{"id":31662,"date":"2026-11-17T14:42:23","date_gmt":"2026-11-17T19:42:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/?p=31662"},"modified":"2026-11-17T14:42:23","modified_gmt":"2026-11-17T19:42:23","slug":"c-033-26","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/c-033-26\/","title":{"rendered":"C-033-26"},"content":{"rendered":"<p><b><strong>TEMAS-SUBTEMAS<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>Sentencia C-033\/26<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>RESERVA DE LEY EN REGIMEN DE CONTRATACION ESTATAL<\/strong><\/b>-Vulneraci\u00f3n por exceder los l\u00edmites de la potestad reglamentaria en materia de contrataci\u00f3n directa mediante asociaciones p\u00fablico populares<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) Los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 desconocen la reserva legal prevista en el inciso final del art\u00edculo 150 de la Constituci\u00f3n para la expedici\u00f3n del Estatuto General de Contrataci\u00f3n de la Administraci\u00f3n P\u00fablica, as\u00ed como los l\u00edmites constitucionales de la potestad reglamentaria del presidente de la Rep\u00fablica previstos en el numeral 11 del art\u00edculo 189 de la Carta. En relaci\u00f3n con el art\u00edculo 100, la vulneraci\u00f3n se configura porque la norma adiciona un nuevo evento de contrataci\u00f3n directa determinado principalmente por el factor subjetivo, sin definir de manera determinada y suficiente los sujetos destinatarios de la medida. En relaci\u00f3n con el art\u00edculo 101, la inconstitucionalidad se presenta porque la disposici\u00f3n establece una excepci\u00f3n o r\u00e9gimen contractual especial para las AIPPo, cuya regulaci\u00f3n se sujetar\u00eda exclusivamente a lo previsto en esa norma y en su reglamentaci\u00f3n, pese a que la ley solo regul\u00f3 algunos de los aspectos esenciales del instrumento y dej\u00f3 al reglamento la definici\u00f3n de materias propias del n\u00facleo reservado al EGCAP.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO<\/strong><\/b>-No vulneraci\u00f3n<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA EN LEY DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO<\/strong><\/b>-Conexidad directa e inmediata<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) la conexidad que existe entre los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 y la parte general del PND es directa. Esto es as\u00ed porque cumplen de manera cierta y concreta el mandato previsto en uno de los pilares del tercer catalizador del eje de transformaci\u00f3n seguridad humana y justicia social. De igual manera, la conexidad es inmediata, en la medida en que las normas acusadas realizan ese pilar, de suerte que su cumplimiento no depende de la intervenci\u00f3n de otra condici\u00f3n o circunstancia. En otras palabras, la conexidad entre las normas demandadas y la parte general del PND y el PNI es directa e inmediata -estrecha y verificable- porque la efectividad de esta se obtiene indefectible e inevitablemente de la ejecuci\u00f3n de aquellas.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA APLICADO EN LEY DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO<\/strong><\/b>-Reglas jurisprudenciales<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD POR VULNERACION DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA<\/strong><\/b>-Metodolog\u00eda<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA APLICADO EN LEY DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO<\/strong><\/b>-Excepciones a la prohibici\u00f3n de modificar nomas de car\u00e1cter permanente o que impliquen reformas estructurales<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) la jurisprudencia ha precisado que el PND podr\u00e1 modificar normas de car\u00e1cter permanente, si la norma cumple tres condiciones que deben ser valoradas con estricto rigor por la Corte. Estas condiciones son las siguientes (i) la modificaci\u00f3n debe tener un fin planificador y de impulso a la ejecuci\u00f3n del plan cuatrienal, es decir, debe \u201ccumplir los prop\u00f3sitos, objetivos y metas previstos [&#8230;] en la parte general del Plan Nacional de Desarrollo\u201d o, en otras palabras, constituir \u201cun mecanismo id\u00f3neo para impulsar el cumplimiento del plan\u201d; (ii) en el tr\u00e1mite legislativo, los congresistas debieron tener informaci\u00f3n sobre esa modificaci\u00f3n y debi\u00f3 existir \u201cla posibilidad de deliberar sobre este punto en el Congreso\u201d; y (iii) la medida debe estar precedida de una justificaci\u00f3n suficiente, ofrecida por el Gobierno nacional durante dicho tr\u00e1mite, en la que este explique cu\u00e1l es la funci\u00f3n de planeaci\u00f3n que cumple la norma, su car\u00e1cter instrumental y su idoneidad para ejecutar la parte general del PND y el PNI<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA APLICADO EN LEY DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO<\/strong><\/b>-Definici\u00f3n de la intensidad del escrutinio<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) La distinci\u00f3n de intensidades en el escrutinio responde a la naturaleza de las normas objeto de control: aquellas que por mandato constitucional deben ser reguladas en el marco de las competencias ordinarias del Legislador merecen un examen m\u00e1s riguroso, mientras que aquellas con un estricto fin planificador y vocaci\u00f3n temporal pueden someterse a un an\u00e1lisis menos riguroso, verificando \u00fanicamente su conexidad objetiva y razonable con los instrumentos del PND.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA APLICADO EN LEY DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO<\/strong><\/b>-Escrutinio de mayor intensidad<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>CONGRESO DE LA REPUBLICA<\/strong><\/b>-Competencia para expedir el Estatuto General de Contrataci\u00f3n de la Administraci\u00f3n P\u00fablica<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>En virtud del inciso final del art\u00edculo 150 de la Constituci\u00f3n, el Estatuto General de Contrataci\u00f3n de la Administraci\u00f3n P\u00fablica debe ser expedido por el Congreso de la Rep\u00fablica en ejercicio de sus competencias ordinarias. Esta Corporaci\u00f3n ha expresado que el EGCAP no necesariamente debe ser un \u00fanico cuerpo normativo, pues de \u00e9l pueden formar parte varias leyes que regulen diversas materias relacionadas con la contrataci\u00f3n estatal. Tambi\u00e9n ha sostenido que, a pesar de su especialidad, el legislador no puede fijar reglas de jerarqu\u00eda o de subordinaci\u00f3n de otras leyes ordinarias respecto del estatuto contractual, \u201cpues ello implicar\u00eda un desconocimiento de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u201d.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>RESERVA DE LEY EN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA<\/strong><\/b>-Jurisprudencia constitucional<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA<\/strong><\/b>-Premisas fundamentales<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>POTESTAD REGLAMENTARIA<\/strong><\/b>-Caracter\u00edsticas<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>La potestad reglamentaria tiene cuatro caracter\u00edsticas: es ordinaria porque es una funci\u00f3n constitucional de la Rama Ejecutiva, de suerte que su ejercicio no exige una habilitaci\u00f3n distinta a lo dispuesto en el art\u00edculo 189.11 de la Constituci\u00f3n. Tiene car\u00e1cter derivado, pues requiere de \u201cla preexistencia de un contenido material legislativo\u201d. Es decir, \u201csi el legislador no define ese presupuesto normativo b\u00e1sico estar\u00eda delegando en el Gobierno lo que la Constituci\u00f3n ha querido que no sea materia de reglamento sino de ley, pues el requisito fundamental que supone la potestad reglamentaria es la existencia previa de un contenido legal por reglamentar\u201d. Igualmente, la potestad reglamentaria es limitada porque se encuentra subordinada a la Constituci\u00f3n y a la ley. En consecuencia, no puede alterar o modificar su contenido o su esp\u00edritu y tampoco puede ocuparse de materias cuyo contenido est\u00e1 reservado al legislador. Esto significa que el reglamento tampoco puede zanjar las discrepancias interpretativas o las antinomias entre dos textos legales, pues esta es una competencia privativa del legislador. Por \u00faltimo, la potestad reglamentaria es permanente: puede ser ejercida por el presidente de la Rep\u00fablica sin ninguna limitaci\u00f3n temporal y cuantas veces sea necesario, mientras la ley se encuentre vigente.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>REP\u00daBLICA DE COLOMBIA<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>CORTE CONSTITUCIONAL<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>Sala Plena<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>SENTENCIA C-033 DE 2026<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Referencia: expediente D-15.486<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023, \u201cpor el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 \u2018Colombia Potencia Mundial de la Vida\u2019\u201d<\/h2>\n<h2><\/h2>\n<h2>Demandantes: Carolina Deik Acostamadiedo, Manuel Enrique Cifuentes Mu\u00f1oz, Alfredo Fuentes Hern\u00e1ndez y Luis Miguel G\u00f3mez Sj\u00f6berg<\/h2>\n<h2><\/h2>\n<p><b><strong>Conjuez ponente:<\/strong><\/b><\/p>\n<p>Ruth Stella Correa Palacio<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintis\u00e9is (2026)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en virtud de los requisitos y tr\u00e1mites establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, ha dictado la siguiente:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4><b><strong>SENTENCIA<\/strong><\/b><\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>S\u00edntesis de la decisi\u00f3n<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte Constitucional estudi\u00f3 una demanda de inconstitucionalidad presentada contra los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023, \u201c[p]or el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 \u2018Colombia Potencia Mundial de la Vida\u2019\u201d, disposiciones que regulaban las Asociaciones P\u00fablico Populares (APPo) y las Asociaciones de Iniciativa P\u00fablico Popular (AIPPo).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Los demandantes formularon tres cargos. <em>Primero<\/em>, sostuvieron que las disposiciones acusadas desconoc\u00edan el principio de unidad de materia porque no guardaban conexidad directa e inmediata con los objetivos, metas y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. <em>Segundo<\/em>, afirmaron que las normas vulneraban la reserva de ley en materia de contrataci\u00f3n estatal y exced\u00edan los l\u00edmites de la potestad reglamentaria, al delegar en el Gobierno nacional la definici\u00f3n de elementos esenciales de las modalidades contractuales creadas, entre otras cosas, relacionadas con los sujetos con los cuales se pod\u00edan celebrar tales contratos. <em>Tercero<\/em>, alegaron que las disposiciones violaban las libertades de empresa y competencia porque creaban un privilegio injustificado, desproporcionado e irrazonable a favor de las organizaciones y personas que formaban parte de la econom\u00eda popular.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Sala Plena concluy\u00f3, en primer lugar, que los art\u00edculos demandados no desconoc\u00edan el principio de unidad de materia. La Corte encontr\u00f3 acreditada la conexidad directa e inmediata entre las disposiciones acusadas y los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo relacionados con el fortalecimiento de la econom\u00eda popular y comunitaria, as\u00ed como con la ampliaci\u00f3n de mecanismos de participaci\u00f3n de estos actores en las compras y la contrataci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>No obstante, la Sala concluy\u00f3 que los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 desconocieron la reserva de ley prevista en el inciso final del art\u00edculo 150 de la Constituci\u00f3n para la expedici\u00f3n del Estatuto General de Contrataci\u00f3n de la Administraci\u00f3n P\u00fablica, as\u00ed como los l\u00edmites constitucionales de la potestad reglamentaria del presidente de la Rep\u00fablica previstos en el numeral 11 del art\u00edculo 189 de la Carta.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En tal sentido, estableci\u00f3 que, en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 100, la vulneraci\u00f3n se configur\u00f3 porque la norma adicion\u00f3 un nuevo evento de contrataci\u00f3n directa determinado principalmente por el factor subjetivo, sin definir de manera determinada y suficiente los sujetos destinatarios de la medida. En relaci\u00f3n con el art\u00edculo 101, la inconstitucionalidad se configur\u00f3 porque la disposici\u00f3n estableci\u00f3 una excepci\u00f3n o r\u00e9gimen contractual especial para las AIPPo, cuya regulaci\u00f3n se sujetar\u00eda exclusivamente a lo previsto en esa norma y en su reglamentaci\u00f3n, pese a que la ley solo regul\u00f3 algunos de los aspectos esenciales del instrumento y dej\u00f3 al reglamento la definici\u00f3n de materias propias del n\u00facleo reservado al EGCAP.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En ambos casos, la indeterminaci\u00f3n de los sujetos destinatarios de las normas y la remisi\u00f3n amplia al reglamento trasladaron al Ejecutivo la definici\u00f3n de temas que deb\u00edan ser regulados directamente por el legislador. Por consiguiente, estableci\u00f3 que las disposiciones acusadas vulneraron el principio de reserva de ley en materia contractual y alteraron el reparto constitucional de competencias entre el Congreso y el Gobierno nacional.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En consecuencia, la Corte declar\u00f3 inexequibles los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023. Dado que la decisi\u00f3n de inexequibilidad se fund\u00f3 en la prosperidad del segundo cargo, la Sala se abstuvo de emitir un pronunciamiento de fondo respecto del tercer cargo relacionado con la presunta vulneraci\u00f3n de las libertades econ\u00f3micas y la libre competencia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><b> <\/b><b><strong>ANTECEDENTES<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>Los ciudadanos Carolina Deik Acostamadiedo, Manuel Enrique Cifuentes Mu\u00f1oz, Alfredo Fuentes Hern\u00e1ndez y Luis Miguel G\u00f3mez Sj\u00f6berg presentaron acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad contra los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023, \u201cpor el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 \u2018Colombia Potencia Mundial de la Vida\u2019\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>En sesi\u00f3n del 7 de septiembre de 2023, la Sala Plena remiti\u00f3 el asunto al despacho del magistrado Alejandro Linares Cantillo para impartir el tr\u00e1mite correspondiente.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Mediante auto de 22 de septiembre de 2023, el magistrado sustanciador admiti\u00f3 los cargos por la presunta vulneraci\u00f3n de los art\u00edculos 113, 114, 150 (inciso final), 158, 189 (numeral 11), 333, 334 y 355 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Adem\u00e1s, inadmiti\u00f3 los cargos por el supuesto desconocimiento de los art\u00edculos 13, 29, 38, 84, 136 (numeral 1), 150 (numerales 3 y 10), 209 y 169 de la Constituci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>Los actores presentaron escrito de correcci\u00f3n de la demanda. Mediante auto del 17 de octubre de 2023, el magistrado sustanciador consider\u00f3 que los demandantes subsanaron los cargos relacionados con la transgresi\u00f3n del (i) numeral 1 del art\u00edculo 136 y (ii) del art\u00edculo 169 de la Constituci\u00f3n, \u201ccomo parte del argumento para sustentar el presunto desconocimiento de las competencias constitucionales del Congreso y del Ejecutivo de cara a la contrataci\u00f3n estatal y el principio material de unidad de materia en leyes del plan nacional de desarrollo, respectivamente, admitidos en el auto del 22 de septiembre de 2023\u201d<a name=\"_ftnref1\"><\/a>[1]. Esta providencia del 17 de octubre de 2023 rechaz\u00f3 los dem\u00e1s cargos de la demanda.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>En la misma oportunidad, el magistrado orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de pruebas. Adem\u00e1s, dispuso comunicar la iniciaci\u00f3n del proceso al presidente de la Rep\u00fablica, al Congreso de la Rep\u00fablica y a los ministerios de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, Transporte y Comercio, Industria y Turismo. Igualmente, orden\u00f3 fijar en lista el proceso e invit\u00f3 a intervenir en \u00e9l a diferentes instituciones p\u00fablicas y privadas<a name=\"_ftnref2\"><\/a>[2]. Por \u00faltimo, corri\u00f3 traslado a la entonces procuradora general de la naci\u00f3n para que rindiera concepto sobre el asunto.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>El 24 de octubre de 2023, los demandantes presentaron recurso de s\u00faplica contra el auto de rechazo. Mediante Auto 2839 del 15 de noviembre de 2023, la Sala Plena rechaz\u00f3 ese recurso.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li>El 4 de diciembre de 2023, el magistrado Linares Cantillo culmin\u00f3 su periodo constitucional. El 11 de enero de 2024, el magistrado entrante, Vladimir Fern\u00e1ndez Andrade, se declar\u00f3 impedido para conocer del asunto de la referencia. El 14 de febrero de 2024, la Sala Plena declar\u00f3 fundado el impedimento. En raz\u00f3n del sorteo realizado, el expediente fue remitido a la magistrada Cristina Pardo Schlesinger dos d\u00edas despu\u00e9s.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li>En auto de 19 de marzo de 2024, la magistrada Pardo Schlesinger orden\u00f3 dar tr\u00e1mite a lo dispuesto en los autos del 22 de septiembre y 17 de octubre de 2023. El proceso fue fijado en lista entre el 22 de marzo y el 11 de abril de 2024.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"9\">\n<li>Mediante el Auto 705 del 10 de abril de 2024, la Sala Plena encontr\u00f3 configurado un vicio de procedimiento en la publicaci\u00f3n del informe de conciliaci\u00f3n del proyecto de ley n\u00famero 274 de 2023 Senado y 338 de 2023 C\u00e1mara en la plenaria del Senado de la Rep\u00fablica, que culmin\u00f3 con la sanci\u00f3n de la Ley 2294 de 2023.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"10\">\n<li>En consecuencia, orden\u00f3 al presidente del Senado de la Rep\u00fablica que, en los t\u00e9rminos del inciso 2 del art\u00edculo 161 de la Constituci\u00f3n, \u201csometa a debate y votaci\u00f3n de la Plenaria del Senado de la Rep\u00fablica el informe de conciliaci\u00f3n sobre el proyecto de ley n\u00famero 274 de 2023 Senado, 338 de 2023 C\u00e1mara, antecedente legislativo de la Ley 2294 de 2023, publicado en la Gaceta 427 de 2023\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"11\">\n<li>En el tercer numeral de la citada decisi\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n dispuso la suspensi\u00f3n de \u201clos t\u00e9rminos para la tramitaci\u00f3n de los procesos que cursen ante la Corte Constitucional, por demandas instauradas contra los art\u00edculos objeto de conciliaci\u00f3n sobre el proyecto de ley n\u00famero 274 de 2023 Senado, 338 de 2023 C\u00e1mara, antecedente legislativo de la Ley 2294 de 2023, hasta el d\u00eda h\u00e1bil siguiente a la fecha en la que se profiera decisi\u00f3n sobre la constitucionalidad de la misma dentro del presente expediente\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"12\">\n<li>En el mismo expediente que dio lugar a la expedici\u00f3n del Auto 705 de 2024, el 23 de octubre de ese a\u00f1o, la Sala Plena dict\u00f3 la Sentencia C-448. El numeral primero de esta providencia dispuso: \u201cLEVANTAR, a partir del d\u00eda h\u00e1bil siguiente al de la notificaci\u00f3n de esta sentencia, la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos ordenada en el numeral tercero de la parte resolutiva del Auto 705 de 2024. La Secretar\u00eda General de la Corte Constitucional realizar\u00e1 las anotaciones que correspondan en los expedientes respectivos\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"13\">\n<li>Mediante escrito dirigido a la Corte Constitucional el 16 de enero de 2025, el procurador general de la naci\u00f3n, Gregorio Eljach Pacheco, manifest\u00f3 su impedimento para rendir concepto sobre la constitucionalidad de la disposici\u00f3n demandada. En el Auto 401 de 2025, la Sala Plena declar\u00f3 infundado dicho impedimento.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"14\">\n<li>Mediante constancia del 22 de septiembre de 2025<a name=\"_ftnref3\"><\/a>[3], la Secretar\u00eda hizo constar que, en la sesi\u00f3n de la Sala Plena del 18 de septiembre de 2025, se dispuso la designaci\u00f3n de dos conjueces para decidir el proceso, por no haberse obtenido la mayor\u00eda exigida para ello. Adem\u00e1s, que realizado el sorteo respectivo resultaron seleccionadas las Conjueces Clara Mar\u00eda G\u00f3nzalez y Ruth Stella Correa Palacio. Finalmente, que se dispuso la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos del proceso a partir del 18 de septiembre de 2025. Esta se levant\u00f3 el 25 de febrero de 2026, cuando las conjueces tomaron posesi\u00f3n del cargo<a name=\"_ftnref4\"><\/a>[4].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"15\">\n<li>En la votaci\u00f3n de la sesi\u00f3n de la Sala Plena del 25 de febrero de 2026, la ponencia presentada por el Magistrado H\u00e9ctor Alfonso Carvajal Londo\u00f1o fue derrotada por la mayor\u00eda. En ese sentido, la sustanciaci\u00f3n del asunto fue repartida a la suscrita conjuez.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>II. NORMAS DEMANDADAS<\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"16\">\n<li>El texto de las normas demandadas, tal y como fueron publicadas en el Diario Oficial N.\u00b0 52.400 del 19 de mayo de 2023, es el siguiente:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>LEY 2294 DE 2023<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>(mayo 19)<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 \u201cColombia Potencia Mundial de la Vida\u201d<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0EL CONGRESO DE COLOMBIA<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>DECRETA:<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>CAP\u00cdTULO III.<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>SECCI\u00d3N II.<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>INCLUSI\u00d3N PRODUCTIVA CON TRABAJO DECENTE Y APOYO A LA INSERCI\u00d3N PRODUCTIVA<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>[\u2026]<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>ART\u00cdCULO 100. PARTICIPACI\u00d3N EN CONTRATACI\u00d3N Y COMPRAS P\u00daBLICAS MEDIANTE ASOCIACIONES P\u00daBLICO POPULARES.<\/strong><\/b> Las Entidades Estatales podr\u00e1n celebrar directamente contratos hasta por la m\u00ednima cuant\u00eda con personas naturales o entidades sin \u00e1nimo de lucro que hagan parte de la econom\u00eda popular y comunitaria. Estos contratos se denominar\u00e1n Asociaciones P\u00fablico Populares y podr\u00e1n celebrarse para la ejecuci\u00f3n de obras, o la adquisici\u00f3n de bienes y servicios relacionados con infraestructura social, vivienda rural, v\u00edas terciarias y caminos vecinales, cultura, infraestructura productiva local, proyectos de eficiencia energ\u00e9tica, producci\u00f3n de alimentos, suministro de bienes y servicios, gesti\u00f3n comunitaria del agua, saneamiento b\u00e1sico, econom\u00eda del cuidado, fortalecimiento ambiental y comunitario y adquisici\u00f3n de productos de origen o destinaci\u00f3n agropecuarios.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El Gobierno Nacional, a trav\u00e9s del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, reglamentar\u00e1 el presente art\u00edculo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PAR\u00c1GRAFO 1o.<\/strong><\/b>\u00a0La entidad contratante apoyar\u00e1 y acompa\u00f1ar\u00e1 el tr\u00e1mite de la facturaci\u00f3n electr\u00f3nica mediante los canales gratuitos habilitados por la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), as\u00ed como los tr\u00e1mites de la expedici\u00f3n, seguimiento y control en caso de exigir registros y certificados fitosanitarios. Con el prop\u00f3sito de facilitar el desarrollo de las unidades y actores mencionados en este art\u00edculo, la DIAN dispondr\u00e1 de una clasificaci\u00f3n y un mecanismo gratuito de f\u00e1cil acceso y comprensi\u00f3n a la factura electr\u00f3nica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PAR\u00c1GRAFO 2o.<\/strong><\/b>\u00a0En situaciones de emergencia y desastres, las entidades p\u00fablicas podr\u00e1n comprar de manera directa productos agropecuarios de peque\u00f1os productores agr\u00edcolas y campesinos que hayan sido afectados y donarlos al Fondo Nacional de Gesti\u00f3n del Riesgo de Desastres.<\/p>\n<p><b><strong>ART\u00cdCULO 101. ASOCIACIONES DE INICIATIVA P\u00daBLICO POPULAR.<\/strong><\/b>\u00a0Las Asociaciones de Iniciativa P\u00fablico Popular, constituyen una modalidad de asociaci\u00f3n que se regir\u00e1 exclusivamente por lo previsto en el presente art\u00edculo y su reglamentaci\u00f3n. Estas asociaciones son un instrumento contractual de vinculaci\u00f3n entre entidades p\u00fablicas y los diferentes instrumentos asociativos de origen comunitario tales como las unidades de la econom\u00eda popular, organismos de acci\u00f3n comunal, social o comunitaria u otras formas de organizaci\u00f3n social, grupos y\/o comunidades \u00e9tnicas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, mujeres y v\u00edctimas, para el desarrollo de proyectos de infraestructura vial, educativa, medio ambiente, agr\u00edcola, pesca y pecuaria y de servicios p\u00fablicos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En los proyectos que sean desarrollados en los t\u00e9rminos del presente art\u00edculo, los instrumentos asociativos contratados, deber\u00e1n financiar, parcial o totalmente, el desarrollo de los respectivos proyectos de infraestructura mediante el aporte de recursos o con aportes en especie.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Para el desarrollo de las asociaciones de que trata el presente art\u00edculo se aplicar\u00e1n las siguientes reglas, sin perjuicio de aquellas establecidas en la reglamentaci\u00f3n expedida por el Gobierno Nacional:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>Mediante las asociaciones de las que trata el presente art\u00edculo, se podr\u00e1 desarrollar el dise\u00f1o, construcci\u00f3n, renovaci\u00f3n, reparaci\u00f3n, mejoramiento, equipamiento, gesti\u00f3n, operaci\u00f3n y mantenimiento de proyectos de infraestructura y dem\u00e1s actividades t\u00e9cnicas necesarias para el cumplimiento del contrato en el respectivo territorio de la respectiva comunidad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>El valor de las inversiones no podr\u00e1 ser superior a seis mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (6.000 smlmv).<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>El aporte que realice la entidad p\u00fablica no podr\u00e1 ser superior al cincuenta por ciento (50%) del valor de la inversi\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>La selecci\u00f3n del adjudicatario del contrato se realizar\u00e1 mediante la modalidad de selecci\u00f3n abreviada de la que trata el art\u00edculo 2\u00a0de la Ley 1150 de 2007, respetando los principios de contrataci\u00f3n estatal de los que trata la Ley 80\u00a0de 1993.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>El interesado del que trata el presente art\u00edculo, deber\u00e1 cumplir con la capacidad, experiencia e idoneidad de la que trata la normatividad vigente y acreditar los requisitos para la celebraci\u00f3n previstos en la norma vigente.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>La asunci\u00f3n de compromisos presupuestales por partes de las entidades p\u00fablicas se regir\u00e1 por las normas presupuestales aplicables, seg\u00fan corresponda.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li>El contrato mediante el cual se materializa la asociaci\u00f3n, deber\u00e1 identificar en forma clara los riesgos asignados a cada una de las partes con su correspondiente valoraci\u00f3n, de conformidad con los lineamientos estipulados por la Direcci\u00f3n General de Cr\u00e9dito P\u00fablico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico o quien haga sus veces en el orden territorial.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li>Las autoridades de vigilancia y control ejercer\u00e1n todas las facultades legales sobre los recursos que destinen las entidades p\u00fablicas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En un t\u00e9rmino de seis (6) meses, el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y la Agencia Nacional de Contrataci\u00f3n P\u00fablica &#8211; Colombia Compra Eficiente, reglamentar\u00e1 los requisitos y condiciones que deber\u00e1n cumplirse para la celebraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de dichas Asociaciones, la duraci\u00f3n de los contratos, las condiciones a las cuales se encuentra sujeto el derecho a la remuneraci\u00f3n, entre otros.<\/p>\n<h1><\/h1>\n<h1>III. LA DEMANDA<\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"17\">\n<li>De conformidad con los autos dictados el 22 de septiembre y el 17 de octubre de 2023 y en aplicaci\u00f3n del principio <em>pro actione<\/em>, a continuaci\u00f3n, se resumen los tres cargos de inconstitucionalidad admitidos<a name=\"_ftnref5\"><\/a>[5].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Primer cargo: violaci\u00f3n del principio de unidad de materia (<\/strong><\/b><b><strong>art\u00edculos 150.3, 158 y 169 de la Constituci\u00f3n)<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"18\">\n<li>Los demandantes afirmaron que el art\u00edculo 150.3 de la Constituci\u00f3n permite la introducci\u00f3n de disposiciones al Plan Nacional de Desarrollo (en adelante, PND o el Plan) siempre que se trate de medidas necesarias para impulsar su cumplimiento. La Corte ha exigido una <em>conexidad estrecha <\/em>entre esas disposiciones y el Plan. La jurisprudencia constitucional ha establecido que el principio de unidad de materia se fundamenta en la necesidad de racionalizar y tecnificar el ejercicio de la funci\u00f3n legislativa, con el objetivo de impedir la introducci\u00f3n de disposiciones inconexas con la materia principal de cada ley.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"19\">\n<li>En el caso de la ley del PND, el examen sobre el cumplimiento del principio de unidad de materia es m\u00e1s riguroso y exhaustivo por su naturaleza multitem\u00e1tica. Las sentencias C-415, C-440, C-464 y C-493 de 2020 y C-030, C-047, C-095 y C-276 de 2021 establecieron, como criterios para declarar la inexequibilidad de normas del PND, entre otros, la evidencia de una modificaci\u00f3n permanente del ordenamiento jur\u00eddico y la inexistencia de conexidad directa e inmediata entre la medida y las metas, estrategias y objetivos generales de la ley del plan o sus bases. En este sentido, en las mencionadas providencias se determin\u00f3 la exigencia de una carga argumentativa suficiente que justifique la inclusi\u00f3n de estas normas, dadas las restricciones deliberativas y democr\u00e1ticas que tiene la expedici\u00f3n del PND.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"20\">\n<li>De acuerdo con la metodolog\u00eda de la jurisprudencia, las normas atacadas no cumplen con el principio de unidad de materia en el PND. Los art\u00edculos 100 y 101 est\u00e1n en el cap\u00edtulo III (Seguridad humana y justicia social) del t\u00edtulo III. All\u00ed, estos art\u00edculos se presentan como uno de los mecanismos de ejecuci\u00f3n del plan. No obstante, la norma contiene un alcance indeterminado frente a los sujetos que se beneficiar\u00edan bajo la modalidad de contrataci\u00f3n directa, adem\u00e1s de que permite abarcar un muy amplio espectro de temas. Si bien la contrataci\u00f3n es uno de los mecanismos de ejecuci\u00f3n del PND, los posibles objetos contractuales para ser ejecutados por personas naturales o entidades sin \u00e1nimo de lucro no est\u00e1n definidos de manera precisa y un\u00edvoca.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"21\">\n<li>Los objetivos del PND se encuentran en el art\u00edculo 1<em>. <\/em>Los cinco ejes que materializan las denominadas \u201ctransformaciones\u201d son: ordenamiento territorial, seguridad humana, derecho a la alimentaci\u00f3n, transformaci\u00f3n productiva y convergencia regional. Por su parte, los cuatro ejes transversales del PND son: paz total, actores para el cambio, estabilidad macro y pol\u00edtica exterior. Los objetivos y ejes no tienen una conexidad directa, inmediata y tampoco necesaria con los art\u00edculos demandados.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"22\">\n<li>Las normas demandadas no tienen un car\u00e1cter instrumental en relaci\u00f3n con los objetivos y bases del PND, y tampoco tienen una conexi\u00f3n directa e inmediata con ellos. De este modo, \u201c[e]l v\u00ednculo que sugiere el Plan entre estos contratos con las metas del Plan es solo hipot\u00e9tico, y en todo caso requerir\u00eda de reglamentaciones del Gobierno, adicionales a las dos normas de car\u00e1cter instrumental aprobadas, que suplan vac\u00edos legales de las normas acusadas para poder garantizar su eventual cumplimiento, lo cual no puede ser materia de la potestad reglamentaria\u201d<a name=\"_ftnref6\"><\/a>[6]. As\u00ed, no se encuentra probado que el funcionamiento de los contratos p\u00fablico populares materialice las metas generales del PND.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"23\">\n<li>En este orden, resaltaron la imposibilidad de verificar, primero, una relaci\u00f3n entre los fines y los medios (conexi\u00f3n teleol\u00f3gica estrecha); y, segundo, que la realizaci\u00f3n de los objetivos y ejes del PND tenga una relaci\u00f3n directa e inmediata con los contenidos de las normas instrumentales que regulan los contratos p\u00fablicos con asociaciones p\u00fablico populares. Por ello, tampoco es posible concluir que la contrataci\u00f3n de las asociaciones de iniciativa p\u00fablico popular sean instrumentos v\u00e1lidos y ante todo necesarios para lograr las metas y los prop\u00f3sitos del PND.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Segundo cargo: violaci\u00f3n de las competencias constitucionales del Congreso y del Ejecutivo en materia de contrataci\u00f3n estatal (<\/strong><\/b><b><strong>art\u00edculos 113, 114, 136.1, 150, 189.11 y 355 de la Constituci\u00f3n)<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"24\">\n<li>Los art\u00edculos demandados tienen expresiones abiertas que permiten al Ejecutivo, v\u00eda reglamentaci\u00f3n, invadir competencias que deben ser ejercidas por el legislador. Esto implica correr el riesgo de que en la reglamentaci\u00f3n expedida por el Ejecutivo se vulneren derechos y libertades fundamentales en el marco de la contrataci\u00f3n p\u00fablica. As\u00ed, la falta de definici\u00f3n de los conceptos que contienen las normas, tales como \u201ceconom\u00eda popular y comunitaria\u201d, \u201cunidades de la econom\u00eda popular\u201d, entre otras, permiten una amplia discrecionalidad del Ejecutivo para regular la materia.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"25\">\n<li>Los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 desconocen el alcance de la competencia legislativa contemplada en el art\u00edculo 150 de la Constituci\u00f3n. Esto es as\u00ed, \u201cen la medida en que delegan en la pr\u00e1ctica en el Gobierno la facultad constitucional de establecer el r\u00e9gimen de contrataci\u00f3n p\u00fablica aplicable a un sin n\u00famero no precisado de sujetos, as\u00ed como la potestad legislativa para definir las capacidades y los requisitos y condiciones para contratar a dichos sujetos. La Constituci\u00f3n asign\u00f3 al legislador la funci\u00f3n de regular la contrataci\u00f3n estatal en todo lo relacionado a su n\u00facleo esencial, incluidas las modalidades de selecci\u00f3n y los sujetos contractuales\u201d<a name=\"_ftnref7\"><\/a>[7].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"26\">\n<li>Los actores se\u00f1alaron que la jurisprudencia constitucional ha establecido que \u201c[e]n virtud de la potestad de configuraci\u00f3n legislativa, el Congreso tiene libertad para regular los aspectos m\u00e1s significativos de la contrataci\u00f3n p\u00fablica como son los referentes a las cl\u00e1usulas excepcionales, la clasificaci\u00f3n de los contratos estatales, los deberes y derechos de las partes contratantes, la competencia y capacidad para contratar, principios fundamentales, nulidades, control de la gesti\u00f3n contractual, responsabilidad contractual, liquidaci\u00f3n de los contratos y soluci\u00f3n de las controversias\u201d<a name=\"_ftnref8\"><\/a>[8]. De acuerdo con lo anterior, los elementos m\u00e1s significativos de la regulaci\u00f3n de la contrataci\u00f3n p\u00fablica no pueden subsanarse mediante reglamentos expedidos por el Ejecutivo. As\u00ed, las normas demandadas benefician un grupo de sujetos sin delimitar sus capacidades t\u00e9cnicas y definir las partes contractuales.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"27\">\n<li>En desarrollo de lo anterior, expresaron que las normas acusadas desconocen la reserva de ley, toda vez que \u201cel legislador opt\u00f3 por delegar su regulaci\u00f3n (y no apenas su reglamentaci\u00f3n) en el Gobierno Nacional, por fuera del marco de la extensi\u00f3n de facultades extraordinarias\u201d<a name=\"_ftnref9\"><\/a>[9], propiciando un \u201cexceso de la potestad reglamentaria, pues habilitan al Gobierno Nacional para que sea quien \u2013en reemplazo del legislador\u2013 defina el real alcance de una nueva causal de contrataci\u00f3n directa o de selecci\u00f3n abreviada (i) escogiendo los sujetos contractuales habilitados para acudir a la mencionada causal, (ii) estableciendo requisitos y condiciones adicionales para llenar los vac\u00edos legislativos, tales como la modalidad de selecci\u00f3n a seguir cuando exista concurrencia entre modalidades de selecci\u00f3n, entre otros asuntos; [y] (iii) sujetando su r\u00e9gimen exclusivamente a lo dispuesto en la disposici\u00f3n de su creaci\u00f3n y su reglamentaci\u00f3n\u201d<a name=\"_ftnref10\"><\/a>[10].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"28\">\n<li>El art\u00edculo 150 de la Constituci\u00f3n no permite delegar en el Gobierno el dise\u00f1o y la aplicaci\u00f3n de medidas de discriminaci\u00f3n positiva en beneficio de un universo de sujetos indeterminados, bajo el concepto amplio de \u201ceconom\u00eda popular y comunitaria\u201d. Los vac\u00edos estructurales de las normas demandadas en la definici\u00f3n de las asociaciones p\u00fablico populares son inconstitucionales porque aquellos deben ser colmados por el Gobierno. De acuerdo con la Sentencia C-028 de 1997, la potestad reglamentaria encuentra su l\u00edmite y radio de acci\u00f3n en la Constituci\u00f3n y en la ley, por lo que el Gobierno no puede reglamentar materias cuyo contenido est\u00e9 reservado al legislador. Un elemento esencial para el ejercicio de la potestad reglamentaria es la preexistencia de un contenido <em>m\u00ednimo y material <\/em>a reglamentar. El reglamento debe someterse a la ley reglamentada y no podr\u00e1 restringir o extender su alcance ni crear situaciones u ordenamientos no previstos en esta.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"29\">\n<li>Finalmente, la amplitud de la facultad otorgada al Gobierno para reglamentar las normas demandadas pone en riesgo el propio Estatuto General de Contrataci\u00f3n de la Administraci\u00f3n P\u00fablica (EGCAP). De este modo, \u201clas normas acusadas conllevan modificaciones a la propia Ley 80 de 1993, y al Decreto expedido por mandato constitucional 092 de 2017 sobre la contrataci\u00f3n con entidades privadas sin \u00e1nimo de lucro, lo que implica una invasi\u00f3n en la \u00f3rbita especial del poder Ejecutivo prevista en el art\u00edculo 355 de la Constituci\u00f3n\u201d<a name=\"_ftnref11\"><\/a>[11].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Tercer cargo: desconocimiento de las <\/strong><\/b><b><strong>libertades de empresa, competencia y concurrencia en materia de contrataci\u00f3n estatal (art\u00edculos 333 y 334 de la Constituci\u00f3n)<\/strong><\/b><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"30\">\n<li>Los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 son una intervenci\u00f3n del Estado en la libertad de empresa y en el mercado de contrataci\u00f3n p\u00fablica, que no responde a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. El legislador redujo y fragment\u00f3 las oportunidades de contrataci\u00f3n con diferentes agentes y, con ello, excluy\u00f3 del sistema de oferta p\u00fablica a agentes que deben tener igualdad de oportunidades.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"31\">\n<li>Las normas demandadas afectan el n\u00facleo esencial de la libertad de empresa, pues conceden a sus beneficiarios un tratamiento especial. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la libertad de empresa se concreta en la facultad de participaci\u00f3n en el mercado por diferentes agentes. El modelo de econom\u00eda social de mercado reconoce la posibilidad que tiene el Estado de limitar razonable y proporcionalmente esta libertad y la libre competencia con el \u00fanico prop\u00f3sito de cumplir con fines constitucionalmente valiosos. Estos fines guardan relaci\u00f3n con la protecci\u00f3n del inter\u00e9s general, el cual se materializa en las operaciones de intercambio de bienes y servicios.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"32\">\n<li>La intervenci\u00f3n del Estado en los t\u00e9rminos de las normas cuestionadas promueve conductas que no satisfacen los derechos de los participantes en el mercado de compras p\u00fablicas. Adem\u00e1s, ponen en riesgo los intereses de la comunidad en el desarrollo y calidad de bienes p\u00fablicos que se contratar\u00edan bajo las asociaciones p\u00fablico populares. Con ello, las normas acusadas crean privilegios y excluyen la participaci\u00f3n de grandes sectores de la econom\u00eda.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"33\">\n<li>Los art\u00edculos demandados desconocen los art\u00edculos 333 y 334 de la CP porque no cumplen con los requisitos para que el Estado pueda intervenir en la econom\u00eda. Esto, en la medida en que ya existen disposiciones que regulan procesos competitivos e incluso criterios preferenciales y de desempate para facilitar el acceso de ciertas organizaciones al mercado de compras p\u00fablicas. Las disposiciones acusadas crean modalidades contractuales que alejan la contrataci\u00f3n de un mercado competitivo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"34\">\n<li>En l\u00ednea con lo anterior, la libertad econ\u00f3mica es una garant\u00eda constitucional que permite a quienes intervienen en el mercado participar y contratar libremente en igualdad de condiciones. As\u00ed, aunque el Estado puede fijar restricciones, estas no pueden afectar el n\u00facleo esencial de la libertad de empresa y deben ser razonables y proporcionales. En ning\u00fan caso, tales restricciones pueden estar basadas en \u201cafectos, prejuicios o filiaci\u00f3n pol\u00edtica o ausencia de claridad sobre los beneficiarios de las pol\u00edticas afirmativas\u201d<a name=\"_ftnref12\"><\/a>[12].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"35\">\n<li>A pesar de que el Estado tiene la facultad de intervenir en la econom\u00eda, no puede anular las condiciones de un mercado competitivo ya establecido. En consecuencia, \u201cno puede emplearse la facultad de intervenir las actividades econ\u00f3micas \u2013la cual es limitada, como todas en el Estado social de derecho\u2013 como pretexto para restringir el acceso a diferentes modalidades de competencia previamente establecidas por el legislador, o para establecer reglas desiguales que permitan a funcionarios del Estado, sin justificaci\u00f3n razonable, establecer discriminaciones en beneficio exclusivo de sujetos que no han sido delimitados debidamente por el legislador y con una extensi\u00f3n que se traduzca en disgregar del r\u00e9gimen ordinario de contrataci\u00f3n en una porci\u00f3n significativa de la misma, en desmedro no solo de los oferentes sino de los principios de la funci\u00f3n p\u00fablica y el inter\u00e9s p\u00fablico\u201d<a name=\"_ftnref13\"><\/a>[13].<\/li>\n<\/ol>\n<h1><\/h1>\n<h1>IV. INTERVENCIONES<\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"36\">\n<li>En el t\u00e9rmino de fijaci\u00f3n en lista, se recibieron siete intervenciones<a name=\"_ftnref14\"><\/a>[14].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><b><strong> Secretar\u00eda Jur\u00eddica de la Presidencia de la Rep\u00fablica<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"37\">\n<li>La Secretar\u00eda Jur\u00eddica de la Presidencia de la Rep\u00fablica solicit\u00f3 a la Corte inhibirse para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de los cargos segundo y tercero y, en subsidio, declarar la exequibilidad de las normas demandadas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"38\">\n<li><em>Sobre el primer cargo (<\/em><em>violaci\u00f3n del principio de unidad de materia)<\/em>. Las normas demandadas no desconocen el principio de unidad de materia. Aquellas se encuentran en la secci\u00f3n II (Inclusi\u00f3n productiva con trabajo decente y apoyo a la inserci\u00f3n productiva) del cap\u00edtulo III (Seguridad humana y justicia social) del t\u00edtulo III (Mecanismos de ejecuci\u00f3n del plan) del PND 2022 \u2013 2026. Esta ubicaci\u00f3n \u201cguarda conexi\u00f3n directa e inmediata con las bases del PND\u201d<a name=\"_ftnref15\"><\/a>[15]. El concepto de \u201cseguridad humana y justicia social\u201d se encuentra explicado en el documento Bases del PND<a name=\"_ftnref16\"><\/a>[16]. Dicho concepto es desarrollado mediante varios <em>catalizadores<\/em>, entre los que se resaltan: (i) los <em>habilitadores<\/em> que potencian esa noci\u00f3n y (ii) la \u201cexpansi\u00f3n de capacidades: m\u00e1s y mejores oportunidades de la poblaci\u00f3n para lograr sus proyectos de vida\u201d<a name=\"_ftnref17\"><\/a>[17].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"39\">\n<li>La denominada expansi\u00f3n de capacidades contiene nueve numerales. El s\u00e9ptimo reconoce la necesidad de impulsar la econom\u00eda popular y comunitaria (EP). All\u00ed se encuentra definido el concepto de econom\u00eda popular. El literal a) de ese numeral establece el dise\u00f1o de la pol\u00edtica p\u00fablica para la econom\u00eda popular. Dos de los cuatro pilares para la construcci\u00f3n de esa pol\u00edtica p\u00fablica son: (i) \u201cdise\u00f1o de alianzas p\u00fablico populares con el fin de constituir instancias de representaci\u00f3n colectiva para la interlocuci\u00f3n con el Estado y otros actores\u201d, y (ii) \u201cprocesos de participaci\u00f3n vinculantes con actores de la EP\u201d<a name=\"_ftnref18\"><\/a>[18].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"40\">\n<li>El segundo eje de transformaci\u00f3n del Plan Nacional de Inversiones (PNI) es el titulado \u201cseguridad humana y justicia social\u201d. En concordancia con el art\u00edculo 5 de la Ley 2294 de 2023, la cifra en billones de pesos (2022), teniendo en cuenta la distribuci\u00f3n de fuentes p\u00fablicas para el citado eje de transformaci\u00f3n, es de 743,7. Esta es \u201cla destinaci\u00f3n presupuestal m\u00e1s representativa del PND, situaci\u00f3n que hace necesarias las medidas\u201d<a name=\"_ftnref19\"><\/a>[19]. Las normas demandadas materializan directamente los objetivos del PND porque \u201clas Asociaciones P\u00fablico Populares son las medidas que el legislador contempl\u00f3 para garantizar el cumplimiento de los programas y proyectos del Eje de Transformaci\u00f3n denominado Seguridad Humana y Justicia Social\u201d<a name=\"_ftnref20\"><\/a>[20].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"41\">\n<li><em>Sobre el segundo cargo (<\/em><em>violaci\u00f3n de las competencias constitucionales del Congreso y del Ejecutivo en materia de contrataci\u00f3n estatal)<\/em>. Este cargo no es apto porque incumple los requisitos de especificidad y certeza. Lo anterior, por estas razones: (i) \u201cno se exponen fundamentos jur\u00eddicos que evidencien la inobservancia de las normas constitucionales presuntamente vulneradas\u201d<a name=\"_ftnref21\"><\/a>[21]; (ii) \u201clos actores estructuran sus argumentos bajo interpretaciones subjetivas del texto demandado\u201d<a name=\"_ftnref22\"><\/a>[22]; y (iii) \u201c[n]o es claro respecto de cu\u00e1l de los dos art\u00edculos de la ley recae el reproche, e infiere un car\u00e1cter imperativo a una norma constitucional que faculta al Gobierno para celebrar contratos con entidades sin \u00e1nimo de lucro\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"42\">\n<li>En efecto, los accionantes no demuestran cu\u00e1l es la ambig\u00fcedad o excesiva indeterminaci\u00f3n de las normas demandadas, y tampoco definen la manera en que estas desconocen la facultad reglamentaria del Gobierno (art\u00edculo 189.11 de la Constituci\u00f3n). De hecho, no tienen en cuenta que el art\u00edculo 101 de la Ley 2294 de 2023 estableci\u00f3 ocho reglas para que proceda la contrataci\u00f3n con las asociaciones p\u00fablico populares. M\u00e1s a\u00fan, las expresiones aparentemente ambiguas, contenidas en las disposiciones objeto de reproche, \u201cse encuentran conceptualizadas en las bases del plan y en la misma legislaci\u00f3n, luego no es procedente afirmar que el Congreso de la Rep\u00fablica escatim\u00f3 en su facultad legislativa y, que dicha omisi\u00f3n deba ser reglamentada por conducto de las potestades constitucionales del presidente de la Rep\u00fablica\u201d<a name=\"_ftnref23\"><\/a>[23].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"43\">\n<li>La expresi\u00f3n \u201ceconom\u00eda popular\u201d se encuentra definida en el documento Bases del PND como \u201clos oficios y ocupaciones mercantiles (producci\u00f3n, distribuci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de bienes y servicios) y no mercantiles (dom\u00e9sticas o comunitarias) desarrolladas por unidades econ\u00f3micas de baja escala (personales, familiares, micronegocios o microempresas), en cualquier sector econ\u00f3mico\u201d<a name=\"_ftnref24\"><\/a>[24]. En ese documento tambi\u00e9n se establecen las asociaciones p\u00fablico populares como instancias colectivas que podr\u00e1n contratar con el Estado el desarrollo de proyectos de infraestructura.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"44\">\n<li>Por otro lado, los accionantes consideran que, en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 355 superior, el Congreso de la Rep\u00fablica no puede regular la contrataci\u00f3n con entidades privadas sin \u00e1nimo de lucro, pues esta es una competencia del Ejecutivo. Frente a ello se\u00f1alaron: primero, que el art\u00edculo 100 es el \u00fanico que se refiere a las entidades privadas sin \u00e1nimo de lucro. De ah\u00ed que resulte equivocado proponer un cargo de esta naturaleza contra el art\u00edculo 101. Y, segundo, el planteamiento incumple los requisitos de certeza y especificidad. Los demandantes no tienen en cuenta que el art\u00edculo 355 de la Constituci\u00f3n establece una habilitaci\u00f3n dirigida al Gobierno nacional, y no una obligaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"45\">\n<li>Algo similar ocurre respecto de la presunta violaci\u00f3n de los art\u00edculos 113, 114 y 150 (inciso final) de la Constituci\u00f3n. No existe ninguna relaci\u00f3n entre estas disposiciones y las normas acusadas. Los dos primeros art\u00edculos se refieren a la estructura del Estado y el \u00faltimo a la competencia del Congreso para expedir el EGCAP. En todo caso, cabe resaltar que, en el evento de considerarse un estudio de constitucionalidad de fondo respecto de este reproche, \u201cel Congreso de la Rep\u00fablica est\u00e1 facultado para legislar asuntos de contrataci\u00f3n p\u00fablica relevantes para la ejecuci\u00f3n y puesta en marcha del plan nacional de desarrollo\u201d<a name=\"_ftnref25\"><\/a>[25].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"46\">\n<li><em>Sobre el tercer cargo (<\/em><em>desconocimiento de las <\/em><em>libertades de empresa, competencia y concurrencia en materia de contrataci\u00f3n estatal)<\/em>. El tercer cargo incumple el requisito de certeza, \u201cdebido a que los actores aducen una interpretaci\u00f3n subjetiva y errada del texto demandado\u201d<a name=\"_ftnref26\"><\/a>[26]. Esto es as\u00ed, pues \u201cla intenci\u00f3n del legislador es habilitar a un determinado grupo de la poblaci\u00f3n para acceder a contratar con el Estado en contratos hasta por m\u00ednima cuant\u00eda, y no restringir la oferta de competidores como equivocadamente lo afirman los accionantes\u201d<a name=\"_ftnref27\"><\/a>[27].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"47\">\n<li>En todo caso, en el evento de que se considere que el cargo satisface el requisito de certeza, las normas demandadas se encuentran ajustadas a la Constituci\u00f3n porque son proporcionales y razonables. Los preceptos acusados no obligan a las entidades a celebrar los contratos en ellos regulados. Adem\u00e1s, limitan tales modalidades a los contratos de m\u00ednima cuant\u00eda, es decir, esas figuras no pueden aplicarse a todos los contratos. Es m\u00e1s, como ya se indic\u00f3, el art\u00edculo 101 de la Ley 2294 de 2023 \u201cestablece ocho reglas a las que deben someterse las asociaciones p\u00fablico populares mediante las cuales se asegura el respeto a los principios de la contrataci\u00f3n estatal\u201d<a name=\"_ftnref28\"><\/a>[28]. Habilitar a nuevos grupos sociales para que puedan contratar con el Estado y, por tanto, ampliar el mercado de compras p\u00fablicas son instrumentos que democratizan la contrataci\u00f3n estatal.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><b><strong> Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n (DNP) y Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado (ANDJE)<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"48\">\n<li>Mediante una intervenci\u00f3n conjunta, el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n y la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado solicitaron a la Corte que se inhiba para emitir un pronunciamiento de fondo y, en subsidio, que declare la exequibilidad de las normas demandadas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"49\">\n<li><em>Sobre el primer cargo (<\/em><em>violaci\u00f3n del principio de unidad de materia). <\/em>A diferencia de lo sostenido por los demandantes, las normas cuestionadas \u201cresultan ser una medida esencial en orden a dotar de medios de eficacia a la \u2018econom\u00eda popular\u2019 como eje vertebrador del PND\u201d<a name=\"_ftnref29\"><\/a>[29]. Dichas normas son un eje transversal y fundamental de la Ley 2294 de 2023. La transformaci\u00f3n denominada \u201cSeguridad humana y justicia social\u201d establece la necesidad de reconocer e impulsar la econom\u00eda popular, as\u00ed como de promover su participaci\u00f3n en el mercado de las compras p\u00fablicas. La transformaci\u00f3n \u201cConvergencia regional\u201d prev\u00e9 estrategias para avanzar en la construcci\u00f3n de la pol\u00edtica p\u00fablica de gesti\u00f3n comunitaria del agua y el saneamiento b\u00e1sico. El catalizador tres de esa transformaci\u00f3n resalta la importancia de incorporar procesos asociativos y autogestionarios del h\u00e1bitat, la vivienda, y el agua y saneamiento b\u00e1sico, a trav\u00e9s de alianzas p\u00fablico populares. Por su parte, en la transformaci\u00f3n \u201cProductiva, internacionalizaci\u00f3n y acci\u00f3n clim\u00e1tica\u201d, se resalta la importancia de la poblaci\u00f3n recicladora y sus organizaciones.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"50\">\n<li>Con fundamento en lo anterior, en la Ley 2294 de 2023 se introdujeron los siguientes art\u00edculos en materia de econom\u00eda popular: 74 (creaci\u00f3n del Consejo Nacional de la Econom\u00eda Popular); 81 (fortalecimiento de la oferta educativa pertinente a los oficios y trabajos de la econom\u00eda popular); 84 (reconocimiento de la econom\u00eda del cuidado en el sector rural); 85 (facultad de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias para dise\u00f1ar, adoptar, coordinar, ejecutar y promover los planes, programas y proyectos asociados con la Econom\u00eda Popular en el marco de la Agenda de la Asociatividad Solidaria para la Paz); 88 (instrumentos para la inclusi\u00f3n financiera y crediticia de la econom\u00eda popular a trav\u00e9s del Grupo Bicentenario); 89 (instrumentos y esquema de datos para la inclusi\u00f3n financiera de la econom\u00eda popular); 90 (creaci\u00f3n del Sistema de Informaci\u00f3n Estad\u00edstico para la Econom\u00eda Popular); 95 (recolecci\u00f3n de informaci\u00f3n con un m\u00f3dulo especial para caracterizar a la Econom\u00eda Popular); 100 (contrataci\u00f3n de asociaciones p\u00fablico populares), 101 (asociaciones de iniciativas p\u00fablico populares); 102 (creaci\u00f3n del Sistema din\u00e1mico de adquisici\u00f3n); 104 (interoperabilidad de los sistemas de pago de bajo valor inmediatos); y 267 (l\u00edneas de inversi\u00f3n para fortalecer el turismo realizado por unidades de baja escala).<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"51\">\n<li>En este orden, las normas demandadas \u201cbuscan habilitar mecanismos adicionales para que [las] comunidades puedan vincularse con mayor facilidad a uno de los instrumentos m\u00e1s poderosos que tiene el Estado para impulsar transformaciones en la econom\u00eda nacional: las compras p\u00fablicas\u201d<a name=\"_ftnref30\"><\/a>[30]. En efecto, las compras p\u00fablicas representan entre el 12% y el 15% del PIB, lo que convierte al Estado en uno de los principales compradores de la econom\u00eda nacional. Desde esta perspectiva, los art\u00edculos 100 y 101 permiten materializar oportunidades a favor de las unidades econ\u00f3micas de baja escala en los territorios.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"52\">\n<li><em>Sobre el segundo cargo (<\/em><em>violaci\u00f3n de las competencias constitucionales del Congreso y del Ejecutivo en materia de contrataci\u00f3n estatal)<\/em>. A diferencia de lo indicado por los demandantes, \u201cla econom\u00eda popular tiene un contenido conceptual solvente\u201d<a name=\"_ftnref31\"><\/a>[31]. Tal noci\u00f3n se encuentra definida en la transformaci\u00f3n seguridad humana y justicia social. El concepto comprende: (i) la diversidad de unidades econ\u00f3micas, tanto urbanas como rurales; (ii) las diferentes formas de asociatividad que pueden llevar a cabo estas unidades; (iii) el sector de la actividad econ\u00f3mica que se realiza; (iv) el n\u00famero de trabajadores que intervienen en ella y (v) sus ingresos nominales. Adem\u00e1s, el PND prev\u00e9 un componente denominado \u201cReconocimiento e impulso a la Econom\u00eda Popular y Comunitaria\u201d. Estas definiciones se encuentran en el documento Bases del PND, el cual, por mandato del art\u00edculo 339 superior y 2 de la Ley 2294 de 2023, forma parte de esa ley.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"53\">\n<li>En virtud de dicho componente, se han celebrado mesas de trabajo con el Consejo de Econom\u00eda Popular para \u201cla consolidaci\u00f3n de la oferta institucional de las entidades participantes y la manera en que van a llegar a los territorios, as\u00ed como la definici\u00f3n por parte de cada entidad sobre los criterios para hacer elegibles a los actores de la econom\u00eda popular para sus programas\u201d<a name=\"_ftnref32\"><\/a>[32]. Por su parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estad\u00edstica (DANE) se encuentra trabajando en el Sistema de Informaci\u00f3n para la Econom\u00eda Popular (SIEP).<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"54\">\n<li>Los art\u00edculos acusados no desconocen la reserva de ley en materia de contrataci\u00f3n estatal. Tales art\u00edculos contienen \u201clos elementos jur\u00eddicos necesarios para dotarlos de identidad propia [y] hacen los reenv\u00edos pertinentes a otras disposiciones legales a efecto de configurar instituciones jur\u00eddicas completas\u201d<a name=\"_ftnref33\"><\/a>[33]. En efecto, el art\u00edculo 100 de la Ley 2294 tiene las siguientes caracter\u00edsticas: primero, aplica \u00fanicamente a \u201centidades estatales\u201d, noci\u00f3n que se encuentra definida en el art\u00edculo 2 de la Ley 80 de 1993. Segundo, permite la celebraci\u00f3n de contratos mediante la modalidad de contrataci\u00f3n directa hasta por la m\u00ednima cuant\u00eda. El art\u00edculo 2 de la Ley 1150 de 2007 defini\u00f3 las reglas de la contrataci\u00f3n directa y \u201cprocur\u00f3 las condiciones necesarias para determinar las cuant\u00edas de los contratos en funci\u00f3n de los presupuestos de las entidades contratantes\u201d<a name=\"_ftnref34\"><\/a>[34].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"55\">\n<li>Tercero, delimita el objeto contractual al se\u00f1alar que tales asociaciones \u201cpodr\u00e1n celebrarse para la ejecuci\u00f3n de obras, o la adquisici\u00f3n de bienes y servicios relacionados con infraestructura social, vivienda rural, v\u00edas terciarias y caminos vecinales, cultura, infraestructura productiva local, proyectos de eficiencia energ\u00e9tica, producci\u00f3n de alimentos, suministro de bienes y servicios, gesti\u00f3n comunitaria del agua, saneamiento b\u00e1sico, econom\u00eda del cuidado, fortalecimiento ambiental y comunitario y adquisici\u00f3n de productos de origen o destinaci\u00f3n agropecuarios\u201d. Y, cuarto, el par\u00e1grafo 2 concreta su alcance en situaciones de emergencia y desastre, seg\u00fan lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"56\">\n<li>Por su parte, el art\u00edculo 101 define las Asociaciones de Iniciativa P\u00fablico Popular como una modalidad de asociaci\u00f3n especial. Esta especialidad se debe a que su marco regulatorio es el propio art\u00edculo 101. Esta \u201ccautela no tiene un prop\u00f3sito distinto a evitar que este mecanismo de asociaci\u00f3n pueda ser confundido o artificialmente combinado con otras figuras de asociaci\u00f3n como, por ejemplo, los \u2018convenios de asociaci\u00f3n\u2019 de que hablan el art\u00edculo 96 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto 092 de 2017\u201d<a name=\"_ftnref35\"><\/a>[35]. El art\u00edculo 101 advierte que una de las partes del contrato son las entidades p\u00fablicas. La noci\u00f3n de entidades p\u00fablicas comprende a las entidades estatales (art\u00edculo 2 de la Ley 80 de 1993) y a las entidades con r\u00e9gimen contractual especial o de derecho privado. El objeto contractual de esta modalidad est\u00e1 limitado en el art\u00edculo 101 a la provisi\u00f3n de infraestructura, por una cuant\u00eda que no supere los seis mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"57\">\n<li>Otras reglas que contiene el art\u00edculo 101 son las siguientes: (i) los instrumentos asociativos contratados deber\u00e1n financiar, parcial o totalmente, el desarrollo de los respectivos proyectos de infraestructura mediante el aporte de recursos o con aportes en especie; (ii) el aporte que realice la entidad p\u00fablica no podr\u00e1 ser superior al 50% del valor de la inversi\u00f3n; (iii) la asunci\u00f3n de esos compromisos se regir\u00e1 por las normas presupuestales aplicables a la entidad p\u00fablica seg\u00fan sea su naturaleza jur\u00eddica, en virtud de los Decretos 111 y 115 de 1996; (iv) la modalidad de selecci\u00f3n del contratista es la selecci\u00f3n abreviada; (v) el contratista deber\u00e1 cumplir con la capacidad, la experiencia y la idoneidad previstos en las normas vigentes; y (vi) el contrato deber\u00e1 identificar en forma clara los riesgos asignados a cada una de las partes con su correspondiente valoraci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"58\">\n<li>Todo lo anterior permite concluir que el segundo cargo es inepto por incumplir el requisito de certeza, porque los demandantes hicieron una lectura subjetiva y aislada de las normas demandadas. En su defecto, y por las mismas razones ya expuestas, tales normas no contradicen la Constituci\u00f3n. De este modo, \u201cno es cierto que los art\u00edculos demandados tengan vac\u00edos cuya soluci\u00f3n fue deferida al Gobierno nacional, [\u2026] tales normas [no solo] son claras, completas y funcionales, sino que, adem\u00e1s, la imputaci\u00f3n de potenciales abusos y arbitrariedades en ejercicio de la potestad reglamentaria es una afirmaci\u00f3n que no puede soportarse en el tenor legal\u201d<a name=\"_ftnref36\"><\/a>[36].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"59\">\n<li>Ahora bien, en relaci\u00f3n con la presunta vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 355 superior, lo cierto es que las normas demandadas no guardan ninguna relaci\u00f3n con el contenido de ese art\u00edculo superior. El concepto de \u201ceconom\u00eda popular\u201d es m\u00e1s amplio que el de \u201centidad sin \u00e1nimo de lucro\u201d del art\u00edculo 355 de la Constituci\u00f3n. Esto, no solo por quienes pueden ser parte de los contratos respectivos, sino tambi\u00e9n por los objetos contractuales de cada una de las modalidades de contrataci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"60\">\n<li><em>Sobre el tercer cargo (<\/em><em>desconocimiento de las <\/em><em>libertades de empresa, competencia y concurrencia en materia de contrataci\u00f3n estatal)<\/em>. Este cargo incumple los requisitos de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia. No satisface la exigencia de certeza porque los preceptos cuestionados contienen una habilitaci\u00f3n y una autorizaci\u00f3n; no una imposici\u00f3n. En relaci\u00f3n con la especificidad, los accionantes no explican la manera en que aquellos desconocen los art\u00edculos 333 y 334 de la Constituci\u00f3n. El cargo tampoco es pertinente porque se sustenta en argumentos sobre la conveniencia y la aplicaci\u00f3n de las normas, y no sobre su constitucionalidad. Al respecto, los actores alegan que los art\u00edculos impugnados \u201cponen incluso en riesgo los intereses de las comunidades beneficiarias interesadas en el mejor desarrollo y calidad de los bienes p\u00fablicos que se contratar\u00edan bajo las asociaciones p\u00fablico populares\u201d<a name=\"_ftnref37\"><\/a>[37]. Adem\u00e1s, que se fundan en \u201cprejuicios, afectos, o filiaci\u00f3n pol\u00edtica\u201d<a name=\"_ftnref38\"><\/a>[38]. De este modo, el cargo no genera una duda m\u00ednima sobre la constitucionalidad de las normas demandadas y, por consiguiente, no cumple el requisito de suficiencia.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"61\">\n<li>En caso de que se considere que el cargo satisface los requisitos de aptitud sustantiva, las normas demandadas resultan ajustadas a la Constituci\u00f3n. Estas se enmarcan en la amplia libertad de configuraci\u00f3n del legislador para adoptar medidas en materia de contrataci\u00f3n estatal. En concordancia con el precedente establecido en la Sentencia C-126 de 2016, estos nuevos modelos contractuales desarrollan el principio de participaci\u00f3n porque permiten que los actores de la econom\u00eda popular se involucren en la soluci\u00f3n de problemas colectivos.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"62\">\n<li>Igualmente, en el presente caso, la finalidad de la intervenci\u00f3n del Estado en las libertades econ\u00f3micas en materia de contrataci\u00f3n p\u00fablica responde a fines constitucionalmente valiosos: garantizar la participaci\u00f3n ciudadana y \u201ccorregir las fallas propias del mercado que obstaculizan la participaci\u00f3n de agentes de la econom\u00eda popular y comunitaria en la contrataci\u00f3n p\u00fablica\u201d<a name=\"_ftnref39\"><\/a>[39].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><b><strong> Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"63\">\n<li>El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio solicit\u00f3 a la Corte que declare la exequibilidad de las normas demandadas. Para el efecto, advirti\u00f3 que la econom\u00eda popular \u201cconstituye una apuesta estrat\u00e9gica\u201d del PND. En concreto, explic\u00f3 que, en los sectores a cargo del Ministerio, la econom\u00eda popular materializa la participaci\u00f3n de los ciudadanos en las siguientes pol\u00edticas, proyectos y planes:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"64\">\n<li><em>Sector agua y saneamiento b\u00e1sico<\/em>. Las normas acusadas facilitan la gesti\u00f3n comunitaria del agua y el saneamiento b\u00e1sico porque permiten la inversi\u00f3n en este sector, as\u00ed como realizar procesos de contrataci\u00f3n r\u00e1pidos y eficaces. Por ello, \u201cresponde[n] a la necesidad de atender las notorias brechas territoriales y socioecon\u00f3micas que fragmentan el tejido social y que flagelan las condiciones de existencia de la poblaci\u00f3n que no tiene acceso al l\u00edquido vital\u201d<a name=\"_ftnref40\"><\/a>[40].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"65\">\n<li><em>Sector vivienda<\/em>. El Decreto 2391 de 1989 regula las organizaciones populares de vivienda. Igualmente, el numeral 2.5.1 del art\u00edculo 2.1.1.1.1.1.2. del Decreto 1077 de 2015 establece la posibilidad de construir viviendas con recursos del Subsidio Familiar de Vivienda, mediante el sistema de autoconstrucci\u00f3n o autogesti\u00f3n con participaci\u00f3n de la comunidad. De este modo, \u201cla pol\u00edtica de vivienda y h\u00e1bitat planteada en el Plan Nacional de Desarrollo [\u2026] se centra en garantizar el acceso a una vivienda adecuada, digna y asequible para la poblaci\u00f3n colombiana y para materializar dicho objetivo, se contemplaron estrategias que involucraran procesos de autogesti\u00f3n de vivienda en colaboraci\u00f3n con organizaciones sociales y comunitarias, tanto en suelo urbano como rural, tal como fueron las previstas en las disposiciones objeto de la presente acci\u00f3n\u201d<a name=\"_ftnref41\"><\/a>[41].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"66\">\n<li>Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que las normas demandadas no pretenden inaplicar el EGCAP. Los dos art\u00edculos remiten a las reglas generales en materia de contrataci\u00f3n directa, m\u00ednima cuant\u00eda y selecci\u00f3n abreviada. Del mismo modo, tales art\u00edculos buscan materializar el derecho a la participaci\u00f3n ciudadana en cuestiones que son de inter\u00e9s colectivo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><b><strong> Ministerio de Transporte<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"67\">\n<li>El Ministerio de Transporte solicita a la Corte que declare la exequibilidad de las normas demandadas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"68\">\n<li><em>Sobre el primer cargo (<\/em><em>violaci\u00f3n del principio de unidad de materia).<\/em> De acuerdo con la prueba remitida por el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n a la Corte Constitucional el 13 de diciembre de 2023, \u201clas Asociaciones de Iniciativa P\u00fablico Popular y la contrataci\u00f3n p\u00fablica con asociaciones de base comunitaria son mecanismos o herramientas id\u00f3neas para alcanzar los objetivos y metas nacionales y sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo 2022 \u2013 2026\u201d<a name=\"_ftnref42\"><\/a>[42].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"69\">\n<li><em>Sobre el segundo cargo (violaci\u00f3n de las competencias constitucionales del Congreso y del Ejecutivo en materia de contrataci\u00f3n estatal)<\/em>. El Congreso de la Rep\u00fablica tiene competencia para regular la contrataci\u00f3n p\u00fablica. Tal competencia puede ser ejercida para satisfacer los objetivos del Estado social de derecho. Estos objetivos tambi\u00e9n se logran permitiendo que la comunidad participe en la celebraci\u00f3n y en la ejecuci\u00f3n de los contratos. El Ejecutivo es competente para reglamentar la aplicaci\u00f3n de las normas que dicte el Congreso en esta materia. En el caso concreto, el Congreso habilit\u00f3 a las entidades p\u00fablicas para que celebren contratos con las unidades de econom\u00eda popular y el Ejecutivo puede reglamentar estas nuevas formas contractuales. Por tanto, \u201cno es cierto \u2013como se afirma en la demanda\u2013 que el Congreso se haya extralimitado en sus funciones invadiendo las funciones reglamentarias del Ejecutivo\u201d<a name=\"_ftnref43\"><\/a>[43].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"70\">\n<li><em>Sobre el tercer cargo <\/em><em>(<\/em><em>desconocimiento de las <\/em><em>libertades de empresa, competencia y concurrencia<\/em><em> en materia de contrataci\u00f3n estatal<\/em><em>)<\/em>. Las normas demandadas no imponen a las entidades p\u00fablicas la obligaci\u00f3n de contratar con las unidades de econom\u00eda popular. Aquellas solo establecen la posibilidad de contratar con estas. En este sentido, \u201cno se aprecia un desconociendo de las libertades econ\u00f3micas de otros actores que puedan tener inter\u00e9s en contratar con entidades p\u00fablicas\u201d<a name=\"_ftnref44\"><\/a>[44]. Ahora bien, \u201csi se llegase a concluir que en las normas demandadas se incluy\u00f3 alg\u00fan tipo de trato diferencial, lo cierto es que ese trato diferencial goza de pleno respaldo constitucional pues tiende a la consecuci\u00f3n de los objetivos del Estado social de derecho\u201d<a name=\"_ftnref45\"><\/a>[45].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><b><strong> Superintendencia de Econom\u00eda Solidaria<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"71\">\n<li>La Superintendencia de Econom\u00eda Solidaria solicita a la Corte que declare la exequibilidad de las normas demandadas. De manera preliminar, pide que, para decidir la presente demanda, la Sala Plena aplique un \u201cenfoque diferencial empresarial\u201d<a name=\"_ftnref46\"><\/a>[46]. Lo anterior, en la medida en que los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 \u201cson una verdadera acci\u00f3n afirmativa que da cumplimiento al mandato constitucional de fomentar la igualdad real y efectiva en el \u00e1mbito empresarial\u201d<a name=\"_ftnref47\"><\/a>[47].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"72\">\n<li><em>Sobre el segundo cargo (violaci\u00f3n de las competencias constitucionales del Congreso y del Ejecutivo en materia de contrataci\u00f3n estatal)<\/em>. El presidente de la Rep\u00fablica tiene competencia para reglamentar las normas demandadas porque en ellas existe un contenido legislativo m\u00ednimo que puede ser desarrollado. De otro lado, no es cierto que las disposiciones acusadas contengan expresiones ambiguas. Estas se encuentran definidas en otras normas legales que regulan la econom\u00eda solidaria y en la jurisprudencia.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"73\">\n<li>Los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 no desconocen el art\u00edculo 355 superior. Las nuevas modalidades de contrataci\u00f3n no constituyen auxilios o donaciones a personas naturales o jur\u00eddicas. En realidad, son actos jur\u00eddicos onerosos y sinalagm\u00e1ticos. Igualmente, no es cierto que la contrataci\u00f3n con organizaciones de la econom\u00eda popular desconozca las reglas del EGCAP que regulan el deber de procurar la idoneidad de los contratistas y de los bienes objeto del contrato.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li><b><strong> Agencia Nacional de Infraestructura &#8211; ANI<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"74\">\n<li>La ANI solicita a la Corte que adelante \u201cun control judicial de constitucionalidad m\u00e1s estricto\u201d de la demanda<a name=\"_ftnref48\"><\/a><sup>[48]<\/sup>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"75\">\n<li><em>Sobre el primer cargo (<\/em><em>violaci\u00f3n del principio de unidad de materia).<\/em> Contrario a lo sostenido por los demandantes, las normas acusadas buscan \u201cel desarrollo social, econ\u00f3mico y productivo del pa\u00eds\u201d<a name=\"_ftnref49\"><\/a>[49]. Con ellas, el Gobierno nacional pretende, adem\u00e1s, impulsar a las organizaciones populares. Esto, pues la contrataci\u00f3n que realiza el Estado se ha concentrado en empresas con m\u00fasculo financiero. De ah\u00ed que el Gobierno est\u00e9 interesado en fomentar la contrataci\u00f3n \u201ccon los \u2018peque\u00f1os\u2019\u201d<a name=\"_ftnref50\"><\/a>[50].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"76\">\n<li>Desde esta perspectiva, los nuevos modelos de contrataci\u00f3n permiten: (i) resolver de manera m\u00e1s expedita las necesidades de inversi\u00f3n del Estado en conjunto con las comunidades; (ii) incentivar la vinculaci\u00f3n de capital privado en los sectores m\u00e1s vulnerables; (iii) generar nuevas obras e ingresos, y (iv) empoderar a las comunidades y fortalecer su relaci\u00f3n con el Estado. Por eso, es claro que s\u00ed existe un v\u00ednculo directo e inmediato entre las normas demandadas y el PND, que \u201cpermite la efectividad material de las disposiciones de la parte general o del plan de inversiones del PND\u201d<a name=\"_ftnref51\"><\/a>[51].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li><b><strong> Agencia Nacional de Contrataci\u00f3n P\u00fablica Colombia Compra Eficiente \u2013 ANCP-CCE<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"77\">\n<li>La ANCP-CCE solicita a la Corte que declare la exequibilidad de las normas demandadas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"78\">\n<li><em>Sobre el primer cargo (<\/em><em>violaci\u00f3n del principio de unidad de materia).<\/em> Las normas demandadas s\u00ed guardan relaci\u00f3n con el documento bases del PND. De hecho, son instrumentos para materializar los objetivos all\u00ed formulados. Tales normas buscan, por un lado, \u201cpromover la participaci\u00f3n de los actores de la econom\u00eda popular y comunitaria en la contrataci\u00f3n estatal\u201d<a name=\"_ftnref52\"><\/a>[52]; y, por el otro lado, \u201ccontribuir a la sostenibilidad y crecimiento de las unidades econ\u00f3micas y formas de las unidades de la econom\u00eda popular\u201d<a name=\"_ftnref53\"><\/a>[53].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"79\">\n<li><em>Sobre el segundo cargo (violaci\u00f3n de las competencias constitucionales del Congreso y del Ejecutivo en materia de contrataci\u00f3n estatal)<\/em>. Las normas acusadas no violan la reserva de ley en materia contractual. Nada se opone a que estas sean desarrolladas por el Gobierno nacional con fundamento en su potestad reglamentaria. A diferencia de lo sostenido por los demandantes, los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 s\u00ed \u201cestablecieron los par\u00e1metros generales y b\u00e1sicos de las Asociaciones P\u00fablico Populares y de las iniciativas p\u00fablico populares\u201d<a name=\"_ftnref54\"><\/a>[54]. Adem\u00e1s, la jurisprudencia constitucional \u201creconoce el campo de acci\u00f3n que le corresponde a la Administraci\u00f3n respecto de los contenidos normativos que demandan una regulaci\u00f3n \u00e1gil y expedita que permita la adecuada ejecuci\u00f3n de la Ley\u201d<a name=\"_ftnref55\"><\/a>[55].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"80\">\n<li>De otro lado, es preciso tener en cuenta que los textos jur\u00eddicos siempre deben ser interpretados, aun cuando no sean ambiguos o indeterminados. La potestad de determinar su alcance no solo recae en el legislador. Esa potestad tambi\u00e9n puede ser ejercida por el presidente de la Rep\u00fablica, mediante la expedici\u00f3n de reglamentos. Con estos, el Gobierno nacional \u201cpuede establecer pautas y directrices adicionales que clarifiquen y detallen la aplicaci\u00f3n de la ley en cuestiones espec\u00edficas, como los procedimientos de contrataci\u00f3n p\u00fablica. Estos decretos pueden ser fundamentales para aclarar aspectos ambiguos y garantizar la coherencia y consistencia en la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la ley\u201d<a name=\"_ftnref56\"><\/a>[56].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"81\">\n<li><em>Sobre el tercer cargo <\/em><em>(<\/em><em>desconocimiento de las <\/em><em>libertades de empresa, competencia y concurrencia en materia de contrataci\u00f3n estatal)<\/em>. Las normas demandadas constituyen una manera de emplear \u201cla contrataci\u00f3n p\u00fablica como herramienta para materializar pol\u00edticas sociales\u201d<a name=\"_ftnref57\"><\/a>[57]. Los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 no violan las libertades de empresa y de competencia porque no afectan la contrataci\u00f3n con actores ajenos a la econom\u00eda popular. Por el contrario, son una forma de intervenci\u00f3n del Estado en la econom\u00eda, que resulta razonable, proporcionada y concordante con las bases del PND. De conformidad con estas, el Gobierno se comprometi\u00f3 a construir una pol\u00edtica p\u00fablica para el fortalecimiento de la econom\u00eda popular.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><b> <\/b><b><strong>CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACI\u00d3N<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"82\">\n<li>El procurador general de la naci\u00f3n solicita a la Corte Constitucional que declare la exequibilidad de las normas demandadas. Para sustentar su petici\u00f3n, argument\u00f3 lo siguiente:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"83\">\n<li><em>Sobre el primer cargo (<\/em><em>violaci\u00f3n del principio de unidad de materia). <\/em>En concordancia con el documento Bases del PND, \u201cla econom\u00eda popular es un eje transversal en el Plan Nacional de Desarrollo \u2013Colombia Potencia Mundial de la Vida\u2013\u201d<a name=\"_ftnref58\"><\/a>[58]. En particular, se encuentra contenida en los art\u00edculos 74, 81, 88, 89, 90, 95, 100, 101, 102, 104 y 267 de la Ley 2294 de 2023.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"84\">\n<li>En la parte general del PND, es decir, en el documento Bases, la econom\u00eda popular est\u00e1 prevista en \u201cel eje dos, \u2013seguridad humana y justicia social\u2013 concretamente en los siguientes catalizadores: a) habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar componente; e) seguridad y protecci\u00f3n social en la econom\u00eda popular y comunitaria (EPC); Derecho al deporte, la recreaci\u00f3n y la actividad f\u00edsica para la convivencia y la paz; f) el deporte, la recreaci\u00f3n y la actividad f\u00edsica como eje de la econom\u00eda popular\u201d<a name=\"_ftnref59\"><\/a>[59].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"85\">\n<li>Igualmente, la econom\u00eda popular est\u00e1 referida, entre otros, en los catalizadores siete \u2013\u201cpol\u00edtica p\u00fablica para el fortalecimiento de la econom\u00eda popular y comunitaria\u201d<a name=\"_ftnref60\"><\/a>[60]\u2013 y ocho \u2013\u201csostenibilidad y crecimiento empresarial\u201d<a name=\"_ftnref61\"><\/a>[61] \u2013. Tambi\u00e9n en el catalizador cuatro \u2013\u201ceconom\u00eda productiva a trav\u00e9s de la reindustrializaci\u00f3n y la bioeconom\u00eda\u201d<a name=\"_ftnref62\"><\/a>[62]\u2013 del eje cuatro \u2013\u201ctransformaci\u00f3n productiva, internacionalizaci\u00f3n y acci\u00f3n clim\u00e1tica\u201d<a name=\"_ftnref63\"><\/a>[63]\u2013; \u201cen los catalizadores d), e) y f) financiamiento del desarrollo como mecanismo habilitante para una econom\u00eda productiva\u201d<a name=\"_ftnref64\"><\/a>[64]; y en los catalizadores dos \u2013\u201cmodelos de desarrollo supramunicipales para el fortalecimiento de v\u00ednculos urbano-rurales y la integraci\u00f3n de territorios, componente h\u201d<a name=\"_ftnref65\"><\/a>[65]\u2013 y tres \u2013\u201cterritorios m\u00e1s humanos: h\u00e1bitat integral, componente a)\u201d <a name=\"_ftnref66\"><\/a>[66]\u2013 del eje cinco denominado Convergencia Regional.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"86\">\n<li><em>Sobre el segundo cargo (violaci\u00f3n de las competencias constitucionales del Congreso y del Ejecutivo en materia de contrataci\u00f3n estatal)<\/em>. Las expresiones que emplean las normas demandadas no son ambiguas. Estas se encuentran definidas en las Bases del PND. Adem\u00e1s, aquellas se subsumen en la cl\u00e1usula general que le otorga competencia al legislador para expedir el EGCAP. Esa competencia puede ser ejercida mediante diversos textos jur\u00eddicos. En el presente caso, fue ejercida en los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023. De otro lado, nada se opone a que el presidente de la Rep\u00fablica ejerza la facultad de reglamentar las normas acusadas, de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 189, numeral 11, de la Constituci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"87\">\n<li>Es cierto que las disposiciones impugnadas crean una nueva causal de contrataci\u00f3n directa y de selecci\u00f3n abreviada. Sin embargo, esto no resulta contrario a la Constituci\u00f3n, porque aquellas \u201cse\u00f1ala[n] los sujetos que pueden contratar, la modalidad contractual a celebrarse, el tipo de proyectos que se pueden ejecutar, las donaciones que hagan las entidades p\u00fablicas y los montos, correspondi\u00e9ndole al reglamento determinar los dem\u00e1s requisitos y condiciones que permitan materializar la celebraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de dichos negocios jur\u00eddicos, como efectivamente lo hizo el Gobierno nacional<sup>[<\/sup><a name=\"_ftnref67\"><\/a>[67]<sup>]<\/sup>, sin que ello suponga el vaciamiento de la competencia del legislador en lo que tiene que ver con el n\u00facleo esencial de esta modalidad de contrataci\u00f3n p\u00fablica\u201d<a name=\"_ftnref68\"><\/a>[68].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"88\">\n<li>Ahora bien, los contratos regulados en los preceptos demandados difieren de los regulados en el segundo inciso del art\u00edculo 355 superior, especialmente, en el objeto y en las partes del contrato. De este modo, \u201ccomo el contenido definitorio de esta figura contractual no tiene relaci\u00f3n con lo estipulado en el inciso 2 del art\u00edculo 355 constitucional, no es posible que lo vulnere\u201d<a name=\"_ftnref69\"><\/a>[69].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"89\">\n<li><em>Sobre el tercer cargo <\/em><em>(<\/em><em>desconocimiento de las <\/em><em>libertades de empresa, competencia y concurrencia en materia de contrataci\u00f3n estatal)<\/em>. Las libertades de empresa y de competencia no son absolutas. Por tanto, \u201cel Estado puede limitar razonable y proporcionalmente dichas libertades para cumplir fines constitucionalmente valiosos, como es el inter\u00e9s general\u201d<a name=\"_ftnref70\"><\/a>[70]. En este contexto, \u201cla contrataci\u00f3n p\u00fablica constituye una herramienta para materializar y dinamizar las pol\u00edticas p\u00fablicas sociales, laborales y ambientales por parte del gobierno nacional, garantizando el principio constitucional de participaci\u00f3n\u201d<a name=\"_ftnref71\"><\/a>[71].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"90\">\n<li>La aplicaci\u00f3n del test leve de proporcionalidad a las normas demandadas permite concluir que estas son \u201cuna manifestaci\u00f3n leg\u00edtima de la libertad de configuraci\u00f3n del legislador en materia de contrataci\u00f3n estatal\u201d<a name=\"_ftnref72\"><\/a>[72]. En efecto, buscan alcanzar un fin constitucional \u2013\u201cfacultar a las entidades estatales para celebrar esta clase de contratos\u201d<a name=\"_ftnref73\"><\/a>[73]\u2013; y son id\u00f3neas porque desarrollan el principio superior de participaci\u00f3n de sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional. En este orden, \u201clos art\u00edculos 333 y 334 de la Carta Pol\u00edtica no resultan vulnerados, en tanto que el flexibilizar la contrataci\u00f3n para potencializar este segmento de la econom\u00eda resulta razonable y proporcional, como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional\u201d<a name=\"_ftnref74\"><\/a>[74].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"91\">\n<li>Los escritos de intervenci\u00f3n se sintetizan en el siguiente cuadro:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"294\"><b><strong>Interviniente<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"294\"><b><strong>Solicitud<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"294\">Secretar\u00eda Jur\u00eddica de la Presidencia de la Rep\u00fablica<\/td>\n<td width=\"294\">Inhibici\u00f3n y, en subsidio, exequibilidad<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"294\">Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n y Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado<\/td>\n<td width=\"294\">Inhibici\u00f3n y, en subsidio, exequibilidad<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"294\">Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio<\/td>\n<td width=\"294\">Exequibilidad<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"294\">Ministerio de Transporte<\/td>\n<td width=\"294\">Exequibilidad<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"294\">Superintendencia de Econom\u00eda Solidaria<\/td>\n<td width=\"294\">Exequibilidad<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"294\">Agencia Nacional de Infraestructura<\/td>\n<td width=\"294\">Exequibilidad<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"294\">Agencia Nacional de Contrataci\u00f3n P\u00fablica Colombia Compra Eficiente<\/td>\n<td width=\"294\">Exequibilidad<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"294\">Procurador general de la naci\u00f3n<\/td>\n<td width=\"294\">Exequibilidad<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol>\n<li><b><strong> PRUEBAS DECRETADAS<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"92\">\n<li>Como se indic\u00f3 en los antecedentes de la presente providencia, mediante Auto del 17 de octubre de 2023, el despacho del magistrado Alejandro Linares decret\u00f3 la pr\u00e1ctica de pruebas. Espec\u00edficamente, solicit\u00f3 a la Secretar\u00eda Jur\u00eddica de la Presidencia de la Rep\u00fablica, al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y al Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n que remitieran el documento oficial contentivo de las bases del PND 2022-2026. Igualmente, les pidi\u00f3 que indicaran cu\u00e1les son las metas, objetivos y estrategias que se relacionan con los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023, identificadas en la exposici\u00f3n de motivos, las bases del PND y en el cuerpo normativo finalmente aprobado.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"93\">\n<li>En los memoriales de respuesta<a name=\"_ftnref75\"><\/a>[75], las entidades indicadas afirmaron: (i) los art\u00edculos demandados se encuentran ubicados en la secci\u00f3n II del cap\u00edtulo III del t\u00edtulo III del PND; (ii) de acuerdo con el documento Bases del PND, tales art\u00edculos se encuentran insertados en el <em>catalizador <\/em>del PND, denominado \u201c[r]econocimiento e impulso a la econom\u00eda popular y comunitaria\u201d; (iii) en este <em>catalizador,<\/em> se sostiene que el PND implementar\u00e1 \u201cherramientas de mejora regulatoria\u201d que permitan la participaci\u00f3n de la econom\u00eda popular \u201cen actividades productivas mediante las compras p\u00fablicas\u201d; (iv) las normas demandadas se encuentran contempladas en las proyecciones de las fuentes de financiaci\u00f3n disponibles para la ejecuci\u00f3n de las metas del PND; y (v) el Plan Plurianual de Inversiones (PPI) \u201ccontempla dentro de las inversiones estrat\u00e9gicas, la l\u00ednea de inversi\u00f3n 20 \u2018[\u2026] inclusi\u00f3n financiera e impulso a la econom\u00eda popular, comunitaria y solidaria [\u2026]\u2019 tanto a nivel estrat\u00e9gico nacional, como a nivel territorial para todos los departamentos del pa\u00eds\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>VII. CONSIDERACIONES<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1>1. Competencia<\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"94\">\n<li>La Corte Constitucional es competente para conocer de la demanda de la referencia, en virtud de lo dispuesto por el numeral 4 del art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. En relaci\u00f3n con el primer cargo de inconstitucionalidad admitido, la Sala reitera que \u201c[e]l desconocimiento del principio de unidad de materia ha sido considerado como un vicio que, si bien se configura en el transcurso del procedimiento legislativo, es de \u00edndole material y, por tanto, no se somete a la regla de caducidad prevista en el art\u00edculo 242 numeral 3 de la Constituci\u00f3n\u201d<a name=\"_ftnref76\"><\/a>[76].<\/li>\n<\/ol>\n<p><sup>\u00a0<\/sup><\/p>\n<h1>2. Cuesti\u00f3n previa: aptitud de los cargos planteados en la demanda<\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"95\">\n<li>La Secretar\u00eda Jur\u00eddica de la Presidencia de la Rep\u00fablica y el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n y la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado solicitaron a la Corte declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo. En concreto, presentaron dicha solicitud respecto de los cargos segundo \u2013por el incumplimiento de los requisitos de certeza y especificidad\u2013; y tercero \u2013por la falta de satisfacci\u00f3n de las exigencias de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia\u2013.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"96\">\n<li>Las entidades no presentaron ning\u00fan argumento dirigido a cuestionar la aptitud del cargo sobre la presunta violaci\u00f3n del principio de unidad de materia. Tampoco advirtieron que los cargos segundo y tercero incumplieran todos los requisitos que, de acuerdo con la jurisprudencia, sustentan la aptitud de la demanda. En la Sentencia C-100 de 2022<a name=\"_ftnref77\"><\/a>[77], la Corte indic\u00f3 que esta carencia la habilita para \u201cavanzar en el estudio de fondo de los cargos\u201d, sin an\u00e1lisis adicionales, y con sujeci\u00f3n a lo sostenido en el auto admisorio de la demanda. Por tanto, en aplicaci\u00f3n del precedente indicado y dada la carencia argumentativa anotada, la Sala Plena analizar\u00e1 \u00fanicamente el cumplimiento de los requisitos de certeza y especificidad del segundo cargo, y de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia del tercero. Igualmente, se abstendr\u00e1 de verificar la aptitud sustantiva del primer cargo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"97\">\n<li>El art\u00edculo 2 del Decreto 2067 de 1991 establece que las demandas de inconstitucionalidad deber\u00e1n contener: \u201c1. El se\u00f1alamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripci\u00f3n literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicaci\u00f3n oficial de las mismas; || 2. El se\u00f1alamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas; || 3. Las razones por las cuales esos textos se estiman violados; || 4. Cuando fuera el caso, el se\u00f1alamiento del tr\u00e1mite impuesto por la Constituci\u00f3n para la expedici\u00f3n del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; || y 5. La raz\u00f3n por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"98\">\n<li>En cuanto al tercer requisito indicado, a partir de la Sentencia C-1052 de 2001, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido reiteradamente que el concepto de la violaci\u00f3n debe responder a m\u00ednimo tres exigencias argumentativas<a name=\"_ftnref78\"><\/a>[78]<em>: <\/em>(i) \u201cel se\u00f1alamiento de las normas constitucionales que consideren infringidas\u201d; (ii) \u201cla exposici\u00f3n del contenido normativo de las disposiciones constitucionales que ri\u00f1e con las normas demandadas\u201d; y (iii) la explicaci\u00f3n de \u201clas razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constituci\u00f3n\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"99\">\n<li>Con fundamento en la citada decisi\u00f3n, la Corte Constitucional ha afirmado que los argumentos expuestos para sustentar la censura deben ser claros, ciertos, espec\u00edficos, pertinentes y suficientes<a name=\"_ftnref79\"><\/a><sup>[79]<\/sup>. De este modo, ha definido cada uno de estos requisitos como sigue: en cuanto a la <em>claridad<\/em>, es indispensable la existencia de un hilo conductor en el escrito que permita comprender el significado de los argumentos. La <em>certeza<\/em> exige que la demanda recaiga sobre una proposici\u00f3n jur\u00eddica real y existente cuyo contenido sea verificable, y no sobre deducciones, supuestos o proposiciones hechos por el demandante mas no por el legislador. La <em>especificidad<\/em> se predica de aquellos planteamientos que definen la manera como la disposici\u00f3n acusada desconoce o vulnera la Constituci\u00f3n. Por tanto, la demanda debe contener, por lo menos, un cargo constitucional concreto contra la norma demandada para que sea posible determinar si se presenta una confrontaci\u00f3n real, objetiva y verificable. Esto supone dejar de lado argumentos \u201cvagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales\u201d<a name=\"_ftnref80\"><\/a><sup>[80]<\/sup>.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"100\">\n<li>Por su parte, la <em>pertinencia,<\/em> como atributo esencial de las razones expuestas al demandar una norma por inconstitucional, implica que \u201cel reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional\u201d, esto es, basado en la evaluaci\u00f3n de una norma superior frente a la disposici\u00f3n demandada. En consecuencia, el cargo se debe apartar de sustentos puramente legales y doctrinarios o simples an\u00e1lisis sobre la conveniencia de la norma. Finalmente, la <em>suficiencia<\/em> se refiere, primero, a \u201cla exposici\u00f3n de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche\u201d; y, segundo, a la exposici\u00f3n de argumentos que logren despertar \u201cuna duda m\u00ednima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada\u201d que haga necesario un pronunciamiento de la Corte<a name=\"_ftnref81\"><\/a><sup>[81]<\/sup>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Aptitud del segundo cargo: <\/strong><\/b><b><strong>violaci\u00f3n de las competencias constitucionales del Congreso y del Ejecutivo en materia de contrataci\u00f3n estatal (<\/strong><\/b><b><strong>art\u00edculos 113, 114, 136.1, 150, 189.11 y 355 de la Constituci\u00f3n)<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"101\">\n<li>Los demandantes argumentaron que la potestad reglamentaria conferida por los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 al Ejecutivo desconoce las competencias constitucionales en materia de contrataci\u00f3n estatal. Afirmaron que, con sus vac\u00edos y ambig\u00fcedades, tales art\u00edculos le permiten al Ejecutivo definir las capacidades, los requisitos y las condiciones para contratar con las asociaciones p\u00fablico populares. Lo anterior desconoce lo establecido en la Constituci\u00f3n, la cual le atribuye al Congreso de la Rep\u00fablica la competencia exclusiva para regular esas materias.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"102\">\n<li>Las entidades que solicitaron la inhibici\u00f3n fundaron su petici\u00f3n en el presunto incumplimiento de los requisitos de especificidad y certeza. Argumentaron que los actores \u201cestructuran sus argumentos bajo interpretaciones subjetivas del texto demandado\u201d<a name=\"_ftnref82\"><\/a>[82]; no demuestran cu\u00e1l es la ambig\u00fcedad o excesiva indeterminaci\u00f3n de las normas demandadas, y \u201cno [\u2026] exponen fundamentos jur\u00eddicos que evidencien la inobservancia de las normas constitucionales presuntamente vulneradas\u201d<a name=\"_ftnref83\"><\/a>[83].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"103\">\n<li>La Sala considera que el segundo cargo de la demanda cumple el requisito de <em>certeza<\/em>. Los demandantes hicieron una lectura objetiva de los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023. Se\u00f1alaron que, al tratarse de unas nuevas modalidades de contrataci\u00f3n estatal, el Congreso de la Rep\u00fablica debe regular sus aspectos esenciales, particularmente los que tienen reserva de ley. Sin embargo, el art\u00edculo 100 faculta, de manera general, al Gobierno nacional, a trav\u00e9s del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, para que reglamente ese art\u00edculo. Esto, a pesar de que no existe una norma de rango legal que contenga una definici\u00f3n de la expresi\u00f3n \u201cque hagan parte de la econom\u00eda popular\u201d. Es decir, de los sujetos que podr\u00e1n celebrar contratos con las entidades estatales bajo la modalidad de contrataci\u00f3n directa, para la ejecuci\u00f3n de obras o la adquisici\u00f3n de bienes y servicios, en las materias all\u00ed enlistadas. De este modo, concluyen que ser\u00e1 el Gobierno nacional, v\u00eda reglamento, quien determine dichos sujetos, a pesar de que esta materia tiene reserva de ley.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"104\">\n<li>Algo similar ocurrir\u00eda con el art\u00edculo 101. Esta norma dispone que las Asociaciones de Iniciativa P\u00fablico Popular \u201cconstituyen una modalidad de asociaci\u00f3n que se regir\u00e1 exclusivamente por lo previsto en [ese] art\u00edculo y su reglamentaci\u00f3n\u201d. No obstante, la norma tampoco hace una definici\u00f3n precisa de qui\u00e9nes podr\u00e1n fungir como contratistas. En realidad, para el efecto, \u00fanicamente prev\u00e9 que \u201clos diferentes instrumentos asociativos de origen comunitario tales como las unidades de la econom\u00eda popular, organismos de acci\u00f3n comunal, social o comunitaria u otras formas de organizaci\u00f3n social, grupos y\/o comunidades [\u2026]\u201d podr\u00e1n tener esa calidad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"105\">\n<li>En armon\u00eda con ello, el inciso 3 del art\u00edculo 101 prescribe que: \u201c[p]ara el desarrollo de las asociaciones de que trata el presente art\u00edculo se aplicar\u00e1n las siguientes reglas, sin perjuicio de aquellas establecidas en la reglamentaci\u00f3n expedida por el Gobierno nacional\u201d. En los t\u00e9rminos de los demandantes, dada su redacci\u00f3n, la norma deja en el Ejecutivo un amplio margen para su reglamentaci\u00f3n, que conduce a que este invada competencias reservadas al legislador.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"106\">\n<li>El cargo tambi\u00e9n satisface el requisito de <em>especificidad<\/em>. Los demandantes hacen un esfuerzo por determinar cada uno de los contenidos de las normas de la Constituci\u00f3n y las contrastan con lo omitido en los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023. De ah\u00ed que los argumentos s\u00ed se funden en los contenidos constitucionales que invocan como infringidos. Al respecto, precisaron que la Constituci\u00f3n establece la separaci\u00f3n de poderes p\u00fablicos y sus diferentes funciones (art\u00edculos 113 y 136.1 CP); que la potestad reglamentaria del Ejecutivo se ejerce seg\u00fan lo dispuesto en la ley (art\u00edculo 189 CP); que le corresponde al Congreso de la Rep\u00fablica expedir el EGCAP (art\u00edculos 114 y 150 CP); y que el Gobierno nacional, y no el Congreso de la Rep\u00fablica, es quien tiene la competencia para regular los contratos que podr\u00e1 celebrar con entidades privadas sin \u00e1nimo de lucro (art\u00edculo 355 CP).<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"107\">\n<li>Seg\u00fan los accionantes, al contrastar estos mandatos constitucionales con los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023, se observa que estas normas omiten \u201ccriterios objetivos y transparentes que permitan [\u2026] delimitar los sujetos que har\u00edan parte de la econom\u00eda popular y comunitaria, y las respectivas condiciones para celebrar y ejecutar contratos p\u00fablico populares\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Aptitud del tercer cargo: <\/strong><\/b><b><strong>desconocimiento de las libertades de empresa y competencia (art\u00edculos 333 y 334 de la Constituci\u00f3n)<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"108\">\n<li>Los demandantes sostuvieron que los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 desconocen las libertades de empresa y competencia, porque configuran una intervenci\u00f3n del Estado en la oferta de contrataci\u00f3n p\u00fablica que \u201creduce\u201d y \u201ccontrae\u201d las oportunidades para contratar con diferentes agentes. En opini\u00f3n de los actores, las normas demandadas conceden un tratamiento especial a las organizaciones de la econom\u00eda popular y fragmentan \u201ca capricho del Ejecutivo el espacio de contrataci\u00f3n p\u00fablica\u201d. Adicionalmente, afirmaron que los art\u00edculos 100 y 101 ponen en riesgo la calidad de los bienes y servicios que se contratar\u00edan bajo las asociaciones p\u00fablico populares.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"109\">\n<li>La Secretar\u00eda Jur\u00eddica de la Presidencia de la Rep\u00fablica se\u00f1al\u00f3 que el cargo incumple el requisito de certeza, \u201cdebido a que los actores aducen una interpretaci\u00f3n subjetiva y errada del texto demandado\u201d<a name=\"_ftnref84\"><\/a><sup>[84]<\/sup>. Esto es as\u00ed, pues \u201cla intenci\u00f3n del legislador es habilitar a un determinado grupo de la poblaci\u00f3n para acceder a contratar con el Estado en contratos hasta por m\u00ednima cuant\u00eda, y no restringir la oferta de competidores como equivocadamente lo afirman los accionantes\u201d<a name=\"_ftnref85\"><\/a><sup>[85]<\/sup>. El Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n y la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado consideraron que el tercer cargo de la demanda no satisface los requisitos de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"110\">\n<li>En sus palabras, no satisface la exigencia de certeza porque los preceptos cuestionados contienen una habilitaci\u00f3n y una autorizaci\u00f3n, mas no una imposici\u00f3n. En relaci\u00f3n con la especificidad, los accionantes no explican la manera en que aquellos desconocen los art\u00edculos 333 y 334 de la Constituci\u00f3n. El cargo tampoco es pertinente porque se sustenta en argumentos sobre la conveniencia y la aplicaci\u00f3n de las normas, y no sobre su constitucionalidad. Al respecto, los actores alegan que los art\u00edculos impugnados \u201cponen incluso en riesgo los intereses de las comunidades beneficiarias interesadas en el mejor desarrollo y calidad de los bienes p\u00fablicos que se contratar\u00edan bajo las asociaciones p\u00fablico populares\u201d<a name=\"_ftnref86\"><\/a>[86]. Adem\u00e1s, que se fundan en \u201cprejuicios, afectos, o filiaci\u00f3n pol\u00edtica\u201d<a name=\"_ftnref87\"><\/a>[87]. De este modo, el cargo no genera una duda m\u00ednima sobre la constitucionalidad de las normas demandadas y, por consiguiente, no cumple el requisito de suficiencia.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"111\">\n<li>La Sala Plena considera que el cargo formulado por desconocimiento de las libertades de empresa y competencia (art\u00edculos 333 y 334 de la Constituci\u00f3n) s\u00ed es apto para emitir un pronunciamiento de fondo. En primer lugar, cumple el requisito de <em>certeza<\/em>. Las normas demandadas s\u00ed contienen, en principio, una medida afirmativa a favor de las organizaciones y personas que forman parte de la econom\u00eda popular. En efecto, determinan que objetos contractuales que, generalmente, se contratan y ejecutan mediante modalidades de selecci\u00f3n del contratista que garantizan la pluralidad de oferentes, ahora se materialicen en contratos cuyas modalidades de selecci\u00f3n ser\u00e1n la contrataci\u00f3n directa y la selecci\u00f3n abreviada, en las cuales solo podr\u00e1n participar ciertos sujetos, excluyendo a otros.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"112\">\n<li>En segundo lugar, el cargo cumple la exigencia de <em>especificidad<\/em>. Dado que el cargo se inserta en el contexto del mercado de las compras p\u00fablicas que, por naturaleza, debe ser competitivo, las normas acusadas s\u00ed podr\u00edan vulnerar las libertades de empresa y competencia (art\u00edculos 333 y 334 de la Constituci\u00f3n). De acuerdo con la jurisprudencia, en el \u00e1mbito de la contrataci\u00f3n estatal, tales libertades se concretan en el principio de libertad de concurrencia<a name=\"_ftnref88\"><\/a>[88]. Este \u201cgarantiza la facultad de participar en el tr\u00e1mite concursal a todos los posibles proponentes que tengan la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la Administraci\u00f3n. La libre concurrencia entra\u00f1a la no discriminaci\u00f3n para el acceso en la participaci\u00f3n dentro del proceso de selecci\u00f3n, a la vez que posibilita la competencia y oposici\u00f3n entre los interesados en la contrataci\u00f3n\u201d<a name=\"_ftnref89\"><\/a>[89].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"113\">\n<li>En tercer lugar, el cargo se funda en razones <em>pertinentes<\/em>. Los demandantes explican con argumentos de \u00edndole constitucional: (i) que las libertades de empresa y de competencia se concretan en la facultad de participaci\u00f3n en el mercado y, en el caso espec\u00edfico, en el mercado de compras p\u00fablicas; (ii) que el legislador s\u00ed puede limitar esa libertad, con el \u00fanico prop\u00f3sito de cumplir con fines constitucionalmente valiosos, destinados a la protecci\u00f3n del inter\u00e9s general; (iii) que las normas demandadas no satisfacen los derechos de todos los participantes en ese mercado, pues benefician solamente a un sector espec\u00edfico de la poblaci\u00f3n; y (iv) que, en este orden, las disposiciones impugnadas son desproporcionadas e irrazonables.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"114\">\n<li>Finalmente, las razones son <em>suficientes<\/em>. Estas logran generar una duda m\u00ednima sobre la inconstitucionalidad de las normas demandadas por la presunta vulneraci\u00f3n de las libertades de empresa y de competencia en el marco de la contrataci\u00f3n estatal. Tales razones sugieren, en esencia, la necesidad de verificar varios aspectos: si los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 contienen acciones afirmativas, si estas tienen cabida en el campo de la contrataci\u00f3n estatal y, en caso de que ello sea posible, si cumplen con las condiciones constitucionales para admitir su validez.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><b> <\/b><b><strong>Presentaci\u00f3n del caso, problemas jur\u00eddicos y esquema de soluci\u00f3n<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"115\">\n<li>La demanda se dirige contra los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023. El art\u00edculo 100, que trata de las Asociaciones P\u00fablico Populares (en adelante, APPo), establece la posibilidad de que las entidades estatales celebren contratos con personas naturales o entidades sin \u00e1nimo de lucro que formen parte de la econom\u00eda popular y comunitaria. Estos contratos tienen tres caracter\u00edsticas adicionales: primera, se rigen por las reglas que gobiernan la contrataci\u00f3n directa; segunda, solo pueden celebrarse hasta por la m\u00ednima cuant\u00eda de la entidad estatal; y, tercera, el objeto contractual debe consistir en la ejecuci\u00f3n de obras o la adquisici\u00f3n de los bienes y servicios relacionados con las materias all\u00ed prescritas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"116\">\n<li>Por su parte, el art\u00edculo 101 crea \u201cun instrumento contractual de vinculaci\u00f3n entre entidades p\u00fablicas y los diferentes instrumentos asociativos de origen comunitario\u201d: las Asociaciones de Iniciativa P\u00fablico Popular (en adelante AIPPo). El citado art\u00edculo dispone ocho reglas a las que se someten dichos contratos. En relaci\u00f3n con los contratos a los que alude el art\u00edculo 100, los instrumentos contractuales del art\u00edculo 101 se distinguen, entre otras cosas, en que la modalidad de selecci\u00f3n del contratista es la selecci\u00f3n abreviada, el aporte que realiza la entidad p\u00fablica no puede ser superior al cincuenta por ciento (50%) del valor de la inversi\u00f3n y esta no podr\u00e1 exceder los seis mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. Adem\u00e1s, el objeto contractual deber\u00e1 consistir en \u201cel dise\u00f1o, construcci\u00f3n, renovaci\u00f3n, reparaci\u00f3n, mejoramiento, equipamiento, gesti\u00f3n, operaci\u00f3n y mantenimiento de proyectos de infraestructura y dem\u00e1s actividades t\u00e9cnicas necesarias para el cumplimiento del contrato en el respectivo territorio de la respectiva comunidad\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"117\">\n<li>Los demandantes consideran que los dos art\u00edculos vulneran el principio de unidad de materia. En concreto, aseguran que aquellos no cumplen el precedente jurisprudencial que desarrolla ese principio en el contexto del PND, pues no tienen una conexidad directa, inmediata y necesaria con los objetivos del plan. Igualmente, precisan que tales art\u00edculos violan las competencias que la Constituci\u00f3n le asigna al Congreso y al Ejecutivo en materia de contrataci\u00f3n estatal. Esto, por dos razones: (i) no establecen las capacidades, los requisitos y las condiciones para celebrar los contratos all\u00ed establecidos; y (ii) no definen el concepto de econom\u00eda popular y de los instrumentos asociativos de origen comunitario y, por tanto, los destinatarios de las medidas son indeterminados. A su juicio, las normas demandadas delegan en el Gobierno nacional esa regulaci\u00f3n, a pesar de que tales elementos tienen reserva material de ley. Por \u00faltimo, sostienen que los art\u00edculos acusados violan las libertades de empresa y competencia porque crean un <em>privilegio<\/em> injustificado, desproporcionado e irrazonable a favor de las organizaciones y personas que forman parte de la econom\u00eda popular.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"118\">\n<li>En concordancia con lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional debe determinar si los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 desconocen: (i) el principio de unidad de materia de la ley del PND; (ii) la reserva de ley en materia de contrataci\u00f3n estatal, al delegar en el Gobierno nacional la regulaci\u00f3n de las capacidades, los requisitos y las condiciones para celebrar esos contratos all\u00ed establecidos y, en particular, los destinatarios de las medidas; y (iii) las libertades de empresa, competencia econ\u00f3mica y concurrencia en materia de contrataci\u00f3n estatal, en tanto establecen una medida afirmativa en favor de la econom\u00eda popular.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"119\">\n<li>Para resolver los problemas jur\u00eddicos planteados, esta Corporaci\u00f3n reiterar\u00e1 la jurisprudencia constitucional vinculada con cada uno de ellos e inmediatamente resolver\u00e1 cada cargo formulado. En caso de encontrarse configurado alguno de estos, la Corte se abstendr\u00e1 de continuar con el an\u00e1lisis de los restantes.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><b><strong> El principio de unidad de materia en las leyes del Plan Nacional de Desarrollo. Reiteraci\u00f3n de jurisprudencia<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"120\">\n<li>De acuerdo con el art\u00edculo 158 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, \u201ctodo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y ser\u00e1n inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella\u201d. Igualmente, el art\u00edculo 169 superior determina que \u201c[e]l t\u00edtulo de las leyes deber\u00e1 corresponder precisamente a su contenido\u201d. Estas dos normas constitucionales dan lugar al principio de unidad de materia. Este busca garantizar la coherencia interna de las leyes<a name=\"_ftnref90\"><\/a>[90]. Tal coherencia se logra limitando \u201cla posibilidad de que se introduzcan disposiciones que, en virtud del objeto general de la ley, puedan considerarse extra\u00f1as y, por tanto, afectar de alguna manera el principio democr\u00e1tico, la publicidad y la vigencia del Estado de derecho\u201d<a name=\"_ftnref91\"><\/a>[91].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"121\">\n<li>La aplicaci\u00f3n de este principio debe ser flexible, pues \u201c[s]u objetivo no es obstaculizar, dificultar o entorpecer la labor legislativa\u201d<a name=\"_ftnref92\"><\/a>[92]. Es decir, debe considerar el amplio margen de configuraci\u00f3n del legislador. En consecuencia, solamente deber\u00e1n expulsarse del ordenamiento jur\u00eddico por inconstitucionales \u201caquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relaci\u00f3n de conexidad causal, teleol\u00f3gica, tem\u00e1tica o sist\u00e9mica con la materia dominante de la misma\u201d<a name=\"_ftnref93\"><\/a>[93].De ah\u00ed que \u201cla intensidad con la cual se analiza si se viola o no el principio de unidad de materia [sea] de nivel bajo, en la medida en que, si es posible encontrar <em>alguna relaci\u00f3n<\/em> entre el tema tratado en un art\u00edculo y la materia de la ley, entonces la disposici\u00f3n acusada es, por ese concepto, exequible\u201d<a name=\"_ftnref94\"><\/a>[94].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"122\">\n<li>No obstante, trat\u00e1ndose de la ley del PND, el principio de unidad de materia tiene unas caracter\u00edsticas particulares. A continuaci\u00f3n, se resumen las reglas que la jurisprudencia ha desarrollado sobre este principio y, con sujeci\u00f3n a las cuales, ser\u00e1 resuelto el primer cargo de la demanda:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"123\">\n<li><em>En principio, la ley del PND debe respetar las competencias ordinarias del Congreso<\/em>. La ley del PND es una ley ordinaria. Sin embargo, como ya se indic\u00f3, tiene unas caracter\u00edsticas constitucionales muy precisas y sus objetivos son estrictamente planificadores. Con fundamento en este car\u00e1cter especial, la jurisprudencia ha sostenido que, en principio, la ley del PND no puede abarcar el contenido de otras competencias ordinarias del Congreso de la Rep\u00fablica<a name=\"_ftnref95\"><\/a>[95]. Por consiguiente, aquella no puede ser usada para corregir falencias estructurales o inconsistencias de leyes anteriores<a name=\"_ftnref96\"><\/a>[96], solucionar todas las urgencias legales del gobierno de turno, o \u201csubsanar vac\u00edos normativos existentes en otras leyes ordinarias\u201d<a name=\"_ftnref97\"><\/a>[97]. Como es natural, estos asuntos s\u00ed deben ser corregidos por el legislador, \u201cpero mediante el procedimiento legislativo propio de las leyes que los contengan\u201d<a name=\"_ftnref98\"><\/a>[98].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"124\">\n<li>De este modo, \u201c[l]a ley que aprueba el PND para un cuatrienio presidencial no puede contener una regulaci\u00f3n sobre todas las materias que al Congreso de la Rep\u00fablica corresponden en el ejercicio de sus atribuciones. No podr\u00eda incluir cualquier normativa legal, ya que ello implicar\u00eda que la atribuci\u00f3n asignada al Congreso de la Rep\u00fablica por el numeral 3 del art\u00edculo 150 de la carta termine por subsumir, suprimir o reducir las dem\u00e1s funciones constitucionales del legislador (24 restantes)<a name=\"_ftnref99\"><\/a>[99]\u201d. Esta restricci\u00f3n no solo obedece a las caracter\u00edsticas especiales de la ley del PND. Tambi\u00e9n a la siguiente circunstancia: el Gobierno nacional conserva intactas sus facultades ordinarias y extraordinarias en el \u00e1mbito legislativo y, espec\u00edficamente, en materia econ\u00f3mica. De ah\u00ed que la ley del Plan no sea la \u00fanica herramienta de gobernabilidad<a name=\"_ftnref100\"><\/a>[100].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"125\">\n<li>As\u00ed, el control constitucional debe procurar que la ley del PND no vac\u00ede las competencias ordinarias del Congreso de la Rep\u00fablica o contenga regulaciones ajenas a su naturaleza estrictamente planificadora. Esta regla es importante porque busca proteger la separaci\u00f3n de poderes y el principio democr\u00e1tico en el proceso de planeaci\u00f3n<a name=\"_ftnref101\"><\/a>[101]. En otros t\u00e9rminos, como lo ha sostenido la Corte, la ley del PND no puede ser \u201cuna especie de caj\u00f3n de sastre\u201d o \u201cuna colcha de retazos que lleve a un limbo normativo\u201d<a name=\"_ftnref102\"><\/a>[102].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"126\">\n<li><em>El nivel de escrutinio en el juicio de constitucionalidad.<\/em> Recientemente, en la Sentencia C-244 de 2025, la Sala Plena ajust\u00f3 su jurisprudencia en relaci\u00f3n con la metodolog\u00eda de an\u00e1lisis de los cargos por violaci\u00f3n del principio de unidad de materia en las leyes del PND. La Corte resalt\u00f3 que \u201ccon los a\u00f1os, el escrutinio creado por la jurisprudencia para resolver este asunto se ha hecho cada vez m\u00e1s dif\u00edcil de superar\u201d<a name=\"_ftnref103\"><\/a>[103]. Por lo tanto, consider\u00f3 necesario adoptar un modelo de evaluaci\u00f3n que permita, de una parte, mantener la protecci\u00f3n del principio democr\u00e1tico, as\u00ed como la transparencia y la publicidad en el procedimiento legislativo y, de otra, que evite sacrificar de manera excesiva \u201cel margen de configuraci\u00f3n normativa que, respecto del proceso de planeaci\u00f3n, se ha reconocido al Gobierno Nacional y al Congreso de la Rep\u00fablica\u201d<a name=\"_ftnref104\"><\/a>[104].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"127\">\n<li>Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha transitado desde una visi\u00f3n m\u00e1s flexible a un escrutinio m\u00e1s estricto sobre el principio de unidad de materia en el \u00e1mbito de la ley del PND <a name=\"_ftnref105\"><\/a>[105]. En la etapa m\u00e1s reciente (2020-2025), se consider\u00f3 que el an\u00e1lisis de unidad de materia en dicha norma deb\u00eda ser m\u00e1s exigente que el que se adelanta respecto de otras leyes<a name=\"_ftnref106\"><\/a>[106]. En este sentido, la Corte defini\u00f3 las etapas para establecer si las disposiciones de la ley del PND se ajustan o no a la Constituci\u00f3n, de la siguiente manera:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"128\">\n<li><em>Las etapas del juicio estricto, adoptado en la Sentencia C-415 de 2020. <\/em>De acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, el control estricto que realiza la Corte en estos casos debe seguir tres etapas<a name=\"_ftnref107\"><\/a>[107]: en la primera, la Sala determina el alcance y la ubicaci\u00f3n de las normas demandadas, \u201ccon la finalidad de establecer si se trata de una disposici\u00f3n instrumental\u201d<a name=\"_ftnref108\"><\/a>[108]. En la segunda, establece si en la parte general del PND y en el PNI existen programas o proyectos descritos de manera concreta, espec\u00edfica y detallada, que puedan relacionarse con la disposici\u00f3n juzgada<a name=\"_ftnref109\"><\/a>[109]. Y, en la tercera, constata \u201csi entre la disposici\u00f3n instrumental acusada y los programas o proyectos identificados en el paso anterior existe una conexidad directa e inmediata, de forma que la medida instrumental sea necesaria para impulsar su cumplimiento\u201d<a name=\"_ftnref110\"><\/a>[110]. Para adelantar las fases descritas, es preciso tener en cuenta los dos aspectos que se indican enseguida.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"129\">\n<li>Primero, los mecanismos de ejecuci\u00f3n del PND deben ser instrumentos adecuados para lograr los objetivos de su parte general y los programas y proyectos de inversi\u00f3n p\u00fablica nacional<a name=\"_ftnref111\"><\/a>[111]. Por mandato constitucional, la parte general del Plan contiene \u201clos prop\u00f3sitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acci\u00f3n estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la pol\u00edtica econ\u00f3mica, social y ambiental que ser\u00e1n adoptadas por el Gobierno\u201d<a name=\"_ftnref112\"><\/a>[112]. Esto significa que, a diferencia de otras leyes, por su propia naturaleza, la parte general del PND no tiene una materia predominante, \u201cm\u00e1s all\u00e1 del tema gen\u00e9rico de la planeaci\u00f3n\u201d<a name=\"_ftnref113\"><\/a>[113].<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"130\">\n<li>A pesar de ese car\u00e1cter multitem\u00e1tico, como ya se adelant\u00f3, la jurisprudencia ha sostenido que los mecanismos de ejecuci\u00f3n del PND deben ser instrumentos adecuados para lograr los objetivos de la parte general. Esta premisa tiene un sustento normativo: los art\u00edculos 150, numeral 3, y 341 de la CP. El primero dispone que el PND debe determinar las <em>medidas necesarias<\/em> para impulsar su cumplimiento; el segundo, que los mandatos de su PNI \u201cconstituir\u00e1n <em>mecanismos id\u00f3neo<\/em>s para su ejecuci\u00f3n y suplir\u00e1n los existentes sin necesidad de la expedici\u00f3n de leyes posteriores\u201d. El art\u00edculo 6 de la Ley Org\u00e1nica 152 de 1994 reproduce esta \u00faltima prescripci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"131\">\n<li>No sobra advertir que, a partir de la Sentencia C-063 de 2021, reiterada en varios fallos posteriores<a name=\"_ftnref114\"><\/a>[114], el an\u00e1lisis del principio de unidad de materia de las normas acusadas se adelanta no solo respecto de la parte general del PND. Dicho an\u00e1lisis tambi\u00e9n debe surtirse en relaci\u00f3n con los programas y proyectos de inversi\u00f3n p\u00fablica nacional y los presupuestos plurianuales. As\u00ed, la satisfacci\u00f3n del principio de unidad de materia tambi\u00e9n se exige respecto de los programas, proyectos y apropiaciones que se autoricen para la ejecuci\u00f3n de estos y de las medidas que se adopten para impulsar su cumplimiento. Entonces, tales programas, proyectos y apropiaciones deben ser un instrumento (de medio a fin) para alcanzar los objetivos de este (\u201cconexi\u00f3n teleol\u00f3gica estrecha\u201d<a name=\"_ftnref115\"><\/a>[115]).<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"132\">\n<li>Adicionalmente, la conexidad entre, por un lado, las normas instrumentales y, por otro lado, la parte general del PND y el PNI debe ser <em>directa<b><\/b>e inmediata<\/em>, no eventual o mediata<a name=\"_ftnref116\"><\/a>[116]. Esto supone que los mecanismos de ejecuci\u00f3n del PND deben operar inequ\u00edvocamente como instrumentos de cumplimiento de la parte general del PND y el PNI. Para satisfacer esta exigencia, las disposiciones instrumentales deben \u201cguardar conexidad directa e inmediata con los programas y proyectos de inversi\u00f3n p\u00fablica nacional descritos de manera espec\u00edfica y detallada y los presupuestos plurianuales de los mismos\u201d<a name=\"_ftnref117\"><\/a>[117]. Esto, sumado a \u201cla determinaci\u00f3n o especificaci\u00f3n concreta de los recursos financieros y apropiaciones requeridos que se autoricen para su ejecuci\u00f3n definidos en la Ley del Plan Nacional de Inversiones\u201d<a name=\"_ftnref118\"><\/a>[118].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"133\">\n<li>Por el contrario, la jurisprudencia ha expresado que la conexidad ser\u00e1 <em>eventual<\/em> si la norma demandada cumple el objetivo previsto en la parte general del PND, pero solo de forma hipot\u00e9tica<a name=\"_ftnref119\"><\/a>[119]; y, <em>mediata<\/em>, si la realizaci\u00f3n de ese objetivo depende del cumplimiento o intervenci\u00f3n de otra condici\u00f3n o circunstancia<a name=\"_ftnref120\"><\/a>[120]. En otras palabras, la conexidad ser\u00e1 eventual y mediata cuando la efectividad de los objetivos, metas, programas o proyectos de inversi\u00f3n generales del plan no se obtenga del cumplimiento de la norma acusada.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"134\">\n<li><em>Requisitos jurisprudenciales para la modificaci\u00f3n de normas permanentes mediante disposiciones contenidas en la ley del PND.<\/em> Las normas del PND deben tener una vocaci\u00f3n temporal, esto es, una vigencia de cuatro a\u00f1os<a name=\"_ftnref121\"><\/a>[121]. La naturaleza temporal de las normas del PND es un <em>elemento adicional<\/em> que permite comprobar o desvirtuar su conexidad con la parte general, as\u00ed como determinar si la disposici\u00f3n objeto de reproche compromete una competencia legislativa ordinaria permanente<a name=\"_ftnref122\"><\/a>[122]. Esto supone que las normas del PND, \u201cque no tengan como fin planificar y priorizar las acciones p\u00fablicas y la ejecuci\u00f3n del presupuesto p\u00fablico durante un cuatrienio\u201d, resultan violatorias del principio de unidad de materia<a name=\"_ftnref123\"><\/a>[123]. De esta manera, \u201c[l]a pretensi\u00f3n de instaurar pol\u00edticas de largo aliento (ordinarias) exige acudir a la agenda legislativa del Gobierno\u00a0y su consiguiente propuesta e impulso ante el Congreso de la Rep\u00fablica, en garant\u00eda del principio democr\u00e1tico\u201d<a name=\"_ftnref124\"><\/a>[124].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"135\">\n<li>Sin embargo, la jurisprudencia ha precisado que el PND podr\u00e1 modificar normas de car\u00e1cter permanente, si la norma cumple tres condiciones que deben ser valoradas con estricto rigor por la Corte. Estas condiciones son las siguientes: (i) la modificaci\u00f3n debe tener un fin planificador y de impulso a la ejecuci\u00f3n del plan cuatrienal<a name=\"_ftnref125\"><\/a>[125], es decir, debe \u201ccumplir los prop\u00f3sitos, objetivos y metas previstos [\u2026] en la parte general del Plan Nacional de Desarrollo\u201d<a name=\"_ftnref126\"><\/a>[126] o, en otras palabras, constituir \u201cun mecanismo id\u00f3neo para impulsar el cumplimiento del plan\u201d<a name=\"_ftnref127\"><\/a>[127]; (ii) en el tr\u00e1mite legislativo, los congresistas debieron tener informaci\u00f3n sobre esa modificaci\u00f3n y debi\u00f3 existir \u201cla posibilidad de deliberar sobre este punto en el Congreso\u201d<a name=\"_ftnref128\"><\/a>[128]; y (iii) la medida debe estar precedida de una <em>justificaci\u00f3n suficiente<\/em>, ofrecida por el Gobierno nacional durante dicho tr\u00e1mite, en la que este explique cu\u00e1l es la funci\u00f3n de planeaci\u00f3n que cumple la norma, su car\u00e1cter instrumental y su idoneidad para ejecutar la parte general del PND y el PNI<a name=\"_ftnref129\"><\/a>[129].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"136\">\n<li>La tercera condici\u00f3n implica que, en el curso del tr\u00e1mite legislativo, el Gobierno nacional debi\u00f3 explicar por qu\u00e9 la modificaci\u00f3n de normas de car\u00e1cter permanente era <em>necesaria<\/em> e <em>imprescindible<\/em> para impulsar el cumplimiento del PND. La satisfacci\u00f3n de esta carga argumentativa adicional \u201ces indispensable por la competencia constitucional que ha sido conferida al Ejecutivo en lo correspondiente al dise\u00f1o y puesta en ejecuci\u00f3n del PND\u201d<a name=\"_ftnref130\"><\/a>[130]. Dicha carga debe ser asumida exclusivamente por el Gobierno, de modo que a la Corte no le corresponde \u201crealizar conjeturas para complementar lo que imagina fueron la intenci\u00f3n y metas perseguidas por el Gobierno nacional y, por ende, encontrar una relaci\u00f3n entre la medida y los objetivos generales del plan, m\u00e1xime cuando los pactos estructurales resultan tan generales\u201d<a name=\"_ftnref131\"><\/a>[131].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"137\">\n<li><em>Supuestos en los que el deber de justificar las medidas que modifiquen normas de car\u00e1cter permanente es especialmente relevante<\/em>. En t\u00e9rminos generales, la Corte ha destacado dos escenarios en los que debe examinar con mayor rigor el cumplimiento del deber de justificar medidas que modifiquen normas de car\u00e1cter permanente: (i) \u201ccuando la ley del plan [\u2026] adopte normas de contenido tributario o (ii) modifique reg\u00edmenes cuya regulaci\u00f3n se ha asignado de forma ordinaria al legislador en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 150 de la Constituci\u00f3n\u201d<a name=\"_ftnref132\"><\/a>[132]. El rigor exigido en el primer escenario se sustenta en el principio democr\u00e1tico y obedece a una antigua regla en virtud de la cual no hay tributaci\u00f3n sin representaci\u00f3n<a name=\"_ftnref133\"><\/a>[133]. Y, en el segundo, a la necesidad de evitar que la competencia del Congreso de aprobar el PND subsuma sus dem\u00e1s funciones de producci\u00f3n normativa<a name=\"_ftnref134\"><\/a>[134] y que las comisiones econ\u00f3micas conjuntas vac\u00eden las funciones especializadas de las otras comisiones constitucionales permanentes<a name=\"_ftnref135\"><\/a>[135].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"138\">\n<li>En aplicaci\u00f3n de esta regla jurisprudencial, la Corte ha declarado inexequibles varias disposiciones de los planes nacionales de desarrollo 2018 \u2013 2022 (Ley 1955 de 2019)<a name=\"_ftnref136\"><\/a>[136] y 2022 \u2013 2026 (Ley 2294 de 2023)<a name=\"_ftnref137\"><\/a>[137]. En el \u00e1mbito del segundo escenario indicado en precedencia \u2013competencias ordinarias del Congreso\u2013, la Sala ha identificado algunos supuestos en los que el deber de justificar de manera suficiente la modificaci\u00f3n de normas de car\u00e1cter permanente se hace exigible. Se trata de las siguientes reformas: (i) al R\u00e9gimen de Seguridad Social Integral<a name=\"_ftnref138\"><\/a>[138] y, en particular, al Sistema de Riesgos Laborales<a name=\"_ftnref139\"><\/a>[139]; (ii) a la estructura org\u00e1nica de entidades p\u00fablicas<a name=\"_ftnref140\"><\/a>[140], lo que comprende la creaci\u00f3n de estas<a name=\"_ftnref141\"><\/a>[141]; (iii) al r\u00e9gimen sancionatorio de los servicios p\u00fablicos domiciliarios<a name=\"_ftnref142\"><\/a>[142]; (iv) al tr\u00e1mite de reparto notarial<a name=\"_ftnref143\"><\/a>[143]; (v) al sujeto responsable de los parqueaderos destinados a veh\u00edculos inmovilizados por orden judicial<a name=\"_ftnref144\"><\/a>[144]; (vi) al r\u00e9gimen jur\u00eddico de las sociedades por acciones simplificadas<a name=\"_ftnref145\"><\/a>[145]; y (vii) a las funciones de inspecci\u00f3n, vigilancia y control a cargo del Gobierno nacional<a name=\"_ftnref146\"><\/a>[146].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"139\">\n<li>En esos dos periodos, esta Corporaci\u00f3n solo ha declarado la exequibilidad de normas enjuiciadas, que modifican normas de car\u00e1cter permanente, en dos ocasiones<a name=\"_ftnref147\"><\/a>[147]. En la Sentencia C-105 de 2021, la Corte analiz\u00f3 el art\u00edculo 243 de la Ley 1955 de 2019. Esta norma adiciona los operadores log\u00edsticos de tecnolog\u00edas en salud y gestores farmac\u00e9uticos a la lista de integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La Sala precis\u00f3 que el art\u00edculo contiene una modificaci\u00f3n a una norma de car\u00e1cter permanente. No obstante, precis\u00f3 que exist\u00eda una conexidad directa e inmediata, en t\u00e9rminos de instrumentalidad de medio a fin, entre esa regulaci\u00f3n y los objetivos, metas, planes o estrategias vistos en conjunto e incorporados en el PND y el documento Bases.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"140\">\n<li>En la Sentencia C-063 de 2021, el tribunal declar\u00f3 la exequibilidad del art\u00edculo 298 de la misma ley, que sustitu\u00eda el art\u00edculo 4 de la Ley 143 de 1994. Esta disposici\u00f3n regula actividades relacionadas con la\u00a0prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de energ\u00eda el\u00e9ctrica. La Sala observ\u00f3 que, aunque la disposici\u00f3n introduc\u00eda una modificaci\u00f3n a una norma de car\u00e1cter permanente, s\u00ed ten\u00eda por objeto, con un fin planificador, impulsar la ejecuci\u00f3n de un proyecto o programa concreto descrito en el PNI.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"141\">\n<li><em>La metodolog\u00eda adoptada en la Sentencia C-244 de 2025<\/em>. A partir de lo anterior, la Sentencia C-244 de 2025 adopt\u00f3 una nueva metodolog\u00eda para estudiar el desconocimiento del principio de unidad de materia. Determin\u00f3 que, para establecer si una norma incluida en el PND desconoci\u00f3 la unidad de materia, el juez constitucional \u201cdebe identificar si es necesario acudir a un escrutinio de intensidad mayor o menor\u201d<a name=\"_ftnref148\"><\/a>[148]. En el primer caso (escrutinio de mayor intensidad), la Sala resalt\u00f3 que se deb\u00edan \u201ccumplir los criterios exigidos por la jurisprudencia actual\u201d<a name=\"_ftnref149\"><\/a>[149], esto es, el juicio estricto que, en materia de conexidad directa e inmediata se adopt\u00f3 a partir de la Sentencia C-415 de 2020.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"142\">\n<li>En otras palabras, la Sentencia C-244 de 2025 no modific\u00f3 los par\u00e1metros del escrutinio estricto en relaci\u00f3n con la unidad de materia en las leyes del PND. En su lugar, la Sala cre\u00f3 un <em>escrutinio de menor intensidad<\/em>, aplicable a los casos en que las disposiciones cuestionadas no aborden tem\u00e1ticas que deben ser reguladas, necesariamente, en el marco de las competencias ordinarias del Congreso de la Rep\u00fablica y tengan un estricto fin planificador<a name=\"_ftnref150\"><\/a>[150]. A continuaci\u00f3n, la Sala explicar\u00e1 el alcance de cada uno de estos escrutinios:<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"143\">\n<li><b><strong><em>Escrutinio de mayor intensidad. <\/em><\/strong><\/b>Se aplica \u201ccuando la norma demandada \u2013incluida en el PND\u2013 sea de aquellas que deb\u00edan adoptarse por el Congreso de la Rep\u00fablica en el marco de sus competencias constitucionales ordinarias\u201d. Esta noci\u00f3n abarca, por ejemplo, normas tributarias, de car\u00e1cter sancionatorio y de aquellas que modifican la legislaci\u00f3n de manera permanente. Al aplicar este escrutinio le corresponde al juez constitucional \u201ccumplir los criterios exigidos por la jurisprudencia actual\u201d, esto es, los definidos a partir de la Sentencia C-415 de 2020. Por lo tanto, en estos casos, la Corte deber\u00e1:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(i) determinar la ubicaci\u00f3n y alcance de las normas demandadas para establecer si se trata de una disposici\u00f3n instrumental;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(ii) definir si en la parte general del PND existen objetivos, metas, planes o estrategias que puedan relacionarse con las disposiciones acusadas (car\u00e1cter instrumental); y verificar si las disposiciones demandadas pueden relacionarse con los programas del Plan Plurianual de Inversiones; y<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(iii) constatar que exista <em>conexidad directa e inmediata<\/em> entre las normas cuestionadas y los objetivos, metas o estrategias de la parte general del PND, o con los programas, proyectos y apropiaciones que se autoricen para su ejecuci\u00f3n y de las medidas que se adopten para impulsar su cumplimiento, los cuales siempre han de contar con un referente en la parte general del mismo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"144\">\n<li>De esa manera, al emplear el escrutinio de mayor intensidad, la norma objeto de estudio ser\u00e1 exequible si guarda conexidad directa e inmediata con las bases del PND o con el Plan Plurianual de Inversiones, y ser\u00e1 inexequible si no guarda relaci\u00f3n con ninguno de los dos. Esa conexidad directa e inmediata se traduce en que \u201cla norma instrumental debe ser efectiva y posibilitar el cumplimiento del prop\u00f3sito para el cual se incluy\u00f3\u201d<a name=\"_ftnref151\"><\/a>[151].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"145\">\n<li><b><strong><em>Escrutinio de menor intensidad<\/em><\/strong><\/b><b><strong>.<\/strong><\/b> Se emplea \u201ccuando la norma demandada \u2013incluida en el PND\u2013 (i) no aborde tem\u00e1ticas que deb\u00edan ser reguladas, necesariamente, en el marco de las competencias ordinarias del Congreso de la Rep\u00fablica, y (ii) tenga un estricto fin planificador\u201d<a name=\"_ftnref152\"><\/a>[152]. Esto \u00faltimo ocurre cuando la disposici\u00f3n \u201cse dirija a cumplir alguno de los objetivos, metas, estrategias o programas del PND, cuya naturaleza es temporal\u201d. Al acudir a este escrutinio le corresponde al juez constitucional:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(i) determinar la ubicaci\u00f3n y alcance de las normas demandadas para establecer si se trata de una disposici\u00f3n instrumental;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(ii) definir si en la parte general del PND existen objetivos, metas, planes o estrategias que puedan relacionarse con las disposiciones acusadas (car\u00e1cter instrumental); y verificar si las disposiciones demandadas pueden relacionarse con los programas del Plan Plurianual de Inversiones; y<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>(iii) verificar que la norma demandada tenga una <em>conexidad objetiva y razonable <\/em>con las bases del PND o con los programas incluidos en el Plan Plurianual de Inversiones. As\u00ed, la disposici\u00f3n debe declararse exequible si contribuye, en alg\u00fan grado razonable, a la consecuci\u00f3n del fin que se propone.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"146\">\n<li>En s\u00edntesis, la Sentencia C-244 de 2025 adopt\u00f3 una nueva metodolog\u00eda para analizar los cargos por violaci\u00f3n del principio de unidad de materia en la ley del PND. Dicha providencia sintetiz\u00f3 los nuevos criterios en la tabla que se reproduce a continuaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"589\"><b><strong>Definici\u00f3n de la intensidad del escrutinio<\/strong><\/b><a name=\"_ftnref153\"><\/a><b><strong>[153]<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"589\">Cuando la norma demandada \u2013incluida en el PND\u2013 sea de aquellas que deb\u00edan adoptarse por el Congreso de la Rep\u00fablica en el marco de sus competencias constitucionales ordinarias, el escrutinio <b><strong>tendr\u00e1 una intensidad mayor<\/strong><\/b>. En contraste, el escrutinio <b><strong>tendr\u00e1 una intensidad menor<\/strong><\/b>, cuando la norma demandada \u2013incluida en el PND\u2013 (i) no aborde tem\u00e1ticas que deb\u00edan ser reguladas, necesariamente, en el marco de las competencias ordinarias del Congreso de la Rep\u00fablica, y (ii) tenga un estricto fin planificador. Se entender\u00e1 que existe un fin planificador por parte de la norma instrumental demandada, cuando la incorporaci\u00f3n de aquella se dirija a cumplir alguno de los objetivos, metas, estrategias o programas del PND, cuya naturaleza es, en principio, <em>temporal.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Definida la intensidad del escrutinio, deber\u00e1n seguirse las reglas que a continuaci\u00f3n se exponen.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"294\"><b><strong>Escrutinio de mayor intensidad<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"294\"><b><strong>Escrutinio de menor intensidad<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"589\"><b><strong>Primera etapa<\/strong><\/b> (com\u00fan a ambos escrutinios): \u201c<em>determinar la ubicaci\u00f3n y alcance de las normas demandadas para establecer si se trata de una disposici\u00f3n instrumental\u201d<\/em><a name=\"_ftnref154\"><\/a>[154].<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"589\"><b><strong>Segunda etapa<\/strong><\/b> (com\u00fan a ambos escrutinios): \u201c<em>definir si en la parte general del plan existen objetivos, metas, planes o estrategias que puedan relacionarse con las disposiciones acusadas\u201d<\/em><a name=\"_ftnref155\"><\/a>[155]<em>.<\/em> Asimismo, verificar si las disposiciones demandadas pueden relacionarse con los programas del Plan Plurianual de Inversiones.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"294\"><b><strong>Tercera etapa:<\/strong><\/b> \u201c<em>constatar que exista conexidad directa e inmediata (estrecha y verificable) entre las normas cuestionadas y los objetivos, metas o estrategias de la parte general del plan, [o con] los programas, proyectos y apropiaciones que se autoricen para su ejecuci\u00f3n y de las medidas que se adopten para impulsar su cumplimiento, los cuales siempre han de contar con un referente en la parte general del mismo\u201d<\/em><a name=\"_ftnref156\"><\/a>[156].<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em><u>Explicaci\u00f3n de esta etapa<\/u><\/em>: En este punto no se puede declarar la <em>exequibilidad<\/em> de una norma con base en la existencia de una relaci\u00f3n de conexidad cualquiera. Una norma instrumental puede contribuir, en un mayor o menor grado, al cumplimiento de la finalidad para la cual fue incluida. Por ello debe analizarse si la norma instrumental demandada es <em>efectiva<\/em> y <em>posibilita<\/em> el cumplimiento del prop\u00f3sito para el cual se incluy\u00f3. Este an\u00e1lisis coincide con las reglas jurisprudenciales vigentes hasta la fecha.<\/td>\n<td width=\"294\"><b><strong>Tercera etapa: <\/strong><\/b>definir si existe una conexidad razonable, objetiva y coherente con las bases del Plan o con el Plan Plurianual de Inversiones.<\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><em><u>Explicaci\u00f3n de esta etapa<\/u><\/em>. Si en el juicio de mayor intensidad debe identificarse la <em>efectividad<\/em> que la norma instrumental tiene para cumplir el fin que se traz\u00f3, en el juicio de menor intensidad simplemente debe verificarse que la norma demandada tenga una <em>conexidad razonable y objetiva<\/em> con las bases del Plan o con los programas incluidos en el Plan Plurianual de Inversiones. As\u00ed, la norma deber\u00eda declararse exequible solo <em>si contribuye, en alg\u00fan grado razonable, a la consecuci\u00f3n del fin que se propone<\/em>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"147\">\n<li>En conclusi\u00f3n, la unificaci\u00f3n jurisprudencial adoptada mediante la Sentencia C-244 de 2025 busca garantizar que el an\u00e1lisis del principio de unidad de materia en las normas de la ley del PND cumpla el prop\u00f3sito de proteger el principio democr\u00e1tico y los mandatos de transparencia y publicidad dentro del tr\u00e1mite legislativo, sin sacrificar en exceso el margen de configuraci\u00f3n normativa del Congreso de la Rep\u00fablica. La distinci\u00f3n de intensidades en el escrutinio responde a la naturaleza de las normas objeto de control: aquellas que por mandato constitucional deben ser reguladas en el marco de las competencias ordinarias del Legislador merecen un examen m\u00e1s riguroso, mientras que aquellas con un estricto fin planificador y vocaci\u00f3n temporal pueden someterse a un an\u00e1lisis menos riguroso, verificando \u00fanicamente su conexidad objetiva y razonable con los instrumentos del PND.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"148\">\n<li><em>Sentencias que han analizado la exequibilidad de normas del PND, relacionadas con la contrataci\u00f3n estatal, que modificaban disposiciones de car\u00e1cter permanente<\/em>. En este mismo \u00e1mbito temporal \u2013planes nacionales de desarrollo 2018 \u2013 2022 (Ley 1955 de 2019) y 2022 \u2013 2026 (Ley 2294 de 2023) \u2013, es posible identificar dos sentencias que se han ocupado de analizar la exequibilidad de normas del PND, relacionadas con la contrataci\u00f3n estatal, que desbordaban el l\u00edmite temporal al modificar disposiciones ordinarias permanentes. En ambos casos, la Corte concluy\u00f3 que las normas demandadas eran inexequibles.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"149\">\n<li>En la Sentencia C-037 de 2024, esta Corporaci\u00f3n se ocup\u00f3 de la demanda dirigida contra el art\u00edculo 322 de la Ley 2294 de 2023 (PND 2022 \u2013 2026). La norma autorizaba al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico a contratar en forma directa la administraci\u00f3n de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) con sociedades fiduciarias de car\u00e1cter p\u00fablico. La norma modificaba dos elementos estructurales del r\u00e9gimen de administraci\u00f3n de los recursos del Fonpet (Ley 549 de 1999): la modalidad de selecci\u00f3n del contratista \u2013de licitaci\u00f3n p\u00fablica a contrataci\u00f3n directa\u2013 y los sujetos que pod\u00edan fungir como contratistas \u2013la norma restring\u00eda el mercado potencial de oferentes a las sociedades fiduciarias de car\u00e1cter p\u00fablico\u2013<a name=\"_ftnref157\"><\/a>[157]. La medida ten\u00eda por objeto permitir que el Gobierno nacional utilizara los recursos excedentes del Fonpet para financiar proyectos de inversi\u00f3n social.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"150\">\n<li>La Corte advirti\u00f3 que, en atenci\u00f3n a su ubicaci\u00f3n, naturaleza y teleolog\u00eda, la norma s\u00ed ten\u00eda un car\u00e1cter instrumental. No obstante, concluy\u00f3 que no cumpl\u00eda un fin planificador o de impulso al cumplimiento del PND. Tampoco guardaba una conexidad estrecha, directa e inmediata con la parte general del PND ni con los programas y proyectos del plan de inversiones. Esto porque, en concordancia con las normas que regulan la materia, el Gobierno nacional no pod\u00eda disponer de los recursos excedentes del Fonpet para inversi\u00f3n social. En efecto, todos los recursos del Fonpet, incluidos los rendimientos financieros, eran de propiedad de las entidades territoriales y ten\u00edan una destinaci\u00f3n espec\u00edfica: financiar los pasivos pensionales de estas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"151\">\n<li>Adem\u00e1s, precis\u00f3 que \u201cla iniciativa gubernamental en esta materia no estuvo precedida de una \u2018justificaci\u00f3n suficiente\u2019\u201d, de acuerdo con el precedente jurisprudencial aplicable. Lo anterior, a pesar de que aquella modificaba disposiciones de car\u00e1cter permanente, que regulaban \u201cun tema altamente sensible para la autonom\u00eda de las entidades territoriales\u201d: la forma en que se administraban los recursos del Fonpet. Este asunto, dijo la Sala, deb\u00eda ser regulado por el procedimiento legislativo ordinario.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"152\">\n<li>En la Sentencia C-095 de 2021, se decidi\u00f3 la demanda dirigida contra los art\u00edculos 26 y 28 de la Ley 1955 de 2019 (PND 2018 \u2013 2022), que preve\u00edan el procedimiento para la liquidaci\u00f3n de contratos de concesi\u00f3n minera y la liberaci\u00f3n de \u00e1reas objeto de una solicitud minera. Para empezar, la Corte constat\u00f3 que esta materia no se encontraba regulada en el C\u00f3digo Minero u otro cuerpo normativo. Luego, afirm\u00f3 que, por su ubicaci\u00f3n en el PND, los art\u00edculos demandados s\u00ed eran instrumentales. Empero, carec\u00edan de conexidad estrecha, directa e inmediata con los <em>pactos<\/em> <em>estructurales<\/em> y <em>acuerdos transversales<\/em> de la parte general del PND.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"153\">\n<li>La Sala agreg\u00f3 que, en realidad, los art\u00edculos 26 y 28 de la Ley 1955 de 2019 pretend\u00edan \u201csubsanar vac\u00edos legales de forma permanente del C\u00f3digo de Minas, lo que supone una perturbaci\u00f3n al principio democr\u00e1tico y al de unidad de materia\u201d. As\u00ed \u201cse trata de modificaciones permanentes al ordenamiento jur\u00eddico, sin que pueda evidenciarse una finalidad planificadora y de ejecuci\u00f3n del plan cuatrienal, como lo ha exigido la reciente jurisprudencia constitucional\u201d. En este sentido, dijo la Corte, las normas acusadas no ten\u00edan un fin planificador, en la medida en que solo buscaban resolver los problemas cotidianos del contrato de concesi\u00f3n minera.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"154\">\n<li>Para terminar, la Corte precis\u00f3 que las disposiciones demandadas no estuvieron acompa\u00f1adas de la \u201cjustificaci\u00f3n suficiente\u201d que, en estos casos, exige la jurisprudencia. De este modo, resalt\u00f3 dos aspectos. Primero, el documento Bases del PND \u201cno enfatiz\u00f3 ni explic\u00f3 la necesidad de expedir una regulaci\u00f3n sobre la liquidaci\u00f3n de los contratos de concesi\u00f3n en materia de miner\u00eda, ni de la liberaci\u00f3n de las \u00e1reas mineras\u201d. Y, segundo, \u201csi bien los art\u00edculos 26 y 28 del estatuto mencionado estuvieron en el Plan Nacional de Desarrollo durante todo el debate parlamentario desde su presentaci\u00f3n en las comisiones constitucionales permanentes hasta su aprobaci\u00f3n, lo cierto es que nunca se expresaron las razones que hac\u00eda necesario emitir una normatividad que llenara vac\u00edos del C\u00f3digo de Minas en ejercicio de las facultades que otorga la planeaci\u00f3n y prescindiera de las facultades ordinarias<a name=\"_ftnref158\"><\/a><sup>[158]<\/sup>\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><b><strong> Soluci\u00f3n del <\/strong><\/b><b><strong>cargo por la presunta violaci\u00f3n del principio de unidad de materia en la ley del PND<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"155\">\n<li>En virtud de la jurisprudencia reiterada en la presente sentencia, la Corte procede a aplicar un <em>escrutinio de mayor intensidad<\/em>, de acuerdo con los par\u00e1metros establecidos en la Sentencia C-244 de 2025. Esto debido a que las normas acusadas modifican la legislaci\u00f3n de forma permanente, por lo que corresponden a las disposiciones que, en principio, deben adoptarse por el Congreso de la Rep\u00fablica en el marco de sus competencias constitucionales ordinarias. En particular, de conformidad con lo estatuido en el inciso final del art\u00edculo 150 de la Constituci\u00f3n, el EGCAP es un cuerpo normativo cuya expedici\u00f3n corresponde al Legislador.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"156\">\n<li>De acuerdo con lo anterior, la Sala Plena debe verificar: (i) el alcance y ubicaci\u00f3n de las normas demandadas; (ii) si en la parte general del PND y en el PNI existen programas o proyectos descritos de manera concreta, espec\u00edfica y detallada, que puedan relacionarse con aquellas; y (iii) si entre los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 y los programas o proyectos identificados en el paso anterior existe una conexidad <em>directa <\/em>e<em> inmediata<\/em>. Al respecto, es necesario analizar si las normas instrumentales demandadas son efectivas y posibilitan el cumplimiento del prop\u00f3sito para el cual se incluyeron.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"157\">\n<li>Ahora bien, de conformidad con la jurisprudencia constitucional<a name=\"_ftnref159\"><\/a>[159], al tratarse de normas que modifican una legislaci\u00f3n de car\u00e1cter permanente, resulta necesario verificar si las disposiciones acusadas: (i) tienen un fin planificador y de impulso a la ejecuci\u00f3n del plan cuatrienal; (ii) si en el tr\u00e1mite legislativo, los congresistas tuvieron informaci\u00f3n sobre esas modificaciones y si deliberaron sobre este punto; y (iii) si las medidas estuvieron precedidas de una <em>justificaci\u00f3n suficiente<\/em>, ofrecida por el Gobierno nacional durante el mencionado tr\u00e1mite.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>5.1. Alcance y ubicaci\u00f3n de las normas demandadas<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>5.1.1. Alcance de las normas demandadas<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"158\">\n<li><em>El art\u00edculo 100 de la Ley 2294 de 2023. <\/em>Este art\u00edculo se titula \u201c[p]articipaci\u00f3n en contrataci\u00f3n y compras p\u00fablicas mediante asociaciones p\u00fablico populares\u201d. Esta norma estatuye que las entidades estatales, es decir, las entidades enlistadas en el art\u00edculo 2, numeral 1, de la Ley 80 de 1993<a name=\"_ftnref160\"><\/a>[160], podr\u00e1n celebrar contratos hasta por la m\u00ednima cuant\u00eda de la respectiva entidad con personas naturales o entidades sin \u00e1nimo de lucro que formen parte de la econom\u00eda popular y comunitaria. En aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 2, numeral 5, de la Ley 1150 de 2007, la contrataci\u00f3n de m\u00ednima cuant\u00eda es aquella cuyo valor no excede del 10% de la menor cuant\u00eda de la entidad estatal, monto que se calcula a partir del presupuesto anual de cada entidad, expresado en salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, en armon\u00eda con el art\u00edculo 2, numeral 2, literal b de la ley <em>ibidem<\/em><a name=\"_ftnref161\"><\/a>[161].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"159\">\n<li>El art\u00edculo 100 de la Ley 2294 de 2023 precisa que la modalidad de selecci\u00f3n del contratista ser\u00e1 la contrataci\u00f3n directa. Las causales de dicha modalidad se encuentran previstas en el numeral 4 del art\u00edculo 2 de la Ley 1150 de 2007<a name=\"_ftnref162\"><\/a>[162]. Esta ley forma parte del EGCAP y, por tanto, es una norma de car\u00e1cter permanente. Impl\u00edcitamente, el art\u00edculo 100 de la Ley 2294 de 2023 adiciona el mencionado numeral, pues agrega la causal relativa a los contratos de m\u00ednima cuant\u00eda con personas naturales o entidades que formen parte de la econom\u00eda popular. Al respecto, se debe destacar que, en consideraci\u00f3n de las reglas definidas en la Sentencia C-004 de 2017, cuando concurran las causales de contrataci\u00f3n directa con la modalidad de selecci\u00f3n de m\u00ednima cuant\u00eda \u2013como, en principio, ocurre en el presente caso\u2013, prevalece la modalidad de selecci\u00f3n de contrataci\u00f3n directa<a name=\"_ftnref163\"><\/a>[163].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"160\">\n<li>Los contratos que regula el art\u00edculo 100 se denominan Asociaciones P\u00fablico Populares (APPo). De acuerdo con su literalidad, tales contratos \u201cpodr\u00e1n celebrarse para la ejecuci\u00f3n de obras, o la adquisici\u00f3n de bienes y servicios relacionados con infraestructura social, vivienda rural, v\u00edas terciarias y caminos vecinales, cultura, infraestructura productiva local, proyectos de eficiencia energ\u00e9tica, producci\u00f3n de alimentos, suministro de bienes y servicios, gesti\u00f3n comunitaria del agua, saneamiento b\u00e1sico, econom\u00eda del cuidado, fortalecimiento ambiental y comunitario y adquisici\u00f3n de productos de origen o destinaci\u00f3n agropecuarios\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"161\">\n<li>El art\u00edculo 100 establece que la entidad contratante apoyar\u00e1 y acompa\u00f1ar\u00e1 el tr\u00e1mite de la facturaci\u00f3n electr\u00f3nica, as\u00ed como los tr\u00e1mites de la expedici\u00f3n, seguimiento y control en caso de exigirse registros y certificados fitosanitarios. En este orden, con el prop\u00f3sito de facilitar el desarrollo de la econom\u00eda popular, \u201cla DIAN dispondr\u00e1 de una clasificaci\u00f3n y un mecanismo gratuito de f\u00e1cil acceso y comprensi\u00f3n a la factura electr\u00f3nica\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"162\">\n<li>Por expreso mandato de la disposici\u00f3n objeto de estudio, el Gobierno nacional reglamentar\u00e1 este art\u00edculo, \u201ca trav\u00e9s del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"163\">\n<li>Finalmente, el art\u00edculo 100 de la Ley 2294 de 2023 establece que, en situaciones de emergencia y desastres \u2013materias reguladas en los numerales 8 y 9 del art\u00edculo 4 de la Ley 1523 de 2012<a name=\"_ftnref164\"><\/a>[164]\u2013, mediante la modalidad de selecci\u00f3n de contrataci\u00f3n directa, las \u201centidades p\u00fablicas podr\u00e1n comprar [\u2026] productos agropecuarios de peque\u00f1os productores agr\u00edcolas y campesinos que hayan sido afectados y donarlos al Fondo Nacional de Gesti\u00f3n del Riesgo de Desastres\u201d. Dado que, en este punto, la norma emplea la expresi\u00f3n \u201centidades p\u00fablicas\u201d, y no la locuci\u00f3n \u201centidades estatales\u201d, <em>prima facie<\/em>, se ha de entender que esta previsi\u00f3n particular podr\u00e1 ser aplicada no solo por las entidades que se rigen por el EGCAP, sino tambi\u00e9n por aquellas que tienen un r\u00e9gimen especial de contrataci\u00f3n o que, para el efecto, se rigen por el derecho privado<a name=\"_ftnref165\"><\/a>[165].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"164\">\n<li><em>El art\u00edculo 101 de la Ley 2294 de 2023. <\/em>Este art\u00edculo se titula \u201c[a]sociaciones de iniciativa p\u00fablico popular\u201d (AIPPo). La norma expresamente prescribe que esta \u201cmodalidad de asociaci\u00f3n\u201d se regir\u00e1 <em>exclusivamente<\/em> por lo previsto en ese art\u00edculo y su reglamentaci\u00f3n \u2013con excepci\u00f3n de algunas materias, como se ver\u00e1 m\u00e1s adelante\u2013. Seg\u00fan la intervenci\u00f3n dirigida al presente proceso por la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado, el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, y el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, con lo anterior, el legislador quiso evitar que dicha modalidad de asociaci\u00f3n \u201cpu[diera] ser confundida o artificialmente combinada con otras figuras de asociaci\u00f3n como, por ejemplo, los \u2018convenios de asociaci\u00f3n\u2019 de que hablan el art\u00edculo 96 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto 092 de 2017\u201d<a name=\"_ftnref166\"><\/a>[166].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"165\">\n<li>Las partes de estos contratos son, por un lado, las entidades p\u00fablicas y, por otro lado, \u201clos diferentes instrumentos asociativos de origen comunitario tales como las unidades de la econom\u00eda popular, organismos de acci\u00f3n comunal, social o comunitaria u otras formas de organizaci\u00f3n social, grupos y\/o comunidades \u00e9tnicas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, mujeres y v\u00edctimas\u201d. Adicionalmente, las AIPPo podr\u00e1n celebrarse \u201cpara el desarrollo de proyectos de infraestructura vial, educativa, medio ambiente, agr\u00edcola, pesca y pecuaria y de servicios p\u00fablicos\u201d. Del mismo modo en que ocurre con el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 100, el art\u00edculo 101 emplea la expresi\u00f3n \u201centidades p\u00fablicas\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"166\">\n<li>De acuerdo con su propio tenor, esta forma de asociaci\u00f3n contractual se gobierna por las siguientes reglas:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>Los instrumentos asociativos de origen comunitario, es decir, la parte que funge como contratista, deber\u00e1n financiar, parcial o totalmente, el desarrollo de los respectivos proyectos de infraestructura mediante el aporte de recursos o con aportes en especie.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>El objeto contractual podr\u00e1 consistir en el dise\u00f1o, construcci\u00f3n, renovaci\u00f3n, reparaci\u00f3n, mejoramiento, equipamiento, gesti\u00f3n, operaci\u00f3n y mantenimiento de proyectos de infraestructura y dem\u00e1s actividades t\u00e9cnicas necesarias para el cumplimiento del contrato en el territorio de la respectiva comunidad. Esto significa que, en principio, el instrumento asociativo de origen comunitario deber\u00e1 tener una vocaci\u00f3n u objeto social relacionado con el territorio en el que ejerce sus actividades.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>El valor de las inversiones no podr\u00e1 ser superior a seis mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (6.000 smlmv)<a name=\"_ftnref167\"><\/a>[167].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>El aporte que realice la entidad p\u00fablica no podr\u00e1 ser superior al 50% del valor de la inversi\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>La modalidad de selecci\u00f3n del contratista es la selecci\u00f3n abreviada. En relaci\u00f3n con ello, la norma refiere la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 2\u00a0de la Ley 1150 de 2007, as\u00ed como el \u201crespet[o] [a] los principios de contrataci\u00f3n estatal de los que trata la Ley 80 de 1993\u201d. Por tanto, la norma hace una nueva exclusi\u00f3n al EGCAP, salvo en cuanto a la aplicaci\u00f3n de los principios que lo rigen en la selecci\u00f3n del contratista, la cual deber\u00e1 realizarse a trav\u00e9s del proceso de selecci\u00f3n abreviada. En concreto, la decisi\u00f3n de excluir estos contratos del EGCAP concierne a una norma de car\u00e1cter permanente, dado el car\u00e1cter general que este reviste.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>El contratista o instrumento asociativo de origen comunitario \u201cdeber\u00e1 cumplir con la capacidad, experiencia e idoneidad de la que trata la normatividad vigente y acreditar los requisitos para la celebraci\u00f3n previstos en la norma vigente\u201d<a name=\"_ftnref168\"><\/a>[168].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li>Los compromisos presupuestales asumidos por las entidades p\u00fablicas se regir\u00e1n por las normas aplicables, seg\u00fan corresponda. Es decir, en principio, por el Estatuto Org\u00e1nico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996) o el Decreto 115 de 1996, \u201c[p]or el cual se establecen normas sobre la elaboraci\u00f3n, conformaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Econom\u00eda Mixta sujetas al r\u00e9gimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li>Las autoridades de vigilancia y control ejercer\u00e1n todas las facultades legales sobre los recursos que destinen las entidades p\u00fablicas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"167\">\n<li>Por \u00faltimo, el art\u00edculo 101 dispone que su reglamentaci\u00f3n estar\u00e1 a cargo del Gobierno nacional, mediante el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y la Agencia Nacional de Contrataci\u00f3n P\u00fablica Colombia Compra Eficiente. La norma aclara que la reglamentaci\u00f3n versar\u00e1 sobre \u201clos requisitos y condiciones que deber\u00e1n cumplirse para la celebraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de dichas Asociaciones, la duraci\u00f3n de los contratos, las condiciones a las cuales se encuentra sujeto el derecho a la remuneraci\u00f3n, entre otros\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"168\">\n<li>El siguiente cuadro ilustra algunas de las diferencias entre los contratos regulados en los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023<a name=\"_ftnref169\"><\/a>[169]:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table width=\"728\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"68\"><b><strong>Norma<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"100\"><b><strong>Tipo de contrato o v\u00ednculo contractual<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"101\"><b><strong>Modalidad de selecci\u00f3n del contratista<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"127\"><b><strong>Objeto contractual<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"83\"><b><strong>L\u00edmite de la cuant\u00eda<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"125\"><b><strong>Partes<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"125\"><b><strong>Reglamentaci\u00f3n<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"68\">Art\u00edculo 100<\/td>\n<td width=\"100\">Asociaciones P\u00fablico Populares<\/td>\n<td width=\"101\">Contrataci\u00f3n directa<\/td>\n<td width=\"127\">Ejecuci\u00f3n de obras, o la adquisici\u00f3n de bienes y servicios relacionados con infraestructura social, vivienda rural, v\u00edas terciarias y caminos vecinales, cultura, infraestructura productiva local, proyectos de eficiencia energ\u00e9tica, producci\u00f3n de alimentos, suministro de bienes y servicios, gesti\u00f3n comunitaria del agua, saneamiento b\u00e1sico, econom\u00eda del cuidado, fortalecimiento ambiental y comunitario y adquisici\u00f3n de productos de origen o destinaci\u00f3n agropecuarios<\/td>\n<td width=\"83\">M\u00ednima cuant\u00eda<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<td width=\"125\"><b><strong>Contratante: <\/strong><\/b>entidades estatales<\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>Contratista<\/strong><\/b>: personas naturales o entidades sin \u00e1nimo de lucro que formen parte de la econom\u00eda popular y comunitaria<\/td>\n<td width=\"125\">El Gobierno nacional, a trav\u00e9s del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"68\">Art\u00edculo 101<\/td>\n<td width=\"100\">Asociaciones de Iniciativa P\u00fablico Popular<\/td>\n<td width=\"101\">Selecci\u00f3n abreviada<\/td>\n<td width=\"127\">Dise\u00f1o, construcci\u00f3n, renovaci\u00f3n, reparaci\u00f3n, mejoramiento, equipamiento, gesti\u00f3n, operaci\u00f3n o mantenimiento de proyectos de infraestructura y dem\u00e1s actividades t\u00e9cnicas necesarias para el cumplimiento del contrato en el respectivo territorio de la respectiva comunidad. Lo anterior, para el desarrollo de proyectos de infraestructura vial, educativa, medio ambiente, agr\u00edcola, pesca y pecuaria y de servicios p\u00fablicos<\/td>\n<td width=\"83\">6.000 SMLMV (el aporte que realice la entidad p\u00fablica no podr\u00e1 ser superior al 50% del valor de la inversi\u00f3n)<\/td>\n<td width=\"125\"><b><strong>Contratante: <\/strong><\/b>entidades p\u00fablicas<\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>Contratista:<\/strong><\/b><\/p>\n<p>instrumentos asociativos de origen comunitario tales como las unidades de la econom\u00eda popular, organismos de acci\u00f3n comunal, social o comunitaria u otras formas de organizaci\u00f3n social, grupos y\/o comunidades \u00e9tnicas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, mujeres y v\u00edctimas<\/td>\n<td width=\"125\">El Gobierno nacional, mediante el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y la ANCP-CCE<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>5.1.2. Ubicaci\u00f3n de las normas demandadas<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"169\">\n<li>El art\u00edculo 1 de la Ley 2294 de 2023 prescribe que el objeto del PND consiste en \u201csentar las bases para que el pa\u00eds se convierta en un l\u00edder de la protecci\u00f3n de la vida a partir de la construcci\u00f3n de un nuevo contrato social que propicie la superaci\u00f3n de injusticias y exclusiones hist\u00f3ricas, la no repetici\u00f3n del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformaci\u00f3n productiva sustentada en el conocimiento y en armon\u00eda con la naturaleza\u201d. En este orden, el art\u00edculo 2 estatuye que \u201c[e]l documento denominado \u2018Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida\u2019, junto con sus anexos, [\u2026] es parte integral del Plan Nacional de Desarrollo, y se incorpora a la presente ley como un anexo\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"170\">\n<li>El T\u00edtulo I contiene la parte general del PND. El art\u00edculo 3 establece que el PND se materializa en los siguientes cinco <em>ejes de transformaci\u00f3n<\/em>: (a) 1. \u201c[o]rdenamiento del territorio alrededor del agua\u201d; 2. \u201c[s]eguridad humana y justicia social\u201d; 3. \u201c[d]erecho humano a la alimentaci\u00f3n\u201d; 4. \u201c[t]ransformaci\u00f3n productiva, internacionalizaci\u00f3n y acci\u00f3n clim\u00e1tica\u201d, y 5. \u201c[c]onvergencia regional\u201d. El art\u00edculo 4 determina cuatro <em>ejes transversales<\/em> del PND: 1. \u201c[p]az total; 2. [l]os actores diferenciales para el cambio; 3. \u201c[e]stabilidad macroecon\u00f3mica\u201d, y 4. \u201c[p]ol\u00edtica exterior con enfoque de g\u00e9nero\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"171\">\n<li>Puntualmente, el eje seguridad humana y justicia social es definido en el numeral 2 del art\u00edculo 3 como la \u201c[t]ransformaci\u00f3n de la pol\u00edtica social para la adaptaci\u00f3n y mitigaci\u00f3n del riesgo, que integra la protecci\u00f3n de la vida con la seguridad jur\u00eddica e institucional, as\u00ed como la seguridad econ\u00f3mica y social\u201d. Dicho eje \u201c[p]arte de un conjunto de habilitadores estructurales como un sistema de protecci\u00f3n social universal y adaptativo; una infraestructura f\u00edsica y digital para la vida y el buen vivir; la justicia como bien y servicio que asegure la universalidad y primac\u00eda de un conjunto de derechos y libertades fundamentales; y la seguridad y defensa integral de los territorios, las comunidades y las poblaciones\u201d. Tales <em>habilitadores estructurales<\/em> \u201cbrindan las condiciones para la superaci\u00f3n de las privaciones y la expansi\u00f3n de las capacidades en medio de la diversidad y la pluralidad\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"172\">\n<li>El T\u00edtulo II contiene dos art\u00edculos. El art\u00edculo 5 se refiere al PNI 2023-2026. Este se estim\u00f3 en un valor de 1.154,8 billones, a pesos constantes de 2022, e incluye el componente del PPI para la Paz de forma transversal, que se calcul\u00f3 en un valor de 50,4 billones, a pesos constantes de 2022. El art\u00edculo 5 est\u00e1 integrado por las fuentes que financian el PNI (tabla I), la distribuci\u00f3n de las fuentes p\u00fablicas entre los cinco <em>ejes de transformaci\u00f3n<\/em>, y los recursos para el componente de paz. Finalmente, el art\u00edculo 6 se titula \u201crecursos financieros, presupuestos plurianuales y consistencia fiscal del plan nacional de inversiones p\u00fablicas\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"173\">\n<li>El T\u00edtulo III comprende los mecanismos de ejecuci\u00f3n del PND. En \u00e9l se desarrollan los siguientes cap\u00edtulos: \u201c[p]royectos, pol\u00edticas y programas para la construcci\u00f3n de la paz\u201d (cap\u00edtulo I); \u201c[o]rdenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental\u201d (cap\u00edtulo II); \u201c[s]eguridad humana y justicia social\u201d (cap\u00edtulo III); \u201c[d]erecho humano a la alimentaci\u00f3n\u201d (cap\u00edtulo IV); \u201c[t]ransformaci\u00f3n productiva, internacionalizaci\u00f3n y acci\u00f3n clim\u00e1tica\u201d (cap\u00edtulo V); \u201c[c]onvergencia regional\u201d (cap\u00edtulo VI); \u201c[e]stabilidad macroecon\u00f3mica\u201d (cap\u00edtulo VII); y \u201c[a]ctores diferenciales para el cambio\u201d (cap\u00edtulo VIII). El \u00faltimo t\u00edtulo del PND se denomina \u201c[o]tras disposiciones\u201d (t\u00edtulo IV).<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"174\">\n<li>Los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 se encuentran ubicados en la secci\u00f3n II (\u201c[i]nclusi\u00f3n productiva con trabajo decente y apoyo a la inserci\u00f3n productiva\u201d) del cap\u00edtulo III (\u201c[s]eguridad humana y justicia social\u201d) del t\u00edtulo III (\u201c[m]ecanismos de ejecuci\u00f3n del plan\u201d).<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"175\">\n<li>En consecuencia, formalmente, por su ubicaci\u00f3n, los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 son una medida instrumental del <em>eje de transformaci\u00f3n<\/em> \u201cseguridad humana y justicia social\u201d. Como ya se indic\u00f3, este eje se encuentra definido en el numeral 2 del art\u00edculo 3 del PND, esto es, en su parte general. Lo anterior supone que, tambi\u00e9n desde una perspectiva formal, las normas demandadas tienen la finalidad de cumplir con los prop\u00f3sitos y metas a los que apunta el <em>eje de transformaci\u00f3n<\/em> seguridad humana y la justicia social.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>5.2. <\/strong><\/b><b><strong>Existencia de programas o proyectos descritos de manera concreta, espec\u00edfica y detallada en la parte general del PND y en el PNI, que puedan relacionarse con las disposiciones demandadas<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>5.2.1. <\/strong><\/b><b><strong>Bases del PND 2022 \u2013 2026<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"176\">\n<li>Antes de comenzar, es preciso recordar que la parte general del PND tiene cinco <em>ejes de transformaci\u00f3n<\/em>. El documento Bases del PND que, por expreso mandato del art\u00edculo 2 de la Ley 2294 de 2023, forma parte de esta, explica el alcance y el contenido de esa parte general. De ah\u00ed su importancia para decidir la demanda de la referencia. En concordancia con dicho documento, cada <em>eje de transformaci\u00f3n<\/em> contiene <em>ideas clave<\/em>, <em>indicadores de primer nivel<\/em> y <em>catalizadores<\/em>. Estos <em>catalizadores<\/em>, a su vez, est\u00e1n compuestos por <em>pilares<\/em>. Cada pilar comprende varios elementos. Luego de desarrollar los <em>ejes de transformaci\u00f3n<\/em>, el documento Bases del PND se ocupa de explicar tres de los cuatro <em>ejes transversales<\/em> del PND: paz total e integral, actores diferenciales para el cambio y estabilidad macroecon\u00f3mica.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"177\">\n<li><em>Introducci\u00f3n del documento Bases del PND. <\/em>En concordancia con la introducci\u00f3n de este documento, uno de los principales prop\u00f3sitos del cuatrienio consiste en consolidar las alianzas p\u00fablico populares y promover la econom\u00eda popular. Al respecto, la introducci\u00f3n enfatiza en que se requiere que los sectores populares y sociales no solo sean beneficiarios del desarrollo, sino tambi\u00e9n \u201cactores de primer orden en la conformaci\u00f3n social, cultural y econ\u00f3mica del pa\u00eds\u201d. De ah\u00ed que el PND: (i) \u201cprivilegi[e] los pactos sociales, los acuerdos econ\u00f3micos y las formas de trabajo, producci\u00f3n social y cultural de los sectores populares\u201d; y (ii) \u201cbus[que] formar alianzas p\u00fablico populares para la iniciativa productiva, la gobernanza territorial, el despliegue del Estado social de derecho y la construcci\u00f3n social\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"178\">\n<li>En este orden, la introducci\u00f3n resalta que el PND tiene varios \u201caportes novedosos\u201d. Uno de ellos es el reconocimiento de que \u201cexiste una relaci\u00f3n arm\u00f3nica entre los sectores p\u00fablicos, privados, los grupos \u00e9tnicos y los sectores sociales y populares, as\u00ed que los unos no desplazan a los otros\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"179\">\n<li><em>El <\/em><em>eje de transformaci\u00f3n \u201cseguridad humana y justicia social\u201d<\/em>. Este eje se sustenta en cinco <em>ideas claves<\/em>. Una de ellas se traduce en la intenci\u00f3n de transformar la estructura productiva e institucional para aumentar las oportunidades de generaci\u00f3n de ingresos. Respecto de esta idea clave, el documento Bases contiene el siguiente <em>indicador de primer nivel<\/em>:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"116\"><b><strong>Indicador<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"114\"><b><strong>L\u00ednea base<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"116\"><b><strong>Meta cuatrienio<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"112\"><b><strong>Asociaci\u00f3n con Objetivos de Desarrollo Sostenible<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"116\">Variaci\u00f3n anual de los ingresos de los micronegocios de la econom\u00eda popular atendidos<\/td>\n<td width=\"114\">&#8211;<\/td>\n<td width=\"116\">12%<\/td>\n<td width=\"112\">Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento econ\u00f3mico<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"180\">\n<li><em>Catalizadores del eje de transformaci\u00f3n \u201cseguridad humana y justicia social\u201d<\/em>. El documento Bases determina que, para alcanzar la <em>transformaci\u00f3n<\/em> que se propone el <em>eje<\/em> de seguridad humana y justicia social, se hace necesario, a su vez, cumplir tres <em>realidades<\/em> en el cuatrienio. Estas <em>realidades<\/em> se denominan <em>catalizadores<\/em>. Las <em>realidades<\/em> \u2013 <em>catalizadores <\/em>del eje de transformaci\u00f3n seguridad humana y justicia social son: \u201c[h]abilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar\u201d<a name=\"_ftnref170\"><\/a>[170]; \u201c[s]uperaci\u00f3n de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones b\u00e1sicas para el bienestar\u201d, y \u201c[e]xpansi\u00f3n de capacidades: m\u00e1s y mejores oportunidades de la poblaci\u00f3n para lograr sus proyectos de vida\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"181\">\n<li>Las alianzas p\u00fablicas con las personas y organizaciones de la econom\u00eda popular se insertan en el tercer catalizador. Este catalizador se define \u201ccomo la posibilidad de llevar a cabo el plan de vida que los individuos y comunidades consideran valioso a partir de la ampliaci\u00f3n del espacio de capacidades\u201d. Para materializar esta meta, dice el documento, el PND implementar\u00e1 cuatro mecanismos. El \u00faltimo mecanismo es: \u201c(d) tener seguridad y autonom\u00eda econ\u00f3mica gracias a estrategias de reconversi\u00f3n laboral. Para promover la inclusi\u00f3n productiva, se potenciar\u00e1 la econom\u00eda popular y cooperativa, as\u00ed como otras iniciativas productivas de la ciudadan\u00eda\u201d. Este prop\u00f3sito guarda relaci\u00f3n con la segunda <em>idea clave<\/em> de este <em>eje de transformaci\u00f3n<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"182\">\n<li>El mencionado catalizador contiene nueve <em>pilares<\/em><a name=\"_ftnref171\"><\/a><em><b><strong>[171]<\/strong><\/b><\/em>. Algunos de los elementos que integran estos <em>pilares<\/em> se refieren a la econom\u00eda popular. La Sala considera importante destacar los siguientes:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>\u201cEconom\u00edas populares y alternativas en los ecosistemas culturales y creativos<sup>[<\/sup><a name=\"_ftnref172\"><\/a>[172]<sup>]<\/sup>: Se reconocer\u00e1n y fomentar\u00e1n los procesos populares y alternativos, [\u2026] mediante el <em>establecimiento de alianzas p\u00fablico populares<\/em> en los campos de la creaci\u00f3n, producci\u00f3n, circulaci\u00f3n y apropiaci\u00f3n de sus expresiones art\u00edsticas y culturales. <em>Se incentivar\u00e1n procesos de reconocimiento, fortalecimiento, asociatividad y sostenibilidad con articulaci\u00f3n de los actores de la econom\u00eda popular y comunitaria<\/em> del sector de las culturas, las artes y los saberes, mediante la creaci\u00f3n del Consejo Nacional de Econom\u00edas Culturales y Creativas, instancia que promover\u00e1 el fortalecimiento de las instituciones p\u00fablicas, privadas, mixtas y populares, <em>el fortalecimiento de la capacidad asociativa, organizativa, t\u00e9cnica y productiva, as\u00ed como la promoci\u00f3n, defensa, divulgaci\u00f3n y desarrollo de las unidades econ\u00f3micas que pertenecen a este sector<\/em>\u201d (cursiva fuera del texto original).<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>\u201cEl deporte, la recreaci\u00f3n y la actividad f\u00edsica como eje de la econom\u00eda popular<sup>[<\/sup><a name=\"_ftnref173\"><\/a>[173]<sup>]<\/sup>: Se consolidar\u00e1 el deporte, la recreaci\u00f3n y la actividad f\u00edsica como dinamizadores de la econom\u00eda popular en los territorios, a trav\u00e9s de la <em>identificaci\u00f3n y fomento de los emprendimientos relacionados con la oferta de servicios del sector<\/em>, el fortalecimiento del turismo deportivo territorial y la organizaci\u00f3n de eventos deportivos nacionales e internacionales sostenibles en las diferentes regiones del pa\u00eds\u201d (cursiva fuera del texto original).<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>\u201cAlianzas p\u00fablico populares para los cuidados comunitarios<sup>[<\/sup><a name=\"_ftnref174\"><\/a>[174]<sup>]<\/sup>: Se reconocer\u00e1, visibilizar\u00e1 y promover\u00e1 las pr\u00e1cticas de cuidado colectivas, comunitarias y ancestrales de los diferentes pueblos, comunidades y organizaciones sociales. <em>A trav\u00e9s de la pol\u00edtica de alianzas p\u00fablico populares se construir\u00e1n espacios comunitarios de cuidado<\/em>\u201d (cursiva fuera del texto original).<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>\u201cInformaci\u00f3n para el reconocimiento de la econom\u00eda popular y seguimiento de la actividad econ\u00f3mica<sup>[<\/sup><a name=\"_ftnref175\"><\/a>[175]<sup>]<\/sup>: El Gobierno nacional construir\u00e1 el Sistema de Informaci\u00f3n de Econom\u00eda Popular (SIEP), y su respectiva cuenta sat\u00e9lite. Se realizar\u00e1 el Censo Econ\u00f3mico que ampl\u00ede y actualice la informaci\u00f3n de todas las unidades, incluidas las de la EP que desarrollan actividades en los sectores de industria, comercio, servicios, construcci\u00f3n y transporte\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"183\">\n<li><em>El pilar espec\u00edfico \u201creconocimiento e impulso a la Econom\u00eda Popular y Comunitaria (EP)\u201d. <\/em>Este pilar forma parte del tercer <em>catalizador<\/em> \u201c[e]xpansi\u00f3n de capacidades: m\u00e1s y mejores oportunidades de la poblaci\u00f3n para lograr sus proyectos de vida\u201d del eje de transformaci\u00f3n <em>\u201c[s]eguridad humana y justicia social\u201d<\/em>. Para empezar, el documento Bases contiene la siguiente definici\u00f3n de la econom\u00eda popular:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La econom\u00eda popular se refiere a los oficios y ocupaciones mercantiles (producci\u00f3n, distribuci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de bienes y servicios) y no mercantiles (dom\u00e9sticas o comunitarias) desarrolladas por unidades econ\u00f3micas de baja escala (personales, familiares, micronegocios o microempresas), en cualquier sector econ\u00f3mico. Los actores de la EP pueden realizar sus actividades de manera individual, en unidades econ\u00f3micas, u organizados de manera asociativa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"184\">\n<li>El documento advierte que el PND implementar\u00e1 mecanismos que contribuyan al crecimiento y desarrollo de la econom\u00eda popular. El citado <em>pilar <\/em>prev\u00e9 siete elementos<a name=\"_ftnref176\"><\/a>[176]. Para resolver la demanda de la referencia, la Corporaci\u00f3n estima necesario llamar la atenci\u00f3n sobre dos de ellos:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>Pol\u00edtica p\u00fablica para la econom\u00eda popular: en este elemento, el documento sostiene que el Gobierno nacional establecer\u00e1 el Consejo de la Econom\u00eda Popular, como una instancia de coordinaci\u00f3n y formulaci\u00f3n de una pol\u00edtica p\u00fablica para el fortalecimiento de la econom\u00eda popular. Tal pol\u00edtica p\u00fablica se apoya en cuatro pilares que funcionan como prop\u00f3sitos. Uno de estos prop\u00f3sitos es construir un \u201cmarco institucional para su inclusi\u00f3n socioecon\u00f3mica y sociocultural que fortalezca su capacidad de generaci\u00f3n de ingresos\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Sostenibilidad y crecimiento de las unidades econ\u00f3micas y formas de asociatividad de la econom\u00eda popular: en este punto, el documento Bases afirma que el PND: (i) promover\u00e1 la asistencia integral que permita fortalecer la capacidad asociativa, organizativa, t\u00e9cnica, productiva y de comercializaci\u00f3n de la econom\u00eda popular; (ii) impulsar\u00e1 la participaci\u00f3n de esta en la econom\u00eda digital; (iii) \u201cimplementar\u00e1 <em>las herramientas de mejora regulatoria necesarias para crear marcos eficientes, eficaces y flexibles que les permitir\u00e1n participar en actividades productivas mediante las compras p\u00fablicas que incluyen la habilitaci\u00f3n para contratar por parte de entidades p\u00fablicas con unidades de la econom\u00eda popular y comunitaria; tambi\u00e9n mediante asociaciones de iniciativa p\u00fablico popular como instrumento de asociaci\u00f3n para el desarrollo de proyectos de infraestructura entre entidades p\u00fablicas y asociaciones de origen popular y comunitario en sus territorios<\/em>; y (iv) implementar\u00e1 \u201csistemas din\u00e1micos de adquisici\u00f3n, entre otros\u201d (cursiva fuera del texto original).<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"185\">\n<li>La promoci\u00f3n y el fortalecimiento de la econom\u00eda popular y, espec\u00edficamente, el prop\u00f3sito de hacer alianzas p\u00fablico populares no solo forma parte del <em>eje de transformaci\u00f3n <\/em>seguridad humana y justicia social. En el documento Bases tambi\u00e9n se hace referencia a la econom\u00eda popular y a esas alianzas en los siguientes dos <em>ejes de transformaci\u00f3n<\/em>:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>Transformaci\u00f3n productiva, internacionalizaci\u00f3n y acci\u00f3n clim\u00e1tica. Puntualmente, la econom\u00eda popular se menciona en los <em>pilares<\/em> \u201c[d]e una econom\u00eda extractivista a una sostenible y productiva: Pol\u00edtica de Reindustrializaci\u00f3n, hacia una econom\u00eda del conocimiento, incluyente y sostenible\u201d<a name=\"_ftnref177\"><\/a>[177]; \u201c[r]eindustrializaci\u00f3n en actividades conducentes a la sociedad del conocimiento\u201d<a name=\"_ftnref178\"><\/a>[178]; y \u201c[f]inanciamiento del desarrollo como mecanismo habilitante para una econom\u00eda productiva\u201d<a name=\"_ftnref179\"><\/a>[179]. En el elemento \u201c[r]eindustrializaci\u00f3n para la sostenibilidad, el desarrollo econ\u00f3mico y social\u201d del primer <em>pilar<\/em>, se menciona que la pol\u00edtica p\u00fablica en esta materia incorporar\u00e1 \u201c<em>nuevos arreglos institucionales para lograr mejor articulaci\u00f3n privada, p\u00fablica y popular<\/em>\u201d (cursiva fuera del texto original). Estos <em>pilares<\/em> forman parte del c<em>atalizador <\/em>\u201c[e]conom\u00eda productiva a trav\u00e9s de la reindustrializaci\u00f3n y la bioeconom\u00eda\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Convergencia regional. En el <em>catalizador<\/em> \u201c[t]erritorios m\u00e1s humanos: h\u00e1bitat integral\u201d, se indica que el PND incorporar\u00e1 \u201cprocesos asociativos y autogestionarios del h\u00e1bitat, la vivienda, y el agua y saneamiento b\u00e1sico, a trav\u00e9s de alianzas p\u00fablico populares, que permitan la gesti\u00f3n de su conocimiento y su participaci\u00f3n en nuevos modelos de gesti\u00f3n\u201d. Por su parte, el <em>catalizador<\/em> \u201c[r]eivindicaci\u00f3n de los derechos de los grupos m\u00e1s afectados, e integraci\u00f3n de personas que dejan las armas para reconstruir el tejido social\u201d, se sostiene que el PND \u201cimpulsar\u00e1 la creaci\u00f3n de ecosistemas regionales de paz en los territorios y se potenciar\u00e1n las alianzas p\u00fablico populares y comunitarias y los di\u00e1logos entre los diversos actores\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"186\">\n<li>Del mismo modo, en el <em>eje transversal<\/em> relativo a los \u201c[a]ctores diferenciales para el cambio\u201d, el documento Bases afirma que el PND \u201cincluir\u00e1 [\u2026] la participaci\u00f3n de las mujeres en las alianzas p\u00fablico populares para las ayudas humanitarias de emergencia\u201d. As\u00ed mismo, asegura que \u201cse ejecutar\u00e1n estrategias productivas para la econom\u00eda popular, solidaria y asociativa\u201d. Igualmente, indica que \u201c[l]a Consejer\u00eda Presidencial para la Juventud generar\u00e1 [\u2026] las alianzas p\u00fablico populares de la Juventud\u201d<a name=\"_ftnref180\"><\/a>[180]. Adem\u00e1s, prescribe que \u201c[l]a dimensi\u00f3n productiva del campesinado se fortalecer\u00e1 con la promoci\u00f3n de la econom\u00eda popular y comunitaria a trav\u00e9s de la Reforma Rural Integral\u201d. Finalmente, en el <em>eje transversal<\/em> denominado \u201c[e]stabilidad macroecon\u00f3mica\u201d, nuevamente, se se\u00f1ala que, \u201c[e]n el marco de la pol\u00edtica de reindustrializaci\u00f3n se llevar\u00e1n a cabo arreglos institucionales dirigidos a mejorar la articulaci\u00f3n privada, p\u00fablica y popular\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"187\">\n<li><em>Conclusiones<\/em>. La formaci\u00f3n de alianzas p\u00fablico populares y la promoci\u00f3n y fortalecimiento de la econom\u00eda popular son prop\u00f3sitos transversales al PND 2022 &#8211; 2026. Esto se demuestra al leer la introducci\u00f3n del documento Bases, los apartados de este documento dedicados a explicar el alcance de los <em>ejes de transformaci\u00f3n <\/em>seguridad humana y justicia social, transformaci\u00f3n productiva, internacionalizaci\u00f3n y acci\u00f3n clim\u00e1tica, y convergencia regional, y los <em>ejes transversales<\/em> actores diferenciales para el cambio y estabilidad macroecon\u00f3mica. En este orden, de acuerdo con el documento Bases del PND, los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 s\u00ed tienen una relaci\u00f3n con los objetivos, metas, planes y estrategias de la parte general del PND.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"188\">\n<li>En particular, tal relaci\u00f3n se hace notoria al considerar los siguientes tres aspectos ya descritos en p\u00e1rrafos anteriores:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>La relaci\u00f3n entre la transformaci\u00f3n de la estructura productiva e institucional para aumentar las oportunidades de generaci\u00f3n de ingresos (<em>segunda idea clave<\/em>) y la promoci\u00f3n de la econom\u00eda popular y cooperativa. Esto, en el contexto del tercer <em>catalizador<\/em> (\u201cexpansi\u00f3n de capacidades: m\u00e1s y mejores oportunidades de la poblaci\u00f3n para lograr sus proyectos de vida\u201d) del <em>eje de<\/em> <em>transformaci\u00f3n <\/em>seguridad humana y justicia social.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>El papel de las alianzas p\u00fablico populares en el desarrollo de algunos de los elementos que integran los pilares del tercer <em>catalizador <\/em>del <em>eje de<\/em> <em>transformaci\u00f3n <\/em>seguridad humana y justicia social. Puntualmente, en el \u00e1mbito del arte y la cultura, la construcci\u00f3n de espacios comunitarios de cuidado y el dise\u00f1o y ejecuci\u00f3n de proyectos de infraestructura en los territorios. Estas materias coinciden con los objetos contractuales identificados en los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>El<em> pilar <\/em>\u201creconocimiento e impulso a la Econom\u00eda Popular y Comunitaria (EP)\u201d del tercer <em>catalizador <\/em>del <em>eje de<\/em> <em>transformaci\u00f3n <\/em>seguridad humana y justicia social. Expresamente, este <em>pilar<\/em> se refiere a dos cuestiones. Primera, a la creaci\u00f3n de un \u201cmarco institucional\u201d para la inclusi\u00f3n econ\u00f3mica de la econom\u00eda popular, para el fortalecimiento de su capacidad de generar ingresos. Y, segunda, a la implementaci\u00f3n de \u201cherramientas de mejora regulatoria\u201d que permitan la participaci\u00f3n de la econom\u00eda popular \u201cen actividades productivas mediante las compras p\u00fablicas\u201d. Esto incluye, seg\u00fan el documento Bases, \u201cla habilitaci\u00f3n para contratar por parte de entidades p\u00fablicas con unidades de la econom\u00eda popular y comunitaria\u201d y las \u201casociaciones de iniciativa p\u00fablico popular como instrumento de asociaci\u00f3n para el desarrollo de proyectos de infraestructura entre entidades p\u00fablicas y asociaciones de origen popular y comunitario en sus territorios\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>5.2.2. <\/strong><\/b><b><strong>El PNI y los presupuestos plurianuales<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"189\">\n<li>Ya se adelant\u00f3 que el Plan Nacional de Inversiones P\u00fablicas 2023 \u2013 2026 se encuentra en el art\u00edculo 5 de la Ley 2294 de 2023. Esta norma dispone que, de acuerdo con la distribuci\u00f3n de fuentes p\u00fablicas por <em>eje de transformaci\u00f3n,<\/em> el <em>eje<\/em> <em>de<\/em> <em>transformaci\u00f3n <\/em>seguridad humana y justicia social tendr\u00e1 recursos por el orden de 743,7 billones de pesos, a precios constantes de 2022. En concordancia con el citado art\u00edculo, este es el eje que, en comparaci\u00f3n con los dem\u00e1s, cuenta con mayores recursos (64%)<a name=\"_ftnref181\"><\/a>[181].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"190\">\n<li>El PPI contiene la proyecci\u00f3n de las fuentes de financiaci\u00f3n disponibles para la ejecuci\u00f3n de las metas del PND<a name=\"_ftnref182\"><\/a>[182]. Entre las inversiones estrat\u00e9gicas nacionales est\u00e1, en la l\u00ednea de inversi\u00f3n n\u00famero veinte, la \u201c[\u2026] inclusi\u00f3n financiera [y] e[l] impulso a la econom\u00eda popular, comunitaria, y solidaria\u201d. Este proyecto tambi\u00e9n forma parte de las l\u00edneas de inversi\u00f3n de cada uno de los departamentos del pa\u00eds<a name=\"_ftnref183\"><\/a>[183].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"191\">\n<li>Por su parte, aunque no guarda relaci\u00f3n con las normas demandadas, resulta interesante destacar que, en los proyectos estrat\u00e9gicos de impacto regional, se incluy\u00f3 un proyecto titulado \u201c[d]esarrollo de una estrategia territorial de aseguramiento en riesgos laborales para la poblaci\u00f3n perteneciente a la econom\u00eda popular comunitaria, derivado del modelo de protecci\u00f3n en riesgos laborales, definido por el Ministerio del Trabajo\u201d. Al respecto, se indica que este proyecto, el cual forma parte del <em>eje de transformaci\u00f3n<\/em> seguridad humana y justicia social, est\u00e1 dirigido a todos los departamentos y al Distrito Capital.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"192\">\n<li><em>Conclusiones<\/em>. En el PNI s\u00ed existe un valor proyectado para financiar el <em>eje de transformaci\u00f3n<\/em> seguridad humana y justicia social. De conformidad con lo demostrado en p\u00e1ginas anteriores, los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 son una medida instrumental de ese <em>eje de transformaci\u00f3n<\/em>. Igualmente, en el PPI s\u00ed existe una l\u00ednea de inversi\u00f3n estrat\u00e9gica nacional y una l\u00ednea de inversi\u00f3n en cada uno de los departamentos del pa\u00eds, para la \u201c[\u2026] inclusi\u00f3n financiera [y] e[l] impulso a la econom\u00eda popular, comunitaria, y solidaria\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>5.3.<\/strong><\/b><b><strong> Existencia de una <\/strong><\/b><b><strong>conexidad directa e inmediata entre las normas demandadas y la parte general del PND y el PNI<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"193\">\n<li>En el cap\u00edtulo anterior, la Corte constat\u00f3 que la formaci\u00f3n de alianzas p\u00fablico populares y la promoci\u00f3n y fortalecimiento de la econom\u00eda popular son prop\u00f3sitos transversales e identitarios del PND 2022 \u2013 2026. Al respecto, en su intervenci\u00f3n, el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, el DNP y la ANDJE acreditaron que la Ley 2294 de 2023 contiene, al menos, trece art\u00edculos mediante los cuales el legislador busc\u00f3 la realizaci\u00f3n de esos prop\u00f3sitos.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"194\">\n<li>Aunque lo anterior es relevante, no es suficiente para demostrar la existencia de una conexidad directa e inmediata entre las normas demandadas y la parte general del PND y el PNI. Para el efecto, es necesario verificar si tales normas operan inequ\u00edvocamente como instrumentos de cumplimiento de dicha parte general y del PNI.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"195\">\n<li>Como se destac\u00f3 en el apartado precedente, una de las metas generales del tercer <em>catalizador <\/em>(\u201cexpansi\u00f3n de capacidades: m\u00e1s y mejores oportunidades de la poblaci\u00f3n para lograr sus proyectos de vida\u201d) del <em>eje de<\/em> <em>transformaci\u00f3n <\/em>seguridad humana y justicia social consiste en aumentar la inclusi\u00f3n productiva mediante la promoci\u00f3n de la econom\u00eda popular y cooperativa. En este contexto, entre los objetivos de ese catalizador est\u00e1 la celebraci\u00f3n de alianzas p\u00fablico populares en los \u00e1mbitos del arte y la cultura, la construcci\u00f3n de espacios comunitarios de cuidado y para la puesta en marcha de proyectos de infraestructura en los territorios. Ya se precis\u00f3 que estas materias coinciden con los objetos contractuales identificados en los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"196\">\n<li>En concreto, los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 son mecanismos de ejecuci\u00f3n del <em>pilar<\/em> \u201creconocimiento e impulso a la Econom\u00eda Popular y Comunitaria (EP)\u201d del tercer <em>catalizador <\/em>del <em>eje de<\/em> <em>transformaci\u00f3n <\/em>seguridad humana y justicia social. Expresamente, el mencionado <em>pilar <\/em>determin\u00f3 que el PND implementar\u00eda \u201cherramientas de mejora regulatoria\u201d que permitieran la participaci\u00f3n de la econom\u00eda popular \u201cen actividades productivas mediante las compras p\u00fablicas\u201d. Es decir, expl\u00edcitamente dispuso que el PND introducir\u00eda modificaciones al EGCAP, como en efecto lo hacen los art\u00edculos demandados, para permitir que las personas y organizaciones que forman parte de la econom\u00eda popular puedan celebrar contratos estatales.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"197\">\n<li>En los t\u00e9rminos del documento Bases que, seg\u00fan se indic\u00f3, por expreso mandato del art\u00edculo 2 de la Ley 2294 de 2023 forma parte de esta, dicha mejora regulatoria deb\u00eda consistir en \u201cla habilitaci\u00f3n para contratar por parte de entidades p\u00fablicas con unidades de la econom\u00eda popular y comunitaria\u201d y las \u201casociaciones de iniciativa p\u00fablico popular como instrumento de asociaci\u00f3n para el desarrollo de proyectos de infraestructura entre entidades p\u00fablicas y asociaciones de origen popular y comunitario en sus territorios\u201d. En cumplimiento de este objetivo, las normas acusadas habilitan a las entidades p\u00fablicas y estatales a celebrar contratos con las personas y organizaciones que forman parte de la econom\u00eda popular.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"198\">\n<li>En este sentido, los art\u00edculos demandados no solo son instrumentos adecuados para el logro de los objetivos de la parte general del PND y el PNI, esto es, del tercer <em>catalizador <\/em>del <em>eje de<\/em> <em>transformaci\u00f3n <\/em>seguridad humana y justicia social. Son en s\u00ed mismos su materializaci\u00f3n. Por consiguiente, la conexidad que existe entre los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 y la parte general del PND es directa. Esto es as\u00ed porque cumplen de manera cierta y concreta el mandato previsto en uno de los <em>pilares <\/em>del tercer <em>catalizador <\/em>del <em>eje de<\/em> <em>transformaci\u00f3n <\/em>seguridad humana y justicia social. De igual manera, la conexidad es inmediata, en la medida en que las normas acusadas realizan ese <em>pilar, <\/em>de suerte que su cumplimiento no depende de la intervenci\u00f3n de otra condici\u00f3n o circunstancia. En otras palabras, la conexidad entre las normas demandadas y la parte general del PND y el PNI es directa e inmediata \u2013estrecha y verificable\u2013 porque la efectividad de esta se obtiene indefectible e inevitablemente de la ejecuci\u00f3n de aquellas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>5.4. Los art\u00edculos <\/strong><\/b><b><strong>100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 cumplen los requisitos jurisprudenciales para la modificaci\u00f3n de normas permanentes<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"199\">\n<li>En l\u00edneas anteriores, la Sala explic\u00f3 que los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 modifican el EGCAP. Impl\u00edcitamente, el primer art\u00edculo adiciona el numeral 4 del art\u00edculo 2 de la Ley 1150 de 2007. En efecto, a las causales que dan lugar a la contrataci\u00f3n directa, agrega la relativa a los contratos de m\u00ednima cuant\u00eda con personas naturales o entidades que formen parte de la econom\u00eda popular. El segundo art\u00edculo hace una exclusi\u00f3n al EGCAP adem\u00e1s de establecer la selecci\u00f3n del contratista para los contratos que se celebren mediante las AIPPo, a trav\u00e9s del procedimiento de selecci\u00f3n abreviada.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"200\">\n<li>En principio, esto resulta problem\u00e1tico por dos razones: la ley del PND debe respetar las competencias ordinarias del Congreso y, <em>prima facie<\/em>, no puede modificar normas de car\u00e1cter permanente. De conformidad con lo estatuido en el inciso final del art\u00edculo 150 de la Constituci\u00f3n, el EGCAP es una norma de car\u00e1cter permanente expedida por el Congreso de la Rep\u00fablica en ejercicio de sus competencias ordinarias. Por esto, se hace necesario verificar si las disposiciones demandadas cumplen los tres requisitos jurisprudenciales para admitir su validez, a pesar de que modifican un estatuto permanente aprobado por el Congreso en virtud de las competencias ordinarias a \u00e9l atribuidas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>5.4.1. La modificaci\u00f3n debe tener un fin planificador y de impulso a la ejecuci\u00f3n del plan cuatrienal<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"201\">\n<li>La modificaci\u00f3n que introducen los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 al EGCAP s\u00ed tiene un fin planificador y de impulso a la ejecuci\u00f3n del PND y del PNI. Como se demostr\u00f3 en apartados anteriores, tales art\u00edculos cumplen el prop\u00f3sito del <em>pilar<\/em> \u201creconocimiento e impulso a la Econom\u00eda Popular y Comunitaria (EP)\u201d del tercer <em>catalizador <\/em>del <em>eje de<\/em> <em>transformaci\u00f3n <\/em>seguridad humana y justicia social. Es decir, cumplen una de las metas previstas en materia de inclusi\u00f3n productiva de la parte general del PND.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"202\">\n<li>Ya se dijo que, expl\u00edcitamente, el mencionado <em>pilar <\/em>determin\u00f3 que el PND introducir\u00eda modificaciones al EGCAP, como lo hacen los art\u00edculos demandados, para permitir que las personas y organizaciones que forman parte de la econom\u00eda popular puedan celebrar contratos estatales. En los t\u00e9rminos del documento Bases, tales modificaciones incluir\u00edan \u201cla habilitaci\u00f3n para contratar por parte de entidades p\u00fablicas con unidades de la econom\u00eda popular y comunitaria\u201d y las \u201casociaciones de iniciativa p\u00fablico popular como instrumento de asociaci\u00f3n para el desarrollo de proyectos de infraestructura entre entidades p\u00fablicas y asociaciones de origen popular y comunitario en sus territorios\u201d. En cumplimiento de este objetivo, las normas acusadas habilitan a las entidades p\u00fablicas y estatales a celebrar contratos con las personas y organizaciones que forman parte de la econom\u00eda popular.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"203\">\n<li>En consecuencia, la modificaci\u00f3n que introducen los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 al EGCAP es en s\u00ed misma la materializaci\u00f3n de uno de los objetivos del PND. No se debe olvidar que la formaci\u00f3n de alianzas p\u00fablico populares y la promoci\u00f3n y fortalecimiento de la econom\u00eda popular son prop\u00f3sitos transversales e identitarios del PND 2022 \u2013 2026.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>5.4.2.<\/strong><\/b> <b><strong>Los congresistas tuvieron acceso a informaci\u00f3n sobre esa modificaci\u00f3n y deliberaron sobre este punto<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>5.4.2.1.<\/strong><\/b> <b><strong>Acceso a la informaci\u00f3n sobre la modificaci\u00f3n del EGCAP<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"204\">\n<li>El 6 de febrero de 2023, el Gobierno nacional radic\u00f3 en la C\u00e1mara de Representantes el proyecto de ley que culmin\u00f3 con la sanci\u00f3n de la Ley 2294 de 2023. A este le correspondi\u00f3 el No. 338\/2023 C\u00e1mara y 274\/2023 Senado. Este estaba acompa\u00f1ado del documento Bases y del PNI. En los cap\u00edtulos precedentes se hizo un extenso recuento sobre la manera en que tanto el documento Bases como el PNI se refieren a la econom\u00eda popular y a la implementaci\u00f3n de \u201cherramientas de mejora regulatoria\u201d que permitieran la participaci\u00f3n de la econom\u00eda popular \u201cen actividades productivas mediante las compras p\u00fablicas\u201d. El proyecto de ley radicado por el Gobierno nacional conten\u00eda el siguiente art\u00edculo:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ART\u00cdCULO 82. MEJORAMIENTO PARA LA PARTICIPACI\u00d3N EN COMPRAS P\u00daBLICAS. <em>Las Entidades P\u00fablicas podr\u00e1n contratar de manera directa mediante esquema o modalidad de Asociaciones P\u00fablico-Populares con unidades de la econom\u00eda popular, organismos de acci\u00f3n comunal, social o comunitaria u otras formas de organizaci\u00f3n social, grupos y comunidades \u00e9tnicas.<\/em> De igual forma, las Entidades P\u00fablicas podr\u00e1n reservar la contrataci\u00f3n de programas o pol\u00edticas sociales con los actores mencionados organizados bajo esquemas asociativos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>El Gobierno nacional en cabeza del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, en coordinaci\u00f3n con el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y la Agencia Nacional de Contrataci\u00f3n P\u00fablica \u2013 Colombia Compra Eficiente, reglamentar\u00e1n la materia.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PAR\u00c1GRAFO PRIMERO. El esquema o modalidad de Asociaciones P\u00fablico Populares ser\u00e1 definido por el Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, con el apoyo t\u00e9cnico de la Agencia Nacional de Contrataci\u00f3n P\u00fablica \u2013 Colombia Compra Eficiente, o quien haga sus veces, y <em>se enfocar\u00e1 en el desarrollo y mejoramiento de proyectos de infraestructura social, vivienda rural, v\u00edas terciarias y caminos vecinales, cultura, infraestructura productiva local, proyectos de eficiencia energ\u00e9tica, producci\u00f3n de alimentos, suministro de bienes y servicios, gesti\u00f3n comunitaria del agua, saneamiento b\u00e1sico y fortalecimiento ambiental y comunitario<\/em>, entre otras que beneficien a la sociedad y permitan la participaci\u00f3n en las compras p\u00fablicas de los actores mencionados en este art\u00edculo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PAR\u00c1GRAFO SEGUNDO. Cuando en una misma zona de beneficio social opere m\u00e1s de un actor popular, se deber\u00e1 priorizar la contrataci\u00f3n de Asociaciones P\u00fablico Populares con aquellos que se encuentren bajo esquemas asociativos y que est\u00e9n conformadas en al menos el 40% por mujeres.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PAR\u00c1GRAFO TERCERO. En ninguno de los casos anteriores se requerir\u00e1 estar inscrito en el Registro \u00danico de Proponentes -RUP-, o el que haga sus veces y <em>la entidad contratante apoyar\u00e1 y acompa\u00f1ar\u00e1 el tr\u00e1mite de la facturaci\u00f3n electr\u00f3nica mediante los canales gratuitos habilitados por la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, as\u00ed como los tr\u00e1mites de la expedici\u00f3n, seguimiento y control en caso de exigir registros y certificados fitosanitarios. <\/em>Con el prop\u00f3sito de facilitar el desarrollo de las unidades y actores mencionados en este art\u00edculo, <em>la DIAN tambi\u00e9n dispondr\u00e1 de una clasificaci\u00f3n y un mecanismo gratuito de f\u00e1cil acceso y comprensi\u00f3n a la factura electr\u00f3nica.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>PAR\u00c1GRAFO CUARTO. En situaciones de emergencia y desastres, las entidades p\u00fablicas podr\u00e1n comprar de manera directa productos agropecuarios de peque\u00f1os productores agr\u00edcolas y campesinos que hayan sido afectados y donarlos al Fondo Nacional de Gesti\u00f3n del Riesgo de Desastres<\/em> (cursiva fuera del texto original).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"205\">\n<li>El proyecto de ley, el documento Bases y el PNI fueron publicados en la Gaceta del Congreso n.\u00b0 18 del 13 de febrero de 2023, es decir, siete d\u00edas despu\u00e9s de la radicaci\u00f3n del texto en el Congreso de la Rep\u00fablica. Por ende, desde el primer momento, los miembros del Congreso conocieron la intenci\u00f3n del Gobierno nacional de modificar el EGCAP para permitir que las personas y organizaciones de la econom\u00eda popular pudieran celebrar contratos estatales.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"206\">\n<li>Adem\u00e1s, el documento Bases y el PNI tambi\u00e9n fueron publicados en el informe de ponencia para primer debate en comisiones conjuntas<a name=\"_ftnref184\"><\/a>[184], en segundo debate, tanto en el Senado de la Rep\u00fablica como en la C\u00e1mara de Representantes<a name=\"_ftnref185\"><\/a>[185], y en el informe de conciliaci\u00f3n<a name=\"_ftnref186\"><\/a>[186]. Esto significa que dicha informaci\u00f3n estuvo disponible para los congresistas y los ciudadanos durante todo el tr\u00e1mite legislativo del PND.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"207\">\n<li>Puntualmente, se debe destacar que el art\u00edculo 82 del proyecto de ley conten\u00eda los siguientes elementos que se mantuvieron inalterados durante el tr\u00e1mite legislativo y fueron incorporados en los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023: (i) la habilitaci\u00f3n a las entidades p\u00fablicas para contratar con unidades que formen parte de la econom\u00eda popular (art\u00edculos 100 y 101); (ii) la contrataci\u00f3n directa como modalidad de selecci\u00f3n del contratista (art\u00edculo 100); (iii) la reglamentaci\u00f3n de la norma por el Gobierno nacional en cabeza del DNP, en coordinaci\u00f3n con el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y la ANCP-CCE (art\u00edculo 101); (iv) los objetos contractuales (art\u00edculo 100); (v) la factura electr\u00f3nica y el acompa\u00f1amiento por parte de la DIAN (art\u00edculo 100); y (vi) la contrataci\u00f3n directa en situaciones de emergencia y desastres, para la adquisici\u00f3n de productos agropecuarios de peque\u00f1os productores agr\u00edcolas y campesinos (art\u00edculo 100).<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>5.4.2.2.<\/strong><\/b> <b><strong>Deliberaci\u00f3n en el Congreso de la Rep\u00fablica sobre la modificaci\u00f3n del EGCAP<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>Discusi\u00f3n en las <\/strong><\/b><b><strong>comisiones de asuntos econ\u00f3micos de ambas c\u00e1maras<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"208\">\n<li>Luego de su radicaci\u00f3n en el Congreso de la Rep\u00fablica, el proyecto de ley fue discutido por los coordinadores y ponentes designados por las comisiones de asuntos econ\u00f3micos de ambas c\u00e1maras. En la Gaceta del Congreso n.\u00b0 180 del 19 de marzo de 2023, se lee que aquellos sesionaron de manera conjunta los d\u00edas 7, 8, 9, 13, 14, 15 y 16 de marzo de 2023, \u201ccon el objetivo de revisar y discutir en su integridad el articulado\u201d<a name=\"_ftnref187\"><\/a>[187]. Espec\u00edficamente, el art\u00edculo 82 fue discutido los d\u00edas 9, 13 y 14 de marzo de 2023<a name=\"_ftnref188\"><\/a>[188]. En el informe para el primer debate en sesi\u00f3n conjunta, publicado en la Gaceta del Congreso n.\u00b0 173 del 17 de marzo de 2023<a name=\"_ftnref189\"><\/a>[189], los coordinadores y ponentes designados dejaron constancia de sus observaciones al art\u00edculo 82<a name=\"_ftnref190\"><\/a>[190].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"209\">\n<li>En raz\u00f3n de esas observaciones y con fundamento en \u201clas reuniones realizadas por los coordinadores y ponentes con los sectores involucrados en el PND y con los representantes del Gobierno nacional\u201d<a name=\"_ftnref191\"><\/a>[191], en el informe de ponencia para primer debate, los coordinadores y ponentes designados propusieron la modificaci\u00f3n del art\u00edculo 82<a name=\"_ftnref192\"><\/a>[192]. Lo anterior, \u201cen el sentido de clarificar la cuant\u00eda, as\u00ed como la finalidad del proceso de contrataci\u00f3n a trav\u00e9s de asociaciones p\u00fablico populares, incluyendo, entre otros, eventos de infraestructura como vivienda rural, v\u00edas terciarias y otras, que impulsan el desarrollo territorial\u201d<a name=\"_ftnref193\"><\/a>[193].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"210\">\n<li>En las Gacetas del Congreso n.\u00b0 180 y 181 del 19 de marzo de 2023, se dej\u00f3 constancia de que, para primer debate, al menos dieciocho congresistas de diversos partidos pol\u00edticos y tendencias ideol\u00f3gicas<a name=\"_ftnref194\"><\/a>[194] y la bancada del partido Pacto Hist\u00f3rico<a name=\"_ftnref195\"><\/a>[195] presentaron proposiciones sustitutivas, modificativas y eliminatorias del art\u00edculo 82.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"211\">\n<li>El proyecto de ley fue aprobado en primer debate por las comisiones econ\u00f3micas conjuntas tercera y cuarta de la C\u00e1mara de representantes y el Senado de la Rep\u00fablica, en las sesiones de los d\u00edas 20, 21, 22 y 23 de marzo de 2023<a name=\"_ftnref196\"><\/a>[196]. De acuerdo con las Gacetas del Congreso en las que fueron publicadas las actas de dichas sesiones, la habilitaci\u00f3n para celebrar contratos estatales con personas u organizaciones que forman parte de la econom\u00eda popular fue intensamente discutida en primer debate.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"212\">\n<li>Para empezar, en la sesi\u00f3n del 20 de marzo de 2023, el senador John Jairo Rold\u00e1n Avenda\u00f1o propuso que el art\u00edculo 82 estableciera la modalidad de contrataci\u00f3n directa, pero hasta la m\u00ednima cuant\u00eda de la entidad estatal<a name=\"_ftnref197\"><\/a>[197]. Por su parte, el representante Modesto Enrique Aguilera Vides pidi\u00f3 que este art\u00edculo fuera discutido de manera individual<a name=\"_ftnref198\"><\/a>[198], y el senador Wilson Neber Arias Castillo a\u00f1adi\u00f3 que los reparos contra esa modalidad de contrataci\u00f3n se fundaban en un <em>sesgo sociol\u00f3gico<\/em>. En su opini\u00f3n, resultaba equivocada \u201cla idea seg\u00fan la cual distribuir a trav\u00e9s de organizaciones populares, resulta m\u00e1s riesgoso para la moralidad p\u00fablica que la contrataci\u00f3n que hacen los alcaldes\u201d<a name=\"_ftnref199\"><\/a>[199].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"213\">\n<li>En la sesi\u00f3n del 21 de marzo de 2023, el senador ponente Juan Felipe Lemos Uribe explic\u00f3 que \u201c[l]as comisiones de ponentes y coordinadores, tomaron la decisi\u00f3n responsable de limitar [la norma] a la m\u00ednima cuant\u00eda\u201d<a name=\"_ftnref200\"><\/a>[200]. Posteriormente, intervinieron el senador Wilson Neber Arias Castillo, para defender la inconveniencia de esa limitaci\u00f3n; el senador Juan Felipe Lemos Uribe, con la finalidad de abogar por la importancia de ese l\u00edmite; y el senador Carlos Alberto Benavides Mora, para precisar los puntos en los que estuvieron de acuerdo los coordinadores y ponentes, as\u00ed como los beneficiarios de la medida<a name=\"_ftnref201\"><\/a>[201].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"214\">\n<li>Como resultado de la discusi\u00f3n del proyecto de ley, el art\u00edculo 82 pas\u00f3 a ser el art\u00edculo 91. Este fue aprobado en primer debate, como ven\u00eda en el informe de ponencia, con 26 votos a favor y uno en contra. Este art\u00edculo es id\u00e9ntico al actual art\u00edculo 100 de la Ley 2294 de 2023.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Discusi\u00f3n en la plenaria del Senado de la Rep\u00fablica<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"215\">\n<li>Ahora bien, en los informes de ponencia para segundo debate en el Senado de la Rep\u00fablica y en la C\u00e1mara de Representantes, se lee que el art\u00edculo 91 (art\u00edculo 100) fue discutido por los coordinadores y ponentes en las sesiones de cada c\u00e9lula legislativa el 11 de abril de 2023<a name=\"_ftnref202\"><\/a>[202]. Para el efecto, \u201crevisaron las proposiciones que fueron dejadas como constancia por los congresistas durante el primer debate, las proposiciones presentadas y radicadas en la Secretar\u00eda de la Comisi\u00f3n Tercera de la C\u00e1mara de Representantes y las modificaciones sugeridas en el debate por parte de los coordinadores, ponentes y representantes del Gobierno nacional\u201d<a name=\"_ftnref203\"><\/a>[203]. En los informes de ponencia solo se hicieron ajustes de forma al art\u00edculo 91 (art\u00edculo 100). Adem\u00e1s, se incluy\u00f3 un art\u00edculo nuevo, el 356, denominado \u201casociaciones de iniciativa p\u00fablico popular\u201d. Este art\u00edculo es id\u00e9ntico al actual art\u00edculo 101 de la Ley 2294 de 2023.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"216\">\n<li>El texto definitivo del proyecto de ley fue aprobado por la plenaria del Senado en las sesiones de los d\u00edas 2 y 3 de mayo de 2023<a name=\"_ftnref204\"><\/a>[204]. En dicho texto, los art\u00edculos 98 y 99 corresponden a los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023. Sobre la conveniencia e inconveniencia de estos art\u00edculos, en la sesi\u00f3n del 2 de mayo de 2023, intervinieron los senadores Ciro Alejandro Ram\u00edrez Cort\u00e9s, Miguel Uribe Turbay, Jonathan Ferney Pulido Hern\u00e1ndez y Jhon Jairo Rold\u00e1n Avenda\u00f1o<a name=\"_ftnref205\"><\/a>[205]. En esa misma oportunidad, fueron votadas las proposiciones de eliminaci\u00f3n del art\u00edculo 91 (art\u00edculo 100), presentadas por los senadores Miguel Uribe Turbay y Jonathan Ferney Pulido Hern\u00e1ndez. Tales proposiciones fueron negadas con veinte votos por el s\u00ed y sesenta votos por el no<a name=\"_ftnref206\"><\/a>[206].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"217\">\n<li>El art\u00edculo 356 (art\u00edculo 101) fue profusamente discutido en la sesi\u00f3n del 2 de mayo de 2023. Con sustento en la petici\u00f3n de los senadores Albeiro Echeverry Alvar\u00e1n y Miguel Uribe Turbay, el art\u00edculo 356 (art\u00edculo 101) fue discutido y votado de manera individual. Para defender esta solicitud y abogar por la eliminaci\u00f3n de la norma \u2013proposici\u00f3n presentada por \u00e9l y la senadora Paloma Susana Valencia Laserna\u2013, el senador Uribe Turbay se refiri\u00f3 ampliamente a la inconveniencia e ilegalidad de ese art\u00edculo. Sobre este \u00faltimo punto, afirm\u00f3: \u201clas asociaciones p\u00fablico populares, \u00a1claro que violan el r\u00e9gimen de contrataci\u00f3n p\u00fablica!\u201d<a name=\"_ftnref207\"><\/a>[207]. En similar sentido, intervinieron extensamente los senadores Jonathan Ferney Pulido Hern\u00e1ndez, Juan Felipe Lemos Uribe, Paloma Susana Valencia Laserna y Guido Echeverri Piedrah\u00edta<a name=\"_ftnref208\"><\/a>[208].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"218\">\n<li>As\u00ed mismo, pero para defender la aprobaci\u00f3n de la norma, intervinieron los senadores Juan Diego Echavarr\u00eda S\u00e1nchez, Clara Eugenia L\u00f3pez Obreg\u00f3n, Carlos Alberto Benavides Mora y Wilson Neber Arias Castillo<a name=\"_ftnref209\"><\/a>[209]. En este orden, fue votada la proposici\u00f3n de eliminaci\u00f3n del art\u00edculo 356 (art\u00edculo 101). Dado que se produjo un empate, la votaci\u00f3n fue repetida<a name=\"_ftnref210\"><\/a>[210]. Dicha proposici\u00f3n fue votada negativamente por la plenaria del Senado con 38 votos por el s\u00ed y 39 votos por el no. Finalmente, en la sesi\u00f3n del 3 de mayo de 2023, el art\u00edculo fue aprobado como ven\u00eda en el informe de ponencia con 73 votos por el s\u00ed y 11 votos por el no<a name=\"_ftnref211\"><\/a>[211].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Discusi\u00f3n en la plenaria de la C\u00e1mara de Representantes<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"219\">\n<li>El texto definitivo del proyecto de ley fue aprobado por la plenaria de la C\u00e1mara de Representantes en las sesiones de los d\u00edas 2, 3 y 4 de mayo de 2023<a name=\"_ftnref212\"><\/a>[212]. El art\u00edculo 91 (art\u00edculo 100) fue discutido en la sesi\u00f3n del 4 de mayo de 2023. En esta, el partido Centro Democr\u00e1tico y el representante Wadith Alberto Manzur Imbett presentaron sendas solicitudes de eliminaci\u00f3n de la norma. Por solicitud de sus autores, dichas proposiciones fueron dejadas como constancias. En consecuencia, fueron discutidas las proposiciones modificativas no avaladas por el Gobierno nacional, presentadas por los representantes Ciro Antonio Rodr\u00edguez Pinz\u00f3n, Carlos Felipe Quintero Ovalle, Juan Carlos Lozada Vargas, Jos\u00e9 Octavio Cardona Le\u00f3n, Carolina Giraldo Botero y Modesto Enrique Aguilera Vides<a name=\"_ftnref213\"><\/a>[213].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"220\">\n<li>En la mencionada sesi\u00f3n, intervinieron diez representantes con el fin de cuestionar la conveniencia del art\u00edculo 91 (art\u00edculo 100)<a name=\"_ftnref214\"><\/a>[214], y siete, para defender su aprobaci\u00f3n<a name=\"_ftnref215\"><\/a>[215]. Posteriormente, en el curso del debate, el Gobierno nacional aval\u00f3 dos proposiciones presentadas por los representantes Jos\u00e9 Octavio Cardona Le\u00f3n y Jos\u00e9 Eli\u00e9cer Salazar L\u00f3pez, quienes pidieron excluir a las personas naturales de los beneficiarios del art\u00edculo 91 (art\u00edculo 100); y de los representantes Carolina Giraldo Botero y Duvalier S\u00e1nchez Arango, quienes solicitaron incluir un nuevo par\u00e1grafo relacionado con la aplicaci\u00f3n de los principios que gobiernan la contrataci\u00f3n estatal<a name=\"_ftnref216\"><\/a>[216]. As\u00ed, el art\u00edculo 91 (art\u00edculo 100) fue aprobado \u2013como ven\u00eda en la ponencia y con las dos proposiciones avaladas\u2013 con 92 votos por el s\u00ed y 2 votos por el no.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"221\">\n<li>En la sesi\u00f3n del 4 de mayo de 2023, luego de una intensa discusi\u00f3n<a name=\"_ftnref217\"><\/a>[217], la plenaria aprob\u00f3 la proposici\u00f3n de eliminaci\u00f3n del art\u00edculo 356 (art\u00edculo 101), presentada por los representantes Hern\u00e1n Dar\u00edo Cadavid M\u00e1rquez y Jos\u00e9 Jaime Usc\u00e1tegui Pastrana. Lo anterior, con 45 votos por el no y 71 votos por el s\u00ed.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Conciliaci\u00f3n del proyecto de ley<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"222\">\n<li>Dadas las discrepancias de los textos del proyecto de ley aprobados en las plenarias del Senado y la C\u00e1mara de Representantes, se conform\u00f3 la respectiva comisi\u00f3n de conciliaci\u00f3n. En relaci\u00f3n con los art\u00edculos 91 (art\u00edculo 100) y 356 (art\u00edculo 101), esta opt\u00f3 por acoger el texto del proyecto de ley aprobado en la plenaria del Senado de la Rep\u00fablica<a name=\"_ftnref218\"><\/a>[218]. En el informe de conciliaci\u00f3n, dos senadores y dos representantes manifestaron su oposici\u00f3n al art\u00edculo 356 (art\u00edculo 101)<a name=\"_ftnref219\"><\/a>[219].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"223\">\n<li>En la sesi\u00f3n de la plenaria de la C\u00e1mara, celebrada el 5 de mayo de 2023, varios representantes alertaron sobre lo anterior e insistieron en la inconveniencia de tales art\u00edculos<a name=\"_ftnref220\"><\/a>[220]. En cumplimiento de la decisi\u00f3n adoptada por la Sala Plena de la Corte Constitucional en el Auto 705 de 2024, la plenaria del Senado aprob\u00f3 el informe de conciliaci\u00f3n el 4 de junio de 2024<a name=\"_ftnref221\"><\/a>[221].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"224\">\n<li><em>Conclusi\u00f3n<\/em>. De acuerdo con las gacetas del Congreso en las que fueron publicadas las actas de las sesiones, en el tr\u00e1mite legislativo que culmin\u00f3 con la aprobaci\u00f3n de los art\u00edculos demandados, los congresistas s\u00ed deliberaron ampliamente sobre la conveniencia de esas normas y, en particular, sobre el impacto de estas disposiciones y su articulaci\u00f3n con el EGCAP. Entre las materias objeto de controversia y decisi\u00f3n, caben destacar: (i) la modalidad de selecci\u00f3n de los contratistas; (ii) el monto de los contratos; (iii) los destinatarios de la medida; (iv) el efecto de la medida en el contexto de la lucha contra la corrupci\u00f3n y (v) la aplicaci\u00f3n de los principios que gobiernan la contrataci\u00f3n estatal.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>5.4.3.<\/strong><\/b> <b><strong>La medida estuvo precedida de una <em>justificaci\u00f3n suficiente<\/em><\/strong><\/b> <b><strong>ofrecida por el Gobierno nacional durante el tr\u00e1mite legislativo<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"225\">\n<li>Ya se indic\u00f3 que, desde el primer momento, los miembros del Congreso conocieron la intenci\u00f3n del Gobierno nacional de modificar el EGCAP para permitir que las personas y organizaciones de la econom\u00eda popular celebraran contratos estatales. Dicha informaci\u00f3n, contenida en el documento Bases y PNI, estuvo disponible para los congresistas y los ciudadanos durante todo el tr\u00e1mite legislativo del PND.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"226\">\n<li>Adem\u00e1s, en cap\u00edtulos precedentes, tambi\u00e9n se explic\u00f3 la manera en que las Bases del PND desarrollan con detalle el alcance de las alianzas p\u00fablico populares en el contexto general del PND. De forma espec\u00edfica, se sintetiz\u00f3 la informaci\u00f3n que, con ese prop\u00f3sito, ofrece detalladamente el <em>pi<\/em><em>lar <\/em>\u201creconocimiento e impulso a la Econom\u00eda Popular y Comunitaria (EP)\u201d del tercer <em>catalizador <\/em>del <em>eje de<\/em> <em>transformaci\u00f3n <\/em>seguridad humana y justicia social.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"227\">\n<li>En la Gaceta del Congreso n.\u00b0 180 del 19 de marzo de 2023, consta que los d\u00edas 22, 23, 27, 28 de febrero y 1 y 6 de marzo de 2023, \u201ccada ministro del gabinete expuso las principales apuestas de su sector administrativo para desarrollarse durante los pr\u00f3ximos cuatro a\u00f1os\u201d<a name=\"_ftnref222\"><\/a>[222]. El 1 de marzo de 2023, el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y la ANCP-CCE explicaron el alcance del art\u00edculo 82 (art\u00edculo 100) del proyecto de ley ante los coordinadores y ponentes de las comisiones terceras y cuartas del Congreso<a name=\"_ftnref223\"><\/a>[223]. Igualmente, en la sesi\u00f3n plenaria de la C\u00e1mara de Representantes del 4 de mayo de 2023, el entonces ministro del interior, Luis Fernando Velasco Chaves, tambi\u00e9n intervino para explicar el alcance de la medida<a name=\"_ftnref224\"><\/a>[224]. Por \u00faltimo, no sobra recordar que la plenaria del Senado fue la instancia que decidi\u00f3 la inclusi\u00f3n del art\u00edculo 356 (art\u00edculo 101).<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"228\">\n<li>De esta forma, la Sala considera que la aprobaci\u00f3n de los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 s\u00ed estuvo precedida de una <em>justificaci\u00f3n suficiente<\/em>, ofrecida por el Gobierno nacional durante dicho tr\u00e1mite, en la que este explic\u00f3 cu\u00e1l es la funci\u00f3n de planeaci\u00f3n que cumplen esas normas, su car\u00e1cter instrumental y su idoneidad para ejecutar la parte general del PND y el PNI.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"229\">\n<li><em>Conclusiones del cargo por <\/em><em>la presunta violaci\u00f3n del principio de unidad de materia en la ley del PND<\/em><em>. <\/em>Con fundamento en el escrutinio de mayor intensidad definido por la Sentencia C-244 de 2025, la Sala concluye que los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 no vulneran el principio de unidad de materia del PND. Son seis las razones:<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol>\n<li>Por su ubicaci\u00f3n en la Ley 2294 de 2023, las normas demandadas son una medida instrumental del <em>eje de transformaci\u00f3n<\/em> \u201cseguridad humana y justicia social\u201d. Este <em>eje<\/em> se encuentra en el numeral 2 del art\u00edculo 3 del PND, esto es, en su parte general. Lo anterior supone que, desde una perspectiva formal, las normas demandadas tienen la finalidad de cumplir con los prop\u00f3sitos y metas a los que apunta el citado <em>eje<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>El documento Bases del PND y, en particular, el<em> pilar <\/em>\u201creconocimiento e impulso a la Econom\u00eda Popular y Comunitaria (EP)\u201d del tercer <em>catalizador <\/em>del <em>eje de<\/em> <em>transformaci\u00f3n <\/em>seguridad humana y justicia social demuestra que los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 tienen una relaci\u00f3n con los objetivos, metas, planes y estrategias de la parte general del PND. Igualmente, en el PNI existe una l\u00ednea de inversi\u00f3n estrat\u00e9gica nacional y una l\u00ednea de inversi\u00f3n en cada uno de los departamentos del pa\u00eds, para la \u201c[\u2026] inclusi\u00f3n financiera [y] e[l] impulso a la econom\u00eda popular, comunitaria, y solidaria\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Los art\u00edculos demandados son en s\u00ed mismos la materializaci\u00f3n del <em>pilar <\/em>\u201creconocimiento e impulso a la Econom\u00eda Popular y Comunitaria (EP)\u201d del tercer <em>catalizador <\/em>del <em>eje de<\/em> <em>transformaci\u00f3n <\/em>seguridad humana y justicia social. La conexidad que existe entre los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 y la parte general del PND es directa porque cumplen de manera cierta y concreta el mandato previsto en ese <em>pilar<\/em>. De igual manera, la conexidad es inmediata, en la medida en que el cumplimiento del aludido <em>pilar<\/em> no depende de la intervenci\u00f3n de otra condici\u00f3n o circunstancia. As\u00ed, la conexidad entre las normas demandadas y la parte general del PND y el PNI es directa e inmediata \u2013estrecha y verificable\u2013 porque la efectividad de esta se obtiene indefectible e inevitablemente de la ejecuci\u00f3n de aquellas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>La modificaci\u00f3n que introducen los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 al EGCAP tiene un fin planificador y de impulso a la ejecuci\u00f3n del PND y del PNI. Esto es as\u00ed, en la medida en que, indudablemente, materializan el <em>pilar <\/em>\u201creconocimiento e impulso a la Econom\u00eda Popular y Comunitaria (EP)\u201d del tercer <em>catalizador <\/em>del <em>eje de<\/em> <em>transformaci\u00f3n <\/em>seguridad humana y justicia social.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>Desde el d\u00eda de la radicaci\u00f3n en el Congreso de la Rep\u00fablica del proyecto de ley que culmin\u00f3 con la sanci\u00f3n de la Ley 2294 de 2023, los miembros del Congreso conocieron la intenci\u00f3n del Gobierno nacional de modificar el EGCAP para permitir que las personas y organizaciones de la econom\u00eda popular pudieran celebrar contratos estatales. Dicha informaci\u00f3n, contenida en el documento Bases y en el PNI, estuvo disponible para los congresistas y los ciudadanos durante todo el tr\u00e1mite legislativo del PND. Adem\u00e1s, de acuerdo con las gacetas del Congreso en las que fueron publicadas las actas de las sesiones, los congresistas deliberaron ampliamente sobre la conveniencia de esas normas y, en particular, sobre el impacto de estas disposiciones y su articulaci\u00f3n con el EGCAP.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>La aprobaci\u00f3n de los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 estuvo precedida de una <em>justificaci\u00f3n suficiente<\/em>, ofrecida por el Gobierno nacional durante dicho tr\u00e1mite, en la que este explic\u00f3 cu\u00e1l es la funci\u00f3n de planeaci\u00f3n que cumplen esas normas, su car\u00e1cter instrumental y su idoneidad para ejecutar la parte general del PND y el PNI.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li><b> <\/b><b><strong>La reserva de ley como l\u00edmite de la potestad reglamentaria<\/strong><\/b><b><strong> en el \u00e1mbito de la contrataci\u00f3n estatal. Reiteraci\u00f3n de jurisprudencia<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"230\">\n<li>En virtud del inciso final del art\u00edculo 150 de la Constituci\u00f3n, el Estatuto General de Contrataci\u00f3n de la Administraci\u00f3n P\u00fablica debe ser expedido por el Congreso de la Rep\u00fablica en ejercicio de sus competencias ordinarias<a name=\"_ftnref225\"><\/a>[225]. Esta Corporaci\u00f3n ha expresado que el EGCAP no necesariamente debe ser un \u00fanico cuerpo normativo, pues de \u00e9l pueden formar parte varias leyes que regulen diversas materias relacionadas con la contrataci\u00f3n estatal<a name=\"_ftnref226\"><\/a>[226]. Tambi\u00e9n ha sostenido que, a pesar de su especialidad, el legislador no puede fijar reglas de jerarqu\u00eda o de subordinaci\u00f3n de otras leyes ordinarias respecto del estatuto contractual, \u201cpues ello implicar\u00eda un desconocimiento de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u201d<a name=\"_ftnref227\"><\/a>[227].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"231\">\n<li>Ahora bien, comoquiera que, por expreso mandato constitucional, el EGCAP debe ser expedido por el Congreso de la Rep\u00fablica, la regulaci\u00f3n de la contrataci\u00f3n estatal tiene <em>reserva legal <\/em>o<em> reserva de ley. <\/em>De acuerdo con la jurisprudencia, esta reserva, que es <em>material<\/em><a name=\"_ftnref228\"><\/a>[228]<em>, <\/em>protege el principio\u00a0 democr\u00e1tico y la separaci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos<a name=\"_ftnref229\"><\/a>[229]<em>. <\/em>La existencia de la reserva de ley en materia de contrataci\u00f3n estatal tiene, al menos, dos consecuencias: (i) \u201clos aspectos principales, centrales y esenciales de la materia objeto de reserva [deben] est[ar] contenidos (regulados) en una norma de rango legal\u201d<a name=\"_ftnref230\"><\/a>[230]; y (ii) \u201clas materias objeto de reserva de ley no pueden ser \u2018deslegalizadas\u2019, esto es, el legislador no puede delegar al Ejecutivo que regule esa materia mediante reglamento, en desarrollo del art\u00edculo 189.11 de la Constituci\u00f3n\u201d<a name=\"_ftnref231\"><\/a>[231].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"232\">\n<li>El numeral 10 del art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n establece que al presidente de la Rep\u00fablica le corresponde velar por el \u201cestricto cumplimiento de las leyes\u201d. El numeral 11 de ese mismo art\u00edculo dispone que el presidente de la Rep\u00fablica debe \u201c[e]jercer la potestad reglamentaria, mediante la expedici\u00f3n de los decretos, resoluciones y \u00f3rdenes necesarios para la cumplida ejecuci\u00f3n de las leyes\u201d. La finalidad de la reglamentaci\u00f3n consiste, entonces, en \u201cllevar a cabo una concreci\u00f3n administrativa de los elementos centrales definidos previamente por la ley\u201d<a name=\"_ftnref232\"><\/a>[232]. En otras palabras, tal finalidad se concreta en la materializaci\u00f3n \u201c[d]el enunciado abstracto de la ley [para] encauzarlo hacia la operatividad efectiva en el plano de lo real\u201d<a name=\"_ftnref233\"><\/a>[233].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"233\">\n<li>La potestad reglamentaria tiene cuatro caracter\u00edsticas<a name=\"_ftnref234\"><\/a>[234]: es <em>ordinaria<\/em> porque es una funci\u00f3n constitucional de la Rama Ejecutiva, de suerte que su ejercicio no exige una habilitaci\u00f3n distinta a lo dispuesto en el art\u00edculo 189.11 de la Constituci\u00f3n<a name=\"_ftnref235\"><\/a>[235]. Tiene car\u00e1cter <em>derivado<\/em>, pues requiere de \u201cla preexistencia de un contenido material legislativo\u201d<a name=\"_ftnref236\"><\/a><sup>[236]<\/sup>. Es decir, \u201csi el legislador no define ese presupuesto normativo b\u00e1sico estar\u00eda delegando en el Gobierno lo que la Constituci\u00f3n ha querido que no sea materia de reglamento sino de ley, pues el requisito fundamental que supone la potestad reglamentaria es la existencia previa de un contenido legal por reglamentar\u201d<a name=\"_ftnref237\"><\/a>[237]. Igualmente, la potestad reglamentaria es <em>limitada <\/em>porque se encuentra subordinada a la Constituci\u00f3n y a la ley. En consecuencia, no puede alterar o modificar su contenido o su esp\u00edritu y tampoco puede ocuparse de materias cuyo contenido est\u00e1 reservado al legislador. Esto significa que el reglamento tampoco puede zanjar las discrepancias interpretativas o las antinomias entre dos textos legales, pues esta es una competencia privativa del legislador<a name=\"_ftnref238\"><\/a>[238]. Por \u00faltimo, la potestad reglamentaria es <em>permanente<\/em>: puede ser ejercida por el presidente de la Rep\u00fablica sin ninguna limitaci\u00f3n temporal y cuantas veces sea necesario, mientras la ley se encuentre vigente<a name=\"_ftnref239\"><\/a>[239].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"234\">\n<li>El car\u00e1cter derivado y limitado de la potestad reglamentaria supone que la extensi\u00f3n del campo para el ejercicio de aquella \u201cno la traza de manera subjetiva y caprichosa el presidente de la Rep\u00fablica, sino que la determina el Congreso de la Rep\u00fablica al dictar la ley\u201d<a name=\"_ftnref240\"><\/a>[240]. Dicho de otro modo: \u201ca mayor precisi\u00f3n y detalle se restringir\u00e1 el \u00e1mbito propio del reglamento y, a mayor generalidad y falta de estos, aumentar\u00e1 la potestad reglamentaria\u201d<a name=\"_ftnref241\"><\/a>[241]. En consecuencia, el espacio que la Constituci\u00f3n ha reservado material o formalmente a la ley \u201cno pued[e] ser ocupado por normas de inferior jerarqu\u00eda y, por tanto, en ninguna circunstancia, pued[e] ser sustituido por la potestad reglamentaria del presidente\u201d<a name=\"_ftnref242\"><\/a>[242].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"235\">\n<li>De conformidad con lo expuesto, el alcance de la reserva de ley en el \u00e1mbito de la contrataci\u00f3n estatal puede analizarse desde dos perspectivas que est\u00e1n \u00edntimamente relacionadas: (i) las materias que el legislador <em>debe<\/em> incluir en el EGCAP o que, en t\u00e9rminos generales, deben ser reguladas por aquel, porque tienen esa reserva y (ii) los asuntos del orden contractual que, en consecuencia, <em>desbordan<\/em> la potestad reglamentaria del presidente (car\u00e1cter derivado y limitado).<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"236\">\n<li>Debe destacarse que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica pr\u00e1cticamente guarda silencio sobre el contenido del EGCAP<a name=\"_ftnref243\"><\/a>[243]; pese a que encomienda al legislador su expedici\u00f3n. En efecto, solo algunas disposiciones se refieren de manera tangencial a asuntos vinculados con la contrataci\u00f3n estatal. Por ejemplo, los art\u00edculos 122, 126, 127 y 179 determinan algunas inhabilidades para celebrar contratos con el Estado; los numerales 9 y 14 del art\u00edculo 150 establecen que, mediante una ley, el Congreso conceder\u00e1 al Gobierno una autorizaci\u00f3n general para celebrar contratos, y aprobar\u00e1 o improbar\u00e1 los contratos celebrados sin autorizaci\u00f3n previa; los art\u00edculos 300.9 y 313.3 se refieren a las autorizaciones de las asambleas departamentales y los concejos municipales para la celebraci\u00f3n de contratos por parte de los gobernadores y alcaldes, respectivamente; y el art\u00edculo 273 prev\u00e9 el mecanismo de selecci\u00f3n de licitaci\u00f3n p\u00fablica y la posibilidad de que, durante su desarrollo, se celebre una audiencia p\u00fablica a petici\u00f3n del contralor general de la Rep\u00fablica y dem\u00e1s autoridades de control fiscal. Este \u00faltimo art\u00edculo aclara que \u201c[l]os casos en que se aplique el mecanismo de audiencia p\u00fablica, la manera como se efectuar\u00e1 la evaluaci\u00f3n de las propuestas y las condiciones bajo las cuales se realizar\u00e1 aquella, ser\u00e1n se\u00f1alados por la ley\u201d. Por su parte, el art\u00edculo 355 inciso 2 deja al Gobierno Nacional la reglamentaci\u00f3n de los contratos que celebren el gobierno nacional, departamental, distrital y municipal con recursos de sus respectivos presupuestos, con entidades privadas sin \u00e1nimo de lucro de reconocida idoneidad, para impulsar programas y actividades de inter\u00e9s p\u00fablico acordes con el Plan Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"237\">\n<li>La ausencia de un listado espec\u00edfico de materias que el legislador debe incluir en el EGCAP supone, en principio, la dificultad de establecer, con sustento en el texto fundamental, los asuntos que <em>a priori<\/em> tienen reserva de ley. De ah\u00ed que esta Corporaci\u00f3n haya sostenido de manera pac\u00edfica y reiterada que el legislador es titular de un amplio margen de configuraci\u00f3n en esta materia<a name=\"_ftnref244\"><\/a><sup>[244]<\/sup>. La Corte ha concluido que, <em>prima facie<\/em>, dicho margen estar\u00eda limitado por los principios que gobiernan la funci\u00f3n administrativa, la prevalencia del inter\u00e9s general y los principios de proporcionalidad y racionalidad<a name=\"_ftnref245\"><\/a>[245].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"238\">\n<li>Ante la dificultad anotada, en el ejercicio casu\u00edstico de resolver caso por caso, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado algunos temas que, trat\u00e1ndose de la contrataci\u00f3n estatal, dado su car\u00e1cter <em>esencial <\/em>o<em> medular<\/em>, tienen reserva material de ley y, por consiguiente, deben formar parte del EGCAP.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"239\">\n<li><em>El EGCAP debe contener los principios y las normas fundamentales que gu\u00edan la contrataci\u00f3n estatal. <\/em>La finalidad del EGCAP consiste en materializar los objetivos del Estado social de derecho y, en particular, garantizar la prevalencia del inter\u00e9s general<a name=\"_ftnref246\"><\/a>[246]. Para alcanzar este prop\u00f3sito, el EGCAP est\u00e1 llamado a recoger \u201clos principios universales\u201d<a name=\"_ftnref247\"><\/a>[247] y \u201clas normas fundamentales que guiar\u00e1n la actividad contractual del Estado para el adecuado cumplimiento de sus fines en procura de la obtenci\u00f3n del inter\u00e9s general\u201d<a name=\"_ftnref248\"><\/a>[248]. Esto incluye definir: (i) el alcance de la autonom\u00eda contractual de las partes y, en particular, de las entidades estatales<a name=\"_ftnref249\"><\/a>[249] y (ii) la noci\u00f3n general de lo que se ha de entender por contrato estatal<a name=\"_ftnref250\"><\/a>[250].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"240\">\n<li><em>El EGCAP debe regular \u201clos aspectos m\u00e1s significativos de la contrataci\u00f3n p\u00fablica\u201d<\/em><a name=\"_ftnref251\"><\/a>[251] y <em>\u201clas normas <\/em><em>generales aplicables a los contratos\u201d<\/em><a name=\"_ftnref252\"><\/a><em><b><strong>[252]<\/strong><\/b><\/em>. En principio, tales aspectos y normas son, entre otros, \u201cla determinaci\u00f3n de la capacidad contractual, tanto de las entidades p\u00fablicas, como de los particulares, incluido el r\u00e9gimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar<a name=\"_ftnref253\"><\/a>[253]; \u201cla determinaci\u00f3n de los elementos esenciales del contrato del Estado, sus condiciones de validez y de eficacia; la enunciaci\u00f3n de los derechos y deberes de las partes del contrato, as\u00ed como la enunciaci\u00f3n de categor\u00edas contractuales gen\u00e9ricas<a name=\"_ftnref254\"><\/a>[254]\u201d<a name=\"_ftnref255\"><\/a>[255]. Igualmente, de esta regulaci\u00f3n b\u00e1sica tambi\u00e9n formar\u00edan parte \u201clas cl\u00e1usulas excepcionales y la manera de liquidar los contratos y de resolver las controversias que surjan entre las partes<a name=\"_ftnref256\"><\/a>[256]\u201d<a name=\"_ftnref257\"><\/a>[257], adem\u00e1s de las causales de nulidad de los contratos, el control de la gesti\u00f3n contractual y la responsabilidad contractual<a name=\"_ftnref258\"><\/a>[258]. Partiendo de lo anterior, la regulaci\u00f3n m\u00ednima de los asuntos referidos formar\u00eda parte del \u201cn\u00facleo propio del Estatuto de Contrataci\u00f3n\u201d <a name=\"_ftnref259\"><\/a>[259]. En esa medida, tiene reserva de ley y \u201cno podr\u00eda ser un asunto regulado mediante actos administrativos<a name=\"_ftnref260\"><\/a>[260]\u201d<a name=\"_ftnref261\"><\/a>[261].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"241\">\n<li>Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia, lo anterior no significa que el EGCAP est\u00e9 llamado a ser una norma omnicomprensiva o excesivamente pormenorizada. El inciso final del art\u00edculo 150 de la Constituci\u00f3n no obliga al legislador a dictar \u201cun estatuto contractual que desarrolle la materia en forma integral y casu\u00edstica\u201d<a name=\"_ftnref262\"><\/a>[262]. Aceptar la existencia de dicha obligaci\u00f3n implicar\u00eda \u201cdesconocer el campo de acci\u00f3n que le corresponde a la Administraci\u00f3n respecto de los contenidos normativos que, al estar expuestos a las cambiantes circunstancias, demandan una regulaci\u00f3n \u00e1gil y expedita que permita lograr la debida ejecuci\u00f3n de la ley\u201d<a name=\"_ftnref263\"><\/a>[263].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"242\">\n<li>Desde esta perspectiva, el reglamento no debe ser \u201cuna reiteraci\u00f3n textual de la ley, pues tal ser\u00eda un ejercicio inane del Ejecutivo que contrariar\u00eda principios superiores del ordenamiento\u201d<a name=\"_ftnref264\"><\/a>[264]. Antes bien, dado el contenido general del EGCAP \u2013\u201c[n]o sin raz\u00f3n se ha sostenido recurrentemente que Ley 80 de 1993 es una ley de principios m\u00e1s que de reglas detalladas de la actividad contractual de la Administraci\u00f3n P\u00fablica\u201d<a name=\"_ftnref265\"><\/a>[265]\u2013, \u201cel Gobierno nacional cuenta con un amplio margen para [su] reglamentaci\u00f3n\u201d<a name=\"_ftnref266\"><\/a>[266].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"243\">\n<li><em>El EGCAP debe definir las modalidades de selecci\u00f3n del contratista, las causales que dan lugar a cada una de ellas y las reglas b\u00e1sicas del procedimiento para esa selecci\u00f3n. <\/em>Esto es as\u00ed porque de ello \u201cdepende en gran medida el \u00e9xito de la gesti\u00f3n contractual del Estado y, por ende, la debida satisfacci\u00f3n de las necesidades p\u00fablicas\u201d<a name=\"_ftnref267\"><\/a>[267]. Para cumplir esta tarea, en aplicaci\u00f3n de los principios que rigen la funci\u00f3n administrativa (art\u00edculo 209 de la CP) y con la finalidad de preservar el inter\u00e9s general, el legislador debe prever los mecanismos generales para que la selecci\u00f3n sea objetiva<a name=\"_ftnref268\"><\/a>[268] y contrarrestar la corrupci\u00f3n<a name=\"_ftnref269\"><\/a>[269]. En efecto, el legislador debe garantizar que en el proceso de selecci\u00f3n del contratista compitan \u201cquienes tengan la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la Administraci\u00f3n\u201d<a name=\"_ftnref270\"><\/a>[270]; esto sin perjuicio de que \u201cel Congreso puede incluir criterios de ponderaci\u00f3n, mecanismos de distinci\u00f3n y tratos diferenciados razonables\u201d<a name=\"_ftnref271\"><\/a>[271].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"244\">\n<li>En este contexto, son \u201caspectos b\u00e1sicos y generales\u201d que tienen reserva de ley<a name=\"_ftnref272\"><\/a>[272]: (i) la consagraci\u00f3n de una regla general en la definici\u00f3n de las modalidades de selecci\u00f3n del contratista, as\u00ed como de las excepciones que se estimen pertinentes<a name=\"_ftnref273\"><\/a>[273]; (ii) las modalidades de selecci\u00f3n del contratista y las causales que dan lugar a cada una de ellas<a name=\"_ftnref274\"><\/a>[274]; (iii) las reglas generales del procedimiento para esa selecci\u00f3n<a name=\"_ftnref275\"><\/a>[275]; (iv) \u201cla regulaci\u00f3n [de] los requisitos habilitantes y los elementos que cada entidad debe valorar para la escogencia de quien celebrar\u00e1 el contrato estatal\u201d<a name=\"_ftnref276\"><\/a>[276]; y (v) las reglas b\u00e1sicas de imperativo cumplimiento para dar plena aplicaci\u00f3n al principio de la transparencia en el proceso de selecci\u00f3n del contratista.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"245\">\n<li>En desarrollo de lo anterior, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que el establecimiento de los procedimientos de selecci\u00f3n es un \u201c\u00e1mbito reservado constitucionalmente al Legislador\u201d, \u201cpuesto que ello forma parte del n\u00facleo propio del Estatuto de Contrataci\u00f3n\u201d<a name=\"_ftnref277\"><\/a>[277]. De forma similar, en la sentencia C-949 de 2001 la Corte expres\u00f3 que \u201c[l]a determinaci\u00f3n de los procedimientos para el ejercicio de la actividad contractual como ya se dijo, son materia de reserva de ley\u201d. Finalmente, en la Sentencia C-119 de 2020 se indic\u00f3 que \u201cadem\u00e1s de la obligaci\u00f3n de selecci\u00f3n objetiva, <em>la regulaci\u00f3n de dichos procedimientos tiene reserva de ley<\/em>, con amplia facultad de configuraci\u00f3n por parte del Legislador\u201d (cursiva fuera del original).<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"246\">\n<li>Ahora, si se constata que el legislador defini\u00f3 \u201clos aspectos generales y b\u00e1sicos\u201d de una espec\u00edfica modalidad de selecci\u00f3n, es decir, si existe \u201cun contenido material legislativo\u201d previo, \u201cel Gobierno nacional, en ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 11 del art\u00edculo 189 superior, [podr\u00e1] reglamentar los aspectos atinentes a esa forma o manera de contratar, como parte de la funci\u00f3n inherente a la Administraci\u00f3n, cual es la de ejecutar las leyes para su efectivo cumplimiento\u201d<a name=\"_ftnref278\"><\/a>[278].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"247\">\n<li><em>El EGCAP debe determinar \u201cla competencia y la capacidad de los sujetos p\u00fablicos y privados para celebrar contratos\u201d<\/em><a name=\"_ftnref279\"><\/a><em><b><strong>[279]<\/strong><\/b><\/em><em>, as\u00ed como los requisitos para suscribir determinados tipos de contratos. <\/em>Esta es una materia \u201cpropia y de obligada regulaci\u00f3n dentro de un estatuto de contrataci\u00f3n estatal\u201d<a name=\"_ftnref280\"><\/a>[280]. En efecto, la competencia y la capacidad jur\u00eddica para celebrar contratos estatales \u201cata\u00f1en a las calidades o atributos espec\u00edficos que deben tener dichos sujetos, con el fin de que puedan ser titulares y hacer efectivos los derechos y obligaciones que emanan de la relaci\u00f3n contractual\u201d<a name=\"_ftnref281\"><\/a>[281]<em>. <\/em>Igualmente, el EGCAP debe contener los requisitos, las exigencias y la modalidad de selecci\u00f3n para celebrar determinados contratos \u2013como, por ejemplo, los de prestaci\u00f3n de servicios profesionales<a name=\"_ftnref282\"><\/a>[282] y los acuerdos marco de precios<a name=\"_ftnref283\"><\/a>[283]\u2013, pues esta regulaci\u00f3n es propia del legislador y, por ende, ajena a la potestad reglamentaria.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"248\">\n<li><em>El EGCAP debe fijar el procedimiento administrativo especial para la cesi\u00f3n de los contratos cuando se produzca la inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente del contratista<\/em><a name=\"_ftnref284\"><\/a><em><b><strong>[284]<\/strong><\/b><\/em><em>. <\/em>Esta Corporaci\u00f3n ha expresado que los procedimientos administrativos especiales solo pueden ser regulados por el legislador<a name=\"_ftnref285\"><\/a>[285]. As\u00ed, \u201cmediante acto administrativo no es posible crear procedimientos administrativos que regulen las relaciones entre la Administraci\u00f3n y el ciudadano, esto es, con efectos extra-org\u00e1nicos, y si la ley no regula estos m\u00ednimos procedimentales ser\u00e1 preciso acudir al procedimiento general consignado en el art\u00edculo 2\u00ba del CPACA, como norma supletoria para estos casos\u201d<a name=\"_ftnref286\"><\/a>[286].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"249\">\n<li><em>Las entidades estatales pueden expedir manuales de contrataci\u00f3n y pliegos de condiciones que est\u00e9n sometidos a la Constituci\u00f3n, al EGCAP y al reglamento<\/em>. La reserva de ley que opera sobre la contrataci\u00f3n p\u00fablica no impide que las entidades estatales puedan \u201cexpedir actos administrativos reglamentarios que, en ejercicio de la potestad administrativa de autoorganizaci\u00f3n<a name=\"_ftnref287\"><\/a>[287], precisen los \u00f3rganos internos, los responsables, las actividades, procesos y procedimientos que deben desarrollarse<a name=\"_ftnref288\"><\/a>[288], para el adecuado cumplimiento de la Ley y de los principios de la funci\u00f3n administrativa, previstos en el art\u00edculo 209 de la Constituci\u00f3n\u201d<a name=\"_ftnref289\"><\/a>[289].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"250\">\n<li>En la actualidad, esos actos administrativos se conocen como <em>manuales de contrataci\u00f3n<\/em><a name=\"_ftnref290\"><\/a>[290]<em>. <\/em>Como es natural, estos actos administrativos no pueden desconocer o modificar el EGCAP \u201cy, por lo tanto, entre otras cosas, no pueden crear procedimientos de selecci\u00f3n de contratistas o modificar la regulaci\u00f3n legal de los existentes<a name=\"_ftnref291\"><\/a>[291]\u201d<a name=\"_ftnref292\"><\/a>[292]. As\u00ed mismo, las entidades p\u00fablicas tambi\u00e9n son titulares de la facultad reglamentaria para expedir actos administrativos de car\u00e1cter general que rijan los elementos particulares en cada procedimiento de selecci\u00f3n de contratista. Dentro de estos, uno de los m\u00e1s destacables son los <em>pliegos de condiciones<\/em><a name=\"_ftnref293\"><\/a>[293].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"251\">\n<li>La potestad de expedir manuales de contrataci\u00f3n y pliegos de condiciones se encuentra sometida a los decretos reglamentarios que expida el presidente de la Rep\u00fablica. En consecuencia, la ley no puede delegar en los \u00f3rganos de direcci\u00f3n de la entidad la reglamentaci\u00f3n de su r\u00e9gimen contractual, pues esta es una competencia exclusiva del presidente de la Rep\u00fablica<a name=\"_ftnref294\"><\/a>[294]. La validez de dicha reglamentaci\u00f3n depender\u00e1, en todos los casos, de \u201cla preexistencia de un contenido material legislativo\u201d<a name=\"_ftnref295\"><\/a>[295].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"252\">\n<li>Los decretos reglamentarios, los manuales de contrataci\u00f3n y los pliegos de condiciones \u201cse diferencian en cuanto a su jerarqu\u00eda normativa, amplitud de la competencia y \u00e1mbitos de aplicaci\u00f3n\u201d<a name=\"_ftnref296\"><\/a>[296]. Sin embargo, estos tres tipos de actos administrativos tienen en com\u00fan que, para todos los efectos, est\u00e1n sujetos a la Constituci\u00f3n y a la ley.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li><b> <\/b><b><strong>Soluci\u00f3n del <\/strong><\/b><b><strong>cargo por la presunta violaci\u00f3n de <\/strong><\/b><b><strong>las competencias del Congreso y del Ejecutivo en materia de contrataci\u00f3n estatal (reserva de ley y potestad reglamentaria)<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"253\">\n<li>Los demandantes sostienen que los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 violan las competencias que la Constituci\u00f3n asigna al Congreso y al Ejecutivo en materia de contrataci\u00f3n estatal. Esto, por dos razones. Primera, no definen expresiones como \u201ceconom\u00eda popular\u201d, \u201cinstrumentos asociativos de origen comunitario\u201d y \u201cunidades de econom\u00eda popular\u201d y, por tanto, los destinatarios de las medidas son indeterminados. Y, segunda, no establecen las capacidades t\u00e9cnicas, los requisitos y las condiciones para celebrar los contratos all\u00ed establecidos. A su juicio, las normas demandadas delegan en el Gobierno nacional esa regulaci\u00f3n o, en otras palabras, la determinaci\u00f3n del \u201cr\u00e9gimen de contrataci\u00f3n p\u00fablica aplicable a un sin n\u00famero no precisado de sujetos\u201d<a name=\"_ftnref297\"><\/a>[297]. Esto, a pesar de que tales elementos tienen reserva de ley.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"254\">\n<li>En el numeral 5.1.1. <em>supra<\/em>, la Sala analiz\u00f3 el alcance de las normas demandadas. Con base en lo all\u00ed expuesto y de acuerdo con lo indicado en el cargo admitido, procede a determinar si aquellas desconocen las competencias constitucionales del Congreso y del Ejecutivo en materia de contrataci\u00f3n estatal y, puntualmente, el principio de reserva de ley y los l\u00edmites de la potestad reglamentaria. Para el efecto, comprobar\u00e1 si, como lo afirman los demandantes, el legislador deleg\u00f3 en el Ejecutivo la reglamentaci\u00f3n de materias objeto de la mencionada reserva, que deb\u00edan estar contenidas y desarrolladas en la ley.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>7.1. El art\u00edculo 100 de la Ley 2294 de 2023 vulnera la reserva de ley en materia de contrataci\u00f3n estatal y excede los l\u00edmites constitucionales de la potestad reglamentaria<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"255\">\n<li>La Sala encuentra que el art\u00edculo 100 de la Ley 2294 de 2023 desconoce la reserva de ley prevista en el inciso final del art\u00edculo 150 de la Constituci\u00f3n y, correlativamente, los l\u00edmites de la potestad reglamentaria del presidente de la Rep\u00fablica, consagrada en el numeral 11 del art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Lo anterior, porque dicha disposici\u00f3n introduce un nuevo evento de contrataci\u00f3n directa cuya procedencia depende principalmente de una condici\u00f3n subjetiva relacionada con la calidad del contratista, sin definir con la precisi\u00f3n constitucionalmente exigible, qui\u00e9nes son los sujetos habilitados para contratar directamente con las entidades estatales bajo tal modalidad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"256\">\n<li>Como se explic\u00f3 en precedencia \u2013num. 6 <em>supra<\/em>\u2013, el EGCAP debe regular los aspectos b\u00e1sicos, generales y estructurales de la actividad contractual del Estado. Dentro de esos aspectos se encuentran las modalidades de selecci\u00f3n del contratista, las causales que habilitan el uso de cada una de ellas, las reglas generales del procedimiento de selecci\u00f3n, la capacidad de los sujetos p\u00fablicos y privados para contratar con el Estado y los requisitos esenciales para la celebraci\u00f3n de los contratos estatales. En relaci\u00f3n con lo anterior, conviene reiterar que la Corte Constitucional ha establecido que la determinaci\u00f3n de las modalidades o procedimientos de selecci\u00f3n de los contratistas es un asunto que tiene reserva de ley<a name=\"_ftnref298\"><\/a>[298]. Ahora bien, uno de los aspectos centrales relacionado con dichos procedimientos de selecci\u00f3n consiste en la definici\u00f3n de las causales o eventos que dan lugar a emplear determinada modalidad, las cuales est\u00e1n reservadas al legislador.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"257\">\n<li>La reserva de ley en esta materia no significa que el Congreso deba regular exhaustivamente todos los aspectos operativos de cada modalidad contractual. La Constituci\u00f3n no exige que el EGCAP sea un cuerpo normativo casu\u00edstico ni impide que el Gobierno nacional, en ejercicio de la potestad reglamentaria, adopte medidas dirigidas a asegurar la cumplida ejecuci\u00f3n de la ley, tal como tambi\u00e9n se explic\u00f3 en precedencia. Sin embargo, esa potestad presupone la existencia de una regulaci\u00f3n legal previa, suficiente y materialmente determinada. El reglamento puede desarrollar, concretar y hacer operativa la ley, pero no sustituirla, completarla en sus elementos esenciales ni definir por primera vez aspectos que la Constituci\u00f3n reserv\u00f3 al legislador.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"258\">\n<li>En el caso del art\u00edculo 100 demandado, la Sala advierte que la norma habilita a las entidades estatales para celebrar directamente contratos hasta por la m\u00ednima cuant\u00eda con \u201cpersonas naturales o entidades sin \u00e1nimo de lucro que hagan parte de la econom\u00eda popular y comunitaria\u201d, esto es, las APPo. De este modo, la disposici\u00f3n incorpora una nueva hip\u00f3tesis de contrataci\u00f3n directa cuya procedencia depende, de manera principal, de la identificaci\u00f3n del sujeto potencial contratista. En tal sentido, este asunto no corresponde simplemente a una regla accesoria o instrumental, sino que hace parte del presupuesto mismo que habilita a la entidad estatal para acudir a esta modalidad de selecci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"259\">\n<li>Esta circunstancia es constitucionalmente relevante. Las causales de contrataci\u00f3n directa constituyen excepciones a la regla general de selecci\u00f3n mediante procedimientos competitivos. Por esa raz\u00f3n, su configuraci\u00f3n legal debe ser clara, precisa y suficiente, concretamente, en lo relacionado con el evento o causal que determina su utilizaci\u00f3n. Cuando el legislador decide permitir la contrataci\u00f3n directa con determinado grupo de sujetos, debe establecer con certeza razonable qui\u00e9nes integran ese grupo, cu\u00e1les son los criterios que permiten identificarlos y bajo qu\u00e9 condiciones pueden contratar con el Estado. La falta de determinaci\u00f3n del sujeto habilitado no constituye un vac\u00edo menor, sino una omisi\u00f3n sobre un elemento estructural de la modalidad de selecci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"260\">\n<li>La expresi\u00f3n \u201cpersonas naturales o entidades sin \u00e1nimo de lucro que hagan parte de la econom\u00eda popular y comunitaria\u201d no satisface esa exigencia constitucional. Aunque la norma excluye a las personas jur\u00eddicas con \u00e1nimo de lucro y limita formalmente el universo de destinatarios a personas naturales y entidades sin \u00e1nimo de lucro, no define con precisi\u00f3n qu\u00e9 significa hacer parte de la \u201ceconom\u00eda popular y comunitaria\u201d. Tampoco establece criterios normativos suficientes para identificar, con un alto grado razonable de certeza, cu\u00e1les personas naturales o entidades sin \u00e1nimo de lucro pueden ser destinatarias de la contrataci\u00f3n directa all\u00ed prevista. Incluso, esta indeterminaci\u00f3n puede, adem\u00e1s, generar una tensi\u00f3n con el art\u00edculo 355 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en la medida en que impide establecer con certeza si las entidades privadas sin \u00e1nimo de lucro y de reconocida idoneidad a las que se refiere el inciso segundo de esa disposici\u00f3n constitucional pueden quedar comprendidas dentro de la categor\u00eda de \u201ceconom\u00eda popular y comunitaria\u201d prevista en el art\u00edculo 100 <em>sub examine<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"261\">\n<li>Si la norma involucrase en su concepto de \u201ceconom\u00eda popular y comunitaria\u201d a las entidades privadas sin \u00e1nimo de lucro y de reconocida idoneidad, se desconocer\u00eda\u00a0el segundo inciso del art\u00edculo 355 de la Constituci\u00f3n. Esto, porque los contratos que pueden celebrarse con esas entidades deben ce\u00f1irse a los precisos t\u00e9rminos de la referida disposici\u00f3n constitucional <a name=\"_ftnref299\"><\/a>[299], y el art\u00edculo 100 demandado los sustraer\u00eda de dicho r\u00e9gimen para habilitar su celebraci\u00f3n a trav\u00e9s de la modalidad de contrataci\u00f3n directa. No obstante, el nivel de indeterminaci\u00f3n de la norma impide definir con certeza si las entidades a las que se refiere la norma son equivalentes a las que se alude en el art\u00edculo 355 Constitucional.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"262\">\n<li>La indeterminaci\u00f3n advertida no se supera por la referencia general a la econom\u00eda popular en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo. Dicho documento permite comprender la finalidad de pol\u00edtica p\u00fablica que inspir\u00f3 la medida y su relaci\u00f3n con los objetivos del Plan. No obstante, una cosa es que las Bases del Plan sirvan para establecer la conexidad de la disposici\u00f3n con los objetivos generales del PND y otra distinta es que puedan suplir la regulaci\u00f3n legal de los elementos esenciales de una modalidad de selecci\u00f3n de contratistas del Estado. El hecho de que la promoci\u00f3n de la econom\u00eda popular pueda ser un objetivo leg\u00edtimo y constitucionalmente admisible no exonera al legislador de definir, con la precisi\u00f3n exigida por la reserva de ley, los sujetos y condiciones que habilitan acudir a esta modalidad contractual, esto es, a las APPo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"263\">\n<li>La noci\u00f3n de econom\u00eda popular contenida en las Bases del Plan cumple una funci\u00f3n principalmente program\u00e1tica, diagn\u00f3stica y de pol\u00edtica p\u00fablica. Dicha categor\u00eda permite identificar un universo social y econ\u00f3mico amplio que el Estado pretende reconocer, caracterizar, fortalecer e incluir en distintos instrumentos de fomento. Sin embargo, esa misma amplitud impide que dicha noci\u00f3n pueda operar, sin una delimitaci\u00f3n legal adicional, como criterio jur\u00eddico suficiente para habilitar una causal de contrataci\u00f3n directa. Con esto se quiere se\u00f1alar que una categor\u00eda puede ser adecuada para orientar pol\u00edticas p\u00fablicas de inclusi\u00f3n econ\u00f3mica y, al mismo tiempo, resultar insuficiente para definir los sujetos habilitados para contratar directamente con el Estado.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"264\">\n<li>La amplitud de la categor\u00eda empleada por el art\u00edculo 100 es especialmente problem\u00e1tica porque la econom\u00eda popular, de conformidad con las Bases del Plan, se refiere a los oficios y ocupaciones mercantiles y no mercantiles desarrollados por \u201cunidades econ\u00f3micas de baja escala\u201d, e indica adem\u00e1s que tales actores \u201cpueden realizar sus actividades de manera individual, en unidades econ\u00f3micas, u organizados de manera asociativa\u201d<a name=\"_ftnref300\"><\/a><sup>[300]<\/sup>. As\u00ed entendida, la categor\u00eda comprende actividades productivas, distributivas, comerciales, dom\u00e9sticas y comunitarias, desarrolladas por personas, familias, micronegocios, microempresas o formas asociativas, en cualquier sector econ\u00f3mico. Por tanto, no se delimita con suficiencia un grupo determinado de sujetos, sino que se describe un \u00e1mbito econ\u00f3mico heterog\u00e9neo, amplio y, especialmente, impreciso.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"265\">\n<li>Esa excesiva amplitud genera un problema constitucional espec\u00edfico: el art\u00edculo 100 no utiliza la econom\u00eda popular como simple referente de pol\u00edtica p\u00fablica, sino como presupuesto de procedencia de una modalidad exceptiva de selecci\u00f3n. En efecto, la pertenencia a la econom\u00eda popular y comunitaria es el criterio que permite a una entidad estatal celebrar directamente contratos hasta por la m\u00ednima cuant\u00eda. Por ello, la falta de precisi\u00f3n sobre qui\u00e9nes integran esa categor\u00eda no constituye una indeterminaci\u00f3n menor, sino un vac\u00edo sobre el elemento que activa la causal de contrataci\u00f3n directa.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"266\">\n<li>Teniendo en cuenta lo anterior, las Bases del Plan no establecen criterios normativos suficientes para resolver asuntos indispensables para aplicar la disposici\u00f3n acusada. En particular, no precisan: (i) qu\u00e9 debe entenderse por \u201cbaja escala\u201d; (ii) cu\u00e1les par\u00e1metros permiten identificar una unidad econ\u00f3mica personal, familiar, micronegocio o microempresa para efectos de contrataci\u00f3n directa; (iii) qu\u00e9 nivel de organizaci\u00f3n o formalizaci\u00f3n resulta exigible; (iv) c\u00f3mo se acredita la pertenencia a la econom\u00eda popular y comunitaria. En tal sentido, no es posible advertir l\u00edmites precisos que impidan que la categor\u00eda sea aplicada de manera expansiva por la entidad contratante o por el reglamento, lo que ser\u00eda efecto del alto grado de indeterminaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"267\">\n<li>En tales t\u00e9rminos, la categor\u00eda carece de un nivel suficiente de delimitaci\u00f3n para operar como criterio normativo de habilitaci\u00f3n de una causal de contrataci\u00f3n directa. La consecuencia pr\u00e1ctica de esta indeterminaci\u00f3n es que la delimitaci\u00f3n material del universo de posibles contratistas queda diferida, en una medida constitucionalmente excesiva, al Ejecutivo y, eventualmente, a cada entidad estatal al momento de estructurar los documentos del proceso contractual. Esto desconoce la reserva legal en materia de contrataci\u00f3n p\u00fablica, pues el legislador no puede crear una modalidad exceptiva de selecci\u00f3n fundada en la calidad subjetiva del contratista y, al mismo tiempo, dejar sin definici\u00f3n suficiente el criterio que permite identificar a los sujetos beneficiarios o destinatarios de esa excepci\u00f3n. Esta falta de precisi\u00f3n, como se indic\u00f3, traslada al reglamento \u2013y, eventualmente, a cada entidad contratante\u2013 la definici\u00f3n de los sujetos que podr\u00e1n contratar directamente con el Estado. En consecuencia, el Gobierno nacional no quedar\u00eda limitado a desarrollar aspectos operativos de una regulaci\u00f3n legal previamente determinada, sino que tendr\u00eda que completar el contenido normativo de la causal, precisar el universo de beneficiarios, definir los requisitos de pertenencia a la econom\u00eda popular y comunitaria y establecer los elementos que permiten acreditar esa condici\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"268\">\n<li>Tal habilitaci\u00f3n desconoce la diferencia entre reglamentar una ley y sustituir la funci\u00f3n legislativa. La potestad reglamentaria del art\u00edculo 189.11 de la Constituci\u00f3n permite al presidente de la Rep\u00fablica expedir los decretos, resoluciones y \u00f3rdenes necesarios para la cumplida ejecuci\u00f3n de las leyes. Pero esa competencia no autoriza al Ejecutivo a definir los elementos estructurales de una modalidad de selecci\u00f3n contractual ni a determinar, con amplio margen de configuraci\u00f3n, qui\u00e9nes son los sujetos habilitados para contratar directamente con las entidades estatales.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"269\">\n<li>En este caso, la remisi\u00f3n reglamentaria contenida en el inciso segundo del art\u00edculo 100 no recae sobre aspectos meramente instrumentales. Por el contrario, tiene lugar en un contexto en el que la ley no defini\u00f3 suficientemente el criterio subjetivo que determina la procedencia de la causal de contrataci\u00f3n directa. Por ello, el reglamento no estar\u00eda llamado \u00fanicamente a precisar la forma de aplicaci\u00f3n de una regla legal completa, sino a colmar un vac\u00edo relativo al n\u00facleo mismo de la habilitaci\u00f3n contractual, esto es, a completar la causal de contrataci\u00f3n directa.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"270\">\n<li>La Sala reitera que el legislador cuenta con un amplio margen de configuraci\u00f3n para adoptar medidas afirmativas o de fomento en favor de sectores econ\u00f3micos tradicionalmente excluidos del mercado de compras p\u00fablicas. Tambi\u00e9n puede establecer modalidades de contrataci\u00f3n o reglas especiales dirigidas a promover la participaci\u00f3n de determinados sectores. Sin embargo, cuando esas medidas inciden en elementos estructurales del EGCAP \u2013como ocurre con la creaci\u00f3n de una causal de contrataci\u00f3n directa\u2013, el legislador debe definir los elementos esenciales de la medida y no puede remitir su configuraci\u00f3n sustantiva al reglamento, so pena de desconocer la reserva de ley, en los t\u00e9rminos expuestos en el numeral 6 <em>supra <\/em>de esta providencia.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"271\">\n<li>As\u00ed, la inconstitucionalidad del art\u00edculo 100 no deriva de la finalidad perseguida por la norma, ni de la decisi\u00f3n del legislador de promover la participaci\u00f3n de actores de la econom\u00eda popular en las compras p\u00fablicas. La vulneraci\u00f3n constitucional se configura porque el legislador cre\u00f3 una causal que activa una modalidad de selecci\u00f3n exceptiva fundada en un criterio subjetivo insuficientemente determinado y, por tanto, remiti\u00f3 al reglamento la definici\u00f3n de elementos que hacen parte del n\u00facleo reservado al legislador.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"272\">\n<li>Por lo tanto, la Sala concluye que el art\u00edculo 100 de la Ley 2294 de 2023 vulnera el inciso final del art\u00edculo 150 de la Constituci\u00f3n, en tanto no regula de manera suficiente un aspecto esencial de la contrataci\u00f3n estatal sujeto a reserva legal. A su vez, desconoce el numeral 11 del art\u00edculo 189 de la Carta, porque habilita al Gobierno nacional para completar mediante reglamento la configuraci\u00f3n sustantiva de una causal de contrataci\u00f3n directa. En consecuencia, el art\u00edculo 100 ser\u00e1 declarado inexequible.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>7.2. El art\u00edculo 101 de la Ley 2294 de 2023 vulnera la reserva de ley en materia contractual y desconoce los l\u00edmites de la potestad reglamentaria<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"273\">\n<li>La Sala llega a la misma conclusi\u00f3n respecto del art\u00edculo 101 de la Ley 2294 de 2023. Incluso, en este caso la problem\u00e1tica constitucional es m\u00e1s compleja, pues la disposici\u00f3n no solo presenta una indeterminaci\u00f3n similar en relaci\u00f3n con los sujetos destinatarios de la medida, sino que adem\u00e1s establece que las Asociaciones de Iniciativa P\u00fablico Popular se regir\u00e1n exclusivamente por lo previsto en ese art\u00edculo y por su reglamentaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"274\">\n<li>El art\u00edculo 101 crea una modalidad denominada AIPPo. De acuerdo con su inciso primero, estas constituyen un instrumento contractual de vinculaci\u00f3n entre entidades p\u00fablicas y \u201clos diferentes instrumentos asociativos de origen comunitario tales como las unidades de la econom\u00eda popular, organismos de acci\u00f3n comunal, social o comunitaria u otras formas de organizaci\u00f3n social, grupos y\/o comunidades \u00e9tnicas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, mujeres y v\u00edctimas\u201d. La norma a\u00f1ade que estas asociaciones se regir\u00e1n exclusivamente por lo previsto en el mismo art\u00edculo y en su reglamentaci\u00f3n. Esta formulaci\u00f3n plantea dos problemas constitucionales concurrentes. El primero se refiere a la indeterminaci\u00f3n de los sujetos privados que pueden celebrar los contratos. El segundo consiste en la creaci\u00f3n de un r\u00e9gimen contractual especial o exceptivo cuya regulaci\u00f3n queda, en buena medida, diferida al reglamento.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"275\">\n<li><em>En cuanto al primer aspecto<\/em>, la Sala advierte que la expresi\u00f3n \u201cinstrumentos asociativos de origen comunitario\u201d es abierta y carece de una delimitaci\u00f3n normativa suficiente. La propia estructura gramatical de la disposici\u00f3n confirma esa amplitud, pues utiliza la locuci\u00f3n \u201ctales como\u201d, seguida de una enumeraci\u00f3n de sujetos que no parece taxativa. En consecuencia, la norma no define de manera cerrada qui\u00e9nes son los contratistas habilitados, sino que introduce una categor\u00eda general dentro de la cual podr\u00edan incluirse m\u00faltiples formas organizativas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"276\">\n<li>La amplitud de la expresi\u00f3n se acent\u00faa porque el art\u00edculo 101 alude, adem\u00e1s, a \u201cotras formas de organizaci\u00f3n social\u201d. Esta cl\u00e1usula aumenta el margen de discrecionalidad en la identificaci\u00f3n de los destinatarios de la medida. En efecto, no se establecen criterios legales suficientes para determinar cu\u00e1les organizaciones sociales pueden ser consideradas instrumentos asociativos de origen comunitario, qu\u00e9 condiciones deben cumplir, c\u00f3mo se acredita esa calidad ni cu\u00e1les son los l\u00edmites de la habilitaci\u00f3n contractual.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"277\">\n<li>Al igual que ocurre con el art\u00edculo 100, esta indeterminaci\u00f3n es constitucionalmente inadmisible porque la calidad del sujeto contratista es el presupuesto central para aplicar la figura creada por la disposici\u00f3n, esto es, el supuesto que habilita acudir a la modalidad de selecci\u00f3n abreviada prevista por la disposici\u00f3n. Pese a ello, el enunciado normativo acusado introduce cl\u00e1usulas abiertas para la identificaci\u00f3n de los sujetos, al aludir a los \u201cinstrumentos asociativos de origen comunitario\u201d. En este punto, cabe reiterar las consideraciones efectuadas frente al art\u00edculo 100, toda vez que el art\u00edculo 101 introduce un concepto incluso m\u00e1s amplio, debido a que, a partir de la configuraci\u00f3n del inciso primero, las \u201cunidades de la econom\u00eda popular\u201d, concepto que <em>per se <\/em>introduce un alto grado de indeterminaci\u00f3n, ser\u00eda apenas una especie dentro de un g\u00e9nero a\u00fan mayor que ser\u00edan los \u201cdiferentes instrumentos asociativos de origen comunitario\u201d. En relaci\u00f3n con este asunto, se resalta nuevamente que no se trata de un elemento secundario, sino del elemento que define qui\u00e9n puede acceder a un instrumento contractual especial para celebrar determinado contrato estatal, esto es, qui\u00e9nes podr\u00edan concurrir a participar en el proceso de selecci\u00f3n abreviada y, por tanto, del supuesto mismo que determina la modalidad de selecci\u00f3n. Por ello, el legislador deb\u00eda precisar los destinatarios o posibles contratistas o, al menos, fijar criterios normativos suficientes para que el reglamento desarrollara aspectos operativos o de detalle sin sustituir materialmente la funci\u00f3n legislativa.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"278\">\n<li>En esta orientaci\u00f3n, dado que la disposici\u00f3n acusada emplea sujetos o categor\u00edas altamente indeterminadas, como son los \u201cinstrumentos asociativos de origen comunitario\u201d, las \u201cunidades de la econom\u00eda popular\u201d y \u201cotras formas de organizaci\u00f3n social\u201d, la norma no define de manera clara y determinada el universo de potenciales contratistas habilitados para participar en el procedimiento de selecci\u00f3n y celebrar las AIPPo. En realidad, establece un marco normativo abierto cuya delimitaci\u00f3n queda trasladada al reglamento y, en buena medida, a la apreciaci\u00f3n de las entidades estatales encargadas de aplicar la disposici\u00f3n. De este modo, la ley omite regular con el grado de precisi\u00f3n exigido por la reserva legal uno de los elementos estructurales del instrumento contractual que crea, esto es, la determinaci\u00f3n de los sujetos que pueden acceder a la modalidad especial de contrataci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 101 de la Ley 2294 de 2023.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"279\">\n<li><em>El segundo problema constitucional<\/em> del art\u00edculo 101 es igualmente relevante, m\u00e1xime cuando se le suma a la problem\u00e1tica que se acaba de advertir. La disposici\u00f3n establece que las AIPPo se regir\u00e1n exclusivamente por lo previsto en ese art\u00edculo y por su reglamentaci\u00f3n. Con ello, el legislador crea un instrumento contractual especial que se aparta parcialmente del r\u00e9gimen general de contrataci\u00f3n estatal, pero no desarrolla de manera suficiente los elementos estructurales de ese r\u00e9gimen exceptivo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"280\">\n<li>El art\u00edculo 101 contiene algunas reglas sobre las AIPPo. Entre ellas, prev\u00e9 que podr\u00e1n comprender el dise\u00f1o, construcci\u00f3n, renovaci\u00f3n, reparaci\u00f3n, mejoramiento, equipamiento, gesti\u00f3n, operaci\u00f3n y mantenimiento de ciertos proyectos de infraestructura; fija un l\u00edmite de inversi\u00f3n de seis mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes; dispone que el aporte de la entidad p\u00fablica no podr\u00e1 superar el cincuenta por ciento del valor de la inversi\u00f3n; se\u00f1ala que la selecci\u00f3n se realizar\u00e1 mediante selecci\u00f3n abreviada; exige capacidad, experiencia e idoneidad; remite a normas presupuestales; exige identificar riesgos; y somete los recursos a vigilancia y control.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"281\">\n<li>No obstante, esas reglas no agotan los elementos esenciales del r\u00e9gimen contractual que la misma disposici\u00f3n dice crear. La norma no define con precisi\u00f3n el alcance de los sujetos contratistas, como se explic\u00f3 extensamente; no determina suficientemente los requisitos y condiciones de celebraci\u00f3n del contrato o algunas condiciones esenciales asociadas a la remuneraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n del esquema contractual, dada la forma de vinculaci\u00f3n de recursos p\u00fablicos y privados; y tampoco define el alcance de la aplicaci\u00f3n del EGCAP en aquello que no fue expresamente previsto por el art\u00edculo 101 y, en armon\u00eda con ello, el alcance que podr\u00eda tener la reglamentaci\u00f3n al expresar que dichos contratos se regir\u00edan exclusivamente por lo dispuesto en dicho art\u00edculo y en la reglamentaci\u00f3n por parte del Gobierno nacional.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"282\">\n<li>Por el contrario, el inciso final de la disposici\u00f3n atribuye al Gobierno nacional, en cabeza del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y la ANCP-CCE, la reglamentaci\u00f3n de \u201clos requisitos y condiciones que deber\u00e1n cumplirse para la celebraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de dichas Asociaciones, la duraci\u00f3n de los contratos, las condiciones a las cuales se encuentra sujeto el derecho a la remuneraci\u00f3n, entre otros\u201d. Esta remisi\u00f3n confirma que aspectos sustanciales de la figura contractual fueron diferidos al reglamento, incluyendo, claro est\u00e1, la determinaci\u00f3n de los destinatarios de la medida, como ya se explic\u00f3.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"283\">\n<li>De este modo, el art\u00edculo 101 no se limita a ordenar la reglamentaci\u00f3n de aspectos t\u00e9cnicos o administrativos necesarios para ejecutar una regulaci\u00f3n legal completa. Por el contrario, crea una figura contractual que declara sometida exclusivamente a dicha disposici\u00f3n y al reglamento, pero solo regula algunos de sus componentes y deja al Ejecutivo la definici\u00f3n de materias que, por su naturaleza, forman parte de las que corresponde regular al legislador, en desarrollo de su atribuci\u00f3n de expedir el EGCAP. Esto es especialmente problem\u00e1tico, dado que uno de esos aspectos est\u00e1 mediado por la indeterminaci\u00f3n o imprecisi\u00f3n respecto del sujeto contratista, que es uno de los elementos centrales que determina esta nueva causal de selecci\u00f3n abreviada.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"284\">\n<li>La expresi\u00f3n seg\u00fan la cual las AIPPo se regir\u00e1n \u201cexclusivamente\u201d por lo previsto en el art\u00edculo 101 y su reglamentaci\u00f3n agrava el problema constitucional. Esa cl\u00e1usula puede entenderse como una exclusi\u00f3n del r\u00e9gimen general de contrataci\u00f3n estatal respecto de este instrumento contractual, salvo en aquello que el propio art\u00edculo menciona y los contenidos que decida regular el reglamento. En tal escenario, todo lo no previsto por la ley quedar\u00eda sujeto a la regulaci\u00f3n reglamentaria, incluso en aspectos que corresponden al legislador por mandato del inciso final del art\u00edculo 150 de la CP.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"285\">\n<li>La Sala considera que una habilitaci\u00f3n de esa naturaleza desconoce la estructura constitucional de competencias en materia de contrataci\u00f3n p\u00fablica. El Congreso no puede crear una modalidad contractual especial, exceptuarla del r\u00e9gimen general y, simult\u00e1neamente, remitir al reglamento la definici\u00f3n de los elementos b\u00e1sicos que permiten hacerla operativa. Una cosa es que el Ejecutivo reglamente los detalles necesarios para la ejecuci\u00f3n de una ley suficientemente determinada, y otra distinta es que el reglamento asuma la funci\u00f3n de completar el r\u00e9gimen legal de una figura contractual especial.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"286\">\n<li>Tambi\u00e9n debe resaltarse que el art\u00edculo 101 adopta una modalidad de selecci\u00f3n abreviada para la escogencia del adjudicatario. Aunque la norma enuncia esa modalidad y remite a la Ley 1150 de 2007, la procedencia misma de esta v\u00eda depende de la identificaci\u00f3n de los sujetos habilitados y de las condiciones especiales de los \u201cinstrumentos asociativos de origen comunitario\u201d. En consecuencia, la determinaci\u00f3n de los destinatarios, requisitos y condiciones de celebraci\u00f3n no puede ser vista como un asunto marginal. Se trata de elementos que inciden directamente en la procedencia de la modalidad de selecci\u00f3n y en el alcance de la excepci\u00f3n o especialidad creada por la ley.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"287\">\n<li>La Sala insiste en que el legislador puede dise\u00f1ar instrumentos contractuales orientados a promover la participaci\u00f3n comunitaria, la inclusi\u00f3n productiva, la econom\u00eda popular y el desarrollo de proyectos de infraestructura con participaci\u00f3n de comunidades. Tales finalidades, en principio, son constitucionalmente leg\u00edtimas. Sin embargo, el dise\u00f1o de esos instrumentos debe respetar la reserva de ley en materia contractual y los l\u00edmites de la potestad reglamentaria. La promoci\u00f3n de fines sociales o de inclusi\u00f3n social y econ\u00f3mica no autoriza a trasladar al Ejecutivo la definici\u00f3n de los elementos estructurales de un r\u00e9gimen contractual especial.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"288\">\n<li>En suma, el art\u00edculo 101 desconoce la reserva de ley por dos razones concurrentes. Primero, porque define los sujetos contratistas mediante categor\u00edas abiertas e insuficientemente determinadas, como \u201cinstrumentos asociativos de origen comunitario\u201d, \u201cunidades de la econom\u00eda popular\u201d y \u201cotras formas de organizaci\u00f3n social\u201d. Segundo, porque crea un r\u00e9gimen contractual especial que se rige exclusivamente por la norma y su reglamentaci\u00f3n, pero deja al reglamento la definici\u00f3n de materias esenciales del contrato sometidas a reserva de ley.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"289\">\n<li>Lo anterior tambi\u00e9n implica el desconocimiento de los l\u00edmites de la potestad reglamentaria. La ley no estableci\u00f3 un contenido normativo material suficiente para que el Ejecutivo se limitara a asegurar su cumplida ejecuci\u00f3n. En cambio, le atribuy\u00f3 la regulaci\u00f3n de asuntos que hacen parte del n\u00facleo estructural del EGCAP, entre ellos, los sujetos destinatarios de las AIPPo. Por tanto, bajo este contexto, la remisi\u00f3n al reglamento prevista en el art\u00edculo 101 excede lo permitido por el numeral 11 del art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"290\">\n<li>Por estas razones, la Sala concluye que el art\u00edculo 101 de la Ley 2294 de 2023 vulnera el inciso final del art\u00edculo 150 de la Constituci\u00f3n y el numeral 11 del art\u00edculo 189 de la Carta. En consecuencia, tambi\u00e9n ser\u00e1 declarado inexequible.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>7.3. Conclusiones frente al segundo cargo<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"291\">\n<li>Con fundamento en las consideraciones anteriores, la Sala encuentra configurado el segundo cargo de la demanda. Los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 desconocen la reserva legal prevista en el inciso final del art\u00edculo 150 de la Constituci\u00f3n para la expedici\u00f3n del Estatuto General de Contrataci\u00f3n de la Administraci\u00f3n P\u00fablica, as\u00ed como los l\u00edmites constitucionales de la potestad reglamentaria del presidente de la Rep\u00fablica previstos en el numeral 11 del art\u00edculo 189 de la Carta.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"292\">\n<li>En relaci\u00f3n con el art\u00edculo 100, la vulneraci\u00f3n se configura porque la norma adiciona un nuevo evento de contrataci\u00f3n directa determinado principalmente por el factor subjetivo, sin definir de manera determinada y suficiente los sujetos destinatarios de la medida. En relaci\u00f3n con el art\u00edculo 101, la inconstitucionalidad se presenta porque la disposici\u00f3n establece una excepci\u00f3n o r\u00e9gimen contractual especial para las AIPPo, cuya regulaci\u00f3n se sujetar\u00eda exclusivamente a lo previsto en esa norma y en su reglamentaci\u00f3n, pese a que la ley solo regul\u00f3 algunos de los aspectos esenciales del instrumento y dej\u00f3 al reglamento la definici\u00f3n de materias propias del n\u00facleo reservado al EGCAP.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"293\">\n<li>En ambos casos, la indeterminaci\u00f3n de los sujetos destinatarios de las normas y la remisi\u00f3n amplia al reglamento trasladan al Ejecutivo la definici\u00f3n de temas que deb\u00edan ser regulados directamente por el legislador. Por consiguiente, las disposiciones acusadas vulneran el principio de reserva de ley en materia contractual y alteran el reparto constitucional de competencias entre el Congreso y el Gobierno nacional.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"294\">\n<li>Teniendo en cuenta la prosperidad del segundo cargo que conduce a la inexequibilidad de los dos art\u00edculos demandados, la Sala considera innecesario pronunciarse sobre el tercer cargo relativo al presunto desconocimiento de las libertades econ\u00f3micas y la libre competencia. En consecuencia, declarar\u00e1 inexequibles los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En m\u00e9rito de lo expuesto,<\/p>\n<h1><\/h1>\n<h1>RESUELVE<\/h1>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00danico. DECLARAR INEXEQUIBLES <\/strong><\/b>los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 \u201cpor el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 \u2018Colombia Potencia Mundial de la Vida\u2019\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Comun\u00edquese, c\u00famplase y publ\u00edquese,<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CARLOS CAMARGO ASSIS<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CLARA MARIA GONZALEZ ZABALA<\/p>\n<p>Conjuez<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO\u00d1O<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>Con salvamento de voto<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>JORGE ENRIQUE IB\u00c1\u00d1EZ NAJAR<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>Con aclaraci\u00f3n de voto<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>JUAN CARLOS CORT\u00c9S GONZ\u00c1LEZ<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>Con Salvamento de voto<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>LINA MARCELA ESCOBAR MART\u00cdNEZ<\/p>\n<p>Magistrada<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MIGUEL POLO ROSERO<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA<\/p>\n<p>Magistrada<\/p>\n<p>Con aclaraci\u00f3n de voto<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>RUTH STELLA CORREA PALACIO<\/p>\n<p>Conjuez<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ<\/p>\n<p>Secretaria General<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>ACLARACI\u00d3N DE VOTO DE LA MAGISTRADA<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Referencia: Sentencia C-033 del 25 de febrero de 2026<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Conjuez ponente: Ruth Stella Correa Palacio<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Con el debido respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, suscribo la presente aclaraci\u00f3n de voto en relaci\u00f3n con la sentencia de la referencia. En particular, en lo relativo al an\u00e1lisis efectuado frente al cargo relacionado con el presunto desconocimiento del principio de unidad de materia. En este sentido, aunque comparto la decisi\u00f3n de declarar inexequibles los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023, considero que dicha decisi\u00f3n debi\u00f3 fundamentarse tambi\u00e9n en la prosperidad del primer cargo formulado en la demanda, esto es, en la vulneraci\u00f3n del principio de unidad de materia. A mi juicio, las disposiciones acusadas desconocieron dicha garant\u00eda, por las siguientes razones.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Primero, <\/strong><\/b><em>por la inexistencia de conexidad directa e inmediata. <\/em>Si bien podr\u00eda sostenerse que las disposiciones acusadas eran normas instrumentales para la ejecuci\u00f3n del Plan Nacional de Desarrollo y que pod\u00eda existir una relaci\u00f3n tem\u00e1tica entre aquellas y los contenidos de la parte general del Plan, no satisfac\u00edan el est\u00e1ndar de conexidad \u201cdirecta e inmediata\u201d, exigido por la jurisprudencia constitucional. A lo sumo, cabr\u00eda predicar una conexidad \u201ceventual o hipot\u00e9tica\u201d. Esto se debe a que, <em>por un lado,<\/em> los art\u00edculos 100 y 101 introdujeron mecanismos de asociaci\u00f3n \u2013asociaciones p\u00fablico-populares y asociaciones de iniciativa p\u00fablico-popular\u2013 cuya utilizaci\u00f3n no constitu\u00eda un deber jur\u00eddico para las entidades estatales, sino una habilitaci\u00f3n o autorizaci\u00f3n. En esa medida, su aplicaci\u00f3n depend\u00eda de una decisi\u00f3n discrecional de las entidades p\u00fablicas, que pod\u00edan acudir a otros mecanismos contractuales para la ejecuci\u00f3n de los mismos objetos. Por ello, el nexo entre dichas disposiciones y la materializaci\u00f3n de la parte general del PND no era directo ni inmediato, sino contingente, pues estaba mediado por la voluntad unilateral de las entidades destinatarias. Por esta raz\u00f3n, no comparto la conclusi\u00f3n de la mayor\u00eda seg\u00fan la cual la efectividad de las disposiciones se obten\u00eda \u201cindefectible e inevitablemente\u201d de su ejecuci\u00f3n: precisamente por tratarse de mecanismos de utilizaci\u00f3n facultativa, su incorporaci\u00f3n al ordenamiento no aseguraba su empleo ni, por consiguiente, la realizaci\u00f3n de los objetivos del Plan.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>De otro lado, <\/em>la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica de los art\u00edculos 100 y 101 estaba supeditada a un desarrollo reglamentario intenso por parte del Gobierno nacional, en aspectos estructurales y esenciales de la regulaci\u00f3n. La remisi\u00f3n expresa a la potestad reglamentaria para definir elementos sustanciales del r\u00e9gimen confirmaba que las disposiciones no conten\u00edan una regulaci\u00f3n autosuficiente que permitiera afirmar una conexidad directa e inmediata con la parte general del Plan. Esta circunstancia era especialmente clara respecto del art\u00edculo 101, que remit\u00eda al reglamento la definici\u00f3n de los requisitos y condiciones para la celebraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de las asociaciones, la duraci\u00f3n de los contratos y las condiciones a las que estaba sujeto el derecho a la remuneraci\u00f3n. En tal sentido, la necesidad de una condici\u00f3n normativa adicional para su operatividad desvirtuaba su car\u00e1cter instrumental inmediato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Segundo.<\/strong><\/b> Las normas demandadas <em>invad\u00edan las competencias ordinarias del Congreso de la Rep\u00fablica y establec\u00edan una regulaci\u00f3n permanente<\/em>. En armon\u00eda con lo anterior y con la necesidad de adelantar un <em>escrutinio de mayor intensidad<\/em>, en los t\u00e9rminos de la Sentencia C-244 de 2025 y de la jurisprudencia actual, la Sala Plena debi\u00f3 concluir que las normas acusadas no persegu\u00edan un fin planificador y de impulso al plan cuatrienal. Por el contrario, las disposiciones acusadas pretend\u00edan introducir una modificaci\u00f3n estructural en materia de contrataci\u00f3n estatal, al introducir un nuevo evento de contrataci\u00f3n directa \u2013art\u00edculo 100\u2013 y un r\u00e9gimen contractual especial o exceptivo sujeto a selecci\u00f3n abreviada \u2013art\u00edculo 101\u2013, incluyendo una regulaci\u00f3n <em>sui generis<\/em> para su aplicaci\u00f3n. Este tipo de modificaciones deber\u00eda surtirse mediante las competencias ordinarias del legislador, a quien el inciso final del art\u00edculo 150 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica le encomend\u00f3 expedir el Estatuto General de Contrataci\u00f3n de la Administraci\u00f3n P\u00fablica. Esto es relevante, toda vez que respecto de la ley que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo existen restricciones al principio democr\u00e1tico en su aprobaci\u00f3n, ya que se trata de una ley de iniciativa gubernamental, los temas sobre los cuales el Congreso puede presentar modificaciones son limitados y su tr\u00e1mite legislativo es m\u00e1s breve.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Tercero. <\/strong><\/b>Las normas acusadas no cumpl\u00edan con el est\u00e1ndar jurisprudencial de contar con una <em>carga argumentativa cualificada por parte del Gobierno Nacional<\/em>. As\u00ed, ni en la exposici\u00f3n de motivos o en las bases del plan se encontraban razones espec\u00edficas y cualificadas, que satisficieran la carga argumentativa aludida, esto es, que permitieran evidenciar con claridad que las disposiciones: <em>i)<\/em> constitu\u00edan una expresi\u00f3n de la funci\u00f3n de planeaci\u00f3n, <em>ii)<\/em> eran normas instrumentales destinadas a permitir la ejecuci\u00f3n del plan favoreciendo la consecuci\u00f3n de los objetivos generales, <em>iii)<\/em> fueran un mecanismo id\u00f3neo para la puesta en marcha del plan de inversiones o una medida indispensable para impulsar el cumplimiento del PND y <em>iv)<\/em> no buscaban llenar vac\u00edos e inconsistencias de otro tipo de leyes. Aunque la Sentencia C-244 de 2025 matiza el alcance de esta exigencia (fj. 121), dicho est\u00e1ndar se mantendr\u00eda en los eventos en que se requiriera un escrutinio m\u00e1s intenso, como ocurre cuando se incorporan disposiciones de vocaci\u00f3n estructural y permanente en una ley del Plan, como era el caso de las normas acusadas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Fecha ut supra,<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><b><strong>PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>Magistrada<\/strong><\/b><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn1\"><\/a>[1] <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=70843\">https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=70843<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn2\"><\/a>[2] El magistrado sustanciador invit\u00f3 a intervenir en el proceso a la Superintendencia de Econom\u00eda Solidaria, a la Superintendencia de Sociedades, a la Unidad de Planeaci\u00f3n de Infraestructura de Transporte del Ministerio de Transporte, al Departamento Nacional de Estad\u00edstica (DANE), al Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n (DNP), a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a la Agencia de Defensa Jur\u00eddica del Estado (ANDJE), a Colombia Compra Eficiente-CCE, a Fedesarrollo, a la C\u00e1mara de Servicios Legales de la ANDI, a la C\u00e1mara Colombiana de la Infraestructura-CCI, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas; a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario; a la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana; a la Facultad de Ciencias Jur\u00eddicas de la Universidad Javeriana y al Centro de Estudios en Derecho de la Competencia (CEDEC) de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana; a la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia; a la Facultad de Derecho de la Universidad Libre; a la Facultad de Ciencias Jur\u00eddicas y Sociales de la Universidad de Caldas; a la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca; a la Facultad de Derecho, Ciencia Pol\u00edtica y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte; a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y a la Facultad de Derecho de la Universidad de Nari\u00f1o.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn3\"><\/a>[3] <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=123079\">https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=123079<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn4\"><\/a>[4] <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=142929\">https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=142929<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn5\"><\/a>[5] Cfr. Autos dictados el 22 de septiembre (fundamentos jur\u00eddicos 9 a 11) y el 17 de octubre de 2023 (fundamento jur\u00eddico 8), en el proceso de la referencia.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn6\"><\/a>[6] Demanda, p. 82.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn7\"><\/a>[7] <em>Ibidem<\/em>, p. 71.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn8\"><\/a>[8] <em>Ibidem<\/em>. Los demandantes citan la Sentencia C-439 de 2016.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn9\"><\/a>[9] <em>Ibidem<\/em>, p. 8.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn10\"><\/a>[10] <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn11\"><\/a>[11] <em>Ibidem<\/em>, p. 74.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn12\"><\/a>[12] <em>Ibidem<\/em>, p. 49.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn13\"><\/a>[13] <em>Ibidem<\/em>, p. 51.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn14\"><\/a>[14] El t\u00e9rmino de fijaci\u00f3n en lista transcurri\u00f3 entre el 22 de marzo y el 11 de abril de 2024. El 12 de abril de 2024, la Secretar\u00eda General recibi\u00f3 la intervenci\u00f3n de la Asociaci\u00f3n Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn15\"><\/a>[15] P\u00e1g. 23 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn16\"><\/a>[16] Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, p\u00e1g. 63 y 64.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn17\"><\/a>[17] P\u00e1g. 24 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn18\"><\/a>[18] Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, p\u00e1g. 118.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn19\"><\/a>[19] P\u00e1g. 28 y 29 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn20\"><\/a>[20] P\u00e1g. 27 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn21\"><\/a>[21] P\u00e1g. 6 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn22\"><\/a>[22] <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn23\"><\/a>[23] P\u00e1g. 11 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn24\"><\/a>[24] Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, p\u00e1g. 117.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn25\"><\/a>[25] P\u00e1g. 20 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn26\"><\/a>[26] P\u00e1g. 6 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn27\"><\/a>[27] P\u00e1g. 13 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn28\"><\/a>[28] P\u00e1g. 15 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn29\"><\/a>[29] P\u00e1g. 25 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn30\"><\/a>[30] P\u00e1g. 28 y 29 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn31\"><\/a>[31] P\u00e1g. 9 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn32\"><\/a>[32] P\u00e1g. 10 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn33\"><\/a>[33] P\u00e1g. 11 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn34\"><\/a>[34] P\u00e1g. 12 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn35\"><\/a>[35] <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn36\"><\/a>[36] P\u00e1g. 14 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn37\"><\/a>[37] P\u00e1g. 48 de la demanda.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn38\"><\/a>[38] P\u00e1g. 49 de la demanda.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn39\"><\/a>[39] P\u00e1g. 21 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn40\"><\/a>[40] P\u00e1g. 3 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn41\"><\/a>[41] P\u00e1g. 6 y 7 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn42\"><\/a>[42] P\u00e1g. 26 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn43\"><\/a>[43] P\u00e1g. 16 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn44\"><\/a>[44] P\u00e1g. 17 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn45\"><\/a>[45] P\u00e1g. 22 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn46\"><\/a>[46] P\u00e1g. 2 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn47\"><\/a>[47] P\u00e1g. 3 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn48\"><\/a>[48] P\u00e1g. 8 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn49\"><\/a>[49] P\u00e1g. 4 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn50\"><\/a>[50] <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn51\"><\/a>[51] P\u00e1g. 8 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn52\"><\/a>[52] P\u00e1g. 20 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn53\"><\/a>[53] <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn54\"><\/a>[54] P\u00e1g. 14 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn55\"><\/a>[55] P\u00e1g. 13 de la intervenci\u00f3n. El interviniente cita la Sentencia C-508 de 2002.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn56\"><\/a>[56] P\u00e1g. 15 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn57\"><\/a>[57] P\u00e1g. 10 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn58\"><\/a>[58] P\u00e1g. 15 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn59\"><\/a>[59] <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn60\"><\/a>[60] <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn61\"><\/a>[61] <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn62\"><\/a>[62] P\u00e1g. 16 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn63\"><\/a>[63] <em>Ibidem.<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn64\"><\/a>[64] <em>Ibidem.<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn65\"><\/a>[65] <em>Ibidem.<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn66\"><\/a>[66] <em>Ibidem.<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn67\"><\/a>[67] El Ministerio P\u00fablico se refiere a la expedici\u00f3n del Decreto 874 de 2024, \u201cPor el cual se adiciona el T\u00edtulo 16 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, con el fin de reglamentar el art\u00edculo 100 de la Ley 2294 de 2023, sobre las Asociaciones P\u00fablico-Populares\u201d (p\u00e1g. 9 de la intervenci\u00f3n).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn68\"><\/a>[68] P\u00e1g. 9 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn69\"><\/a>[69] P\u00e1g. 11 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn70\"><\/a>[70] P\u00e1g. 12 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn71\"><\/a>[71] <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn72\"><\/a>[72] P\u00e1g. 13 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn73\"><\/a>[73] <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn74\"><\/a>[74] P\u00e1g. 14 de la intervenci\u00f3n. El Ministerio P\u00fablico cita la Sentencia C-126 de 2016.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn75\"><\/a>[75] Estos documentos se encuentran disponibles en los siguientes enlaces: <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=74081\">https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=74081<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=74227\">https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=74227<\/a> y <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=74228\">https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=74228<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn76\"><\/a>[76] Corte Constitucional, Sentencia C-168 de 2024. Al respecto, tambi\u00e9n se pueden consultar, entre muchas otras, las sentencias C-306 y C-153 de 2022, C-167 de 2021, C-608 de 2020, C-133 de 2012, C-277 de 2011 y C-486 de 2009.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn77\"><\/a>[77] Reiterada en las sentencias C-398 de 2024 y C-406, C-387, C-197 y C-194 de 2023, entre otras.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn78\"><\/a>[78] Al respecto, se pueden consultar, entre otras, las sentencias C-226, C-189 y C-173 de 2021, C-472, C-133 y C-123 de 2020, C-572 y C-191 de 2019, y C-309 de 2017.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn79\"><\/a><sup>[79]<\/sup> Los criterios se\u00f1alados en esta sentencia han sido reiterados en muchas decisiones posteriores de la Sala Plena. Entre otras, ver, por ejemplo, las sentencias C-550 y C-236 de 2019, C-189 de 2017, C-088 de 2016, C-694 de 2015, C-081 de 2014, C-304 de 2013, C-333 de 2012, C-243 de 2012, C-128 de 2011, C-942 de 2010, C-459 de 2010, C-351 de 2009 C-028 de 2009, C-980 de 2005, C-371 de 2004 y C-874 de 2002 y los autos 527 de 2015, 367 de 2015, 324 de 2014, 145 de 2014, 243 de 2014, 105 de 2013, A71 de 2013, 070 de 2011, 112 de 2009, 091 de 2008, 267 de 2007, 033 y 128 de 2005 y 031 de 2006.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn80\"><\/a><sup>[80]<\/sup> Sentencia C-1052 de 2001.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn81\"><\/a><sup>[81]<\/sup> <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn82\"><\/a>[82] P\u00e1g. 6 del escrito de intervenci\u00f3n de la Secretar\u00eda Jur\u00eddica de la Presidencia de la Rep\u00fablica.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn83\"><\/a>[83] <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn84\"><\/a>[84] P\u00e1g. 6 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn85\"><\/a>[85] P\u00e1g. 13 de la intervenci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn86\"><\/a>[86] P\u00e1g. 48 de la demanda.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn87\"><\/a>[87] P\u00e1g. 49 de la demanda.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn88\"><\/a>[88] Corte Constitucional, Sentencia C-815 de 2001.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn89\"><\/a>[89] Corte Constitucional, Sentencia C-713 de 2009.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn90\"><\/a>[90] Corte Constitucional, Sentencia C-415 de 2020.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn91\"><\/a>[91] Corte Constitucional, Sentencia C-438 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn92\"><\/a>[92] <em>Ibidem.<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn93\"><\/a>[93] Corte Constitucional, sentencias C-668 de 2006 y C-025 de 1993.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn94\"><\/a>[94] Corte Constitucional, Sentencia C-1025 de 2001.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn95\"><\/a>[95] Corte Constitucional, Sentencia C-126 de 2020.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn96\"><\/a>[96] <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn97\"><\/a>[97] <em>Ibidem<\/em>. Tambi\u00e9n se puede consultar: Corte Constitucional, Sentencia C-453 de 2016.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn98\"><\/a>[98] <em>Ibidem.<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn99\"><\/a>[99] Numeral 3 del art\u00edculo 150 de la Constituci\u00f3n: \u201cCorresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: || [\u2026] 3. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones p\u00fablicas que hayan de emprenderse o continuarse, con la determinaci\u00f3n de los recursos y apropiaciones que se autoricen para su ejecuci\u00f3n, y las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn100\"><\/a>[100] Corte Constitucional, Sentencia C-415 de 2020.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn101\"><\/a>[101] <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn102\"><\/a>[102] Corte Constitucional, Sentencia C-438 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn103\"><\/a>[103] Corte Constitucional, Sentencia C-244 de 2025. La providencia explic\u00f3 que: \u201cpareciera que, con los a\u00f1os, el escrutinio s\u00ed ha adoptado un nivel de dificultad importante. Adem\u00e1s, por momentos puede resultar complejo identificar los pasos del mismo. Por ejemplo, no es evidente si la conexidad directa e inmediata solo se debe exigir respecto de los programas incluidos en el Plan Nacional de Inversiones, o si aquella tambi\u00e9n es imperativa respecto de los objetivos del PND. Tampoco es evidente si siempre, y en todos los casos, se ha de pedir una justificaci\u00f3n importante del Gobierno Nacional, respecto de la necesidad de incorporar al Plan una medida instrumental\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn104\"><\/a>[104] Corte Constitucional, Sentencia C-244 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn105\"><\/a>[105] En la Sentencia C-244 de 2025, la Corte identific\u00f3 cuatro \u00e9pocas respecto de la aplicaci\u00f3n del principio de unidad de materia en las normas del PND: (i) flexibilizaci\u00f3n (1996 a 2024); (ii) restricci\u00f3n (2004 a 2014); (iii) consolidaci\u00f3n de la restricci\u00f3n (2014 a 2020); y (iv) endurecimiento de la restricci\u00f3n y, por lo tanto, del escrutinio (a partir de 2020).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn106\"><\/a>[106] Este nivel de exigencia se ha sustentado en las siguientes razones: \u201c(i) la iniciativa estrictamente gubernamental, (ii) la ley tiene un contenido prefigurado o predefinido por la Constituci\u00f3n y la Ley 152 de 199[4], Org\u00e1nica de Planeaci\u00f3n, (iii) las posibilidades limitadas del Congreso para modificar el proyecto de acuerdo con lo expuesto, (iv) el t\u00e9rmino reducido para la aprobaci\u00f3n del plan en virtud de lo previsto en el art\u00edculo 341 de la Constituci\u00f3n, (v) la especial prevalencia del plan nacional de inversiones; y, (vi) el car\u00e1cter multitem\u00e1tico y heterog\u00e9neo de la ley\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn107\"><\/a>[107] Las etapas del juicio de constitucionalidad fueron definidas en la Sentencia C-415 de 2020. No obstante, en la reciente Sentencia C-038 de 2025, la Corte precis\u00f3: \u201cla Sentencia C-063 de 2021 avanz\u00f3 en la jurisprudencia constitucional en relaci\u00f3n con la regla que en su momento determin\u00f3 la Sentencia C-415 de 2020. En general, precis\u00f3 las reglas fijadas en el precedente constitucional relativo al principio de unidad de materia. En particular, indic\u00f3 que aquel juicio no se eval\u00faa en funci\u00f3n de la conexidad de la disposici\u00f3n acusada \u00fanicamente con las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Al contrario, el punto nodal de escrutinio son los proyectos y programas espec\u00edficos y los instrumentos financieros previstos en el Plan Nacional de Inversiones el cual es aprobado y expedido en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 341 de la Constituci\u00f3n y que tienen por finalidad materializar los objetivos, estrategias y metas del Plan Nacional de Desarrollo. || Esta misma posici\u00f3n fue reiterada en las sentencias C-095 de 2021 y C-049 de 2022\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn108\"><\/a>[108] Corte Constitucional, Sentencia C-438 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn109\"><\/a>[109] Corte Constitucional, Sentencia C-038 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn110\"><\/a>[110] <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn111\"><\/a>[111] Corte Constitucional, sentencias C-126, C-068 y C-026 de 2020.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn112\"><\/a>[112] Art\u00edculo 339 de la Constituci\u00f3n. Al respecto, se debe consultar el art\u00edculo 5 de la Ley 152 de 1994.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn113\"><\/a>[113] Corte Constitucional, Sentencia C-016 de 2016.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn114\"><\/a>[114] Corte Constitucional, sentencias C-370 y C-037 de 2024, y C-063 y C-030 de 2021, entre otras.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn115\"><\/a>[115] Corte Constitucional, sentencias C-415 y C-026 de 2020.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn116\"><\/a>[116] Corte Constitucional, Sentencia C-063 de 2021: \u201cson los programas y proyectos contenidos en la Ley del Plan Nacional de Inversiones, los que permiten determinar de forma t\u00e9cnica y objetiva si las disposiciones instrumentales que se prev\u00e9n para su ejecuci\u00f3n en la misma Ley del Plan Nacional de Inversiones, respetan el principio de coherencia previsto en el art\u00edculo 3 de la Ley 152 de 1994, y satisfacen el mandato contenido en el art\u00edculo 150.3 seg\u00fan el cual la ley debe contener las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento del plan\u201d. Sobre este punto, tambi\u00e9n se puede consultar la Sentencia C-370 y C-037 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn117\"><\/a>[117] Corte Constitucional, Sentencia C-063 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn118\"><\/a>[118] <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn119\"><\/a>[119] Corte Constitucional, Sentencia C-305 de 2004.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn120\"><\/a>[120] <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn121\"><\/a>[121] Corte Constitucional, sentencias C-063 de 2021, C-464 de 2021 y C-415, C-126, C-068 y C-026 de 2020.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn122\"><\/a>[122] Corte Constitucional, Sentencia C-068 de 2020.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn123\"><\/a>[123] Corte Constitucional, Sentencia C-126 de 2020.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn124\"><\/a>[124] Corte Constitucional, Sentencia C-415 de 2020.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn125\"><\/a>[125] <em>Ibidem<\/em>. Tambi\u00e9n se pueden consultar, Corte Constitucional, sentencias C-430, C-370 y C-037 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn126\"><\/a>[126] Corte Constitucional, Sentencia C-063 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn127\"><\/a>[127] Corte Constitucional, Sentencia C-415 de 2020.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn128\"><\/a>[128] <em>Ibidem.<\/em><\/p>\n<p><a name=\"_ftn129\"><\/a>[129] Corte Constitucional, sentencias C-038 de 2025, C-095 de 2021 y C-464 de 2020.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn130\"><\/a>[130] Corte Constitucional, Sentencia C-415 de 2020.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn131\"><\/a>[131] Corte Constitucional, Sentencia C-438 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn132\"><\/a>[132] Corte Constitucional, sentencias C-493 de 2020 y C-415 de 2020.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn133\"><\/a>[133] Corte Constitucional, sentencias C-117 de 2024, C-161 de 2022, y C-493, C-464 y C-415 de 2020.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn134\"><\/a>[134] Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn135\"><\/a>[135] Corte Constitucional, Sentencia C-493 de 2020, que reitera la Sentencia C-415 de 2020. Tambi\u00e9n se puede consultar la Sentencia C-464 de 2020.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn136\"><\/a>[136] Corte Constitucional, sentencias C-161, C-158 y C-084 de 2022; C-276, C-047, C-095 y C-030 de 2021; y C-493, C-464, C-440, C-415, C-068 y C-026 de 2020.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn137\"><\/a>[137] Corte Constitucional, sentencias C-038 de 2025; C-489, C-438, C-430, C-370, C-143, C-117 y C-037 de 2024; y C-537 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn138\"><\/a>[138] Corte Constitucional, sentencias C-143 de 2024, C-537 de 2023, C-276 de 2021, C-068 de 2020 y C-219 de 2019.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn139\"><\/a>[139] Corte Constitucional, sentencias C-158 y C-049 de 2022.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn140\"><\/a>[140] Corte Constitucional, sentencias C-370 de 2024 y C-047 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn141\"><\/a>[141] Corte Constitucional, Sentencia C-489 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn142\"><\/a>[142] Corte Constitucional, Sentencia C-030 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn143\"><\/a>[143] Corte Constitucional, Sentencia C-084 de 2022.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn144\"><\/a>[144] Corte Constitucional, Sentencia C-440 de 2020.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn145\"><\/a>[145] Corte Constitucional, Sentencia C-038 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn146\"><\/a>[146] Corte Constitucional, Sentencia C-438 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn147\"><\/a>[147] Es preciso tener en cuenta dos sentencias adicionales en las que la Corte ha declarado la exequibilidad de la norma demandada en estos dos periodos. En la Sentencia C-126 de 2020, la Corte declar\u00f3 la exequibilidad del art\u00edculo 240 de la Ley 1955 de 2019. Esta norma estatuye que los servicios y tecnolog\u00edas en salud no financiados con cargo a los recursos de la UPC ser\u00e1n gestionados por las EPS, quienes los financiar\u00e1n con cargo al techo o presupuesto m\u00e1ximo que les transfiera para tal efecto la ADRES. La Sala determin\u00f3 que la norma contemplaba una medida de car\u00e1cter instrumental y temporal, orientada a impulsar el cumplimiento del plan. Sobre el car\u00e1cter temporal de la norma, la Sala indic\u00f3 que esta \u201ces de orden t\u00e1ctico, no estructural, y tiene vocaci\u00f3n de temporalidad, pues no interviene las fuentes de financiaci\u00f3n del sistema de salud, sino [en] la oportunidad y la forma de pago\u201d. En la Sentencia C-095 de 2020, la corporaci\u00f3n declar\u00f3 la exequibilidad del art\u00edculo 140 de la Ley 1955 de 2019, que prorrogaba la entrada en vigencia del C\u00f3digo General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) hasta el 1 de julio de 2021. Para el efecto, la Corte explic\u00f3 que exist\u00eda una relaci\u00f3n causal inequ\u00edvoca entre los objetivos generales y estrategias del PND y la norma acusada. Adicionalmente, destac\u00f3 que la pr\u00f3rroga se hab\u00eda dado por un tiempo determinado y, por tanto, la norma s\u00ed ten\u00eda una vocaci\u00f3n transitoria.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn148\"><\/a>[148] Corte Constitucional, Sentencia C-244 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn149\"><\/a>[149] Corte Constitucional, Sentencia C-244 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn150\"><\/a>[150] Corte Constitucional, Sentencia C-244 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn151\"><\/a>[151] Corte Constitucional, Sentencia C-244 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn152\"><\/a>[152] Corte Constitucional, Sentencia C-244 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn153\"><\/a>[153] Tomado de la Sentencia C-244 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn154\"><\/a>[154] Corte Constitucional, sentencia C-489 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn155\"><\/a>[155] Ibid.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn156\"><\/a>[156] Ibid.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn157\"><\/a>[157] El art\u00edculo 3 de la Ley 549 de 1999 permit\u00eda la contrataci\u00f3n con administradoras de fondos de pensiones y cesant\u00edas privadas, sociedades fiduciarias privadas y compa\u00f1\u00edas de seguros de vida privadas o p\u00fablicas \u201cfacultadas para administrar los recursos del Sistema General de Pensiones y de los reg\u00edmenes pensionales excepcionados del Sistema por ley\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn158\"><\/a><sup>[158]<\/sup> Ver Gacetas del Congreso de Senado y C\u00e1mara 033 de 2019, que contiene la exposici\u00f3n de motivos. As\u00ed como las Gacetas en el Senado de la Rep\u00fablica 315 de 2019. Lo propios sucedi\u00f3 en la C\u00e1mara de Representantes, Gaceta 293 de 2019<\/p>\n<p><a name=\"_ftn159\"><\/a>[159] La Sala considera necesario adelantar el an\u00e1lisis de los requisitos jurisprudenciales para la modificaci\u00f3n de normas permanentes mediante disposiciones contenidas en la ley del PND. Ello, por cuanto la Sentencia C-244 de 2025 dispuso que, cuando se aplica el <b><strong><em>escrutinio de mayor intensidad<\/em><\/strong><\/b>, es necesario que se verifique que la norma demandada cumple con \u201clos criterios exigidos por la jurisprudencia actual\u201d, esto es, los par\u00e1metros definidos a partir de la Sentencia C-415 de 2020.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn160\"><\/a>[160] Numeral 1 del art\u00edculo 2 de la Ley 80 de 1993: \u201cSe denominan entidades estatales:<b><strong> || <\/strong><\/b>a) La Naci\u00f3n, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las \u00e1reas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios ind\u00edgenas y los municipios; los establecimientos p\u00fablicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de econom\u00eda mixta\u00a0en las que el Estado tenga participaci\u00f3n superior al cincuenta por ciento (50%), as\u00ed como las entidades descentralizadas indirectas y las dem\u00e1s personas jur\u00eddicas en las que exista dicha participaci\u00f3n p\u00fablica mayoritaria, cualquiera sea la denominaci\u00f3n que ellas adopten, en todos los \u00f3rdenes y niveles. || b) El Senado de la Rep\u00fablica, la C\u00e1mara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, las contralor\u00edas departamentales, distritales y municipales, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn161\"><\/a>[161] Literal b del art\u00edculo 2 de la Ley 1150 de 2007: \u201cLa contrataci\u00f3n de menor cuant\u00eda. Se entender\u00e1 por menor cuant\u00eda los valores que a continuaci\u00f3n se relacionan, determinados en funci\u00f3n de los presupuestos anuales de las entidades p\u00fablicas expresados en salarios m\u00ednimos legales mensuales. || Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales, la menor cuant\u00eda ser\u00e1 hasta 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales. || Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales, la menor cuant\u00eda ser\u00e1 hasta 850 salarios m\u00ednimos legales mensuales. || Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales e inferior a 850.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales, la menor cuant\u00eda ser\u00e1 hasta 650 salarios m\u00ednimos legales mensuales. || Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales e inferior a 400.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales, la menor cuant\u00eda ser\u00e1 hasta 450 salarios m\u00ednimos legales mensuales. || Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales, la menor cuant\u00eda ser\u00e1 hasta 280 salarios m\u00ednimos legales mensuales;\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn162\"><\/a>[162] Esto sin perjuicio de que existan eventos de contrataci\u00f3n directa contemplados en otras leyes especiales.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn163\"><\/a>[163] Corte Constitucional, Sentencia C-004 de 2017: \u201cla concurrencia de causales de contrataci\u00f3n directa con la selecci\u00f3n de m\u00ednima cuant\u00eda, el primer decreto reglamentario del procedimiento de selecci\u00f3n de m\u00ednima cuant\u00eda resolvi\u00f3 el asunto en los siguientes t\u00e9rminos: \u2018Las previsiones del presente decreto no ser\u00e1n aplicables cuando la contrataci\u00f3n se deba adelantar en aplicaci\u00f3n de una causal de contrataci\u00f3n directa, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 1150 de 2007\u2019. Esta regla fue reiterada por el Decreto 734 de 2012, decreto \u00fanico reglamentario que sistematiz\u00f3 las normas en la materia. A pesar de que dicho decreto fue derogado y, las posteriores reglamentaciones no reprodujeron dicha regla, estos antecedentes permitieron entender que la expresi\u00f3n aqu\u00ed demandada: \u2018independientemente de su objeto\u2019, deb\u00eda interpretarse sin perjuicio del an\u00e1lisis de procedencia de otros mecanismos especiales de selecci\u00f3n de contratista. As\u00ed, la prevalencia del mecanismo de contrataci\u00f3n directa, respecto del procedimiento de m\u00ednima cuant\u00eda, contrario a la interpretaci\u00f3n adoptada por los demandantes, resulta justamente de los principios de la funci\u00f3n administrativa (art\u00edculo 209 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica). De esta manera, resultar\u00eda justamente contrario a los principios de eficiencia y eficacia administrativa que, por ejemplo, la contrataci\u00f3n directa por la causal de urgencia manifiesta, debiera ser sometida al procedimiento de invitaci\u00f3n a ofrecer propio de la contrataci\u00f3n de m\u00ednima cuant\u00eda, lo que pondr\u00eda en riesgo la posibilidad de afrontar la emergencia de manera eficiente y eficaz. Tambi\u00e9n, en otras hip\u00f3tesis de contrataci\u00f3n directa, el legislador tom\u00f3 en consideraci\u00f3n la necesidad de celebrar el contrato con determinada persona, por ejemplo, en materia de actividades art\u00edsticas, o la especialidad y necesidad de confidencia en cuanto al objeto, como en el caso de la contrataci\u00f3n de bienes para la defensa y seguridad nacional. Esto quiere decir que una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica del Estatuto de Contrataci\u00f3n Estatal, permite concluir que la expresi\u00f3n \u2018independientemente de su objeto\u2019, no determina el recurso ciego a la contrataci\u00f3n de m\u00ednima cuant\u00eda, cuando se configura una causal de contrataci\u00f3n directa, la que, en todo caso, debe respetar los principios de la contrataci\u00f3n estatal\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn164\"><\/a>[164] Art\u00edculo 4, numerales 8 y 9, de la Ley 1523 de 2012: \u201cDefiniciones. Para efectos de la presente ley se entender\u00e1 por: || 8. Desastre: || Es el resultado que se desencadena de la manifestaci\u00f3n de uno o varios eventos naturales o antropog\u00e9nicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestaci\u00f3n de servicios o los recursos ambientales, causa da\u00f1os o p\u00e9rdidas humanas, materiales, econ\u00f3micas o ambientales, generando una alteraci\u00f3n intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitaci\u00f3n y reconstrucci\u00f3n. || 9. Emergencia: || Situaci\u00f3n caracterizada por la alteraci\u00f3n o interrupci\u00f3n intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operaci\u00f3n de una comunidad, causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacci\u00f3n inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicaci\u00f3n y de la comunidad en general\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn165\"><\/a>[165] Ver intervenci\u00f3n presentada en el presente proceso por la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado, el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, y el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, p\u00e1g. 12. Documento disponible en el siguiente enlace: <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=79976\">https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=79976<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn166\"><\/a>[166] <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn167\"><\/a>[167] Cfr. art\u00edculo 313 de la Ley 2294 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn168\"><\/a>[168] Al respecto, se pueden consultar, entre otros, los art\u00edculos 6 de la Ley 80 de 1993, 5 y 6 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn169\"><\/a>[169] Una primera versi\u00f3n de este cuadro se encuentra en la Sentencia C-398 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn170\"><\/a>[170] Este primer catalizador consta de varios <em>pilares<\/em>, entre ellos, el \u201c[s]istema de protecci\u00f3n social universal y adaptativo\u201d. Este pilar contiene varios elementos. Uno de ellos se titula \u201c[s]eguridad y protecci\u00f3n social en la econom\u00eda popular y comunitaria\u201d. Este elemento determina que los trabajadores de la econom\u00eda popular y comunitaria tendr\u00e1n acceso a los siguientes beneficios: (i) protecci\u00f3n para la vejez, los riesgos laborales y la salud; (ii) asistencia social y atenci\u00f3n de emergencia; (iii) los servicios que formar\u00e1n parte del Sistema Nacional de Cuidado; y (iv) condiciones de trabajo saludables y seguras. Igualmente, el documento bases indica que, adem\u00e1s, \u201c[e]l Gobierno Nacional gestionar\u00e1 el acceso a trabajos asalariados de los trabajadores de la econom\u00eda popular y comunitaria, mediante acciones que promuevan: (i) la movilidad laboral; (ii) la formaci\u00f3n en el trabajo, la certificaci\u00f3n de competencias y el acceso a la educaci\u00f3n en todos los niveles; y (iii) la promoci\u00f3n de pactos por el empleo con el sector privado\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn171\"><\/a>[171] Los pilares de este catalizador son: bienestar f\u00edsico, mental y social de la poblaci\u00f3n; garant\u00eda del disfrute y ejercicio de los derechos culturales para la vida y la paz; derecho al deporte, la recreaci\u00f3n y la actividad f\u00edsica para la convivencia y la paz; Sistema de Cuidado para la vida y la paz; educaci\u00f3n, formaci\u00f3n y reconversi\u00f3n laboral como respuesta al cambio productivo; trabajo digno y decente; reconocimiento e impulso a la Econom\u00eda Popular y Comunitaria (EP); sostenibilidad y crecimiento empresarial; y democratizaci\u00f3n del conocimiento: aprovechamiento de la propiedad intelectual y reconocimiento de los saberes tradicionales.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn172\"><\/a>[172] Este elemento forma parte del pilar denominado \u201c[g]arant\u00eda del disfrute y ejercicio de los derechos culturales para la vida y la paz\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn173\"><\/a>[173] Este elemento forma parte del pilar denominado \u201c[d]erecho al deporte, la recreaci\u00f3n y la actividad f\u00edsica para la convivencia y la paz\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn174\"><\/a>[174] Este elemento forma parte del pilar denominado \u201c[s]istema de cuidado para la vida y la paz\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn175\"><\/a>[175] Este elemento forma parte del pilar denominado \u201c[s]ostenibilidad y crecimiento empresarial\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn176\"><\/a>[176] El pilar espec\u00edfico \u201c[r]econocimiento e impulso a la Econom\u00eda Popular y Comunitaria (EP)\u201d contiene estos elementos: pol\u00edtica p\u00fablica para la econom\u00eda popular; sostenibilidad y crecimiento de las unidades econ\u00f3micas y formas de asociatividad de la econom\u00eda popular; fomento y fortalecimiento a la comercializaci\u00f3n, los circuitos cortos y los mercados locales de la econom\u00eda popular; apoyos para la formaci\u00f3n, financiamiento y sostenibilidad de las unidades econ\u00f3micas de la econom\u00eda popular; econom\u00eda popular en el campo colombiano; consolidar la productividad y sostenibilidad del sector artesanal; y asociatividad solidaria para la paz.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn177\"><\/a>[177] Bases del PND 2022 \u2013 2026, p\u00e1g. 163 y 164: \u201cLa Pol\u00edtica de Reindustrializaci\u00f3n buscar\u00e1 cerrar brechas de productividad, fortalecer encadenamientos productivos, diversificar la oferta interna y exportable, as\u00ed como profundizar la integraci\u00f3n con Am\u00e9rica Latina y el Caribe. La pol\u00edtica desarrollar\u00e1 las siguientes apuestas estrat\u00e9gicas: [\u2026] (ii) [\u2026] aumentar la productividad y reconocer la econom\u00eda popular como fuente de valor; La econom\u00eda popular, as\u00ed como la micro y peque\u00f1a empresa tendr\u00e1n un papel fundamental en el desarrollo de estas apuestas\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn178\"><\/a>[178] Bases del PND 2022 \u2013 2026, p\u00e1g. 167: \u201cb. Cierre de brechas tecnol\u00f3gicas en el sector productivo: || [\u2026] La adopci\u00f3n y transferencia de estas innovaciones deber\u00e1 llegar al sector agropecuario a las MiPymes y a la econom\u00eda popular\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn179\"><\/a>[179] Bases del PND 2022 \u2013 2026, p\u00e1g. 172: \u201cb. Banca de desarrollo e instrumentos alternativos de financiamiento para la reindustrializaci\u00f3n: || [\u2026] Se potenciar\u00e1 la banca p\u00fablica para favorecer la econom\u00eda popular, urbana y rural y se obtendr\u00e1 eficiencia administrativa y operacional\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn180\"><\/a>[180] Bases del PND 2022 \u2013 2026, p\u00e1g. 264: \u201cLa juventud tendr\u00e1 un rol activo en el ordenamiento comunitario del territorio en torno al agua, la naturaleza, en la ejecuci\u00f3n de infraestructuras por medio de alianzas p\u00fablico populares y en la participaci\u00f3n de juntas de acci\u00f3n en contextos urbanos y rurales\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn181\"><\/a>[181] Plan Plurianual de Inversiones 2022 \u2013 2026, p\u00e1g. 7: \u201cEn cuanto a los usos indicativos previstos, la Figura 2 presenta el gasto del PPI distribuido por las transformaciones del PND, con su correspondiente valor estimado dentro del total del plan de inversiones. || En primer lugar, se encuentra la transformaci\u00f3n de seguridad humana y justicia social que garantiza la dignidad humana, el ejercicio de las libertades y el desarrollo de las capacidades necesarias para que las personas y los hogares puedan llevar a cabo su plan de vida. Para este fin, el valor proyectado de forma preliminar equivale a $744,2 billones (64%)\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn182\"><\/a>[182] Corte Constitucional, Sentencia C-063 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn183\"><\/a>[183] Cfr. Plan Plurianual de Inversiones 2022 \u2013 2026, p\u00e1g. 48, 52, 61, 66, 70, 74, 79, 86, 90, 95, 99, 105, 109, 114, 118, 123, 126, 130, 135, 138, 143, 149, 155, 160, 165, 168, 172, 175, 180, 184, 190, 195 y 199.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn184\"><\/a>[184] Art\u00edculos 20 y 21 de la Ley Org\u00e1nica 152 de 1994, \u201c[p]or la cual se establece la Ley Org\u00e1nica del Plan de Desarrollo\u201d: \u201cArt\u00edculo 20. Presentaci\u00f3n y primer debate. El proyecto del Plan Nacional de Desarrollo ser\u00e1 presentado ante el Congreso de la Rep\u00fablica y se le dar\u00e1 primer debate en las comisiones de asuntos econ\u00f3micos de ambas C\u00e1maras en sesi\u00f3n conjunta, en un t\u00e9rmino improrrogable de cuarenta y cinco d\u00edas. || Art\u00edculo 21. Segundo debate. Con base en el informe rendido en el primer debate, cada una de las C\u00e1maras en sesi\u00f3n plenaria discutir\u00e1 y decidir\u00e1 sobre el proyecto presentado en un t\u00e9rmino improrrogable de cuarenta y cinco d\u00edas\u201d. Gacetas del Congreso n.\u00b0 180 y 183 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn185\"><\/a>[185] Gacetas del Congreso n.\u00b0 386 y 388 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn186\"><\/a>[186] Gaceta del Congreso n.\u00b0 427 y 429 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn187\"><\/a>[187] Gaceta del Congreso n.\u00b0 173 del 17 de marzo de 2023, p\u00e1g. 3.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn188\"><\/a>[188] <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn189\"><\/a>[189] Gaceta del Congreso n.\u00b0 173 del 17 de marzo de 2023, p\u00e1g. 12.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn190\"><\/a>[190] <em>Ibidem<\/em>, p\u00e1g. 12: \u201c[S]e considera esta nueva modalidad de asociaciones p\u00fablico populares como un posible foco de corrupci\u00f3n, en el entendido que se estar\u00edan suprimiendo todos los mecanismos encaminados a demostrar la idoneidad y capacidad t\u00e9cnica y financiera para que la selecci\u00f3n se haga de manera objetiva. En igual sentido no se determina con claridad cu\u00e1les ser\u00edan las calidades y requisitos que deben ostentar tales asociaciones, permitiendo as\u00ed que f\u00e1cilmente los recursos p\u00fablicos puedan ser adjudicados de manera discrecional. || Adicional a lo anterior, hay que resaltar lo que se menciona en el art\u00edculo 76 respecto de la eliminaci\u00f3n del RUP como requisito, omitiendo los criterios de la Ley 1150 de 2007. Sobre esto, la representante Carolina Arbel\u00e1ez considera que al crear una nueva figura de contrataci\u00f3n directa a trav\u00e9s de modelos de Asociaciones P\u00fablico Populares, sin definir qu\u00e9 son y c\u00f3mo es la estructura de contrataci\u00f3n, se vulnera la Ley 80 de 1993 [\u2026]. || A su turno el representante Hern\u00e1n Dar\u00edo Cadavid comparte las anteriores posturas manifestando que se podr\u00e1n dirigir recursos discrecionalmente, disminuyendo requisitos en la contrataci\u00f3n p\u00fablica con el dinero de los colombianos. \u00bfQui\u00e9n vigilar\u00e1?, \u00bfQui\u00e9n controlar\u00e1 y qu\u00e9 capacidad t\u00e9cnica tendr\u00e1n estos colectivos? [\u2026]. || En este mismo sentido se manifiesta la H.R. Catherine Juvinao Clavijo, quien expone que es necesario que no solo se valoren los eventuales beneficios en t\u00e9rminos de inclusi\u00f3n y apoyo de la econom\u00eda popular, sino que deben evaluarse tambi\u00e9n los riesgos que supone establecer una causal de contrataci\u00f3n directa para que las Alianzas P\u00fablico Populares desarrollen proyectos de esta \u00edndole ya que no es claro que este tipo de sujetos de la econom\u00eda popular cuenten con una adecuada gobernanza que garantice la adecuada destinaci\u00f3n de los recursos [\u2026]\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn191\"><\/a>[191] Gaceta del Congreso n.\u00b0 180 del 19 de marzo de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn192\"><\/a>[192] <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn193\"><\/a>[193] Gaceta del Congreso n.\u00b0 180 del 19 de marzo de 2023, p\u00e1g. 5. El art\u00edculo propuesto para su votaci\u00f3n en primer debate por las comisiones econ\u00f3micas conjuntas de Senado y C\u00e1mara fue el siguiente: \u201cArt\u00edculo 82. participaci\u00f3n en contrataci\u00f3n y compras p\u00fablicas mediante asociaciones p\u00fablico populares. Las Entidades Estatales podr\u00e1n celebrar directamente contratos hasta por la m\u00ednima cuant\u00eda con personas naturales o entidades sin \u00e1nimo de lucro que hagan parte de la econom\u00eda popular y comunitaria. Estos contratos se denominar\u00e1n asociaciones P\u00fablico Populares y podr\u00e1n celebrarse para la ejecuci\u00f3n de obras, o la adquisici\u00f3n de bienes y servicios relacionados con infraestructura social, vivienda rural, v\u00edas terciarias y caminos vecinales, cultura, infraestructura productiva local, proyectos de eficiencia energ\u00e9tica, producci\u00f3n de alimentos, suministro de bienes y servicios, gesti\u00f3n comunitaria del agua, saneamiento b\u00e1sico, econom\u00eda del cuidado, fortalecimiento ambiental y comunitario y adquisici\u00f3n de productos de origen o destinaci\u00f3n agropecuarios. || El Gobierno nacional, a trav\u00e9s del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n, reglamentar\u00e1 el presente art\u00edculo. || Par\u00e1grafo primero. La entidad contratante apoyar\u00e1 y acompa\u00f1ar\u00e1 el tr\u00e1mite de la facturaci\u00f3n electr\u00f3nica mediante los canales gratuitos habilitados por la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, as\u00ed como los tr\u00e1mites de la expedici\u00f3n, seguimiento y control en caso de exigir registros y certificados fitosanitarios. Con el prop\u00f3sito de facilitar el desarrollo de las unidades y actores mencionados en este art\u00edculo, la DIAN dispondr\u00e1 de una clasificaci\u00f3n y un mecanismo gratuito de f\u00e1cil acceso y comprensi\u00f3n a la factura electr\u00f3nica. || Par\u00e1grafo segundo. En situaciones de emergencia y desastres, las entidades p\u00fablicas podr\u00e1n comprar de manera directa productos agropecuarios de peque\u00f1os productores agr\u00edcolas y campesinos que hayan sido afectados y donarlos al Fondo Nacional de Gesti\u00f3n del Riesgo de Desastres\u201d (p\u00e1g. 28). El pliego de modificaciones de este art\u00edculo se encuentra en la misma Gaceta del Congreso, en la p\u00e1g. 82.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn194\"><\/a>[194] Gaceta del Congreso n.\u00b0 180 del 19 de marzo de 2023, p\u00e1g. 138, 143, 160, 172, 176, 184, 190, 335, 386, 414, 467 y 469.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn195\"><\/a>[195] Gaceta del Congreso n.\u00b0 180 del 19 de marzo de 2023, p\u00e1g. 437.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn196\"><\/a>[196] Gaceta del Congreso n.\u00b0 274 del 10 de abril de 2023, p\u00e1g. 24.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn197\"><\/a>[197] Gaceta del Congreso n.\u00b0 858 del 14 de julio de 2023, p\u00e1g. 39.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn198\"><\/a>[198] Gaceta del Congreso n.\u00b0 858 del 14 de julio de 2023, p\u00e1g. 64.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn199\"><\/a>[199] Gaceta del Congreso n.\u00b0 858 del 14 de julio de 2023, p\u00e1g. 44.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn200\"><\/a>[200] Gaceta del Congreso n.\u00b0 859 del 14 de julio de 2023, p\u00e1g. 12.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn201\"><\/a>[201] Gaceta del Congreso n.\u00b0 859 del 14 de julio de 2023, p\u00e1g. 12 a 14.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn202\"><\/a>[202] Gacetas del Congreso n.\u00b0 386 y 388 del 26 de abril de 2023, p\u00e1g. 3.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn203\"><\/a>[203] <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn204\"><\/a>[204] Gaceta del Congreso n.\u00b0 417 del 4 de mayo de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn205\"><\/a>[205] Gaceta del Congreso n.\u00b0 889 del 19 de julio de 2023, p\u00e1g. 61, 156, 157 y 159.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn206\"><\/a>[206] Gaceta del Congreso n.\u00b0 889 del 19 de julio de 2023, p\u00e1g. 159.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn207\"><\/a>[207] Gaceta del Congreso n.\u00b0 889 del 19 de julio de 2023, p\u00e1g. 98, 99, 156 y 158.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn208\"><\/a>[208] Gaceta del Congreso n.\u00b0 889 del 19 de julio de 2023, p\u00e1g. 157, 203, 204, 205, 206.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn209\"><\/a>[209] Gaceta del Congreso n.\u00b0 889 del 19 de julio de 2023, p\u00e1g. 159, 204, 205, 206.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn210\"><\/a>[210] Art\u00edculo 135 de la Ley 5 de 1992.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn211\"><\/a>[211] Gaceta del Congreso n.\u00b0 902 del 25 de julio de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn212\"><\/a>[212] Gaceta del Congreso n.\u00b0 428 del 4 de mayo de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn213\"><\/a>[213] Gaceta del Congreso n.\u00b0 1143 del 25 de agosto de 2023, p\u00e1g. 32.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn214\"><\/a>[214] Gaceta del Congreso n.\u00b0 1143 del 25 de agosto de 2023, p\u00e1g. 32, 33, 34, 37 y 38, 40 y 41.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn215\"><\/a>[215] Gaceta del Congreso n.\u00b0 1143 del 25 de agosto de 2023, p\u00e1g. 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 41.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn216\"><\/a>[216] Gaceta del Congreso n.\u00b0 1143 del 25 de agosto de 2023, p\u00e1g. 45: \u201cSubsecretario General, Ra\u00fal Enrique \u00c1vila Hern\u00e1ndez: se\u00f1or presidente, tambi\u00e9n para este art\u00edculo, proposici\u00f3n avalada de la representante Carolina Giraldo, que pide adicionar un par\u00e1grafo nuevo al art\u00edculo que dice as\u00ed: || Proposici\u00f3n avalada || El proceso de contrataci\u00f3n y compras para el cumplimiento del presente art\u00edculo se regir\u00e1 por el principio de meritocracia, transparencia, publicidad, celeridad, y estar\u00e1 sometido al r\u00e9gimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos en la ley. La informaci\u00f3n relacionada con la modalidad de contrataci\u00f3n dispuesta en el presente art\u00edculo ser\u00e1 p\u00fablica para la ciudadan\u00eda en espacios institucionales de amplia difusi\u00f3n en todo el territorio nacional, se tendr\u00e1 especial cuidado en que no se participe en el fraccionamiento de contratos por parte de las entidades. ||Firman, Carolina Giraldo. || Duvalier S\u00e1nchez\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn217\"><\/a>[217] Gaceta del Congreso n.\u00b0 1143 del 25 de agosto de 2023, p\u00e1g. 71 a 73 y 78.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn218\"><\/a>[218] Gacetas del Congreso n.\u00b0 923 del 25 de julio de 2023 (p\u00e1g. 12 y 13) y 427 del 4 de mayo de 2023 (p\u00e1g. 1).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn219\"><\/a>[219] Gaceta del Congreso n.\u00b0 427 y 429 del 4 de mayo de 2023, p\u00e1g. 1: \u201cAl Art. 356 C\u00e1mara \u2013 99 Senado, los Representantes El\u00edas Salazar, Oscar Dar\u00edo P\u00e9rez, los Senadores Juan Felipe Lemos y Liliana Vitar manifiestan que se oponen a este art\u00edculo\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn220\"><\/a>[220] Gaceta del Congreso n.\u00b0 923 del 25 de julio de 2023, p\u00e1g. 18, 20 y 25.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn221\"><\/a>[221] Gacetas del Congreso n.\u00b0 1143 y 2072 de 2024.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn222\"><\/a>[222] Gaceta del Congreso n.\u00b0 180 del 19 de marzo de 2023, p\u00e1g. 2.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn223\"><\/a>[223] <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn224\"><\/a>[224] Gaceta del Congreso n.\u00b0 1143 del 25 de agosto de 2023, p\u00e1g. 35: \u201cIntervenci\u00f3n del se\u00f1or ministro del interior, Luis Fernando Velasco Chaves: se\u00f1ores representantes, en estos espacios uno a veces no dimensiona el alcance que puede tener las frases, porque aqu\u00ed est\u00e1 lleno de l\u00edderes y tenemos que ser muy cuidadosos. A m\u00ed me molesta profundamente cuando en el marco de un debate nos tratamos de paramilitares, guerrilleros, porque yo no reconozco en este sal\u00f3n a nadie distinto que a un ciudadano que con alguna ideolog\u00eda, con una historia de vida, ha llegado a este espacio, pero tambi\u00e9n con el mayor, con la mayor tranquilidad le pido que dimensionemos el alcance de las afirmaciones, muchos de ustedes, de todos los partidos, de todos los partidos haciendo campa\u00f1a regional, acudieron a la Acci\u00f3n Comunal, y tienen amigos l\u00edderes, conservadores, liberales, de Centro Democr\u00e1tico, del Pacto, que son miembros de la Acci\u00f3n Comunal, la Acci\u00f3n Comunal es una creaci\u00f3n mundial pero particularmente en Colombia ha servido para much\u00edsimas cosas, hoy por ejemplo, en las zonas aleda\u00f1as al volc\u00e1n del Ruiz, al volc\u00e1n nevado del Ruiz, ah\u00ed est\u00e1 la Acci\u00f3n Comunal ayud\u00e1ndonos a alistar a la gente para una emergencia, por ello no es prudente que frente a alguna intenci\u00f3n de un ilegal que evidentemente condenamos, pongamos a la Acci\u00f3n Comunal como el espacio en donde se est\u00e1 organizando grupos ilegales para tomarse el pa\u00eds, porque si los ponemos de esa manera, estamos colocando en su cabeza acciones de mucho peligro, entendamos el alcance de una afirmaci\u00f3n de esas. Se\u00f1ores Representantes, a ustedes les va a sorprender saber que el art\u00edculo que permite contratar con la Acci\u00f3n Comunal fue fruto en la Comisi\u00f3n Primera del Senado hace m\u00e1s de diez a\u00f1os, liderado desde el Ministerio del Interior por Germ\u00e1n Vargas Lleras en la reforma al C\u00f3digo de R\u00e9gimen Departamental, del cual yo fui autor y me acompa\u00f1\u00f3 con la firma Roberto Gerlein, Senador Conservador; me acompa\u00f1\u00f3 con la firma Ang\u00e9lica Lozano, Senadora del Partido Verde; los Senadores de Cambio Radical acompa\u00f1aron esa decisi\u00f3n, y fue votado por unanimidad el art\u00edculo que hoy, y le pido, he pedido a Fernando Henao, mi asistente, no s\u00e9 d\u00f3nde estar\u00e1, que por favor est\u00e9 aqu\u00ed, porque les voy a entregar la copia de ese art\u00edculo, hoy ya se permite hacer esa contrataci\u00f3n, no nos estamos inventando nada nuevo, el art\u00edculo 95, perd\u00f3n un segundo, yo les pido el mayor respeto como el respeto que he tenido con ustedes, les pido que escuchen este debate: Art\u00edculo 95. Convenio Solidarios. Se autorizan los entes territoriales del orden nacional, departamental, distrital y municipal, para celebrar directamente convenios solidarios con los organismos de Acci\u00f3n Comunal con el fin de ejecutar hasta por la menor cuant\u00eda\u2026 Perd\u00f3n Gustavo, \u00bfusted me entreg\u00f3 el C\u00f3digo de R\u00e9gimen o me est\u00e1 pasando?, esta es la ley, esta es la veintiuno sesenta y seis aprobada hace dos a\u00f1os en el Gobierno del se\u00f1or Presidente Duque, pero he pedido que me traigan la m\u00e1s antigua que es el C\u00f3digo de R\u00e9gimen Departamental, fue un acuerdo de todos los partidos, \u00bfqu\u00e9 es lo que estamos haciendo en el Plan de Desarrollo?, ampliando el espectro de algo que hoy se puede hacer, no es una acci\u00f3n mal\u00e9vola ni electorera no, es algo que existe en nuestra legislaci\u00f3n. Termino diciendo, yo soy respetuoso de los debates, pero, por favor, se\u00f1ores, por favor, tengan la prudencia al saber que cuando uno, en un pa\u00eds con las dificultades que tenemos en Colombia, se se\u00f1ala a alguien de paramilitar, le estamos poniendo una l\u00e1pida, se se\u00f1ala a alguien de guerrillero, le estamos poniendo una l\u00e1pida, hagamos el debate como se ha venido haciendo, sin necesidad de macartizar, hagamos el debate de las propuestas, que el Gobierno sabe reconocer cuando las mayor\u00edas lo acompa\u00f1an y cuando no lo acompa\u00f1an, y respete esas decisiones, pero no irrespetemos a los l\u00edderes comunales de Colombia\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn225\"><\/a>[225] Corte Constitucional, Sentencia C-713 de 2009: \u201cLa norma citada fue aprobada en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 con el prop\u00f3sito de que la funci\u00f3n de expedir un estatuto contractual para el Estado quedara expresamente consagrada en cabeza del Congreso de la Rep\u00fablica, sin la intenci\u00f3n de imprimirle al r\u00e9gimen contractual un especial rango legal, puesto que no qued\u00f3 incluido en la relaci\u00f3n taxativa prevista en los art\u00edculos 150-19 y 152 de la Constituci\u00f3n, que consagran las leyes marco y las leyes estatutarias, respectivamente\u201d. En el mismo sentido, se puede consultar las sentencias C-119 de 2020, C-439 de 2016, C-949 de 2001 y C-633 de 1996.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn226\"><\/a>[226] Corte Constitucional, sentencias C-119 de 2020, C-713 de 2009 y C-949 de 2001.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn227\"><\/a>[227] Corte Constitucional, Sentencia C-439 de 2016.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn228\"><\/a>[228] Corte Constitucional, Sentencia C-633 de 1996: \u201c[\u2026] al tenor del art\u00edculo 150 de la Constituci\u00f3n, la competencia para expedir las normas sobre contrataci\u00f3n de la Administraci\u00f3n P\u00fablica corresponde, en principio, al Congreso. || Sin embargo, la misma Constituci\u00f3n autoriza a la Rama Legislativa para revestir de manera temporal al Ejecutivo de precisas facultades extraordinarias para expedir, mediante decretos con fuerza de ley, normas que por regla general encajan dentro de las atribuciones del Congreso, siempre que lo exija la necesidad o lo aconseje la conveniencia p\u00fablica y que las facultades correspondientes sean expresamente solicitadas por el Gobierno y aprobadas por la mayor\u00eda absoluta de los miembros de una y otra C\u00e1mara (art\u00edculo 150, numeral 10, C.P.). || Las excepciones a esa posibilidad constitucional son taxativas y la propia Carta se ha ocupado de enunciarlas: las facultades extraordinarias no se pueden conferir para expedir o reformar c\u00f3digos, leyes estatutarias, leyes org\u00e1nicas, leyes marco, ni tampoco en materia de impuestos. || Como las normas de contrataci\u00f3n administrativa no hacen parte de ninguna de dichas categor\u00edas, la Corte Constitucional considera que, para su expedici\u00f3n o reforma, el presidente de la Rep\u00fablica puede ser revestido de facultades extraordinarias\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn229\"><\/a>[229] Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn230\"><\/a>[230] Corte Constitucional, Sentencia C-1262 de 2005, reiterada en la Sentencia C-037 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn231\"><\/a>[231] Corte Constitucional, Sentencia C-1262 de 2005.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn232\"><\/a>[232] Corte Constitucional, sentencias C-188 de 2022 y C-197 de 2012.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn233\"><\/a>[233] Corte Constitucional, Sentencia C-228 de 1993, reiterada en la Sentencia C-805 de 2001.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn234\"><\/a>[234] Corte Constitucional, Sentencia C-748 de 2011.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn235\"><\/a>[235] Corte Constitucional, Sentencia C-894 de 2006.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn236\"><\/a>[236] Corte Constitucional, Sentencia C-508 de 2002. Al respecto, tambi\u00e9n se pueden consultar las sentencias C-136 de 2024, C-188 de 2022 y C-1005 de 2008.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn237\"><\/a>[237] Corte Constitucional, Sentencia C-372 de 2009.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn238\"><\/a>[238] Consejo de Estado, Secci\u00f3n Tercera, expediente n.\u00b0 1100-10-326-000-2005-0003-00 (29.393), sentencia del 27 de marzo de 2008.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn239\"><\/a>[239] Corte Constitucional, sentencias C-508 de 2002, C-805 de 2001 y C-066 de 1999.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn240\"><\/a>[240] Corte Constitucional, Sentencia C-508 de 2002.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn241\"><\/a>[241] <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn242\"><\/a>[242] Corte Constitucional, Sentencia C-894 de 2006.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn243\"><\/a>[243] Corte Constitucional, Sentencia C-949 de 2001: \u201ccuando en la Asamblea Nacional Constituyente se discuti\u00f3 la disposici\u00f3n constitucional en comento [se refiere al inciso final del art\u00edculo 150 superior] no se realiz\u00f3 debate alguno sobre su significado normativo. Simplemente el precepto superior en menci\u00f3n se aprob\u00f3 considerando la pertinencia de que la funci\u00f3n de expedir un estatuto contractual para el Estado quedara expresamente consagrada en cabeza del Congreso de la Rep\u00fablica, sin la intenci\u00f3n de imprimirle al r\u00e9gimen contractual un especial rango legal que, de as\u00ed haberse querido, seguramente habr\u00eda conducido a la inclusi\u00f3n de esta competencia dentro de la relaci\u00f3n taxativa de los art\u00edculos 150-19 y 152 de la Ley Suprema, que consagran las leyes marco y las leyes estatutarias, respectivamente\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn244\"><\/a>[244] Corte Constitucional, sentencias C-462 y C-154 de 2023, C-163 y C-119 de 2020, C-595 de 2014, C-555 de 2013, C-618 de 2012, C-713 de 2009, C-887 de 2002 y C-1514 de 2000, entre muchas otras. Sentencia C-713 de 2009: \u201cEl mandato otorgado al Congreso de la Rep\u00fablica, en el art\u00edculo 150 de la Carta, para que dicte un estatuto general de contrataci\u00f3n de la administraci\u00f3n p\u00fablica y en especial de la administraci\u00f3n nacional, implica el reconocimiento de una amplia libertad de configuraci\u00f3n del legislador para dise\u00f1ar un r\u00e9gimen legal cuya finalidad sea la de propender por el logro de los objetivos constitucionales del Estado Social de Derecho, toda vez que el cumplimiento de estas metas requiere del aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los \u00f3rganos p\u00fablicos mediante la contrataci\u00f3n. En este orden de ideas, es innegable el car\u00e1cter instrumental que ostenta el contrato estatal, puesto que no es un fin en s\u00ed mismo sino un medio para la consecuci\u00f3n de los altos objetivos del Estado\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn245\"><\/a>[245] Corte Constitucional, sentencias C-163 de 2020, C-207 de 2019, C-555 de 2013, C-618 de 2012, C-713 de 2009, C-932 de 2007, C-887 de 2002 y C-949 de 2001. En la Sentencia C-154 de 2023, la Corte indic\u00f3: \u201cLa amplitud de las competencias del legislador para regular la contrataci\u00f3n p\u00fablica no es incompatible con algunos l\u00edmites [Sentencia C-555 de 2013]. Adem\u00e1s de los diques generales que ha determinado la Corte (principios de la funci\u00f3n administrativa y prevalencia del inter\u00e9s general) tambi\u00e9n se han establecido par\u00e1metros espec\u00edficos como: la igualdad [sentencias C-595 de 2014, C-887 de 2002 y C-400 de 1999], la buena fe [sentencias C-207 de 2019, C-790 de 2011, C-887 de 2002 y C-892 de 2001], la defensa del patrimonio p\u00fablico [sentencias C-648 de 2002 y C-154 de 1996] y la autonom\u00eda de las entidades territoriales [Sentencia C-119 de 2020]. De igual modo, se han enunciado postulados que rigen la funci\u00f3n administrativa como los de publicidad [sentencias C-016 de 2013 y C-711 de 2012], econom\u00eda, celeridad [Sentencia C-300 de 2012] y transparencia [sentencias C-887 de 2002 y 508 de 2002]\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn246\"><\/a>[246] Corte Constitucional, sentencias C-439 de 2016, C-618 de 2012, C-713 de 2009 y C-949 de 2001.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn247\"><\/a>[247] Corte Constitucional, Sentencia C-949 de 2001.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn248\"><\/a>[248] Corte Constitucional, Sentencia C-508 de 2002.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn249\"><\/a>[249] Corte Constitucional, Sentencia C-713 de 2009: \u201cprecisamente en lo referente a la contrataci\u00f3n p\u00fablica, la Constituci\u00f3n le impone al legislador la tarea de dise\u00f1ar un modelo que tenga en cuenta la limitada autonom\u00eda contractual del Estado y la finalidad de la contrataci\u00f3n p\u00fablica\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn250\"><\/a>[250] <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn251\"><\/a>[251] <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn252\"><\/a>[252] Corte Constitucional, Sentencia C-738 de 2001.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn253\"><\/a>[253] \u201cLa competencia y la capacidad de los sujetos p\u00fablicos y privados para celebrar contratos es una materia propia y de obligada regulaci\u00f3n dentro de un estatuto de contrataci\u00f3n estatal, porque tales materias ata\u00f1en a las calidades o atributos espec\u00edficos que deben tener dichos sujetos, con el fin de que puedan ser titulares y hacer efectivos los derechos y obligaciones que emanan de la relaci\u00f3n contractual\u201d: Sentencia C-178 de 1996.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn254\"><\/a>[254] Sentencia C-738 de 2001. La reserva de Ley en materia de los procedimientos de selecci\u00f3n de contratistas se confirma en el art\u00edculo 273 de la Constituci\u00f3n, donde se prev\u00e9 que, \u201c[a] solicitud de cualquiera de los proponentes, el Contralor General de la Rep\u00fablica y dem\u00e1s autoridades de control fiscal competentes, ordenar\u00e1n que el acto de adjudicaci\u00f3n de una licitaci\u00f3n tenga lugar en audiencia p\u00fablica. Los casos en que se aplique el mecanismo de audiencia p\u00fablica, la manera como se efectuar\u00e1 la evaluaci\u00f3n de las propuestas y las condiciones bajo las cuales se realizar\u00e1 aquella, ser\u00e1n se\u00f1alados por la ley\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn255\"><\/a>[255] Corte Constitucional, Sentencia C-119 de 2020. All\u00ed tambi\u00e9n se expres\u00f3 que \u201cTodo lo anterior implica que la regulaci\u00f3n transversal, de los aspectos generales de la contrataci\u00f3n administrativa, tiene reserva de ley, por lo que no podr\u00eda ser un asunto regulado mediante actos administrativos\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn256\"><\/a>[256] Estos elementos fueron desarrollados en la Ley 80 de 1993, a trav\u00e9s de la cual \u201c[\u2026] el legislador expidi\u00f3 un ordenamiento general que recogiera las normas fundamentales que guiaran la actividad contractual del Estado para el adecuado cumplimiento de sus fines en procura de la obtenci\u00f3n del inter\u00e9s general\u201d: Sentencia C-508 de 2002.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn257\"><\/a>[257] Corte Constitucional, Sentencia C-119 de 2020.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn258\"><\/a>[258] Corte Constitucional, Sentencia C-949 de 2001, reiterada en las sentencias C-439 y C-126 de 2016, C-618 de 2012 y C-713 de 2009.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn259\"><\/a>[259] Corte Constitucional, Sentencia C-738 de 2001.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn260\"><\/a>[260] \u201cLa<b><strong> <em>ratio iuris<\/em><\/strong><\/b> del estatuto contractual estriba en el hecho de que en un r\u00e9gimen democr\u00e1tico es preciso asegurar la intervenci\u00f3n de un \u00f3rgano colegiado de representaci\u00f3n popular en un proceso que compromete la responsabilidad y el patrimonio nacional\u201d. Sentencia C-449 de 1992.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn261\"><\/a>[261] Corte Constitucional, Sentencia C-119 de 2020.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn262\"><\/a>[262] Corte Constitucional, Sentencia C-949 de 2001, reiterada en las sentencias C-119 de 2020 y C-439 de 2016.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn263\"><\/a>[263] Corte Constitucional, Sentencia C-949 de 2001.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn264\"><\/a>[264] Consejo de Estado, Secci\u00f3n Tercera, expediente n.\u00b0 11001-03-26-000-2008-00040-00 (35.362), sentencia del 10 de septiembre de 2014.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn265\"><\/a>[265] <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn266\"><\/a>[266] <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn267\"><\/a>[267] Corte Constitucional, Sentencia C-949 de 2001.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn268\"><\/a>[268] Corte Constitucional, Sentencia C-508 de 2002 y Consejo de Estado, Secci\u00f3n Tercera, expediente n.\u00b0 11001-03-26-000-1996-3771-01 (12037), sentencia del 19 de julio de 2001.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn269\"><\/a>[269] Corte Constitucional, sentencias C-618 de 2012 y C-713 de 2009. Consejo de Estado, Secci\u00f3n Tercera, expediente n.\u00b0 11000-03-26-000-2009-00041-00 (36760), sentencia del 12 de marzo de 2015: \u201c[n]o desconoce la Sala que las directivas presidenciales que ahora se examinan se expidieron en el importante asunto de la lucha anticorrupci\u00f3n en la contrataci\u00f3n estatal; sin embargo, una mirada desde la legislaci\u00f3n aplicable en dicho asunto permite corroborar la aplicaci\u00f3n de la reserva de ley que consagr\u00f3 la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. En efecto, para ese entonces hab\u00eda sido expedida la Ley 190 de 1995, [\u2026]. Seg\u00fan se advirti\u00f3 en la exposici\u00f3n de motivos de la Ley 190 de 1995, la contrataci\u00f3n estatal est\u00e1 ampliamente expuesta al riesgo de la corrupci\u00f3n que se materializa en los delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica. All\u00ed se explic\u00f3 que el estatuto de contrataci\u00f3n estatal, expedido por el legislador al amparo de la Constituci\u00f3n de 1991 \u2014la Ley 80 de 1993\u2014 era uno de los instrumentos legislativos que, entre otros aspectos, apoy\u00f3 la lucha frente al grave problema de la corrupci\u00f3n. [\u2026]. Por ello se advierte que en la expedici\u00f3n de los actos administrativos reglamentarios de la contrataci\u00f3n estatal \u2014aun en el escenario orientado a la lucha anticorrupci\u00f3n\u2014 tiene cabida la disposici\u00f3n de los asuntos sometidos a la reserva de ley, establecida en Colombia dentro del ordenamiento jur\u00eddico interno, con fuerza constitucional\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn270\"><\/a>[270] Corte Constitucional, Sentencia C-713 de 2009.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn271\"><\/a>[271] Corte Constitucional, Sentencia C-154 de 2023. <em>Cfr. <\/em>Corte Constitucional sentencias C-037 de 2021, C-119 de 2020, C-887 de 2002, C-508 de 2002, C-949 de 2001 y C-738 de 2001.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn272\"><\/a>[272] Corte Constitucional, Sentencia C-508 de 2002.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn273\"><\/a>[273] Consejo de Estado, Secci\u00f3n Tercera, expediente 1100-10-326-000-2005-0003-00 (29.393), sentencia del 27 de marzo de 2008.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn274\"><\/a>[274] Consejo de Estado, Secci\u00f3n Tercera, expediente n.\u00b0 11001-03-26-000-2009-00116-00 (37.785), sentencia del 29 de agosto de 2012. En esta oportunidad, la corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 una demanda de nulidad presentada contra los art\u00edculos 1 y 2 del Decreto 3576 de 2009, los cuales reglamentaban el procedimiento de selecci\u00f3n para la adquisici\u00f3n de bienes y servicios cuyo valor no superara el 10% de la menor cuant\u00eda establecida por la entidad para procesos contractuales. Para ello, se estableci\u00f3 una modalidad de contrataci\u00f3n no dispuesta en la ley. La Secci\u00f3n Tercera consider\u00f3 que, si bien la Ley 80 de 1993 establece principios para el ejercicio de la actividad contractual del Estado, la potestad reglamentaria \u201cno puede ir m\u00e1s all\u00e1 de su \u00e1mbito estrictamente administrativo para pretender entrar en los predios de acci\u00f3n de la ley.\u201d Asimismo, agreg\u00f3 que, a pesar de que esta puede utilizarse para reglamentar las modalidades de selecci\u00f3n de contratistas, \u201cno puede so pretexto de ello, invadir el \u00e1mbito propio del legislador para crear un mecanismo nuevo no previsto por la ley.\u201d<\/p>\n<p><a name=\"_ftn275\"><\/a>[275] Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 2021. En sentencia del 16 de julio de 2021, la Secci\u00f3n Tercera del Consejo de Estado (expediente n.\u00b0 11001-03-26-000-2018-00061-00 (61.463) estudi\u00f3 una demanda de nulidad contra el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015 (Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeaci\u00f3n Nacional). Esta norma reglamentaba el procedimiento del concurso de m\u00e9ritos y establec\u00eda que \u201c[l]a entidad estatal debe revisar la oferta econ\u00f3mica y verificar que est\u00e1 en el rango del valor estimado consignado en los documentos y estudios previos y del presupuesto asignado para el contrato.\u201d En ese sentido, el cargo propuesto en la demanda consist\u00eda en un exceso en la potestad reglamentaria, debido a que la Ley 1150 de 2007, en su art\u00edculo 5, dispuso que \u201c[e]n ning\u00fan caso se podr\u00e1 incluir el precio, como factor de escogencia para la selecci\u00f3n de consultores.\u201d En este caso, la Secci\u00f3n Tercera consider\u00f3 que el Gobierno no incurri\u00f3 en exceso alguno en el ejercicio de la potestad reglamentaria, por lo que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. Para la Secci\u00f3n Tercera, el procedimiento establecido para el concurso de m\u00e9ritos se rige por los principios de la contrataci\u00f3n estatal, entre los que se encuentra el principio de planeaci\u00f3n. Este principio implica que, previo a la realizaci\u00f3n del concurso de m\u00e9ritos, la entidad estatal realice un an\u00e1lisis al objeto a contratar, el cual incluye la determinaci\u00f3n de la existencia de recursos y la afectaci\u00f3n preliminar del presupuesto. En ese sentido, la norma reglamentaria no le otorgaba valor al precio, sino que impon\u00eda la obligaci\u00f3n de las entidades a revisar que dicho precio se encontrara dentro de los rangos establecidos en la etapa de planeaci\u00f3n.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn276\"><\/a>[276] Corte Constitucional, Sentencia C-154 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn277\"><\/a>[277] Corte Constitucional, Sentencia C-738 de 2001.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn278\"><\/a>[278] Corte Constitucional, Sentencia C-508 de 2002. En esta oportunidad, la Sala Plena declar\u00f3 la exequibilidad del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 24 de la Ley 80 de 1993, el cual establece que el Gobierno expedir\u00e1 un reglamento de contrataci\u00f3n directa. Al respecto, la corporaci\u00f3n precis\u00f3: \u201cResulta claro para la Corte que el legislador en ejercicio de la cl\u00e1usula general de competencia expidi\u00f3 la Ley <a href=\"http:\/\/www.secretariasenado.gov.co\/senado\/basedoc\/ley_0080_1993.html#Inicio\">80<\/a> de 1993 y, como se vio, defini\u00f3 en ella los aspectos generales y b\u00e1sicos de la contrataci\u00f3n directa y, con el fin de efectivizar los principios en ella contenidos, dispuso en el par\u00e1grafo acusado que el Gobierno Nacional en ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 11 del art\u00edculo 189 superior, reglamentara los aspectos atinentes a esa forma o manera de contratar, como parte de la funci\u00f3n inherente a la administraci\u00f3n, cual es la de ejecutar las leyes para su efectivo cumplimiento. Se observa por la Corte, al punto, que fue el legislador, de manera espec\u00edfica, quien se\u00f1al\u00f3 que uno de los modos de contratar la administraci\u00f3n, es el de la contrataci\u00f3n directa, pero no en todos los casos sino \u00fanicamente en aquellos que se\u00f1al\u00f3 de manera espec\u00edfica en el art\u00edculo 24 de la Ley 80 de 1993, a los cuales le son aplicables los principios generales que rigen la contrataci\u00f3n p\u00fablica, pues as\u00ed lo dispuso la propia ley desde su art\u00edculo primero y lo se\u00f1al\u00f3, adem\u00e1s, en el art\u00edculo 23. Agr\u00e9gase, adem\u00e1s, que el marco para la expedici\u00f3n del reglamento respectivo se encuentra circunscrito, como ya se dijo, por la Constituci\u00f3n y las leyes, lo que indica a las claras que no se trata de que el legislador se haya desprendido de su funci\u00f3n de hacer la ley en esa materia, sino que, al regularla como lo hizo dej\u00f3 un margen de acci\u00f3n al reglamento, pero desde luego en los precisos t\u00e9rminos que al efecto se\u00f1ala el art\u00edculo 189, numeral 11 de la Carta Pol\u00edtica. || No le asiste entonces raz\u00f3n al demandante cuando afirma que se atribuye al Ejecutivo una competencia que es exclusiva del Congreso al regular la contrataci\u00f3n directa, pues resulta clara la existencia de un elemento esencial para ejercer la facultad reglamentaria, como es la preexistencia de un contenido material legislativo. Con todo, esa potestad reglamentaria del Gobierno nacional se encuentra sujeta a los par\u00e1metros establecidos expresamente en el par\u00e1grafo referido que no son otros que los de garantizar y desarrollar los principios de econom\u00eda, transparencia, selecci\u00f3n objetiva y responsabilidad, definidos plenamente en el Estatuto General de la Contrataci\u00f3n P\u00fablica, en armon\u00eda con los principios que orientan la funci\u00f3n administrativa consagrados en el art\u00edculo 209 de la Carta, pues en ejercicio de dicha facultad, el Presidente no puede ir m\u00e1s all\u00e1, sin violar la Constituci\u00f3n, de lo previsto en la ley ni de las pautas generales que ella se\u00f1ala\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn279\"><\/a>[279] Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 1996.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn280\"><\/a>[280] <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn281\"><\/a>[281] <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn282\"><\/a>[282] Consejo de Estado, Secci\u00f3n Tercera, expediente n.\u00b0 11000-03-26-000-2009-00041-00 (36.760), sentencia del 12 de marzo de 2015.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn283\"><\/a>[283] Consejo de Estado, Secci\u00f3n Tercera, expediente n.\u00b0 11001-03-26-000-2016-00015-00 (56.165), sentencia del 22 de octubre de 2022.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn284\"><\/a>[284] Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn285\"><\/a>[285] Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.<\/p>\n<h1><a name=\"_ftn286\"><\/a>[286] Consejo de Estado, Secci\u00f3n Tercera, Subsecci\u00f3n C. Auto 2014-00017\/49948 del septiembre 9 de 2015. En el mismo sentido se pueden consultar las sentencias 2012-00028 del 27 de septiembre de 2018 y 2014-00101 del 14 de marzo de 2018, ambas de la Subsecci\u00f3n A de la Secci\u00f3n Tercera del Consejo de Estado.<\/h1>\n<p><a name=\"_ftn287\"><\/a>[287] Consejo de Estado, Secci\u00f3n Tercera, Sentencia del 14 de abril de 2010, expediente 11001-03-26-000-2008-00101-00 (36054B): \u201cLos denominados\u00a0manuales\u00a0de\u00a0contrataci\u00f3n\u00a0pueden enmarcarse dentro de la potestad de autoorganizaci\u00f3n reconocida a cada entidad estatal, toda vez que los mismos tienen un campo de aplicaci\u00f3n que se restringe a cada organismo administrativo. En otras palabras, es una norma de car\u00e1cter interno ya que regula relaciones de car\u00e1cter interorg\u00e1nico\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn288\"><\/a>[288] Consejo de Estado, Secci\u00f3n Tercera, Sentencia del 14 de abril de 2010, expediente 11001-03-26-000-2008-00101-00 (36054B): \u201c[\u2026] su objeto no es otro distinto a reglamentar temas administrativos del manejo de la\u00a0contrataci\u00f3n\u00a0estatal \u2015funcionarios que intervienen en las distintas etapas de la\u00a0contrataci\u00f3n, en la vigilancia y ejecuci\u00f3n del negocio jur\u00eddico, entre otros\u2015, es decir aspectos administrativos del tr\u00e1mite y desarrollo contractual\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn289\"><\/a>[289] Corte Constitucional, Sentencia C-119 de 2020.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn290\"><\/a>[290] Art\u00edculo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015, \u00danico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeaci\u00f3n Nacional: \u201cManual de contrataci\u00f3n.\u00a0Las Entidades Estatales deben contar con un manual de contrataci\u00f3n, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto se\u00f1ale Colombia Compra Eficiente\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn291\"><\/a>[291] Consejo de Estado, Secci\u00f3n Tercera, Sentencia del 14 de abril de 2010, expediente 11001-03-26-000-2008-00101-00 (36054B): \u201cLa raz\u00f3n aducida por el demandante como concepto de la violaci\u00f3n se puede resumir de la siguiente forma: el reglamento expedido por el ejecutivo excedi\u00f3 su competencia, al otorgar competencia a las entidades estatales para regular otros procedimientos selectivos a trav\u00e9s de los\u00a0manuales\u00a0de\u00a0contrataci\u00f3n. A todas luces, esta clase de regulaciones es violatoria de los art\u00edculos 1, 6, 150.25, 211 de la Constituci\u00f3n pol\u00edtica, porque, la definici\u00f3n de los procedimientos de selecci\u00f3n corresponde al legislador a trav\u00e9s de la expedici\u00f3n del Estatuto de\u00a0Contrataci\u00f3n\u00a0estatal\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn292\"><\/a>[292] Corte Constitucional, Sentencia C-119 de 2020.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn293\"><\/a>[293] <em>Ibidem<\/em>. Ello, sin perjuicio de que tales actos administrativos adopten una denominaci\u00f3n distinta, como sucede en la modalidad de m\u00ednima cuant\u00eda, donde el ordenamiento jur\u00eddico colombiano alude a una <em>invitaci\u00f3n<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn294\"><\/a>[294] Corte Constitucional, Sentencia C-251 de 2011: \u201ces necesario advertir, como se hizo en las sentencias C-193 y C-194 de 2011, que las facultades otorgadas al Consejo Directivo del Fondo Adaptaci\u00f3n, en el sentido de reglamentar las cuant\u00edas y casos en los cuales ser\u00e1 necesario adelantar procesos de selecci\u00f3n que garanticen la participaci\u00f3n p\u00fablica, es contrario a la Constituci\u00f3n, por cuanto la facultad reglamentaria corresponde, por regla general, al Presidente de la Rep\u00fablica y excepcionalmente a otros \u00f3rganos del Estado expresamente facultados para ello en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, como sucede, por ejemplo, con la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, el Consejo Nacional Electoral, entre otros\u201d. Ver la Sentencia C-508 de 2002.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn295\"><\/a>[295] Corte Constitucional, Sentencia C-508 de 2002.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn296\"><\/a>[296] <em>Ibidem<\/em>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn297\"><\/a>[297] P\u00e1g. 71 de la demanda.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn298\"><\/a>[298] Corte Constitucional, Sentencias C-738 de 2001, C-949 de 2001 y C-119 de 2020.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn299\"><\/a>[299] Corte Constitucional, Sentencia C-372\/94<\/p>\n<p><a name=\"_ftn300\"><\/a>[300] El documento Bases del PND contiene la siguiente definici\u00f3n de la econom\u00eda popular: \u201cLa econom\u00eda popular se refiere a los oficios y ocupaciones mercantiles (producci\u00f3n, distribuci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de bienes y servicios) y no mercantiles (dom\u00e9sticas o comunitarias) desarrolladas por unidades econ\u00f3micas de baja escala (personales, familiares, micronegocios o microempresas), en cualquier sector econ\u00f3mico. Los actores de la EP pueden realizar sus actividades de manera individual, en unidades econ\u00f3micas, u organizados de manera asociativa\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TEMAS-SUBTEMAS \u00a0 Sentencia C-033\/26 &nbsp; RESERVA DE LEY EN REGIMEN DE CONTRATACION ESTATAL-Vulneraci\u00f3n por exceder los l\u00edmites de la potestad reglamentaria en materia de contrataci\u00f3n directa mediante asociaciones p\u00fablico populares &nbsp; (&#8230;) Los art\u00edculos 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023 desconocen la reserva legal prevista en el inciso final del art\u00edculo 150 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[160],"tags":[],"class_list":["post-31662","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentencias-2026"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31662","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31662"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31662\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31663,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31662\/revisions\/31663"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31662"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31662"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31662"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}