3n en aplicaci\u00f3n del principio <em>pro actione. <\/em>En oportunidades anteriores, con el fin de hacer prevalecer el derecho sustancial sobre el formal, as\u00ed como garantizar el derecho a la administraci\u00f3n de justicia y a la participaci\u00f3n democr\u00e1tica de los ciudadanos, la Corte Constitucional ha subsanado diversos tipos de defectos hallados en las demandas de constitucionalidad, los cuales en principio, hubieren llevado a un fallo inhibitorio, o que detectados en la etapa de admisibilidad, conllevar\u00edan a un auto de inadmisi\u00f3n o de rechazo.<a name=\"_ftnref56\"><\/a>[56]<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"35\">\n<li><b> <\/b>Entre estas deficiencias, se destacan las siguientes: \u201c<em>(i)<\/em> interpretar cargos confusos;<a name=\"_ftnref57\"><\/a>[57] <em>(ii)<\/em> aceptar cargos no suficientemente fundamentados;<a name=\"_ftnref58\"><\/a>[58] <em>(iii)<\/em> identificar la norma realmente cuestionada;<a name=\"_ftnref59\"><\/a>[59] <em>(iv)<\/em> identificar la norma constitucional supuestamente vulnerada;<a name=\"_ftnref60\"><\/a>[60] <em>(v)<\/em> integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa cuando el cargo del actor ya cobija la norma por \u00e9l no formalmente acusada;<a name=\"_ftnref61\"><\/a>[61] y <em>(vi)<\/em> subsanar requisitos formales menores.<a name=\"_ftnref62\"><\/a>[62] De cualquier manera, la Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha advertido que en caso de que las fallas de la demanda sean de gran magnitud, no procede aplicar el principio <em>pro actione \u201cporque, al aplicarlo, la Corte terminar\u00eda por sustituir a los ciudadanos en la formulaci\u00f3n de los cargos.\u201d<a name=\"_ftnref63\"><\/a><b><strong>[63]<\/strong><\/b><\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"36\">\n<li><b> <\/b>Sobre los alcances concretos de este principio, esta Corporaci\u00f3n ha delineado sus lineamientos en la Sentencia C-292 de 2019. En esta oportunidad, se indic\u00f3 que trae consigo las siguientes dos exigencias:<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>\u201cLa primera (i) proh\u00edbe una aproximaci\u00f3n a la demanda que tenga por objeto o como efecto un incremento en los requerimientos t\u00e9cnicos de la acusaci\u00f3n, al punto de privilegiarlos sobre el debate sustantivo que puede derivarse razonablemente de la misma. La segunda (ii) ordena que en aquellos casos en los que exista una duda sobre el cumplimiento de las\u00a0condiciones m\u00ednimas de argumentaci\u00f3n, la Corte se esfuerce, en la medida de sus posibilidades, por adoptar una decisi\u00f3n de fondo.<\/em><a name=\"_ftnref64\"><\/a><em><b><strong>[64]<\/strong><\/b><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"37\">\n<li><b> <\/b>Aplicados los anteriores lineamientos jurisprudenciales al presente caso, la Corte Constitucional concluye que la demanda es apta respecto del \u00fanico cargo admitido por la vulneraci\u00f3n del principio constitucional de irrenunciabilidad de los beneficios m\u00ednimos laborales contenido en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n, en tanto cumple con los presupuestos de <em>claridad, certeza, especificidad, pertinencia<\/em> y <em>suficiencia, como se demostrar\u00e1 a continuaci\u00f3n.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"38\">\n<li><b> <\/b>El cargo de inconstitucionalidad es <b><strong><em>claro<\/em><\/strong><\/b>, pues desde el esp\u00edritu del principio <em>pro actione, <\/em>la Sala observa que los demandantes presentaron sus argumentos mediante un hilo argumentativo preciso y coherente que le permite a esta Corporaci\u00f3n entender que el cuestionamiento radica en que la expresi\u00f3n acusada que dice <em>\u201cy para renunciar prestaciones sociales\u201d<\/em> vulnera el principio de <em>irrenunciabilidad<\/em> de los derechos m\u00ednimos laborales. Es preciso se\u00f1alar que para satisfacer el presupuesto de claridad en la etapa de admisibilidad<em>, <\/em>no le es dable a esta Corporaci\u00f3n exigirles a los ciudadanos que clasifiquen cu\u00e1les son esas prestaciones sociales y\/o si aquellas son renunciables o no. De una parte, porque la norma objeto de estudio no entra en ese nivel de detalle, y de otra, porque como se explic\u00f3, la esencia del reproche recae exclusivamente sobre una habilitaci\u00f3n normativa general consistente en renunciar a las prestaciones sociales, la cual en criterio de los demandantes, es inconstitucional.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"39\">\n<li><b> <\/b>La demanda tambi\u00e9n cumple con el requisito de <b><strong><em>certeza<\/em><\/strong><\/b>. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n observa que el argumento de que renunciar a las prestaciones sociales es contrario al principio de irrenunciabilidad de los beneficios m\u00ednimos laborales deviene de la lectura textual y literal del apartado de la norma que dice <em>\u201crenuncia a prestaciones sociales\u201d<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"40\">\n<li><b> <\/b>Asofondos argument\u00f3 que el cargo no es cierto porque la lectura que debe hacerse del art\u00edculo 148 es que solamente se autoriza la renuncia al pago de cesant\u00edas cuya renuncia haya sido autorizada por la ley, como ser\u00eda el caso de la sanci\u00f3n monetaria por el no pago de las cesant\u00edas en las fechas que establece la norma. La Sala Plena no comparte la postura de Asofondos, principalmente porque esa interpretaci\u00f3n que sobrepone a la de los demandantes tampoco es certera. No es cierto que de la norma sea posible concluir que la \u00fanica renuncia que se permite es la que se deriva de la sanci\u00f3n moratoria por el no pago de las cesant\u00edas. Como se explic\u00f3 en el an\u00e1lisis del presupuesto anterior, la expresi\u00f3n demandada se refiere a la renuncia a las <em>prestaciones sociales <\/em>como terminolog\u00eda general.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"41\">\n<li><b> <\/b>A ello se le suma que el reproche no recae sobre una norma derogada, impl\u00edcita ni supuesta, sino sobre una vigente, identificada con precisi\u00f3n, cuya lectura literal habilita la renuncia a prestaciones sociales. Esta Corporaci\u00f3n ha precisado que el presupuesto de certeza <em>\u201cno exige que la interpretaci\u00f3n del demandante sea la \u00fanica posible ni la m\u00e1s plausible, sino que sea una lectura razonable y verificable del texto demandado\u201d<\/em>.<a name=\"_ftnref65\"><\/a>[65] En ese sentido, el hecho de que Asofondos proponga una lectura alternativa y m\u00e1s restringida de la norma no desvirt\u00faa la certeza del cargo, por el contrario demuestra, precisamente, que la expresi\u00f3n acusada admite varias interpretaciones, una de las cuales, la que leen los demandantes, es jur\u00eddicamente plausible y recae sobre un contenido normativo real y verificable.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"42\">\n<li><b> <\/b>Por \u00faltimo, los demandantes tambi\u00e9n argumentaron que la intervenci\u00f3n del Inspector del Trabajo y del Alcalde Municipal en la renuncia a las prestaciones sociales descarta cualquier intervenci\u00f3n judicial posterior en esa misma materia. Si bien aquella interpretaci\u00f3n no corresponde a una lectura real de la disposici\u00f3n acusada, ese argumento no subsiste por s\u00ed solo ni debe estudiarse aisladamente del cargo admitido. Lo que pretendieron los ciudadanos demandantes con ese argumento es hacer \u00e9nfasis en que es en virtud del mandato constitucional de la irrenunciabilidad de los beneficios m\u00ednimos laborales que es posible determinar con certeza cu\u00e1les derechos son renunciables, dependiendo de cu\u00e1les tengan la connotaci\u00f3n de inciertos y discutibles. En consecuencia, cualquier potestad que se le atribuya a una autoridad administrativa -sea el Inspector del Trabajo o el Alcalde Municipal- para disponer de ellos, atenta directamente contra la garant\u00eda constitucional de irrenunciabilidad de los derechos laborales, pues es solo con el criterio de aquella que es posible establecer tal diferenciaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"43\">\n<li><b> <\/b>En relaci\u00f3n con la <b><strong><em>especificidad<\/em><\/strong><\/b>, el cargo no se limita a se\u00f1alar una incompatibilidad abstracta entre la norma y la Constituci\u00f3n, sino que identifica de manera concreta la oposici\u00f3n entre la habilitaci\u00f3n normativa general contenida en la expresi\u00f3n demandada y el mandato de irrenunciabilidad del art\u00edculo 53 constitucional. Esta Corporaci\u00f3n ha dicho que la especificidad exige que el demandante se\u00f1ale en qu\u00e9 consiste la inexequibilidad que predica de la norma, mostrando de modo concreto c\u00f3mo el mandato demandado viola o desconoce la Constituci\u00f3n. Ese est\u00e1ndar se satisface en el presente asunto, pues los demandantes explicaron con precisi\u00f3n que la norma otorga a una autoridad administrativa la facultad de autorizar la renuncia a prestaciones sociales, que son beneficios m\u00ednimos laborales, lo cual contradice directamente el principio del art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"44\">\n<li><b> <\/b>En cuanto a la <b><strong><em>pertinencia<\/em><\/strong><\/b>, el reproche es de naturaleza estrictamente constitucional. Los demandantes no cuestionan la conveniencia de la norma ni proponen una interpretaci\u00f3n de <em>lege ferenda<\/em>, sino que confrontan directamente la habilitaci\u00f3n que ella contiene con un principio m\u00ednimo fundamental consagrado en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n. La jurisprudencia constitucional ha precisado que el juicio de pertinencia apunta a descartar que el reproche sea meramente legal, doctrinal o de conveniencia. En este caso, el par\u00e1metro invocado es de rango constitucional y el contraste que se plantea es directo e inmediato.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"45\">\n<li><b> <\/b>En suma, en cuanto a la <em>especificidad<\/em> y la <em>pertinencia<\/em>, la acusaci\u00f3n fue concreta y puntual. Los demandantes explicaron que el fragmento acusado que habilita una <em>renuncia <\/em>a las prestaciones sociales desconoce el principio de <em>irrenunciabilidad <\/em>de los derechos m\u00ednimos laborales protegido por la Constituci\u00f3n. En este sentido, los demandantes fundamentaron el cargo en el desconocimiento de un principio fundamental de naturaleza constitucional, lo que acompa\u00f1aron con la debida jurisprudencia constitucional. A ello se le suma, como se explic\u00f3 a profundidad anteriormente, que en tanto el texto del fragmento acusado no distingue qu\u00e9 m\u00ednimos laborales est\u00e1n comprendidos en el t\u00e9rmino <em>prestaciones sociales<\/em>, mal har\u00eda esta Corporaci\u00f3n en exigirle al ciudadano como parte de la estructuraci\u00f3n del cargo que proceda a identificarlas, sin incurrir en una carga argumentativa desproporcionada.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"46\">\n<li><b> <\/b>Adicionalmente, la <b><strong><em>suficiencia<\/em><\/strong><\/b> del cargo se aprecia en que los demandantes no se limitaron a enunciar la posible incompatibilidad de la norma con la Constituci\u00f3n, sino que aportaron los elementos argumentativos necesarios para despertar en esta Corporaci\u00f3n una duda razonable sobre su constitucionalidad. Esta Corte ha se\u00f1alado que la suficiencia se relaciona con la exposici\u00f3n de todos los elementos de juicio necesarios para iniciar el juicio de constitucionalidad, as\u00ed como con el alcance persuasivo de la demanda. En el presente asunto, los ciudadanos acudieron a la jurisprudencia constitucional, al texto literal de la norma demandada y al par\u00e1metro constitucional del art\u00edculo 53 para sustentar su cuestionamiento, lo que resulta suficiente para que esta Corporaci\u00f3n emita un pronunciamiento de fondo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"47\">\n<li><b> <\/b>Por las razones expuestas anteriormente, se satisface el requisito de <em>suficiencia<\/em>, toda vez que bajo el esp\u00edritu del principio <em>pro actione, <\/em>los argumentos esgrimidos permiten suscitar una duda razonable respecto de la constitucionalidad del ac\u00e1pite de la disposici\u00f3n acusada.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"48\">\n<li><b> <\/b>En conclusi\u00f3n, la Corte reitera que la demanda es apta, en tanto cumpli\u00f3 con los presupuestos constitucionales para su admisibilidad. Por consiguiente, proceder\u00e1 con la formulaci\u00f3n del problema jur\u00eddico, y con \u00e9l, el pronunciamiento de fondo correspondiente.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><b><strong> Problema jur\u00eddico y esquema de resoluci\u00f3n<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"49\">\n<li><b> <\/b>En atenci\u00f3n a los antecedentes expuestos, le corresponde a esta Corte Constitucional resolver el siguiente problema jur\u00eddico: \u00bfla expresi\u00f3n <em>\u201cy para renunciar prestaciones sociales\u201d <\/em>contenida en el art\u00edculo 148 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo vulnera el principio de irrenunciabilidad de los beneficios m\u00ednimos laborales protegido en virtud del art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n al habilitar a una autoridad administrativa para que autorice la renuncia a los derechos laborales o de la seguridad social de un trabajador?<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"50\">\n<li><b> <\/b>Con el prop\u00f3sito de absolver el problema jur\u00eddico formulado, la Corte se referir\u00e1 a la jurisprudencia sobre: <em>(i)<\/em> la compatibilidad de las normas preconstitucionales bajo la vigencia de la Constituci\u00f3n de 1991; <em>(ii)<\/em> los principios m\u00ednimos fundamentales de car\u00e1cter laboral; <em>(iii)<\/em> la habilitaci\u00f3n a autoridades administrativas para transar derechos o celebrar acuerdos de conciliaci\u00f3n extrajudicial en materia laboral, y finalmente, <em>(iv)<\/em> resolver\u00e1 el caso concreto.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"51\">\n<li><b> <\/b>Antes de proceder con la parte considerativa, la Corte Constitucional pone de presente una confusi\u00f3n que surge de la disposici\u00f3n acusada en s\u00ed misma. El art\u00edculo 148 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo se ubica dentro del Cap\u00edtulo XVIII denominado <em>\u201cDisposiciones Varias\u201d <\/em>y dice expresamente en su t\u00edtulo y contenido:<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><b><strong><em>\u201cARTICULO 148<\/em><\/strong><\/b><em>. <b><strong><u>PERMISO PARA LIQUIDACION PARCIAL DE CESANTIAS<\/u><\/strong><\/b>.\u00a0El permiso para liquidaci\u00f3n parcial de cesant\u00edas <b><strong><u>y para renunciar prestaciones sociales<\/u><\/strong><\/b>, en los casos previstos en la ley, ser\u00e1 concedido por el correspondiente Inspector del Trabajo o Alcalde Municipal, con conocimiento de causa.\u201d <\/em>(Subrayado fuera del texto original).<\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"52\">\n<li><b> <\/b>Del texto <em>en cita <\/em>se desprende que si bien el t\u00edtulo de la disposici\u00f3n se refiere a la liquidaci\u00f3n parcial de <em>cesant\u00edas<\/em>, el cuerpo del texto integra otros elementos; inicialmente, se habla del permiso para liquidar parcialmente las <em>cesant\u00edas, <\/em>pero m\u00e1s adelante se hace referencia a la renuncia a las <em>prestaciones sociales<\/em>. Sobre esta cuesti\u00f3n, algunos de los intervinientes como el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Ministerio del Trabajo, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Universidad Pontificia Bolivariana, as\u00ed como el Procurador General de la Naci\u00f3n, afirmaron que las cesant\u00edas son prestaciones sociales, por lo que se encuentran cobijadas por su car\u00e1cter irrenunciable<em>. <\/em>En cambio, otros participantes como Asofondos sostuvieron que la norma solamente autoriza la renuncia al pago de cesant\u00edas siempre que haya sido autorizada por la ley.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"53\">\n<li><b> <\/b>A pesar de la terminolog\u00eda utilizada en la norma, la Corte Constitucional se limitar\u00e1 a analizar la expresi\u00f3n <em>\u201cy para renunciar <\/em>[a] <em>prestaciones sociales\u201d. <\/em>Si bien el t\u00edtulo de la disposici\u00f3n en cuesti\u00f3n se refiere a la liquidaci\u00f3n parcial de las cesant\u00edas, es sobre la expresi\u00f3n <em>renuncia a prestaciones sociales <\/em>que la Corporaci\u00f3n tiene competencia para pronunciarse de fondo. Esto, porque fue con base en ese fragmento que los actores fundamentaron su cargo de inconstitucionalidad, en tanto consideran que aquel atenta contra el principio de irrenunciabilidad de los beneficios m\u00ednimos laborales.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"54\">\n<li><b> <\/b>En suma<em>, <\/em>la Sala Plena interpreta la confusi\u00f3n ling\u00fc\u00edstica reci\u00e9n explicada en <em>pro<\/em> de la intenci\u00f3n de los demandantes, que no es otra que cuestionar que la norma avala la renuncia a las prestaciones sociales, cuando estas \u00faltimas son irrenunciables, en atenci\u00f3n al principio de que trata el art\u00edculo 53 constitucional. Constatada la demanda, se pudo observar que los ciudadanos se refieren, en t\u00e9rminos generales, a los beneficios m\u00ednimos establecidos en las normas laborales. Inclusive, dijeron los actores, que <em>\u201cel principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales consagrado en el art\u00edculo 53 de la Carta Magna, es un principio fundamental de los beneficios m\u00ednimos establecidos en las normas laborales <u>que no solo comporta el salario sino tambi\u00e9n las prestaciones sociales<\/u>\u201d.<a name=\"_ftnref66\"><\/a><b><strong>[66]<\/strong><\/b> <\/em>Tanto as\u00ed, que solamente hicieron referencia a las <em>cesant\u00edas <\/em>cuando citaron textualmente el art\u00edculo 148 demandado, sin darle un alcance ni explicaci\u00f3n adicional. En suma, percat\u00e1ndose que la demanda se ci\u00f1e a la terminolog\u00eda de la expresi\u00f3n demandada y que para este cargo en particular, los actores no se limitaron a las cesant\u00edas, esta Corporaci\u00f3n proceder\u00e1 a partir de ese mismo entendimiento.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><b><strong><em>\u00a0\u00a0 (i)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><\/strong><\/b><b><strong><em>La compatibilidad de las normas preconstitucionales bajo la vigencia de la Constituci\u00f3n de 1991. Reiteraci\u00f3n de jurisprudencia<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"55\">\n<li><b> <\/b>La vigencia de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 no supuso, inmediatamente, la derogatoria de todas las disposiciones legales o reglamentarias que se encontraran vigentes para ese momento. En cambio, como lo ha explicado reiteradamente la jurisprudencia constitucional, signific\u00f3 que en procura del principio de seguridad jur\u00eddica y de una <em>\u201cpresunci\u00f3n de subsistencia de la legislaci\u00f3n prexistente\u201d, <\/em>la legislaci\u00f3n prexistente a la Constituci\u00f3n de 1991 mantendr\u00eda su vigencia a pesar del cambio en el marco jur\u00eddico constitucional.<a name=\"_ftnref67\"><\/a>[67] En palabras de la Corte Constitucional <em>\u201clo que hizo la Constituci\u00f3n de 1991 fue producir un efecto retrospectivo sobre la legislaci\u00f3n preexistente, lo que implic\u00f3 \u201cproyectarle en forma autom\u00e1tica todos sus mandatos superiores, de modo que aquella s\u00f3lo est\u00e1 condenada a desaparecer cuando sus normas no armonicen con las nuevas reglas constitucionales o cuando hayan sido modificadas o sustituidas por estas \u00faltimas.\u201d<a name=\"_ftnref68\"><\/a><b><strong>[68]<\/strong><\/b><\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"56\">\n<li><b> <\/b>El fen\u00f3meno anterior deriva en lo que esta Corporaci\u00f3n ha denominado la <em>inconstitucionalidad sobreviniente<\/em>, que ocurre cuando las normas del ordenamiento jur\u00eddico regido bajo la Constituci\u00f3n de 1886 puedan resultar incompatibles con la nueva Constituci\u00f3n.<a name=\"_ftnref69\"><\/a>[69] Sobre este fen\u00f3meno, la Corte Constitucional reconoci\u00f3 una divergencia en su jurisprudencia. Inicialmente, la Corte reconoc\u00eda que ante la presencia de una norma expedida antes de la vigencia de un nuevo texto constitucional -lo que la hace evidentemente incompatible con este \u00faltimo- debe haber un pronunciamiento de fondo sobre la demanda, por razones de seguridad jur\u00eddica. Posteriormente, sostuvo que si el precepto legal demandado es contrario a la nueva Carta, debe entenderse como t\u00e1citamente derogado, impidiendo as\u00ed una decisi\u00f3n de fondo sobre las demandas.<a name=\"_ftnref70\"><\/a>[70] En consecuencia, en la Sentencia C-110 de 2023, la Corte Constitucional unific\u00f3 su jurisprudencia y concluy\u00f3 que, en adelante, ante demandas contra normas afectadas por una inconstitucionalidad sobreviniente, lo que procede es pronunciarse sobre el fondo del asunto, declarando la correspondiente inexequibilidad si esto es procedente.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"57\">\n<li><b> <\/b>Ahora bien, a efectos de realizar el correspondiente tr\u00e1nsito constitucional, as\u00ed como para evitar traumatismos que podr\u00edan conducir al caos del ordenamiento jur\u00eddico o a una incertidumbre en cuando a la vigencia de las normas jur\u00eddicas, la Corte Constitucional tiene plena competencia para decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra cualquier norma jur\u00eddica, conforme lo dictamina el art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n. Inclusive, si precedieron a la entrada en vigencia del nuevo texto constitucional. Esto, siempre que se encuentren vigentes o, en caso de estar derogadas, contin\u00faen produciendo efectos jur\u00eddicos.<a name=\"_ftnref71\"><\/a>[71] En otras palabras, esta Corporaci\u00f3n tiene la facultad de analizar las normas promulgadas durante la vigencia de la Constituci\u00f3n de 1886, porque la legislaci\u00f3n preexistente mantuvo su exigibilidad siempre que coincidiera con el marco constitucional actual, el cual act\u00faa como un par\u00e1metro de control para evaluar la constitucionalidad de esas normas.<a name=\"_ftnref72\"><\/a>[72]<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"58\">\n<li><b> <\/b>En ese sentido, al analizar la competencia de la Corte Constitucional para pronunciarse sobre el contenido material de normas preconstitucionales, se ha entendido que su prop\u00f3sito es determinar si existe una incompatibilidad material o sustancial entre la disposici\u00f3n y las normas que integran la Constituci\u00f3n de 1991.<a name=\"_ftnref73\"><\/a>[73] Por ello, se aval\u00f3 que los aspectos de forma se rijan por la Constituci\u00f3n de 1886, pero el contenido material de la norma demandada se debe comparar con los principios establecidos en la Constituci\u00f3n vigente, a fin de que no persista un precepto abiertamente inconstitucional.<a name=\"_ftnref74\"><\/a>[74]<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"59\">\n<li><b> <\/b>En reiteradas oportunidades anteriores, esta Corporaci\u00f3n ha decidido sobre la constitucionalidad de normas que preceden a la entrada en vigencia de la Constituci\u00f3n de 1991. En la Sentencia C-315 de 2023, la Corte Constitucional se pronunci\u00f3 sobre el art\u00edculo 102 del C\u00f3digo de Comercio de 1971. En ese caso en particular, la Corte concluy\u00f3 que en tanto no hab\u00eda evidencia que la norma en cuesti\u00f3n hubiese sido derogada o que no se encontrare surtiendo efectos jur\u00eddicos, no hab\u00eda duda de que la Corte Constitucional tiene competencia para pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia. En la Sentencia C-513 de 2024, el Pleno tambi\u00e9n fundament\u00f3 su competencia para decidir sobre una acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 185 del Estatuto Notarial expedido en 1970. Similar a la decisi\u00f3n anterior, en ese caso la Sala Plena concluy\u00f3 que es competente para pronunciarse sobre las expresiones demandadas, en tanto y en cuanto no hay elementos que permitan concluir que la norma preconstitucional haya sido derogada o no se encuentre produciendo efecto jur\u00eddico alguno.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"60\">\n<li><b> <\/b>El Decreto Ley 2158 de 1948 es una norma preconstitucional que fue expedida hace 77 a\u00f1os en desarrollo de las facultades excepcionales que se le confirieron al Gobierno Nacional en virtud del art\u00edculo 121 de la Constituci\u00f3n de 1886, en el marco de un estado de sitio. En virtud de dichas atribuciones extraordinarias, el entonces Gobierno Nacional actu\u00f3 con potestad legislativa para dictar medidas de orden temporal y urgente, entre ellas, la expedici\u00f3n del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Posteriormente, una vez levantado el estado de sitio, por medio de la Ley 141 de 1961, el Congreso adopt\u00f3 como legislaci\u00f3n permanente el Decreto Ley 2158 de 1948, conservando su fuerza de ley dentro del ordenamiento jur\u00eddico colombiano.<a name=\"_ftnref75\"><\/a><sup>[75]<\/sup><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"61\">\n<li><b> <\/b>As\u00ed las cosas, la Corte Constitucional es competente para pronunciarse de fondo sobre la acci\u00f3n de inconstitucionalidad del asunto, en tanto no cuenta con ning\u00fan elemento para concluir que el fragmento demandado del art\u00edculo 148 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo haya sido derogado o no se encuentre produciendo efectos jur\u00eddicos.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"62\">\n<li><b> <\/b>Si bien el invitado Camilo Alberto Cuervo Diaz sugiri\u00f3 que la expresi\u00f3n demandada ha deca\u00eddo t\u00e1citamente por modificaciones normativas posteriores que han eliminado la competencia administrativa para renunciar a prestaciones sociales, prosigui\u00f3 confirmando que aquel es un an\u00e1lisis eminentemente te\u00f3rico. Adem\u00e1s, conforme a lo dispuesto en los art\u00edculos 330 y 331 de la Ley 2452 de 2025, el Decreto Ley 2158 de 1948 ser\u00e1 derogado en su integridad a partir del 2 de abril de 2026, por lo que a la fecha, continua vigente y produciendo efectos jur\u00eddicos. Ahora, el interviniente tambi\u00e9n dijo que en virtud de la Ley 1429 de 2010<a name=\"_ftnref76\"><\/a>[76] y otras disposiciones, se elimin\u00f3 la figura de autorizaci\u00f3n administrativa para renunciar a prestaciones sociales. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n observa que la normativa en cuesti\u00f3n se refiere puntualmente al re\u0301gimen de cesanti\u0301as<a name=\"_ftnref77\"><\/a>[77] y no aborda la renuncia a prestaciones sociales en su generalidad, por lo que no hay certeza de que sobre otras prestaciones sociales distintas a las cesant\u00edas, no se requiera autorizaci\u00f3n administrativa, y en consecuencia, la norma no est\u00e9 vigente ni surtiendo efectos jur\u00eddicos.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong><em>\u00a0(ii)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><\/strong><\/b><b><strong><em>Los principios m\u00ednimos fundamentales de car\u00e1cter laboral. Reiteraci\u00f3n de jurisprudencia<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"63\">\n<li><b> <\/b>La Constituci\u00f3n de 1991 se refiri\u00f3 al trabajo desde el pre\u00e1mbulo y el art\u00edculo 1, atribuy\u00e9ndole una triple dimensi\u00f3n; <em>\u201c<\/em><em>(i) valor fundante del Estado social de derecho; (ii) principio rector del ordenamiento jur\u00eddico; y (iii) derecho-deber social<\/em><em> con<\/em><em> car\u00e1cter fundamental.\u201d<\/em><a name=\"_ftnref78\"><\/a>[78] De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el trabajo tiene la calidad de valor y principio fundante del Estado Social de Derecho.<a name=\"_ftnref79\"><\/a>[79]<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"64\">\n<li><b> <\/b>El art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n ha definido los principios m\u00ednimos fundamentales respecto de los cuales esta Corporaci\u00f3n ha entendido que constituyen la base de la garant\u00eda del derecho al trabajo.<a name=\"_ftnref80\"><\/a>[80] Entre ellos, est\u00e1 el principio de irrenunciabilidad de los beneficios m\u00ednimos establecidos en las normas laborales y las facultades de transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles.<a name=\"_ftnref81\"><\/a>[81] En relaci\u00f3n con dichos principios, la Corte se\u00f1al\u00f3 que \u201c<em>el constituyente consagr\u00f3 una serie de \u2018principios m\u00ednimos fundamentales\u2019 que configuran el \u2018suelo axiol\u00f3gico\u2019 de los valores materiales expresados en la Constituci\u00f3n alrededor de la actividad productiva del <\/em>[ser humano]<em>, a los cuales tiene que sujetarse el Congreso en su actividad legislativa al igual que el aplicador o int\u00e9rprete de las disposiciones de ese orden y la sociedad en general.\u201d<a name=\"_ftnref82\"><\/a><b><strong>[82]<\/strong><\/b><\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"65\">\n<li><b> <\/b>Los dos principios m\u00ednimos fundamentales de car\u00e1cter laboral que se desarrollan en las subsecciones siguientes, esto es, la irrenunciabilidad de los beneficios m\u00ednimos establecidos en las normas laborales y la facultad para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, guardan una estrecha conexidad material. El primero delimita el \u00e1mbito de protecci\u00f3n reforzada del trabajador al proscribir la disposici\u00f3n de los beneficios m\u00ednimos laborales; el segundo, por su parte, habilita un espacio de autonom\u00eda negocial circunscrito a aquellos derechos que no re\u00fanen la naturaleza de ciertos e indiscutibles. Uno y otro operan, pues, como dimensiones complementarias del mandato del art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n, en tanto el primero define lo indisponible y el segundo el margen dentro del cual cabe la disposici\u00f3n. Por esta raz\u00f3n, y a fin de evitar repeticiones innecesarias en la l\u00ednea argumentativa, la Sala Plena estima pertinente desarrollarlos de manera consecutiva en este cap\u00edtulo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><b> <\/b><b><strong><em>El principio de irrenunciabilidad de los beneficios m\u00ednimos laborales. Reiteraci\u00f3n de jurisprudencia<\/em><\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"66\">\n<li><b> <\/b>Tal y como se se\u00f1al\u00f3 anteriormente, uno de los principios m\u00ednimos fundamentales establecidos en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n es la irrenunciabilidad de los beneficios m\u00ednimos establecidos en las normas laborales. Al respecto, es de anotar que la Constituci\u00f3n usa una expresi\u00f3n deliberadamente abierta, esto es, <em>beneficios m\u00ednimos<\/em>. Esa apertura no es un descuido del Constituyente, sino una decisi\u00f3n t\u00e9cnica para evitar que la protecci\u00f3n sea petrificada en un cat\u00e1logo cerrado.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"67\">\n<li><b> <\/b>La jurisprudencia constitucional ha construido ese cat\u00e1logo desde tres fuentes simult\u00e1neas. <em>(i)<\/em> El propio texto del art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que enumera algunos principios, entre ellos, la remuneraci\u00f3n m\u00ednima vital y m\u00f3vil, la estabilidad en el empleo y la primac\u00eda de la realidad, todos los cuales tienen una dimensi\u00f3n de irrenunciabilidad. <em>(ii)<\/em> El bloque de constitucionalidad nutrido de los Convenios de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por Colombia, tales como el Convenio 95 sobre protecci\u00f3n del salario y el Convenio 131 sobre salario m\u00ednimo, que ampl\u00edan el piso de lo irrenunciable m\u00e1s all\u00e1 de lo que dice el texto constitucional. Y <em>(iii)<\/em>, la propia legislaci\u00f3n laboral ordinaria. As\u00ed, el art\u00edculo 14 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo declara irrenunciables los derechos y prerrogativas consagrados en ese estatuto, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley y el art\u00edculo 340 hace lo propio respecto de las prestaciones sociales all\u00ed reguladas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"68\">\n<li><b> <\/b>Lo relevante de este dise\u00f1o constitucional es que el concepto de <em>\u201cbeneficios m\u00ednimos\u201d <\/em>no es est\u00e1tico sino que se incorpora como un piso m\u00ednimo del que deriva una estricta protecci\u00f3n constitucional. La Corte Constitucional ha reconocido que el Legislador puede elevar el piso de protecci\u00f3n y calificar nuevos beneficios como m\u00ednimos irrenunciables, ello por virtud del principio de progresividad. Lo que no puede hacer, y esto en el marco del art\u00edculo 53 constitucional, es reducirlo.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"69\">\n<li><b> <\/b>La Corte Constitucional ha explicado el criterio en virtud del cual ciertos beneficios, esto es, los m\u00ednimos establecidos en leyes laborales, son irrenunciables. Sobre el particular, ha dicho que los beneficios m\u00ednimos irrenunciables guardan una conexidad \u00edntima con la dignidad humana, la igualdad y no discriminaci\u00f3n y el libre desarrollo de la personalidad, pues bien, no le es dable al Estado Social de Derecho tolerar renuncias que vean menguadas las condiciones equitativas, justas y satisfactorias en las que debe laborar un trabajador, sin las cuales se desconocer\u00eda la dignidad humana.<a name=\"_ftnref83\"><\/a>[83] En ese sentido se\u00f1al\u00f3 que:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>\u201cEl Estado Social de Derecho, que tiene como fin servir a la comunidad, no puede tolerar que el derecho al trabajo -que es de inter\u00e9s general-, se vea menguado por renuncias que el trabajador en estado de necesidad pueda verse forzado a hacer. Como, por ejemplo, aceptar un despido sin justa causa, ante la perspectiva de recibir con prontitud el dinero proveniente de una indemnizaci\u00f3n. De una u otra forma, implicar\u00eda renunciar a uno de los fines personales del hombre, que es, como se ha dicho, el de buscar su propia realizaci\u00f3n a trav\u00e9s de un trabajo honrado y l\u00edcito, y cuando un fin es inalcanzable, de una u otra forma, todos los medios van perdiendo su raz\u00f3n de ser.\u201d<a name=\"_ftnref84\"><\/a><b><strong>[84]<\/strong><\/b><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"70\">\n<li><b> <\/b>A su turno, al referirse a la irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social establecido en el art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n, tambi\u00e9n hizo \u00e9nfasis en que ese car\u00e1cter irrenunciable presupone salvaguardar la dignidad humana y la integridad f\u00edsica y moral de las personas. Ello, con el prop\u00f3sito de prevenir la ocurrencia de determinadas calamidades que por causa de la vejez, el desempleo, las cargas familiares o una enfermedad, atentan contra determinados sectores de la colectividad.<a name=\"_ftnref85\"><\/a>[85]<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"71\">\n<li><b> <\/b>En similar sentido lo ha entendido la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En su criterio, el principio de irrenunciabilidad <em>\u201ces un axioma que parte de la premisa de que el trabajador no puede por su voluntad, desprenderse y abandonar en su perjuicio un beneficio consagrado en normas laborales, en raz\u00f3n al car\u00e1cter imperativo del que se encuentran revistadas, \u00absalvo los casos expresamente exceptuados en la ley\u00bb\u201d.<\/em><a name=\"_ftnref86\"><\/a>[86] A su vez, ha dicho que la naturaleza del mencionado principio descansa en la necesidad de superar la dicotom\u00eda entre la libertad, la subordinaci\u00f3n y la salvaguarda de los derechos del trabajador. Pues bien, en criterio de la Sala, de nada servir\u00eda que la normativa laboral fije unos derechos y garant\u00edas m\u00ednimos en cabeza del trabajador, si \u00e9l pudiera desprenderse de ellos.<a name=\"_ftnref87\"><\/a>[87] Por \u00faltimo, ha puntualizado en que el principio en menci\u00f3n es un par\u00e1metro que parte de la premisa de que el trabajador no puede, por su voluntad o por acuerdo con el empleador, desprenderse de un beneficio imperativo consagrado en normas laborales, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley.<a name=\"_ftnref88\"><\/a>[88]<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"72\">\n<li><b> <\/b>El principio de irrenunciabilidad se cimienta en la calidad del trabajador, en tanto es debido a las condiciones de asimetr\u00eda de la relaci\u00f3n laboral, que se busca asegurar condiciones dignas y justas en el trabajo, as\u00ed como que la autonom\u00eda de la voluntad no puede ser invocada de manera absoluta en contextos laborales. Esto implica que, incluso cuando la persona trabajadora expresa su consentimiento para renunciar a los beneficios laborales, esta decisi\u00f3n carece de validez si afecta derechos ciertos, indiscutibles y m\u00ednimos.<a name=\"_ftnref89\"><\/a>[89]<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"73\">\n<li><b> <\/b>Ahora bien, al analizar el alcance del principio de irrenunciabilidad a los beneficios m\u00ednimos laborales, la Corte Constitucional ha reconocido que pese a \u00e9l, los trabajadores s\u00ed pueden disponer de ciertos derechos, tales como ingresos a t\u00edtulo de salario, de prestaciones sociales o de otras prestaciones percibidas en virtud de los servicios que presta en subordinaci\u00f3n.<a name=\"_ftnref90\"><\/a>[90] A modo de ejemplo, el art\u00edculo 342 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo anuncia que son prestaciones renunciables:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>\u201c1. Los trabajadores comprendidos en el ordinal a) del inciso 2. del art\u00edculo anterior, pueden renunciar a los auxilios por enfermedad no profesional establecidos en los art\u00edculos\u00a0227\u00a0y\u00a0277, a los cuales tendr\u00edan derecho al producirse su incapacidad para el trabajo como consecuencia de la perturbaci\u00f3n o deficiencia que origin\u00f3 la renuncia.\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><em> Los trabajadores comprendidos en el ordinal b) del inciso 2. del mismo art\u00edculo anterior, pueden renunciar a los auxilios por enfermedad no profesional y por accidente de trabajo que se produzcan como consecuencia directa de la perturbaci\u00f3n o deficiencia que origin\u00f3 la renuncia, y al seguro de vida colectivo obligatorio, en caso de muerte ocurrida por la misma causa.\u00a0<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><em> Todos los trabajadores de que trata el art\u00edculo anterior pueden renunciar al auxilio de invalidez establecido en el art\u00edculo\u00a0278.\u201d\u00a0<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"74\">\n<li><b> <\/b>En hilo con lo anterior, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-492 de 2015, concluy\u00f3 que una reforma tributaria que gravaba ingresos laborales de personas naturales con calidad de empleados no vulneraba el principio de irrenunciabilidad de los beneficios m\u00ednimos laborales dispuesto en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n. Entre otras razones, porque no hay una prohibici\u00f3n expresa en el texto constitucional que as\u00ed lo disponga, mientras que la Constituci\u00f3n si establece el deber general y universal de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"75\">\n<li><b> <\/b>Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha dotado de contenido y alcance el principio de irrenunciabilidad de los beneficios m\u00ednimos laborales. En las sentencias C-070 de 2010 y C-424 de 2015, la Corte Constitucional utiliz\u00f3 tres criterios para analizar si determinada instituci\u00f3n procesal garantiza el car\u00e1cter irrenunciable de los derechos de los trabajadores, siendo estos: <em>(i)<\/em> el car\u00e1cter de m\u00ednimo irrenunciable, en el sentido reivindicatorio de los logros alcanzados a favor del empleado; <em>(ii)<\/em> el car\u00e1cter tuitivo de la legislaci\u00f3n laboral que busca la protecci\u00f3n de la parte m\u00e1s d\u00e9bil de la relaci\u00f3n y, <em>(iii)<\/em> la facultad de reconocer beneficios m\u00ednimos no es exclusiva del grado de consulta, sino tambi\u00e9n se aplica a la doble instancia.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"76\">\n<li><b> <\/b>En suma, el principio de irrenunciabilidad de los beneficios m\u00ednimos laborales, seg\u00fan lo ha entendido la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, es un l\u00edmite constitucional ejercido en el marco del control abstracto de constitucionalidad, por medio del cual se eval\u00faa si las leyes, los acuerdos y los convenios del trabajo suponen o no una renuncia a los beneficios m\u00ednimos laborales. Al ser un par\u00e1metro de constitucionalidad dirigido a determinar qu\u00e9 es susceptible de renuncia y qu\u00e9 no, aquel no puede interpretarse \u00fanicamente como un est\u00e1ndar para enjuiciar los acuerdos a los que lleguen los empleadores y los empleados.<a name=\"_ftnref91\"><\/a>[91]<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<ol>\n<li><b> <\/b><b><strong><em>Facultad para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles<\/em><\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"77\">\n<li><b> <\/b>Como se expuso, el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n incluye otros principios m\u00ednimos fundamentales, entre ellos, las <em>\u201cf<\/em><em>acultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles\u201d<\/em>. Este par\u00e1metro constitucional est\u00e1 relacionado estrechamente con el de la irrenunciabilidad, en la medida en que \u00e9ste decanta que existen derechos por fuera de su protecci\u00f3n y es en ese \u00e1mbito en el que entran en juego las facultades para transigir y conciliar derechos inciertos y discutibles.<a name=\"_ftnref92\"><\/a>[92]<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"78\">\n<li><b> <\/b>Ahora, el concepto de lo incierto y discutible se enmarca en su opuesto, es decir, lo cierto e indiscutible. De ah\u00ed que, de anta\u00f1o la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha rese\u00f1ado que un derecho laboral lo es cuando no existe duda sobre la existencia de los hechos que le dan origen y hay certeza absoluta de que ning\u00fan elemento impide su configuraci\u00f3n o exigibilidad. Este car\u00e1cter surge del cumplimiento de los supuestos de hecho o condiciones establecidas en la norma jur\u00eddica que lo consagra.<a name=\"_ftnref93\"><\/a><sup>[93]<\/sup> En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casaci\u00f3n Laboral precis\u00f3 que:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201c<em>el car\u00e1cter de cierto e indiscutible de un derecho laboral, que impide que sea materia de una transacci\u00f3n o de una conciliaci\u00f3n, surge del cumplimiento de los supuestos de hecho o de las condiciones establecidas en la norma jur\u00eddica que lo consagra. Por lo tanto, un derecho ser\u00e1 cierto, real, innegable, cuando no haya duda sobre la existencia de los hechos que le dan origen y exista certeza de que no hay ning\u00fan elemento que impida su configuraci\u00f3n o su exigibilidad. Lo que hace, entonces, que un derecho sea indiscutible es la certeza sobre la realizaci\u00f3n de las condiciones para su causaci\u00f3n y no el hecho de que entre empleador y trabajador existan discusiones, diferencias o posiciones enfrentadas en torno a su nacimiento, pues, de no ser as\u00ed, bastar\u00eda que el empleador, o a quien se le atribuya esa calidad, niegue o debata la existencia de un derecho para que \u00e9ste se entienda discutible\u201d<a name=\"_ftnref94\"><\/a><b><strong>[94]<\/strong><\/b>.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"79\">\n<li><b> <\/b>A su vez, en relaci\u00f3n con la certeza del derecho, la Corte Constitucional reiter\u00f3 que son aquellos que han ingresado al patrimonio de una persona, y como consecuencia de ello, existe certeza sobre el cumplimiento de los presupuestos de hecho requeridos para que se cause el derecho. En la Sentencia SU-111 de 2025, la Corte dispuso que el concepto de derecho cierto se encuentra directamente relacionado con el de derecho adquirido.<a name=\"_ftnref95\"><\/a>[95] Por lo tanto, excluye las simples expectativas o los derechos en formaci\u00f3n.<a name=\"_ftnref96\"><\/a>[96] As\u00ed, respecto de este tipo de derechos, dijo que <em>\u201cla<\/em><em> libertad dispositiva est\u00e1 cercenada por mandato directo de la Constituci\u00f3n y de la ley<\/em>\u201d.<a name=\"_ftnref97\"><\/a>[97]<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"80\">\n<li><b> <\/b>A <em>contrario sensu<\/em>, la Corte ha reconocido como derechos inciertos y discutibles los que se derivan de hechos que no son claros, la norma que lo consagra es ambigua o admite varias interpretaciones, o cuando el surgimiento del derecho est\u00e1 supeditado al cumplimiento de un plazo o condici\u00f3n y existe una circunstancia que impide su nacimiento o exigibilidad. Esto es, que el concepto de incierto y discutible se relaciona directamente con el concepto de simples expectativas o derechos en formaci\u00f3n.<a name=\"_ftnref98\"><\/a>[98]<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"81\">\n<li><b> <\/b>En particular, para realizar una diferencia entre qu\u00e9 constituye un derecho cierto e indiscutible de uno que no lo es, esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3 que<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>\u201c<\/em><em>un derecho es cierto e indiscutible cuando est\u00e1 incorporado al patrimonio de un sujeto y haya certeza sobre su dimensi\u00f3n, es decir, cuando hayan operado los supuestos de hecho de la norma que lo consagra, as\u00ed no se haya configurado a\u00fan la consecuencia jur\u00eddica de la misma. Por el contrario, un derecho es incierto y discutible\u00a0cuando (i) los hechos no son claros; (ii) la norma que lo prev\u00e9 es ambigua o admite varias interpretaciones, o (iii) su origen est\u00e1 supeditado al cumplimiento de un plazo o condici\u00f3n y existe una circunstancia que impide su nacimiento o exigibilidad.\u201d<\/em><a name=\"_ftnref99\"><\/a>[99]<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong><em>(iii)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><\/strong><\/b><b><strong><em>La habilitaci\u00f3n a autoridades administrativas para transar derechos o celebrar acuerdos de conciliaci\u00f3n extrajudicial en materia laboral<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"82\">\n<li><b> <\/b>Establecido lo anterior, corresponde precisar la naturaleza y el alcance de los dos mecanismos a trav\u00e9s de los cuales se materializa la disposici\u00f3n de derechos laborales inciertos y discutibles; la transacci\u00f3n y la conciliaci\u00f3n extrajudicial. Aunque ambas instituciones comparten el prop\u00f3sito de resolver controversias por fuera de la sede judicial y operan sobre el mismo universo de derechos disponibles, presentan caracter\u00edsticas propias que las diferencian en cuanto a su estructura, sus efectos y el papel que en cada una desempe\u00f1an las partes y los terceros.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"83\">\n<li><b> <\/b>La <em><u>transacci\u00f3n<\/u><\/em> en materia laboral es un contrato consensual y bilateral regulado por los art\u00edculos 1625 y 2469 del C\u00f3digo Civil y el art\u00edculo 15 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, mediante el cual el empleador y trabajador extinguen extrajudicialmente un litigio pendiente o previenen uno eventual, mediante concesiones rec\u00edprocas.<a name=\"_ftnref100\"><\/a>[100]<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"84\">\n<li><b> <\/b>En cambio, por mandato del art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n, la <em><u>conciliaci\u00f3n<\/u><\/em> tiene un car\u00e1cter esencialmente voluntario, porque son las partes las que, en cada caso en concreto, seleccionan en forma espont\u00e1nea al particular que habr\u00e1 de hacer las veces de conciliador. Ello impide que, desde este punto de vista, se establezca una suerte de permanencia en el ejercicio de dicha funci\u00f3n. En relaci\u00f3n con este mecanismo alternativo para la resoluci\u00f3n de conflictos, en la Sentencia C-893 de 2001, la Corte consider\u00f3 que:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>\u201c<\/em>[b]<em>usca involucrar a la comunidad en la resoluci\u00f3n de sus propios conflictos, mediante la utilizaci\u00f3n de instrumentos flexibles, \u00e1giles, efectivos y econ\u00f3micos que conduzcan al saneamiento de las controversias sociales y contribuyan a la realizaci\u00f3n de valores que inspiran un Estado social de derecho, como son la paz, la tranquilidad, el orden justo y la armon\u00eda de las relaciones sociales; adem\u00e1s de que persigue la descongesti\u00f3n de los despachos judiciales, reservando la actividad judicial para los casos en que sea necesaria una verdadera intervenci\u00f3n del Estado. La conciliaci\u00f3n es un procedimiento por el cual un n\u00famero determinado de individuos, trabados entre s\u00ed por causa de una controversia jur\u00eddica, se re\u00fanen para componerla con la intervenci\u00f3n de un tercero neutral -conciliador- qui\u00e9n, adem\u00e1s de proponer f\u00f3rmulas de acuerdo, da fe de la decisi\u00f3n de arreglo y el imparte su aprobaci\u00f3n. El convenio al que se llega como resultado del acuerdo es obligatorio y definitivo para las partes que concilian\u201d.<a name=\"_ftnref101\"><\/a><b><strong>[101]<\/strong><\/b><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"85\">\n<li><b> <\/b>Como se ven\u00eda advirtiendo, desde la propia Constituci\u00f3n, la conciliaci\u00f3n extrajudicial en materia laboral es admisible,<a name=\"_ftnref102\"><\/a>[102] siempre y cuando verse sobre derechos inciertos y discutibles. En palabras de la jurisprudencia constitucional:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>\u201cno es admisible la conciliaci\u00f3n acerca de derechos ciertos e indiscutibles, comoquiera que ellos est\u00e1n comprendidos dentro del derecho imperativo y no dentro del derecho dispositivo. As\u00ed que, dado el caso que las partes en conflicto alcancen un acuerdo conciliatorio en el que se perciba la renuncia o disposici\u00f3n de un derecho que presente estas caracter\u00edsticas, el negocio jur\u00eddico adolecer\u00e1 de un vicio de nulidad por objeto il\u00edcito.\u201d<a name=\"_ftnref103\"><\/a><b><strong>[103]<\/strong><\/b><\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"86\">\n<li><b> <\/b>La Corte Constitucional ha enfatizado en que la conciliaci\u00f3n extrajudicial en materia laboral debe, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos generales de validez y eficacia dispuestos en el art\u00edculo 1502 del C\u00f3digo Civil, acotar un objeto conciliatorio por fuera de la \u00f3rbita de los derechos ciertos e indiscutibles. Esto, en cumplimiento del art\u00edculo 7 de la Ley 2200 de 2022 (Estatuto de Conciliaci\u00f3n), que entre los asuntos conciliables, precis\u00f3 que en materia laboral y de la seguridad social, solo podr\u00e1 conciliarse si con el acuerdo no se afectan derechos ciertos e indiscutibles.<a name=\"_ftnref104\"><\/a>[104] De suerte que la jurisprudencia constitucional haya sido clara en que <em>\u201c<\/em><em>la irrenunciabilidad de los derechos laborales ciertos e indiscutibles, consagrada en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n, impone l\u00edmites claros a los acuerdos conciliatorios en materia laboral. Si bien las partes tienen la libertad de conciliar ciertos aspectos de la relaci\u00f3n laboral, esta facultad no puede extenderse a la disposici\u00f3n de derechos fundamentales que tienen un car\u00e1cter imperativo<\/em><em>.\u201d<a name=\"_ftnref105\"><\/a><b><strong>[105]<\/strong><\/b><\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"87\">\n<li><b> <\/b>De forma similar lo ha explicado la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Sobre el particular, ha profundizado en que indistintamente de la autonom\u00eda de la voluntad de las partes, los contratantes de una relaci\u00f3n laboral subordinada deben respetar los m\u00ednimos laborales irrenunciables consagrados en favor del trabajador, por lo que <em>\u201cno produce efecto alguno cualquier estipulaci\u00f3n que afecte o desconozca ese m\u00ednimo, y ii) se considera v\u00e1lida la transacci\u00f3n en los asuntos del trabajo, salvo cuando verse sobre derechos ciertos e indiscutibles.\u201d<a name=\"_ftnref106\"><\/a><b><strong>[106]<\/strong><\/b><\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"88\">\n<li><b> <\/b>Conforme al art\u00edculo 148 del Decreto Ley 2158 de 1948, el Inspector del Trabajo y Seguridad Social o el Alcalde Municipal son las autoridades competentes para verificar que el ejercicio de transar derechos o celebrar acuerdos de conciliaci\u00f3n extrajudicial en materia laboral no recaiga sobre derechos ciertos y discutibles, sino m\u00e1s bien, sobre derechos inciertos y discutibles.<a name=\"_ftnref107\"><\/a>[107] En ese entendido, la Corte ha sido expresa en considerar que si bien <em>\u201cla transacci\u00f3n es un mecanismo alternativo de soluci\u00f3n de conflictos, no puede convertirse en un instrumento que promueva la transgresi\u00f3n de las garant\u00edas m\u00ednimas de los trabajadores.\u201d<\/em><a name=\"_ftnref108\"><\/a>[108]<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"89\">\n<li><b> <\/b>Es por ello, que la jurisprudencia constitucional ha sido enf\u00e1tica en sostener que los acuerdos de conciliaci\u00f3n y\/o transacci\u00f3n frente a derechos inciertos y discutibles deben contar con la debida autorizaci\u00f3n administrativa.<a name=\"_ftnref109\"><\/a>[109] Protecci\u00f3n que encuentra sustento en la importancia del trabajo y de proteger al trabajador como parte subordinada de la relaci\u00f3n laboral.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"90\">\n<li><b> <\/b>As\u00ed, las autoridades administrativas en cita tienen la responsabilidad de verificar que los acuerdos de voluntades entre los empleadores y trabajadores protocolizados mediante conciliaciones respeten los derechos m\u00ednimos establecidos en las normas laborales y no impliquen la renuncia a derechos laborales ciertos e indiscutibles. Sobre todo, porque como lo ha reconocido esta Corporaci\u00f3n, \u201c<em>los trabajadores pueden verse forzados a realizar renuncias como respuesta a un estado de necesidad<\/em>\u201d<a name=\"_ftnref110\"><\/a>[110] generados por la desigualdad en que se desenvuelven las relaciones de trabajo entre empleador y trabajador, lo que conlleva a cuestionar \u201c<em>la vetusta idea de que las relaciones entre privados siempre se desarrollan en un plano de horizontalidad e igualdad y conduciendo a la necesidad de reconocer a los trabajadores una tutela reforzada.<\/em>\u201d<a name=\"_ftnref111\"><\/a>[111]<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong><em>(iv)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><\/strong><\/b><b><strong><em>La expresi\u00f3n \u201cy para renunciar prestaciones sociales\u201d contenida en el art\u00edculo 148 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo trae consigo una interpretaci\u00f3n que permite la renuncia general a las prestaciones sociales, la cual resulta contraria al art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"91\">\n<li><b> <\/b>La Sala Plena de la Corte Constitucional concluye que la expresi\u00f3n <em>\u201cy para renunciar prestaciones sociales\u201d<\/em> contenida en el art\u00edculo 148 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo trae consigo una interpretaci\u00f3n que avala una renuncia general e indistinta a las prestaciones sociales, la cual desconoce los principios m\u00ednimos fundamentales de irrenunciabilidad de los beneficios m\u00ednimos laborales y las facultades de transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles dispuestos en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n. Si bien el cargo de inconstitucionalidad admitido se limit\u00f3 a establecer como par\u00e1metro el principio de irrenunciabilidad de los beneficios m\u00ednimos laborales, como proceder\u00e1 a explicarse, para efectos de decidir sobre la constitucionalidad del fragmento acusado, aquel debe interpretarse arm\u00f3nicamente con el principio consistente en la facultad que tienen los trabajadores de transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"92\">\n<li><b> <\/b>Esta Corporaci\u00f3n encuentra que la expresi\u00f3n demandada est\u00e1 inmersa en una norma preconstitucional que admite una interpretaci\u00f3n general y abierta de renunciar a cualquier prestaci\u00f3n social, misma que resulta inconstitucional porque no permite diferenciar <em>per se <\/em>y conforme al par\u00e1metro de <em>irrenunciabilidad <\/em>de los beneficios m\u00ednimos laborales<em>, <\/em>cu\u00e1les prestaciones sociales pueden ser objeto de renuncia y cu\u00e1les no. Lo anterior, en tanto y en cuanto la competencia dada a las autoridades administrativas, esto es los Inspectores de Trabajo o Alcaldes Municipales, de modo amplio y general para autorizar la renuncia gen\u00e9rica a prestaciones sociales (en los casos previstos en la ley), no es compatible con la exigencia de que solo sea posible la renuncia respecto de los derechos inciertos y discutibles. Pues bien, para la renuncia a las prestaciones sociales, as\u00ed se trate de aquellos casos previstos en la ley, se hace necesario que la autoridad administrativa del trabajo competente determine si el trabajador puede transar o conciliar estos derechos, o si por corresponder a derechos ciertos e indiscutibles, por su naturaleza, aquellos quedan excluidos.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"93\">\n<li><b> <\/b>Recu\u00e9rdese que de acuerdo con el principio de <em>irrenunciabilidad <\/em>de los beneficios m\u00ednimos laborales previsto en el art\u00edculo 53 constitucional, el trabajador no puede, por su voluntad, renunciar, desprenderse o abandonar, en perjuicio suyo, un beneficio previsto en las normas laborales, en raz\u00f3n del car\u00e1cter imperativo del cual se encuentran revestidas. Siendo as\u00ed, las prestaciones sociales reconocidas en las normas laborales solo pueden ser renunciables, y en consecuencia conciliables o transables, cuando puedan ser calificadas como derechos inciertos o discutibles al tenor de la Constituci\u00f3n y el estatuto laboral. En consecuencia, el trabajador conserva la facultad de renunciar a las prestaciones sociales, siempre que constituyan meras expectativas o derechos en formaci\u00f3n que superen los beneficios m\u00ednimos. Espec\u00edficamente, que se deriven de hechos que no son claros, de normas ambiguas o que admiten varias interpretaciones, o cuando el nacimiento del derecho est\u00e1 supeditado al cumplimiento de un plazo o condici\u00f3n y existe alguna circunstancia que impide su nacimiento o exigibilidad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"94\">\n<li><b> <\/b>As\u00ed las cosas, la interpretaci\u00f3n seg\u00fan la cual se puede renunciar a cualquier prestaci\u00f3n social, derivada de la expresi\u00f3n \u201c<em>renunciar <\/em>[a]<em> prestaciones sociales\u201d,<\/em> es inconstitucional, en tanto y en cuanto desconoce los par\u00e1metros bajo los cuales debe interpretarse el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n. Dicho de otra manera, la referencia a la renuncia solo puede entenderse constitucional, si media una autorizaci\u00f3n de una autoridad administrativa del trabajo que permita verificar que el objeto conciliable o transable se predica sobre un derecho que es incierto y discutible, pues es solo respecto de esa clase de derechos que recae esa facultad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"95\">\n<li><b> <\/b>Dicho esto, a fin de procurar el principio de conservaci\u00f3n del derecho, y con \u00e9l, preservar la expresi\u00f3n demandada dentro del art\u00edculo 148 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo, la Sala Plena procede a condicionar su entendimiento. Este principio, derivado del art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n y de la funci\u00f3n institucional de esta Corporaci\u00f3n, responde a la m\u00e1xima de que el juez constitucional debe preferir la interpretaci\u00f3n que preserve la norma sobre aquella que la expulse del ordenamiento, siempre que exista al menos una lectura que resulte compatible con la Carta.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"96\">\n<li><b> <\/b>En ese sentido, esta Corte ha explicado que <em>\u201cla conservaci\u00f3n del derecho legislado no es solo un principio de econom\u00eda normativa, sino una expresi\u00f3n del respeto por la voluntad democr\u00e1tica del Legislador, que solo cede cuando no existe interpretaci\u00f3n alguna que permita salvar la norma cuestionada.\u201d<a name=\"_ftnref112\"><\/a><b><strong>[112]<\/strong><\/b><\/em> Lo anterior adquiere especial relevancia en normas preconstitucionales como la que se examina, frente a las cuales el ordenamiento jur\u00eddico reclama claridad sobre su compatibilidad con la Constituci\u00f3n de 1991, sin que ello suponga necesariamente su eliminaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"97\">\n<li><b> <\/b>En consonancia con los art\u00edculos 243 de la Constituci\u00f3n y 21 del Decreto 2067 de 1991, desde sus primeros pronunciamientos,<a name=\"_ftnref113\"><\/a>[113] la Corte Constitucional ha sostenido que es la competente para definir el alcance y los efectos de sus sentencias. En el marco de estas facultades, ha optado por las sentencias <em>interpretativas<\/em> o <em>condicionales<\/em> como una alternativa para modular sus decisiones y para preservar el principio de conservaci\u00f3n del derecho.<a name=\"_ftnref114\"><\/a>[114] As\u00ed las cosas, procede la declaratoria de una exequibilidad condicionada cuando concluye que aquella: <em>\u201c(i) debe entenderse en un sentido determinado para que resulte conforme con la Constituci\u00f3n, de modo que todas las dem\u00e1s lecturas resultan inexequibles; o (ii) puede interpretarse de una manera que es contraria a la Carta, por lo que debe excluirse esta posible lectura.\u201d<\/em><a name=\"_ftnref115\"><\/a><em><b><strong>[115]<\/strong><\/b><\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"98\">\n<li><b> <\/b>En el presente asunto concurren los presupuestos que habilitan acudir a este tipo de remedio. De una parte, la expresi\u00f3n <em>\u201cy para renunciar prestaciones sociales\u201d<\/em> admite m\u00e1s de una lectura; una amplia y general, que habilitar\u00eda la renuncia a cualquier prestaci\u00f3n social con la sola autorizaci\u00f3n administrativa, y una restringida, que limitar\u00eda esa autorizaci\u00f3n a los derechos inciertos y discutibles. La primera es abiertamente incompatible con el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n, como se demostr\u00f3 en los p\u00e1rrafos precedentes, mientras que la segunda, en cambio, se ajusta plenamente al ordenamiento constitucional.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"99\">\n<li><b> <\/b>De otra parte, la inexequibilidad simple no constituye el remedio judicial m\u00e1s adecuado, en tanto y en cuanto la expresi\u00f3n demandada tiene un contenido parcialmente leg\u00edtimo. Esto es, en lo que se refiere a la autorizaci\u00f3n de renuncias sobre derechos inciertos y discutibles, por lo que expulsarla del ordenamiento equivaldr\u00eda a suprimir tambi\u00e9n esa dimensi\u00f3n constitucional de la norma acusada, con el riesgo de generar un vac\u00edo normativo en materia de transacciones y conciliaciones laborales extrajudiciales. Por lo tanto, el condicionamiento es el instrumento id\u00f3neo para conciliar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los trabajadores con el principio de conservaci\u00f3n del derecho.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"100\">\n<li><b> <\/b>Como remedio constitucional, en esta oportunidad la Corte proceder\u00e1 a declarar exequible condicionadamente la expresi\u00f3n <em>\u201c<\/em><em>y para renunciar prestaciones sociales,\u201d<\/em> contenida en el art\u00edculo 148 del Decreto 2158 de 1948 por medio del cual se expidi\u00f3 el C\u00f3digo Procesal del Trabajo, en el entendido de que la autorizaci\u00f3n del Inspector del Trabajo o del Alcalde Municipal, seg\u00fan sus competencias, solo podr\u00e1 recaer sobre acuerdos de transacci\u00f3n o conciliaci\u00f3n extrajudicial en los que el trabajador renuncie a prestaciones sociales de car\u00e1cter incierto y discutible, sin que en ning\u00fan caso pueda comprender la renuncia a los beneficios m\u00ednimos establecidos en las normas laborales. Es solo a partir de esa lectura, que el fragmento demandado resulta ajustado a la Constituci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>III.\u00a0\u00a0\u00a0 DECISI\u00d3N<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p>En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n,<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>RESUELVE<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>\u00daNICO. <\/strong><\/b>Declarar <b><strong>EXEQUIBLE<\/strong><\/b> la expresi\u00f3n <em>\u201c<\/em><em>y para renunciar prestaciones sociales,\u201d<\/em> contenida en el art\u00edculo 148 del Decreto 2158 de 1948, en el entendido de que la autorizaci\u00f3n del inspector de trabajo o del alcalde, seg\u00fan sus competencias, solo podr\u00e1 recaer sobre acuerdos de transacci\u00f3n o conciliaci\u00f3n extrajudicial en los que el trabajador renuncie a prestaciones sociales de car\u00e1cter incierto y discutible, sin que en ning\u00fan caso pueda comprender la renuncia a los beneficios m\u00ednimos establecidos en las normas laborales.<\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA<\/p>\n<p>Presidenta<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>NATALIA \u00c1NGEL CABO<\/p>\n<p>Magistrada<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CARLOS CAMARGO ASSIS<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO\u00d1O<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>Ausente con permiso<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>JUAN CARLOS CORT\u00c9S GONZ\u00c1LEZ<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>LINA MARCELA ESCOBAR MART\u00cdNEZ<\/p>\n<p>Magistrada<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>VLADIMIR FERN\u00c1NDEZ ANDRADE<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>JORGE ENRIQUE IB\u00c1\u00d1EZ NAJAR<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MIGUEL POLO ROSERO<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a name=\"_ftn1\"><\/a><sup>[1]<\/sup> Expediente digital D-16.590 contenido en <em>Siicor<\/em>, documento denominado <em>\u201c<\/em><a href=\"https:\/\/siicor.corteconstitucional.gov.co\/controldeprocesos\/archivo.php?id=108464\"><em>D0016590. Demanda ciudadana<\/em><\/a><em> 2025-05-14.pdf\u201d, <\/em>pp. 2 y 40.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn2\"><\/a>[2] Diario oficial No. 26773 del 21 de julio de 1948.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn3\"><\/a><sup>[3]<\/sup> Expediente digital D-16.590 contenido en <em>Siicor<\/em>, documento denominado <em>\u201c<\/em><a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=113513\"><em>Auto que inadmite y admite la demanda<\/em><\/a><em> 2025-06-24, pdf\u201d, <\/em>p. 12.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn4\"><\/a><sup>[4]<\/sup> <em>Cfr<\/em>. Corte Constitucional, sentencias C-1052 de 2001 y C-856 de 2005.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn5\"><\/a><sup>[5]<\/sup> Expediente digital D-16.590 contenido en <em>Siicor<\/em>, documento denominado <em>\u201cD0016590-Peticiones y Otros-(2025-07-02 06-48-01).pdf\u201d.<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn6\"><\/a><sup>[6]<\/sup> <em>\u00cddem.<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn7\"><\/a><sup>[7]<\/sup> <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, autos 010 de 2005 y 196 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn8\"><\/a><sup>[8]<\/sup> Expediente digital D-16.590 contenido en <em>Siicor<\/em>, documento denominado <em>\u201c<\/em><a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=114268\"><em>D0016590. Informe a despacho<\/em><\/a><em> 2025-07-03.pdf\u201d.<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn9\"><\/a><sup>[9]<\/sup> Expediente digital D-16.590 contenido en <em>Siicor,<\/em> documento denominado <em>\u201c<\/em><a href=\"https:\/\/siicor.corteconstitucional.gov.co\/controldeprocesos\/archivo.php?id=116644\"><em>Auto que Rechaza la demanda y ordena continuar con el tr\u00e1mite procesal dispuesto en Auto del 24 de junio de 2025<\/em><\/a><em> 2025-07-11, pdf\u201d, <\/em>p. 4.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn10\"><\/a><sup>[10]<\/sup> <em>\u00cddem.<\/em> En concreto, se invit\u00f3 a participar al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, a la Defensor\u00eda del Pueblo, al Fondo Nacional de Ahorro, a la Asociaci\u00f3n Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas (Asofondos), a la Confederaci\u00f3n de Trabajadores de Colombia (CTC), a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a la Unidad de Gesti\u00f3n Pensional y Parafiscales (UGPP), a la Superintendencia Financiera de Colombia, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Colegio de Abogados del Trabajo y a las facultades de derecho de las Universidades de Caldas, Externado de Colombia, del Rosario, de la Sabana, Pedag\u00f3gica y Tecnol\u00f3gica de Colombia (sede Tunja), Nacional de Colombia, de Antioquia, del Valle, de Cartagena, de Nari\u00f1o, de Santander (campus C\u00facuta), del Boyac\u00e1, ICESI, de los Andes, Javeriana de Bogot\u00e1, Javeriana de Cali, Santo Tom\u00e1s, EAFIT, Libre, del Norte y Pontificia Bolivariana de Medell\u00edn. Adem\u00e1s, se invit\u00f3 a participar en el proceso, en calidad de expertos, a los doctores Jos\u00e9 Roberto Herrera Vergara, Juan Pablo L\u00f3pez Moreno y Camilo Alberto Cuervo D\u00edaz.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn11\"><\/a><sup>[11]<\/sup> Expediente digital D-16.590 contenido en <em>Siicor,<\/em> documento denominado, \u201c<em>D0016590-Peticiones y Otros-(2025-07-02 06-48-01).pdf<\/em>\u201d, p. 34.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn12\"><\/a><sup>[12]<\/sup> <em>Ibidem,<\/em> pp 9 y 35. Lo anterior, de conformidad con la Sentencia C-038 de 2004, en la que esta <em>Corporaci\u00f3n \u201creafirma este principio, estableciendo que cualquier disposici\u00f3n que permita la renuncia a derechos laborales esenciales resulta inconstitucional.\u201d<\/em>\u00a0 En igual forma, los actores citaron las sentencias T-149 de 1995 y T-592 de 2009, las cuales desarrollaron el principio de irrenunciabilidad de los beneficios laborales. Por ende, sostuvieron que <em>\u201cla interpretaci\u00f3n teleol\u00f3gica del Art\u00edculo 53 superior, contrasta con la norma acusada, y este an\u00e1lisis nos revela que la constituci\u00f3n exige el debido cumplimiento y protecci\u00f3n a los derechos m\u00ednimos laborales categorizados como aquellos en el que una persona en calidad de empleado no puede privarse de esos derechos adquiridos, por lo que el hecho de ser irrenunciables no es una simple presunci\u00f3n legal sino un (sic) verdadera fortaleza jur\u00eddica inquebrantable, sin embargo, cuando un precepto legal le otorga facultades al Inspector de Trabajo, <b><strong>para conceder la renuncia de las prestaciones sociales de una persona en calidad de empleado<\/strong><\/b>, se estar\u00eda violentando aquellos principios indispensables en el marco de las relaciones sociales del trabajo.<\/em>\u201d<\/p>\n<p><a name=\"_ftn13\"><\/a><sup>[13]<\/sup> <em>Ibidem<\/em>, p. 9.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn14\"><\/a><sup>[14]<\/sup> <em>Ibidem<\/em>, p. 11.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn15\"><\/a><sup>[15]<\/sup> De forma extempor\u00e1nea se presentaron escritos de la Universidad Santo Tom\u00e1s (6 de agosto de 2025), Juan Pablo L\u00f3pez Moreno (6 de agosto de 2025), Superintendencia Financiera (6 de agosto de 2025) y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social &#8211; UGPP (6 de agosto de 2025), por lo que de acuerdo con la Sentencia C-323 de 2006 no tienen la calidad de intervinientes.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn16\"><\/a><sup>[16]<\/sup> Expediente digital D-16.590 contenido en <em>Siicor, <\/em>documento del 05 de agosto de 2025 sobre la intervenci\u00f3n conjunta de la Presidencia de la Rep\u00fablica y el Ministerio de Trabajo, pp. 3 y 15.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn17\"><\/a><sup>[17]<\/sup> <em>Ibidem,<\/em> p. 7.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn18\"><\/a><sup>[18]<\/sup> <em>Ibidem,<\/em> p. 13.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn19\"><\/a><sup>[19]<\/sup> Expediente digital D-16.590 contenido en <em>Siicor,\u00a0 <\/em>documento del 5 de agosto de 2025 sobre la intervenci\u00f3n de la Defensor\u00eda del Pueblo, p.8.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn20\"><\/a><sup>[20]<\/sup> <em>Ibidem,<\/em> pp. 12 y 13.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn21\"><\/a><sup>[21]<\/sup> Expediente digital D-16.590 contenido en <em>Siicor, <\/em>documento del 5 de agosto de 2025 sobre la intervenci\u00f3n de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, p. 5.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn22\"><\/a><sup>[22]<\/sup> <em>Ibidem,<\/em> pp. 7 y 8.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn23\"><\/a><sup>[23]<\/sup> Expediente digital D-16.590 contenido en <em>Siicor, <\/em>documento del 5 de agosto de 2025 sobre la intervenci\u00f3n de la Asociaci\u00f3n Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas, Asofondos, p.6.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn24\"><\/a>[24] Sobre el particular, hizo especial \u00e9nfasis en que <em>\u201cla norma se refiere a cesant\u00edas parciales y las prestaciones sociales conexas a ese derecho, tales como la sanci\u00f3n moratoria y sujeta la autorizaci\u00f3n del inspector de trabajo a los casos permitidos en la Ley, no a todas las prestaciones sociales existentes.\u201d<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn25\"><\/a>[25] <em>Ibidem, <\/em>p. 11.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn26\"><\/a>[26] <em>\u00cddem.<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn27\"><\/a><sup>[27]<\/sup> <em>Ibidem,<\/em> pp. 12 y 13.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn28\"><\/a><sup>[28]<\/sup> Expediente digital D-16.590 contenido en <em>Siicor, <\/em>documento del 5 de agosto de 2025 sobre la intervenci\u00f3n de la Cl\u00ednica Socio Jur\u00eddica de la Universidad de Caldas, a trav\u00e9s de la doctora Laurent Cuervo Escobar y otros, p. 5.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn29\"><\/a><sup>[29]<\/sup> <em>Ibidem,<\/em> p. 5.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn30\"><\/a><sup>[30]<\/sup> <em>Ibidem, <\/em>p. 9.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn31\"><\/a><sup>[31]<\/sup> Expediente digital D-16.590 contenido en <em>Siicor, <\/em>documento del 5 de agosto de 2025 sobre la intervenci\u00f3n de la Universidad del Norte, pp. 4, 9 y 12. 20. El escrito analiz\u00f3 la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia que ha sido consistente en afirmar que los derechos prestacionales son indisponibles y que la autorizaci\u00f3n administrativa para su renuncia constituye una <em>\u201cdesjudicializaci\u00f3n inconstitucional del control sobre derechos fundamentales.\u201d<\/em> Asimismo, cit\u00f3 normas internacionales como la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales (PIDESC) y el Protocolo de San Salvador, que refuerzan el car\u00e1cter inderogable de estos derechos.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn32\"><\/a><sup>[32]<\/sup> <em>Ibidem,<\/em> pp. 14 y 15.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn33\"><\/a><sup>[33]<\/sup> Expediente digital D-16.590 contenido en <em>Siicor, <\/em>documento del 5 de agosto de 2025 sobre la intervenci\u00f3n de la Cl\u00ednica Jur\u00eddica de la Escuela de Derecho y Ciencias Pol\u00edticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, p. 7.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn34\"><\/a><sup>[34]<\/sup> <em>Ibidem,<\/em> p. 5.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn35\"><\/a><sup>[35]<\/sup> Expediente digital D-16.590 contenido en <em>Siicor, <\/em>documento del 5 de agosto de 2025 sobre la intervenci\u00f3n de Camilo Alberto Cuervo D\u00edaz, pp. 5 y 6.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn36\"><\/a><sup>[36]<\/sup> \u00a0<em>Ibidem,<\/em> pp. 15 y 16.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn37\"><\/a><sup>[37]<\/sup> Expediente digital D-16.590 contenido en <em>Siicor, <\/em>documento del 4 de septiembre de 2025 sobre el concepto del Procurador General de la Naci\u00f3n, p. 1.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn38\"><\/a><sup>[38]<\/sup> <em>Ibidem, <\/em>p. 14.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn39\"><\/a><sup>[39]<\/sup> <em>Ibidem, <\/em>p. 7.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn40\"><\/a><sup>[40]<\/sup> <em>Ibidem, <\/em>pp. 7 y 13.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn41\"><\/a><sup>[41]<\/sup> El art\u00edculo 148 del Decreto Ley 2158 de 1948 se encuentra vigente. En atenci\u00f3n a los art\u00edculos 330 y 331 de la Ley 2452 de 2025, el C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social entrar\u00e1 en vigencia el 2 de abril de 2026, fecha en que se derogar\u00e1n todas las disposiciones que le sean contrarias, especialmente el Decreto Ley 2158 de 1948 sobre los procedimientos en los juicios del trabajo.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn42\"><\/a><sup>[42]<\/sup> Sobre el particular, hizo especial \u00e9nfasis en que <em>\u201cla norma se refiere a cesant\u00edas parciales y las prestaciones sociales conexas a ese derecho, tales como la sanci\u00f3n moratoria y sujeta la autorizaci\u00f3n del inspector de trabajo a los casos permitidos en la Ley, no a todas las prestaciones sociales existentes.\u201d<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn43\"><\/a><sup>[43]<\/sup> <em>Ibidem, <\/em>p. 11.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn44\"><\/a><sup>[44]<\/sup> <em>\u00cddem.<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn45\"><\/a><sup>[45]<\/sup> <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, sentencias C-1115 de 2004, C-1300 de 2005, C-074 de 2006, C-929 de 2007, C-623 de 2008, C-035 de 2020, C-493 de 2020, C-138 de 2023, C-120 de 2024 y C-513 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn46\"><\/a><sup>[46]<\/sup> <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, Sentencia C-623 de 2008.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn47\"><\/a><sup>[47]<\/sup> <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, sentencias C-623 de 2008, C-212 de 2022, C-138 de 2023 y C-337 de 2024. En palabras de esta Corporaci\u00f3n: <em>\u201c(\u2026) Aun cuando en principio, es en el auto admisorio donde se define si la demanda cumple o no con los requisitos m\u00ednimos de procedibilidad, ese primer an\u00e1lisis responde a una valoraci\u00f3n apenas sumaria de la acci\u00f3n, llevada a cabo \u00fanicamente por cuenta del Magistrado Ponente, raz\u00f3n por la cual, la misma no compromete ni define la competencia del Pleno de la corte, que es en quien reside la funci\u00f3n constitucional de decidir de fondo sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes y los decretos con fuerza de ley (C.P. art. 241-4-5).\u201d<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn48\"><\/a><sup>[48]<\/sup> <em>Cfr.<\/em> Corte Constitucional, Sentencias C-1052 de 2001, C-623 de 2008, C-303 de 2021, C-138 de 2023, C-470 de 2023, C-513 de 2024, entre otras.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn49\"><\/a>[49] <em>Cfr., <\/em>Corte Constitucional, Sentencia C-623 de 2008.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn50\"><\/a>[50] <em>Cfr., <\/em>Corte Constitucional, Sentencias C-509 de 1996, C-1048 de 2000, C-011 de 2001 y C-623 de 2008.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn51\"><\/a>[51] <em>Cfr., <\/em>Corte Constitucional, Sentencia C-623 de 2008.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn52\"><\/a><sup>[52]<\/sup> <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, Sentencia C-513 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn53\"><\/a><sup>[53]<\/sup> <em>\u00cddem.<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn54\"><\/a>[54] Vale la pena precisar que si bien la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad se hace en ejercicio de un derecho pol\u00edtico, en el Auto 241 de 2015, la Corte afirm\u00f3 que las personas privadas de la libertad, aunque tengan suspendidos sus derechos pol\u00edticos, pueden instaurar acciones p\u00fablicas de inconstitucionalidad. Esto es as\u00ed, en tanto y en cuanto la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad, aunque est\u00e9 enunciada en el cat\u00e1logo de derechos pol\u00edticos (art\u00edculo 40 de la Constituci\u00f3n), est\u00e1 intr\u00ednsecamente relacionada con el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, el cual no puede ser restringido por el derecho penal de orden legal.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn55\"><\/a><sup>[55]<\/sup> <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, Sentencia C-295 de 2021. En esa decisi\u00f3n, la Corte Constitucional dijo: <em>\u201cAs\u00ed, lo contenido en los dos fundamentos jur\u00eddicos anteriores, debe analizarse tomando en consideraci\u00f3n los siguientes elementos: 1) que, como se mencion\u00f3 con anterioridad, a los ciudadanos no se les exige cualificaci\u00f3n acad\u00e9mica alguna como requisito para demandar. 2) Que un an\u00e1lisis estricto de estos requerimientos puede afectar la democracia participativa. 3) Que las sentencias inhibitorias deben ser excepcionales, pues es necesario proteger el derecho de acceso a la justicia. Y 4) que la propia Sentencia C-1052 de 2001 resalt\u00f3 la importancia del principio pro actione, seg\u00fan el cual, siempre que exista duda sobre el cumplimiento de los requisitos adjetivos de una demanda, aquella debe resolverse en favor del actor. Prefiri\u00e9ndose, en tal caso, un fallo de fondo.\u201d<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn56\"><\/a>[56] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, Sentencia C-332 de 2003.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn57\"><\/a>[57] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, sentencias C-1065 de 2000, C-621 de 2001, C-992 de 2001 y C-155 de 2002.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn58\"><\/a>[58] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, sentencias C-016 de 1993 y C-157 de 2002.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn59\"><\/a>[59] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, sentencias C-063 de 1994, C-335 de 1994 y C-622 de 1997.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn60\"><\/a>[60] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional sentencias C-211 de 1992, C- 540 de 2001 y C-226 de 2002.,<\/p>\n<p><a name=\"_ftn61\"><\/a>[61] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, sentencias C-320 de 1997 y C-1106 de 2000.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn62\"><\/a>[62] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, sentencias C-491 de 1997, C-232 de 1997 y C-366 de 2000.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn63\"><\/a>[63] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, sentencias C-788 de 2002 y C-332 de 2003. Sobre la aplicaci\u00f3n de este principio, la Corte Constitucional ha sostenido que debe existir <em>\u201cun <\/em><em>n\u00facleo argumentativo b\u00e1sico y preciso, aunque existan algunas reservas o inquietudes.\u201d<\/em> En palabras de esta Corporaci\u00f3n<em>, \u201cno <\/em>[se]<em> puede llegar al extremo de suplantar al actor en la formulaci\u00f3n de los cargos, ni de determinar por s\u00ed misma (\u2026) el concepto de la violaci\u00f3n de las normas que ante ella se acusan como infringidas, pues \u00e9sta es una carga m\u00ednima que se le impone al ciudadano para hacer uso de su derecho pol\u00edtico a ejercer la acci\u00f3n de inconstitucionalidad\u201d. <\/em>Ver las sentencias C-520 de 2006 y C-292 de 2019.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn64\"><\/a>[64] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, Sentencia C-292 de 2019.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn65\"><\/a>[65] <em>Cfr<\/em>. Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn66\"><\/a>[66] Expediente digital D-16.590 contenido en <em>Siicor,<\/em> documento denominado, \u201c<em>D0016590-Peticiones y Otros-(2025-07-02 06-48-01).pdf<\/em>\u201d, p. 13.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn67\"><\/a>[67] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, Sentencias C-486 de 1993, C-571 de 2004, C-247 de 2017, C-029 de 2020 y C-315 de 2023. Esto, con fundamento en el art\u00edculo 380 de la Constituci\u00f3n, por medio del cual se derog\u00f3 expresamente la Constituci\u00f3n de 1886 -incluidas todas sus reformas constitucionales- m\u00e1s no elimin\u00f3 el ordenamiento jur\u00eddico legal anterior.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn68\"><\/a>[68] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, sentencias C-571 de 2004, C-247 de 2017, C-052 de 2018, C-537 de 2019, C-029 de 2020, C-315 de 2023 y C-513 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn69\"><\/a>[69] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, Sentencia C-110 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn70\"><\/a>[70] <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn71\"><\/a>[71] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, Sentencia C-315 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn72\"><\/a>[72] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, Sentencia C-103 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn73\"><\/a>[73] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, Sentencia C-052 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn74\"><\/a>[74] <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn75\"><\/a><sup>[75]<\/sup> <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, sentencias C-014 de 1993, C-571 de 2004, C-094 de 2015, C-247 de 2017, C-537 de 2019, C-029 de 2020 y C-429 de 1993.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn76\"><\/a>[76] <em>\u201cPor la cual se expide la Ley de Formalizaci\u00f3n y Generaci\u00f3n de Empleo.\u201d<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn77\"><\/a>[77] El art\u00edculo 21 de la Ley 1429 de 2010 atribuy\u00f3 expresamente al empleador o al Fondo la competencia para aprobar y pagar los retiros parciales de cesant\u00edas e impuso adem\u00e1s un t\u00e9rmino perentorio de cinco d\u00edas h\u00e1biles para efectuar el pago una vez cumplidos los requisitos legales.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn78\"><\/a>[78] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, Sentencia C-078 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn79\"><\/a>[79]<em> Cfr. <\/em>Corte Constitucional, Sentencia C-212 de 2022.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn80\"><\/a>[80]\u00a0 <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, Sentencia C-171 de 2020.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn81\"><\/a>[81] <em>Cfr<\/em>. Corte Constitucional, Sentencia C-408 de 2021. Es de mencionar que el art\u00edculo 53 contempla tambi\u00e9n como principios m\u00ednimos fundamentales: (i) la igualdad de oportunidades para los trabajadores; (ii) la remuneraci\u00f3n m\u00ednima vital y m\u00f3vil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; (iii) la estabilidad en el empleo; (iv) la situaci\u00f3n m\u00e1s favorable al trabajador en caso de duda en la aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de las fuentes formales de derecho; (v) la primac\u00eda de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; (vi) la garant\u00eda a la seguridad social, la capacitaci\u00f3n, el adiestramiento y el descanso necesario; y (vii) la protecci\u00f3n especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn82\"><\/a>[82]\u00a0 <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, Sentencia C-055 de 1999, reiterada en las Sentencias C-969 de 2012.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn83\"><\/a>[83] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, sentencias C-023 de 1994 y SU-111 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn84\"><\/a>[84] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, Sentencia C-023 de 1994.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn85\"><\/a>[85] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, Sentencia T-722 de 2013.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn86\"><\/a>[86] <em>Cfr. <\/em>Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia SL16925-2014 del 24 de septiembre de 2014.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn87\"><\/a>[87] <em>Cfr. <\/em>Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia SL16925-2014 del 24 de septiembre de 2014. En la sentencia, la Sala puntualiz\u00f3 en la importancia de que <em>\u201cel fundamento filos\u00f3fico del principio de la irrenunciabilidad de los beneficios m\u00ednimos no solo descanse en la constante preocupaci\u00f3n de la sociedad por superar esa dicotom\u00eda entre libertad-subordinaci\u00f3n, seg\u00fan la cual no es posible ser totalmente libre al servicio de otro, sino tambi\u00e9n en establecer un mecanismo de salvaguarda de la persona del trabajador, procur\u00e1ndole unas prestaciones m\u00ednimas para su subsistencia digna -y la de su familia- y pleno desarrollo como ser humano, evitando que a\u00fan por su voluntad se prive de los derechos concedidos en su favor.\u201d<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn88\"><\/a>[88] <em>Cfr. <\/em>Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia SL16925-2014 del 24 de septiembre de 2014.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn89\"><\/a>[89] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, Sentencia T-155 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn90\"><\/a>[90] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, Sentencia C-492 de 2015. La jurisprudencia constitucional ha dotado de contenido y alcance el principio de irrenunciabilidad de los beneficios m\u00ednimos laborales. En las sentencias C-070 de 2010 y C-424 de 2015, la Corte Constitucional utiliz\u00f3 tres criterios para analizar si determinada instituci\u00f3n procesal garantiza el car\u00e1cter irrenunciable de los derechos de los trabajadores, siendo estos: <em>(i)<\/em> el car\u00e1cter de m\u00ednimo irrenunciable, en el sentido reivindicatorio de los logros alcanzados a favor del empleado; <em>(ii)<\/em> el car\u00e1cter tuitivo de la legislaci\u00f3n laboral que busca la protecci\u00f3n de la parte m\u00e1s d\u00e9bil de la relaci\u00f3n y, <em>(iii)<\/em> la facultad de reconocer beneficios m\u00ednimos no es exclusiva del grado de consulta, sino tambi\u00e9n se aplica a la doble instancia.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn91\"><\/a>[91] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, Sentencia C-492 de 2015.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn92\"><\/a>[92] A nivel legal, el estatuto sustantivo del trabajo tambi\u00e9n prev\u00e9 en su art\u00edculo 15 que \u201cEs v\u00e1lida la transacci\u00f3n en los asuntos del trabajo, salvo cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles.\u201d<\/p>\n<p><a name=\"_ftn93\"><\/a>[93] <em>Cfr<\/em>. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Laboral. Sentencia 32051 del 17 de febrero de 2009 y SL3071 de 2020.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn94\"><\/a>[94] <em>Cfr. <\/em>Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Laboral, Sentencia del 14 de diciembre de 2007, Rad. 29332, reiterada en las sentencias del 17 de febrero de\u00a0 2009, Rad. 32051, 8 de junio de 2011, Rad.\u00a0 35157 y SL1185-2015, entre otras.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn95\"><\/a>[95] En este sentido tambi\u00e9n fueron conceptualizados los derechos ciertos e indiscutibles en las Corte Constitucional, sentencias T-320 de 2012, T-087 de 2018, T-438 de 2020 y T-356 de 2022, entre otras.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn96\"><\/a>[96] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, Sentencia T-057 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn97\"><\/a>[97] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, Sentencia T-320 de 2012.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn98\"><\/a>[98] Corte Constitucional, sentencias T-320 de 2012, T-087 de 2018, T-438 de 2020, T-356 de 2022 y SU-111 de 2025, entre otras.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn99\"><\/a>[99] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, Sentencia T-040 de 2018. Este concepto se reiter\u00f3 en la Sentencia T-057 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn100\"><\/a>[100] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, Sentencias SU-256 de 1996 y T-057 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn101\"><\/a>[101] Reiterada en la Sentencia C-222 de 2013.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn102\"><\/a>[102] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, Sentencia T-464 de 2013. \u201c<em>La Corte ha desarrollado amplia jurisprudencia estructurando las caracter\u00edsticas esenciales de la conciliaci\u00f3n, a saber: i) Es un instrumento de autocomposici\u00f3n de un conflicto, en el que las partes involucradas, con la intervenci\u00f3n del conciliador y la voluntad de ellas, llegan a un acuerdo que implica el reconocimiento o la aceptaci\u00f3n por una de ellas de los posibles derechos reclamados por la otra, o hay renuncia rec\u00edproca de las pretensiones o los intereses alegados. ii) Constituye una actividad preventiva, en la medida en que busca la soluci\u00f3n del conflicto antes de acudir a la v\u00eda procesal o durante el tr\u00e1mite del proceso, en cuyo caso no se llega al resultado final normal de aqu\u00e9l, que es la sentencia, constituyendo as\u00ed una causal anormal de terminaci\u00f3n del proceso. iii) La conciliaci\u00f3n no tiene, en estricto sentido, el car\u00e1cter de actividad judicial ni da lugar a un proceso jurisdiccional, porque el conciliador (autoridad o particular) no interviene para imponer a las partes la soluci\u00f3n del conflicto en virtud de una decisi\u00f3n aut\u00f3noma e innovadora, limit\u00e1ndose a presentar f\u00f3rmulas para que las partes se avengan a solucionar el conflicto, y a presenciar y a registrar el acuerdo a que han llegado; el conciliador, por consiguiente, no es parte interesada en el conflicto y debe asumir y mantener una posici\u00f3n neutral. iv) Es un mecanismo \u00fatil para la soluci\u00f3n de los conflictos, porque: 1) ofrece a las partes involucradas en un conflicto la posibilidad de llegar a un acuerdo, sin necesidad de acudir al proceso judicial, que implica demora, costos para las partes y congesti\u00f3n para el aparato judicial; 2) constituye un mecanismo alternativo de administraci\u00f3n de justicia, que se inspira en el criterio pacifista que debe regir la soluci\u00f3n de los conflictos en una sociedad; 3) es un instrumento que busca lograr la descongesti\u00f3n de los despachos judiciales, procurando mayor eficiencia de la administraci\u00f3n de justicia. v) La <\/em><em>conciliaci\u00f3n<\/em><em> tiene un \u00e1mbito que se extiende a todos aquellos conflictos susceptibles, en principio, de ser negociados, o en relaci\u00f3n con personas cuya capacidad de transacci\u00f3n no est\u00e9 limitada por el ordenamiento jur\u00eddico. As\u00ed, bien pueden se\u00f1alarse casos en los cuales v\u00e1lidamente cabe restringir la facultad de conciliar y, naturalmente, no debe confundirse la instituci\u00f3n de la conciliaci\u00f3n con el contrato de transacci\u00f3n, de estirpe privada, que se gobierna por reglas especiales. vi) La conciliaci\u00f3n es el resultado de una actuaci\u00f3n que se encuentra reglada por el legislador en varios aspectos, tales como las autoridades o sujetos competentes para intervenir en la actividad de conciliaci\u00f3n y las facultades de las cuales disponen; las clases o tipos de conciliaci\u00f3n admisibles y los asuntos susceptibles de ser conciliados; las condiciones bajo las cuales se pueden presentar peticiones de conciliaci\u00f3n; los tr\u00e1mites que se deben realizar; la renuencia a intentarla y las consecuencias que se derivan de ello; la audiencia de conciliaci\u00f3n, la formalizaci\u00f3n del acuerdo total o parcial entre las partes o la ausencia de \u00e9ste; y la documentaci\u00f3n de lo actuado.\u201d<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn103\"><\/a>[103] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, Sentencia T-320 de 2012. En sentido similar lo ha interpretado la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En sentencia del 23 de agosto de 1983, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral explic\u00f3 que <em>\u201c[e]n el efecto laboral, lo mismo que en otros campos de la vida jur\u00eddica, el consentimiento expresado por persona capaz y libre de vicios, como el error, la fuerza o el dolo, tiene validez plena y efectos reconocidos por la ley, a menos que dentro del \u00e1mbito laboral haya renuncia de derechos concretos, claros e indiscutibles por parte del trabajador<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn104\"><\/a>[104] De forma complementaria, el art\u00edculo 89 de la Ley 2200 de 2022 se\u00f1al\u00f3 que en materia de lo contencioso administrativo, tambi\u00e9n solo podr\u00e1n conciliarse los asuntos cuyo acuerdo no afecte derechos ciertos e indiscutibles. Ver tambi\u00e9n el numeral 2 del art\u00edculo 91 y el par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 95 de la misma ley<\/p>\n<p><a name=\"_ftn105\"><\/a>[105] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, Sentencia T-201 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn106\"><\/a>[106] <em>Cfr. <\/em>Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia SL10507-2014 del 6 de agosto de 2014.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn107\"><\/a>[107] Ver el art\u00edculo 148 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo, norma demandada en esta oportunidad. Frente a los Inspectores del Trabajo, los numerales 3 y 5 del art\u00edculo 3 de la Ley 1610 de 2013 (regulaci\u00f3n de los inspectores del trabajo y los acuerdos de formalizaci\u00f3n laboral) establecen: <em>(i)<\/em> la funci\u00f3n conciliadora de los Inspectores del Trabajo y Seguridad Social como la facultad de intervenir en la soluci\u00f3n de los conflictos laborales sometidos a su consideraci\u00f3n y <em>(ii)<\/em> la funci\u00f3n de acompa\u00f1amiento y servir de garante frente al cumplimiento de las normas laborales y de los subsistemas de riesgos laborales y de pensiones. Por \u00faltimo, el art\u00edculo 13 de la Ley 2220 de 2022 (Estatuto de Conciliaci\u00f3n) dice: <em>\u201c<\/em>[o]<em>peradores autorizados para conciliar extrajudicialmente en materia laboral. La conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho en materia laboral podr\u00e1 ser adelantada ante los jueces laborales competentes conforme las reglas de competencia territorial estatuidas en el C\u00f3digo Procesal del Trabajo y Seguridad Social o ante los inspectores de trabajo, los delegados regionales y seccionales de la Defensor\u00eda del Pueblo, y los agentes del Ministerio P\u00fablico en materia laboral. A falta de todos los anteriores en el respectivo municipio, esta conciliaci\u00f3n podr\u00e1 ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales, siempre y cuando el asunto a conciliar sea de su competencia.\u201d<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn108\"><\/a>[108] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, Sentencia T-057 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn109\"><\/a>[109] Concretamente, en la Sentencia SU-111 de 2025, la Corte Constitucional<\/p>\n<p><a name=\"_ftn110\"><\/a>[110] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, Sentencia T-662 de 2012, reiterada en la Sentencia SU-111 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn111\"><\/a>[111] <em>Ibidem.<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn112\"><\/a>[112] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, Sentencia C-032 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn113\"><\/a>[113] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, sentencias C-113 de 1993 y C-037 de 1996.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn114\"><\/a>[114] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, sentencias C-034 de 1993, C-690 de 1996, C-038 de 2006 y C-029 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn115\"><\/a>[115] <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional, Sentencia C-029 de 2021.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TEMAS-SUBTEMAS \u00a0 Sentencia C-027\/26 &nbsp; PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD DE LOS BENEFICIOS MINIMOS LABORALES-Autoridades administrativas podr\u00e1n autorizar acuerdos de transacci\u00f3n o conciliaci\u00f3n extrajudicial sobre la renuncia de prestaciones sociales de car\u00e1cter incierto y discutible &nbsp; (&#8230;) la Corte proceder\u00e1 a declarar exequible condicionadamente la expresi\u00f3n y para renunciar prestaciones sociales, contenida en el art\u00edculo 148 del [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[160],"tags":[],"class_list":["post-31658","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentencias-2026"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31658","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31658"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31658\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31659,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31658\/revisions\/31659"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31658"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31658"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31658"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}