{"id":31660,"date":"2026-11-17T14:36:41","date_gmt":"2026-11-17T19:36:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/?p=31660"},"modified":"2026-11-17T14:36:41","modified_gmt":"2026-11-17T19:36:41","slug":"c-030-26","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/c-030-26\/","title":{"rendered":"C-030-26"},"content":{"rendered":"<p><b><strong>TEMAS-SUBTEMAS<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>Sentencia C-030\/26<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA<\/strong><\/b>-No se vulnera por norma sobre redenci\u00f3n de la pena por trabajo de las personas privadas de la libertad contenida en reforma laboral<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Aunque la disposici\u00f3n acusada fue incorporada en un estado avanzado del tr\u00e1mite legislativo, esta evidencia una conexidad estrecha con el n\u00facleo tem\u00e1tico de la Ley 2466 de 2025. En efecto, la dignificaci\u00f3n del trabajo en un sentido amplio cobija a las actividades productivas en prisi\u00f3n (conexidad tem\u00e1tica). Precisamente, los desaf\u00edos relacionados con los obst\u00e1culos en la inserci\u00f3n laboral y la mitigaci\u00f3n de los factores de la discriminaci\u00f3n encuentran un correlato directo en la situaci\u00f3n que enfrentan las personas privadas de la libertad (conexidad causal). Superar esos factores de discriminaci\u00f3n pasa necesariamente por avanzar en la dignificaci\u00f3n del trabajo en clave de inclusi\u00f3n social, lo que para el caso de las personas privadas de la libertad se traduce en fijar las condiciones de redenci\u00f3n de la pena y de la eventual recuperaci\u00f3n de la libertad (conexidad teleol\u00f3gica). La elecci\u00f3n del legislador de abordar la redenci\u00f3n de la pena dentro de una reforma laboral es una elecci\u00f3n v\u00e1lida bajo la idea de un puente que articula el trabajo en reclusi\u00f3n con las oportunidades de redenci\u00f3n y la posterior empleabilidad en el mundo exterior; lo que forja un entramado integral de protecci\u00f3n al trabajo (conexidad sistem\u00e1tica).<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA<\/strong><\/b>-Reiteraci\u00f3n de jurisprudencia<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA<\/strong><\/b>-Importancia<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>El principio de unidad de materia salvaguarda la racionalidad del orden democr\u00e1tico y la transparencia y publicidad del proceso legislativo. En lo que ata\u00f1e al primero, por cuanto el Congreso de la Rep\u00fablica debe estar sujeto a una regla de coherencia interna en el ejercicio de la funci\u00f3n legislativa, por medio de la cual se garantice que la producci\u00f3n normativa se realiza a partir de temas que son previamente definidos y frente a los cuales los congresistas, sin importar su filiaci\u00f3n pol\u00edtica o las mayor\u00edas existentes, tienen la oportunidad de concurrir en su discusi\u00f3n y de proponer reformas a los textos propuestos.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD POR VULNERACION DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA<\/strong><\/b>-Metodolog\u00eda<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>El an\u00e1lisis de un cargo por violaci\u00f3n al principio de unidad de materia se desarrolla mediante un juicio de dos etapas. En la primera se debe determinar cu\u00e1l es el alcance material o n\u00facleo tem\u00e1tico de la ley que contiene el precepto acusado, para lo cual se puede acudir a los antecedentes legislativos (esto es, a la exposici\u00f3n de motivos, a los informes de ponencia y a las gacetas en las que consten los respectivos debates); al t\u00edtulo de la ley; o al contenido del estatuto legal que se examina. En la segunda etapa, se debe verificar si, en atenci\u00f3n a los criterios de conexidad, existe un v\u00ednculo objetivo y coherente entre la norma acusada y el n\u00facleo tem\u00e1tico que identifica a la ley.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA<\/strong><\/b>-Conexidad causal, teleol\u00f3gica, tem\u00e1tica o sistem\u00e1tica<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA Y PRINCIPIO DE CONSECUTIVIDAD<\/strong><\/b>-Diferencias<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA<\/strong><\/b>-Alcance<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) el principio de unidad de materia persigue que los art\u00edculos que conforman la ley o el proyecto correspondiente est\u00e9n directamente relacionados con el tema general que les provee cohesi\u00f3n.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>DERECHO AL TRABAJO<\/strong><\/b>-Protecci\u00f3n en todas sus modalidades<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) la jurisprudencia ha podido avanzar en el reconocimiento de distintas formas de trabajo en escenarios invisibilizados o tradicionalmente despreciados como \u201cinformales\u201d. A modo de ejemplo, la Corte ha reivindicado el trabajo de jornaleros, las labores dom\u00e9sticas y de cuidado, por su papel esencial en la sostenibilidad de la vida y el bienestar colectivo, as\u00ed como el trabajo realizado por personas que ejercen actividades sexuales o que prestan servicios a trav\u00e9s de c\u00e1maras web. En estos distintos escenarios, y m\u00e1s all\u00e1 de las particularidades de cada uno, la Corte ha destacado la titularidad de los derechos fundamentales en tensi\u00f3n y la necesidad de una protecci\u00f3n estatal efectiva frente a la invisibilizaci\u00f3n, la discriminaci\u00f3n y la violencia.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>TRABAJO CARCELARIO<\/strong><\/b>-Cumple un fin resocializador y es un elemento dignificante que permite al condenado redimir su pena<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>El trabajo penitenciario se sustenta en la dignificaci\u00f3n de la persona y en su importancia para la construcci\u00f3n de un proyecto de vida propio y en comunidad. La generaci\u00f3n de bienes o servicios, as\u00ed como la posibilidad de disminuir el tiempo de privaci\u00f3n de la libertad constituyen expresiones primordiales del trabajo intramuros. Sin embargo, el significado constitucional del trabajo penitenciario tambi\u00e9n encarna una dimensi\u00f3n inmaterial de dignidad, participaci\u00f3n en la construcci\u00f3n de la sociedad y de reconocimiento de la capacidad de contribuir al bien com\u00fan, incluso desde la prisi\u00f3n.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>TRABAJO CARCELARIO<\/strong><\/b>-Marco normativo<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>TRABAJO CARCELARIO<\/strong><\/b>-Naturaleza<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>El trabajo en los establecimientos penitenciarios y carcelarios es: (i) un instrumento resocializador que permite al condenado \u201crehabilitarse por medio del ejercicio de una actividad econ\u00f3micamente productiva\u201d, (ii) un mecanismo tendiente a lograr la paz pues \u201csirve para impedir que el infractor de la ley pueda incurrir en nuevos hechos punibles\u201d y, finalmente, (iii) puede ser una oportunidad para que los internos alcancen la libertad a trav\u00e9s de la redenci\u00f3n de pena. El trabajo en reclusi\u00f3n reviste entonces una particularidad que lo diferencia del trabajo en libertad, en el sentido de que busca, esencialmente, \u201cla resocializaci\u00f3n del condenado para habilitarlo a que pueda convivir en un medio de libertad una vez cumpla la sanci\u00f3n que le ha sido impuesta, e igualmente de que pueda disminuir el tiempo de la pena\u201d.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PRINCIPIO DE RESOCIALIZACION Y DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD<\/strong><\/b>-Trabajo y oficios en la prisi\u00f3n<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>TRABAJO CARCELARIO<\/strong><\/b>-Remuneraci\u00f3n<b><strong>\/TRABAJO CARCELARIO<\/strong><\/b>-Redenci\u00f3n de pena<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>La retribuci\u00f3n del trabajo penitenciario tambi\u00e9n se puede concebir desde la perspectiva de la redenci\u00f3n de la pena. En efecto, tanto la remuneraci\u00f3n econ\u00f3mica -siempre que sea posible y cuando est\u00e9 prevista- como la redenci\u00f3n de la pena son manifestaciones de la retribuci\u00f3n del trabajo intramural, aunque operen en planos distintos. La primera (remuneraci\u00f3n) en el \u00e1mbito patrimonial y la segunda (redenci\u00f3n) en el \u00e1mbito de la libertad; aunque ambas confluyen en funci\u00f3n de la dignidad humana y la resocializaci\u00f3n. En esa medida, el trabajo penitenciario, como derecho, se encuentra \u00edntimamente ligado a la libertad, en cuanto su ejercicio incide directamente en el tiempo efectivo de privaci\u00f3n de la libertad.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>REFORMA LABORAL<\/strong><\/b>-Objetivo<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>REP\u00daBLICA DE COLOMBIA<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>CORTE CONSTITUCIONAL<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>SENTENCIA C-030 DE 2026<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>Referencia: <\/strong><\/b>expediente D-16.736. Demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 19 (parcial) de la Ley 2466 de 2025<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Demandante: <\/strong><\/b>Jonathan Pulido Hern\u00e1ndez<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Tema<\/strong><\/b>: an\u00e1lisis del principio de unidad de materia frente a una disposici\u00f3n de redenci\u00f3n de la pena, incluida en una ley de reforma laboral<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Magistrada sustanciadora:<\/strong><\/b><\/p>\n<p>Lina Marcela Escobar Mart\u00ednez<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintis\u00e9is (2026)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y tr\u00e1mites establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, profiere la siguiente<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>SENTENCIA<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>S\u00edntesis de la decisi\u00f3n<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El se\u00f1or Jonathan Pulido Hern\u00e1ndez demand\u00f3 el art\u00edculo 19 (parcial) de la Ley 2466 de 2025; en concreto, la expresi\u00f3n \u201cse conceder\u00e1 la redenci\u00f3n de pena por trabajo a las personas privadas de la libertad y se les abonar\u00e1 dos d\u00edas de reclusi\u00f3n por tres d\u00edas de trabajo\u201d, contenida en el primer inciso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Para el demandante, dicha disposici\u00f3n desconoce el <em>principio de unidad de materia<\/em> previsto en los art\u00edculos 158 y 169 de la Carta Pol\u00edtica, por cuanto que esta regula un beneficio de redenci\u00f3n de la pena que resulta extra\u00f1o al \u00e1mbito del derecho al trabajo. M\u00e1s bien, en su concepto, la disposici\u00f3n es propia del derecho penal y penitenciario, dado que incide directamente en el cumplimiento de la condena.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Para resolver este cargo, la Corte reiter\u00f3 la jurisprudencia sobre el principio de unidad de materia y present\u00f3 unas consideraciones generales sobre el concepto de trabajo penitenciario. La Sala destac\u00f3 que el trabajo es una categor\u00eda preponderante y amplia del ordenamiento constitucional colombiano, en la que tambi\u00e9n se inscriben las actividades que desarrollan las personas privadas de la libertad, aunque con las particularidades y restricciones que supone la reclusi\u00f3n. Para estas personas, el trabajo es un mecanismo de redenci\u00f3n y una oportunidad de resocializaci\u00f3n que traza un puente hacia la libertad. El trabajo dignifica la vida; y permite la adquisici\u00f3n de habilidades, la resistencia al encierro prolongado, la construcci\u00f3n de la autonom\u00eda individual y la preparaci\u00f3n para la vida en libertad.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Frente al caso concreto, la Sala concluy\u00f3 que, aunque la disposici\u00f3n acusada fue incorporada en un estado avanzado del tr\u00e1mite legislativo, esta guarda una conexidad con el n\u00facleo tem\u00e1tico de la Ley 2466 de 2025. Y, por tanto, es exequible respecto del cargo propuesto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La dignificaci\u00f3n del trabajo en un sentido amplio cobija a las actividades productivas en prisi\u00f3n (<em>conexidad tem\u00e1tica<\/em>). Precisamente, los desaf\u00edos relacionados con los obst\u00e1culos en la inserci\u00f3n laboral y la mitigaci\u00f3n de los factores de la discriminaci\u00f3n encuentran un correlato directo en la situaci\u00f3n que enfrentan las personas privadas de la libertad (<em>conexidad causal<\/em>). Superar esos factores de discriminaci\u00f3n pasa necesariamente por avanzar en la dignificaci\u00f3n del trabajo en clave de inclusi\u00f3n social, lo que para el caso de las personas privadas de la libertad se traduce en fijar las condiciones de redenci\u00f3n de la pena y de la eventual recuperaci\u00f3n de la libertad <em>(conexidad teleol\u00f3gica).<\/em> La decisi\u00f3n del legislador de abordar la redenci\u00f3n de la pena dentro de una reforma laboral es una elecci\u00f3n v\u00e1lida bajo la idea de un puente que articula el trabajo en reclusi\u00f3n con las oportunidades de redenci\u00f3n y la posterior empleabilidad en el mundo exterior; lo que forja un entramado integral de protecci\u00f3n al trabajo (<em>conexidad sistem\u00e1tica<\/em>).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>I. ANTECEDENTES<\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>El 4 de julio de 2025, el ciudadano Jonathan Pulido Hern\u00e1ndez<a name=\"_ftnref1\"><\/a>[1], en ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad prevista en los art\u00edculos 40.6, 241.4 y 242 de la Carta Pol\u00edtica, present\u00f3 una demanda contra el art\u00edculo 19 (parcial) de la Ley 2466 de 2025. En su criterio, esta disposici\u00f3n desconoce el principio de <em>unidad de materia<\/em> consagrado en los art\u00edculos 158<a name=\"_ftnref2\"><\/a>[2] y 169<a name=\"_ftnref3\"><\/a>[3] de la Constituci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Mediante el Auto del 4 de agosto de 2025, la magistrada sustanciadora, tras revisar el contenido de la demanda, concluy\u00f3 que esta no cumpl\u00eda con la totalidad de los requisitos previstos en el art\u00edculo 2 del Decreto 2067 de 1991 y la jurisprudencia constitucional<a name=\"_ftnref4\"><\/a>[4], motivo por el cual la inadmiti\u00f3. El accionante present\u00f3 entonces el escrito de subsanaci\u00f3n y, luego de su revisi\u00f3n, la magistrada admiti\u00f3 la demanda mediante el Auto del 26 de agosto de 2025.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>En concreto, la demanda se admiti\u00f3 \u00fanicamente por la presunta violaci\u00f3n al principio de <em>unidad de materia<\/em> consagrado en los art\u00edculos 158 y 169 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. En esta misma providencia se orden\u00f3: (i) comunicar la iniciaci\u00f3n del proceso al presidente de la Rep\u00fablica, al presidente del Congreso, a los ministros de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, de Salud y Protecci\u00f3n Social, del Trabajo, y de Justicia y del Derecho; (ii) correr traslado a Procurador General de la Naci\u00f3n; (iii) fijar en lista la norma acusada y (iv) invitar a participar a distintas instituciones y organizaciones<a name=\"_ftnref5\"><\/a>[5].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>Cumplidos los tr\u00e1mites previstos en el art\u00edculo 242 de la Constituci\u00f3n y en el Decreto Ley 2067 de 1991, la Corte procede a resolver la demanda de la referencia.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>II. NORMA DEMANDADA<\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>A continuaci\u00f3n, se transcribe la norma se\u00f1alada por el accionante y se subraya el fragmento acusado:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201c<b><strong>LEY 2466 DE 2025<\/strong><\/b><\/p>\n<p>(junio 25)<\/p>\n<p>Diario Oficial No. 53.160 de 25 de junio de 2025<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>por medio de la cual se modifica parcialmente normas laborales y se adopta una Reforma Laboral para el trabajo decente y digno en Colombia.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p>EL CONGRESO DE COLOMBIA<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DECRETA:<\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Art\u00edculo 19.<\/strong><\/b> <em>Experiencia laboral de personas privadas de la libertad<\/em>. Las actividades productivas y ocupacionales desarrolladas por la poblaci\u00f3n privada de la libertad ser\u00e1n reconocidas como experiencia laboral previa certificaci\u00f3n de las entidades correspondientes con la finalidad de posibilitar su ingreso al mercado laboral, mitigar la discriminaci\u00f3n laboral y disminuir la probabilidad de reincidencia. <u>Se conceder\u00e1 la redenci\u00f3n de pena por trabajo a las personas privadas de la libertad y se les abonar\u00e1 dos d\u00edas de reclusi\u00f3n por tres d\u00edas de trabajo.<\/u><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Par\u00e1grafo<\/strong><\/b>. El Ministerio de Trabajo en un t\u00e9rmino de 6 meses expedir\u00e1 la reglamentaci\u00f3n necesaria para el reconocimiento de las actividades productivas y ocupacionales en los centros penitenciarios como experiencia profesional\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(Subrayado fuera del original)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>III. LA DEMANDA<a name=\"_ftnref6\"><\/a>[6]<\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>El accionante sostuvo que la expresi\u00f3n acusada vulnera el principio de <em>unidad de materia<\/em> previsto en los art\u00edculos 158 y 169 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. A su juicio, estas disposiciones buscan asegurar la coherencia interna de los proyectos legislativos, la racionalidad del ordenamiento jur\u00eddico y la transparencia en el proceso de formaci\u00f3n de la ley. En esa medida, debe existir una correspondencia tem\u00e1tica entre los contenidos de la ley y, adicionalmente, el t\u00edtulo de la norma debe reflejar de manera fiel su alcance<a name=\"_ftnref7\"><\/a>[7].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li>De acuerdo con la demanda, la Corte ha se\u00f1alado una serie de elementos que deben orientar el examen de constitucionalidad cuando se analiza la coherencia entre el contenido normativo de una ley y su t\u00edtulo. Entre ellos, el actor destac\u00f3 que \u201centre el t\u00edtulo y el contenido de la ley debe existir, necesariamente, una relaci\u00f3n de conexidad, como consecuencia del principio de unidad de materia (C.P., art. 158) y el principio de correspondencia entre el t\u00edtulo de la ley y su contenido (C.P., art. 169)\u201d<a name=\"_ftnref8\"><\/a>[8]. En relaci\u00f3n con la conexidad, el ciudadano explic\u00f3 que esta ha sido examinada desde distintas perspectivas: <em>conexidad tem\u00e1tica<\/em>, <em>causal<\/em>, <em>teleol\u00f3gica<\/em> y <em>sistem\u00e1tica<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li>Asimismo, el actor afirm\u00f3 que, en la Sentencia C-380 de 2013, la Corte sintetiz\u00f3 que el principio de unidad de materia persigue dos finalidades: la <em>coherencia<\/em> y la <em>transparencia<\/em> del proceso legislativo. Sobre la <em>coherencia<\/em>, indic\u00f3 que el proceso debe seguir un hilo conductor definido por el legislador, evitando la distorsi\u00f3n por la inclusi\u00f3n de materias aisladas o inconexas y manteniendo un orden tem\u00e1tico que permita un debate informado y serio. Sobre la <em>transparencia<\/em>, se\u00f1al\u00f3 que el principio \u201cbusca impedir que en el proceso legislativo se introduzcan, de manera s\u00fabita, sorpresiva, inopinada o subrepticia, e incluso an\u00f3nima, iniciativas oportunistas que no guarden relaci\u00f3n con \u00e9l y sobre las cuales no se ha dado un verdadero debate\u201d<a name=\"_ftnref9\"><\/a>[9]. En concepto del demandante, la disposici\u00f3n acusada fue incorporada en el \u00faltimo debate, sin hacer parte del texto original, ni de los documentos aprobados en las etapas previas del tr\u00e1mite, lo que quebranta el \u00faltimo de los principios mencionados.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"9\">\n<li>El demandante destac\u00f3 que la Ley 2466 de 2025 tiene como t\u00edtulo \u201cPor medio del cual se modifica parcialmente normas laborales y se adopta una reforma laboral para el trabajo decente y digno en Colombia\u201d y como objeto, en su primer art\u00edculo establece: \u201c[A]doptar una reforma laboral mediante la modificaci\u00f3n del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, la Ley 50 de 1990, Ley 789 de 2002 y otras normas laborales, adem\u00e1s se dictan disposiciones para el trabajo digno y decente en Colombia, buscando el respeto a la remuneraci\u00f3n justa, bienestar integral, la promoci\u00f3n del di\u00e1logo social, las garant\u00edas para el acceso a la seguridad social y sostenibilidad de los empleos desde el respeto pleno a los derechos de los trabajadores as\u00ed como el favorecimiento a la creaci\u00f3n de empleo formal en Colombia\u201d<a name=\"_ftnref10\"><\/a>[10].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"10\">\n<li>Con este prop\u00f3sito, la ley regula varios aspectos del derecho al trabajo<a name=\"_ftnref11\"><\/a>[11], al punto de tratarse de una modificaci\u00f3n al C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. En tal sentido \u2012para el demandante\u2012 la disposici\u00f3n desbord\u00f3 el objeto de la ley, pues \u201cno regula relaciones laborales, condiciones de trabajo ni mecanismos de empleabilidad, como lo hace la Ley que la contiene, ni desarrolla medidas para eliminar la violencia, el acoso o la discriminaci\u00f3n en el mundo del trabajo, como lo dispone el cap\u00edtulo donde est\u00e1 ubicada<a name=\"_ftnref12\"><\/a>[12] y menos a\u00fan tiene nada que ver con la experiencia laboral de las personas privadas de la libertad, cual es el objeto del art\u00edculo donde se incluy\u00f3\u201d<a name=\"_ftnref13\"><\/a>[13].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"11\">\n<li>El art\u00edculo acusado establece estrategias para que el trabajo realizado por personas privadas de la libertad pueda certificarse con el fin de acreditar experiencia laboral. Sin embargo, \u2013en criterio del demandante\u2013 el fragmento acusado introdujo un beneficio penitenciario que modifica las condiciones de cumplimiento de la pena, aspecto que no guarda relaci\u00f3n con el contenido general de la ley laboral en que se insert\u00f3.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"12\">\n<li>En l\u00ednea con lo anterior, el actor adujo que la norma no cumpli\u00f3 con ninguno de los tipos de conexidad desarrollados por la jurisprudencia. A juicio del actor, no hay una <em>conexidad tem\u00e1tica<\/em> pues el beneficio de redenci\u00f3n de la pena no pertenece al \u00e1mbito del derecho al trabajo, sino al del derecho penal y penitenciario, dado que incide directamente en el cumplimiento de la condena. Tampoco se satisface la <em>conexidad causal<\/em>, ya que los motivos que justificaron la reforma laboral \u2013dignificaci\u00f3n del trabajo, reducci\u00f3n de la informalidad, fortalecimiento del derecho colectivo<a name=\"_ftnref14\"><\/a>[14]\u2013 no guardan relaci\u00f3n con el prop\u00f3sito de establecer beneficios penitenciarios. En sus palabras, \u201cla disposici\u00f3n demandada no se deriva causalmente del objeto de la ley ni de los problemas que esta pretende resolver, y menos a\u00fan del esp\u00edritu del art\u00edculo que la contiene, pues este busca contribuir a la reinserci\u00f3n laboral de quienes estuvieron privados de la libertad, mas no otorgarles beneficios de reducci\u00f3n de pena\u201d<a name=\"_ftnref15\"><\/a>[15].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"13\">\n<li>La <em>conexidad teleol\u00f3gica<\/em> tampoco se cumplir\u00eda pues el art\u00edculo que contiene la expresi\u00f3n acusada persigue una finalidad de pol\u00edtica criminal (resocializaci\u00f3n, reducci\u00f3n del hacinamiento, est\u00edmulo al trabajo penitenciario), distinta de la finalidad general de la ley, orientada a la justicia laboral, la equidad contractual y la garant\u00eda de los derechos laborales. Finalmente, no se satisface la <em>conexidad sistem\u00e1tica<\/em>, ya que el beneficio se incorpora en el cap\u00edtulo III, cuyo t\u00edtulo y contenido est\u00e1n dirigidos a regular la prevenci\u00f3n de la violencia, el acoso y la discriminaci\u00f3n laboral. En ese contexto, la inclusi\u00f3n de la norma demandada resulta \u201cajena y disruptiva [al punto que] rompe la racionalidad interna del cap\u00edtulo y de la ley en general, y no responde a una necesidad t\u00e9cnica de articulaci\u00f3n normativa\u201d<a name=\"_ftnref16\"><\/a>[16].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"14\">\n<li>Por otra parte, el actor asegur\u00f3 que la norma es formalmente penal y sustantivamente de derecho penal y penitenciario. En su opini\u00f3n, la disposici\u00f3n afecta la ejecuci\u00f3n de la pena, materia regulada por el legislador en leyes especializadas como el C\u00f3digo Penal (Ley 599 del 2000) y el C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), particularmente en el art\u00edculo 82 de este \u00faltimo<a name=\"_ftnref17\"><\/a>[17]. La actuaci\u00f3n legislativa \u2012en criterio del demandante\u2012 \u201crompe la especialidad normativa que rige las materias penales y penitenciarias\u201d<a name=\"_ftnref18\"><\/a>[18].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"15\">\n<li>El accionante tambi\u00e9n present\u00f3 un recuento de la inclusi\u00f3n y aprobaci\u00f3n de la norma acusada. A partir de ello, el se\u00f1or Hern\u00e1ndez concluy\u00f3 que \u201cesta proposici\u00f3n fue aprobada sin un debate especializado, sin an\u00e1lisis de impacto penal o penitenciario, sin consulta previa al Consejo Superior de Pol\u00edtica Criminal ni a entidades competentes en materia de ejecuci\u00f3n penal\u201d<a name=\"_ftnref19\"><\/a>[19]. En suma, fue incorporada \u201ctard\u00eda, sorpresiva y subrepticiamente, sin haber formado parte de los debates previos ni contar con sustento t\u00e9cnico o jur\u00eddico adecuado\u201d<a name=\"_ftnref20\"><\/a>[20]. Sobre el tr\u00e1mite legislativo, la demanda adjunto varias gacetas del Congreso de la Rep\u00fablica y un v\u00ednculo para consultar la transmisi\u00f3n de la sesi\u00f3n plenaria del 12 de junio de 2025.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"16\">\n<li>En virtud de lo expuesto, el demandante solicit\u00f3 a la Corte Constitucional declarar inexequible la expresi\u00f3n \u201cse conceder\u00e1 la redenci\u00f3n de pena por trabajo a las personas privadas de la libertad y se les abonar\u00e1 dos d\u00edas de reclusi\u00f3n por tres d\u00edas de trabajo\u201d, contenida en el art\u00edculo 19 de la Ley 2466 de 2025.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"17\">\n<li>Dentro del tr\u00e1mite de subsanaci\u00f3n, la magistrada sustanciadora constat\u00f3 que el accionante reconoci\u00f3 haber incluido un nuevo cargo por el presunto desconocimiento de los principios de <em>consecutividad e identidad flexible<\/em><a name=\"_ftnref21\"><\/a>[21]. La magistrada consider\u00f3 entonces que, pese a su cercan\u00eda conceptual, estos nuevos cargos supon\u00edan un estudio distinto del reproche por unidad de materia inicialmente propuesto, por lo que los rechaz\u00f3 mediante el Auto del 26 de agosto de 2025<a name=\"_ftnref22\"><\/a>[22].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>IV. INTERVENCIONES<\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"18\">\n<li>La Secretar\u00eda General de la Corte fij\u00f3 en lista el asunto desde el 5 de septiembre hasta el 18 de septiembre de 2025. Al proceso se allegaron quince intervenciones<a name=\"_ftnref23\"><\/a>[23], de las cuales once se radicaron de manera oportuna<a name=\"_ftnref24\"><\/a>[24], mientras que las restantes cuatro fueron extempor\u00e1neas<a name=\"_ftnref25\"><\/a>[25]. Estas \u00faltimas no ser\u00e1n tenidas en cuenta, precisamente, por haberse remitido fuera del t\u00e9rmino.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"19\">\n<li>En lo que respecta a las once intervenciones oportunas, nueve defendieron la exequibilidad de la expresi\u00f3n acusada, mientras que las restantes dos coadyuvaron los argumentos de la demanda y, por tanto, apoyaron la inexequibilidad<a name=\"_ftnref26\"><\/a>[26]. A continuaci\u00f3n, se presenta un resumen de los argumentos:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table width=\"595\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"595\"><b><strong>Intervenciones que solicitan la exequibilidad<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"113\"><b><strong>Interviniente<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"482\"><b><strong>Argumentos<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"113\"><b><strong>1- Fundaci\u00f3n Proyecto Inocencia<\/strong><\/b><a name=\"_ftnref27\"><\/a><b><strong>[27]<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"482\">&nbsp;<\/p>\n<p>De manera preliminar, cuestion\u00f3 la aptitud de la demanda. Consider\u00f3 que la referencia t\u00e1cita que la demanda hace al t\u00edtulo de la ley configura una ineptitud sustancial \u201cpor cuanto el actor tiene la m\u00ednima carga argumentativa para se\u00f1alar la o las razones por las cuales el t\u00edtulo de la disposici\u00f3n acusada no puede considerarse siquiera un eje orientador de la materia que se pretende regular\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En cuanto al fondo de la discusi\u00f3n, afirm\u00f3 que el trabajo penitenciario, ligado a la dignidad y a la resocializaci\u00f3n, encaja en la noci\u00f3n de trabajo decente y digno. Esto permite establecer una relaci\u00f3n objetiva y razonable entre la norma y el objeto de la ley. Promover trabajo decente implica tambi\u00e9n proteger el trabajo penitenciario, lo que guarda conexidad causal y teleol\u00f3gica al favorecer la resocializaci\u00f3n y la reintegraci\u00f3n laboral.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Finalmente, destac\u00f3 que \u201clas personas privadas de la libertad realizan trabajo penitenciario, no solamente como redenci\u00f3n de pena como erradamente lo comprende el demandante, sino que corresponde a una actividad de resocializaci\u00f3n y como parte de su preparaci\u00f3n para la vida en libertad\u201d.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"113\"><b><strong>2- Fundaci\u00f3n Acci\u00f3n Interna<\/strong><\/b><a name=\"_ftnref28\"><\/a><b><strong>[28]<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"482\">&nbsp;<\/p>\n<p>Explic\u00f3 que las personas privadas de la libertad no dejan de ser sujetos de derechos laborales en sentido amplio. Aunque el trabajo penitenciario tiene un r\u00e9gimen especial, debe ser <em>productivo, remunerado y formativo<\/em>. La redenci\u00f3n de la pena es una forma de \u201cpago\u201d adicional por ese trabajo, que refleja su valor social. Al incrementar el beneficio de redenci\u00f3n, el legislador destac\u00f3 el trabajo penitenciario, \u201ccombatiendo visiones estigmatizantes que lo ve\u00edan como una simple carga o una simulaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El inciso demandado es complementario a la primera parte del art\u00edculo 19. El primero reconoce la experiencia laboral de los reclusos de cara al mercado laboral, mientras que el segundo promueve esa experiencia mediante un mayor beneficio intramural. Ambos incisos comparten la teleolog\u00eda de fomentar el trabajo penitenciario como herramienta de reinserci\u00f3n laboral. La conexi\u00f3n tem\u00e1tica entonces es evidente y directa: trabajo. El com\u00fan denominador es la noci\u00f3n de trabajo digno e inclusivo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Expuso que la reforma laboral de 2025 \u201cno se limit\u00f3 a regular contratos o relaciones empleador-trabajador cl\u00e1sicas, sino que abarc\u00f3 disposiciones para extender la protecci\u00f3n y los beneficios del trabajo a sectores marginados. En esa l\u00f3gica, incluir a la poblaci\u00f3n reclusa es coherente: se trata de que el trabajo <em>intramuros <\/em>sea tenido en cuenta en el mundo <em>extramuros <\/em>el mercado laboral y sea m\u00e1s valorado dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios\u201d.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"113\"><b><strong>3- Semillero \u201c<em>Core Crimes<\/em> &#8211; Derecho Penal\u201d de la<\/strong><\/b> <b><strong>Universidad Santo Tom\u00e1s<\/strong><\/b><a name=\"_ftnref29\"><\/a>[29]<\/td>\n<td width=\"482\">&nbsp;<\/p>\n<p>Este semillero comenz\u00f3 por recordar que el principio de la unidad de materia permite leyes con m\u00faltiples contenidos, siempre que exista una conexidad razonable, evitando lecturas r\u00edgidas del mismo. As\u00ed, lo inadmisible no es la diversidad tem\u00e1tica, sino la inclusi\u00f3n de asuntos en una misma ley, pero sin un fin com\u00fan.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con este marco, el semillero sostuvo que integrar la redenci\u00f3n de pena al r\u00e9gimen laboral es coherente porque permitir\u00eda superar la visi\u00f3n meramente utilitarista que se tiene, donde la labor del interno se valora solo como un medio para reducir tiempo de condena. Reconocerlo \u201ccomo verdadero trabajo lo convierte en una pr\u00e1ctica dignificante, que se ajusta a la finalidad resocializadora de la pena y le otorga al interno una experiencia real de inserci\u00f3n en el mundo productivo\u201d.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"113\"><b><strong>4- Defensor\u00eda del Pueblo<\/strong><\/b><a name=\"_ftnref30\"><\/a>[30]<\/td>\n<td width=\"482\">&nbsp;<\/p>\n<p>La Defensor\u00eda del Pueblo asegur\u00f3 que la disposici\u00f3n demandada va acorde con el principio de unidad de materia, en tanto que regula una modalidad espec\u00edfica de trabajo \u2014el <em>trabajo penitenciario<\/em>\u2014 que, adem\u00e1s de estar conectado con la reforma laboral, materializa el derecho fundamental al trabajo de las personas privadas de la libertad, fortalece la finalidad de resocializaci\u00f3n de la pena y contribuye a la superaci\u00f3n del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) carcelario.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Frente al an\u00e1lisis espec\u00edfico de unidad de materia, desarroll\u00f3 las siguientes tesis que sustentan la relaci\u00f3n de la norma acusada con la Ley 2466 de 2025:<\/p>\n<p>(i)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <em>Conexidad tem\u00e1tica<\/em>: la norma aborda una modalidad espec\u00edfica de trabajo \u2014el penitenciario\u2014 que, aunque presenta particularidades derivadas de la relaci\u00f3n de especial sujeci\u00f3n, es una emanaci\u00f3n del derecho al trabajo reconocido en el ordenamiento jur\u00eddico.<\/p>\n<p>(ii)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <em>Conexidad causal<\/em>: la norma surge de la necesidad de fortalecer el reconocimiento del trabajo en todas sus modalidades y contextos, con el fin de garantizar inclusi\u00f3n y equidad en el acceso a derechos laborales de toda la poblaci\u00f3n, sin importar si son privados o no de la libertad.<\/p>\n<p>(iii)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <em>Conexidad teleol\u00f3gica<\/em>: la disposici\u00f3n se orienta hacia los mismos fines perseguidos por la ley en su conjunto: la promoci\u00f3n de inclusi\u00f3n, dignidad y productividad a trav\u00e9s del trabajo. En este sentido, reconocer el valor del trabajo penitenciario responde al mismo prop\u00f3sito que inspira el resto de la ley: dignificar la labor humana y otorgar herramientas efectivas de inclusi\u00f3n.<\/p>\n<p>(iv)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <em>Conexidad sistem\u00e1tica<\/em>: esta disposici\u00f3n asegura que el r\u00e9gimen laboral opere como un entramado integral, en el que no se excluyen sectores sociales por su condici\u00f3n, sino que se incluyen bajo una misma racionalidad normativa.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"113\"><b><strong>5- Grupo de prisiones y el \u00e1rea de derecho laboral de la Universidad de los Andes<\/strong><\/b><a name=\"_ftnref31\"><\/a>[31]<\/td>\n<td width=\"482\">&nbsp;<\/p>\n<p>Para esta instituci\u00f3n, el principio de unidad de materia no implica simplicidad tem\u00e1tica ni exige leyes monotem\u00e1ticas. Desde este enfoque, la redenci\u00f3n de penas por trabajo no desborda la materia de la Ley 2466, sino que la enriquece, al proyectar sus principios hacia un contexto en el que la inclusi\u00f3n laboral es, adem\u00e1s, una herramienta de justicia social y de resocializaci\u00f3n efectiva. Para sustentar esta conclusi\u00f3n, la Universidad de los Andes desarroll\u00f3 varios de los criterios de relaci\u00f3n as\u00ed:<\/p>\n<p>(i)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <em>Conexidad tem\u00e1tica<\/em>: el art\u00edculo 19 integra un bloque de pol\u00edtica laboral para poblaci\u00f3n penitenciaria y post penitenciaria al reconocer experiencia laboral intramuros e incentivar el trabajo penitenciario como plataforma de inserci\u00f3n, lo que guarda relaci\u00f3n con el \u00e1mbito tem\u00e1tico de empleabilidad, formalizaci\u00f3n e igualdad material en el trabajo.<\/p>\n<p>(ii)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <em>Conexidad causal<\/em>: las causas de la reforma laboral incluyen reducir la informalidad, superar barreras de acceso y mitigar la discriminaci\u00f3n, y el fomento del trabajo intramuros \u2014con certificaci\u00f3n e incentivo\u2014, lo que incide causalmente en la transici\u00f3n al empleo formal de una poblaci\u00f3n hist\u00f3ricamente marginada, conectando la medida con el problema p\u00fablico que la ley pretende resolver.<\/p>\n<p>(iii)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <em>Conexidad teleol\u00f3gica<\/em>: la redenci\u00f3n de penas por trabajo no se configura como una excepci\u00f3n al r\u00e9gimen laboral, sino como un mecanismo plenamente coherente con la pol\u00edtica de formalizaci\u00f3n, que incentiva la participaci\u00f3n de esta poblaci\u00f3n en actividades productivas con reconocimiento jur\u00eddico y reafirma la funci\u00f3n social del trabajo en contextos de especial vulnerabilidad.<\/p>\n<p>(iv)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <em>Conexidad sistem\u00e1tica<\/em>: el art\u00edculo 19 est\u00e1 ubicado en el cap\u00edtulo de eliminaci\u00f3n de violencia, acoso y discriminaci\u00f3n en el mundo del trabajo. Junto con la certificaci\u00f3n de experiencia y la orden reglamentaria al Ministerio de Trabajo, configura un paquete coherente de incentivos y reconocimiento para remover barreras reales de acceso al empleo y combatir la estigmatizaci\u00f3n.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"113\"><b><strong>6- Escuela de investigaci\u00f3n y pensamiento penal &#8220;<em>Luis Carlos P\u00e9rez<\/em>&#8221; de la Universidad Nacional de Colombia<\/strong><\/b><a name=\"_ftnref32\"><\/a>[32]<\/td>\n<td width=\"482\">&nbsp;<\/p>\n<p>Para este grupo de investigaci\u00f3n, la demanda parti\u00f3 de una premisa errada, anclada \u201ca una noci\u00f3n bastante limitada de lo que es el derecho al trabajo\u201d, lo que contraviene lo dispuesto por la jurisprudencia constitucional y los instrumentos internacionales respecto al trabajo decente, digno y penitenciario.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La expresi\u00f3n \u201c<em>trabajo decente y digno\u201d <\/em>que figura en el t\u00edtulo de la Ley 2466 de 2025 es la clave que permite establecer cu\u00e1l es el contenido o alcance material de esta norma. Desde esta perspectiva, \u201cuna ley que reconoce beneficios mayores de redenci\u00f3n de pena por trabajo penitenciario dignifica al trabajador privado de la libertad, toda vez que se compromete con la materializaci\u00f3n de esa finalidad del trabajo decente y digno de promover el desarrollo personal y la integraci\u00f3n social\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Agreg\u00f3 que la \u201cresocializaci\u00f3n no es un tema de \u00edndole exclusivamente penal, como si se tratase de un elemento que no puede ser abordado desde otras perspectivas. El trabajo tambi\u00e9n tiene una finalidad eminentemente resocializadora, vinculada al desarrollo humano y a la integraci\u00f3n social\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"113\"><b><strong>7- Gobierno nacional<\/strong><\/b><a name=\"_ftnref33\"><\/a>[33]<\/td>\n<td width=\"482\">&nbsp;<\/p>\n<p>El art\u00edculo 19 de la Ley 2466 de 2025 debe entenderse como \u201cun <em>puente normativo<\/em> entre el mundo penitenciario y la sociedad libre, dado que no se limita a ofrecer beneficios intracarcelarios, sino que extiende los efectos positivos del trabajo a la vida posterior\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La <em>conexidad teleol\u00f3gica<\/em> se cumple puesto que la norma es un medio id\u00f3neo y necesario para realizar la finalidad inclusiva y retributiva de la Ley 2466 de 2025. Reconocer mayor redenci\u00f3n valoriza ese trabajo y alinea la regla penitenciaria con la justicia retributiva del \u00e1mbito laboral, sin desconocer su especificidad.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Respecto de la <em>conexidad tem\u00e1tica<\/em>, la intervenci\u00f3n del Gobierno nacional se\u00f1al\u00f3 que, del t\u00edtulo de la norma, en conjunto con el art\u00edculo 1\u00ba (objeto) y dem\u00e1s normas que adicionan o modifican leyes preexistentes, as\u00ed como de sus disposiciones aut\u00f3nomas, se puede concluir que el n\u00facleo tem\u00e1tico de la norma es el trabajo en todas sus modalidades y formas. Esto, por supuesto, incluye el trabajo penitenciario.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Por \u00faltimo, destac\u00f3 que esta norma tiene el potencial de contribuir a la racionalizaci\u00f3n de la duraci\u00f3n excesiva de las penas privativas de la libertad en Colombia, lo cual podr\u00eda incidir positivamente en la reducci\u00f3n del hacinamiento en el Sistema Penitenciario y Carcelario y, con ello, en la superaci\u00f3n del <em>estado de cosas inconstitucional<\/em>.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"113\"><b><strong>8-Observatorio de Intervenci\u00f3n Ciudadana de la Universidad Libre de Bogot\u00e1<\/strong><\/b><a name=\"_ftnref34\"><\/a>[34]<\/td>\n<td width=\"482\">&nbsp;<\/p>\n<p>El trabajo penitenciario tiene una relaci\u00f3n intr\u00ednseca con el derecho laboral porque, aunque se desarrolla en un contexto de reclusi\u00f3n, implica prestaci\u00f3n personal del servicio, subordinaci\u00f3n y retribuci\u00f3n. Para esta instituci\u00f3n, la norma acusada ejemplifica la existencia de disposiciones <em>h\u00edbridas<\/em> que se proyectan en varias ramas del derecho, en este caso el penal y el laboral.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La reducci\u00f3n de la condena es la \u201c<em>recompensa<\/em>\u201d legal por la aplicaci\u00f3n de los principios laborales de diligencia, productividad y disciplina en un contexto de privaci\u00f3n de la libertad. Este es el punto de encuentro entre el derecho penal y el derecho laboral.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(i)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <em>Conexidad tem\u00e1tica<\/em>: la inclusi\u00f3n del art\u00edculo 19 es el resultado de un proceso deliberativo que busc\u00f3 hacer de la ley un instrumento de inclusi\u00f3n social y de dignificaci\u00f3n del trabajo en todos sus escenarios, incluyendo los m\u00e1s complejos como el penitenciario.<\/p>\n<p>(ii)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <em>Conexidad teleol\u00f3gica<\/em>: el prop\u00f3sito de la Ley 2466 de 2025 (promover el trabajo digno y la inclusi\u00f3n social) y el prop\u00f3sito del trabajo penitenciario (rehabilitar y reinsertar socialmente a los condenados) convergen en un mismo punto. El art\u00edculo 19 act\u00faa como un puente que une dos esferas del derecho, el laboral y el penal, bajo la premisa de que el trabajo es una herramienta universal de transformaci\u00f3n social.<\/p>\n<p>(iii)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <em>Conexidad sistem\u00e1tica<\/em>: el legislador, al modificar el C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y otras normas, est\u00e1 construyendo un sistema laboral m\u00e1s completo. Este sistema no se limita al empleo tradicional en el sector privado, sino que tambi\u00e9n considera otras formas de relaci\u00f3n laboral, como la de los trabajadores dom\u00e9sticos, los aprendices o las personas privadas de la libertad.<\/p>\n<p>(iv)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <em>Conexidad causal<\/em>: la Ley 2466 de 2025 busc\u00f3 adoptar una reforma laboral para el trabajo digno y decente en Colombia. Esta causa no se limita a las relaciones laborales tradicionales, sino que se fundamenta en principios constitucionales de mayor importancia. El Legislador, consciente de las m\u00faltiples formas de informalidad, precariedad y discriminaci\u00f3n en el mercado laboral, se vio en la necesidad de crear un nuevo marco normativo que abordara estas problem\u00e1ticas de manera integral.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"113\"><b><strong>9- Michael Anderson Botello Mojica<\/strong><\/b><a name=\"_ftnref35\"><\/a><sup>[35]<\/sup><\/td>\n<td width=\"482\">Este ciudadano defendi\u00f3 que el sistema de redenci\u00f3n <em>2&#215;3<\/em> que incorpora la norma constituye un mecanismo id\u00f3neo para incentivar la participaci\u00f3n en actividades productivas y contribuir a la disminuci\u00f3n de la reincidencia. A\u00f1adi\u00f3 que la expresi\u00f3n acusada desarrolla \u201cla misma materia (trabajo de PPL) y el mismo fin (inclusi\u00f3n laboral\/antidiscriminaci\u00f3n) del inciso primero. No es un injerto penal, sino t\u00e9cnica de pol\u00edtica laboral en contexto penitenciario\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>De manera subsidiaria, solicit\u00f3 a la Corte, que si se percibe tensi\u00f3n entre el modelo <em>1&#215;2<\/em> (art. 82 Ley 65\/1993) y el modelo <em>2&#215;3<\/em> (Ley 2466\/2025), se haga una \u201cmodulaci\u00f3n diferida con protecci\u00f3n de situaciones consolidadas\u201d.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"595\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"595\"><b><strong>Intervenciones que solicitan la inexequibilidad<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"113\"><b><strong>Interviniente<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"482\"><b><strong>Argumentos<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"113\"><b><strong>1- Asociaci\u00f3n Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)<\/strong><\/b><a name=\"_ftnref36\"><\/a>[36]<\/td>\n<td width=\"482\">&nbsp;<\/p>\n<p>En su concepto, la norma no guarda relaci\u00f3n ni con la reforma laboral, ni con los fines que dieron lugar a \u00e9sta. La disposici\u00f3n objeto de debate busca dar contenido a la finalidad de resocializaci\u00f3n de la condena en materia penal y penitenciaria, mientras que la ley que la contiene plantea modificaciones al r\u00e9gimen laboral general.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, la regulaci\u00f3n del trabajo de las personas privadas de la libertad \u2013dentro de la que se encuentra la figura de la redenci\u00f3n de la pena por medio del trabajo\u2013 es propia del r\u00e9gimen carcelario y penitenciario, tal y como se ha hecho en Colombia en normas como el Decreto Ley 1405 de 1934 y en las Leyes 65 de 1993 y 1709 de 2014.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Finalmente, considera que la expresi\u00f3n impugnada fue incorporada de manera sorpresiva antes de concluir el tr\u00e1mite legislativo, durante el segundo debate ante la Plenaria del Senado. En consecuencia, esta disposici\u00f3n no cont\u00f3 con un suficiente debate democr\u00e1tico que permitiera discutir y analizar de manera adecuada su relaci\u00f3n con el resto del articulado del entonces proyecto de ley.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"113\"><b><strong>2- Adolfo Le\u00f3n Cort\u00e9s S\u00e1nchez<\/strong><\/b><a name=\"_ftnref37\"><\/a>[37]<\/td>\n<td width=\"482\">&nbsp;<\/p>\n<p>De manera preliminar, solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n provisional de la norma acusada<a name=\"_ftnref38\"><\/a>[38].<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En segundo lugar, el interviniente consider\u00f3 que la disposici\u00f3n vulner\u00f3 el principio de unidad de materia, al incorporar, en una reforma laboral, una regla propia del r\u00e9gimen de ejecuci\u00f3n penal \u2013el c\u00f3mputo de redenci\u00f3n <em>2&#215;3<\/em>\u2013 que pertenece a la Ley 65 de 1993 y carece de conexidad tem\u00e1tica, teleol\u00f3gica y sistem\u00e1tica con el objeto de la ley. Afirm\u00f3 que la norma rompe la coherencia interna del cap\u00edtulo dedicado a combatir la discriminaci\u00f3n laboral.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Por \u00faltimo, el ciudadano plante\u00f3 algunos vicios adicionales de la norma, entre otros: (i) violaci\u00f3n del principio de igualdad, al establecer un trato m\u00e1s favorable para quienes trabajan frente a quienes estudian o ense\u00f1an, pese a que todas estas actividades cumplen funciones resocializadoras equivalentes; (ii) afectaci\u00f3n de la dignidad humana, al premiar solo el trabajo f\u00edsico y desconocer otras formas de resocializaci\u00f3n; (iii) vulneraci\u00f3n del debido proceso y la favorabilidad, ante la incertidumbre sobre la aplicaci\u00f3n retroactiva y la ausencia de reglamentaci\u00f3n; y (iv) desconocimiento de la funci\u00f3n resocializadora de la pena por el incentivo desigual entre actividades productivas y educativas.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL<a name=\"_ftnref39\"><\/a>[39]<\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"20\">\n<li>El procurador general le solicit\u00f3 a la Corte Constitucional declarar la <em>exequibilidad<\/em> de la expresi\u00f3n demandada.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"21\">\n<li>El concepto sostuvo que la figura de la redenci\u00f3n de la pena por trabajo no constituye un beneficio, sino un derecho de las personas privadas de la libertad. Explic\u00f3 que, conforme al C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario y a la jurisprudencia constitucional, la redenci\u00f3n permite armonizar la funci\u00f3n retributiva de la pena con su finalidad resocializadora. En esa medida, funciona como un incentivo que no solo contribuye a la disminuci\u00f3n del tiempo de reclusi\u00f3n, sino que fomenta la adquisici\u00f3n de habilidades orientadas a facilitar la futura reintegraci\u00f3n laboral de las personas privadas de la libertad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"22\">\n<li>El procurador tambi\u00e9n se refiri\u00f3 a los antecedentes del tr\u00e1mite legislativo. Se\u00f1al\u00f3 que desde la exposici\u00f3n de motivos se indicaron las razones que justificaban la necesidad de una reforma laboral. Destac\u00f3 que la reforma en cuesti\u00f3n buscaba, entre otras cosas, cumplir el mandato del art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n, que impone al legislador la expedici\u00f3n de un estatuto del trabajo conforme a los principios desarrollados por la jurisprudencia; as\u00ed como tambi\u00e9n actualizar la normativa laboral frente a las transformaciones del \u201cmundo del trabajo\u201d y armonizarla con los est\u00e1ndares internacionales.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"23\">\n<li>Despu\u00e9s de describir el contenido y los prop\u00f3sitos de la ley, y de efectuar algunas precisiones sobre el tr\u00e1mite legislativo, el procurador afirm\u00f3 que la norma regula aspectos relacionados con el trabajo de personas privadas de la libertad al interior de establecimientos penitenciarios. As\u00ed, concluy\u00f3 que: (i) las actividades productivas realizadas durante el tiempo de reclusi\u00f3n ser\u00e1n reconocidas como experiencia laboral; y, en concordancia con ello; (ii) se conceder\u00e1 la redenci\u00f3n de la pena por trabajo. Sobre este \u00faltimo punto, sostuvo que se configuran tres elementos de conexidad que garantizan el principio de unidad de materia, as\u00ed:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"24\">\n<li><em>Conexidad tem\u00e1tica. <\/em>La norma incide directamente en el derecho al trabajo de las personas privadas de la libertad y se ajusta al prop\u00f3sito de la reforma laboral de promover trabajo digno para poblaciones hist\u00f3ricamente excluidas. Aunque se desarrolla intramuros, el trabajo penitenciario conserva su car\u00e1cter laboral y constituye una herramienta de resocializaci\u00f3n y de remuneraci\u00f3n justa<a name=\"_ftnref40\"><\/a><sup>[40]<\/sup>. Por ello, la disposici\u00f3n no regula aisladamente la redenci\u00f3n de la pena, sino que la articula con la garant\u00eda del derecho al trabajo de la poblaci\u00f3n penitenciaria.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"25\">\n<li><em>Conexidad causal y teleol\u00f3gica<\/em>. La disposici\u00f3n persigue los mismos fines que motivaron la expedici\u00f3n de la Ley 2466 de 2025, esto es, garantizar las condiciones laborales justas y enfrentar la discriminaci\u00f3n hacia poblaciones hist\u00f3ricamente marginadas. Agreg\u00f3 que la disposici\u00f3n tiene como prop\u00f3sito mejorar las condiciones laborales de las personas privadas de la libertad mediante el reconocimiento de la experiencia adquirida en reclusi\u00f3n y una remuneraci\u00f3n justa a trav\u00e9s de la redenci\u00f3n de la pena, lo que reduce la discriminaci\u00f3n laboral y fortalece la resocializaci\u00f3n. A\u00f1adi\u00f3 que la norma busca enfrentar el fen\u00f3meno de la reincidencia criminal, dadas las dificultades que esta poblaci\u00f3n enfrenta para reintegrarse al mercado laboral, y que contribuye a mitigar los efectos del hacinamiento y del <em>estado de cosas inconstitucional<\/em> del sistema carcelario.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"26\">\n<li><em>Conexidad sistem\u00e1tica. <\/em>La norma se integra coherentemente al cap\u00edtulo sobre la eliminaci\u00f3n de la discriminaci\u00f3n en el trabajo. En efecto, la redenci\u00f3n de la pena es una consecuencia directa del trabajo penitenciario y una herramienta para la resocializaci\u00f3n de una poblaci\u00f3n hist\u00f3ricamente excluida. Afirma que la disposici\u00f3n no es ajena al contenido de la ley ni altera su coherencia interna, pues refuerza su prop\u00f3sito de asegurar que todas las personas \u2013incluidas aquellas privadas de la libertad\u2013 ejerzan su derecho al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"27\">\n<li>De todo lo expuesto, el procurador conceptu\u00f3 que la disposici\u00f3n no desconoce el principio de unidad de materia, toda vez que guarda una relaci\u00f3n razonable y suficiente con el objeto de la ley que la contiene y, por tanto, la norma debe ser declarada exequible.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>VI. CONSIDERACIONES<\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>1. Competencia<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"28\">\n<li>De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 241, numeral, 4 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, este Tribunal es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues los enunciados demandados hacen parte de un cuerpo normativo legal.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>2. Cuesti\u00f3n previa: sobre la aptitud de la demanda<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"29\">\n<li>A partir de las intervenciones allegadas dentro del t\u00e9rmino de fijaci\u00f3n en lista, la Sala advierte, preliminarmente, que hay un asunto que debe resolverse antes de entrar a formular un problema jur\u00eddico, relacionado con la aptitud de la demanda ciudadana.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"30\">\n<li>En su intervenci\u00f3n ante la Corte, la fundaci\u00f3n \u201cProyecto Inocencia\u201d cuestion\u00f3 la aptitud de la demanda. En concreto, reproch\u00f3 que el accionante no refiri\u00f3 si existe una vulneraci\u00f3n al principio de unidad de materia en relaci\u00f3n con el t\u00edtulo de la norma; lo que, para el interviniente, \u201cconfigura una ineptitud sustancial de la demanda por cuanto el actor tiene la m\u00ednima carga argumentativa para se\u00f1alar la o las razones por las cuales el t\u00edtulo de la disposici\u00f3n acusada no puede considerarse siquiera un eje orientador de la materia que se pretende regular\u201d<a name=\"_ftnref41\"><\/a>[41].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"31\">\n<li>Como puede advertirse, el cuestionamiento del interviniente no aport\u00f3 un an\u00e1lisis m\u00ednimo que permita colegir las razones del incumplimiento de los requisitos de la carga argumentativa. Simplemente, plante\u00f3, de manera general, una presunta deficiencia en la demanda por no estudiar el <em>t\u00edtulo<\/em> de la ley acusada. Tal se\u00f1alamiento es incorrecto pues el demandante s\u00ed se apoy\u00f3 en el t\u00edtulo de la norma para plantear el cargo<a name=\"_ftnref42\"><\/a>[42]. Adem\u00e1s, la generalidad del cuestionamiento que hace la interviniente, por s\u00ed solo, no tiene el potencial para controvertir la calificaci\u00f3n de la demanda que se plante\u00f3 en el auto admisorio.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"32\">\n<li>Ante la insuficiencia en el reproche<a name=\"_ftnref43\"><\/a>[43], y en tanto que la Sala Plena tampoco advierte razones para reabrir, de oficio, el an\u00e1lisis sobre la aptitud de la demanda<a name=\"_ftnref44\"><\/a>[44], se seguir\u00e1 adelante con el estudio del expediente.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>3. Presentaci\u00f3n del caso y problema jur\u00eddico<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"33\">\n<li>El se\u00f1or Jonathan Pulido Hern\u00e1ndez<a name=\"_ftnref45\"><\/a>[45] demand\u00f3 el art\u00edculo 19 (parcial) de la Ley 2466 de 2025; en concreto, la expresi\u00f3n \u201cse conceder\u00e1 la redenci\u00f3n de pena por trabajo a las personas privadas de la libertad y se les abonar\u00e1 dos d\u00edas de reclusi\u00f3n por tres d\u00edas de trabajo\u201d, contenida en el primer inciso.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"34\">\n<li>Para el demandante, dicha disposici\u00f3n desconoce el principio de <em>unidad de materia<\/em> previsto en los art\u00edculos 158 y 169 de la Carta Pol\u00edtica. En resumen, sostuvo que la finalidad de la Ley 2466 de 2025 es regular varios aspectos del derecho al trabajo, al punto de tratarse de una modificaci\u00f3n al C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. En tal sentido, la disposici\u00f3n desbord\u00f3 el objeto de la norma pues \u201cno regula relaciones laborales, condiciones de trabajo ni mecanismos de empleabilidad, como lo hace la ley que la contiene, ni desarrolla medidas para eliminar la violencia, el acoso o la discriminaci\u00f3n en el mundo del trabajo, como lo dispone el cap\u00edtulo donde est\u00e1 ubicada y menos a\u00fan tiene que ver con la experiencia laboral de las personas privadas de la libertad, el cual es el objeto del art\u00edculo donde se incluy\u00f3\u201d<a name=\"_ftnref46\"><\/a>[46]. De modo que el beneficio de redenci\u00f3n de la pena no pertenece al \u00e1mbito del derecho al trabajo, sino al del derecho penal y penitenciario, dado que incide directamente en el cumplimiento de la condena.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"35\">\n<li>En el Auto admisorio del 26 de agosto de 2025, la magistrada sustanciadora solo admiti\u00f3 el cargo por la presunta violaci\u00f3n del <em>principio de unidad de materia<\/em>, pero rechaz\u00f3 el planteamiento por desconocimiento del principio de consecutividad e identidad flexible. Pese a su cercan\u00eda conceptual \u2012como se explicar\u00e1 en el cap\u00edtulo 4\u2012 este segundo argumento supon\u00eda un estudio distinto del cargo por unidad de materia inicialmente propuesto.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"36\">\n<li>Ahora bien, dentro del espacio de intervenciones, la Sala observa que se propusieron varios enfoques adicionales que desbordan el objeto inicial de an\u00e1lisis, tanto en defensa como en oposici\u00f3n a la expresi\u00f3n acusada. De un lado, por ejemplo, el Gobierno nacional, la Universidad de los Andes y el \u201cProyecto Inocencia\u201d expusieron las ventajas de esta nueva forma de redenci\u00f3n, en relaci\u00f3n con los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y de la superaci\u00f3n del <em>estado de cosas inconstitucional<\/em> sobre esta materia. Del otro lado, quienes coadyuvaron la declaratoria de inexequibilidad \u2012Andi y el se\u00f1or Adolfo Le\u00f3n Cort\u00e9s\u2012 plantearon otros reproches relacionados con las eventuales afectaciones a la seguridad jur\u00eddica, la presunta generaci\u00f3n de tratamientos desiguales, la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del principio favorabilidad ante la incertidumbre sobre la aplicaci\u00f3n retroactiva de la norma, y la supuesta falta de deliberaci\u00f3n en el Congreso de la Rep\u00fablica.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"37\">\n<li>En este punto, es pertinente recordar que la demanda ciudadana, y los cargos efectivamente admitidos, demarcan el problema jur\u00eddico sobre el que se pueden pronunciar los intervinientes y debe hacerlo el Ministerio P\u00fablico<a name=\"_ftnref47\"><\/a>[47]. Por regla general, a trav\u00e9s de intervenciones ciudadanas no se puede presentar una nueva demanda o formular cargos adicionales a los planteados inicialmente. La Corte solo est\u00e1 facultada para examinar cargos que, a pesar de no haber sido formulados por los demandantes, fueron advertidos por los intervinientes solo en los casos excepcionales en los que la norma es \u201c<em>evidentemente inconstitucional<\/em>\u201d<a name=\"_ftnref16\"><\/a> por otra raz\u00f3n<a name=\"_ftnref48\"><\/a><sup>[48]<\/sup>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"38\">\n<li>Pues bien, en esta ocasi\u00f3n la Corte no advierte un vicio de inconstitucionalidad evidente que conlleve a generar un pronunciamiento excepcional\u00edsimo sobre cargos ajenos al que fue admitido en este expediente. Por consiguiente, la Sala mantendr\u00e1 el objeto de an\u00e1lisis en funci\u00f3n del \u00fanico cargo por unidad de materia<a name=\"_ftnref49\"><\/a>[49].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"39\">\n<li>Hechas estas precisiones, le corresponde a la Sala Plena resolver el siguiente problema jur\u00eddico: \u00bfLa expresi\u00f3n \u201cse conceder\u00e1 la redenci\u00f3n de pena por trabajo a las personas privadas de la libertad y se les abonar\u00e1 dos d\u00edas de reclusi\u00f3n por tres d\u00edas de trabajo\u201d, contenida en el art\u00edculo 19 de la Ley 2466 de 2025, vulnera el principio de <em>unidad de materia<\/em> previsto en los art\u00edculos 158 y 169 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica?<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"40\">\n<li>Para ello, la Corte reiterar\u00e1 la jurisprudencia sobre el principio de unidad de materia y presentar\u00e1 los aspectos generales del concepto de trabajo penitenciario. A continuaci\u00f3n, resolver\u00e1 el asunto puesto a su consideraci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>4. El principio de unidad de materia en la jurisprudencia constitucional<a name=\"_ftnref50\"><\/a>[50]<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"41\">\n<li><em>Consagraci\u00f3n constitucional<\/em>. El principio de unidad de materia encuentra fundamento en los art\u00edculos 158 y 169 de la Constituci\u00f3n. Por virtud del primero, <em>(i)<\/em> todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia, por lo cual, son inadmisibles las disposiciones que no aludan a aquella, y <em>(ii)<\/em> el presidente de la respectiva comisi\u00f3n en el Congreso de la Rep\u00fablica es competente para rechazar las proposiciones que no satisfagan dicho mandato. De conformidad con el segundo, entre el t\u00edtulo y el contenido de la ley debe existir una relaci\u00f3n de correspondencia.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"42\">\n<li>Desde una perspectiva general, esta Corporaci\u00f3n ha entendido que el principio de unidad de materia exige que las disposiciones de una ley guarden conexidad tem\u00e1tica entre s\u00ed y con la materia principal que se regula, ya sea referida a un solo asunto, o incluso a una pluralidad de ellos relacionados entre s\u00ed, a partir de la identificaci\u00f3n de un eje tem\u00e1tico dominante, sin que ello se traduzca, necesariamente, en una diversidad de materias.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"43\">\n<li><em>Importancia para el ordenamiento<\/em>. El principio de unidad de materia salvaguarda la racionalidad del orden democr\u00e1tico y la transparencia y publicidad del proceso legislativo. En lo que ata\u00f1e al primero, por cuanto el Congreso de la Rep\u00fablica debe estar sujeto a una regla de coherencia interna en el ejercicio de la funci\u00f3n legislativa, por medio de la cual se garantice que la producci\u00f3n normativa se realiza a partir de temas que son previamente definidos y frente a los cuales los congresistas, sin importar su filiaci\u00f3n pol\u00edtica o las mayor\u00edas existentes, tienen la oportunidad de concurrir en su discusi\u00f3n y de proponer reformas a los textos propuestos. En este orden de ideas, al evitar que se introduzcan asuntos totalmente ajenos o extra\u00f1os a los que sirvieron de soporte para impulsar la actividad del Legislador, se protege la probidad, sensatez y solidez del debate democr\u00e1tico<a name=\"_ftnref51\"><\/a>[51].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"44\">\n<li>El principio de unidad de materia tambi\u00e9n promueve los mandatos de transparencia y publicidad del proceso legislativo, no solo porque se excluye la posibilidad de que se a\u00f1adan textos distantes al marco regulatorio dominante, sino tambi\u00e9n porque la comunidad tiene la oportunidad de conocer e identificar en qu\u00e9 consisten las iniciativas que cursan en el Congreso y cuya aprobaci\u00f3n impactar\u00e1 en la sociedad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"45\">\n<li><em>Metodolog\u00eda<\/em>. El an\u00e1lisis de un cargo por violaci\u00f3n al principio de unidad de materia se desarrolla mediante un juicio de dos etapas<a name=\"_ftnref52\"><\/a>[52].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"46\">\n<li>En la primera se debe determinar cu\u00e1l es el alcance material o n\u00facleo tem\u00e1tico de la ley que contiene el precepto acusado, para lo cual se puede acudir a los antecedentes legislativos (esto es, a la exposici\u00f3n de motivos, a los informes de ponencia y a las gacetas en las que consten los respectivos debates); al t\u00edtulo de la ley; o al contenido del estatuto legal que se examina.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"47\">\n<li>En la segunda etapa, se debe verificar si, en atenci\u00f3n a los criterios de conexidad, existe un v\u00ednculo objetivo y coherente entre la norma acusada y el n\u00facleo tem\u00e1tico que identifica a la ley. La jurisprudencia ha identificado cuatro elementos o criterios de conexidad, as\u00ed:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(i)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <em>Conexidad causal<\/em>, que se refiere a la identidad que debe existir entre la ley y cada una de sus disposiciones, en lo que ata\u00f1e a su origen. En concreto, \u201clo que se espera es que las razones por las cuales se expidi\u00f3 la ley sean las mismas que dieron lugar a la consagraci\u00f3n de cada uno de los art\u00edculos en particular\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(ii)\u00a0\u00a0 <em>Conexidad tem\u00e1tica<\/em>, que alude a la vinculaci\u00f3n objetiva y razonable entre la materia dominante o el asunto general sobre el que versa una ley, y la materia o tem\u00e1tica sobre la que recae una disposici\u00f3n en particular, \u201c<em>sin que ello implique que una misma ley no pueda referirse a varios asuntos<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(iii)<em> Conexidad teleol\u00f3gica<\/em>, que se define a partir de la identidad de los objetivos y fines que se persiguen tanto por la ley en general como por cada una de sus normas en particular.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(iv) <em>Conexidad sistem\u00e1tica<\/em>, que se entiende como la relaci\u00f3n que debe existir entre todas y cada una de las disposiciones de una ley, a fin de que constituyan un cuerpo organizado<a name=\"_ftnref159\"><\/a><a name=\"_ftnref53\"><\/a><sup>[53]<\/sup>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"48\">\n<li>Estos criterios no son acumulativos ni exigibles en su totalidad. En consecuencia, no es necesario que todas las expresiones que exteriorizan una relaci\u00f3n de conexidad est\u00e9n acreditadas en un caso concreto, pues basta con la verificaci\u00f3n de una de ellas para dar por demostrado el cumplimiento del requisito de unidad de materia. As\u00ed, la Corte adopta una valoraci\u00f3n deferente con el principio democr\u00e1tico y la actividad legislativa<a name=\"_ftnref54\"><\/a>[54].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"49\">\n<li>En este punto, es importante reiterar que, al analizar un cargo por desconocimiento del principio de unidad de materia, la Corte ha sido deferente, por regla general<a name=\"_ftnref55\"><\/a>[55], con el legislador dado que este principio no es sin\u00f3nimo de simplicidad tem\u00e1tica<a name=\"_ftnref56\"><\/a>[56]. Existe un margen de apreciaci\u00f3n y configuraci\u00f3n del legislador<a name=\"_ftnref57\"><\/a>[57], de manera que este cargo solo prospera \u201ccuando desde ning\u00fan punto de vista razonable pueda sostenerse que la materia que trata la norma demandada se relaciona con la materia regulada por la ley a la cual pertenece\u201d<a name=\"_ftnref58\"><\/a>[58]. Tal examen, en cualquier caso, debe superar par\u00e1metros b\u00e1sicos de razonabilidad y objetividad, seg\u00fan los criterios de conexidad descritos.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"50\">\n<li>Ahora bien, dentro del examen que adelanta la Corte se le ha otorgado un valor al <em>tr\u00e1mite legislativo<\/em> como \u201ccriterio indicativo de la existencia de una regla de coherencia interna\u201d<a name=\"_ftnref59\"><\/a>[59] en la aprobaci\u00f3n de una ley, por virtud de la cual: \u201csi una disposici\u00f3n con una conexi\u00f3n lejana a la materia del proyecto fue objeto de discusi\u00f3n y votaci\u00f3n a lo largo de todo el tr\u00e1mite legislativo y, en esa medida, alrededor de la misma se desarroll\u00f3 un adecuado proceso de deliberaci\u00f3n, el requerimiento de conexidad podr\u00eda resultar menos exigente, en tanto ya se habr\u00eda controlado uno de los riesgos que pretende enfrentarse con el reconocimiento (\u2026) del principio de unidad de materia\u201d<a name=\"_ftnref60\"><\/a>[60], relacionado con la transparencia y publicidad del proceso legislativo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"51\">\n<li>La remisi\u00f3n al tr\u00e1mite legislativo, sin embargo, no debe confundir el an\u00e1lisis del principio de unidad materia, con otros cargos, en particular con el principio de consecutividad. Al respecto, la Corte<a name=\"_ftnref61\"><\/a>[61] ha sostenido que el principio de <em>unidad de materia<\/em> persigue que los art\u00edculos que conforman la ley o el proyecto correspondiente est\u00e9n directamente relacionados con el tema general que les provee cohesi\u00f3n. En cambio, el mandato de <em>consecutividad e identidad flexible<\/em> busca que los cambios introducidos en las plenarias de las c\u00e1maras guarden relaci\u00f3n con los diversos temas o asuntos tratados y aprobados en primer debate. De esta forma, los dos mandatos buscan garantizar el principio democr\u00e1tico y el r\u00e9gimen jur\u00eddico de formaci\u00f3n de las leyes. Sin embargo, mientras que la unidad de materia impide que en cualquier instancia legislativa se incorporen contenidos normativos ajenos al sentido general de la iniciativa, incluso si se ha insistido en ellos a trav\u00e9s de los diversos debates, el principio de identidad obliga a que las modificaciones o adiciones que surjan en plenarias se refieran a los distintos asuntos o temas que se discutieron y votaron en primer debate<a name=\"_ftnref66\"><\/a><a name=\"_ftnref62\"><\/a><sup>[62]<\/sup>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>5. El trabajo penitenciario como una manifestaci\u00f3n del derecho fundamental al trabajo<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>5.1. La protecci\u00f3n del trabajo en todas sus modalidades y su importancia para el orden constitucional<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"52\">\n<li>El trabajo es una de las principales formas en que las personas desarrollan sus proyectos de vida y participan en la sociedad. Si bien el trabajo se asocia usualmente con una contraprestaci\u00f3n econ\u00f3mica producto de una actividad individual, el ordenamiento constitucional ha destacado, tambi\u00e9n, la importancia \u00e9tica y pol\u00edtica del trabajo para la vida en comunidad. Como lo ha se\u00f1alado este Tribunal, \u201cel trabajo no solo responde a la necesidad de cada persona de procurarse unos ingresos econ\u00f3micos para atender su propia subsistencia y la de su familia\u201d<a name=\"_ftnref63\"><\/a><sup>[63]<\/sup>, sino, de igual modo, al deber social de contribuir, a trav\u00e9s de su esfuerzo, al desarrollo econ\u00f3mico, social y cultural de la comunidad de la cual hace parte<a name=\"_ftnref64\"><\/a><sup>[64]<\/sup>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"53\">\n<li>No sorprende el lugar sobresaliente que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 le otorg\u00f3 al trabajo, al punto de incorporarlo como uno de los ejes fundantes del Estado Social de Derecho. En efecto, el pre\u00e1mbulo dispone que el Estado colombiano se orienta a \u201casegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el <em>trabajo<\/em>, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jur\u00eddico y democr\u00e1tico y participativo que garantice un orden pol\u00edtico, econ\u00f3mico y social justo\u201d<a name=\"_ftnref65\"><\/a><sup>[65]<\/sup>. Esta concepci\u00f3n se desarrolla, a continuaci\u00f3n, en el art\u00edculo 1, que define a Colombia como un Estado Social de Derecho \u201cfundado en el respeto de la dignidad humana, en el <em>trabajo<\/em> y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del inter\u00e9s general\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"54\">\n<li>En su momento, la Asamblea Constituyente destac\u00f3 \u201cel valor fundamental del trabajo humano para la construcci\u00f3n de un Estado Social de Derecho\u201d<a name=\"_ftnref66\"><\/a><sup>[66]<\/sup>. Su inclusi\u00f3n no se trataba \u201ccomo pudiera pensarse con ligereza, de un simple retoque cosm\u00e9tico o terminol\u00f3gico\u201d<a name=\"_ftnref67\"><\/a><sup>[67]<\/sup>, sino de \u201cse\u00f1alar un rumbo inequ\u00edvoco y fundamental para la construcci\u00f3n de una nueva legitimidad para la convivencia democr\u00e1tica, que deb[\u00eda] nutrir el esp\u00edritu de la estructura de toda la nueva Carta\u201d<a name=\"_ftnref68\"><\/a><sup>[68]<\/sup>. La Asamblea Constituyente discuti\u00f3, entonces, la importancia de elevar el trabajo a \u201crango de postulado \u00e9tico-pol\u00edtico necesario para la interpretaci\u00f3n de la acci\u00f3n estatal y de los dem\u00e1s derechos y deberes incluidos en la Carta, as\u00ed como factor indispensable de integraci\u00f3n social\u201d<a name=\"_ftnref69\"><\/a><sup>[69]<\/sup>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"55\">\n<li>Luego, en concreto, el art\u00edculo 25 de la Constituci\u00f3n de 1991 dispuso que \u201cel trabajo es un derecho y una obligaci\u00f3n social y goza, <em>en todas sus modalidades<\/em>, de la especial protecci\u00f3n del Estado\u201d. Sobre esta disposici\u00f3n, los antecedentes de la Asamblea Constituyente refieren que \u201cel trabajo es un derecho individual y una obligaci\u00f3n social [\u2026] que gozar\u00e1 de la especial protecci\u00f3n del Estado, <em>independientemente de la forma en que se ejerza<\/em>\u201d, y luego insiste \u201cque el Estado deber\u00e1 proteger el trabajo humano en todas sus manifestaciones, ya sea que se preste por cuenta propia o por cuenta ajena, ya sea que se desarrolle en forma organizada al interior de una empresa o en forma individual o familiar, sea que se trate de trabajo manual o intelectual, de trabajo directamente \u00fatil para la actividad econ\u00f3mica o de trabajo que cree valores culturales, art\u00edsticos, cient\u00edficos o tecnol\u00f3gicos\u201d<a name=\"_ftnref70\"><\/a><sup>[70]<\/sup>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"56\">\n<li>Desde los debates en la Asamblea Constituyente se hizo patente la necesidad de promover una comprensi\u00f3n amplia del concepto de trabajo. Tal se\u00f1alamiento \u201cresulta de importancia dada la tendencia que ha tenido nuestro ordenamiento jur\u00eddico a proteger preferencialmente unas formas de trabajo sobre otras, a saber, las del trabajo asalariado y en particular el trabajo en empresas organizadas y el trabajo que tiene una relaci\u00f3n directa con la producci\u00f3n de valores econ\u00f3micos\u201d<a name=\"_ftnref71\"><\/a><sup>[71]<\/sup>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"57\">\n<li>En consonancia con este mandato, la Corte Constitucional ha entendido el trabajo desde una visi\u00f3n amplia y, entre las m\u00faltiples definiciones posibles, lo ha descrito como \u201ctoda actividad humana libre, voluntaria y l\u00edcita que una persona, en forma independiente o subordinada, o independiente, realiza de manera consciente en favor de otra natural o jur\u00eddica\u201d<a name=\"_ftnref72\"><\/a><sup>[72]<\/sup>. Esta amplitud conceptual reafirma, a su vez, el car\u00e1cter polifac\u00e9tico del trabajo como valor fundante del Estado, como derecho fundamental de las personas y como obligaci\u00f3n de estas en el Estado Social de Derecho<a name=\"_ftnref73\"><\/a><sup>[73]<\/sup>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"58\">\n<li>De ah\u00ed que su protecci\u00f3n constitucional no se agote en la figura del \u201ctrabajo que tiene una relaci\u00f3n directa con la producci\u00f3n de valores econ\u00f3micos\u201d<a name=\"_ftnref74\"><\/a><sup>[74]<\/sup>. Por el contrario, el art\u00edculo 25 de la Carta Pol\u00edtica le impone al Estado el deber de reconocer y amparar las varias formas de trabajo que, aun cuando no se insertan en las relaciones laborales cl\u00e1sicas, materializan expresiones reales de contribuci\u00f3n econ\u00f3mica, social y cultural.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"59\">\n<li>En vigencia de la Corte Constitucional, la jurisprudencia ha podido avanzar en el reconocimiento de distintas formas de trabajo en escenarios invisibilizados o tradicionalmente despreciados como \u201cinformales\u201d. A modo de ejemplo, la Corte ha reivindicado el trabajo de jornaleros<a name=\"_ftnref75\"><\/a><sup>[75]<\/sup>, las labores dom\u00e9sticas y de cuidado, por su papel esencial en la sostenibilidad de la vida y el bienestar colectivo<a name=\"_ftnref76\"><\/a><sup>[76]<\/sup>, as\u00ed como el trabajo realizado por personas que ejercen actividades sexuales o que prestan servicios a trav\u00e9s de c\u00e1maras <em>web<\/em><a name=\"_ftnref77\"><\/a><sup>[77]<\/sup>. En estos distintos escenarios, y m\u00e1s all\u00e1 de las particularidades de cada uno, la Corte ha destacado la titularidad de los derechos fundamentales en tensi\u00f3n y la necesidad de una protecci\u00f3n estatal efectiva frente a la invisibilizaci\u00f3n, la discriminaci\u00f3n y la violencia.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>5.2. El trabajo penitenciario y su funci\u00f3n resocializadora<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"60\">\n<li>En l\u00ednea con lo expuesto, las actividades productivas y ocupacionales desarrolladas por las personas privadas de la libertad son una modalidad de trabajo, en sentido amplio. Si bien la vida en reclusi\u00f3n inexorablemente conlleva restricciones derivadas de la relaci\u00f3n de sujeci\u00f3n especial frente al Estado, quienes se encuentran tras los muros de las prisiones no est\u00e1n excluidos de la protecci\u00f3n prevista en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"61\">\n<li>De conformidad con el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, el trabajo penitenciario \u201ces la actividad humana libre, material o intelectual que, de manera personal, ejecutan al servicio de otra persona las personas privadas de la libertad y que tiene un fin resocializador y dignificante\u201d<a name=\"_ftnref78\"><\/a>[78].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"62\">\n<li>El trabajo penitenciario se sustenta en la dignificaci\u00f3n de la persona y en su importancia para la construcci\u00f3n de un proyecto de vida propio y en comunidad. La generaci\u00f3n de bienes o servicios, as\u00ed como la posibilidad de disminuir el tiempo de privaci\u00f3n de la libertad constituyen expresiones primordiales del trabajo intramuros. Sin embargo, el significado constitucional del trabajo penitenciario tambi\u00e9n encarna una dimensi\u00f3n inmaterial de dignidad, participaci\u00f3n en la construcci\u00f3n de la sociedad y de reconocimiento de la capacidad de contribuir al bien com\u00fan, incluso desde la prisi\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"63\">\n<li>Desde esta perspectiva, la redenci\u00f3n no solo vincula el esfuerzo realizado con la recuperaci\u00f3n anticipada de la libertad, sino que expresa la decisi\u00f3n del ordenamiento de atribuirle relevancia al trabajo en reclusi\u00f3n, reconoci\u00e9ndolo como una experiencia socialmente valiosa y susceptible de ser proyectada m\u00e1s all\u00e1 del \u00e1mbito penitenciario. Tal comprensi\u00f3n permite aproximar, en la mayor medida posible, el trabajo intramuros a las condiciones de normalidad que caracterizan el trabajo en libertad, evitando su aislamiento como una pr\u00e1ctica excepcional o meramente punitiva. En ese sentido, el trabajo penitenciario se inscribe en una l\u00f3gica de inclusi\u00f3n que reconoce la continuidad entre la ejecuci\u00f3n de la pena y la reintegraci\u00f3n social.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"64\">\n<li>El sistema penitenciario y carcelario debe, en consecuencia, garantizar el goce efectivo del derecho a realizar trabajos y oficios. Adem\u00e1s de las razones que toda persona tiene en libertad para trabajar, \u201cen la c\u00e1rcel surgen razones adicionales. La necesidad de ocupar la mente y el cuerpo en alguna actividad de aquellas permitidas, por sanidad mental [y para] acceder a los beneficios de libertad a que da lugar\u201d<a name=\"_ftnref79\"><\/a>[79].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"65\">\n<li>Para las personas privadas de la libertad, el trabajo cumple una doble funci\u00f3n. De un lado, es una <em>actividad productiva<\/em> que permite a las personas privadas de la libertad desarrollar actividades, resistir a las condiciones del encierro, y hasta obtener una remuneraci\u00f3n para contribuir, en la medida de lo posible, a su sostenimiento y al de sus familias. Del otro lado, el trabajo penitenciario se erige, adem\u00e1s, como un instrumento del <em>proceso de<\/em> <em>resocializaci\u00f3n<\/em>, el cual, a su vez, constituye la finalidad \u00faltima del sistema penitenciario<a name=\"_ftnref80\"><\/a>[80]. Claro est\u00e1 que la funci\u00f3n resocializadora no sustituye la remuneraci\u00f3n a la que tiene derecho la persona privada de la libertad<a name=\"_ftnref81\"><\/a>[81].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"66\">\n<li>El trabajo en los establecimientos penitenciarios y carcelarios es: (i) un instrumento resocializador que permite al condenado \u201crehabilitarse por medio del ejercicio de una actividad econ\u00f3micamente productiva\u201d, (ii) un mecanismo tendiente a lograr la paz pues \u201csirve para impedir que el infractor de la ley pueda incurrir en nuevos hechos punibles\u201d y, finalmente, (iii) puede ser una oportunidad para que los internos alcancen la libertad a trav\u00e9s de la redenci\u00f3n de pena<a name=\"_ftnref82\"><\/a>[82]. El trabajo en reclusi\u00f3n reviste entonces una particularidad que lo diferencia del trabajo en libertad, en el sentido de que busca, esencialmente, \u201cla <em>resocializaci\u00f3n<\/em> del condenado para habilitarlo a que pueda convivir en un medio de libertad una vez cumpla la sanci\u00f3n que le ha sido impuesta, e igualmente de que pueda disminuir el tiempo de la pena\u201d<a name=\"_ftnref83\"><\/a><sup>[83]<\/sup>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"67\">\n<li>Lo anterior ha sido reiterado en la jurisprudencia constitucional que ha hecho \u00e9nfasis en las siguientes dos dimensiones del trabajo penitenciario: \u201c(i) las importantes finalidades que cumple en orden a la resocializaci\u00f3n del recluso, y de otra, (ii) la evidente vinculaci\u00f3n de este derecho espec\u00edfico con la libertad personal en la medidaque,dada su potencialidad redentora, promueve, propicia y acerca la esperanza de libertad\u201d<a name=\"_ftnref84\"><\/a>[84].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"68\">\n<li>Sobre el segundo aspecto,la Corte se\u00f1al\u00f3 desdela Sentencia T-601 de 1992 que \u201cel trabajo desarrollado por los presos es un medio indispensable \u2013junto con el estudio y la ense\u00f1anza\u2013 para alcanzar el fin resocializador de la pena, y hace parte integrante del n\u00facleo esencial del derecho a la libertad pues tiene la virtud de aminorar el tiempo de duraci\u00f3n de la pena a trav\u00e9s de su rebaja o redenci\u00f3n\u201d<a name=\"_ftnref85\"><\/a><sup>[85]<\/sup>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"69\">\n<li>Desde esta perspectiva, es posible trazar un puente entre el trabajo que se desarrolla al interior de los establecimientos de reclusi\u00f3n bajo la supervisi\u00f3n de las autoridades penitenciarias, y el trabajo en libertad que permite la vinculaci\u00f3n progresiva de la persona a las actividades productivas en el mundo exterior. Ambos parten de un fundamento com\u00fan: la dignificaci\u00f3n de la persona humana y el valor del trabajo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"70\">\n<li>La Corte ha resaltado la importancia de mantener esa continuidad del trabajo en la vida de las personas, para as\u00ed superar las situaciones estructurales de violaci\u00f3n a los derechos fundamentales en c\u00e1rceles y centros transitorios. En el marco del <em>estado de cosas inconstitucional,<\/em> reiterado por la Sentencia T-762 de 2015, la Sala Especial de Seguimiento profiri\u00f3 el Auto 121 de 2018, en el cual expuso la necesidad de permitir que las habilidades, destrezas y aprendizajes adquiridos en la vida en reclusi\u00f3n se traduzcan en oportunidades fuera de la c\u00e1rcel. As\u00ed lo desarroll\u00f3 luego la Sentencia SU-306 de 2023:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201cDe este modo, la compatibilidad entre la oferta laboral y educativa de los centros de reclusi\u00f3n, deb\u00eda armonizarse con: (i) las necesidades diferenciales de la poblaci\u00f3n y (ii) las demandas de la vida en libertad. Ello no s\u00f3lo para facilitar la reinserci\u00f3n en el mercado laboral competido, sino para conocer aquellos requerimientos para el ejercicio pleno de la ciudadan\u00eda, como es la formaci\u00f3n en derechos fundamentales, contenidos y acciones constitucionales para el ejercicio efectivo de los derechos\u201d<a name=\"_ftnref86\"><\/a>[86].<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"71\">\n<li>Si bien el trabajo en libertad y el trabajo penitenciario tienen objetivos, destinatarios y finalidades parcialmente distintos, tambi\u00e9n evidencian puntos de convergencia sustanciales, en la medida en que \u201clas garant\u00edas laborales consagradas en la Constituci\u00f3n protegen tambi\u00e9n al preso, quien no pierde su car\u00e1cter de sujeto activo de derechos y deberes por el hecho de encontrarse privado de la libertad\u201d<a name=\"_ftnref87\"><\/a><sup>[87]<\/sup>. En este sentido, las normas que regulan el trabajo penitenciario incorporan las garant\u00edas m\u00ednimas del derecho al trabajo previstas en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Pero no lo hacen en toda su extensi\u00f3n, pues deben ajustarse a la situaci\u00f3n jur\u00eddica especial en la que se encuentran las personas privadas de la libertad<a name=\"_ftnref88\"><\/a><sup>[88]<\/sup>.<em><sup>. <\/sup><\/em>En consecuencia, no puede trasladarse autom\u00e1ticamente todo el contenido del r\u00e9gimen laboral que rige para el com\u00fan de los trabajadores<a name=\"_ftnref89\"><\/a><sup>[89]<\/sup>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"72\">\n<li>En suma, los principios y garant\u00edas del derecho al trabajo se encuentran incorporados en el contexto penitenciario, salvo aquellos que sean incompatibles con su naturaleza. Dicha incorporaci\u00f3n responde a la necesidad de que las personas privadas de la libertad desarrollen su trabajo en condiciones dignas y con pleno respeto de sus garant\u00edas constitucionales y legales, las cuales no desaparecen por el hecho de la privaci\u00f3n de la libertad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>5.3. La remuneraci\u00f3n y la redenci\u00f3n de la pena como elementos de la retribuci\u00f3n del trabajo penitenciario<\/h3>\n<p><b><strong><em><sup>\u00a0<\/sup><\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"73\">\n<li>El Estado no puede usufructuar gratuitamente la fuerza laboral de las personas privadas de la libertad. De ah\u00ed que una remuneraci\u00f3n progresiva y equitativa \u2013aunque no est\u00e9 orientada a garantizar el m\u00ednimo vital\u2013 constituye un elemento relevante para evitar la explotaci\u00f3n de estas personas y contribuir, m\u00e1s bien, en su proceso de resocializaci\u00f3n<a name=\"_ftnref90\"><\/a><sup>[90]<\/sup>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"74\">\n<li>Esta postura se ha ido consolidando en la jurisprudencia. La Sentencia SU-306 de 2023 estudi\u00f3 el caso de un recluso a quien se le neg\u00f3 la posibilidad de desarrollar la actividad de bisuter\u00eda para la redenci\u00f3n de su pena. Si bien en el caso particular se configur\u00f3 la carencia actual de objeto, la Sala Plena aprovech\u00f3 la oportunidad para explicar que la finalidad resocializadora del trabajo penitenciario y su potencial redentor no sustituyen la necesidad de una remuneraci\u00f3n, y advirti\u00f3 que la supresi\u00f3n de esta convertir\u00eda el trabajo intramuros en una forma de servidumbre o esclavitud incompatible con la dignidad humana. Para la Corte, \u201cla remuneraci\u00f3n del trabajo penitenciario env\u00eda una clara se\u00f1al al privado de la libertad que sus derechos humanos, la dignidad de que sea reconocido su esfuerzo con una contraprestaci\u00f3n y la posibilidad de valerse por s\u00ed mismo y de ayudar al sostenimiento de su familia, es real; lo cual env\u00eda una se\u00f1al de dignidad que supera los muros y las rejas\u201d<a name=\"_ftnref91\"><\/a>[91].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"75\">\n<li>Posteriormente, la Sentencia T-003 de 2024 estudi\u00f3 la demanda de amparo de un recluso que solicitaba la reasignaci\u00f3n a una actividad de trabajo. La Sala Sexta precis\u00f3 que, si bien uno de los objetivos fundamentales del trabajo penitenciario es la redenci\u00f3n de la pena \u2013y no la satisfacci\u00f3n del derecho al m\u00ednimo vital\u2013 \u201cen caso de que se haya pactado una remuneraci\u00f3n en la forma de bonificaci\u00f3n o entrega material del producto del trabajo, tal remuneraci\u00f3n se entienda como parte esencial del derecho fundamental al trabajo penitenciario\u201d<a name=\"_ftnref92\"><\/a>[92].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"76\">\n<li>Ahora bien, la retribuci\u00f3n del trabajo penitenciario tambi\u00e9n se puede concebir desde la perspectiva de la <em>redenci\u00f3n<\/em> de la pena. En efecto, tanto la remuneraci\u00f3n econ\u00f3mica \u2013siempre que sea posible y cuando est\u00e9 prevista\u2013 como la redenci\u00f3n de la pena son manifestaciones de la retribuci\u00f3n del trabajo intramural, aunque operen en planos distintos. La primera (remuneraci\u00f3n) en el \u00e1mbito patrimonial y la segunda (redenci\u00f3n) en el \u00e1mbito de la libertad; aunque ambas confluyen en funci\u00f3n de la dignidad humana y la resocializaci\u00f3n. En esa medida, el trabajo penitenciario, como derecho, se encuentra \u00edntimamente ligado a la libertad, en cuanto su ejercicio incide directamente en el tiempo efectivo de privaci\u00f3n de la libertad<a name=\"_ftnref93\"><\/a><sup>[93]<\/sup>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"77\">\n<li>As\u00ed lo dispuso el legislador desde el C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario cuando refiri\u00f3 que el trabajo es uno de los principales medios para la \u201cresocializaci\u00f3n del infractor de la ley penal\u201d<a name=\"_ftnref94\"><\/a>[94] y la redenci\u00f3n de su pena<a name=\"_ftnref95\"><\/a>[95]. De igual modo, el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho \u2013Decreto 1069 de 2015\u2013 insiste en que el trabajo penitenciario \u201cse constituye en una actividad dirigida a la redenci\u00f3n de la pena\u201d<a name=\"_ftnref96\"><\/a>[96].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"78\">\n<li>De acuerdo con lo anterior, los reg\u00edmenes laboral y penitenciario mantienen un di\u00e1logo permanente con el fin de garantizar que las personas privadas de la libertad puedan desarrollar sus labores u oficios en condiciones dignas. Por ello, no resulta extra\u00f1o que una norma laboral contenga disposiciones que regulen el trabajo penitenciario o que una norma penitenciaria incorpore previsiones propias del \u00e1mbito laboral.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"79\">\n<li>Es as\u00ed que el trabajo penitenciario se regula en varios estatutos de rango legal y reglamentario. De un lado, el C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario reitera que el trabajo es un derecho y una obligaci\u00f3n social y goza en todas sus modalidades de la protecci\u00f3n especial del Estado<a name=\"_ftnref97\"><\/a>[97]. Tambi\u00e9n destaca al trabajo como uno de los principales instrumentos para alcanzar la <em>resocializaci\u00f3n<\/em>, junto con la disciplina, el estudio, la formaci\u00f3n espiritual, la cultura, el deporte y la recreaci\u00f3n<a name=\"_ftnref98\"><\/a><sup>[98]<\/sup>. En particular, el mencionado C\u00f3digo defin\u00eda las condiciones para la redenci\u00f3n de la pena, fijando que \u201ca los detenidos y a los condenados se les abonar\u00e1 un d\u00eda de reclusi\u00f3n por dos d\u00edas de trabajo\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"80\">\n<li>El C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario remite, asimismo, a otros marcos normativos, propiamente laborales. En particular, cuando dispuso que \u201clas actividades laborales desarrolladas por las personas privadas de la libertad estar\u00e1n \u00edntimamente coordinadas con las pol\u00edticas que el Ministerio del Trabajo adoptar\u00e1 sobre la materia, las cuales fomentar\u00e1n la participaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n de la sociedad civil y de la empresa privada, a trav\u00e9s de convenios, tanto dentro como fuera de los establecimientos\u201d<a name=\"_ftnref99\"><\/a>[99].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"81\">\n<li>En tal virtud, el Ministerio de Trabajo profiri\u00f3 la Resoluci\u00f3n 0684 de 2024, \u201cpor medio de la cual se establecen las especiales condiciones del trabajo penitenciario en sus diferentes modalidades, su remuneraci\u00f3n, los par\u00e1metros de afiliaci\u00f3n al Sistema de Riesgos Laborales y se deroga la Resoluci\u00f3n 5130 de 2023\u201d<a name=\"_ftnref100\"><\/a>[100]. Esta resoluci\u00f3n desarroll\u00f3 un marco espec\u00edfico para esta modalidad de trabajo en prisi\u00f3n, consecuente con las particularidades del contexto penitenciario, y en garant\u00eda de unos est\u00e1ndares m\u00ednimos en materia de remuneraci\u00f3n, jornadas, afiliaci\u00f3n a los sistemas de seguridad social y riesgos laborales, entre otros factores.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"82\">\n<li>En suma, el trabajo es un concepto amplio y preponderante en el orden constitucional colombiano. Es tanto un derecho como un deber. Es la reivindicaci\u00f3n del proyecto de vida individual, pero tambi\u00e9n una condici\u00f3n de posibilidad para la vida en comunidad. Es una cuesti\u00f3n de derechos, pero tambi\u00e9n una categor\u00eda \u00e9tica y pol\u00edtica. Es tanto el trabajo remunerado que se ejerce en el marco de una relaci\u00f3n contractual cl\u00e1sica, como otras tantas manifestaciones que han venido surgiendo en la sociedad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"83\">\n<li>El trabajo es, dicho en breve, una categor\u00eda amplia en la que se inscriben las actividades que desarrollan las personas privadas de la libertad, aunque con las particularidades y restricciones que supone la reclusi\u00f3n<a name=\"_ftnref101\"><\/a>[101]. Para estas personas, el trabajo es un mecanismo de redenci\u00f3n y una oportunidad de resocializaci\u00f3n que traza un puente hacia la libertad. El trabajo permite la adquisici\u00f3n de habilidades, la resistencia al encierro prolongado, la construcci\u00f3n de la autonom\u00eda individual y la preparaci\u00f3n para la vida en libertad, dentro de un <em>continuum<\/em> que inicia en condiciones de reclusi\u00f3n, pero que anhela la libertad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>6. Soluci\u00f3n del caso: la expresi\u00f3n acusada no trasgrede el principio de unidad de materia. Por el contrario, refleja una relaci\u00f3n estrecha entre la dignificaci\u00f3n del trabajo en prisi\u00f3n y los fines de la reforma laboral<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"84\">\n<li>Siguiendo la metodolog\u00eda descrita para los cargos por violaci\u00f3n del principio de unidad de materia, la Corte: (i) expondr\u00e1 el n\u00facleo tem\u00e1tico de la Ley 2466 de 2025; luego, (ii) definir\u00e1 el alcance y contenido de la disposici\u00f3n acusada; para, finalmente, (iii) evaluar si se satisfacen los criterios de conexidad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>6.1. El n\u00facleo tem\u00e1tico de la Ley 2466 de 2025: una reforma para un trabajo digno y decente<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"85\">\n<li>La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 encomend\u00f3 al legislador expedir un <em>estatuto del trabajo<\/em><a name=\"_ftnref102\"><\/a>[102]. Aunque a la fecha se han proferido m\u00faltiples normas relevantes para garantizar el derecho al trabajo en sus distintas facetas, las premisas centrales de la relaci\u00f3n laboral se encuentran contenidas en una norma preconstitucional, a saber, el C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo de 1950<a name=\"_ftnref103\"><\/a>[103].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"86\">\n<li>Con este trasfondo, la Ley 2466 se titul\u00f3 como una \u201creforma laboral\u201d. No sorprende que muchas de sus disposiciones conlleven modificaciones o adiciones a determinados art\u00edculos del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"87\">\n<li>De acuerdo con la exposici\u00f3n de motivos para este proyecto de ley<a name=\"_ftnref104\"><\/a>[104], Colombia necesitaba una reforma laboral para avanzar en (i) el concepto de \u201cla sociedad del trabajo\u201d, como eje central de la vida ciudadana; (ii) el trabajo como componente de la integraci\u00f3n social y generador de equilibrio; (iii) la exclusi\u00f3n de algunos ciudadanos de la participaci\u00f3n y goce del desarrollo econ\u00f3mico y social; (iv) la necesaria adecuaci\u00f3n del sistema de intervenci\u00f3n laboral; (v) el trabajo y su relaci\u00f3n con el sistema pensional; y (vi) la implementaci\u00f3n de las recomendaciones de la Comisi\u00f3n de Expertos en Aplicaci\u00f3n de Convenios y de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo \u2012OIT.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"88\">\n<li>El art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 2466 de 2025 se\u00f1ala que su <em>objetivo<\/em> es \u201cadoptar una reforma laboral mediante la modificaci\u00f3n del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, la Ley 50 de 1990, Ley 789 de 2002 y otras normas laborales, adem\u00e1s se dictan disposiciones para el <em>trabajo digno y decente<\/em> en Colombia, buscando el respeto a la remuneraci\u00f3n justa, bienestar integral, la promoci\u00f3n del di\u00e1logo social, las garant\u00edas para el acceso a la seguridad social y sostenibilidad de los empleos desde el respeto pleno a los derechos de los trabajadores as\u00ed como el favorecimiento a la creaci\u00f3n de empleo formal en Colombia\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"89\">\n<li>Este objetivo se traduce, a continuaci\u00f3n, en un total de 70 art\u00edculos que abordan distintas materias. Desde las medidas para impulsar la estabilidad y la formalizaci\u00f3n laboral, aumentar el ingreso de las familias trabajadoras, eliminar la violencia y la discriminaci\u00f3n en el mundo del trabajo, hasta las garant\u00edas para el derecho de asociaci\u00f3n sindical.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table width=\"595\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"3\" width=\"595\"><b><strong>Ley 2466 de 2025<\/strong><\/b><\/p>\n<p><em>Por medio de la cual se modifica parcialmente normas laborales y se adopta una Reforma Laboral para el trabajo decente y digno en Colombia.<\/em><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"128\"><b><strong>T\u00edtulo<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"174\"><b><strong>Cap\u00edtulo<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"293\"><b><strong>Art\u00edculo<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"4\" width=\"128\"><b><strong>I. Disposiciones generales<\/strong><\/b><\/td>\n<td rowspan=\"4\" width=\"174\">\u00danico<\/td>\n<td width=\"293\">1. Objeto<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">2. Relaciones que regula.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">3. Restricci\u00f3n de inaplicabilidad.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">4. Principios<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"54\" width=\"128\"><b><strong>II. Relaciones individuales de trabajo<\/strong><\/b><\/td>\n<td rowspan=\"4\" width=\"174\">I. Medidas para garantizar la estabilidad laboral y aumentar la productividad<\/td>\n<td width=\"293\">5. Contrato laboral a t\u00e9rmino indefinido.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">6. Contratos a t\u00e9rmino fijo y por obra o labor determinada.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">7. Debido proceso disciplinario laboral<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">8. Publicaci\u00f3n del reglamento de trabajo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"7\" width=\"174\">II. medidas para los ingresos de las familias trabajadoras<\/td>\n<td width=\"293\">9. Factores de evaluaci\u00f3n objetiva del trabajo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">10. Trabajo diurno y nocturno<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">11. Jornada m\u00e1xima legal<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">12. Relaci\u00f3n de horas extras<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">13. L\u00edmite al trabajo suplementario<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">14. Remuneraci\u00f3n en d\u00edas de descanso obligatorio<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">15. Obligaciones especiales del empleador<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"5\" width=\"174\">III. Medidas para la eliminaci\u00f3n de la violencia, el acoso y la discriminaci\u00f3n en el mundo del trabajo<\/td>\n<td width=\"293\">16. L\u00edmites a la subordinaci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">17. Protecci\u00f3n contra la discriminaci\u00f3n.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">18. Medidas para la eliminaci\u00f3n de la violencia, el acoso y la discriminaci\u00f3n en el mundo del trabajo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">***19. Experiencia laboral de personas privadas de la libertad***<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">20. Medidas en contra de la discriminaci\u00f3n y la estigmatizaci\u00f3n laboral a personas reintegradas y reincorporadas en el marco del conflicto armado<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"23\" width=\"174\">IV. Medidas para promover la formalizaci\u00f3n laboral<\/td>\n<td width=\"293\">21. Contrato de aprendizaje<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">22. Internos de medicina<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">23. Monetizaci\u00f3n de la cuota de aprendizaje<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">24. Definiciones trabajo en plataformas digitales de reparto<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">25. Modalidades de trabajo en plataformas digitales de reparto<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">26. Registro de informaci\u00f3n en plataformas digitales de reparto<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">27. Seguridad social y riesgos laborales en plataformas digitales de reparto<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">28. Sistema de registro de inscripci\u00f3n de empresas de plataformas digitales de reparto<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">29. Transparencia y utilizaci\u00f3n de los sistemas automatizados de supervisi\u00f3n y toma de decisiones<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">30. Supervisi\u00f3n humana de los sistemas automatizados<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">31. Programa de formaci\u00f3n para el trabajo agrario y rural<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">32. Protecci\u00f3n al trabajo femenino rural y campesino<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">33. Formalizaci\u00f3n del trabajo dom\u00e9stico remunerado<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">34. Medidas de formalizaci\u00f3n y aportes a la seguridad social en microempresas y hogares<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">35. Beneficio para la creaci\u00f3n de nuevos empleos -crea empleo-<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">36. Trabajo agropecuario<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">37. Trabajadores migrantes<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">38. Puestos de trabajo en atenci\u00f3n a emergencias, reforestaci\u00f3n y forestaci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">39. Las y los deportistas profesionales y el cuerpo t\u00e9cnico, nacionales o extranjeros<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">40. Participaci\u00f3n para el trabajo decente en comunidades \u00e9tnicas<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">41. Trabajador de las artes y la cultura<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">42. Medidas adicionales en relaciones laborales para periodistas, comunicadores sociales y trabajadores afines.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">43. Programa de primer empleo y programa de \u00faltimo empleo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"6\" width=\"174\">V. Medidas para el uso adecuado de la tercerizaci\u00f3n y la intermediaci\u00f3n laboral<\/td>\n<td width=\"293\">44. Contratistas y subcontratistas.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">45. Empresas de servicios temporales<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">46. Jornada flexible para trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares del cuidado<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">47. Flexibilidad en el horario laboral para personas cuidadoras de personas con discapacidad<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">48. Prohibici\u00f3n al empleador sobre maniobras de elusi\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">49. Programa de convenios laborales para las v\u00edctimas del conflicto armado<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"9\" width=\"174\">VI. Medidas para la transici\u00f3n justa hacia econom\u00edas y sociedades ambientalmente sostenibles<\/td>\n<td width=\"293\">50. Lineamientos para el desarrollo, adopci\u00f3n, consolidaci\u00f3n y actualizaci\u00f3n de las competencias laborales para el crecimiento verde<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">51. Formaci\u00f3n para la promoci\u00f3n de empleos verdes y azules<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">52. Modalidades de teletrabajo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">53. Auxilio de conectividad<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">54. Garant\u00edas laborales, sindicales y de seguridad social para los teletrabajadores<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">55. Promoci\u00f3n de las diferentes modalidades de trabajo a distancia<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">56. Entornos laborales flexibles<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">57. Pol\u00edtica p\u00fablica de protecci\u00f3n laboral ante la automatizaci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">58. Protecci\u00f3n laboral frente a procesos de descarbonizaci\u00f3n y transici\u00f3n energ\u00e9tica<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"2\" width=\"128\"><b><strong>III. Libertad sindical y cumplimiento de est\u00e1ndares internacionales<\/strong><\/b><\/td>\n<td rowspan=\"2\" width=\"174\">\u00danico. Garant\u00edas para el ejercicio del derecho de asociaci\u00f3n sindical y fomento a la unidad sindical.<\/td>\n<td width=\"293\">59. Medida complementaria a los estatutos<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">60. Representaci\u00f3n paritaria y\/o proporcional en las organizaciones<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"10\" width=\"128\"><b><strong>IV. Disposiciones finales y complementarias<\/strong><\/b><\/td>\n<td rowspan=\"10\" width=\"174\">\u00danico<\/td>\n<td width=\"293\">61. Ajuste de la planilla integrada de liquidaci\u00f3n de aportes o el sistema que lo reemplace<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">62. Prescripci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">63. Acompa\u00f1amiento a micros y peque\u00f1as empresas y formalizaci\u00f3n laboral<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">64. R\u00e9gimen simple laboral<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">65. Vinculaci\u00f3n de trabajadores dependientes en condiciones de vulnerabilidad<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">66. Ruta de empleabilidad.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">67. [sin t\u00edtulo]<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">68. Vinculaci\u00f3n de las madres comunitarias, trabajadores(as) de hogares infantiles y madres sustitutas<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">69. Formalizaci\u00f3n laboral de las personas manipuladoras de alimentos del programa de alimentaci\u00f3n escolar (PAE)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"293\">70. Vigencia y derogatorias<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"90\">\n<li>Este articulado proyecta una ambiciosa reforma que repercute en elementos constitutivos de cualquier relaci\u00f3n laboral, como lo son la definici\u00f3n del contrato a t\u00e9rmino fijo y a t\u00e9rmino indefinido, el debido proceso disciplinario o la jornada m\u00e1xima legal de trabajo. No solo eso, la Ley 2466 de 2025 tambi\u00e9n contiene regulaciones para ciertas actividades puntuales, como el sector agropecuario, las artes y el entretenimiento, las madres comunitarias, los trabajadores migrantes, o los deportistas. Incluso, prev\u00e9 incentivos para actividades sostenibles, mediante el impulso de formas de teletrabajo y la protecci\u00f3n ante el incremento de la automatizaci\u00f3n del mercado laboral. Y esto es solo en lo referente a la faceta individual del trabajo, pues en la faceta colectiva, tambi\u00e9n se incluyeron algunas disposiciones relacionadas con el ejercicio del derecho de asociaci\u00f3n sindical.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"91\">\n<li>Para establecer el n\u00facleo tem\u00e1tico de una ley con tantas disposiciones, \u00e1reas de influencia y destinatarios, un buen punto de partida lo ofrece el t\u00edtulo mismo de la Ley 2466, y el art\u00edculo 1\u00ba que define su objeto. Desde esta perspectiva, es razonable afirmar que el n\u00facleo de la ley en cuesti\u00f3n est\u00e1 dado por el concepto de trabajo <em>digno y decente<\/em>; entendido como todo aquel que promueve la remuneraci\u00f3n justa, el bienestar integral, el acceso a la seguridad social de los trabajadores, as\u00ed como la sostenibilidad de los empleos, desde el respeto pleno a los derechos de los trabajadores.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"92\">\n<li>Esta delimitaci\u00f3n fue ratificada por el Gobierno nacional, en su intervenci\u00f3n, cuando se\u00f1al\u00f3 que \u201cel n\u00facleo tem\u00e1tico de la Ley 2466 de 2025 es el trabajo en todas sus formas y modalidades, orientado a garantizar <em>condiciones laborales dignas y decentes<\/em> para todos los sectores de la poblaci\u00f3n\u201d<a name=\"_ftnref105\"><\/a>[105].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>6.2. Los antecedentes y el contenido de la disposici\u00f3n acusada<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"93\">\n<li>El proyecto de ley original de reforma laboral no incluy\u00f3 una norma espec\u00edfica sobre el trabajo de las personas privadas de la libertad y las condiciones para la redenci\u00f3n de la pena. Esta disposici\u00f3n fue incorporada y aprobada durante el segundo debate en la Plenaria de la C\u00e1mara de Representantes. Ello obedeci\u00f3 a una proposici\u00f3n que radic\u00f3 el representante Pedro Jos\u00e9 Su\u00e1rez Vacca, cuyo texto fue el siguiente:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201cLas actividades productivas desarrolladas por la poblaci\u00f3n privada de la libertad ser\u00e1n reconocidas como experiencia laboral, previa certificaci\u00f3n de las entidades correspondientes, con la finalidad de posibilitar su ingreso al mercado laboral, mitigar la discriminaci\u00f3n laboral y disminuir la probabilidad de reincidencia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Par\u00e1grafo. El Ministerio del Trabajo, en un t\u00e9rmino de seis (6) meses, expedir\u00e1 la reglamentaci\u00f3n necesaria para el reconocimiento de las actividades productivas desarrolladas en los centros penitenciarios como experiencia profesional\u201d<a name=\"_ftnref106\"><\/a><sup>[106]<\/sup>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"94\">\n<li>Luego, durante el primer debate en el Senado de la Rep\u00fablica, esta vez ante la Comisi\u00f3n S\u00e9ptima, se radicaron tres ponencias positivas, en las cuales se inclu\u00eda el art\u00edculo antes transcrito, sin modificaciones<a name=\"_ftnref107\"><\/a><sup>[107]<\/sup>. Cabe precisar que durante este debate fue aprobada la ponencia de archivo del proyecto. Sin embargo, dicha decisi\u00f3n fue apelada ante la Plenaria del Senado, la cual dispuso que el proyecto de ley fuera remitido a la Comisi\u00f3n Cuarta del Senado.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"95\">\n<li>El debate se retom\u00f3 entonces ante la Comisi\u00f3n Cuarta del Senado de la Rep\u00fablica. El art\u00edculo sobre el trabajo en prisi\u00f3n fue aprobado sin modificaciones y qued\u00f3 numerado como el art\u00edculo 21, ubicado en el Cap\u00edtulo III, titulado \u201cMedidas para la eliminaci\u00f3n de la violencia, el acoso y la discriminaci\u00f3n en el mundo del trabajo\u201d<a name=\"_ftnref108\"><\/a><sup>[108]<\/sup>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"96\">\n<li>Finalmente, en el cuarto debate legislativo<a name=\"_ftnref109\"><\/a>[109], que correspondi\u00f3 a la Plenaria del Senado de la Rep\u00fablica, se discuti\u00f3, en lo pertinente para este expediente, una ponencia positiva<a name=\"_ftnref110\"><\/a><sup>[110]<\/sup> que manten\u00eda el texto del art\u00edculo aprobado en comisi\u00f3n sobre el reconocimiento del trabajo en prisi\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"97\">\n<li>En el curso de la deliberaci\u00f3n, el senador Gustavo Moreno, junto con otros congresistas, presentaron una proposici\u00f3n<a name=\"_ftnref111\"><\/a>[111] que solicitaba incluir en el art\u00edculo 21 la siguiente disposici\u00f3n: \u201cSe conceder\u00e1 la redenci\u00f3n de pena por trabajo a las personas privadas de la libertad y se les abonar\u00e1 dos d\u00edas de reclusi\u00f3n por tres d\u00edas de trabajo\u201d<a name=\"_ftnref112\"><\/a><sup>[112]<\/sup>. Para sustentar su proposici\u00f3n, el senador Gustavo Moreno sostuvo que a la reforma laboral \u201cle falt\u00f3 algo\u201d. En su criterio, no solo era necesario reconocer la experiencia laboral de las personas privadas de la libertad, sino tambi\u00e9n avanzar en un mecanismo de redenci\u00f3n m\u00e1s amplio, como medio de resocializaci\u00f3n:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201c[L]a idea es que los privados est\u00e9n trabajando, produciendo, que est\u00e9n resocializ\u00e1ndose a trav\u00e9s del trabajo. Y queremos incentivar que por cada dos tres d\u00edas que la persona trabaje, tambi\u00e9n se pueda descontar. Y eso es un tema laboral. Un canal para cambiar el sistema carcelario, para que sea <em>resocializador<\/em> a trav\u00e9s del trabajo real y efectivo [\u2026] que cuando salga, no salga a delinquir\u201d<a name=\"_ftnref113\"><\/a><sup>[113]<\/sup>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"98\">\n<li>La proposici\u00f3n en comento suscit\u00f3 un debate al interior de la plenaria. En particular por la intervenci\u00f3n del senador Jonathan Ferney Pulido Hern\u00e1ndez \u2012 hoy demandante en este expediente de constitucionalidad\u2012, quien advirti\u00f3 que la inclusi\u00f3n de la redenci\u00f3n de la pena en una reforma laboral resultaba inconstitucional, al tratarse de una materia propia de reformas al C\u00f3digo Penal o al C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201cA m\u00ed el tema de que los presos de Colombia se mantengan trabajando, me encanta. Por supuesto, ojal\u00e1 incluso que con su trabajo pudieran pagar la comida y no le toque pagarla al colombiano al cual robaron, o al padre del ni\u00f1o que violaron. Porque en Colombia tenemos esa vagabunder\u00eda. El bandido comete el delito y se va para el hotel llamado c\u00e1rcel a que lo mantengan sus propias v\u00edctimas. Pero, llegando a esta proposici\u00f3n, yo quiero que el se\u00f1or ponente me explique si esta modificaci\u00f3n de redimir tres d\u00edas de trabajo por dos d\u00edas de pena se puede hacer en una reforma laboral porque, si mal no estoy, eso se tiene que hacer en el C\u00f3digo Penal o en el C\u00f3digo Penitenciario, no en una reforma laboral\u201d<a name=\"_ftnref114\"><\/a>[114].<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"99\">\n<li>Del otro lado, sin embargo, varios congresistas, como Iv\u00e1n Cepeda Castro, Sandra Janeth Jaimes, Catalina del Socorro P\u00e9rez P\u00e9rez, Le\u00f3n Fredy Mu\u00f1oz Lopera, Ciro Alejandro Ram\u00edrez Cort\u00e9s y Sandra Ram\u00edrez Lobo Silva, secundaron la proposici\u00f3n, bajo el entendido de que el trabajo es uno de los principales mecanismos de resocializaci\u00f3n y redenci\u00f3n de la pena<a name=\"_ftnref115\"><\/a><sup>[115]<\/sup>. A continuaci\u00f3n, se citan algunos fragmentos de sus intervenciones:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Senador Iv\u00e1n Cepeda: \u201clas c\u00e1rceles en Colombia [\u2026] son lo m\u00e1s lejano a un hotel [\u2026] tienen tasas de hacinamiento enorme. Y si se trata de buscar que alg\u00fan d\u00eda podamos combatir eficazmente el delito, lo mejor es que adem\u00e1s de una pol\u00edtica penitenciaria haya una pol\u00edtica de verdadera reforma de los seres humanos dentro de las c\u00e1rceles. Y eso se obtiene si efectivamente podemos lograr que el trabajo que hacen pueda tener un <em>efecto resocializador<\/em>, as\u00ed que por mi parte votar\u00eda favorablemente la propuesta\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Senadora Sandra Jaimes: \u201ctodas las personas tienen que tener una segunda oportunidad en la vida y hoy nuestras c\u00e1rceles no tienen procesos de resocializaci\u00f3n bien implementados. Y lo que buscamos ac\u00e1 es que realmente haya unos <em>procesos de resocializaci\u00f3n<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Senadora Catalina P\u00e9rez: \u201cse hacen necesario verdaderamente que, en las c\u00e1rceles, haya una posibilidad de que la gente se <em>reivindique<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Senador John Freddy: \u201c[A]poyo esta iniciativa porque estoy convencido que el modelo carcelario de nuestro pa\u00eds hay que revaluarlo. Son m\u00e1s de 100.000 mil privados de la libertad intramural, m\u00e1s lo que est\u00e1n en casa por c\u00e1rcel. Y aqu\u00ed tenemos m\u00e1s de un 70% de reincidencia, tenemos que buscar mecanismos para que la c\u00e1rcel sea de verdad un <em>espacio de reinserci\u00f3n, de reincorporaci\u00f3n, pero, sobre todo, de oportunidades para los presos<\/em>. Yo s\u00ed creo que ese tipo de iniciativas de reconocer esa experiencia laboral es necesaria y ayuda mucho para cuando salgan y en el espacio que est\u00e1n, ayuda para las familias. Porque lo otro de rebajar las penas ya est\u00e1 en el c\u00f3digo (\u2026)\u201d<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Senador Ciro Ram\u00edrez: \u201c[E]sta proposici\u00f3n la voy a acompa\u00f1ar porque la <em>redenci\u00f3n<\/em> existe hace d\u00e9cadas, por trabajo, por estudio, y yo lo viv\u00ed. Y hoy quiero decirles que hay mucha gente que con el trabajo ha logrado grandes cosas despu\u00e9s de que sale privado de la libertad. Segundo, esto ha sido aprobado en el Consejo de Pol\u00edtica Criminal durante el gobierno del presidente Iv\u00e1n Duque y, adem\u00e1s, por trabajo o por estudio puedan tener la redenci\u00f3n que ya fue aprobada [\u2026] eso ya existe [\u2026] lo que se quiere es ampliar esto porque eso ayudar\u00eda mucha gente inocente en las c\u00e1rceles, que ha trabajado y ha sacado empresa adelante, estando privado de la libertad\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Senadora Sandra Ram\u00edrez: \u201c[M]e sumo a acompa\u00f1ar esta proposici\u00f3n. Las c\u00e1rceles de nuestro pa\u00eds tienen una ocupaci\u00f3n sobrehumana, un hacinamiento impresionante [\u2026] Esta puede ser una oportunidad para muchas personas que est\u00e1n all\u00e1 por delitos de pobreza, por ejemplo, y muchos otros delitos que han cometido que no merecen que est\u00e9n en la c\u00e1rcel 10, 15, 20 a\u00f1os. Entonces pensar en esta <em>resocializaci\u00f3n<\/em> a trav\u00e9s del trabajo y que se reduzcan sus penas nos ayudar\u00eda much\u00edsimo tambi\u00e9n en este aspecto que tenemos una falencia grande como pa\u00eds\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"100\">\n<li>Luego, el senador Jonathan Ferney Pulido Hern\u00e1ndez insisti\u00f3 en que hab\u00eda una confusi\u00f3n sobre el alcance de la proposici\u00f3n, pues no se estaba discutiendo lo referente a la certificaci\u00f3n de la experiencia laboral penitenciaria, sino sobre la redenci\u00f3n de la pena; asunto que no deb\u00eda modificarse por medio de una reforma laboral. En consecuencia, anunci\u00f3 su voto negativo y la posterior radicaci\u00f3n de una demanda ante la Corte Constitucional<a name=\"_ftnref116\"><\/a><sup>[116]<\/sup>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"101\">\n<li>Finalmente, la modificaci\u00f3n del art\u00edculo fue sometida a votaci\u00f3n y aprobada con 77 votos a favor y 6 votos en contra<a name=\"_ftnref117\"><\/a><sup>[117]<\/sup>. En el tr\u00e1mite de la conciliaci\u00f3n<a name=\"_ftnref118\"><\/a><sup>[118]<\/sup> se acogi\u00f3 el texto aprobado en el Senado, con la modificaci\u00f3n que est\u00e1 siendo controvertida en el presente tr\u00e1mite de constitucionalidad, y qued\u00f3 numerado, en definitiva, como el art\u00edculo 19 dentro del Cap\u00edtulo III, titulado \u201cMedidas para la eliminaci\u00f3n de la violencia, el acoso y la discriminaci\u00f3n en el mundo del trabajo\u201d<a name=\"_ftnref119\"><\/a><sup>[119]<\/sup>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"102\">\n<li>El art\u00edculo 19 de la Ley 2466 de 2025 se compone de un inciso y de un par\u00e1grafo. El inciso a su vez, se pude dividir conceptualmente en dos apartados. El primero, reconoce como <em>experiencia laboral<\/em> las actividades productivas y ocupacionales desarrolladas por la poblaci\u00f3n privada de la libertad. El segundo \u2012contra el cual se dirige la presente demanda\u2012 ampl\u00eda los beneficios del trabajo como <em>redenci\u00f3n de la pena<\/em>, en favor de la poblaci\u00f3n privada de la libertad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"103\">\n<li>Seg\u00fan explic\u00f3 el Gobierno nacional en su intervenci\u00f3n, bajo la nueva disposici\u00f3n (art\u00edculo 19 de la Ley 2466 de 2025), por cada d\u00eda de trabajo se reconoce 0,66 d\u00edas de redenci\u00f3n, mientras que bajo la norma anterior (art\u00edculo 82 de la Ley 65 de 1993) se reconoc\u00edan 0,5 d\u00edas. As\u00ed, por 240 d\u00edas de trabajo \u2014promedio de d\u00edas h\u00e1biles en un a\u00f1o\u2014 una persona recibir\u00eda 158 d\u00edas de redenci\u00f3n con la nueva norma, frente a 120 d\u00edas con la anterior, lo que representa un incremento cercano a una tercera parte<a name=\"_ftnref120\"><\/a>[120].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>6.3. An\u00e1lisis del principio de unidad de materia frente a la disposici\u00f3n acusada<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"104\">\n<li>Aunque la disposici\u00f3n acusada fue incorporada en un estado avanzado del tr\u00e1mite legislativo, la Sala concluye que esta guarda una relaci\u00f3n directa y estrecha con el objeto de la Ley 2466 de 2025, lo que permite superar el cargo por unidad de materia que fue planteado en la demanda.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4>(i) <em>Conexidad tem\u00e1tica<\/em>: la dignificaci\u00f3n del trabajo en un sentido amplio incluye el trabajo en prisi\u00f3n<\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"105\">\n<li>Como lo expuso la fundaci\u00f3n \u201cAcci\u00f3n Interna\u201d, la Ley 2466 de 2025 no se limit\u00f3 a regular contratos o relaciones empleador-trabajador cl\u00e1sicas, sino que extendi\u00f3 la protecci\u00f3n y los beneficios del trabajo a sectores marginados. Desde esa l\u00f3gica, incluir a la poblaci\u00f3n reclusa es consecuente con una visi\u00f3n m\u00e1s amplia del trabajo, una que permite crear un puente entre la actividad <em>intramuros <\/em>y la vida <em>extramuros<\/em><a name=\"_ftnref121\"><\/a>[121].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"106\">\n<li>El n\u00facleo tem\u00e1tico de la Ley 2466 de 2025 \u2012<em>supra<\/em>, secci\u00f3n 6.1\u2012 proyecta una ambiciosa reforma para avanzar hacia un trabajo <em>digno y decente<\/em>, en distintos sectores, con especial \u00e9nfasis en aquellos hist\u00f3ricamente marginalizados. Desde esta visi\u00f3n, es razonable que la reforma laboral incluya disposiciones sobre las actividades productivas de las personas privadas de la libertad, entendidas como una manifestaci\u00f3n del trabajo en un sentido amplio.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"107\">\n<li>En el contexto particular de la prisi\u00f3n, la dignificaci\u00f3n del trabajo no solo pasa por reconocer formalmente la experiencia laboral en el lugar de reclusi\u00f3n, sino que tambi\u00e9n guarda una relaci\u00f3n estrecha con las condiciones de redenci\u00f3n de la pena que hacen posible la resocializaci\u00f3n. El trabajo penitenciario no es solo una actividad productiva, sino una con vocaci\u00f3n de transformaci\u00f3n del individuo y un mecanismo de redenci\u00f3n de la pena \u2012<em>supra<\/em>, secci\u00f3n 5.3\u2012.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"108\">\n<li>En este punto es pertinente recordar que la exposici\u00f3n de motivos de la reforma laboral se ciment\u00f3 sobre una visi\u00f3n transformadora del trabajo. Una seg\u00fan la cual \u201cel trabajo no solo tiene una funci\u00f3n econ\u00f3mica, sino que tambi\u00e9n desempe\u00f1a un papel crucial en la construcci\u00f3n de la identidad individual y colectiva. La posibilidad de elegir una ocupaci\u00f3n y desarrollarla, proporciona a las personas un sentido de prop\u00f3sito y realizaci\u00f3n\u201d<a name=\"_ftnref122\"><\/a>[122]. El potencial transformador del trabajo coincide entonces con el prop\u00f3sito resocializador del trabajo en prisi\u00f3n y las condiciones para obtener la redenci\u00f3n de la pena.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"109\">\n<li>En el ordenamiento colombiano, el ser humano no puede estar eternamente confinado a un lugar de reclusi\u00f3n, sino que el sistema transita constantemente hacia la vida en libertad. Para ello, el trabajo cumple un rol determinante como mecanismo de redenci\u00f3n de la pena. De modo tal que hablar de trabajo digno y decente, tambi\u00e9n remite v\u00e1lidamente a las condiciones en que dicha actividad se desarrolla en las prisiones y c\u00f3mo impacta en los mecanismos de redenci\u00f3n de la poblaci\u00f3n privada de la libertad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4>(ii) <em>Conexidad causal<\/em>: los desaf\u00edos relacionados con la inserci\u00f3n laboral y la mitigaci\u00f3n de la discriminaci\u00f3n incluyen a la poblaci\u00f3n privada de la libertad<\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"110\">\n<li>Seg\u00fan se consign\u00f3 en la exposici\u00f3n de motivos ante el Congreso de la Rep\u00fablica, la \u201csociedad del trabajo\u201d en Colombia enfrenta m\u00faltiples desaf\u00edos. Unos derivados de las pol\u00edticas de flexibilizaci\u00f3n y la precarizaci\u00f3n laboral que han conducido a la informalidad, la inestabilidad, el abaratamiento de la indemnizaci\u00f3n ante despidos injustificados, la tercerizaci\u00f3n y la intermediaci\u00f3n laboral, entre otros. Otro tipo de desaf\u00edos est\u00e1n relacionados con las nuevas formas de contrataci\u00f3n (v.gr. plataformas digitales y el trabajo a distancia), as\u00ed como la necesidad de impulsar <em>medidas especiales de protecci\u00f3n<\/em> para ciertos sectores de la poblaci\u00f3n (el trabajo agropecuario, los trabajadores migrantes, los deportistas, entre otros)<a name=\"_ftnref123\"><\/a>[123].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"111\">\n<li>En particular, la reforma laboral que impuls\u00f3 la Ley 2466 de 2025 se soporta en un <em>enfoque diferencial<\/em> que busca responder a distintas formas de discriminaci\u00f3n que marginalizan a ciertos sectores de la poblaci\u00f3n. Entre otras, la exposici\u00f3n de motivos destac\u00f3 las brechas de g\u00e9nero que afectan particularmente a las mujeres, las labores de cuidado y el trabajo dom\u00e9stico<a name=\"_ftnref124\"><\/a>[124]. El articulado finalmente adoptado por el Congreso de la Rep\u00fablica incluy\u00f3 otros sectores vulnerables; a trav\u00e9s de regulaciones espec\u00edficas dirigidas para las madres comunitarias<a name=\"_ftnref125\"><\/a>[125], las v\u00edctimas del conflicto armado<a name=\"_ftnref126\"><\/a>[126], los cuidadores de personas con discapacidad<a name=\"_ftnref127\"><\/a>[127], los trabajadores agropecuarios<a name=\"_ftnref128\"><\/a>[128], los trabajadores migrantes<a name=\"_ftnref129\"><\/a>[129] y la poblaci\u00f3n privada de la libertad, entre otros.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"112\">\n<li>Es claro que toda persona privada de la libertad, sin importar cu\u00e1l sea su condici\u00f3n, se encuentra en una relaci\u00f3n especial de sujeci\u00f3n con el Estado<a name=\"_ftnref130\"><\/a>[130]. Tal situaci\u00f3n confiere unos poderes excepcionales con fundamento en los cuales el Estado puede suspender o restringir el ejercicio de algunos derechos de los internos<a name=\"_ftnref131\"><\/a>[131]. Y cuando a esto se suma un <em>estado de cosas inconstitucional<\/em> que impacta de manera masiva y generalizada los derechos fundamentales al interior de los centros de reclusi\u00f3n<a name=\"_ftnref132\"><\/a>[132], se torna patente su condici\u00f3n como sujetos de especial protecci\u00f3n<a name=\"_ftnref133\"><\/a>[133].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"113\">\n<li>Es razonable entonces que la preocupaci\u00f3n transversal del legislador con respecto a ciertos sectores especialmente vulnerables dentro del entorno laboral haya cobijado a las personas privadas de la libertad. Precisamente, la disposici\u00f3n acusada se encuentra dentro de un cap\u00edtulo dirigido a la \u201celiminaci\u00f3n de la violencia, el acoso y la discriminaci\u00f3n en el mundo del trabajo\u201d<a name=\"_ftnref134\"><\/a>[134]. All\u00ed mismo, el legislador previ\u00f3 unas medidas generales que protegen a los individuos, cualquiera que sea su situaci\u00f3n laboral, incluso sectores que, en sentido estricto, podr\u00edan no hacer parte de una relaci\u00f3n laboral, por ejemplo, agentes de la econom\u00eda popular, las personas en formaci\u00f3n, voluntarios, o las personas que apenas andan en busca de empleo<a name=\"_ftnref135\"><\/a>[135].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"114\">\n<li>Desde esta perspectiva, combatir los efectos de la <em>discriminaci\u00f3n<\/em> pasa no solo por reconocer las actividades productivas y ocupacionales desarrolladas por la poblaci\u00f3n privada de la libertad; sino tambi\u00e9n, como lo hace la disposici\u00f3n acusada, por establecer las condiciones para la redenci\u00f3n de la pena por trabajo. Esto \u00faltimo guarda relaci\u00f3n con el fin resocializador y la posibilidad de que las personas recluidas puedan visibilizar sus actividades productivas y hacerlas valer para alcanzar m\u00e1s prontamente su libertad y, eventualmente, mejores condiciones de empleabilidad por fuera del centro de reclusi\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4>(iii) <em>Conexidad teleol\u00f3gica<\/em>: la dignificaci\u00f3n del trabajo respecto de la poblaci\u00f3n privada de la libertad debe leerse en clave de inclusi\u00f3n social<\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"115\">\n<li>El n\u00facleo tem\u00e1tico de la Ley 2466 de 2025 consiste en avanzar en una reforma que garantice un trabajo digno y decente \u2012<em>supra<\/em>, secci\u00f3n 6.1\u2012. Ahora bien, el trabajo en prisi\u00f3n tiene una particularidad y es su v\u00ednculo con el sistema de redenci\u00f3n de la pena, con un prop\u00f3sito de resocializaci\u00f3n. Dignificar el trabajo penitenciario adquiere, entonces, una relaci\u00f3n directa con las condiciones de la redenci\u00f3n de la pena.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"116\">\n<li>As\u00ed, el prop\u00f3sito de la Ley 2466 de 2025 (promover el trabajo digno y la inclusi\u00f3n social) y el prop\u00f3sito del trabajo penitenciario (rehabilitar y resocializar a los condenados) convergen en un mismo punto: la inclusi\u00f3n y empleabilidad de sectores usualmente marginalizados de la sociedad del trabajo. La disposici\u00f3n acusada opera bajo la premisa de que el trabajo es una herramienta de transformaci\u00f3n social<a name=\"_ftnref136\"><\/a>[136].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"117\">\n<li>Desde esta perspectiva, la redenci\u00f3n de la pena no solo se vincula con la recuperaci\u00f3n anticipada de la libertad, sino que se inserta en un dise\u00f1o institucional m\u00e1s amplio que valida la experiencia laboral adquirida durante la reclusi\u00f3n y la aproxima, en la mayor medida posible, a las condiciones del trabajo en libertad. Esta comprensi\u00f3n es significativa si se considera que la exclusi\u00f3n del mercado laboral representa una de las principales barreras para la reintegraci\u00f3n social de las personas que reci\u00e9n recuperan su libertad. As\u00ed, el trabajo penitenciario digno cumple una funci\u00f3n de inclusi\u00f3n que, sin desconocer su inserci\u00f3n en el \u00e1mbito de la ejecuci\u00f3n penal, se articula con una ley orientada a remover pr\u00e1cticas discriminatorias y a facilitar el acceso efectivo al empleo formal para sectores hist\u00f3ricamente marginados.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"118\">\n<li>Al respecto, resulta diciente que, durante el tr\u00e1mite en la plenaria del Senado de la Rep\u00fablica, varios congresistas destacaron la importancia de la expresi\u00f3n acusada para avanzar en la <em>resocializaci\u00f3n<\/em> de la poblaci\u00f3n privada de la libertad y c\u00f3mo el trabajo y el sistema de redenci\u00f3n contribuyen a tal finalidad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"119\">\n<li>El trabajo es un derecho y un deber que alberga el potencial de desarrollar al individuo y tambi\u00e9n de incorporarlo a la vida en comunidad. Las actividades que desempe\u00f1a un recluso dentro de un centro penitenciario y que le permiten reducir su pena, son las mismas herramientas que, luego, lo ayudar\u00e1n a construir un proyecto de vida en libertad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"120\">\n<li>Para esta Corte<a name=\"_ftnref137\"><\/a>[137], es claro que los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios tienen el deber de \u201crestaurar los lazos sociales de los reclusos con el mundo exterior, pues de ello depender\u00e1, en gran parte, la posibilidad de resocializaci\u00f3n, motivo por el cual, debe ser una prioridad para estos Establecimientos la inclusi\u00f3n de los internos en programas de redenci\u00f3n de pena\u201d<a name=\"_ftnref138\"><\/a>[138]. Desde sus inicios, la Corte Constitucional ha sido enf\u00e1tica al se\u00f1alar que el trabajo de las personas privadas de la libertad es un medio indispensable \u201cpara alcanzar el fin resocializador de la pena, y hace parte integrante del n\u00facleo esencial del derecho a la libertad (CP Art. 28), pues tiene la virtud de aminorar el tiempo de duraci\u00f3n de la pena a trav\u00e9s de su rebaja o redenci\u00f3n\u201d<a name=\"_ftnref139\"><\/a>[139].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"121\">\n<li>La dignificaci\u00f3n del trabajo debe entenderse desde las particularidades de la vida en reclusi\u00f3n y en funci\u00f3n del sistema de redenci\u00f3n como mecanismo de resocializaci\u00f3n. El trabajo es el <em>puente<\/em> para hacer ese tr\u00e1nsito, m\u00e1s expedito y claro, hacia la libertad y la inclusi\u00f3n social. Tal y como ha recordado este tribunal:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201cLa m\u00e1xima aspiraci\u00f3n del preso es recobrar su libertad. Uno de los medios para lograrlo es el trabajo, el cual por disposici\u00f3n legal tiene <em>incidencia directa<\/em> en la rebaja de pena. Las oportunidades de trabajo y las garant\u00edas para el goce permanente de este derecho en las c\u00e1rceles posibilitan al recluso alimentar su esperanza de libertad mediante un esfuerzo resocializador que dignifica su existencia\u201d<a name=\"_ftnref140\"><\/a>[140].<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"122\">\n<li>Es razonable entonces que el legislador regulara algunos elementos de la redenci\u00f3n de la pena dentro de una reforma laboral que apuntaba a propiciar las condiciones para un trabajo digno, particularmente para los sectores m\u00e1s vulnerables. El trabajo digno en prisi\u00f3n necesariamente incide en la redenci\u00f3n de la pena y, en \u00faltimas, en los anhelos de libertad de la poblaci\u00f3n reclusa.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4>(iv) <em>Conexidad sistem\u00e1tica<\/em>: la norma acusada traza un puente entre el trabajo en prisi\u00f3n y en libertad, y con ello forja un entramado integral de protecci\u00f3n al trabajo<\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"123\">\n<li>De acuerdo con el Gobierno nacional, el art\u00edculo 19 de la Ley 2466 de 2025 puede asumirse como un \u201cpuente normativo entre el mundo penitenciario y la sociedad libre, dado que no se limita a ofrecer beneficios intracarcelarios, sino que extiende los efectos positivos del trabajo a la vida posterior; dando cumplimiento de forma integral al fin resocializador de la pena y con la garant\u00eda del derecho al trabajo como condici\u00f3n necesaria para la dignidad y la reintegraci\u00f3n social\u201d<a name=\"_ftnref141\"><\/a>[141].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"124\">\n<li>Tal lectura resulta razonable y explica por qu\u00e9 el legislador opt\u00f3 por incluir, dentro de una reforma laboral, las condiciones especiales de redenci\u00f3n en la pena por trabajo. Si bien esta no era la \u00fanica alternativa posible \u2012de hecho, el C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario conten\u00eda anteriormente las condiciones de redenci\u00f3n\u2012, es v\u00e1lido que el legislador se haya inclinado por trazar un hilo conductor entre el derecho laboral y el derecho penitenciario, que inicia por un incentivo (redenci\u00f3n en la pena) para la actividad productiva de la poblaci\u00f3n privada de la libertad, lo que, a su vez, aumenta la participaci\u00f3n en este tipo de actividades y se alinea con el objeto de la reforma laboral (trabajo decente y digno) y as\u00ed maximiza su eficacia en una poblaci\u00f3n hist\u00f3ricamente excluida<a name=\"_ftnref142\"><\/a>[142].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"125\">\n<li>Por otro lado, y contrario a la tesis que esgrimi\u00f3 el demandante, las normas jur\u00eddicas no necesariamente se enmarcan en una \u00fanica \u00e1rea del derecho, ll\u00e1mese penal, administrativo, laboral, civil, etc. La norma acusada, precisamente, ejemplifica un asunto que incumbe tanto al derecho laboral como al derecho penitenciario. Como lo dijo en su intervenci\u00f3n la Universidad Nacional, \u201cla resocializaci\u00f3n no es un tema de \u00edndole exclusivamente penal, como si se tratase de un elemento que no puede ser abordado desde otras perspectivas\u201d<a name=\"_ftnref143\"><\/a>[143]. De hecho, el fin resocializador, por definici\u00f3n, se proyecta m\u00e1s all\u00e1 de los lugares de reclusi\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"126\">\n<li>La existencia de normas que se proyectan en varias \u00e1reas del derecho no es algo inusual y que ri\u00f1a con el ordenamiento. Por ejemplo, en la Sentencia C-212 de 2022 aval\u00f3 una norma administrativa sobre los canales de comunicaci\u00f3n de los ciudadanos con las entidades p\u00fablicas, pese a que estaba contenida en una ley sobre trabajo en casa<a name=\"_ftnref144\"><\/a>[144]. La Corte concluy\u00f3 que la norma respet\u00f3 el principio de unidad de materia pues si bien el citado precepto se relacionaba con aspectos del derecho administrativo y del derecho de las TIC, tambi\u00e9n guardaba una conexi\u00f3n razonable con el estatuto laboral en el que fue incluida<a name=\"_ftnref145\"><\/a>[145].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"127\">\n<li>En esta ocasi\u00f3n es razonable la elecci\u00f3n del legislador en tanto que el trabajo en prisi\u00f3n guarda una estrecha relaci\u00f3n con las condiciones de redenci\u00f3n de la pena. Como lo se\u00f1al\u00f3 la Defensor\u00eda del Pueblo, este dise\u00f1o potencia los objetivos de la reforma laboral pues la disposici\u00f3n acusada \u201casegura que el r\u00e9gimen laboral opere como un entramado integral, en el que no se excluyen sectores sociales por su condici\u00f3n, sino que se incluyen bajo una misma racionalidad normativa\u201d<a name=\"_ftnref146\"><\/a>[146]. Esa racionalidad justifica que la actividad productiva de las personas privadas de la libertad, y su impacto en la redenci\u00f3n de la pena, sea considerada dentro de una ley de reforma laboral.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Conclusi\u00f3n<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"128\">\n<li>Aunque la disposici\u00f3n acusada fue incorporada en un estado avanzado del tr\u00e1mite legislativo, esta evidencia una conexidad estrecha con el n\u00facleo tem\u00e1tico de la Ley 2466 de 2025. En efecto, la dignificaci\u00f3n del trabajo en un sentido amplio cobija a las actividades productivas en prisi\u00f3n (<em>conexidad tem\u00e1tica<\/em>). Precisamente, los desaf\u00edos relacionados con los obst\u00e1culos en la inserci\u00f3n laboral y la mitigaci\u00f3n de los factores de la discriminaci\u00f3n encuentran un correlato directo en la situaci\u00f3n que enfrentan las personas privadas de la libertad (<em>conexidad causal<\/em>). Superar esos factores de discriminaci\u00f3n pasa necesariamente por avanzar en la dignificaci\u00f3n del trabajo en clave de inclusi\u00f3n social, lo que para el caso de las personas privadas de la libertad se traduce en fijar las condiciones de redenci\u00f3n de la pena y de la eventual recuperaci\u00f3n de la libertad <em>(conexidad teleol\u00f3gica).<\/em> La elecci\u00f3n del legislador de abordar la redenci\u00f3n de la pena dentro de una reforma laboral es una elecci\u00f3n v\u00e1lida bajo la idea de un puente que articula el trabajo en reclusi\u00f3n con las oportunidades de redenci\u00f3n y la posterior empleabilidad en el mundo exterior; lo que forja un entramado integral de protecci\u00f3n al trabajo (<em>conexidad sistem\u00e1tica<\/em>).<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>VII. DECISI\u00d3N<\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n,<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>RESUELVE<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>\u00daNICO.<\/strong><\/b> Declarar <b><strong>EXEQUIBLE<\/strong><\/b>, por el cargo de vulneraci\u00f3n al principio de <em>unidad de materia<\/em>, la expresi\u00f3n \u201cse conceder\u00e1 la redenci\u00f3n de pena por trabajo a las personas privadas de la libertad y se les abonar\u00e1 dos d\u00edas de reclusi\u00f3n por tres d\u00edas de trabajo\u201d, contenida en el art\u00edculo 19 de la Ley 2466 de 2025, \u201cpor medio de la cual se modifica parcialmente normas laborales y se adopta una Reforma Laboral para el trabajo decente y digno en Colombia\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA<\/p>\n<p>Presidenta<\/p>\n<p>NATALIA \u00c1NGEL CABO<\/p>\n<p>Magistrada<\/p>\n<p>CARLOS CAMARGO ASSIS<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO\u00d1O<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>Ausente con permiso<\/p>\n<p>JUAN CARLOS CORT\u00c9S GONZ\u00c1LEZ<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>LINA MARCELA ESCOBAR MART\u00cdNEZ<\/p>\n<p>Magistrada<\/p>\n<p>VLADIMIR FERN\u00c1NDEZ ANDRADE<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>JORGE ENRIQUE IB\u00c1\u00d1EZ NAJAR<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>MIGUEL POLO ROSERO<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ<\/p>\n<p>Secretaria General<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a name=\"_ftn1\"><\/a>[1] Senador de la Rep\u00fablica de Colombia para el periodo 2022-2026.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn2\"><\/a>[2] Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, art\u00edculo 158<em>.<\/em> Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y ser\u00e1n inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El Presidente de la respectiva comisi\u00f3n rechazar\u00e1 las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones ser\u00e1n apelables ante la misma comisi\u00f3n. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicar\u00e1 en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn3\"><\/a>[3] Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, art\u00edculo<em> 169.<\/em> El t\u00edtulo de las leyes deber\u00e1 corresponder precisamente a su contenido, y a su texto preceder\u00e1 esta f\u00f3rmula: \u201cEl Congreso de Colombia, DECRETA\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn4\"><\/a>[4] Puntualmente, se indic\u00f3 que los cargos presentados carec\u00edan de <em>claridad<\/em>, <em>especificidad<\/em> y <em>suficiencia.<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn5\"><\/a>[5] En concreto, se invit\u00f3 a la Defensor\u00eda del Pueblo, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Fundaci\u00f3n Acci\u00f3n Interna, Temblores ONG, el Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, la Escuela Nacional Sindical, la Asociaci\u00f3n Colombiana de las Micro, Peque\u00f1as y Medianas Empresas (ACOPI), la Asociaci\u00f3n Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la Academia Colombiana de Jurisprudencia, la Escuela de Investigaci\u00f3n y Pensamiento Penal <em>Luis Carlos P\u00e9rez \u2013<\/em> Polcrymed, a la Facultad de Derecho, Ciencias Pol\u00edticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Derecho y Ciencias Pol\u00edticas de la Universidad de Antioquia, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario; la Facultad de Derecho y Ciencias Pol\u00edticas de la Universidad del Valle, la Facultad de Estudios Jur\u00eddicos, Pol\u00edticos e Internacionales de la Universidad de la Sabana y la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn6\"><\/a>[6] Este ac\u00e1pite es desarrollado con base en los textos presentados por el accionante en el expediente D-16.736. Documentos de \u201cDemanda ciudadana\u201d y de \u201cCorrecci\u00f3n de la demanda\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn7\"><\/a>[7] Para explicar el desarrollo jurisprudencial de este principio, el demandante cit\u00f3 las sentencias C-837 de 2001, C-778 de 2003 y C-188 de 2006.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn8\"><\/a>[8] Expediente digital, demanda ciudadana, p. 7.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn9\"><\/a>[9] Corte Constitucional, Sentencia C-830 de 2013.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn10\"><\/a>[10] Ley 2466 de 2025, art. 1.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn11\"><\/a>[11] El actor se\u00f1ala la jornada laboral, la protecci\u00f3n frente al despido, la formalizaci\u00f3n del empleo, el trabajo en plataformas digitales, el trabajo rural, la protecci\u00f3n del derecho de asociaci\u00f3n, la negociaci\u00f3n colectiva, el r\u00e9gimen disciplinario laboral, la igualdad en el trabajo y los mecanismos para erradicar el acoso y la discriminaci\u00f3n laboral. Expediente digital, demanda ciudadana, p. 7.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn12\"><\/a>[12] El art\u00edculo demandado se encuentra en el Cap\u00edtulo III de la ley, denominado \u201cMedidas para la eliminaci\u00f3n de la violencia, el acoso y la discriminaci\u00f3n en el mundo del trabajo\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn13\"><\/a>[13] Expediente D-16.736, <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=116434\">demanda ciudadana<\/a>, p. 8.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn14\"><\/a>[14] <em>Ibid., <\/em>p. 9.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn15\"><\/a>[15] <em>Ibidem.<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn16\"><\/a>[16] <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn17\"><\/a>[17] Expediente D-16.736, <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=119431\">escrito de subsanaci\u00f3n<\/a>, p. 2.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn18\"><\/a>[18] <em>Ibid. p. 3<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn19\"><\/a>[19] <em>Ibid<\/em>., p. 11.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn20\"><\/a>[20] <em>Ibid., <\/em>p. 13.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn21\"><\/a>[21] \u201cEl contenido del punto 2.5 se reestructura y transforma en un cargo aut\u00f3nomo e independiente, fundado en la presunta vulneraci\u00f3n de los principios de consecutividad e identidad flexible previstos en los art\u00edculos 157 y 160 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u201d. Expediente D-16.736, <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=119431\">escrito de subsanaci\u00f3n<\/a>, p. 1.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn22\"><\/a>[22] En efecto, el art\u00edculo 6 del Decreto 2067 de 1991 prescribe que, en la etapa procesal de la correcci\u00f3n de la demanda de inconstitucionalidad, el actor debe limitarse a satisfacer las exigencias se\u00f1aladas por la magistrada o el magistrado sustanciador en el auto de inadmisi\u00f3n; de modo que, si su deseo es agregar un nuevo cargo de constitucionalidad tendr\u00e1 la posibilidad de formular una nueva demanda ciudadana. Esto ha sido se\u00f1alado por la Corte, entre otros, en los autos A-063 de 2021 y A-1689 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn23\"><\/a>[23] Para este total se tuvo en cuenta que el ciudadano Michel Anderson Botello Mojica alleg\u00f3 dos intervenciones, los d\u00edas 18 y 25 de septiembre de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn24\"><\/a>[24] Fundaci\u00f3n Jur\u00eddica Proyecto Inocencia, Fundaci\u00f3n Acci\u00f3n Interna, Universidad Santo Tom\u00e1s Seccional Bucaramanga, Defensor\u00eda del Pueblo, Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia, Michael Anderson Botello Mojica, Asociaci\u00f3n Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Gobierno Nacional, Universidad Libre de Colombia y la intervenci\u00f3n del se\u00f1or Adolfo Le\u00f3n Cort\u00e9s S\u00e1nchez.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn25\"><\/a>[25] Las intervenciones extempor\u00e1neas que solicitaban la exequibilidad de la disposici\u00f3n acusada fueron tres: <em>(i)<\/em> Cl\u00ednica jur\u00eddica en Derechos Humanos de la Universidad Santiago de Cali, del 19 de septiembre de 2025 (en tanto que fue recibida el 18 de septiembre a las 21:52 horas), suscrita por el docente Jorge Armando Cruz Buitrago y los estudiantes Mar\u00eda Paula Barrero Sandoval, Nicolas G\u00f3mez Vi\u00e1fara, Emanuel Banguera Riascos, Diana Alejandra Mu\u00f1oz Meza, Daniela Ortega Henao, Ana Catalina Brice\u00f1o L\u00f3pez, Manuel Alejandro Cata\u00f1o Restrepo, Sindy Janeth Valencia Portocarrero, Laura Marcela Herrera Balanta, Wendy Natalia Fern\u00e1ndez Parra, Janin Alejandra L\u00f3pez Figueroa, Isabella Hurtado Murillo y Jenely Fabiana Cuellar S\u00e1nchez; <em>(ii)<\/em> el Semillero en Derecho Penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana del 22 de septiembre de 2025 (se recibi\u00f3 el s\u00e1bado 20 de septiembre), suscrita por Norberto Hern\u00e1ndez Jim\u00e9nez, en calidad de tutor; y, <em>(iii)<\/em> la intervenci\u00f3n del se\u00f1or Michel Anderson Botello Mojica, quien radic\u00f3 dos escritos pronunci\u00e1ndose sobre la constitucionalidad de la norma acusada, los d\u00edas 18 (9:32 horas) y 25 de septiembre de 2025. Para efectos de esta decisi\u00f3n, solo se considerar\u00e1 el primero de los escritos, el cual fue remitido dentro del t\u00e9rmino de fijaci\u00f3n en lista. Por su parte, <em>(iv)<\/em> la Cl\u00ednica de Inter\u00e9s P\u00fablico en Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda del 19 de septiembre de 2025, suscrita por Hern\u00e1n Gonzalo Jim\u00e9nez Barrero, Camilo Guzm\u00e1n, Wilmar Javier Medina, Brenda Parra y Alejandra Valdivieso, en calidad de docentes y estudiante, solicitaba la inexequibilidad de la expresi\u00f3n demanda.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn26\"><\/a>[26] Informaci\u00f3n disponible al p\u00fablico, con el n\u00famero de radicado del proceso (D-16.736), en el buscador de la Secretar\u00eda General de la Corte Constitucional: <a href=\"https:\/\/n9.cl\/am420\">https:\/\/n9.cl\/am420<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn27\"><\/a>[27] Intervenci\u00f3n de la Fundaci\u00f3n Proyecto Inocencia, del 10 de septiembre de 2025, suscrita por Natalia Alexandra Insuasty Daza, en calidad de representante legal.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn28\"><\/a>[28] Intervenci\u00f3n de la fundaci\u00f3n Acci\u00f3n Interna, del 11 de septiembre de 2025, suscrita por Johanna Baham\u00f3n, en calidad de representante legal.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn29\"><\/a>[29] Intervenci\u00f3n del semillero \u201c<em>core crimes<\/em> &#8211; derecho penal internacional\u201d de la Universidad Santo Tom\u00e1s, Seccional Bucaramanga, del 13 de septiembre de 2025, suscrita por Andr\u00e9s Hernando Luna Osorio, en calidad de tutor.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn30\"><\/a>[30] Intervenci\u00f3n de la Defensor\u00eda del Pueblo, del 16 de septiembre de 2025, suscrita por la Defensora del Pueblo, Iris Mar\u00edn Ortiz.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn31\"><\/a>[31] Intervenci\u00f3n del Grupo de Prisiones y el \u00c1rea de Derecho Laboral del Consultorio Jur\u00eddico de la Universidad de los Andes, del 16 de septiembre de 2025. Suscrita por Mar\u00eda Isabel Mora Bautista, N\u00e9stor Javier Ortiz D\u00edaz, Adri\u00e1n Felipe Urango G\u00f3mez y Jherson Andr\u00e9s Cancino Joya, en calidad de docentes y estudiantes.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn32\"><\/a>[32] Intervenci\u00f3n del Observatorio de jurisprudencia de la Escuela de Investigaci\u00f3n y Pensamiento Penal \u201cLuis Carlos P\u00e9rez\u201d de la Universidad Nacional de Colombia, del 17 de septiembre de 2025. Suscrita por Fabiana Luc\u00eda Pati\u00f1o, Laura Sophia Rico Useche, Juan Esteban Ariza G\u00f3mez, Rodrigo Andr\u00e9s Lotero Cort\u00e9s, Juan Pablo Parra Castrill\u00f3n, David Nicol\u00e1s Torres Pastrana y Mauricio Cristancho Ariza, en calidad de integrantes del mencionado observatorio.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn33\"><\/a>[33] Intervenci\u00f3n del Gobierno nacional, del 18 de septiembre de 2025, suscrita conjuntamente por Carolina Jim\u00e9nez Bellicia<b><strong>, <\/strong><\/b>como coordinadora del Grupo Gerencia de Defensa Judicial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica; Duvier Alfonso L\u00f3pez Ortiz<b><strong>, <\/strong><\/b>actuando en calidad de apoderado del Ministerio del Trabajo; y Ferney Baquero Figueredo, actuando en su condici\u00f3n de director de desarrollo del derecho y del ordenamiento jur\u00eddico del Ministerio de Justicia y del Derecho.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn34\"><\/a>[34] Intervenci\u00f3n del Observatorio de Intervenci\u00f3n Ciudadana de la Universidad Libre de Bogot\u00e1, del 18 de septiembre de 2025, suscrito por Jorge Kenneth Burbano Villamar\u00edn, Kimberly Guzm\u00e1n G\u00f3mez y Mar\u00eda Camila Zumaque S\u00e1nchez, en calidad e integrantes del observatorio.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn35\"><\/a><sup>[35]<\/sup> Intervenci\u00f3n del se\u00f1or Michael Anderson Botello Mojica, del 18 de septiembre de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn36\"><\/a>[36] Intervenci\u00f3n de la Asociaci\u00f3n Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), del 18 de septiembre de 2025, suscrita por Alfonso Palacios Torres, en calidad de vicepresidente jur\u00eddico.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn37\"><\/a>[37] Intervenci\u00f3n del ciudadano Adolfo Le\u00f3n Cort\u00e9s S\u00e1nchez, del 13 de septiembre de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn38\"><\/a>[38] En concreto, el interviniente solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n provisional de la norma acusada \u201crespecto de decisiones administrativas o judiciales que modifiquen readecuaciones ya reconocidas o que reconozcan nuevas redenciones seg\u00fan la f\u00f3rmula impugnada, hasta que se resuelva el fondo\u201d. En su parecer, la aplicaci\u00f3n del inciso produce \u201cefectos irreparables o de dif\u00edcil reparaci\u00f3n: (i) readecuaciones de penas que var\u00edan la libertad efectiva de terceros; (ii) decisiones administrativas contradictorias; (iii) trato desigual entre internos en proceso de rehabilitaci\u00f3n; (iv) vulneraci\u00f3n de la seguridad jur\u00eddica de condenados y v\u00edctimas\u201d. Al respecto, la Corte reitera que, de conformidad con lo establecido en el Auto 272 de 2023, las medidas provisionales en acciones p\u00fabicas de inconstitucionalidad son excepcionales. En el presente caso, es importante se\u00f1alar que ni la magistrada sustanciadora ni ning\u00fan otro magistrado de la Sala Plena consideraron la necesidad de proponer una suspensi\u00f3n provisional en este expediente.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn39\"><\/a>[39] Concepto del Procurador General de la Naci\u00f3n, Gregorio Eljach Pacheco, n\u00famero 7518, con fecha del 16 de octubre de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn40\"><\/a><sup>[40]<\/sup> Refiri\u00f3 el concepto la Sentencia T-429 de 2010, en la que se se\u00f1al\u00f3 que \u201cel trabajo penitenciario debe ser entendido, en parte, como una retribuci\u00f3n que recibe el preso por las jornadas realizadas\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn41\"><\/a>[41] Intervenci\u00f3n de la fundaci\u00f3n Proyecto Inocencia, del 10 de septiembre de 2025, suscrita por Natalia Alexandra Insuasty Daza, en calidad de representante legal, p. 3.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn42\"><\/a>[42] Expediente D-16.736. Escrito de la demanda, pp. 9-10.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn43\"><\/a>[43] Esta Corte ha evitado volver a reabrir la calificaci\u00f3n de la aptitud de la demanda, ante los cuestionamientos generales de los intervinientes. Ver, por ejemplo, Sentencia C-100 de 2022, p\u00e1rrs. 2 y 3.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn44\"><\/a>[44] La Sala Plena es competente para estudiar la aptitud de la demanda, m\u00e1s all\u00e1 de los reparos que pudieron haber formulado los intervinientes. Al respecto, se pueden consultar las sentencias C\u2013055 de 2025 y C-337 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn45\"><\/a>[45] Senador de la Rep\u00fablica de Colombia para el periodo 2022-2026.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn46\"><\/a>[46] Expediente D-16.736, <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=116434\">demanda ciudadana<\/a>, p. 8.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn47\"><\/a>[47] Corte Constitucional, Sentencia C-113 de 2024, p\u00e1rr. 40.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn48\"><\/a>[48] Corte Constitucional, Sentencia C-110 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn49\"><\/a>[49] En un sentido similar, ver Corte Constitucional, Sentencia C-019 de 2024, p\u00e1rr. 78.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn50\"><\/a>[50] Este cap\u00edtulo retoma, principal, las consideraciones expuestas en las sentencias C-113 de 2024, C-019 de 2024 y C-212 de 2022.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn51\"><\/a>[51] Corte Constitucional, Sentencia C-212 de 2022.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn52\"><\/a>[52] Corte Constitucional, Sentencia C-152 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn53\"><\/a>[53] Las citas textuales corresponden a la sentencia C-162 de 2021. Reiteradas en la Sentencia C-212 de 2022.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn54\"><\/a>[54] Corte Constitucional, Sentencia C-212 de 2022, p\u00e1rr. 118.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn55\"><\/a>[55] El nivel de escrutinio es distinto frente a cierto tipo de normas que incluyen par\u00e1metros de an\u00e1lisis adicionales y m\u00e1s exigentes. Por ejemplo, frente a leyes de presupuesto (C-079 de 2025), o aquellas que contienen planes nacionales de desarrollo (C-244 de 2025).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn56\"><\/a>[56] Corte Constitucional, sentencias C-992 de 2001, C-188 de 2006, C-620 de 2016 y C-019 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn57\"><\/a>[57] \u201c[S]urge un mandato de prelaci\u00f3n a favor del principio b\u00e1sico de autonom\u00eda legislativa, siendo exigible un esfuerzo argumentativo mayor por parte de la Corte, para declarar que una disposici\u00f3n vulnera lo previsto en los art\u00edculos 158 y 169 de la Carta\u201d. Corte Constitucional, Sentencia C-212 de 2022.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn58\"><\/a>[58] Corte Constitucional, sentencias C-475 de 2006 y C-138 de 2007.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn59\"><\/a>[59] Corte Constitucional, Sentencia C-212 de 2022.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn60\"><\/a>[60] Corte Constitucional, sentencias C-852 de 2005 y C-353 de 2017.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn61\"><\/a>[61] Corte Constitucional, Sentencia C-019 de 2024, p\u00e1rrs. 110 y 111.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn62\"><\/a>[62] Corte Constitucional, Sentencias C-084 de 2019.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn63\"><\/a>[63] Corte Constitucional, Sentencia C-580 de 1996.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn64\"><\/a>[64] <em>Ibidem.<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn65\"><\/a>[65] Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, pre\u00e1mbulo.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn66\"><\/a>[66] Proyecto de Acto Reformatorio de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia No. 63. \u201cEl trabajo como valor fundamental\u201d. Asamblea Nacional Constituyente, Gaceta 23, 19 de marzo de 1991, p. 2.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn67\"><\/a>[67] <em>Ibid.<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn68\"><\/a>[68] <em>Ibid.<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn69\"><\/a>[69] <em>Ibid.<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn70\"><\/a>[70] <em>Ibid.<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn71\"><\/a>[71] <em>Ibid.<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn72\"><\/a>[72] Corte Constitucional, Sentencia C-580 de 1996.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn73\"><\/a>[73] \u201cEl trabajo, en su triple naturaleza constitucional, es un valor fundante de nuestro r\u00e9gimen democr\u00e1tico y del Estado Social de Derecho (CP art. 1), un derecho fundamental (CP art. 25) de desarrollo legal estatutario (CP art. 53) y una obligaci\u00f3n social\u201d. Corte Constitucional, Sentencia T-009 de 1993.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn74\"><\/a>[74] Proyecto de Acto Reformatorio de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia No. 63. \u201cEl trabajo como valor fundamental\u201d. Asamblea Nacional Constituyente, Gaceta 23, 19 de marzo de 1991, p. 2.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn75\"><\/a>[75] Ver, por ejemplo, la Sentencia T-775 de 2014. La Corte estudi\u00f3 el caso de un hombre que aleg\u00f3 la configuraci\u00f3n de un defecto f\u00e1ctico y el desconocimiento del precedente en una providencia que neg\u00f3 la existencia de una relaci\u00f3n laboral entre \u00e9l y el Instituto Mar\u00eda Auxiliadora y el Municipio de Galapa, en donde se desempe\u00f1\u00f3 varios a\u00f1os como celador y jornalero. La Corte consider\u00f3 que se configuraron los defectos, concedi\u00f3 el amparo y orden\u00f3 dictar sentencia de reemplazo.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn76\"><\/a>[76] En la Sentencia C-400 de 2024, la Sala Plena estudi\u00f3 una demanda contra el art\u00edculo 24 (parcial) de la Ley 2121 de 2021, que regula las tareas de cuidado y permite que los trabajadores remotos que tengan a su cargo el cuidado exclusivo de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, menores de 14 a\u00f1os, personas en condici\u00f3n de discapacidad y adultos mayores, todos en primer grado de consanguinidad, puedan tener flexibilidad horaria. En esta sentencia la Corte reconoci\u00f3 el cuidado como una labor \u2013en muchos casos no remunerada\u2013 necesaria para el sostenimiento de la vida. Asimismo, en la Sentencia C-415 de 2022, la Corte se refiri\u00f3 expresamente a la organizaci\u00f3n social de los cuidados y al hecho de que cuando no existe Estado de Bienestar organizado, las labores de cuidado se gestionan por una decisi\u00f3n aut\u00f3noma que, por regla general, es limitada y se traduce en trabajo no remunerado que impacta intensamente a las mujeres.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn77\"><\/a>[77] Corte Constitucional, Sentencia T-109 de 2021. En esta oportunidad la Corporaci\u00f3n estudi\u00f3 el caso de una se\u00f1ora que desempe\u00f1\u00f3 el cargo de modelo webcam y quien consider\u00f3 vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo, m\u00ednimo vital, estabilidad laboral reforzada, salud y seguridad social. Durante el desempe\u00f1o de su oficio qued\u00f3 en estado de embarazo y, a ra\u00edz de ello, tuvo ciertas incapacidades. Su empleador la desvincul\u00f3 del sistema de salud y le pidi\u00f3 que no volviera al trabajo. La Corte Constitucional encontr\u00f3 que existi\u00f3 en la materialidad una relaci\u00f3n laboral, sustentada en la prestaci\u00f3n personal del servicio, la subordinaci\u00f3n y la remuneraci\u00f3n. As\u00ed las cosas, revoc\u00f3 la sentencia de segunda instancia y declar\u00f3 la existencia de un contrato de trabajo.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn78\"><\/a>[78] Decreto 1069 de 2015 (<b><strong>Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho<\/strong><\/b>), art. 2.2.1.10.1.1.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn79\"><\/a>[79] Corte Constitucional, Sentencia T-388 de 2013, secci\u00f3n 7.11.25.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn80\"><\/a>[80] \u201cEl sentido \u00faltimo de un sistema penitenciario y carcelario es lograr la resocializaci\u00f3n y reintegraci\u00f3n de las personas que fueron privadas de la libertad. Al lado de la funci\u00f3n retributiva de la pena,[461] la resocializaci\u00f3n ha de ser el principal objetivo de la reclusi\u00f3n, junto con la disuasi\u00f3n, la principal garant\u00eda de no repetici\u00f3n.[462] Se pretende que la reclusi\u00f3n y la penitencia transformen a la persona que ha atentado gravemente la convivencia en sociedad, para que pueda regresar a vivir sin romper las m\u00ednimas reglas de armon\u00eda. Las limitaciones que la disciplina impone a las personas recluidas, de hecho, encuentran su principal justificaci\u00f3n en ser necesarias para lograr tal prop\u00f3sito. La resocializaci\u00f3n es una de las principales garant\u00edas de no repetici\u00f3n para las v\u00edctimas y para los derechos de las personas en general\u201d. Corte Constitucional, Sentencia T-388 de 2013, secci\u00f3n 7.11.1.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn81\"><\/a>[81] Corte Constitucional, Sentencia SU-306 de 2023. p\u00e1rr. 159.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn82\"><\/a>[82] Corte Constitucional, Sentencia SU-122 de 2022, p\u00e1rr. 328.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn83\"><\/a>[83] Corte Constitucional, Sentencia C-580 de 1996, secci\u00f3n 3.3.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn84\"><\/a>[84] Corte Constitucional, Sentencia T-1303 de 2005, reiterada en las sentencias T-330 de 2022 y T-003 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn85\"><\/a><sup>[85]<\/sup> Esta posici\u00f3n fue reiterada en la Sentencia T-009 de 1993.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn86\"><\/a>[86]Corte Constitucional, Sentencia SU-306 de 2023, p\u00e1rr. 241.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn87\"><\/a><sup>[87]<\/sup> Corte Constitucional, Sentencia T-009 de 1993.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn88\"><\/a><sup>[88]<\/sup> Corte Constitucional, Sentencia C-394 de 1995.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn89\"><\/a><sup>[89]<\/sup> Corte Constitucional, Sentencia T-1077 de 2005, cap\u00edtulo sobre \u201cla naturaleza del trabajo carcelario\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn90\"><\/a><sup>[90]<\/sup> Corte Constitucional, Sentencia T-429 de 2010, cap\u00edtulo 3.3 sobre \u201cEl trabajo penitenciario en la doctrina y en la jurisprudencia\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn91\"><\/a>[91] Corte Constitucional, Sentencia SU-306 de 2023, p\u00e1rr. 159.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn92\"><\/a>[92] Corte Constitucional, Sentencia T-003 de 2024, p\u00e1rr. 123.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn93\"><\/a><sup>[93]<\/sup> De acuerdo con la Sentencia T-003 de 2024, el trabajo penitenciario tiene distintas finalidades como \u201dla evidente vinculaci\u00f3n de este derecho espec\u00edfico con la libertad personal en la medida que, dada su potencialidad redentora, promueve, propicia y acerca la esperanza de libertad\u201d. Al respecto, ver tambi\u00e9n la Sentencia T-429 de 2010.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn94\"><\/a>[94] Ley 65 de 1993, art. 10.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn95\"><\/a>[95] <em>Ibid.<\/em>, art. 82.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn96\"><\/a>[96] Decreto 1069 de 2015, art. 2.2.1.10.1.1.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn97\"><\/a>[97] Ley 65 de 1993, \u201cPor la cual se expide el C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario\u201d, art. 79.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn98\"><\/a>[98]<em>Ibid<\/em>., art. 10.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn99\"><\/a>[99] <em>Ibid.<\/em>, art. 79.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn100\"><\/a>[100] Consultada el 30 de enero de 2026, en <a href=\"https:\/\/www.mintrabajo.gov.co\/documents\/20147\/67466765\/0684.pdf\/b0d4ff6b-8d35-a2d8-440b-606da0652f32?t=1710195992136\">https:\/\/www.mintrabajo.gov.co\/documents\/20147\/67466765\/0684.pdf\/b0d4ff6b-8d35-a2d8-440b-606da0652f32?t=1710195992136<\/a><\/p>\n<p><a name=\"_ftn101\"><\/a>[101] \u201cEl derecho al trabajo es una garant\u00eda que se encuentra restringida en virtud de la relaci\u00f3n de sujeci\u00f3n que surge entre el recluso y el Estado\u201d. Corte Constitucional, Sentencia SU-122 de 2022, p\u00e1rr. 324.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn102\"><\/a>[102] Constituci\u00f3n de 1991, art. 53.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn103\"><\/a>[103] Decreto 2663 de 1950.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn104\"><\/a>[104] Esta iniciativa fue impulsada por la entonces Ministra de Trabajo, Gloria In\u00e9s Ram\u00edrez R\u00edos, bajo el n\u00famero de radicado 166\/23 C\u00e1mara y 311\/24 Senado. Esta iniciativa fue acumulada con los Proyecto de Ley No. 192 y 256 de 2023 C\u00e1mara y posteriormente recibi\u00f3 el n\u00famero 311 de 2024 Senado, \u201cpor medio del cual se adopta una reforma laboral para el trabajo digno y decente en Colombia\u201d. La exposici\u00f3n de motivos se puede consultar en la Gaceta del Congreso n\u00ba 1152 del 25 de agosto de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn105\"><\/a>[105] Intervenci\u00f3n del Gobierno nacional, del 18 de septiembre de 2025, p. 3.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn106\"><\/a>[106] Acta Segundo debate Plenaria C\u00e1mara de Representantes sesi\u00f3n ordinaria del 17 de octubre de 2024, publicada en la Gaceta del Congreso No.774 de 2025 del 22 de mayo de 2025, p\u00e1g. 34.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn107\"><\/a>[107] Ponencias positivas primer debate Senado, publicadas en las Gacetas del Congreso No. 2250 de 2024 del 17 de diciembre de 2024, No. 257 y No. 260 del 11 de marzo de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn108\"><\/a>[108] Texto definitivo aprobado primer debate Senado, publicado en la Gaceta del Congreso No.870 del 04 de junio de 2025, p\u00e1g.5.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn109\"><\/a>[109] Al momento de sustanciar esta ponencia, el despacho no contaba con la Gaceta correspondiente al debate ante la plenaria del Senado de la Rep\u00fablica. Para presentar este contexto, se recurri\u00f3 entonces a la grabaci\u00f3n oficial de la transmisi\u00f3n, disponible en el canal del Congreso de la Rep\u00fablica, en la plataforma de \u201cYoutube\u201d <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=yzHSNeyzvdQ\">https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=yzHSNeyzvdQ<\/a><\/p>\n<p><a name=\"_ftn110\"><\/a>[110] Informe de ponencia segundo debate Senado, publicado en las Gacetas del Congreso No.870 del 04 de junio de 2025, p\u00e1g.167 y 898 del 06 de junio de 2025, p\u00e1g.1.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn111\"><\/a>[111] La imagen original de la proposici\u00f3n se puede consultar en <a href=\"http:\/\/www.secretariasenado.gov.co\/cuatrienio-2022-2026\/legislatura-2024-2025\/plenarias-4\/junio-4\/jueves-12-de-junio-de-2025\/pl-311-de-2024-senado-166-de-2023-camara-acumulado-con-el-pl192-y-256-de-2023-camara-por-medio-del-cual-se-modifica-parcialmente-normas-laborales-y-se-adopta-una-reforma-laboral-para-el-trabajo-decente-y-digno-en-colombia-1\/15413-p-017-art-21-aprobado-pl-311-de-2024-senado-166-de-2023-camara-moreno-gustavo-y-varios-h-s\/file\">http:\/\/www.secretariasenado.gov.co\/cuatrienio-2022-2026\/legislatura-2024-2025\/plenarias-4\/junio-4\/jueves-12-de-junio-de-2025\/pl-311-de-2024-senado-166-de-2023-camara-acumulado-con-el-pl192-y-256-de-2023-camara-por-medio-del-cual-se-modifica-parcialmente-normas-laborales-y-se-adopta-una-reforma-laboral-para-el-trabajo-decente-y-digno-en-colombia-1\/15413-p-017-art-21-aprobado-pl-311-de-2024-senado-166-de-2023-camara-moreno-gustavo-y-varios-h-s\/file<\/a><\/p>\n<p><a name=\"_ftn112\"><\/a>[112] Segundo debate Senado de la Rep\u00fablica, transmisi\u00f3n de la sesi\u00f3n de plenaria del d\u00eda 12 de junio de 2025,<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=yzHSNeyzvdQ\">https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=yzHSNeyzvdQ<\/a>, (8:56:40)<\/p>\n<p><a name=\"_ftn113\"><\/a>[113] <em>Ibid<\/em>., (8:58:26 a 8:58:58)<\/p>\n<p><a name=\"_ftn114\"><\/a>[114] <em>Ibid<\/em>., 9.00.04 en adelante.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn115\"><\/a>[115] <em>Ibid.,<\/em> (9:01:23 a 9:09:41)<\/p>\n<p><a name=\"_ftn116\"><\/a>[116] <em>Ibid<\/em>., (9:00:09 a 9:01:18) (9:10:59 a 9:12:14)<\/p>\n<p><a name=\"_ftn117\"><\/a>[117] <em>Ibid<\/em>., (9:26:16)<\/p>\n<p><a name=\"_ftn118\"><\/a>[118] Informe de conciliaci\u00f3n al Senado de la Rep\u00fablica, publicado en la Gaceta del Congreso No.1075 del 19 de junio de 2025, p\u00e1g.27<\/p>\n<p><a name=\"_ftn119\"><\/a>[119] Texto definitivo aprobado primer debate Senado, publicado en la Gaceta del Congreso No.870 del 04 de junio de 2025, p\u00e1g.5.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn120\"><\/a>[120] Intervenci\u00f3n del Gobierno nacional, del 18 de septiembre de 2025, p. 13.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn121\"><\/a>[121] Intervenci\u00f3n de la fundaci\u00f3n Acci\u00f3n Interna, del 11 de septiembre de 2025, p. 11.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn122\"><\/a>[122] Gaceta del Congreso n\u00ba 1152 del 25 de agosto de 2023, p.2.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn123\"><\/a>[123] Gaceta del Congreso n\u00ba 1152 del 25 de agosto de 2023, pp.4-ss.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn124\"><\/a>[124] <em>Ibid<\/em>., pp. 20-24.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn125\"><\/a>[125] Ley 2466 de 2025, art. 68.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn126\"><\/a>[126] <em>Ibid<\/em>., art. 49.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn127\"><\/a>[127] <em>Ibid<\/em>., art.47.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn128\"><\/a>[128] <em>Ibid<\/em>., art. 36.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn129\"><\/a>[129] <em>Ibid<\/em>., art. 37.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn130\"><\/a>[130] Corte Constitucional, Sentencia T-388 de 2013, cap\u00edtulo 5.5.7.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn131\"><\/a>[131] Corte Constitucional, Sentencia C-026 de 2016, cap\u00edtulo 4.7.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn132\"><\/a>[132] Corte Constitucional, sentencias T-388 de 2013 y SU-122 de 2022.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn133\"><\/a>[133] Corte Constitucional, Sentencia T-344 de 2025, p\u00e1rr. 27.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn134\"><\/a>[134] Ley 2466 de 2025, cap\u00edtulo III del t\u00edtulo II.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn135\"><\/a>[135] <em>Ibid., <\/em>art. 18.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn136\"><\/a>[136] Intervenci\u00f3n del Observatorio de Intervenci\u00f3n Ciudadana de la Universidad Libre de Bogot\u00e1, del 18 de septiembre de 2025, suscrito por Jorge Kenneth Burbano Villamar\u00edn, Kimberly Guzm\u00e1n G\u00f3mez y Mar\u00eda Camila Zumaque S\u00e1nchez, en calidad e integrantes del observatorio, p. 10.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn137\"><\/a>[137] Las citas que se incluyen en este p\u00e1rrafo y el siguiente provienen de sentencias de salas de revisi\u00f3n que, a su vez, fueron reiteradas por la Sala Plena en la Sentencia SU-122 de 2022, por medio de la cual se extendi\u00f3 la declaraci\u00f3n del estado de cosas inconstitucional centros de detenci\u00f3n transitoria. All\u00ed, la Corte advirti\u00f3 que dichos centros transitorios impiden la pr\u00e1ctica del trabajo en prisi\u00f3n y con ello frustran los procesos de resocializaci\u00f3n (p\u00e1rrs. 329-331).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn138\"><\/a>[138] Corte Constitucional, Sentencia T-213 de 2011<\/p>\n<p><a name=\"_ftn139\"><\/a>[139] Corte Constitucional, sentencias T-601 de 1992, T-009 de 1993 y T-1077 de 2005.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn140\"><\/a>[140] Corte Constitucional, Sentencia T-009 de 1993. Reiterada en Sentencia SU-122 de 2022, p\u00e1rr. 327.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn141\"><\/a>[141] Intervenci\u00f3n del Gobierno nacional, del 18 de septiembre de 2025, p.12.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn142\"><\/a>[142] <em>Ibid<\/em>., p. 12.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn143\"><\/a>[143] Intervenci\u00f3n del Observatorio de jurisprudencia de la Escuela de Investigaci\u00f3n y Pensamiento Penal \u201cLuis Carlos P\u00e9rez\u201d de la Universidad Nacional de Colombia, del 17 de septiembre de 2025, p. 10.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn144\"><\/a>[144] El cargo por unidad de materia se dirigi\u00f3 contra el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 14 de la Ley 2088 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn145\"><\/a>[145] Corte Constitucional, C-212 de 2022, p\u00e1rr. 178.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn146\"><\/a>[146] Intervenci\u00f3n de la Defensor\u00eda del Pueblo, del 16 de septiembre de 2025, p. 13.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TEMAS-SUBTEMAS \u00a0 Sentencia C-030\/26 &nbsp; PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-No se vulnera por norma sobre redenci\u00f3n de la pena por trabajo de las personas privadas de la libertad contenida en reforma laboral &nbsp; Aunque la disposici\u00f3n acusada fue incorporada en un estado avanzado del tr\u00e1mite legislativo, esta evidencia una conexidad estrecha con el n\u00facleo tem\u00e1tico [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[160],"tags":[],"class_list":["post-31660","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentencias-2026"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31660","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31660"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31660\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31661,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31660\/revisions\/31661"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31660"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31660"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31660"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}