{"id":31666,"date":"2026-11-17T14:54:34","date_gmt":"2026-11-17T19:54:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/?p=31666"},"modified":"2026-11-17T14:54:34","modified_gmt":"2026-11-17T19:54:34","slug":"c-035-26","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/c-035-26\/","title":{"rendered":"C-035-26"},"content":{"rendered":"<p><b><strong>TEMAS-SUBTEMAS<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>Sentencia C-035\/26<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PRESUNCION DE INOCENCIA<\/strong><\/b>-Se vulnera por deber de quien ejerce la defensa t\u00e9cnica de acreditar sumariamente el origen l\u00edcito de sus honorarios para no incurrir en el delito de asesoramiento a organizaciones delictivas<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) la exigencia a los apoderados judiciales de acreditar el origen l\u00edcito de los honorarios afecta de manera injustificada la presunci\u00f3n de inocencia como n\u00facleo esencial del derecho al debido proceso. Esto, en tanto invierte la carga de la prueba que le corresponde al Estado, como ente acusador, de acreditar m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable que la defensa t\u00e9cnica se prest\u00f3 con fines il\u00edcitos. (&#8230;) La incompatibilidad que se evidencia de la expresi\u00f3n demandada respecto de la garant\u00eda constitucional a la presunci\u00f3n de inocencia se predica del deber de acreditaci\u00f3n impuesto por el legislador, mas no de la exigencia sobre el origen l\u00edcito de los honorarios. En otras palabras, lo que resulta contrario a la Constituci\u00f3n es la inversi\u00f3n de la carga de la prueba que debe asumir quien ejerce la defensa t\u00e9cnica de cara a la aplicaci\u00f3n de la eximente de responsabilidad prevista en el tipo. Esto significa que, la premisa que resulta contraria a la Carta es la que prescribe el \u201cdeber de acreditar sumariamente el\u201d, sin que pueda indicarse de lo mismo del enunciado restante \u201csin perjuicio del origen l\u00edcito de los honorarios\u201d.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PRESUNCION DE INOCENCIA<\/strong><\/b>-Carga para demostrar la culpabilidad de la persona recae en el Estado<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>La presunci\u00f3n de inocencia \u201cimplica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa\u201d. La Corte ha reconocido que \u201cen un Estado social de derecho, corresponde siempre a la organizaci\u00f3n estatal la carga de probar que una persona es responsable de un delito\u201d. De este deber constitucional deriva, tambi\u00e9n, la prohibici\u00f3n prima facie al legislador de invertir siquiera parcialmente la carga de la prueba de la responsabilidad.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>DEFENSA TECNICA<\/strong><\/b>-Alcance<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) la defensa t\u00e9cnica como una prestaci\u00f3n de car\u00e1cter intelectual que contribuye a la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los ciudadanos sometidos al proceso penal, al ser criminalizada, no erradica la problem\u00e1tica social en torno al fortalecimiento de las estructuras delincuenciales al margen de la ley. Por el contrario, el legislador al fijar la obligaci\u00f3n de acreditar sumariamente el origen l\u00edcito de los dineros con los cuales se retribuyen los servicios de esta naturaleza estigmatiza el ejercicio de una actividad que se desempe\u00f1a con independencia a los fines delincuenciales de los grupos armados y organizados ilegales.\u00a0<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>SOLICITUD DE SENTENCIA INHIBITORIA<\/strong><\/b>-Improcedente por enunciados gen\u00e9ricos de ineptitud sustantiva de la demanda<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>La Corporaci\u00f3n ha sostenido que los cuestionamientos sobre la aptitud sustantiva de la demanda no deben ser gen\u00e9ricos o abstractos. Por el contrario, se requieren razones inequ\u00edvocamente dirigidas a cuestionar los presupuestos argumentativos m\u00ednimos utilizados por el demandante para fundamentar el cargo de inconstitucionalidad.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL<\/strong><\/b>-Alcance<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>En virtud de la cl\u00e1usula general de competencia que le atribuyen los art\u00edculos 114 y 150.2 de la Constituci\u00f3n al Legislador para determinar la pol\u00edtica criminal del Estado, el Congreso de la Rep\u00fablica goza, en principio, \u201cde una amplia libertad de configuraci\u00f3n para el dise\u00f1o de la pol\u00edtica criminal del Estado, crear las conductas punibles y establecer sus elementos constitutivos, fijar las penas correspondientes, as\u00ed como el procedimiento para su investigaci\u00f3n y juzgamiento, sin que ello implique discrecionalidad absoluta, puesto que debe respetar los derechos constitucionales de las personas en tanto\u00a0 fundamento y l\u00edmite al poder punitivo del Estado\u201d.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL<\/strong><\/b>-L\u00edmites impl\u00edcitos y expl\u00edcitos<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) el Legislador est\u00e1 sometido a dos tipos de l\u00edmites constitucionales en el dise\u00f1o de la pol\u00edtica criminal, a saber: expl\u00edcitos e impl\u00edcitos. Los l\u00edmites expl\u00edcitos son prohibiciones que de manera expresa le fija la Constituci\u00f3n al legislador en materia penal, como la prohibici\u00f3n de la pena de muerte (art. 11 de la CP); la prohibici\u00f3n de las penas crueles, inhumanas o degradantes (art. 12 de la CP) y la prohibici\u00f3n de las penas de destierro, prisi\u00f3n perpetua y confiscaci\u00f3n (art. 34 de la CP). Por su parte, los l\u00edmites impl\u00edcitos le imponen al Legislador el deber de actuar de forma razonable y proporcionada para garantizar la protecci\u00f3n de los principios, derechos y deberes establecidos en la Constituci\u00f3n. Dentro de estos l\u00edmites se encuentran, entre otros, el principio de necesidad o ultima ratio del derecho penal, el principio de culpabilidad, el principio de lesividad, los principios de razonabilidad y proporcionalidad de la pena y el principio de legalidad.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PROBATORIA<\/strong><\/b>-L\u00edmites<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>DERECHO A LA PRESUNCION DE INOCENCIA<\/strong><\/b>-Contenido y alcance<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>La presunci\u00f3n de inocencia es una de las garant\u00edas del derecho al debido proceso y tiene un car\u00e1cter fundamental. La Corte ha destacado que esta prerrogativa es una de las columnas sobre las cuales se configura todo Estado de Derecho y uno de los pilares esenciales de las democracias modernas, pues sobre sus cimientos es factible configurar un equilibrio entre la libertad, la verdad y la seguridad de los ciudadanos. Asimismo, ha se\u00f1alado que se trata de una cautela constitucional contra la arbitrariedad p\u00fablica, que se activa en todos aquellos eventos en los que el Estado pretenda ejercer el poder de reprochar comportamientos, por la v\u00eda judicial o administrativa, esencialmente en ejercicio de su facultad sancionadora (ius puniendi).<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PRESUNCION DE INOCENCIA<\/strong><\/b>-Garant\u00edas constitucionales y legales<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PRESUNCION DE INOCENCIA<\/strong><\/b>-No se puede desconocer por la v\u00eda de la inversi\u00f3n de la carga de la prueba<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>DERECHO PENAL<\/strong><\/b>-Instrumento de \u00faltima ratio<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>DERECHO PENAL<\/strong><\/b>-Principio de protecci\u00f3n de bienes jur\u00eddicos<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>BIEN JURIDICO<\/strong><\/b>-Funci\u00f3n limitadora del ejercicio del poder punitivo del Estado<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) para la Corte es claro que el concepto de bien jur\u00eddico sigue cumpliendo una funci\u00f3n limitadora del ejercicio del poder punitivo del Estado. De esta forma, por virtud del principio de lesividad, el legislador a pesar de contar con un amplio margen de configuraci\u00f3n solo puede criminalizar ataques directos contra el objeto de la tutela jur\u00eddico penal.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PROCESO PENAL<\/strong><\/b>-Etapas procesales<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PROCESO PENAL<\/strong><\/b>-Estructura probatoria<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) la estructura probatoria del proceso penal tiene un car\u00e1cter sistem\u00e1tico y progresivo. As\u00ed, la presunci\u00f3n de inocencia sufre afectaciones de acuerdo con el grado de convencimiento que exige cada uno de los niveles fijados por el Legislador para declarar la responsabilidad penal del ciudadano. En este sentido, por virtud del mandato constitucional, el ente acusador debe acreditar cada uno de esos est\u00e1ndares de forma suficiente y responsable. Esto tiene como finalidad que la actuaci\u00f3n procesal no se convierta en un instrumento para desbordar el ejercicio leg\u00edtimo de la facultad punitiva del Estado.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>PROFESION DE ABOGADO<\/strong><\/b>-Papel que cumple en el Estado Social de Derecho<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>EJERCICIO DE LA PROFESION DE ABOGADO<\/strong><\/b>-Alcance<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(&#8230;) al ser el ejercicio del derecho una profesi\u00f3n que contribuye a la realizaci\u00f3n de los fines del Estado y a la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los ciudadanos, aquella debe ser salvaguardada de intromisiones legislativas que de manera desproporcionada pretendan limitar garant\u00edas elementales reconocidas en la Carta, m\u00e1s a\u00fan cuando aquellas son invocadas para desempe\u00f1ar un oficio particularmente t\u00e9cnico y especialmente riguroso. Sin embargo, la conducta del profesional del derecho tendiente a asesorar a grupos delincuenciales organizados para fortalecer la empresa criminal no se encuentra amparada por la Constituci\u00f3n y de tal modo debe reprocharse.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>DELITO DE ASESORAMIENTO A GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS Y GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS<\/strong><\/b>-Naturaleza jur\u00eddica<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>El tipo penal de asesoramiento a Grupos Delictivos Organizados (GDO) y Grupos Armados Organizados (GAO) fue creado a trav\u00e9s de la Ley 1908 de 2018. Sus elementos definitorios permiten advertir que se trata de (i) un delito de sujeto activo indeterminado y peligro abstracto que, seg\u00fan el nomen iuris de su ubicaci\u00f3n en el C\u00f3digo Penal afecta el bien jur\u00eddico de la seguridad p\u00fablica; (ii) se consuma a trav\u00e9s de tres conductas alternativas: ofrecer, prestar o facilitar; (iii) desvalora un objeto inmaterial: los conocimientos jur\u00eddicos, contables, t\u00e9cnicos o cient\u00edficos remunerados o no; y (iv) contiene un elemento subjetivo diverso del dolo: servir o contribuir a las finalidades il\u00edcitas de las organizaciones delictivas.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>REP\u00daBLICA DE COLOMBIA<\/p>\n<p><b><strong>CORTE CONSTITUCIONAL<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>-Sala Plena-<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>SENTENCIA C-035 DE 2026<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>Referencia: <\/strong><\/b>Expediente D-16487.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Demanda de inconstitucionalidad en contra del art\u00edculo 6 (parcial) de la Ley 1908 de 2018, \u201cpor medio de la cual se fortalecen la investigaci\u00f3n y judicializaci\u00f3n de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeci\u00f3n a la justicia y se dictan otras disposiciones\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Demandante:<\/strong><\/b> Ricardo Andr\u00e9s Giraldo Cifuentes.<\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>Magistrado sustanciador:<\/strong><\/b><\/p>\n<p>Carlos Camargo Assis.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintis\u00e9is (2026).<\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p>La Sala Plena de la Corte Constitucional,\u00a0en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n, cumplidos todos los requisitos contemplados en el Decreto Ley 2067 de 1991, ha proferido la siguiente:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>SENTENCIA<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>S\u00edntesis de la decisi\u00f3n<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Sala Plena estudi\u00f3 una demanda de inconstitucionalidad contra la expresi\u00f3n \u201csin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen l\u00edcito de los honorarios\u201d contenida en el art\u00edculo 6 de la Ley 1908 de 2018 -que adicion\u00f3 el art\u00edculo 340A del C\u00f3digo Penal-. Esta disposici\u00f3n tipifica el delito de asesoramiento a Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados. El accionante se\u00f1al\u00f3 que la norma le exige al abogado acreditar el origen de sus honorarios, pese a que dicha carga le corresponde a la Fiscal\u00eda que tiene el deber de probar m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable que dichos honorarios provienen de una fuente ilegal o que el abogado actu\u00f3 con el prop\u00f3sito il\u00edcito exigido por el tipo penal. Lo anterior, a juicio del accionante, vulnera el derecho a la presunci\u00f3n de inocencia consagrado en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte formul\u00f3 como problema jur\u00eddico determinar si la expresi\u00f3n \u201csin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen l\u00edcito de los honorarios\u201d invierte la carga de la prueba a cargo del Estado y vulnera la presunci\u00f3n de inocencia como expresi\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Para resolver el problema jur\u00eddico, la Sala Plena se pronunci\u00f3 sobre el margen de configuraci\u00f3n legislativa en materia penal; el derecho fundamental a la presunci\u00f3n de inocencia; la estructura probatoria del proceso penal en la Ley 906 de 2004 y sus est\u00e1ndares de acreditaci\u00f3n; el car\u00e1cter de <em>ultima ratio <\/em>del derecho penal y la criminalizaci\u00f3n de conductas de peligro; y el ejercicio de la abogac\u00eda y la importancia del abogado defensor en el proceso penal. Con sustento en lo anterior, examin\u00f3 la constitucionalidad de la expresi\u00f3n acusada para lo cual abord\u00f3 la naturaleza jur\u00eddica del delito de asesoramiento a Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados y la presunta contrariedad de la expresi\u00f3n acusada respecto del est\u00e1ndar constitucional de la presunci\u00f3n de inocencia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que el delito de asesoramiento a organizaciones delictivas tiene por finalidad fortalecer la paz y contrarrestar la colaboraci\u00f3n de terceros que contribuyen al fortalecimiento de los grupos armados y delincuenciales ilegales. De esa forma, el legislador busc\u00f3 cumplir los compromisos internacionales que establece la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte reiter\u00f3 que el legislador tiene un amplio margen de configuraci\u00f3n en materia penal, pero tambi\u00e9n record\u00f3 que tal potestad no es absoluta, pues est\u00e1 sujeta a l\u00edmites precisos que se enmarcan en el respeto de los valores, principios y derechos consagrados en la Constituci\u00f3n, as\u00ed como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Colombia. Al estudiar la constitucionalidad de la norma acusada, encontr\u00f3 que la exigencia a los apoderados judiciales de acreditar el origen l\u00edcito de los honorarios afecta de manera injustificada la presunci\u00f3n de inocencia como n\u00facleo esencial del derecho al debido proceso. Esto, en tanto invierte la carga de la prueba que le corresponde al Estado, como ente acusador, de acreditar m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable que la defensa t\u00e9cnica se prest\u00f3 con fines il\u00edcitos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>A partir de lo expuesto, la Corte concluy\u00f3 que la inconstitucionalidad se predica del deber de acreditaci\u00f3n impuesto por el legislador, mas no de la exigencia sobre el origen l\u00edcito de los honorarios. En otras palabras, lo que resulta contrario a la Constituci\u00f3n es la inversi\u00f3n de la carga de la prueba que deber\u00eda asumir quien ejerce la defensa t\u00e9cnica y no el ente acusador de cara a la aplicaci\u00f3n de la eximente de responsabilidad prevista en el tipo. Por lo tanto, la Sala Plena declar\u00f3 inexequible \u00fanicamente la expresi\u00f3n \u201cdeber de acreditar sumariamente el\u201d de manera que no se afecte la estructura del tipo que busca la persecuci\u00f3n penal de las personas que contribuyen en la operaci\u00f3n de las organizaciones armadas delictivas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><b> <\/b><b><strong>ANTECEDENTES<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><b><strong> Tr\u00e1mite procesal<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>El 20 de marzo de 2025, el ciudadano Ricardo Andr\u00e9s Giraldo Cifuentes present\u00f3 demanda de acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad en contra del art\u00edculo 6 (parcial) de la Ley 1908 de 2018<a name=\"_ftnref1\"><\/a>[1]. El demandante sostuvo que la disposici\u00f3n acusada es contraria a los art\u00edculos 15, 29, 74, 83 y 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. En concreto, formul\u00f3 cuatro cargos: <em>(i)<\/em> la norma invierte la presunci\u00f3n de buena fe respecto de los abogados defensores en los procesos penales; <em>(ii)<\/em> vulnera la inviolabilidad del secreto profesional y el derecho a la intimidad; <em>(iii)<\/em> es contraria al derecho al debido proceso y a la presunci\u00f3n de inocencia; y <em>(iv)<\/em> transgrede el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>El 23 de abril de 2025, el magistrado sustanciador<a name=\"_ftnref2\"><\/a>[2] inadmiti\u00f3 la demanda al considerar que el escrito no logr\u00f3 acreditar las exigencias m\u00ednimas de certeza, pertinencia, especificidad y suficiencia<a name=\"_ftnref3\"><\/a>[3]. El 29 de abril de 2025, dentro del t\u00e9rmino legal, el demandante present\u00f3 escrito de correcci\u00f3n<a name=\"_ftnref4\"><\/a>[4].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Mediante Auto del 16 de mayo de 2025, el despacho sustanciador<em> (i)<\/em> admiti\u00f3 el cargo tercero de la demanda relacionado con el posible desconocimiento de la presunci\u00f3n de inocencia como garant\u00eda integrante del derecho al\u00a0debido proceso\u00a0previsto en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n; <em>(ii)<\/em> rechaz\u00f3 los cargos primero, segundo y cuarto; <em>(iii)<\/em> fij\u00f3 en lista el proceso; <em>(iv) <\/em>corri\u00f3 traslado a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n;<em> (v)<\/em> comunic\u00f3 el inicio del proceso a la Presidencia de la Rep\u00fablica, al presidente del Congreso de la Rep\u00fablica y al Ministerio de Justicia y del Derecho; <em>(vi)<\/em> por \u00faltimo, invit\u00f3 a participar en el proceso a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, al Consejo Superior de Pol\u00edtica Criminal, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Defensor\u00eda del Pueblo, al \u00c1rea de Derecho Penal de las Universidades Externado de Colombia, Javeriana, del Norte de Barranquilla, EAFIT, de Antioquia y del Rosario<a name=\"_ftnref5\"><\/a>[5].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><b><strong> Norma demandada<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>El accionante dirige la demanda contra el art\u00edculo 6 (parcial) de la Ley 1908 de 2018. A continuaci\u00f3n, se transcribe la norma y se subraya y resalta lo demandado:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201c<b><strong>LEY 1908 DE 2018<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p>(julio 9)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Diario Oficial No. 50.649 de 9 de julio de 2018<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>RAMA LEGISLATIVA &#8211; PODER P\u00daBLICO<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Por medio de la cual se fortalecen la investigaci\u00f3n y judicializaci\u00f3n de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeci\u00f3n a la justicia y se dictan otras disposiciones.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>EL CONGRESO DE COLOMBIA<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>DECRETA:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>ART\u00cdCULO 6\u00b0. <\/strong><\/b>Adici\u00f3nese el art\u00edculo 340A de la Ley 599 de 2000, el cual quedar\u00e1 as\u00ed:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>Art\u00edculo 340A.<\/strong><\/b> Asesoramiento a Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados. El que ofrezca, preste o facilite conocimientos jur\u00eddicos, contables, t\u00e9cnicos o cient\u00edficos, ya sea de manera ocasional o permanente, remunerados o no, con el prop\u00f3sito de servir o contribuir a los fines il\u00edcitos de Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados, incurrir\u00e1 por esta sola conducta en prisi\u00f3n de seis (6) a diez (10) a\u00f1os e inhabilidad para el ejercicio de la profesi\u00f3n, arte, oficio, industria o comercio por veinte (20) a\u00f1os.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>No se incurrir\u00e1 en la pena prevista en este art\u00edculo cuando los servicios consistan en la defensa t\u00e9cnica, <b><strong><u>sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen l\u00edcito de los honorarios<\/u><\/strong><\/b>. En todo caso el Estado garantizar\u00e1 la defensa t\u00e9cnica\u201d.<\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><b><strong> La demanda<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>El demandante indic\u00f3 que en los t\u00e9rminos de la disposici\u00f3n acusada \u201cel abogado debe acreditar que no ha cometido el delito de asesoramiento il\u00edcito (a trav\u00e9s de la demostraci\u00f3n del origen leg\u00edtimo de sus honorarios), en lugar de ser la Fiscal\u00eda quien pruebe m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable que dichos honorarios provienen de una fuente ilegal o que el abogado actu\u00f3 con el prop\u00f3sito il\u00edcito exigido por el tipo penal\u201d<a name=\"_ftnref6\"><\/a>[6]. Seg\u00fan sostuvo, la presunci\u00f3n de inocencia \u201ccubre todos los aspectos de la imputaci\u00f3n penal y se extiende, por supuesto, a los profesionales del derecho enjuiciados por un eventual delito\u201d<a name=\"_ftnref7\"><\/a>[7].<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>Precis\u00f3 que \u201c[l]a obligaci\u00f3n de probar la propia inocencia, as\u00ed sea de manera sumaria\u201d se opone a \u201cla regla seg\u00fan la cual corresponde al acusador (Estado) demostrar la culpabilidad\u201d. Afirm\u00f3, adem\u00e1s, que \u201caunque no se trata de una presunci\u00f3n legal expl\u00edcita de culpabilidad, en los hechos se equipara a una presunci\u00f3n de mala fe o ilicitud sobre el abogado, quien para evitar ser considerado part\u00edcipe del delito debe desvirtuarla presentando pruebas de su buen actuar\u201d<a name=\"_ftnref8\"><\/a>[8].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li>En suma, para el actor el cargo principal se contrae a que \u201cla disposici\u00f3n obliga al abogado defensor a asumir la carga de demostrar su propia atipicidad frente a un tipo penal, lo cual contraviene la regla de que toda persona se presume inocente y que la carga de la prueba corresponde al Estado\u201d<a name=\"_ftnref9\"><\/a>[9].<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><b><strong> Intervenciones<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li>La Corte Constitucional recibi\u00f3 ocho intervenciones de las cuales tres solicitaron que se declare la exequibilidad de la norma y cinco la inexequibilidad. El alcance de las intervenciones se encuentra en el Anexo I de esta sentencia y los principales argumentos se sintetizan en el siguiente cuadro:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tabla 1. Intervenciones<\/p>\n<table width=\"576\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"119\"><b><strong>Interviniente<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"457\"><b><strong>S\u00edntesis de los argumentos<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"576\"><b><strong>Solicitudes de exequibilidad<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"119\">Ministerio de Justicia y del Derecho<a name=\"_ftnref10\"><\/a><sup>[10]<\/sup><\/td>\n<td width=\"457\">Indic\u00f3 que la finalidad de la norma acusada se sustenta en que \u201cparte del problema actual en materia de lucha contra el crimen organizado radica en la compleja red que integran sus miembros, testaferros y colaboradores, a fin de ocultar y maximizar los efectos de sus conductas delictivas. Con todo, se pudo identificar que no solo los sujetos activos asociados a estas estructuras criminales participan o se benefician de la comisi\u00f3n de m\u00faltiples delitos, tambi\u00e9n lo hacen terceros que, a trav\u00e9s de su profesi\u00f3n, arte u oficio, tienen el prop\u00f3sito de servir o contribuir a los fines il\u00edcitos de estas organizaciones\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Adujo que, a partir de una lectura integral del art\u00edculo 340A, se puede argumentar que el sujeto potencial de esta espec\u00edfica causal de exoneraci\u00f3n de punibilidad no es todo abogado o abogada que de forma leg\u00edtima preste el servicio de defensa t\u00e9cnica de los miembros de los GDO o los GAO sin tener con ello el prop\u00f3sito de contribuir a los fines il\u00edcitos de \u00e9stos. El \u00fanico sujeto posible que puede tener, a partir del principio de taxatividad, es el abogado o abogada que preste el servicio de defensa t\u00e9cnica de los miembros de los GDO o los GAO, teniendo el prop\u00f3sito, probado, de contribuir a los fines il\u00edcitos de \u00e9stos.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"119\">Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<a name=\"_ftnref11\"><\/a><sup>[11]<\/sup><\/td>\n<td width=\"457\">Para el ente investigador y acusador no es cierto que la norma demandada vulnere la presunci\u00f3n de inocencia en materia penal. Se\u00f1al\u00f3 que el deber de acreditar el origen il\u00edcito de los honorarios en este contexto no est\u00e1 limitando el acceso a la justicia, ni la protecci\u00f3n de intereses leg\u00edtimos, ni mucho menos la posibilidad de obtener una resoluci\u00f3n de fondo a las pretensiones de cada caso. Solamente se est\u00e1 siendo coherente con una pol\u00edtica de Estado de adoptar las acciones necesarias para combatir eficazmente a las organizaciones y grupos delictivos en Colombia que tanto da\u00f1o han ocasionado a la sociedad.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Refiri\u00f3 que la norma acusada no obedece a una estigmatizaci\u00f3n o inversi\u00f3n de la carga de la prueba, pues esa situaci\u00f3n solo podr\u00eda ocurrir en el marco de una actuaci\u00f3n penal concreta. A su juicio, se trata de una previsi\u00f3n del legislador en el sentido de buscar garantizar que, en el contexto de fen\u00f3menos criminales de significativo impacto, no se extiendan los efectos de ciertos delitos y el producto il\u00edcito de los mismos a la colectividad misma. Consider\u00f3 que este asunto no se puede ver de manera aislada como un acto atentatorio contra los abogados defensores y sus clientes, sino que debe entenderse como un esfuerzo del Estado, y espec\u00edficamente del legislador, para tratar de limitar los efectos nocivos en la sociedad de la acci\u00f3n criminal de los GDO y los GAO.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"119\">Semillero de investigaci\u00f3n en derecho penal econ\u00f3mico de la Pontificia Universidad Javeriana<a name=\"_ftnref12\"><\/a>[12]<\/td>\n<td width=\"457\">Manifest\u00f3 estar de acuerdo con los argumentos de la Corte en el auto inadmisorio de la demanda, al establecer que el cargo carece de certeza, ya que la disposici\u00f3n acusada \u201cno exige probar la propia inocencia -del abogado defensor-, sino que estipula una causal de atipicidad penal\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Se\u00f1al\u00f3 que la norma demandada le da una oportunidad a quienes asesoran a personas presuntamente vinculadas a grupos criminales organizados, para presentar la licitud de sus ingresos, disponiendo adem\u00e1s de una excepci\u00f3n expl\u00edcita sobre la defensa t\u00e9cnica, sin invertir por ello la carga probatoria y respetando la presunci\u00f3n de inocencia. Adem\u00e1s, asegur\u00f3 que la norma se encuentra acorde con la jurisprudencia constitucional donde se ha validado la tipificaci\u00f3n de actos preparatorios contra organizaciones criminales, siempre y cuando se preserve la presunci\u00f3n de inocencia como en este caso.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"576\"><b><strong>Solicitudes de inexequibilidad<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"119\">Academia Colombiana de Jurisprudencia<a name=\"_ftnref13\"><\/a><sup>[13]<\/sup><\/td>\n<td width=\"457\">Sostuvo que, cuando una ley exige a un defensor t\u00e9cnico que acredite as\u00ed sea sumariamente el origen l\u00edcito de los honorarios que percibe por su asistencia letrada sospecha la responsabilidad penal del togado, a quien, adem\u00e1s, le dice que tiene el deber de hallar prueba de que no incurre en comportamiento il\u00edcito, con lo que convierte al defensor t\u00e9cnico casi que en fiscal de su conducta. Al respecto, explic\u00f3 que el art\u00edculo 7\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, en desarrollo del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, establece que en ning\u00fan caso podr\u00e1 invertirse esta carga probatoria.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Mencion\u00f3 que, si se comparan los principios b\u00e1sicos sobre la funci\u00f3n de los abogados, aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevenci\u00f3n del delito y Tratamiento del delincuente, con la \u00faltima parte del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 1908 del 2018, se concluye\u00a0 que la imposici\u00f3n del \u201cdeber de acreditar sumariamente el origen l\u00edcito de los honorarios\u201d, lastima considerablemente el derecho de defensa, entre otras, por las siguientes razones: (i) distrae la atenci\u00f3n de quien ejerce la defensa t\u00e9cnica en un caso concreto, pues adem\u00e1s de prestar cuidadosamente la atenci\u00f3n debida al proceso que se adelanta, a la vez, simult\u00e1neamente, debe adelantar la b\u00fasqueda de prueba sumaria sobre el origen correcto de sus honorarios; (ii) disuade tanto a potenciales clientes como a potenciales abogados en ejercicio porque tanto los unos como los otros deben prestar atenci\u00f3n a temas diferentes al desarrollo de la defensa t\u00e9cnica, con menoscabo, entre otras cosas, del derecho a la intimidad; (iii) la b\u00fasqueda de la prueba sumaria se convierte en un obst\u00e1culo, en un entorpecimiento de la defensa penal; (iv) maltrata la independencia, libertad y autonom\u00eda de los abogados en ejercicio; y (v) incrementa el estereotipo ya creado del abogado amigo de las dilaciones, interrupciones, permisos, excusas m\u00e9dicas, etc.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"119\">Semillero de Derecho Penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana<a name=\"_ftnref14\"><\/a><sup>[14]<\/sup><\/td>\n<td width=\"457\">Refiri\u00f3 que el postulado demandado por el accionante se fundamenta en una premisa que asume, de manera expl\u00edcita y categ\u00f3rica, la existencia de un origen il\u00edcito de los recursos con los que se pagar\u00e1n los honorarios de una defensa t\u00e9cnica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Explic\u00f3 que le corresponde a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, como ente acusador y titular de la acci\u00f3n penal, demostrar, m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable, que el acusado es autor o participe de los hechos jur\u00eddicamente relevantes en los que se fundamenta su teor\u00eda del caso. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha se\u00f1alado que esta carga debe aplicarse de manera restrictiva. Esto se debe a que deben respetarse las limitaciones impuestas por los principios de presunci\u00f3n de inocencia e <em>in dubio pro reo<\/em>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>A juicio del Semillero, la norma demandada se aparta de este entendimiento ya que traslada al acusado la obligaci\u00f3n de probar la atipicidad de la conducta, al establecer que, para que el comportamiento resulte at\u00edpico deber\u00e1 probar que los honorarios obtenidos en los pagos por la defensa t\u00e9cnica realizada tienen origen l\u00edcito, lo cual representa una inversi\u00f3n indebida de la carga de la prueba.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"119\">Universidad Externado de Colombia<a name=\"_ftnref15\"><\/a><sup>[15]<\/sup><\/td>\n<td width=\"457\">Se\u00f1al\u00f3 que la obligaci\u00f3n impuesta al abogado de acreditar el origen l\u00edcito de sus honorarios puede erigirse como un obst\u00e1culo significativo al ejercicio pleno y aut\u00f3nomo de la defensa penal.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Consider\u00f3 que la exigencia analizada tiene el potencial de generar un efecto disuasorio, inhibitorio o estigmatizante que afecte el acceso real a una defensa penal efectiva. Puso de presente que la Corte Constitucional ha reconocido el concepto de \u201cchilling effect\u201d o \u201cefecto paralizador\u201d, se\u00f1alando que sanciones desproporcionadas o exigencias gravosas pueden generar autocensura o inhibici\u00f3n en el ejercicio de derechos. En este caso, los abogados podr\u00edan sentirse intimidados o reacios a asumir la defensa de personas procesadas por delitos relacionados con la criminalidad organizada, ante el temor de no poder satisfacer esta carga probatoria sobre sus honorarios o de ser estigmatizados y sometidos ellos mismos a investigaciones.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Adujo que la disposici\u00f3n acusada introduce una inversi\u00f3n de la carga de la prueba en materia penal que resulta altamente problem\u00e1tica desde la perspectiva constitucional. Adem\u00e1s, no se evidencia que esta medida supere un juicio de proporcionalidad: si bien persigue una finalidad leg\u00edtima como lo es la lucha contra la criminalidad organizada, no se demuestra de manera suficiente que sea id\u00f3nea, necesaria ni proporcional en sentido estricto.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"119\">Fundaci\u00f3n Jur\u00eddica Proyecto Inocencia<a name=\"_ftnref16\"><\/a><sup>[16]<\/sup><\/td>\n<td width=\"457\">Coment\u00f3 que la redacci\u00f3n del art\u00edculo demandado invierte la carga de la prueba de manera que obliga a demostrar la atipicidad de la conducta a partir de una demostraci\u00f3n ex-post del origen de los honorarios. Indic\u00f3 que el escenario abstracto impuesto en la norma limita al ciudadano que se vea involucrado en un proceso penal, toda vez que \u201cal abogado que asuma su defensa, se le presume que los honorarios derivados del mandato para el ejercicio de la defensa t\u00e9cnica, tienen un origen il\u00edcito, presumiendo t\u00e1citamente la responsabilidad penal del abogado, lo que vulnera la presunci\u00f3n de inocencia, tanto del defendido como del defensor t\u00e9cnico\u201d. Refiri\u00f3 que lo anterior evidencia un exceso en la t\u00e9cnica legislativa de la disposici\u00f3n acusada.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"119\">Enrique del R\u00edo Gonz\u00e1lez<a name=\"_ftnref17\"><\/a><sup>[17]<\/sup><\/td>\n<td width=\"457\">Se\u00f1al\u00f3 que el debilitamiento del secreto y la exigencia de justificaci\u00f3n anticipada de honorarios ponen al defensor en una posici\u00f3n de sospecha incompatible con el principio de que toda persona debe ser tratada como inocente hasta que exista sentencia condenatoria en firme.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Estim\u00f3 que la norma demandada propicia un escenario en el que muchos acusados por delincuencia organizada podr\u00edan quedar sin defensa privada, pues, ante la posible negativa o temor de los abogados particulares a asumir estos casos, la responsabilidad de representarlos recaer\u00eda casi exclusivamente en la Defensor\u00eda P\u00fablica, lo cual ser\u00eda altamente problem\u00e1tico, pues desnaturaliza tanto el rol de los defensores particulares como la misi\u00f3n constitucional de la Defensor\u00eda del Pueblo en materia penal.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><b><strong> Concepto de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n<a name=\"_ftnref18\"><\/a>[18]<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"9\">\n<li>El 23 de septiembre de 2025, el procurador general de la Naci\u00f3n present\u00f3 concepto en el que solicit\u00f3 declarar la inexequibilidad de la expresi\u00f3n \u201csin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen l\u00edcito de los honorarios\u201d, contenida en el inciso segundo del art\u00edculo 6 de la Ley 1908 de 2018 que adicion\u00f3 el art\u00edculo 340A al C\u00f3digo Penal<a name=\"_ftnref19\"><\/a>[19].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"10\">\n<li>El Ministerio P\u00fablico se refiri\u00f3 a los elementos del tipo penal contenido en dicha norma, a la presunci\u00f3n de inocencia y la carga de la prueba en materia penal, a los deberes de los abogados y a la naturaleza de la prueba sumaria. Acto seguido realiz\u00f3 un <em>test estricto de proporcionalidad<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"11\">\n<li>En cuanto a la <em>idoneidad<\/em> de la medida, consider\u00f3 que la disposici\u00f3n acusada persigue un fin leg\u00edtimo, importante e imperioso, en tanto busca combatir a las organizaciones delictivas y armadas que generan un da\u00f1o exacerbado al pa\u00eds y a la sociedad, como quiera que sus actividades criminales afectan bienes jur\u00eddicamente tutelados de gran importancia. Sostuvo que, independientemente de que el abogado defensor ejerza de buena fe su encargo, \u201clo cierto es que se busca evitar que sus honorarios sean sufragados con dineros de origen il\u00edcito, pues permitirlo, implicar\u00eda que se autorice la introducci\u00f3n de recursos il\u00edcitos a la econom\u00eda\u201d. Lo anterior, adem\u00e1s, a juicio del jefe del Ministerio P\u00fablico \u201cse acompasa con el prop\u00f3sito general de la Ley 1908 de 2018, seg\u00fan el cual se identific\u00f3 que dichos grupos tienen complejas redes criminales integradas por distintos miembros y colaboradores, lo cual dificulta el rastreo de los recursos il\u00edcitos y, en general, la persecuci\u00f3n penal por la comisi\u00f3n de conductas punibles\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"12\">\n<li>Al someter la disposici\u00f3n acusada al test estricto de proporcionalidad, sobre la <em>necesidad<\/em> de la medida se\u00f1al\u00f3 que, de acuerdo con una lectura literal de la disposici\u00f3n demandada, el defensor deber\u00e1 acreditar de manera sumaria que los honorarios recibidos provienen de una fuente l\u00edcita. Consider\u00f3 que esta interpretaci\u00f3n implica una inversi\u00f3n de la carga de la prueba que est\u00e1 en cabeza de la Fiscal\u00eda, \u201cpues pareciera que no es el ente acusador el que tiene que probar m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable la configuraci\u00f3n de la conducta punible, sino que es el procesado quien tendr\u00eda que aportar pruebas sumarias para demostrar la atipicidad de su conducta y, de lo contrario, puede ser imputado por el delito previsto en el art\u00edculo 340A del C\u00f3digo Penal\u201d. Desde la perspectiva del Ministerio P\u00fablico, aunque el medio empleado podr\u00eda contribuir a evitar que se utilicen recursos de origen il\u00edcito para el pago de servicios de asesor\u00eda jur\u00eddica se trata del medio m\u00e1s lesivo para los derechos del abogado que ejerce la defensa t\u00e9cnica.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"13\">\n<li>En su concepto, la responsabilidad del tipo penal estudiado es consecuencial a la responsabilidad de la persona que presuntamente integra el grupo organizado al margen de la ley. De ah\u00ed que el medio empleado no resulte adecuado para alcanzar el fin perseguido, \u201cpues s\u00f3lo una vez se acredite la pertenencia del procesado al grupo criminal, se podr\u00eda realizar un an\u00e1lisis sobre la ilicitud de los recursos con los que se sufragaron los honorarios de la defensa t\u00e9cnica\u201d. Adem\u00e1s, estim\u00f3 que la norma es inadecuada para lograr su prop\u00f3sito, porque \u201cel abogado tendr\u00eda que realizar un ejercicio investigativo exhaustivo conducente a demostrar la licitud de los recursos que recibe, a pesar de que no necesariamente dispone de las herramientas suficientes para rastrear la procedencia de los dineros de los clientes\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"14\">\n<li>Respecto de la <em>proporcionalidad<\/em> de la medida explic\u00f3 que \u201cla inversi\u00f3n de la carga de la prueba y la obligaci\u00f3n en cabeza del abogado defensor para probar sumariamente el origen l\u00edcito de los recursos con los que se pagan sus honorarios implica sacrificios importantes e injustificados respecto del derecho fundamental a la presunci\u00f3n de inocencia\u201d. Para el Ministerio P\u00fablico, la norma parte de una presunci\u00f3n de \u201cculpabilidad\u201d del abogado defensor, en tanto \u201cprevi\u00f3 la inversi\u00f3n de la carga de la prueba como punto de partida para la determinaci\u00f3n de la responsabilidad, lo cual no se enmarca en los deberes del abogado en ejercicio de su actividad profesional\u201d. Por lo tanto, asegur\u00f3 que la norma acusada releva a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n de su deber constitucional de desvirtuar la presunci\u00f3n de inocencia que favorece al procesado.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"15\">\n<li>De acuerdo con lo expuesto, concluy\u00f3 que la disposici\u00f3n cuestionada no supera el test de proporcionalidad en sentido estricto, por cuanto la carga impuesta al abogado que ejerce la defensa t\u00e9cnica es desproporcionada frente al presunto beneficio social que se obtiene.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><b> <\/b><b><strong>CONSIDERACIONES<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li><b> <\/b><b><strong>Competencia<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"16\">\n<li>La Corte Constitucional es competente para adelantar el control de constitucionalidad de la presente demanda, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><b> <\/b><b><strong>Cuesti\u00f3n previa. La aptitud sustantiva del cargo<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"17\">\n<li>Esta Corporaci\u00f3n ha explicado que, si bien en el tr\u00e1mite de admisi\u00f3n de la demanda es deber del magistrado sustanciador verificar la aptitud de la acusaci\u00f3n, esto no impide que la Sala Plena analice de nuevo el cumplimiento de los requisitos para acreditar la carga argumentativa, despu\u00e9s de que se reciben las intervenciones y el concepto del Procurador General de la Naci\u00f3n. Lo anterior, toda vez que los escritos allegados pueden aportar a la Sala elementos de juicio sobre los presupuestos de suficiencia del cargo admitido que deben estudiarse antes de emitir un pronunciamiento de fondo<a name=\"_ftnref20\"><\/a>[20].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"18\">\n<li>En el caso objeto de estudio, el Semillero de Investigaci\u00f3n en Derecho Penal Econ\u00f3mico de la Pontificia Universidad Javeriana refiri\u00f3 en su intervenci\u00f3n que el cargo admitido por esta Corporaci\u00f3n no cumpl\u00eda con los requisitos de certeza y pertinencia. Al respecto, se\u00f1al\u00f3 expresamente que:<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p>\u201cComo puede evidenciarse claramente, el tenor literal del art\u00edculo se\u00f1ala una causal de atipicidad penal, donde la defensa t\u00e9cnica no se incluye en la comisi\u00f3n de este tipo de delitos, siempre y cuando se logre acreditar que dichos honorarios provienen de fuentes l\u00edcitas. Lo cual, claramente no es lo que en su demanda menciona el accionante, ya que se establece que por un posible temor infundado, los abogados podr\u00edan llegar a limitar la calidad de su defensa o incluso afectar a fondo el derecho a la defensa consagrado en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Sin embargo, esto no es acorde con el tenor literal del texto demandado, pues se basa entonces en situaciones hipot\u00e9ticas sobre lo que pueden o no \u2018sentir\u2019 quienes asesoran en t\u00e9rminos de defensa t\u00e9cnica a personas que presuntamente pertenecen a organizaciones criminales, por lo que el Chilling Effect que afirma el accionante que puede darse en los abogados que posiblemente ser\u00edan consultados por los procesados, <em>es una asunci\u00f3n que no cumple con un est\u00e1ndar de certeza y pertinencia al basarse en hechos hipot\u00e9ticos, adicionalmente, una demanda de inconstitucionalidad no puede pasarse en supuestos, sino en situaciones concretas que el demandante considera que configuran la inconstitucionalidad de la norma, lo que en este caso no se evidencia<\/em>\u201d<a name=\"_ftnref21\"><\/a>[21]. (\u00e9nfasis a\u00f1adido).<\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"19\">\n<li>La Sala Plena advierte que el anterior cuestionamiento sobre la aptitud de la demanda es gen\u00e9rico. Aunque el semillero sostiene que el cargo no cumple el est\u00e1ndar de certeza y pertinencia, no present\u00f3 un an\u00e1lisis concreto que permita esclarecer las razones del incumplimiento de tales requisitos. En efecto, \u00fanicamente se\u00f1al\u00f3 que el cargo se sustenta en situaciones hipot\u00e9ticas sobre el sentir de quienes asesoran a personas que presuntamente pertenecen a organizaciones criminales, sin especificar el alcance de tal apreciaci\u00f3n. Al respecto, se observa que la finalidad de la intervenci\u00f3n en realidad es defender la constitucionalidad de la disposici\u00f3n acusada. Es as\u00ed que incluso solicitan a la Corte expresamente \u201cque declare la exequibilidad del art\u00edculo demandado\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"20\">\n<li>La Corporaci\u00f3n ha sostenido que los cuestionamientos sobre la aptitud sustantiva de la demanda no deben ser gen\u00e9ricos o abstractos<a name=\"_ftnref22\"><\/a>[22]. Por el contrario, se requieren razones inequ\u00edvocamente dirigidas a cuestionar los presupuestos argumentativos m\u00ednimos utilizados por el demandante para fundamentar el cargo de inconstitucionalidad. Sobre este aspecto, la Sala Plena ha reiterado que \u201cno es suficiente un se\u00f1alamiento general sobre la ineptitud de la demanda, sino que es necesario ahondar en razones espec\u00edficas que justifiquen la solicitud a la Corte de declararse inhibida para emitir un pronunciamiento por el incumplimiento de los requisitos de la carga argumentativa\u201d<a name=\"_ftnref23\"><\/a>[23].<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"21\">\n<li>Sin embargo, con la finalidad de despejar cualquier tipo de duda sobre la idoneidad del cargo admitido, la Sala Plena encuentra que, contrario a lo sostenido por los intervinientes, con fundamento en la aplicaci\u00f3n del principio <em>pro actione<\/em><a name=\"_ftnref24\"><\/a>[24], es posible afirmar que el actor s\u00ed present\u00f3 una carga argumentativa m\u00ednima que suscita una duda de constitucionalidad de la expresi\u00f3n cuestionada en relaci\u00f3n con la transgresi\u00f3n del derecho a la presunci\u00f3n de inocencia.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"22\">\n<li>El ciudadano se\u00f1al\u00f3 que \u201cel abogado debe acreditar que no ha cometido el delito de asesoramiento il\u00edcito (a trav\u00e9s de la demostraci\u00f3n del origen leg\u00edtimo de sus honorarios), en lugar de ser la Fiscal\u00eda quien pruebe m\u00e1s all\u00e1 de duda razonable que dichos honorarios provienen de una fuente ilegal o que el abogado actu\u00f3 con el prop\u00f3sito il\u00edcito exigido por el tipo penal\u201d. Seg\u00fan sostuvo, la presunci\u00f3n de inocencia \u201ccubre todos los aspectos de la imputaci\u00f3n penal y se extiende, por supuesto, a los profesionales del derecho enjuiciados por un eventual delito\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"23\">\n<li>Tambi\u00e9n precis\u00f3 que \u201c[l]a obligaci\u00f3n de probar la propia inocencia, as\u00ed sea de manera sumaria\u201d se opone a \u201cla regla seg\u00fan la cual corresponde al acusador (Estado) demostrar la culpabilidad\u201d. Adem\u00e1s, afirm\u00f3 que \u201caunque no se trata de una presunci\u00f3n legal expl\u00edcita de culpabilidad, en los hechos se equipara a una presunci\u00f3n de mala fe o ilicitud sobre el abogado, quien para evitar ser considerado part\u00edcipe del delito debe desvirtuarla presentando pruebas de su buen actuar\u201d. A su vez, el demandante tambi\u00e9n insisti\u00f3 que \u201cla disposici\u00f3n obliga al abogado defensor a asumir la carga de demostrar su propia atipicidad frente a un tipo penal, lo cual contraviene la regla de que toda persona se presume inocente y que la carga de la prueba corresponde al Estado\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"24\">\n<li>As\u00ed las cosas, es posible advertir que el cargo satisface el requisito de <em>claridad<\/em>, dado que el planteamiento sigue un hilo conductor l\u00f3gico y coherente. En efecto, del escrito presentado se infiere que la disposici\u00f3n permite aplicar la pena prevista para el delito de asesoramiento a Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados, al abogado que presta los servicios de defensa t\u00e9cnica, cuando no demuestra el origen l\u00edcito de los honorarios que recibe.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"25\">\n<li>Del mismo modo, el actor present\u00f3 una interpretaci\u00f3n posible que se desprende directamente de la norma demandada, esto es, que la condici\u00f3n para acceder a la respectiva eximente de responsabilidad es que el procesado pruebe sumariamente el origen l\u00edcito de sus honorarios. Ello, con la correlativa infracci\u00f3n de la presunci\u00f3n de inocencia como garant\u00eda derivada del derecho fundamental al debido proceso, por lo que su acusaci\u00f3n tambi\u00e9n fue <em>cierta<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"26\">\n<li>Igualmente, cuestion\u00f3 la disposici\u00f3n sin referirse a argumentos de correcci\u00f3n normativa, conveniencia personal o consecuencias pr\u00e1cticas. Por el contrario, construy\u00f3 el cargo a partir del par\u00e1metro de constitucionalidad que emana de la garant\u00eda fundamental a la presunci\u00f3n de inocencia, por lo que su acusaci\u00f3n fue <em>pertinente<\/em>. Tambi\u00e9n refiri\u00f3 de manera inequ\u00edvoca que, el deber de acreditar sumariamente el origen l\u00edcito de los honorarios para evadir el alcance del tipo penal acusado supone una inversi\u00f3n de la carga de la prueba que por mandato superior corresponde al Estado, lo que traduce un reproche <em>espec\u00edfico.<\/em> Consecuentemente, su acusaci\u00f3n tambi\u00e9n fue <em>suficiente<\/em> y logr\u00f3 suscitar una duda m\u00ednima sobre la constitucionalidad del precepto demandado.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"27\">\n<li>En conclusi\u00f3n, resulta claro que el ciudadano, lejos de apartarse del est\u00e1ndar argumentativo, cumpli\u00f3 m\u00ednimamente con la construcci\u00f3n de un cargo tendiente a cuestionar la contrariedad de la expresi\u00f3n acusada respecto del par\u00e1metro de control contenido en el art\u00edculo 29 superior. Por consiguiente, habilita a la Sala Plena para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del art\u00edculo 6 (parcial) de la Ley 1908 de 2018, por la presunta vulneraci\u00f3n del derecho a la presunci\u00f3n de inocencia.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><b> <\/b><b><strong>Problema jur\u00eddico y metodolog\u00eda de la decisi\u00f3n<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"28\">\n<li>El actor explic\u00f3 que la expresi\u00f3n demandada es contraria a la presunci\u00f3n de inocencia como una garant\u00eda constitucional que emana del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n. Para sustentar la acusaci\u00f3n, explic\u00f3 que la disposici\u00f3n obliga al abogado defensor a asumir la carga de demostrar la propia atipicidad de su conducta a pesar de que, conforme al mandato superior, la carga de la prueba le corresponde al Estado en cabeza de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"29\">\n<li>Algunos de los intervinientes se\u00f1alaron que la norma cuestionada no exige expresamente acreditar la propia atipicidad de la conducta investigada. Indicaron que la disposici\u00f3n otorga una oportunidad a los abogados que asesoran a personas presuntamente vinculadas a estructuras criminales para que demuestren la licitud de sus ingresos, sin que ello implique la inversi\u00f3n de la carga de la prueba como expresi\u00f3n del derecho fundamental a la presunci\u00f3n de inocencia.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"30\">\n<li>Contrario a eso, en la misma l\u00ednea argumentativa del demandante, otros de los intervinientes sostuvieron que la norma vulnera el derecho fundamental a la presunci\u00f3n de inocencia. En t\u00e9rminos generales, aquellos han coincidido en que la necesidad de acreditar el origen l\u00edcito de los dineros -con la finalidad de escapar del alcance normativo del tipo penal acusado- implica una inversi\u00f3n de la carga de la prueba que ubica al abogado defensor en la posici\u00f3n de \u201cfiscal de sus propias actuaciones\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"31\">\n<li>Con base en la carga argumentativa aducida por el demandante, las opiniones de los intervinientes y el concepto del procurador general de la Naci\u00f3n, el problema jur\u00eddico que debe resolver la Corte consiste en determinar si la expresi\u00f3n \u201csin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen l\u00edcito de los honorarios\u201d invierte la carga de la prueba a cargo del Estado y vulnera la presunci\u00f3n de inocencia como expresi\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"32\">\n<li>Con el fin de resolver el problema jur\u00eddico planteado, la Corte abordar\u00e1 los siguientes ejes tem\u00e1ticos: <em>(i)<\/em> el margen de configuraci\u00f3n legislativa en materia penal; <em>(ii)<\/em> el derecho fundamental a la presunci\u00f3n de inocencia; <em>(iii)<\/em> la estructura probatoria del proceso penal en la Ley 906 de 2004 y sus est\u00e1ndares de acreditaci\u00f3n; <em>(iv)<\/em> el car\u00e1cter de <em>ultima ratio <\/em>del derecho penal y la criminalizaci\u00f3n de conductas de peligro; y <em>(v) <\/em>el ejercicio de la abogac\u00eda y la importancia del abogado defensor en el proceso penal. Con sustento en lo anterior, examinar\u00e1 la constitucionalidad de la expresi\u00f3n acusada para lo cual abordar\u00e1 la naturaleza jur\u00eddica del delito de asesoramiento a Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados y la presunta contrariedad de la expresi\u00f3n \u201csin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen l\u00edcito de los honorarios\u201d respecto de la presunci\u00f3n de inocencia.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><b> <\/b><b><strong>Libertad de configuraci\u00f3n legislativa en materia penal<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"33\">\n<li>En virtud de la cl\u00e1usula general de competencia que le atribuyen los art\u00edculos 114 y 150.2 de la Constituci\u00f3n al Legislador para determinar la pol\u00edtica criminal del Estado, el Congreso de la Rep\u00fablica goza, en principio, \u201cde una amplia libertad de configuraci\u00f3n para el dise\u00f1o de la pol\u00edtica criminal del Estado, crear las conductas punibles y establecer sus elementos constitutivos, fijar las penas correspondientes, as\u00ed como el procedimiento para su investigaci\u00f3n y juzgamiento, sin que ello implique discrecionalidad absoluta, puesto que debe respetar los derechos constitucionales de las personas en tanto\u00a0 fundamento y l\u00edmite al poder punitivo del Estado\u201d<a name=\"_ftnref25\"><\/a>[25].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"34\">\n<li>Por lo tanto, le corresponde al Congreso de la Rep\u00fablica, como \u00f3rgano de representaci\u00f3n popular, \u201cla definici\u00f3n de las conductas punibles, sus sanciones y procedimientos, lo que en \u00faltimas ser\u00e1 el resultado de un debate democr\u00e1tico amplio\u201d<a name=\"_ftnref26\"><\/a>[26]. Esto significa que dicha competencia se fundamenta \u201ctanto en los principios democr\u00e1ticos y de soberan\u00eda popular, como en la necesidad de que el dise\u00f1o de las respuestas penales a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social sean producto de una discusi\u00f3n que integre al colectivo y en la cual prime la participaci\u00f3n democr\u00e1tica\u201d<a name=\"_ftnref27\"><\/a>[27].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"35\">\n<li>En ejercicio de esa potestad de configuraci\u00f3n normativa, el legislador puede adoptar diversas decisiones como \u201ccriminalizar o despenalizar conductas, atenuar, agravar, minimizar o maximizar sanciones, regular las etapas propias del procedimiento penal, reconocer o negar beneficios procesales, establecer o no la procedencia de recursos, designar las formas de vinculaci\u00f3n y regular las condiciones de acceso al tr\u00e1mite judicial de los distintos sujetos procesales\u201d<a name=\"_ftnref28\"><\/a>[28].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"36\">\n<li>Sobre esa atribuci\u00f3n general de competencia, la Corte Constitucional ha precisado que esta facultad no puede comprometer la integralidad de los valores, principios y derechos establecidos en la Constituci\u00f3n, en los tratados y convenios internacionales relativos a derechos humanos ratificados por Colombia. Adem\u00e1s, debe respetar los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad<a name=\"_ftnref29\"><\/a>[29]. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que \u201csiempre que estos l\u00edmites se respeten, el Congreso puede ejercer su amplio margen de configuraci\u00f3n normativa, teniendo presente que el derecho penal se enmarca en el principio de intervenci\u00f3n m\u00ednima, en virtud del cual, el Estado, en ejercicio de su potestad punitiva y sancionatoria, debe operar solo cuando todas las dem\u00e1s alternativas de control social fallan\u201d<a name=\"_ftnref30\"><\/a>[30].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"37\">\n<li>Justamente por ello, el Legislador est\u00e1 sometido a dos tipos de l\u00edmites constitucionales en el dise\u00f1o de la pol\u00edtica criminal, a saber: expl\u00edcitos e impl\u00edcitos<a name=\"_ftnref31\"><\/a>[31].\u00a0Los l\u00edmites\u00a0<em>expl\u00edcitos<\/em>son \u201cprohibiciones que de manera expresa le fija la Constituci\u00f3n al legislador\u201d<a name=\"_ftnref32\"><\/a>[32]en materia penal, como\u00a0la prohibici\u00f3n de la pena de muerte (art. 11 de la CP); la prohibici\u00f3n de las penas crueles, inhumanas o degradantes (art. 12 de la CP) y la prohibici\u00f3n de las penas de destierro, prisi\u00f3n perpetua y confiscaci\u00f3n (art. 34 de la CP). Por su parte, los l\u00edmites\u00a0<em>impl\u00edcitos<\/em> le imponen al Legislador el deber de \u201cactuar de forma razonable y proporcionada\u201d\u00a0para garantizar la protecci\u00f3n de los \u201cprincipios, derechos y deberes establecidos en la Constituci\u00f3n\u201d<a name=\"_ftnref33\"><\/a>[33]. Dentro de estos l\u00edmites se encuentran, entre otros, el\u00a0principio de necesidad o\u00a0<em>ultima<\/em>\u00a0<em>ratio<\/em>\u00a0del derecho penal, el principio de culpabilidad, el principio de lesividad, los principios de razonabilidad y proporcionalidad de la pena y el principio de legalidad<a name=\"_ftnref34\"><\/a>[34].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"38\">\n<li>Uno de los l\u00edmites a la discrecionalidad del Legislador en el dise\u00f1o de la pol\u00edtica criminal se enmarca en la regulaci\u00f3n probatoria. Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado de la siguiente manera:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201cPor amplio que sea el margen de regulaci\u00f3n del legislador en este tema, no es posible desplazar o reemplazar la idea de estructurar reglas referidas directamente a la noci\u00f3n de prueba y de r\u00e9gimen probatorio, como forma de permitir la acreditaci\u00f3n de sucesos, situaciones y condiciones con el fin espec\u00edfico de realizar un derecho. Entonces la forma de vincular a los actores de un litigio, de un tr\u00e1mite o de una adjudicaci\u00f3n est\u00e1 limitada al dise\u00f1o de un proceso que permita la interacci\u00f3n en los justos t\u00e9rminos de la Constituci\u00f3n, y esta tarea incluye a su vez una exigencia ineludible y por ello se configura como un l\u00edmite tambi\u00e9n, de estructurar la forma en que los actores demuestran su punto\u201d<a name=\"_ftnref35\"><\/a>[35].<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"39\">\n<li>De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la legitimidad de las normas relativas a los asuntos penales se da en funci\u00f3n de su proporcionalidad y razonabilidad \u201cpues s\u00f3lo la coherencia y equilibrio del engranaje procesal permite la efectiva aplicaci\u00f3n del concepto de justicia y, por contera, hace posible el amparo de los intereses en conflicto\u201d<a name=\"_ftnref36\"><\/a>[36]. Por lo tanto, se vulnera el derecho al debido proceso cuando \u201cla regla procesal es excesiva y desproporcionada frente al resultado que se pretende obtener con su utilizaci\u00f3n\u201d<a name=\"_ftnref37\"><\/a>[37].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"40\">\n<li>La Sala Plena tambi\u00e9n ha sostenido que el control de constitucionalidad de las disposiciones que inciden en la pol\u00edtica criminal debe tener en cuenta la persistencia del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) que afecta tanto a las prisiones, como a las c\u00e1rceles y a los centros de detenci\u00f3n transitoria. Esto ocurre porque, ante la representatividad de las fallas estructurales en materia de protecci\u00f3n de los derechos de los recluidos, las disposiciones legales que ignoran este contexto y contribuyen a perpetuarla o agravarla no pueden ser consideradas <em>prima facie <\/em>razonables. Lo anterior, dado que aquellas pueden derivar en restricciones desproporcionadas incompatibles con los mandatos normativos fijados por la Constituci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"41\">\n<li>La Corte Constitucional advirti\u00f3 en las sentencias C-383 de 2022 y C-294 de 2021 que desconocer este contexto puede comprometer la razonabilidad del dise\u00f1o legislativo. Asimismo, en la Sentencia C-443 de 2025 record\u00f3 que, a pesar de que el ECI en materia penitenciaria no constituye un par\u00e1metro de control constitucional, \u201cla configuraci\u00f3n legislativa racional y razonable en materia penal y penitenciaria debe considerar no solo su existencia, sino tambi\u00e9n los avances y retrocesos en los esfuerzos orientados a su superaci\u00f3n\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"42\">\n<li>As\u00ed las cosas, con la finalidad de racionalizar la libertad de configuraci\u00f3n legislativa del dise\u00f1o punitivo, la Corte ha fijado una serie de par\u00e1metros entendidos como \u201cest\u00e1ndar constitucional m\u00ednimo\u201d. Este est\u00e1ndar debe comprender los siguientes aspectos: <em>(i) <\/em>la pol\u00edtica criminal debe ser preventiva, porque el derecho penal en su condici\u00f3n de <em>ultima ratio<\/em> solo puede apelar al castigo cuando los dem\u00e1s recursos para combatir la criminalidad han fracasado; <em>(ii) <\/em>se debe respetar de forma rigurosa el principio de libertad personal, privilegiando el uso y la aplicaci\u00f3n de penas alternativas; <em>(iii) <\/em>es necesario perseguir prioritariamente fines de resocializaci\u00f3n, por lo que las sanciones deben conjugar el ideal retributivo con la visi\u00f3n de la justicia restaurativa; <em>(iv)<\/em> las medidas de aseguramiento deben ser excepcionales; <em>(v) <\/em>la creaci\u00f3n de normas penales debe ser sostenible en t\u00e9rminos econ\u00f3micos y<em> (vi) <\/em>debe ser especialmente sensible a la situaci\u00f3n de especial sujeci\u00f3n en la que se encuentran las personas privadas de la libertad respecto del Estado<a name=\"_ftnref38\"><\/a>[38].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"43\">\n<li>En definitiva, la cl\u00e1usula general de competencia que la Constituci\u00f3n le atribuye al Legislador le otorga a este un amplio margen de configuraci\u00f3n en el dise\u00f1o de la pol\u00edtica criminal. Sin embargo, esta facultad est\u00e1 sujeta a l\u00edmites precisos que se enmarcan en el respeto de los valores, principios y derechos consagrados en la Carta Pol\u00edtica y los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Colombia. La previsi\u00f3n de estos l\u00edmites permite que el Legislador sea respetuoso de los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, y garantice el derecho fundamental al debido proceso.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><b> <\/b><b><strong>El derecho a la presunci\u00f3n de inocencia en materia penal<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"44\">\n<li>El art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que \u201ctoda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable\u201d. En similar sentido, este principio fue consagrado en varios instrumentos internacionales, a saber, en los art\u00edculos 11.1 de la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos<a name=\"_ftnref39\"><\/a>[39], 8.2 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos<a name=\"_ftnref40\"><\/a>[40] y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos<a name=\"_ftnref41\"><\/a>[41].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"45\">\n<li>En desarrollo del art\u00edculo 29 constitucional, el art\u00edculo 7 de la Ley 906 de 2004<a name=\"_ftnref42\"><\/a>[42] dispone que toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no quede en firme la decisi\u00f3n judicial definitiva sobre su responsabilidad penal.\u00a0Esa norma tambi\u00e9n establece que le corresponder\u00e1 al \u00f3rgano de investigaci\u00f3n y acusaci\u00f3n criminal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal y prev\u00e9 que la duda que se presente se resolver\u00e1 a favor del procesado.\u00a0Adem\u00e1s, dispone que, en ning\u00fan caso, podr\u00e1 invertirse esta carga probatoria.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"46\">\n<li>La presunci\u00f3n de inocencia es una de las garant\u00edas del derecho al debido proceso y\u00a0tiene un car\u00e1cter fundamental<a name=\"_ftnref43\"><\/a>[43]. La Corte ha destacado que esta prerrogativa es una de las columnas sobre las cuales se configura todo Estado de Derecho y uno de los pilares esenciales de las democracias modernas<a name=\"_ftnref44\"><\/a>[44],\u00a0\u201cpues\u00a0sobre sus cimientos es factible configurar un equilibrio entre la libertad, la verdad y la seguridad de los ciudadanos\u201d<a name=\"_ftnref45\"><\/a>[45]. Asimismo, ha se\u00f1alado que \u201cse trata de una cautela constitucional contra la arbitrariedad p\u00fablica, que se activa en todos aquellos eventos en los que el Estado pretenda ejercer el poder de reprochar comportamientos, por la v\u00eda judicial o administrativa, esencialmente en ejercicio de su facultad sancionadora (<em>ius puniendi<\/em>)\u201d<a name=\"_ftnref46\"><\/a>[46].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"47\">\n<li>De acuerdo con la jurisprudencia, en el \u00e1mbito de protecci\u00f3n del principio de presunci\u00f3n de inocencia se adscriben, entre otros, tres derechos del individuo y tres deberes del Estado<a name=\"_ftnref47\"><\/a>[47]. Los derechos del individuo son:\u00a0<em>(i)<\/em>no ser considerado culpable por la autoridad judicial, a menos que as\u00ed hubiere sido declarado mediante sentencia judicial ejecutoriada;\u00a0<em>(ii)<\/em>que toda duda se resuelva a su favor y<em>\u00a0(iii)<\/em>\u00a0ser tratado como inocente por las autoridades p\u00fablicas y los particulares, hasta tanto exista condena en firme. Los deberes del Estado son: <em>(i)<\/em> asumir la carga de probar la responsabilidad del procesado, <em>(ii)<\/em> garantizar el debido proceso en las actuaciones tendientes a desvirtuar la presunci\u00f3n de inocencia, y <em>(iii)<\/em>\u00a0asegurar que la presunci\u00f3n de inocencia solo se enervar\u00e1 cuando la existencia de la conducta delictiva y la responsabilidad del individuo est\u00e9 acreditada \u201cm\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable\u201d<a name=\"_ftnref48\"><\/a>[48]. La Corte defini\u00f3 estos contenidos normativos en los siguientes t\u00e9rminos:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"48\">\n<li><em>Derecho a no ser considerado culpable por la autoridad judicial, a menos que as\u00ed hubiere sido declarado mediante sentencia judicial ejecutoriada.\u00a0<\/em>Mientras no exista sentencia condenatoria,\u201cno podr\u00e1 imponerse ninguna pena contra el individuo y las medidas que se adopten durante el proceso (como sucede con la detenci\u00f3n preventiva o las medidas cautelares) deber\u00e1n tener un car\u00e1cter preventivo y no sancionatorio\u201d<a name=\"_ftnref49\"><\/a>[49].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"49\">\n<li><em>Derecho a que toda duda se resuelva a favor del procesado (in dubio pro-reo).<\/em> En virtud de esta garant\u00eda, \u201csi no se logra desvirtuar la presunci\u00f3n de inocencia hay que absolver al acusado\u201d<a name=\"_ftnref50\"><\/a>[50]. Seg\u00fan la jurisprudencia constitucional, esta regla deriva de \u201cque no fue posible desvirtuar la presunci\u00f3n de inocencia, porque no se logr\u00f3 llegar a una convicci\u00f3n racional de la responsabilidad, desprovista de dudas razonables\u201d<a name=\"_ftnref51\"><\/a>[51].<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"50\">\n<li><em>Derecho a ser tratado como inocente por las autoridades p\u00fablicas y los particulares, hasta tanto exista condena en firme<\/em>. Los individuos tienen derecho a exigirque las autoridades p\u00fablicas y los particulares no prejuzguen el resultado de un proceso<a name=\"_ftnref52\"><\/a>[52].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"51\">\n<li><em>Deber del Estado de asumir la carga de la prueba de la responsabilidad del procesado<\/em>. La presunci\u00f3n de inocencia \u201cimplica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el <em>onus probandi<\/em> corresponde a quien acusa\u201d<a name=\"_ftnref53\"><\/a>[53]. La Corte ha reconocido que \u201cen un Estado social de derecho, corresponde siempre a la organizaci\u00f3n estatal la carga de probar que una persona es responsable de un delito\u201d<a name=\"_ftnref54\"><\/a>[54]. De este deber constitucional deriva, tambi\u00e9n, la prohibici\u00f3n\u00a0<em>prima facie<\/em>al legislador de\u00a0\u201cinvertir siquiera parcialmente la carga de la prueba de la responsabilidad\u201d<a name=\"_ftnref55\"><\/a>[55].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"52\">\n<li><em>Deber del Estado de garantizar el debido proceso en las actuaciones tendientes a enervar la presunci\u00f3n de inocencia<\/em>. Las autoridades solo podr\u00e1n desvirtuar la presunci\u00f3n de inocencia mediante \u201cun proceso rodeado de las plenas garant\u00edas procesales\u201d<a name=\"_ftnref56\"><\/a>[56]en el que se demuestre su culpabilidad<a name=\"_ftnref57\"><\/a>[57]. Adem\u00e1s, esta presunci\u00f3n solo ser\u00e1 enervada con fundamento en pruebas que respeten \u201clas exigencias legales para su producci\u00f3n, de manera suficiente y racional\u201d<a name=\"_ftnref58\"><\/a>[58].<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"53\">\n<li><em>Deber del Estado de garantizar que la presunci\u00f3n de inocencia solo se enervar\u00e1 cuando, \u201cm\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable\u201d, exista certeza sobre la responsabilidad penal<\/em>. Corresponde al Estado demostrar todos los elementos constitutivos de la conducta il\u00edcita mediante pruebas que acrediten la culpabilidad. Dicha demostraci\u00f3n debe ser m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable, lo que implica que debe superar todos los cuestionamientos \u201cque objetivamente surjan del an\u00e1lisis y cotejo de las pruebas obrantes en el expediente\u201d<a name=\"_ftnref59\"><\/a>[59].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"54\">\n<li>Esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha precisado que la presunci\u00f3n de inocencia no tiene un car\u00e1cter absoluto, por lo que de forma excepcional el Legislador puede imponer ciertos l\u00edmites o modulaciones \u201ccuando un inter\u00e9s suficientemente importante lo justifique\u201d<a name=\"_ftnref60\"><\/a>[60]. Esto es as\u00ed, pues \u201cel car\u00e1cter absoluto de los derechos y las garant\u00edas ser\u00eda incompatible con la vida en sociedad, al poner en riesgo la vigencia de otros derechos, principios y valores que, seg\u00fan las circunstancias, implican la modulaci\u00f3n de los derechos y garant\u00edas constitucionalmente reconocidas, a condici\u00f3n de ser estrictamente razonables y proporcionales\u201d<a name=\"_ftnref61\"><\/a>[61].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"55\">\n<li>En consecuencia, el derecho fundamental a la presunci\u00f3n de inocencia, en su faceta de expresi\u00f3n del derecho al debido proceso, se erige como un pilar del Estado de Derecho y como una afrenta a la arbitrariedad en el ejercicio del <em>ius puniendi<\/em>. Lo anterior, a partir de, por un lado, los derechos de los individuos a no ser considerados culpables salvo que as\u00ed se declare mediante sentencia, a que toda duda se resuelva a su favor y a ser tratado como inocente hasta tanto exista condena en firme; y por el otro, los deberes del Estado de probar la responsabilidad del procesado y desvirtuar la presunci\u00f3n de inocencia m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable. Lo expuesto, claro est\u00e1, bajo los l\u00edmites que el Legislador puede imponer atendiendo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li><b> <\/b><b><strong>La estructura probatoria del proceso penal colombiano en la Ley 906 de 2004<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"56\">\n<li>La Corte Constitucional en la Sentencia C-473 de 2016 reconoci\u00f3 que el arquetipo de proceso penal introducido mediante el Acto Legislativo 02 de 2003 se funda en el principio acusatorio como modelo de separaci\u00f3n funcional entre la acusaci\u00f3n y el juzgamiento<a name=\"_ftnref62\"><\/a>[62]. Al respecto, la Sala afirm\u00f3 que esta divergencia permite comprender por qu\u00e9 la Fiscal\u00eda en el marco del ordenamiento constitucional \u201cya no es una autoridad con potestades jurisdiccionales para imponerse y decidir en ning\u00fan sentido la situaci\u00f3n del procesado, sino que se enfrenta a \u00e9l en un plano de equilibrio, ante un tercero imparcial\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"57\">\n<li>Con base en esa premisa axiol\u00f3gica, es oportuno indicar que el proceso penal colombiano regido por la Ley 906 de 2004 est\u00e1 conformado por una sucesi\u00f3n de etapas que permiten la judicializaci\u00f3n de los ciudadanos por la comisi\u00f3n de una conducta penal. La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en el art\u00edculo 250 establece que \u201c[la] Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n est\u00e1 obligada a adelantar el ejercicio de la acci\u00f3n penal y realizar la investigaci\u00f3n de los hechos que revistan las caracter\u00edsticas de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petici\u00f3n especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias f\u00e1cticas que indiquen la posible existencia del mismo\u201d<a name=\"_ftnref63\"><\/a>[63].<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"58\">\n<li>Para contribuir a los prop\u00f3sitos demostrativos de la responsabilidad en cada una de las etapas procesales, el Legislador estableci\u00f3 una serie de est\u00e1ndares de conocimiento tal y como se describen a continuaci\u00f3n:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"59\">\n<li><em>Los motivos fundados<\/em>. Es un est\u00e1ndar de conocimiento primigenio que permite a trav\u00e9s del ejercicio de la acci\u00f3n penal afectar derechos fundamentales en la etapa de investigaci\u00f3n. A pesar de que en el ordenamiento no parece existir una definici\u00f3n inequ\u00edvoca de lo que ello significa, la Corte en la Sentencia C-024 de 1994 afirm\u00f3 que se trata de un c\u00famulo de circunstancias f\u00e1cticas acreditadas probatoriamente, de las cuales se puede deducir que el investigado ha incurrido en una conducta delictiva. Igualmente, con base en la evaluaci\u00f3n de este esca\u00f1o de convencimiento, es posible determinar las consecuencias procesales que tienen algunas actuaciones adelantadas en la etapa preliminar; principalmente, cuando se presentan violaciones a los derechos fundamentales<a name=\"_ftnref64\"><\/a>[64].<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"60\">\n<li><em>La inferencia razonable de autor\u00eda o participaci\u00f3n. <\/em>De conformidad con el art\u00edculo 287 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal -CPP-, la inferencia razonable de autor\u00eda o participaci\u00f3n es el nivel de convencimiento que debe acompa\u00f1ar a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para formular la imputaci\u00f3n. Este grado de conocimiento -superior al de los motivos fundados- supone la existencia de un proceso interpretativo a trav\u00e9s del cual, debidamente acreditadas las premisas, se pueda afirmar con razonabilidad que <em>(i)<\/em> existi\u00f3 un comportamiento delictivo y <em>(ii)<\/em> que el procesado es autor o part\u00edcipe de ella<a name=\"_ftnref65\"><\/a>[65]. Por este motivo, no existir\u00e1 una inferencia razonable de autor\u00eda o participaci\u00f3n cuando: <em>(i)<\/em> se han atribuido circunstancias f\u00e1cticas at\u00edpicas o abiertamente incomprensibles, y <em>(ii) <\/em>no se han acreditado al menos sumariamente las premisas de las cuales se desprende la conclusi\u00f3n l\u00f3gica.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"61\">\n<li><em>La probabilidad de verdad<\/em>. En los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 336 y 536 del CPP, la probabilidad de verdad es el est\u00e1ndar necesario para formular la acusaci\u00f3n.\u00a0 De acuerdo con el car\u00e1cter progresivo del proceso penal, es un nivel de convencimiento intermedio entre la inferencia razonable de autor\u00eda o participaci\u00f3n y el conocimiento m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable. A pesar de que el CPP no previ\u00f3 una etapa dentro de la cual el juez pudiese adelantar un control sobre el fundamento probatorio de la acusaci\u00f3n antes de la audiencia de juicio (como existe en otros ordenamientos procesales)<a name=\"_ftnref66\"><\/a>[66], no podr\u00e1 existir \u201cprobabilidad de verdad\u201d si el ente acusador no cuenta con elementos de juicio suficientes para afirmar que la conducta investigada existi\u00f3 y que el ciudadano es su autor o part\u00edcipe. Lo mismo sucede cuando la atribuci\u00f3n jur\u00eddica que se formula <em>(i)<\/em> carece en lo absoluto de una premisa de hechos jur\u00eddicamente relevantes completa y comprensible<a name=\"_ftnref67\"><\/a>[67] o <em>(ii)<\/em> est\u00e1 fundamentada en circunstancias f\u00e1cticas abiertamente incompatibles con la estructura t\u00edpica del delito endilgado<a name=\"_ftnref68\"><\/a>[68].<\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"62\">\n<li><em>El conocimiento m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable.<\/em> De acuerdo con el art\u00edculo 381 del CPP, este es el est\u00e1ndar de conocimiento requerido para emitir un sentido del fallo condenatorio. Sobre este aspecto, la Corte en la Sentencia C-495 de 2019 reiter\u00f3 que \u201c[l]a certeza o convicci\u00f3n racional equivale a un est\u00e1ndar probatorio denominado de convicci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable por lo que, para poder ejercer el poder punitivo del Estado, no se requiere la certeza absoluta, sino que las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas demuestren la reuni\u00f3n de los elementos de la responsabilidad y, al respecto, no existan dudas derivadas de la insuficiencia probatoria o de contradicciones probatorias insuperables a partir del examen conjunto del expediente\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"63\">\n<li>En el contexto descrito, resulta evidente que la estructura probatoria del proceso penal tiene un car\u00e1cter sistem\u00e1tico y progresivo. As\u00ed, la presunci\u00f3n de inocencia sufre afectaciones de acuerdo con el grado de convencimiento que exige cada uno de los niveles fijados por el Legislador para declarar la responsabilidad penal del ciudadano. En este sentido, por virtud del mandato constitucional, el ente acusador debe acreditar cada uno de esos est\u00e1ndares de forma suficiente y responsable. Esto tiene como finalidad que la actuaci\u00f3n procesal no se convierta en un instrumento para desbordar el ejercicio leg\u00edtimo de la facultad punitiva del Estado.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"64\">\n<li>Del mismo modo, aunque por virtud del derecho de defensa el procesado cuenta tambi\u00e9n con facultades probatorias, esto no supone la inversi\u00f3n de la carga de la prueba, ni una exigencia demostrativa como la que se demanda de quien ejerce la acci\u00f3n penal. Aunque en otras legislaciones ha sido com\u00fan la interpretaci\u00f3n acerca de que las causales de ausencia de responsabilidad deben demostrarse con la misma fortaleza que el hecho delictivo<a name=\"_ftnref69\"><\/a>[69], esa interpretaci\u00f3n no se compadece con el est\u00e1ndar constitucional sobre la presunci\u00f3n de inocencia y el principio <em>in dubio pro-reo<\/em>; es m\u00e1s, no existe en el ordenamiento jur\u00eddico una prescripci\u00f3n normativa que obligue a la defensa a presentar pruebas para desvirtuar la hip\u00f3tesis acusatoria.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"65\">\n<li>A pesar de ello, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia del 25 de abril de 2012 rad. 37279 recalc\u00f3 que \u201ccuando el Estado ha demostrado con idoneidad la responsabilidad del acusado como para sustentar una condena, cumpliendo as\u00ed la carga probatoria necesaria, le corresponder\u00eda a la defensa, en sentido amplio, presentar otros elementos de juicio que desvirt\u00faen tal posici\u00f3n cuando quiera que se busque controvertir la certeza para condenar o introducir la duda razonable que permitiera adoptar id\u00e9ntica determinaci\u00f3n\u201d<a name=\"_ftnref70\"><\/a>[70].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"66\">\n<li>As\u00ed entonces, si para declarar la responsabilidad penal es necesario que el acusador lleve al operador judicial a un convencimiento m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable sobre la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado, la facultad probatoria del procesado se entender\u00e1 satisfecha si, en el mismo escenario, ha creado responsablemente una duda razonable sobre alguno de esos requisitos.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"67\">\n<li>Bajo esta premisa, la acreditaci\u00f3n de las causales de ausencia de responsabilidad no es de ninguna forma un escenario de equiparaci\u00f3n de las obligaciones probatorias que tiene el titular de la acci\u00f3n penal. Esto ocurre porque, si la presunci\u00f3n de inocencia se encuentra vigente a lo largo del proceso penal, una duda razonable sobre la existencia de una circunstancia espec\u00edfica que excluya alguno de los elementos del delito impedir\u00eda al operador judicial alcanzar el est\u00e1ndar de conocimiento necesario para proferir una providencia condenatoria.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li><b> <\/b><b><strong>El car\u00e1cter de <em>ultima ratio <\/em>del derecho penal, la funci\u00f3n limitadora del bien jur\u00eddico y la criminalizaci\u00f3n de las conductas de peligro<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"68\">\n<li>El derecho penal es un mecanismo de control social cuyos instrumentos de coerci\u00f3n deben desplegarse \u00fanicamente cuando los medios alternativos para reprimir el comportamiento desviado han fracasado<a name=\"_ftnref71\"><\/a>[71]. Una comprensi\u00f3n constitucional de los principios que rigen el derecho penal permite afirmar que aquel, adem\u00e1s de constituir un instrumento leg\u00edtimo para aplicar sanciones por la transgresi\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, es tambi\u00e9n un dispositivo de protecci\u00f3n de la libertad ciudadana. Por ello, el dise\u00f1o de la pol\u00edtica criminal, la tipificaci\u00f3n de las conductas delictivas, el alcance o la determinaci\u00f3n del injusto, la prescripci\u00f3n de las sanciones y el modo de ejecutar el castigo, aparte de resguardar una l\u00f3gica interna con el sistema de represi\u00f3n, debe justificar en sus premisas los postulados constitucionales de la legalidad, la proporcionalidad, la culpabilidad y la dignidad humana.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"69\">\n<li>Sobre este aspecto, la Corte en la Sentencia C-407 de 2020 record\u00f3 que la respuesta del derecho penal frente a la represi\u00f3n que en abstracto realiza de las conductas delictivas, genera siempre una restricci\u00f3n a los derechos fundamentales. De tal modo, es trascendental que al ejercicio del derecho penal se imponga un mandato de interdicci\u00f3n de los excesos punitivos. Con ello, se busca un objetivo constitucionalmente leg\u00edtimo: que el despliegue de los medios de coerci\u00f3n est\u00e9 influido por un imperativo \u00e9tico que haga del prop\u00f3sito criminalizador un instrumento de fin \u00faltimo o \u201c<em>ultima ratio<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"70\">\n<li>As\u00ed entonces, bajo el principio de responsabilidad por el acto, es posible que el legislador en el marco de su amplio margen de configuraci\u00f3n y por motivos de pol\u00edtica criminal, disponga la criminalizaci\u00f3n de conductas que desde la perspectiva <em>ex ante, <\/em>si bien no generan propiamente un resultado da\u00f1ino, tienen la capacidad de poner en riesgo el bien jur\u00eddico. A estos se les ha denominado t\u00e9cnicamente delitos de peligro<a name=\"_ftnref72\"><\/a>[72].<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"71\">\n<li>Los delitos de peligro son prescripciones de conductas que, aunque no generan una modificaci\u00f3n del mundo exterior por la causaci\u00f3n de un da\u00f1o material, producen una afectaci\u00f3n potencial del bien jur\u00eddico. Esto ocurre porque <em>(i) <\/em>defraudan una expectativa normativa previamente definida y consolidada o <em>(ii) <\/em>facilitan la comisi\u00f3n de otros comportamientos altamente lesivos de los cuales, por los efectos que producen socialmente, se busca su prevenci\u00f3n a trav\u00e9s de la criminalizaci\u00f3n de las acciones tempranas.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"72\">\n<li>Sobre este mismo aspecto, la Corte en la Sentencia C-939 de 2002 reiter\u00f3 que los riesgos que integran la sociedad moderna han desafiado los conceptos tradicionales del derecho penal. De tal suerte que, la necesidad de controlar los diversos peligros hizo inevitable anticipar la protecci\u00f3n de los bienes jur\u00eddicos a una etapa anterior al efectivo menoscabo de los valores fundamentales de una sociedad<a name=\"_ftnref73\"><\/a>[73]. Para cumplir con este prop\u00f3sito, el legislador utiliza entre otros instrumentos, la t\u00e9cnica de los tipos de peligro. Aquellos se caracterizan \u201cporque la punibilidad de un comportamiento no depende de la efectiva lesi\u00f3n del objeto de protecci\u00f3n penal, sino simplemente de la probabilidad de un da\u00f1o para el mismo\u201d<a name=\"_ftnref74\"><\/a>[74]. En esa misma orientaci\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que<a name=\"_ftnref75\"><\/a>[75]:<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p>\u201cPor su parte, los delitos de peligro se caracterizan porque la conducta comporta la amenaza o puesta en riesgo del bien jur\u00eddico objeto de protecci\u00f3n. Se dividen en delitos de peligro abstracto o presunto y delitos de peligro concreto o demostrable. En los delitos de peligro presunto (a diferencia de los segundos, en los cuales es menester acreditar la efectiva ocurrencia del riesgo para el bien jur\u00eddico protegido. V.gr. el incendio establecido en el art\u00edculo 350 de la Ley 599 de 2000, el cual requiere que la conducta de prender fuego en cosa mueble o inmueble se produzca \u2018con peligro com\u00fan\u2019) el legislador presume la posibilidad de da\u00f1o para el bien jur\u00eddico tutelado, como ocurre, entre otros, con los establecidos en los art\u00edculos 471 (conspiraci\u00f3n), 434 (asociaci\u00f3n para la comisi\u00f3n de un delito contra la administraci\u00f3n p\u00fablica) y 365 (porte ilegal de armas) de la Ley 599 de 2000, as\u00ed corno con el delito por el que se procede aqu\u00ed, esto es, conservaci\u00f3n de explosivos, -mesto en el art\u00edculo 366 del mismo ordenamiento, modificado por el art\u00edculo 20 de la Ley 1453 de 2011\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"73\">\n<li>A la luz de la consideraci\u00f3n transcrita, el concepto de bien jur\u00eddico cumple una tarea limitadora en la definici\u00f3n de las conductas que presuponen verdaderas formas de transgresi\u00f3n. Sobre este aspecto, la Corte reconoci\u00f3 que, si bien esta noci\u00f3n medular del derecho penal no fue consagrada espec\u00edficamente en la Carta, la misma puede deducirse de las disposiciones que la integran. Por tal raz\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n Penal indic\u00f3 que por virtud del art\u00edculo 2 constitucional, las autoridades est\u00e1n instituidas para proteger la vida, la honra, los bienes y dem\u00e1s derechos y libertades de las personas. Sin embargo, so pretexto de ello, el ejercicio del <em>ius puniendi <\/em>\u201c[no] puede conllevar una restricci\u00f3n injustificada de los derechos fundamentales, como podr\u00eda suceder, por ejemplo, cuando, a pesar de la reducida importancia de un bien, se limita irrazonablemente la libertad personal del infractor\u201d<a name=\"_ftnref76\"><\/a>[76].<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"74\">\n<li>Para estos fines, ser\u00e1 pertinente recordar que el derecho penal no debe tutelar el bien jur\u00eddico de ataques tangenciales, aparentes e irrelevantes. Diversas conductas con m\u00ednimas cargas de lesividad pueden trastocar los linderos del objeto de la tutela jur\u00eddico penal. No por ello suponen la necesidad de su criminalizaci\u00f3n. Por virtud del car\u00e1cter fragmentario y residual del derecho penal, este solo puede encargarse de los comportamientos que supongan ataques verdaderamente relevantes a los bienes materia de protecci\u00f3n del derecho<a name=\"_ftnref77\"><\/a>[77].<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"75\">\n<li>De lo contrario, el ejercicio del poder punitivo terminar\u00eda incurriendo en la prohibici\u00f3n de exceso, criminalizando de forma desproporcionada acciones que pueden prevenirse a trav\u00e9s de mecanismos menos invasivos de la libertad personal. Las conductas de especial significaci\u00f3n para el derecho penal no deben escogerse con base en criterios puramente ontol\u00f3gicos o natural\u00edsticos. Por el contrario, aquellas deben atender a fundamentos valorativos que habiliten una comprensi\u00f3n m\u00e1s amplia, en el marco de lo que significan socialmente. As\u00ed, el derecho penal lejos de ser un instrumento para afectar derechos fundamentales se convierte en un mecanismo v\u00e1lido y eficaz para protegerlos.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"76\">\n<li>Una concepci\u00f3n distinta, implicar\u00eda aceptar que cualquier acci\u00f3n que causalmente pueda contribuir a la realizaci\u00f3n de una conducta altamente lesiva y reprochable, pueda terminar criminalizada a trav\u00e9s de la estructura del delito de peligro. Bajo esta premisa, el derecho penal no solo perder\u00eda su car\u00e1cter residual o de <em>\u00faltima ratio <\/em>como mecanismo de control social<em>; <\/em>tambi\u00e9n as\u00ed, se convertir\u00eda en un instrumento para que el legislador intervenga sin reales justificaciones en la forma en la cual los ciudadanos ejercen sus libertades.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"77\">\n<li>En conclusi\u00f3n, es posible afirmar que el bien jur\u00eddico sigue cumpliendo una funci\u00f3n limitadora del derecho penal en tanto mecanismo de control social. Asimismo, en relaci\u00f3n con la tipificaci\u00f3n de conductas de peligro, resulta trascendental constatar que el prop\u00f3sito perseguido por el legislador se encuentra lo suficientemente justificado para que, con pretexto en el amplio margen de configuraci\u00f3n legislativa, no se invada irrazonablemente el n\u00facleo esencial de desarrollo de las libertades personales.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li><b> <\/b><b><strong>El ejercicio de la abogac\u00eda y la importancia del abogado defensor en el proceso penal<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"78\">\n<li>El ejercicio de la abogac\u00eda contribuye a la realizaci\u00f3n de los fines del Estado y a la protecci\u00f3n permanente de los derechos fundamentales. El compromiso \u00e9tico que se reclama de quienes la desempe\u00f1an es importante de cara a la consolidaci\u00f3n de las expectativas sociales sobre la vigencia de la Constituci\u00f3n, la efectividad de las leyes, la materialidad de la justicia y la confianza en el derecho. Esto quiere decir que, si los y las abogadas tienen la misi\u00f3n de acercar el ordenamiento normativo a los ciudadanos, su conducta debe estar signada por el cumplimiento de un c\u00famulo de deberes. Lo anterior, con la finalidad de que sus actuaciones desarrollen siempre los par\u00e1metros del marco constitucional y legal se\u00f1alado para esos efectos.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"79\">\n<li>El art\u00edculo 26 de la Constituci\u00f3n, en lo relativo a la libertad de escoger profesi\u00f3n u oficio, reconoce que \u201clas ocupaciones, artes y oficios que no exijan formaci\u00f3n acad\u00e9mica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social\u201d. Al respecto, en Sentencia C-328 de 2015 la Corte se pronunci\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201c[L]a labor del abogado no se limita a resolver problemas de orden t\u00e9cnico, sino que su actividad va m\u00e1s all\u00e1, proyect\u00e1ndose tambi\u00e9n en el \u00e1mbito de lo \u00e9tico, de modo que la regulaci\u00f3n de su conducta por normas de ese car\u00e1cter no implica una indebida intromisi\u00f3n en el fuero interno de las personas. Ello es as\u00ed, justamente, porque la conducta individual del abogado se encuentra vinculada a la protecci\u00f3n del inter\u00e9s general o com\u00fan, de manera que el ejercicio inadecuado o irresponsable de la profesi\u00f3n, puede proyectarse negativamente sobre la efectividad de diversos derechos fundamentales de terceros, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho a la defensa y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, as\u00ed como tambi\u00e9n, poner en entre dicho la vigencia de principios constitucionales de inter\u00e9s general, orientadores de la funci\u00f3n jurisdiccional, tales como la eficacia, la celeridad y la buena fe\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"80\">\n<li>En esa misma orientaci\u00f3n jurisprudencial, la Corte en Sentencia C-212 de 2007 reiter\u00f3 que la abogac\u00eda tiene \u201cuna proyecci\u00f3n social y se vincula [\u2026] con la posibilidad de ofrecer alternativas pac\u00edficas y respetuosas de los derechos constitucionales fundamentales para la resoluci\u00f3n de los conflictos jur\u00eddicos que se presentan en el acontecer diario\u201d. A partir de lo anterior, la Corte afirm\u00f3 que \u201cla falta de observancia de esta suerte de obligaciones consignadas en el Estatuto del Ejercicio de la Abogac\u00eda hace surgir una responsabilidad de orden disciplinario diferente de la que se deriva por el incumplimiento de los deberes que se desprenden del contrato de mandato propiamente dicho\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"81\">\n<li>Para estos mismos fines, el art\u00edculo 28 de la Ley 1123 de 2007<a name=\"_ftnref78\"><\/a>[78] prescribi\u00f3 los deberes profesionales del abogado. Dentro de los m\u00e1s relevantes se encuentran: 1. Observar la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley\/\/ 2. Defender y promocionar los Derechos Humanos, entendidos como la unidad integral de derechos civiles y pol\u00edticos, econ\u00f3micos, sociales y culturales y de derechos colectivos, conforme a las normas constitucionales y a los tratados internacionales ratificados por Colombia \/\/ 5. Conservar y defender la dignidad y el decoro de la profesi\u00f3n. \/\/ 6. Colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realizaci\u00f3n de la justicia y los fines del Estado. \/\/ 8. [..] acordar con claridad los t\u00e9rminos del mandato en lo concerniente al objeto, los costos, la contraprestaci\u00f3n y forma de pago<a name=\"_ftnref79\"><\/a>[79].<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"82\">\n<li>En lo concerniente a la obligaci\u00f3n de acreditar el origen de los dineros a trav\u00e9s de los cuales el profesional del derecho recibe el pago de sus servicios jur\u00eddicos, el legislador a trav\u00e9s del C\u00f3digo Disciplinario del Abogado no realiz\u00f3 alguna previsi\u00f3n al respecto<a name=\"_ftnref80\"><\/a>[80]. Sin embargo, efectu\u00f3 las siguientes prescripciones en torno a las obligaciones derivadas del ejercicio de la abogac\u00eda: \u201c8. [..] fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo con las normas que se dicten para el efecto, y [suscribir] recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto \/\/ 20. Abstenerse de aceptar poder en un asunto hasta tanto no se haya obtenido la correspondiente paz y salvo de honorarios de quien ven\u00eda atendi\u00e9ndolo, salvo causa justificada\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"83\">\n<li>Igualmente, dentro de las faltas espec\u00edficas el legislador prescribi\u00f3: <em>(i)<\/em> acordar, exigir u obtener honorarios que superen la participaci\u00f3n correspondiente al cliente<a name=\"_ftnref81\"><\/a>[81]<em>(ii)<\/em> no expedir recibos donde consten los pagos de honorarios o de gastos<a name=\"_ftnref82\"><\/a>[82] y <em>(iii)<\/em> eludir o retardar el pago de los honorarios, gastos o expensas debidos a un colega o propiciar estas conductas\u201d<a name=\"_ftnref83\"><\/a>[83].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"84\">\n<li>En el orden internacional, los principios b\u00e1sicos relacionados con la funci\u00f3n de los abogados, aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevenci\u00f3n del delito y Tratamiento del delincuente<a name=\"_ftnref84\"><\/a>[84], ha establecido como formas de garantizar el ejercicio de la abogac\u00eda que \u201clos gobiernos garantizar\u00e1n que los abogados a) puedan desempe\u00f1ar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obst\u00e1culos, acosos o interferencias indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su pa\u00eds como en el exterior; y c) no sufran ni est\u00e9n expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, econ\u00f3micas o de otra \u00edndole a ra\u00edz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas \u00e9ticas que se reconocen a su profesi\u00f3n\u201d. Asimismo, en su norma 18 ha establecido que \u201clos abogados no ser\u00e1n identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempe\u00f1o de sus funciones\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"85\">\n<li>Del mismo modo, en relaci\u00f3n con el ejercicio de la abogac\u00eda, la Sala Plena ha reconocido la garant\u00eda derivada del secreto profesional, el cual ostenta una doble dimensi\u00f3n: como derecho y como deber. Esto, porque el abogado que se ve obligado a revelar lo que conoce perder\u00e1 la confianza de sus clientes, su prestigio y su fuente de sustento<a name=\"_ftnref85\"><\/a>[85]. La Corte ha establecido que \u201cen el secreto profesional descansa parte muy importante de la confianza que debe surgir y permanecer entre el profesional y su cliente a prop\u00f3sito de los asuntos objeto de su relaci\u00f3n. Mal se podr\u00eda asegurar el \u00e9xito de la gesti\u00f3n confiada a aqu\u00e9l si los temores de quien requiere sus servicios le impiden conocer en su integridad los pormenores de la situaci\u00f3n en que se ocupa\u201d<a name=\"_ftnref86\"><\/a>[86].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"86\">\n<li>Sobre este aspecto, la Corporaci\u00f3n en la Sentencia C-301 de 2012 al estudiar la demanda de inconstitucionalidad contra el literal f) del art\u00edculo 34 (parcial) de la Ley 1123 de 2007<a name=\"_ftnref87\"><\/a>[87], se propuso determinar si la expresi\u00f3n \u201co que tenga necesidad de hacer revelaciones para evitar la comisi\u00f3n de un delito<em>\u201d, <\/em>como causal de exoneraci\u00f3n de la responsabilidad disciplinaria del abogado por la comisi\u00f3n de una falta contra la lealtad del cliente, se encontraba amparada por la Constituci\u00f3n. Al respecto la Sala indic\u00f3 que:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En virtud del secreto profesional un profesional del derecho puede conocer situaciones en las cuales el peligro para el bien jur\u00eddico es actual o inminente como cuando se le revela informaci\u00f3n sobre el paradero de un secuestrado, de un abuso sexual sistem\u00e1tico de un familiar de su cliente o de un atentado inminente, eventos en los cuales la revelaci\u00f3n del secreto puede salvaguardar un bien jur\u00eddico de una agresi\u00f3n actual. As\u00ed mismo, en otras ocasiones, el profesional del derecho es un asesor al cual se le consulta en materia administrativa, tributaria, comercial, aduanera, ambiental o financiera, sobre la posibilidad de realizar una determinada actuaci\u00f3n, casos en los cuales bastar\u00e1 en algunas ocasiones que el profesional del <em>derecho realice todos sus esfuerzos para evitar que su cliente realice en el futuro una conducta punible en estos campos. <\/em>(\u00e9nfasis a\u00f1adido)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"87\">\n<li>As\u00ed las cosas, la Sala reconoci\u00f3 que el ejercicio de la abogac\u00eda reclama el deber de resguardar sigilosamente el secreto profesional. Sin embargo, esta obligaci\u00f3n no es absoluta, porque existen circunstancias en las cuales el deber de reserva puede implicar el sacrificio de bienes jur\u00eddicos de trascendental connotaci\u00f3n. Por ello, la necesidad de hacer revelaciones para evitar la comisi\u00f3n de un delito \u201cconstituye claramente una forma de estado de necesidad y por lo tanto debe considerarse como una alusi\u00f3n a esta causal de exclusi\u00f3n de la responsabilidad realizada en el tipo disciplinario\u201d<a name=\"_ftnref88\"><\/a>[88].<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"88\">\n<li>Por lo tanto, la abogac\u00eda no es una simple actividad profesional. Se trata de un presupuesto indispensable para la realizaci\u00f3n del derecho de defensa y para la vigencia del principio de igualdad de armas en el proceso penal. Por ello, su ejercicio leg\u00edtimo no puede ser objeto de criminalizaci\u00f3n. Los y las abogadas nunca deben ser confundidos con sus clientes. En la esfera de lo p\u00fablico, donde el reproche comunitario por la comisi\u00f3n de comportamientos delictivos en ocasiones excede la esfera personal\u00edsima de los sujetos que han contrariado el derecho, el trabajo del apoderado judicial debe observarse sin condicionamientos, reproches o vinculaciones personales respecto de quienes han contratado sus servicios profesionales. Esa es la garant\u00eda que la Constituci\u00f3n ofrece para quienes desempe\u00f1an con rigor y responsabilidad una profesi\u00f3n que contribuye a la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"89\">\n<li>Sin embargo, para la Sala Plena es razonable afirmar que el ejercicio de la abogac\u00eda, por el impacto que genera en el entorno social, debe estar mediado por el cumplimiento de par\u00e1metros \u00e9ticos y de las obligaciones y los compromisos normativos. Esto significa que, de ning\u00fan modo podr\u00eda aceptarse que la prestaci\u00f3n de los servicios jur\u00eddicos lleve inmersas acciones que ri\u00f1an con los linderos de la ilegalidad.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"90\">\n<li>Los y las abogadas, por virtud del compromiso \u00e9tico que han suscrito con la justicia, deben procurar que todas sus acciones est\u00e9n signadas por el marco normativo y constitucional. Con base en esto, es razonable considerar que, aunque la prestaci\u00f3n de servicios jur\u00eddicos se ejerce con absoluta independencia a los prop\u00f3sitos ilegales de las personas o las organizaciones criminales, los profesionales del derecho deben procurar que sus conocimientos jur\u00eddicos no se constituyan en un canal para la efectividad del crimen o el fortalecimiento de las empresas delincuenciales.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"91\">\n<li>En este sentido, es necesario recordar que el abogado, cuando de manera consciente y voluntaria presta sus conocimientos jur\u00eddicos con la finalidad de fortalecer a las organizaciones criminales, no est\u00e1 ejerciendo una profesi\u00f3n constitucionalmente amparada. Por el contrario, se aparta de ella y abdica contra sus deberes de salvaguarda del ordenamiento normativo. As\u00ed las cosas, para la Sala resulta claro que el profesional del derecho que asesora empresas delincuenciales con el prop\u00f3sito de contribuir a sus planes ilegales no es un tercero ajeno a la estructura; es parte de ella y de tal modo debe ser sancionado. Diversas conductas con una amplia riqueza descriptiva dentro del C\u00f3digo Penal abarcan comportamientos de esta naturaleza y en esa dimensi\u00f3n deben ser interpretadas.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"92\">\n<li>En s\u00edntesis, de acuerdo con el marco hermen\u00e9utico propuesto hasta ahora, al ser el ejercicio del derecho una profesi\u00f3n que contribuye a la realizaci\u00f3n de los fines del Estado y a la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los ciudadanos, aquella debe ser salvaguardada de intromisiones legislativas que de manera desproporcionada pretendan limitar garant\u00edas elementales reconocidas en la Carta, m\u00e1s a\u00fan cuando aquellas son invocadas para desempe\u00f1ar un oficio particularmente t\u00e9cnico y especialmente riguroso.\u00a0 Sin embargo, la conducta del profesional del derecho tendiente a asesorar a grupos delincuenciales organizados para fortalecer la empresa criminal no se encuentra amparada por la Constituci\u00f3n y de tal modo debe reprocharse.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"9\">\n<li><b> <\/b><b><strong>Examen de constitucionalidad de la norma demandada<\/strong><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"93\">\n<li>A partir de las consideraciones generales expuestas en la presente providencia, la Sala Plena evaluar\u00e1 la conformidad de la disposici\u00f3n parcialmente demandada con el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, tal como se plante\u00f3 en el problema jur\u00eddico correspondiente.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"94\">\n<li>El accionante, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, el Semillero de Derecho Penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Externado de Colombia, la Fundaci\u00f3n Jur\u00eddica Proyecto Inocencia y el ciudadano Enrique del R\u00edo Gonz\u00e1lez solicitaron que se declare la inexequibilidad de la expresi\u00f3n demandada, al considerar que vulnera el principio de presunci\u00f3n de inocencia. Coincidieron en se\u00f1alar que la disposici\u00f3n invierte la carga de la prueba en cabeza de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n a quien, como ente acusador, le corresponde acreditar el hecho delictivo y la responsabilidad del acusado m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable. A su juicio, la expresi\u00f3n demandada se convierte en una presunci\u00f3n de culpabilidad en tanto se asume que los honorarios para la defensa t\u00e9cnica podr\u00edan tener un origen il\u00edcito.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"95\">\n<li>Por su parte, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y el Semillero de investigaci\u00f3n en derecho penal econ\u00f3mico de la Pontificia Universidad Javeriana solicitaron que se declare la exequibilidad del aparte acusado. En concreto, consideraron que la norma responde a la lucha contra el crimen organizado y al esfuerzo del Estado, espec\u00edficamente del Legislador, para limitar los efectos nocivos de la acci\u00f3n criminal de los Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"96\">\n<li>Bajo ese panorama, le corresponde a esta Corporaci\u00f3n resolver si la expresi\u00f3n \u201csin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen l\u00edcito de los honorarios\u201d contenida en el art\u00edculo 340A del C\u00f3digo Penal, vulnera el principio de presunci\u00f3n de inocencia como expresi\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"97\">\n<li>Para resolver el problema jur\u00eddico planteado, la Sala<em> (i)<\/em> se referir\u00e1 a la naturaleza jur\u00eddica del delito de asesoramiento a Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados, <em>(ii)<\/em> evaluar\u00e1 la presunta contrariedad de la expresi\u00f3n acusada respecto del est\u00e1ndar constitucional a la presunci\u00f3n de inocencia y <em>(iii) <\/em>revisar\u00e1 si la alegada violaci\u00f3n de la Carta puede predicarse de la totalidad de la premisa cuestionada o \u00fanicamente del apartado que al parecer prescribe una inversi\u00f3n de la carga de la prueba para acceder a la eximente de responsabilidad prevista en el art\u00edculo 340A del CP.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>9.1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><\/b><b><strong>La naturaleza jur\u00eddica del delito de asesoramiento a Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados.<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"98\">\n<li>El tipo penal de asesoramiento a Grupos Delictivos Organizados (GDO) y Grupos Armados Organizados (GAO) fue creado a trav\u00e9s de la Ley 1908 de 2018. Sus elementos definitorios permiten advertir que se trata de <em>(i) <\/em>un delito de sujeto activo indeterminado y peligro abstracto que, seg\u00fan el <em>nomen iuris<\/em> de su ubicaci\u00f3n en el C\u00f3digo Penal afecta el bien jur\u00eddico de la seguridad p\u00fablica; <em>(ii)<\/em> se consuma a trav\u00e9s de tres conductas alternativas: ofrecer, prestar o facilitar; <em>(iii)<\/em> desvalora un objeto inmaterial: los conocimientos jur\u00eddicos, contables, t\u00e9cnicos o cient\u00edficos remunerados o no; y <em>(iv) <\/em>contiene un elemento subjetivo diverso del dolo: servir o contribuir a las finalidades il\u00edcitas de las organizaciones delictivas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"99\">\n<li>Adem\u00e1s, en el inciso segundo, la norma previ\u00f3 que no habr\u00e1 lugar a la configuraci\u00f3n del delito cuando los servicios prestados consistan en el ejercicio de la defensa t\u00e9cnica. En todo caso, el legislador estableci\u00f3 que, para acceder a la eximente de la responsabilidad, era necesario acreditar sumariamente el origen l\u00edcito de los honorarios. Los elementos estructurarles de este tipo penal pueden sintetizarse mejor en el siguiente cuadro:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tabla 2. Estructura t\u00edpica del delito previsto en el art\u00edculo 340A del C\u00f3digo Penal<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" width=\"579\"><b><strong>Art\u00edculo 340A del C\u00f3digo Penal (asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados organizados).<\/strong><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"128\"><b><strong>Sujeto activo<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"451\">El sujeto activo es indeterminado, porque la norma utiliza la expresi\u00f3n \u201cel que\u201d, lo que supone que cualquier persona puede realizar la conducta punible, con independencia de su condici\u00f3n jur\u00eddica.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"128\"><b><strong>Sujeto pasivo<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"451\">El sujeto pasivo es la comunidad en general, titular del bien jur\u00eddico de la seguridad p\u00fablica.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"128\"><b><strong>Verbos rectores<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"451\">Ofrezca, preste o facilite<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"128\"><b><strong>Objeto<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"451\">Conocimientos jur\u00eddicos, contables, t\u00e9cnicos o cient\u00edficos.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"128\"><b><strong>Ingredientes normativos<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"451\">(i) de manera ocasional o permanente;<\/p>\n<p>(ii) remunerados o no.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"128\"><b><strong>Elemento subjetivo diverso<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"451\">Con el prop\u00f3sito de servir o contribuir a los fines il\u00edcitos de Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"128\"><b><strong>Sanci\u00f3n<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"451\">Prisi\u00f3n de seis (6) a diez (10) a\u00f1os e inhabilidad para el ejercicio de la profesi\u00f3n, arte, oficio, industria o comercio por veinte (20) a\u00f1os.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"128\"><b><strong>Excepci\u00f3n o causal de atipicidad<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"451\">No se incurrir\u00e1 en la pena cuando los servicios consistan en la defensa t\u00e9cnica,<b><strong> sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente el origen l\u00edcito de los honorarios<\/strong><\/b>.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"100\">\n<li>Con la tipificaci\u00f3n de esta conducta, se pretendi\u00f3 entre otras cosas, fortalecer la investigaci\u00f3n y la judicializaci\u00f3n de las organizaciones criminales y adoptar medidas para someter a los Grupos Armados y Delictivos Organizados a la justicia<a name=\"_ftnref89\"><\/a>[89].\u00a0 Adem\u00e1s, de la exposici\u00f3n de motivos del proyecto de Ley 198 de 2018 del Senado de la Rep\u00fablica se puede extraer lo siguiente:<\/li>\n<li><em>Primero<\/em>, la finalidad acusada por el legislador estuvo asociada a la evidencia sobre el fortalecimiento de los grupos armados y delincuenciales ilegales por la colaboraci\u00f3n de terceros que contribuyen a la \u201cmaximizaci\u00f3n de las conductas delictivas\u201d <a name=\"_ftnref90\"><\/a>[90]. As\u00ed entonces, como una forma de cumplir con los compromisos internacionales de la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos<a name=\"_ftnref91\"><\/a>[91], surgi\u00f3 la propuesta de crear este tipo penal para que \u201c[s]ancione esa forma de contribuci\u00f3n que actualmente es reiterada\u201d<a name=\"_ftnref92\"><\/a>[92].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"102\">\n<li><em>Segundo<\/em>, sobre la constitucionalidad de la disposici\u00f3n, el legislador previ\u00f3 que aquella planteaba una tensi\u00f3n con los derechos al trabajo y la libertad de profesi\u00f3n u oficio. Por tal raz\u00f3n, indic\u00f3 que la medida persegu\u00eda una finalidad constitucionalmente v\u00e1lida, esto es, \u201c[el] fortalecimiento de la paz y proteger a la sociedad colombiana de la consolidaci\u00f3n y surgimiento de organizaciones criminales\u201d. Adem\u00e1s, refiri\u00f3 que la tipificaci\u00f3n de la conducta es necesaria en tanto facilita la persecuci\u00f3n penal de las personas que contribuyen en la operaci\u00f3n de las organizaciones armadas delictivas. Al respecto, se mencion\u00f3 que aquellos comportamientos no pueden ser subsumidos en la descripci\u00f3n t\u00edpica del concierto para delinquir y que, su judicializaci\u00f3n como meros part\u00edcipes, generaba consecuencias punitivas poco significativas<a name=\"_ftnref93\"><\/a>[93].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"103\">\n<li>Sobre la proporcionalidad en sentido estricto, el legislador expres\u00f3 que la tipificaci\u00f3n de la conducta no limita de manera arbitraria el ejercicio de una profesi\u00f3n. Por el contrario, indic\u00f3 que el desvalor de la acci\u00f3n recae espec\u00edficamente en \u201cservir o contribuir a los fines il\u00edcitos de la organizaci\u00f3n criminal\u201d<a name=\"_ftnref94\"><\/a>[94]. Con ello, refiri\u00f3 que \u201csolo se est\u00e1 exigiendo una base \u00e9tica y de valores constitucionales en el ejercicio de una profesi\u00f3n u oficio\u201d. Asimismo, para justificar la norma, refiri\u00f3 que la Corte en la Sentencia C-657 de 1997 hab\u00eda manifestado que \u201cel legislador bien puede exigir que el ejercicio de los derechos tenga lugar sobre la base de asegurar que se est\u00e1n cumpliendo los deberes y las obligaciones que les son correlativos, siempre que no se afecte de manera injustificada el n\u00facleo esencial de ellos\u201d<a name=\"_ftnref95\"><\/a>[95].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"104\">\n<li><em>Tercero<\/em>, sobre la complementariedad de la medida, se dijo que la norma estaba relacionada con el numeral 3.4 del Acuerdo Final de Paz, en lo relativo a \u201c[las] garant\u00edas de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales, incluyendo sus redes de apoyo\u201d. De este modo, se explic\u00f3 que: \u201c[sin] la existencia de este tipo penal la persecuci\u00f3n de las redes de apoyo de las organizaciones criminales ser\u00eda incompleta, pues tal y como se mencion\u00f3 anteriormente, no todas las acciones delictivas o las maniobras de evasi\u00f3n a la persecuci\u00f3n estatal son responsabilidad de sus miembros y testaferros, sino que tambi\u00e9n participan, sirven y contribuyen a los fines de la organizaci\u00f3n terceras personas a trav\u00e9s de servicios espec\u00edficos\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"105\">\n<li>As\u00ed las cosas, es claro que la criminalizaci\u00f3n de la conducta en menci\u00f3n tiene como elemento fundacional un desvalor de acci\u00f3n por la contribuci\u00f3n que ejercen terceros ajenos a la organizaci\u00f3n criminal, para que esta pueda llevar a cabo su empresa delictiva de forma efectiva. No obstante, en la exposici\u00f3n de motivos que dio lugar a la creaci\u00f3n del tipo penal consagrado en el art\u00edculo 340A del C\u00f3digo Penal, no se realiz\u00f3 ninguna manifestaci\u00f3n en torno a la obligaci\u00f3n de exigir que el defensor debiese acreditar sumariamente el origen l\u00edcito de los honorarios con los que se sufragaron sus servicios a efectos de acceder a la consecuente eximente de responsabilidad<em>.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<ol start=\"106\">\n<li>A pesar de ello, el legislador advirti\u00f3 la evidencia sobre el fortalecimiento de los grupos armados y delincuenciales ilegales por la colaboraci\u00f3n de terceros que a trav\u00e9s de sus conocimientos jur\u00eddicos contribuyen a la \u201cmaximizaci\u00f3n de las conductas delictivas\u201d<a name=\"_ftnref96\"><\/a>[96]. As\u00ed entonces, como un mecanismo para debilitar las estructuras criminales, de cara al cumplimiento de los compromisos internacionales de la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, surgi\u00f3 la propuesta de crear esta disposici\u00f3n para que \u201c[s]ancione esa forma de contribuci\u00f3n que actualmente es reiterada\u201d<a name=\"_ftnref97\"><\/a>[97].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"107\">\n<li>Este instrumento de derecho internacional fue ratificado por Colombia a trav\u00e9s de la Ley 800 de 2003<a name=\"_ftnref98\"><\/a>[98]. En el art\u00edculo primero, la Convenci\u00f3n establece que su objetivo es \u201c[p]romover la cooperaci\u00f3n para prevenir y combatir m\u00e1s eficazmente la delincuencia organizada transnacional\u201d. Igualmente, en el art\u00edculo 5 fij\u00f3 una serie de mandatos para que los Estados parte adopten las medidas legislativas para criminalizar la participaci\u00f3n en grupos delictivos organizados. Entre las conductas por tipificar se encuentra \u201c[l]a organizaci\u00f3n, direcci\u00f3n, ayuda, incitaci\u00f3n, facilitaci\u00f3n o asesoramiento en aras de la comisi\u00f3n de un delito grave que entra\u00f1e la participaci\u00f3n de un grupo delictivo organizado\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"108\">\n<li>Igualmente, el Gobierno Nacional al momento de someter a consideraci\u00f3n del Congreso de la Rep\u00fablica el proyecto de ley que aprobaba la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, reconoci\u00f3 que \u201cen los \u00faltimos a\u00f1os, las organizaciones delictivas, en raz\u00f3n de sus inmensos e ilegales recursos econ\u00f3micos, aumentaron su capacidad delictiva, constituy\u00e9ndose en una amenaza para la Comunidad Internacional y, para las democracias de los diferentes Estados, los cuales cada d\u00eda ven disminuidas sus posibilidades de someter al imperio de la ley a sus integrantes dedicados al delito y a la desestabilizaci\u00f3n institucional\u201d<a name=\"_ftnref99\"><\/a>[99].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"109\">\n<li>Con base en estos supuestos, es evidente que, de cara a los compromisos del Estado colombiano para luchar contra la delincuencia de car\u00e1cter trasnacional, el legislador estableci\u00f3 la obligaci\u00f3n de <em>acreditar sumariamente el origen l\u00edcito de los honorarios <\/em>para que los abogados que ejercen la defensa t\u00e9cnica de los Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados, puedan desligarse de cualquiera de las actividades delictivas de aquellas estructuras, y de paso, evitar que estas accedan a conocimientos jur\u00eddicos para fortalecer sus empresas criminales -so pena de incurrir en el delito previsto en el art\u00edculo 340A del C\u00f3digo Penal-.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>9.2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><\/b><b><strong>La expresi\u00f3n \u201cdeber de acreditar sumariamente el\u201d transgrede el derecho fundamental a la presunci\u00f3n de inocencia<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"110\">\n<li>Es importante recordar que en virtud del derecho a la presunci\u00f3n de inocencia \u201cel acusado no est\u00e1 obligado a presentar prueba alguna que demuestre su inocencia y por el contrario ordena a las autoridades judiciales competentes la demostraci\u00f3n de la culpabilidad del agente, [derecho que] acompa\u00f1a al acusado desde el inicio de la acci\u00f3n penal hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de culpabilidad, y exige para ser desvirtuada la convicci\u00f3n o certeza, m\u00e1s all\u00e1 de una duda razonable, basada en el material probatorio que establezca los elementos del delito y la conexi\u00f3n del mismo con el acusado\u201d<a name=\"_ftnref100\"><\/a>[100].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"111\">\n<li>Como se mencion\u00f3 <em>supra<\/em>, el tipo penal que contiene la expresi\u00f3n demandada es en esencia un delito de peligro abstracto que atenta contra el bien jur\u00eddico de la seguridad p\u00fablica. Ahora bien, la Sala Plena considera que la exigencia de acreditar sumariamente el origen l\u00edcito de los honorarios en los t\u00e9rminos descritos en el art\u00edculo 340A del C\u00f3digo Penal implica una transgresi\u00f3n del derecho fundamental a la presunci\u00f3n de inocencia, por las siguientes razones:<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"112\">\n<li><b><strong><em>Primero<\/em><\/strong><\/b>. Con la tipificaci\u00f3n de la conducta prevista en el art\u00edculo 340A del C\u00f3digo Penal el Legislador pretende, entre otras cosas, que los grupos armados y delincuenciales ilegales se debiliten a trav\u00e9s de la criminalizaci\u00f3n de la colaboraci\u00f3n de terceros que contribuyen a la \u201cmaximizaci\u00f3n de las conductas delictivas\u201d. Seg\u00fan lo expuso el Legislador, el hecho de que ajenos a la organizaci\u00f3n presten sus conocimientos expertos a los fines il\u00edcitos de la empresa criminal, expresa un comportamiento con la capacidad de afectar el bien jur\u00eddico de la seguridad p\u00fablica.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"113\">\n<li>Al respecto, se podr\u00eda advertir que la obligaci\u00f3n de los abogados de demostrar que el pago por sus servicios profesionales no proviene de las actividades il\u00edcitas vinculadas con la empresa delictiva (so pena de incurrir tambi\u00e9n en un comportamiento delictivo), desincentivar\u00eda la prestaci\u00f3n de sus servicios profesionales en favor de la organizaci\u00f3n y debilitar\u00eda su estructura. Asimismo, podr\u00eda sostenerse que, con el prop\u00f3sito de erradicar la empresa criminal o atenuar su fortaleza delictual, ser\u00eda indispensable criminalizar todas las acciones remuneradas con recursos obtenidos con el delito, incluidas las profesiones liberales como la abogac\u00eda, dentro del tr\u00e1mite espec\u00edfico del proceso penal.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"114\">\n<li>Sin embargo, una interpretaci\u00f3n de esa naturaleza es abiertamente incompatible con el est\u00e1ndar constitucional sobre la presunci\u00f3n de inocencia. Es importante recordar que esta prerrogativa se erige como una cautela constitucional contra la arbitrariedad p\u00fablica, que se activa en todos aquellos eventos en los que el Estado pretenda reprochar comportamientos en ejercicio de su facultad sancionadora (<em>ius puniendi<\/em>)<a name=\"_ftnref101\"><\/a>[101]. En el marco de ese ejercicio, el Estado tiene el deber de probar que una persona es responsable de un delito, lo que implica a su vez la prohibici\u00f3n\u00a0<em>prima facie<\/em> de\u00a0\u201cinvertir siquiera parcialmente la carga de la prueba de la responsabilidad\u201d<a name=\"_ftnref102\"><\/a>[102].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"115\">\n<li>Al exigir de manera expresa que se acredite el origen l\u00edcito de los honorarios se rebasa uno de los l\u00edmites del margen de configuraci\u00f3n legislativa en materia penal relacionado con el r\u00e9gimen probatorio. En el proceso penal se parte de la convicci\u00f3n racional de que al ente acusador le corresponde la acreditaci\u00f3n exclusiva de la responsabilidad penal del acusado m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable. Una interpretaci\u00f3n en contrario, respecto de la lectura completa del art\u00edculo 340A del C\u00f3digo Penal, conduce a un prejuzgamiento por la naturaleza de la defensa que ejerce el abogado, que contiene de manera injustificada la inversi\u00f3n de la carga de la prueba. En otras palabras, se acepta que no se incurre en el delito previsto en el art\u00edculo 340A del C\u00f3digo Penal cuando los servicios consistan en la defensa t\u00e9cnica, pero se exige probar el origen l\u00edcito de los honorarios porque se asume que, ante el tipo penal de asesoramiento, los recursos a trav\u00e9s de los cuales se pagan los servicios profesionales podr\u00edan no tener una fuente legal.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"116\">\n<li>A juicio de la Corte esta carga desconoce el derecho a ser tratado como inocente por las autoridades p\u00fablicas y los particulares, hasta que exista una sentencia condenatoria en firme que establezca lo contrario. La Sala Plena reitera que se vulnera el derecho al debido proceso cuando la regla procesal es excesiva frente al resultado que se pretende obtener con su utilizaci\u00f3n<a name=\"_ftnref103\"><\/a>[103]. Como se explic\u00f3 en ac\u00e1pites anteriores, para contribuir a los prop\u00f3sitos demostrativos de la responsabilidad en cada una de las etapas procesales, el Legislador estableci\u00f3 una serie de est\u00e1ndares de conocimiento, entre estos, la probabilidad de la verdad como criterio necesario para formular la acusaci\u00f3n. Tal convencimiento no existir\u00e1 si el ente acusador no cuenta con elementos de juicio suficientes para afirmar que la conducta investigada existi\u00f3 y que el ciudadano es su autor o part\u00edcipe.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"117\">\n<li>De cualquier forma, para la Corte es razonable afirmar que, en un caso de esta naturaleza, la exigencia de acreditar el origen l\u00edcito de los honorarios, aunque sea sumariamente, supone una inversi\u00f3n de la carga de prueba incompatible con el est\u00e1ndar constitucional de la presunci\u00f3n de inocencia. Para decirlo en simples palabras: el acusado nunca tendr\u00e1 que probar que no ha cometido un delito; por el contrario, a aquel deber\u00e1n demostrarle m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable que existi\u00f3 un hecho criminal del cual es responsable. Con ello, no solo se respeta el derecho fundamental al debido proceso del ciudadano sometido al proceso penal. Tambi\u00e9n, se le exige al Estado que despliegue un ejercicio serio, cuidadoso y responsable para atacar la presunci\u00f3n de inocencia en cumplimiento de sus deberes constitucionales.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"118\">\n<li>Bajo ese entendimiento, para la Corte es claro que el concepto de bien jur\u00eddico sigue cumpliendo una funci\u00f3n limitadora del ejercicio del poder punitivo del Estado. De esta forma, por virtud del principio de lesividad, el legislador a pesar de contar con un amplio margen de configuraci\u00f3n solo puede criminalizar ataques directos contra el objeto de la tutela jur\u00eddico penal. Por este motivo, al exigir al abogado defensor acreditar sumariamente el origen l\u00edcito de los honorarios, incurri\u00f3 en la prohibici\u00f3n de exceso. Lo anterior, porque extendi\u00f3 el alcance del poder punitivo del Estado hacia un comportamiento que en esencia es l\u00edcito, se encuentra amparado por la Constituci\u00f3n y no comunica mayor afectaci\u00f3n para el objeto de la tutela jur\u00eddico penal, en este caso la seguridad p\u00fablica.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"119\">\n<li><b><strong><em>Segundo<\/em><\/strong><\/b>. Vale la pena recordar los principios b\u00e1sicos sobre la funci\u00f3n de los abogados, aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevenci\u00f3n del delito y Tratamiento del delincuente. All\u00ed se estableci\u00f3 el deber del Estado de garantizar que los abogados puedan desempe\u00f1ar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obst\u00e1culos, acosos o interferencias indebidas; y que no ser\u00e1n identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempe\u00f1o de sus funciones. Esto es relevante porque, como se expuso previamente, la exigencia prevista en la norma demandada conduce indudablemente a identificar el ejercicio de la abogac\u00eda con la naturaleza de la conducta que se investiga.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"120\">\n<li>La pregunta acerca de cu\u00e1l es el papel que cumple el abogado defensor en la protecci\u00f3n de los derechos del ciudadano sometido al ejercicio del poder punitivo no es un asunto menor. La figura del defensor, cuyo origen podr\u00eda remontarse hasta las primeras civilizaciones de la humanidad<a name=\"_ftnref104\"><\/a>[104], ha cumplido un prop\u00f3sito determinante para la consolidaci\u00f3n del Estado y la democracia: abogar por los derechos del ciudadano a quien se le acusa por la violaci\u00f3n de la ley. Bajo este criterio, en la defensa de la libertad y el amparo de la justicia, descansa la superposici\u00f3n de las expectativas comunitarias y la eficacia de las garant\u00edas fundamentales.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"121\">\n<li>El proceso penal, por regla general, es impensable sin la figura del defensor. Sin su presencia, el procesado, adem\u00e1s de quedar limitado para reclamar sus derechos fundamentales, enfrentar\u00eda una suerte de desequilibro para oponerse a la fortaleza con la que el Estado ejerce su poder punitivo. En ese sentido, la Corte ha manifestado que \u201c[no] cabe duda de que el Constituyente con el fin de asegurar la garant\u00eda del debido proceso expresamente se\u00f1al\u00f3 la necesidad, salvo las excepciones legales, de concurrir al proceso judicial como parte procesal con el patrocinio o la asistencia de abogado, como se deduce de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica y unitaria de las disposiciones contenidas en los art\u00edculos 26, 29, 95-7 y 229 de la Constituci\u00f3n\u201d<a name=\"_ftnref105\"><\/a>[105].<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"122\">\n<li>Del mismo modo, reconoci\u00f3 en lo relativo al derecho a la defensa t\u00e9cnica, desempe\u00f1ada por un profesional del derecho con conocimientos especializados \u201ctiene a su cargo el ejercicio de las diferentes herramientas procesales defensivas, tales como la presentaci\u00f3n de las pruebas, la controversia de las que presente la contraparte, y la impugnaci\u00f3n de las decisiones, entre otras. Este derecho se materializa, en verdadera forma, cuando el abogado ejerce su rol con responsabilidad y diligencia\u201d<a name=\"_ftnref106\"><\/a>[106].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"123\">\n<li>Igualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Sentencia Gir\u00f3n y otro vs Guatemala (2019), record\u00f3 que \u201c[un] abogado, [\u2026] puede realizar, <em>inter alia<\/em>, un control cr\u00edtico y de legalidad en la producci\u00f3n de pruebas y puede compensar adecuadamente la situaci\u00f3n de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad en relaci\u00f3n con el acceso efectivo a la justicia en t\u00e9rminos igualitarios\u201d<a name=\"_ftnref107\"><\/a>[107]. En este sentido, a pesar de que la figura del defensor ha sido instrumentalizada en raz\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales del ciudadano sometido al proceso penal, para la Corte, quienes ejercen la asistencia jur\u00eddica letrada y responsable son verdaderos aliados de la Constituci\u00f3n en la protecci\u00f3n del orden justo y democr\u00e1tico.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"124\">\n<li>Desde el punto de vista dogm\u00e1tico, la defensa t\u00e9cnica leg\u00edtima nunca debe ser criminalizada. Con base en la lectura integral del art\u00edculo 340A del C\u00f3digo Penal se advierte que el tipo penal exige un elemento subjetivo espec\u00edfico diverso del dolo: el prop\u00f3sito de servir o contribuir a los fines il\u00edcitos de la organizaci\u00f3n criminal. As\u00ed las cosas, un abogado que act\u00faa dentro del marco de la legalidad, orientado a garantizar derechos fundamentales en el proceso penal, no persigue la realizaci\u00f3n de los fines il\u00edcitos del grupo, sino el cumplimiento de una funci\u00f3n constitucionalmente protegida.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"125\">\n<li>Si, por el contrario, el profesional asume un rol funcional dentro de la estructura criminal y orienta su conducta a fortalecerla o facilitar sus actividades il\u00edcitas, la responsabilidad penal no deriva del ejercicio de la defensa, sino de su participaci\u00f3n en la empresa delictiva. Sobre este \u00faltimo aspecto, es necesario que la Corte reconozca que la conducta que despliega el abogado para contribuir al fortalecimiento de las estructuras delictivas implica una contradicci\u00f3n material entre el imperativo \u00e9tico de salvaguarda del ordenamiento jur\u00eddico y una acci\u00f3n criminal tendiente a transgredirlo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"126\">\n<li>Por este motivo, para la Corte tambi\u00e9n es claro que la defensa t\u00e9cnica como una prestaci\u00f3n de car\u00e1cter intelectual que contribuye a la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los ciudadanos sometidos al proceso penal, al ser criminalizada, no erradica la problem\u00e1tica social en torno al fortalecimiento de las estructuras delincuenciales al margen de la ley. Por el contrario, el legislador al fijar la obligaci\u00f3n de acreditar sumariamente el origen l\u00edcito de los dineros con los cuales se retribuyen los servicios de esta naturaleza estigmatiza el ejercicio de una actividad que se desempe\u00f1a con independencia a los fines delincuenciales de los grupos armados y organizados ilegales.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"127\">\n<li>En s\u00edntesis, lo que resulta claro es que el objeto principal del reproche constitucional nace de la conducta del abogado que, a trav\u00e9s de la prestaci\u00f3n intelectual, contribuye al fortalecimiento de la estructura criminal, a saber, ordenar plataformas para lavar activos, facilitar tr\u00e1mites documentales para conseguir armas, elaborar documentos fraudulentos, entre otros.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"128\">\n<li><b><strong><em>Tercero<\/em><\/strong><\/b>. Esta Corporaci\u00f3n se ha pronunciado sobre disposiciones de similar naturaleza a la que ahora se analiza. En la Sentencia C-205 de 2003 conoci\u00f3 de la demanda de inconstitucionalidad en contra del art\u00edculo 1 de la Ley 738 de 2002 a trav\u00e9s de la cual se adicion\u00f3 el art\u00edculo 447\u00aa del C\u00f3digo Penal<a name=\"_ftnref108\"><\/a>[108].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"129\">\n<li>A juicio de la demandante, la norma acusada violaba el art\u00edculo 29 de la Carta en relaci\u00f3n con la garant\u00eda fundamental a la presunci\u00f3n de inocencia. Advirti\u00f3 que el precepto obligaba a que el procesado demostrara la procedencia l\u00edcita de las autopartes usadas de los veh\u00edculos automotores, invirtiendo la carga de la prueba de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n quien, por mandato constitucional, estaba obligaba a demostrar la existencia del hecho delictivo y la responsabilidad penal del acusado m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"130\">\n<li>La Corte reiter\u00f3 que el legislador penal solo debe tipificar conductas delictivas que tengan la vocaci\u00f3n de afectar un bien jur\u00eddico penalmente relevante. Por ello, en relaci\u00f3n con el delito establecido en el art\u00edculo 447\u00aa del C\u00f3digo Penal, afirm\u00f3 que \u201cse desconoci\u00f3 [\u2026] el principio de lesividad, en la medida que la norma qued\u00f3 estructurada de manera tal que carece de un bien jur\u00eddico cuya tutela se justifique\u201d. Se\u00f1al\u00f3 que \u201cno se consideran como bienes jur\u00eddicos, objeto de tutela penal, las conminaciones arbitrarias, las finalidades puramente ideol\u00f3gicas, las meras inmoralidades, y por supuesto, <em>el ejercicio de una actividad constitucionalmente v\u00e1lida<\/em>\u201d (\u00e9nfasis a\u00f1adido).<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<ol start=\"131\">\n<li>La Sala Plena advirti\u00f3 que el legislador debe respetar el criterio de idoneidad cuando pretenda la restricci\u00f3n de los derechos fundamentales a trav\u00e9s de la criminalizaci\u00f3n de conductas. Lo anterior, porque \u201clos tipos penales deben ser considerados desde la perspectiva de su funcionalidad, esto es, <em>desde el punto de vista de los fines que persiguen<\/em>\u201d. Con base en este presupuesto, refiri\u00f3 que:<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p>\u201cSin lugar a dudas, el tipo penal recogido en el art\u00edculo 447\u00aa del nuevo C.P., consistente en comerciar con autopartes usadas de veh\u00edculos automotores y no demostrar la procedencia l\u00edcita de las mismas est\u00e1 instaurando una presunci\u00f3n de culpabilidad, la cual, a no dudarlo, resulta ser contraria a la Constituci\u00f3n y a diversos textos internacionales de derechos humanos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En efecto, el legislador est\u00e1 descargando al Estado de su deber constitucional de desvirtuar la presunci\u00f3n de inocencia que favorece al sindicado, al haber operado, desde la estructuraci\u00f3n misma del tipo penal, una inversi\u00f3n de la carga de la prueba en detrimento de los derechos del acusado, a quien <em>ab initio<\/em> se le presume su responsabilidad, lo que implica que puede abr\u00edrsele investigaci\u00f3n, dictarle medida de aseguramiento o incluso resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n, pues aqu\u00e9lla s\u00f3lo se desvirt\u00faa si logra demostrar la procedencia l\u00edcita de las autopartes usadas de veh\u00edculos automotores con las que comercia. De tal manera se contrar\u00eda el postulado consagrado en nuestro ordenamiento constitucional, seg\u00fan el cual est\u00e1 proscrita la obligaci\u00f3n del sindicado de demostrar su inocencia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>No se est\u00e1, en consecuencia, ante un mero problema de orden procesal sino sustancial, en la medida en que desde el momento mismo en que el legislador estructur\u00f3 el tipo penal invirti\u00f3 la carga de la prueba en desmedro del acusado\u201d<a name=\"_ftnref109\"><\/a>[109].<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"132\">\n<li>Por las razones expuestas la Corte declar\u00f3 la inexequibilidad de la disposici\u00f3n acusada. Asimismo, indic\u00f3 que aquella conducta criminal puede ser sancionada a trav\u00e9s del delito de receptaci\u00f3n fijado en el art\u00edculo 477 del C\u00f3digo Penal \u201ca\u00fan con las dificultades probatorias que ello pueda conllevar las cuales el Estado puede sortear empleando las herramientas jur\u00eddicas existentes\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>9.3.\u00a0 El alcance de la inconstitucionalidad identificada<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"133\">\n<li>Conforme lo expuesto, para la Sala Plena la obligaci\u00f3n de acreditar sumariamente el origen l\u00edcito de los honorarios con la finalidad de que el procesado acceda a la eximente de responsabilidad prevista en el art\u00edculo 340A del CP es contraria al mandato constitucional de presunci\u00f3n de inocencia. Sin embargo, las consecuencias normativas que se derivan de aquella disposici\u00f3n no implican que toda la expresi\u00f3n acusada sea contraria a la Constituci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"134\">\n<li>Al respecto, f\u00edjese que la expresi\u00f3n demandada contiene dos enunciados independientes que generan consecuencias dis\u00edmiles de cara al est\u00e1ndar constitucional contrastado. La primera, es el deber de aportar los medios de prueba para demostrar la atipicidad de la conducta; la segunda, el contenido del medio de prueba de cara al desvalor de acci\u00f3n previsto por el legislador: la fuente l\u00edcita de los honorarios con los cuales se sufragan los honorarios por el ejercicio de la defensa t\u00e9cnica.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"135\">\n<li>Esta diferenciaci\u00f3n es relevante. Con base en ella, la Corte pretende emitir un pronunciamiento que no haga inocua la aplicaci\u00f3n de un tipo penal que contiene una pretensi\u00f3n punitiva aparentemente v\u00e1lida: debilitar los grupos armados y delincuenciales ilegales por la colaboraci\u00f3n de terceros que a trav\u00e9s de sus conocimientos jur\u00eddicos contribuyen a la maximizaci\u00f3n de las conductas delictivas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"136\">\n<li>La incompatibilidad que se evidencia de la expresi\u00f3n demandada respecto de la garant\u00eda constitucional a la presunci\u00f3n de inocencia se predica del deber de acreditaci\u00f3n impuesto por el legislador, mas no de la exigencia sobre el origen l\u00edcito de los honorarios. En otras palabras, lo que resulta contrario a la Constituci\u00f3n es la inversi\u00f3n de la carga de la prueba que debe asumir quien ejerce la defensa t\u00e9cnica de cara a la aplicaci\u00f3n de la eximente de responsabilidad prevista en el tipo. Esto significa que, la premisa que resulta contraria a la Carta es la que prescribe el \u201cdeber de acreditar sumariamente el\u201d, sin que pueda indicarse de lo mismo del enunciado restante \u201csin perjuicio del origen l\u00edcito de los honorarios\u201d <a name=\"_ftnref110\"><\/a>[110].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"137\">\n<li>La anterior f\u00f3rmula permite que la Sala Plena erradique la problem\u00e1tica derivada del supuesto demandado espec\u00edficamente por el cargo admitido, esto es, la transgresi\u00f3n de la garant\u00eda constitucional a la presunci\u00f3n de inocencia. Sin embargo, tambi\u00e9n habilita que la norma siga cumpliendo la finalidad constitucional alegada por el legislador para tipificar una conducta de esta naturaleza, de cara a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado para sancionar una espec\u00edfica forma de contribuci\u00f3n a los fines il\u00edcitos de los Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"138\">\n<li>Lo anterior, significa simplemente que de cara a la valoraci\u00f3n t\u00edpica del delito previsto en el art\u00edculo 340A del C\u00f3digo Penal, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n como titular del ejercicio de la acci\u00f3n penal es quien debe acreditar que los dineros con los cuales se sufragan los honorarios por la defensa t\u00e9cnica tienen un origen il\u00edcito. No as\u00ed que, con la finalidad de exonerarse de la responsabilidad, sea el procesado quien deba probar que aquellos recursos tienen una procedencia l\u00edcita.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"139\">\n<li>En s\u00edntesis, por las razones expuestas, la Corte concluye que la expresi\u00f3n \u201cdeber de acreditar sumariamente el\u201d prevista en el art\u00edculo 340A del C\u00f3digo Penal, transgrede el mandato fundamental sobre la presunci\u00f3n de inocencia previsto en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual, declarar\u00e1 que este es inexequible. A pesar de ello, es relevante aclarar que la declaratoria de inexequibilidad del aparte cuestionado no implica que la situaci\u00f3n que se pretende cobijar por el legislador -perseguir penalmente a quien preste asesoramiento jur\u00eddico a Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados- y reciba como honorarios dinero il\u00edcito pierda su finalidad. En efecto, lo que para la Corte resulta inadmisible es que la criminalizaci\u00f3n de conductas de esta naturaleza signifique la inversi\u00f3n de la carga de la prueba, que por virtud del mandato constitucional le pertenece siempre al Estado.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>III. <\/strong><\/b><b><strong>\u00a0DECISI\u00d3N<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la Rep\u00fablica de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n,<\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>RESUELVE<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00daNICO. <\/strong><\/b>Declarar\u00a0<b><strong>INEXEQUIBLE<\/strong><\/b> la expresi\u00f3n \u201c<em>deber de acreditar sumariamente el\u201d, <\/em>contenida en el art\u00edculo 6 (parcial) de la Ley 1908 de 2018, \u201cpor medio de la cual se fortalecen la investigaci\u00f3n y judicializaci\u00f3n de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeci\u00f3n a la justicia y se dictan otras disposiciones\u201d, por las razones expuestas en el cuerpo de la providencia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Notif\u00edquese, comun\u00edquese y c\u00famplase,<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA<\/p>\n<p>Presidenta<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>NATALIA \u00c1NGEL CABO<\/p>\n<p>Magistrada<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>CARLOS CAMARGO ASSIS<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>Con aclaraci\u00f3n de voto<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO\u00d1O<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>JUAN CARLOS CORT\u00c9S GONZ\u00c1LEZ<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>LINA MARCELA ESCOBAR MART\u00cdNEZ<\/p>\n<p>Magistrada<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>VLADIMIR FERN\u00c1NDEZ ANDRADE<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>JORGE ENRIQUE IB\u00c1\u00d1EZ NAJAR<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>Con aclaraci\u00f3n de voto<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>MIGUEL POLO ROSERO<\/p>\n<p>Magistrado<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ<\/p>\n<p>Secretaria General<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>D-16487<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>ANEXO I. INTERVENCIONES<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<table width=\"671\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"114\"><b><strong>Semillero de Investigaci\u00f3n en Derecho Penal Econ\u00f3mico de la Pontificia Universidad Javeriana<a name=\"_ftnref111\"><\/a>[111]<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"86\"><b><strong><em>Exequible<\/em><\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"470\">Manifest\u00f3 estar de acuerdo con los argumentos de la Corte Constitucional en su auto inadmisorio de la demanda, al establecer que el cargo carece de certeza, ya que la disposici\u00f3n acusada \u201cno exige probar la propia inocencia &#8211; del abogado defensor -, sino que estipula una causal de atipicidad penal\u201d. Asimismo, indic\u00f3 que el art\u00edculo 6 de la ley 1908 del 2018, no vulnera el derecho al debido proceso ni el derecho a la defensa, y est\u00e1 plenamente ajustado a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia. Del mismo modo, refiri\u00f3 que la inconstitucionalidad no debe basarse en casos hipot\u00e9ticos, sino en situaciones concretas que puedan evidenciarla.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Indic\u00f3 que la norma demandada le da una oportunidad a quienes asesoran a personas presuntamente vinculadas a grupos criminales organizados, para presentar la licitud de sus ingresos, disponiendo adem\u00e1s de una excepci\u00f3n expl\u00edcita sobre la defensa t\u00e9cnica, sin invertir por ello la carga probatoria y respetando la presunci\u00f3n de inocencia. Tambi\u00e9n, que aquella es acorde con la jurisprudencia constitucional donde se ha validado la tipificaci\u00f3n de actos preparatorios contra organizaciones criminales, siempre y cuando se preserve la presunci\u00f3n de inocencia como en este caso.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"114\"><b><strong>Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n<a name=\"_ftnref112\"><\/a>[112]<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"86\"><b><strong><em>Exequible<\/em><\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"470\">Para el ente investigador y acusador no es cierto que la norma demandada vulnere la presunci\u00f3n de inocencia en materia penal como presupuesto del derecho al debido proceso. Y no lo es porque existen al menos dos argumentos que demuestran que esa obligaci\u00f3n a cargo de los abogados defensores no vulnera el n\u00facleo normativo del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Refiri\u00f3 que el deber de acreditar el origen il\u00edcito de los honorarios en este contexto no est\u00e1 limitando el acceso a la justicia, ni la protecci\u00f3n de intereses leg\u00edtimos, ni mucho menos la posibilidad de obtener una resoluci\u00f3n de fondo a las pretensiones de cada caso. Solamente que se est\u00e1 siendo coherente con una pol\u00edtica de Estado de adoptar las acciones necesarias para combatir eficazmente a las organizaciones y grupos delictivos en Colombia que tanto da\u00f1o han ocasionado a la sociedad, lo cual incluye los beneficios econ\u00f3micos que se producen como resultado de esa actividad il\u00edcita.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Del mismo modo, estima que en este caso concreto el aparte demandado no es inconstitucional, b\u00e1sicamente porque para poder alegar una violaci\u00f3n al principio de presunci\u00f3n de inocencia, y por ende al debido proceso, es fundamental que exista una actuaci\u00f3n judicial en curso. Solamente en ese escenario es factible que la administraci\u00f3n de justicia disponga acciones que lleguen a conculcar estas garant\u00edas constitucionales, de otro modo, estar\u00edamos ante supuestos de hecho que no son suficientes para materializar una afectaci\u00f3n real al n\u00facleo esencial de la presunci\u00f3n de inocencia y debido proceso. La norma acusada no obedece a una estigmatizaci\u00f3n o inversi\u00f3n de la carga de la prueba, pues como se anot\u00f3 antes, esa situaci\u00f3n solo podr\u00eda ocurrir en el marco de una actuaci\u00f3n penal concreta. Aqu\u00ed se trata de una previsi\u00f3n del legislador en el sentido de buscar garantizar que, en el contexto de fen\u00f3menos criminales de significativo impacto, no se extiendan los efectos de ciertos delitos y el producto il\u00edcito de los mismos a la colectividad misma.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Advirti\u00f3 que ser\u00eda muy preocupante para la sociedad que el legislador no procurara regular de alg\u00fan modo los beneficios de quienes cometen delitos tan relevantes como los grupos delictivos organizados y los grupos armados organizados, entre ellos, secuestro, extorsi\u00f3n, lavado de activos, delitos sexuales, entre otros. Parte de esos beneficios con dineros il\u00edcitos pueden extenderse a la obtenci\u00f3n de los servicios profesionales de abogados para su defensa t\u00e9cnica en procesos penales, lo cual de modo alguna leg\u00edtima esos dineros o beneficios econ\u00f3micos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El ente investigador y acusador est\u00e1 convencido que para hacer efectiva la garant\u00eda constitucional del derecho a la defensa no es l\u00f3gico que se desechen acciones encaminadas a evitar que el producto il\u00edcito de grupos delictivos organizados se extienda a otros escenarios como el acceso a la defensa t\u00e9cnica en actuaciones penales por parte de sus integrantes. Este asunto no se puede ver de manera aislada como un acto atentatorio contra los abogados defensores y sus clientes, sino que debe entenderse como un esfuerzo del Estado, y espec\u00edficamente del legislador, para tratar de limitar los efectos nocivos en la sociedad de la acci\u00f3n criminal de los grupos delictivos organizados y grupos armados organizados.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Finalmente, refiri\u00f3 que en el marco de la confianza que debe existir entre cliente y defensor, no es una tarea imposible que se pueda demostrar el origen l\u00edcito de los honorarios para la defensa t\u00e9cnica y con ello dar cumplimiento a un valor fundamental contenido en la Constituci\u00f3n como lo es la correcta administraci\u00f3n de justicia y el respeto por el ordenamiento jur\u00eddico que propende por evitar y sancionar todas las acciones que revistan las caracter\u00edsticas de delito.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"114\"><b><strong>Ministerio de Justicia y del Derecho<a name=\"_ftnref113\"><\/a>[113]<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"86\"><b><strong><em>Exequible<\/em><\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"470\">Puso de presente la existencia de una demanda previa sobre la misma norma (expedientes D-13167 y D-13169 AC) radicada por el mismo accionante y que fue rechazada mediante auto de 21 de mayo de 2019. La finalidad de la norma acusada fue que: \u201cParte del problema actual en materia de lucha contra el crimen organizado radica en la compleja red que integran sus miembros, testaferros y colaboradores, a fin de ocultar y maximizar los efectos de sus conductas delictivas. Con todo, se pudo identificar que no solo los sujetos activos asociados a estas estructuras criminales participan o se benefician de la comisi\u00f3n de m\u00faltiples delitos, tambi\u00e9n lo hacen terceros que a trav\u00e9s de su profesi\u00f3n, arte u oficio, tienen el prop\u00f3sito de servir o contribuir a los fines il\u00edcitos de estas organizaciones\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Manifest\u00f3 que el alcance normativo de la expresi\u00f3n acusada solo se puede clarificar partiendo de una lectura literal de todo el art\u00edculo 340A del C\u00f3digo Penal que, a continuaci\u00f3n, a la luz del principio de supremac\u00eda constitucional, revela el sentido v\u00e1lido que tienen las palabras que la integran.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El inciso primero -que no est\u00e1 acusado- re\u00fane todos los elementos propios que, de acuerdo con la reiterada doctrina constitucional, deben contener los tipos penales. As\u00ed pues, (i) se identifica el sujeto activo indeterminado pero determinable, (ii) se ven claramente los verbos rectores, (iii) que permiten identificar de forma clara e inequ\u00edvoca la conducta t\u00edpica sancionable; (iv) se incluye un ingrediente subjetivo esencial de la conducta y; (v) se establecen las consecuencias penales aplicables. Igualmente, (vi) existe correlaci\u00f3n entre la conducta y la sanci\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Por su parte, pero complementariamente, en el inciso segundo, se observa que el Legislador introdujo -en coherencia con lo establecido sobre intencionalidad en el art\u00edculo 5\u00b0 de la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional-, una causal espec\u00edfica de exoneraci\u00f3n de punibilidad, que opera sin perjuicio de (dejando a salvo), un deber a cargo del sujeto activo: acreditar sumariamente algo, espec\u00edficamente, el origen licito de los honorarios que recibe para el ejercicio de la defensa t\u00e9cnica. As\u00ed entonces, una lectura completa del art\u00edculo conlleva que, aquel sujeto cuya conducta se encuadre en la taxativamente establecida en el tipo descrito en el inciso primero del art\u00edculo 340A (P. ej., ofreciendo, prestando o facilitando conocimientos jur\u00eddicos), esto es, incluyendo tanto el ingrediente objetivo como el subjetivo, no incurrir\u00e1 en la pena prevista cuando ejerza la defensa t\u00e9cnica de GDO o GAO acreditando sumariamente -esto es, evidenciado de forma breve no exhaustiva y sin la rigurosidad de una plena prueba, \u201cel origen l\u00edcito de los honorarios\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Asimismo, refiri\u00f3 que la conducta tipificada en el inciso primero del art\u00edculo 340A del C\u00f3digo Penal est\u00e1 taxativamente definida y exige la concurrencia de un componente subjetivo espec\u00edfico, \u201cel prop\u00f3sito de servir o contribuir a los fines il\u00edcitos\u201d de los GDO o los GAO. A su juicio, la defensa t\u00e9cnica -entendida como una forma de asesor\u00eda jur\u00eddica- que prestan los abogados a los GDO o los GAO, solo es t\u00edpica y eventualmente punible, cuando se prueba la presencia del ingrediente subjetivo del tipo, esto es, cuando se \u201cofrezca, preste o facilite\u2026con el prop\u00f3sito de servir a los fines il\u00edcitos\u201d de esos grupos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>A partir de esta lectura integral, se puede argumentar que el sujeto potencial de esta espec\u00edfica causal de exoneraci\u00f3n de punibilidad no es todo abogado o abogada que de forma leg\u00edtima preste el servicio de defensa t\u00e9cnica de los miembros de los GDO o los GAO sin tener con ello el prop\u00f3sito de contribuir a los fines il\u00edcitos de \u00e9stos. Entonces, el \u00fanico sujeto posible que puede tener, a partir del principio de taxatividad, es el abogado o abogada que preste el servicio de defensa t\u00e9cnica de los miembros de los GDO o los GAO, teniendo el prop\u00f3sito, probado, de contribuir a los fines il\u00edcitos de \u00e9stos.<\/p>\n<p>Refiri\u00f3 que el inciso segundo aclara su sentido normativo taxativo si se lee con cuidado y en contexto con el inciso primero, especialmente la redacci\u00f3n que incorpora el ingrediente subjetivo del tipo. De esta forma, se tiene entonces que, la pena prevista para las conductas taxativamente tipificadas en el inciso primero del art\u00edculo 340A del C\u00f3digo Penal no se aplicar\u00e1 a los sujetos que incurran en la conducta t\u00edpica, con el prop\u00f3sito demostrado judicialmente de contribuir a los fines il\u00edcitos de los GDO o los GAO, cuando (i) est\u00e9n prestando un servicio de defensa t\u00e9cnica y (ii) acrediten sumariamente que los honorarios que eventualmente reciban por ello, sean de origen l\u00edcito. Por otra parte, la pena prevista para las conductas taxativamente tipificadas en el inciso primero del art\u00edculo 340A del C\u00f3digo Penal nunca se podr\u00e1 aplicar a los sujetos que, sin el prop\u00f3sito de contribuir a los fines il\u00edcitos de los GDO o los GAO, incurran en la conducta descrita, independientemente de que (i) est\u00e9n prestando un servicio de defensa t\u00e9cnica y (ii) acrediten, sumariamente o no, que los honorarios que eventualmente reciban por ello, son de origen l\u00edcito.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"114\"><b><strong>Universidad Externado de Colombia<a name=\"_ftnref114\"><\/a>[114]<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"86\"><b><strong><em>Inexequible<\/em><\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"470\">Expuso que la obligaci\u00f3n impuesta al abogado de acreditar el origen l\u00edcito de sus honorarios puede erigirse como un obst\u00e1culo significativo al ejercicio pleno y aut\u00f3nomo de la defensa penal. Esta carga probatoria, ajena a la defensa sustancial de su representado, podr\u00eda desviar la atenci\u00f3n y los recursos del profesional del derecho, quien, adem\u00e1s de preparar la defensa de su cliente, deber\u00eda ocuparse de construir una defensa propia respecto a la licitud de sus ingresos para evitar una posible incriminaci\u00f3n. Explic\u00f3 que, tal como lo ha se\u00f1alado la Corte Constitucional en otros contextos, si al abogado se le imponen trabas que le impiden cumplir cabalmente con su encargo, se vulnera no solo el derecho a la defensa t\u00e9cnica del sindicado, sino tambi\u00e9n el derecho al trabajo del profesional. La imposici\u00f3n de esta carga podr\u00eda interpretarse como una interferencia indebida en la autonom\u00eda del abogado, limitando su capacidad para ejercer la profesi\u00f3n libre de presiones que no se relacionan directamente con la \u00e9tica y la legalidad de su estrategia defensiva.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Finalmente, la exigencia analizada tiene el potencial de generar un efecto disuasorio, inhibitorio o estigmatizante que afecte el acceso real a una defensa penal efectiva. La Corte Constitucional ha reconocido el concepto de &#8220;chilling effect&#8221; o &#8220;efecto paralizador&#8221;, se\u00f1alando que sanciones desproporcionadas o exigencias gravosas pueden generar autocensura o inhibici\u00f3n en el ejercicio de derechos. En este caso, los abogados podr\u00edan sentirse intimidados o reacios a asumir la defensa de personas procesadas por delitos relacionados con la criminalidad organizada, ante el temor de no poder satisfacer esta carga probatoria sobre sus honorarios o de ser estigmatizados y sometidos ellos mismos a investigaciones. Esto podr\u00eda llevar a una situaci\u00f3n en la que ciertos procesados vean limitado su derecho a elegir un defensor de confianza o, incluso, a contar con una defensa t\u00e9cnica adecuada, lo cual contraviene la garant\u00eda de asistencia letrada en condiciones de igualdad frente a la acusaci\u00f3n. Esta exigencia podr\u00eda interpretarse como una forma de prejuzgamiento sobre la labor de los abogados que asumen este tipo de casos, afectando la percepci\u00f3n p\u00fablica de su rol y la necesaria independencia para el ejercicio de la defensa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Indic\u00f3 que la imposici\u00f3n al defensor penal del deber de acreditar sumariamente el origen l\u00edcito de sus honorarios, como condici\u00f3n para que su labor no sea considerada delictiva, no resulta compatible con los est\u00e1ndares constitucionales e interamericanos del debido proceso penal y la defensa t\u00e9cnica. Esta exigencia puede menoscabar la autonom\u00eda del abogado, interferir con el ejercicio pleno de la defensa, poner en riesgo la confidencialidad inherente a la relaci\u00f3n abogado-cliente y al secreto profesional, y generar un efecto inhibitorio que limite el acceso a una defensa efectiva, especialmente en casos complejos relacionados con la criminalidad organizada.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La disposici\u00f3n acusada introduce una inversi\u00f3n de la carga de la prueba en materia penal que resulta altamente problem\u00e1tica desde la perspectiva constitucional. Tal inversi\u00f3n compromete seriamente la presunci\u00f3n de inocencia, pues impone al abogado defensor una carga probatoria que, por principio, corresponde al Estado. Adem\u00e1s, no se evidencia que esta medida supere un juicio de proporcionalidad: si bien persigue una finalidad leg\u00edtima como lo es la lucha contra la criminalidad organizada, no se demuestra de manera suficiente que sea id\u00f3nea, necesaria ni proporcional en sentido estricto.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"114\"><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>Enrique del R\u00edo Gonz\u00e1lez<a name=\"_ftnref115\"><\/a>[115]<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"86\"><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong><em>Inexequible<\/em><\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"470\">Manifest\u00f3 que el debilitamiento del secreto y la exigencia de justificaci\u00f3n anticipada de honorarios ponen al defensor en una posici\u00f3n de sospecha incompatible con el principio de que toda persona debe ser tratada como inocente hasta que exista sentencia condenatoria en firme.<\/p>\n<p>Asever\u00f3 que la norma demandada propicia un escenario en el que muchos acusados por delincuencia organizada podr\u00edan quedar sin defensa privada, pues, ante la posible negativa o temor de los abogados particulares a asumir estos casos, la responsabilidad de representarlos recaer\u00eda casi exclusivamente en la Defensor\u00eda P\u00fablica, lo cual ser\u00eda altamente problem\u00e1tico, pues desnaturaliza tanto el rol de los defensores particulares como la misi\u00f3n constitucional de la Defensor\u00eda del Pueblo en materia penal.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Explic\u00f3 que el art\u00edculo 340\u00aa del C\u00f3digo Penal induce una situaci\u00f3n generalizada de imposibilidad de defensa privada (por el riesgo penal que entra\u00f1a para el abogado), forzando a la Defensor\u00eda a asumir masivamente casos que no le corresponder\u00edan por criterio de capacidad econ\u00f3mica. Esto supone una sobrecarga inconstitucional y es que la Defensor\u00eda P\u00fablica, cuyos recursos son limitados, tendr\u00eda que destinar defensores y esfuerzos adicionales para casos que normalmente ser\u00edan atendidos por abogados contratados por los propios imputados.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En conclusi\u00f3n, indic\u00f3 que el art\u00edculo 340A del C\u00f3digo Penal desconoce el art\u00edculo 29 superior, al vulnerar la presunci\u00f3n de inocencia, comprometer el ejercicio libre y confiado de la defensa t\u00e9cnica, e imponer a la Defensor\u00eda P\u00fablica una carga que excede su misi\u00f3n constitucional. Por ello, se solicita su declaratoria de inexequibilidad o su exclusi\u00f3n interpretativa.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"114\"><b><strong>Semillero de Derecho Penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana<a name=\"_ftnref116\"><\/a>[116]<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"86\"><b><strong><em>Inexequible<\/em><\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"470\">Afirm\u00f3 que el postulado demandado por el accionante se fundamenta en una premisa que asume, de manera expl\u00edcita y categ\u00f3rica, la existencia de un origen il\u00edcito de los recursos con los que se pagaran los honorarios de una defensa t\u00e9cnica. Esta expresi\u00f3n es tan contundente que, en la pr\u00e1ctica, conduce a una inversi\u00f3n de la carga de la prueba, trasladando al abogado, en este caso, la obligaci\u00f3n de demostrar la licitud de los recursos con los que fueron pagados los honorarios. Tal situaci\u00f3n resulta especialmente problem\u00e1tica desde la perspectiva de las garant\u00edas constitucionales, ya que implica un desconocimiento de la garant\u00eda de presunci\u00f3n de inocencia; n\u00facleo esencial del derecho fundamental al debido proceso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n explic\u00f3 que en el ordenamiento colombiano, le corresponde a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, como ente acusador y titular de la acci\u00f3n penal, demostrar, m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable, que el acusado es autor o participe de los hechos jur\u00eddicamente relevantes en los que se fundamenta su teor\u00eda del caso. Si bien en el \u00e1mbito penal el acusado debe sustentar su teor\u00eda del caso y demostrar las circunstancias que alega a su favor, lo que implica una carga din\u00e1mica de la prueba, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha se\u00f1alado que esta carga debe aplicarse de manera restrictiva. Esto se debe a que deben respetarse las limitaciones impuestas por los principios de presunci\u00f3n de inocencia e <em>in dubio pro reo<\/em>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El supuesto demandado se aparta de este entendimiento ya que traslada al acusado la obligaci\u00f3n de probar la atipicidad de la conducta, al establecer que, para que la conducta resulte at\u00edpica deber\u00e1 probar que los honorarios obtenidos en los pagos por la defensa t\u00e9cnica realizada tienen origen l\u00edcito, lo cual representa una inversi\u00f3n indebida de la carga de la prueba. Tal como lo se\u00f1al\u00f3 la parte demandante, esta obligaci\u00f3n vulnera principios fundamentales del derecho penal, entre ellos, el <em>in dubio pro reo<\/em>, el debido proceso y, con ello, garant\u00eda de la presunci\u00f3n de inocencia, pues parte una premisa que implica una carga din\u00e1mica de la prueba amplia en la medida en que, para que la conducta sea at\u00edpica, le corresponder\u00e1 a la defensa asumir la carga probatoria.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Cont\u00f3 que la pol\u00edtica p\u00fablica establecida mediante el CONPES 4042 de 2021 se orienta a fortalecer la cooperaci\u00f3n para la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n, investigaci\u00f3n, judicializaci\u00f3n y persecuci\u00f3n de organizaciones terroristas. Es esencial que la pol\u00edtica criminal y las normas penales distingan claramente entre el acusado y su defensa t\u00e9cnica, garantizando que el ejercicio de la defensa no sea indebidamente restringido por la gravedad del delito imputado. Solo en los casos en que el abogado participe activamente en la comisi\u00f3n del delito, podr\u00e1 ser considerado responsable. De lo contrario, debe preservarse el derecho a una defensa t\u00e9cnica adecuada como garant\u00eda fundamental del debido proceso y la presunci\u00f3n de inocencia que tiene toda defensa t\u00e9cnica en el marco de los servicios que presta.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"114\"><b><strong>Academia Colombiana de Jurisprudencia<a name=\"_ftnref117\"><\/a>[117]<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"86\"><b><strong><em>Inexequible<\/em><\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"470\">Refiri\u00f3 que cuando una ley exige a un defensor t\u00e9cnico que acredite as\u00ed sea sumariamente el origen l\u00edcito de los honorarios que percibe por su asistencia letrada, comienza sospechando la responsabilidad penal del togado, a quien, adem\u00e1s, le dice que tiene el deber de hallar prueba de que no incurre en comportamiento il\u00edcito, con lo que convierte al defensor t\u00e9cnico casi que en fiscal de su conducta.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Rese\u00f1o que los elementos materiales probatorios, la evidencia y dem\u00e1s \u201cpruebas\u201d que tienden a demostrar la responsabilidad del sospechoso, indiciado, procesado, acusado o sentenciado, tienen que ser buscadas o halladas por la fiscal\u00eda, es decir, la carga de la prueba est\u00e1 en manos del Estado, jam\u00e1s en poder del procesado. Por tanto, si la ley le ordena al sospechoso de realizar conductas indebidas, que le entregue al Estado \u201cpruebas\u201d as\u00ed sean m\u00ednimas, de que sus honorarios son l\u00edcitos, vuelca el principio, lo pone al rev\u00e9s, lo trastorna, en otras palabras, la ley viola el postulado de la carga de la prueba.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Narr\u00f3 que\u00a0 el art\u00edculo 7\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, para desarrollar el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, es pr\u00edstino y tajante: En ning\u00fan caso podr\u00e1 invertirse esta carga probatoria. Asimismo, afirm\u00f3 mientras la Constituci\u00f3n y la ley procesal rechazan totalmente la inversi\u00f3n de la carga de la prueba, el art\u00edculo demandado, en lo pertinente, hace todo lo contrario, o sea que abiertamente, sin duda alguna, voltea el principio hasta ponerlo contra la Carta Pol\u00edtica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Expres\u00f3 que para que la contienda se desarrolle lealmente y con igualdad de armas, es necesaria, por otro lado, la perfecta igualdad de las partes: en primer lugar, que la defensa est\u00e9 dotada de la misma capacidad y de los mismos poderes que la acusaci\u00f3n; en segundo lugar, que se admita su papel contradictor en todo momento y grado de procedimiento y en relaci\u00f3n con cualquier acto probatorio, de los experimentos judiciales y las pericias al interrogatorio del imputado, desde los reconocimientos hasta las declaraciones testificales y los careos. La primera de estas dos condiciones exige que el imputado est\u00e9 asistido por un defensor en situaci\u00f3n de competir con el ministerio p\u00fablico.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n dijo que en materia de derecho de defensa debe operar el derecho a la prohibici\u00f3n de indefensi\u00f3n, o principio de prohibici\u00f3n de indefensi\u00f3n. Desde el punto de vista restringido, quiere decir que el Estado -fiscal, juez, magistrado- tiene el deber de estar permanentemente atento a que sinceramente se cumplan tanto la defensa material como la defensa t\u00e9cnica. La prohibici\u00f3n de indefensi\u00f3n se compone, especialmente, de dos partes. En primer lugar, que el Estado no debe impedir ni restringir con un eventual comportamiento judicial abusivo, arbitrario o ilegal, el libre desenvolvimiento de la defensa material y de la defensa letrada; y, en segundo lugar, que el Estado -Poder Judicial- debe velar por la defensa, haciendo que efectivamente exista, en el sentido estricto del t\u00e9rmino: observar, vigilar, d\u00eda y noche, la realidad de la misma para hacer que en verdad, sustancialmente, exista, impere.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Del\u00a0 mismo modo, compar\u00f3 los principios b\u00e1sicos sobre la funci\u00f3n de los abogados, aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevenci\u00f3n del delito y Tratamiento del delincuente, celebrado en la Habana entre el 27 de agosto y el 7 de septiembre de 1990, con la \u00faltima parte del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 1908 del 2018, sin dificultades podemos concluir que la imposici\u00f3n del \u201cdeber de acreditar sumariamente el origen l\u00edcito de los honorarios\u201d, lastima considerablemente el derecho de defensa, entre otras, por las siguientes razones:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>i)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Distrae la atenci\u00f3n de quien ejerce la defensa t\u00e9cnica en un caso concreto, pues adem\u00e1s de prestar cuidadosamente la atenci\u00f3n debida al proceso que se adelanta, a la vez, simult\u00e1neamente, debe adelantar la b\u00fasqueda de prueba sumaria sobre el origen correcto de sus honorarios.<\/p>\n<p>ii)\u00a0\u00a0\u00a0 Disuade tanto a potenciales clientes como a potenciales abogados en ejercicio porque tanto los unos como los otros deben prestar atenci\u00f3n a temas diferentes al desarrollo de la defensa t\u00e9cnica, con menoscabo, entre otras cosas, del derecho a la intimidad.<\/p>\n<p>iii) La b\u00fasqueda de la prueba sumaria se convierte en un obst\u00e1culo, en un entorpecimiento de la defensa penal.<\/p>\n<p>iv)\u00a0 Maltrata la independencia, libertad y autonom\u00eda de los abogados en ejercicio.<\/p>\n<p>v)\u00a0\u00a0\u00a0 Incrementa el estereotipo ya creado del abogado amigo de las dilaciones, interrupciones, permisos, excusas m\u00e9dicas, etc., con alt\u00edsimo resquebrajamiento de la profesi\u00f3n de abogado.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"114\"><b><strong>Fundaci\u00f3n Jur\u00eddica Proyecto Inocencia<a name=\"_ftnref118\"><\/a>[118]<\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"86\"><b><strong><em>Inexequible<\/em><\/strong><\/b><\/td>\n<td width=\"470\">Advirti\u00f3 que el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n de 1991 estableci\u00f3 como regla general que la carga acusatoria contenida en el art\u00edculo 250 y tiene el deber de acreditar ante las autoridades jurisdiccionales, la existencia de la conducta, su estricta tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad de la misma en cabeza de un ciudadano al que se le atribuya su participaci\u00f3n. La redacci\u00f3n del art\u00edculo tal como la demanda se\u00f1ala, impone un deber al profesional del derecho que actuando como defensor de confianza, asuma la defensa t\u00e9cnica de ciudadanos que integran GDO o GAO, deber que invierte la carga de la prueba obligando a demostrar la atipicidad de la conducta a partir de una demostraci\u00f3n ex-post del origen de los honorarios, cuando la carga de la prueba es decir, de la comisi\u00f3n del delito de asesoramiento a grupos delictivos organizados (GDO) y grupos armados organizados (GAO, recae en el acusador quien tiene que demostrar que la asesor\u00eda tiene como prop\u00f3sito contribuir o servir a los fines il\u00edcitos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Explic\u00f3 que el abogado, que asuma la defensa t\u00e9cnica de una persona o grupo de personas cuyos delitos se imputen en virtud de su pertenencia a un GDO o GAO, tendr\u00e1 que cumplir una carga relacionada con la demostraci\u00f3n sumaria del origen l\u00edcito de los honorarios que se pactan para el ejercicio de esa defensa, pero adem\u00e1s, presume con presunci\u00f3n de culpabilidad, que el origen de los honorarios en estos casos es il\u00edcito y bajo ese entendido, el abogado tiene el deber de demostrar lo contrario, imponiendo el deber de probar la no comisi\u00f3n del delito teniendo que recaudar material probatorio para evitar una imputaci\u00f3n, cuando la defensa t\u00e9cnica se desarrolle a favor de integrantes de GDO o GAO. El escenario abstracto impuesto en la norma, limita al ciudadano que se vea involucrado en un proceso penal, toda vez que al abogado que asuma su defensa, se le presume que los honorarios derivados del mandato para el ejercicio de la defensa t\u00e9cnica, tienen un origen il\u00edcito, presumiendo t\u00e1citamente la responsabilidad penal del abogado, lo que vulnera la presunci\u00f3n de inocencia, tanto del defendido como del defensor t\u00e9cnico.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Afirm\u00f3 que la expresi\u00f3n \u201csin perjuicio de\u201d justamente implica esa dinamizaci\u00f3n de la carga probatoria; es m\u00e1s, alude justamente a que el ejercicio profesional de la abogac\u00eda, al asumir una defensa t\u00e9cnica de un procesado en las circunstancias expuestas en el art\u00edculo atacado, deba asumir la presunci\u00f3n de culpabilidad t\u00e1cita de la persona que pretende defender considerando que, al asumir la defensa t\u00e9cnica, los honorarios profesionales tendr\u00edan su origen en la actividad il\u00edcita desplegada, presunci\u00f3n que se desprende de la redacci\u00f3n del texto acusado.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Finalmente, argument\u00f3 que tales presunciones resultan incompatibles con la normatividad constitucional, en el sentido que la misma Constituci\u00f3n de 1991, establece que existe una acci\u00f3n constitucional espec\u00edfica cuando los dineros tienen su origen en una actividad il\u00edcita y corresponde al escenario de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio y no del derecho penal propiamente dicho. As\u00ed las cosas, existe un exceso en la t\u00e9cnica legislativa de la disposici\u00f3n acusada, toda vez que el presupuesto de ilicitud de los honorarios profesionales, es una presunci\u00f3n de ilicitud que invierte la carga de la prueba en el ciudadano tanto defendido como el abogado, que deber\u00e1 justificar, a trav\u00e9s de su propio representado, que el dinero de los honorarios no est\u00e1 permeado por la ilicitud del punible.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<h3><\/h3>\n<h3><\/h3>\n<h3>ACLARACI\u00d3N DE VOTO DEL MAGISTRADO<\/h3>\n<p><b><strong>CARLOS CAMARGO ASSIS<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>A LA SENTENCIA C-035\/26<\/strong><\/b><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"140\">\n<li>Con el respeto por las decisiones adoptadas por la Sala Plena, a continuaci\u00f3n, presento las razones de mi aclaraci\u00f3n de voto a la Sentencia C-035 de 2026. En esta providencia, la Corte Constitucional declar\u00f3 la inexequibilidad de la expresi\u00f3n \u201c<em>deber de acreditar sumariamente el\u201d, <\/em>contenida en el art\u00edculo 6 (parcial) de la Ley 1908 de 2018 \u201cpor medio de la cual se fortalecen la investigaci\u00f3n y judicializaci\u00f3n de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeci\u00f3n a la justicia y se dictan otras disposiciones\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"141\">\n<li>Comparto plenamente las razones que llevaron a la Sala a adoptar la decisi\u00f3n en comento. Por eso la presente aclaraci\u00f3n de voto se dirige \u00fanicamente a plasmar algunas ideas adicionales acerca de lo que a mi juicio significa la presunci\u00f3n de inocencia como barrera a la expansi\u00f3n del poder punitivo y como garant\u00eda de orden democr\u00e1tico.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"142\">\n<li>Luigi Ferrajoli, en su amplia y difundida teor\u00eda sobre el garantismo penal, estructur\u00f3 una premisa sobre la cual considero que debe edificarse el sistema de coerci\u00f3n estatal: las garant\u00edas penales se corresponden con la noci\u00f3n del derecho penal m\u00ednimo<a name=\"_ftnref119\"><\/a>[119].<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"143\">\n<li>Por esta raz\u00f3n, estimo que la presunci\u00f3n de inocencia conserva un papel determinante en un Estado democr\u00e1tico: evitar el prejuicio anticipado respecto la responsabilidad del individuo se\u00f1alado de infringir el ordenamiento jur\u00eddico. De ah\u00ed que la presunci\u00f3n de inocencia sea una afirmaci\u00f3n indefinida: las personas no son m\u00e1s o menos inocentes. Solo ser\u00e1n culpables o inocentes y en esa medida deben ser tratados. El ciudadano que es absuelto por duda razonable no es menos inocente que aquel que no cometi\u00f3 el delito o que ejerci\u00f3 la leg\u00edtima defensa o actu\u00f3 bajo un estado de necesidad. De tal suerte, las garant\u00edas penales no deben concederse de forma parcializada. Tampoco condicionarse a un juicio intermedio de valoraci\u00f3n subjetiva.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"144\">\n<li>La vigencia de un sistema de normas que reconoce en sus garant\u00edas constitucionales la legitimidad misma del ordenamiento jur\u00eddico, no puede tolerar que sus ciudadanos sean sometidos al escrutinio y a la estigmatizaci\u00f3n p\u00fablica por la existencia de meras sospechas derivadas del contexto en el cual ejercen sus libertades. Es f\u00e1cil apelar a los sesgos. Por ello, no es posible concebir un proceso penal democr\u00e1tico sin la presunci\u00f3n de inocencia: representa incluso la contrapartida del r\u00e9gimen inquisitivo y autoritario. La presunci\u00f3n de inocencia y su expresi\u00f3n de <em>in dubio pro reo <\/em>no constituyen un favor para el ciudadano. Por el contrario, son las limitaciones mismas a la potestad sancionatoria del Estado: una restricci\u00f3n de origen pol\u00edtico si se quiere.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"145\">\n<li>Reconocer la presunci\u00f3n de inocencia en el marco de un sistema democr\u00e1tico permite comprender una cuesti\u00f3n adicional: las garant\u00edas no se conceden o se grad\u00faan en abstracto, como formas simples de autovalidaci\u00f3n del ordenamiento positivo. Por el contrario, aquellas cobran sentido en la medida de que, con su aplicaci\u00f3n, se pueda salvaguardar a los ciudadanos contra los actos de arbitrariedad o los usos desmedidos del poder.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"146\">\n<li>En s\u00edntesis, aunque reafirmo mi conformidad con el sentido de la decisi\u00f3n y las consideraciones que adopt\u00f3 la Sala Plena en la presente providencia, suscribo esta aclaraci\u00f3n de voto \u00fanicamente con la finalidad de ampliar mi visi\u00f3n sobre el significado de la presunci\u00f3n de inocencia y su dimensi\u00f3n democr\u00e1tica en el marco de un sistema de garant\u00edas constitucionales.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Fecha ut supra<\/em><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>CARLOS CAMARGO ASSIS<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>Magistrado<\/strong><\/b><\/p>\n<p><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b><\/p>\n<p><a name=\"_ftn1\"><\/a>[1] Disponible en <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=103477\">https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=103477<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn2\"><\/a>[2] La demanda fue inadmitida por el magistrado Jos\u00e9 Fernando Reyes Cuartas, quien concluy\u00f3 su periodo constitucional el 4 de septiembre de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn3\"><\/a>[3] Disponible en <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=105904\">https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=105904<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn4\"><\/a>[4] Disponible en <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=106322\">https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=106322<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn5\"><\/a>[5] Disponible en <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=108203\">https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=108203<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn6\"><\/a>[6] Expediente digital. Escrito de la demanda, folio 11.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn7\"><\/a>[7] Ibidem.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn8\"><\/a>[8] Ibidem.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn9\"><\/a>[9] Expediente digital. Escrito de correcci\u00f3n, folio 4.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn10\"><\/a>[10] Disponible en <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=112090\">https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=112090<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn11\"><\/a>[11] Disponible en <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=112147\">https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=112147<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn12\"><\/a>[12] Disponible en <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=110544\">https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=110544<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn13\"><\/a>[13] Disponible en <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=112512\">https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=112512<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn14\"><\/a>[14] Disponible en <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=112447\">https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=112447<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn15\"><\/a>[15] Disponible en <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=112145\">https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=112145<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn16\"><\/a>[16] Disponible en <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=113710\">https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=113710<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn17\"><\/a>[17] Disponible en <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=111021\">https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=111021<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn18\"><\/a>[18] El 4 de julio de 2025, el procurador general de la Naci\u00f3n, Dr. Gregorio Eljach Pacheco, manifest\u00f3 su impedimento para rendir concepto en el proceso de la referencia. Esto, por considerar que se encontraba incurso en la causal consistente en haber intervenido en la expedici\u00f3n de la norma objeto de control constitucional. Sin embargo, la Sala Plena lo declar\u00f3 infundado mediante el Auto 1171 de 2025. Disponible en <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=122047\">https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=122047<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn19\"><\/a>[19] Disponible en <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=123083\">https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=123083<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn20\"><\/a>[20] Corte Constitucional, Sentencias C-294 de 2024 y C-276 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn21\"><\/a>[21] Disponible en <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=110544\">https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=110544<\/a>, p. 9.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn22\"><\/a>[22] Corte Constitucional, Sentencia C-021 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn23\"><\/a>[23] Ibidem.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn24\"><\/a>[24] Esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que el principio <em>pro actione<\/em> tiene por objeto concretar los derechos de participaci\u00f3n ciudadana (art. 40 C.P.) y de acceso a la justicia (art. 229 C.P.), as\u00ed como asegurar la prevalencia del derecho sustancial (art. 228 CP). Este principio implica que, por la naturaleza p\u00fablica de la acci\u00f3n de inconstitucionalidad, aquella no debe estar sometida a condiciones t\u00e9cnicas excesivas. Quiere decir que las dudas en relaci\u00f3n con el cumplimiento de los requisitos de la demanda se resuelven a favor del accionante. Adem\u00e1s, la Corte ha explicado que la aplicaci\u00f3n de este principio podr\u00e1 considerarse cuando sea posible identificar una <em>acusaci\u00f3n m\u00ednima<\/em> que confronte una norma legal con un contenido constitucional. Por lo tanto, siempre que a partir de la demanda pueda identificarse el texto acusado y el contenido central de la acusaci\u00f3n, corresponde activar el examen a partir del referido principio. Corte Constitucional, sentencias Sentencia C-332 de 2003 y Sentencia C-048 de 2004.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn25\"><\/a>[25] Corte Constitucional. Sentencia C-084 de 2013.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn26\"><\/a>[26] Corte Constitucional. Sentencia C-278 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn27\"><\/a>[27] Corte Constitucional. Sentencia C-411 de 2022.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn28\"><\/a>[28] Ibidem.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn29\"><\/a>[29] Ibidem.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn30\"><\/a>[30] Corte Constitucional. Sentencia C-487 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn31\"><\/a>[31] Corte Constitucional. Sentencias C-488 de 2009, C-501 de 2014, C-297 de 2016, C-411 de 2022, C-080 de 2025, entre otras.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn32\"><\/a>[32] Corte Constitucional. Sentencia C-501 de 2014. Reiterada en la Sentencia C-080 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn33\"><\/a>[33] Corte Constitucional. Sentencia C-297 de 2016. Reiterada en la Sentencia C-080 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn34\"><\/a>[34] Corte Constitucional. Sentencias C-939 de 2002 y\u00a0C-411 de 2022. Reiteradas en la Sentencia C-080 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn35\"><\/a>[35] Corte Constitucional. Sentencia C-099 de 2022.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn36\"><\/a>[36] Corte Constitucional. Sentencia C-925 de 1999. Reiterada en la Sentencia C-099 de 2022.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn37\"><\/a>[37] Corte Constitucional. Sentencia\u00a0C-1512 de 2000. Reiterada en la Sentencia C-099 de 2022.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn38\"><\/a>[38] Todas estas reglas han sido recopiladas por la Corte en las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015. Igualmente, fueron reiteradas en la Sentencia T-443 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn39\"><\/a>[39] Art. 11.1: \u201cToda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio p\u00fablico en el que se le hayan asegurado todas las garant\u00edas necesarias para su defensa\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn40\"><\/a>[40] Art. 8.2: \u201cToda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad\u201d. La Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos fue ratificada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn41\"><\/a>[41] Art 14.2: \u201cToda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley\u201d. El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Pol\u00edticos mediante la Ley 74 de 1968.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn42\"><\/a>[42] Por la cual se expide el C\u00f3digo de Procedimiento Penal.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn43\"><\/a>[43] Corte Constitucional. Sentencia C-003 de 2017.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn44\"><\/a>[44] Corte Constitucional. Sentencia C-003 de 2017. Cfr. Sentencias C-774 de 2001,\u00a0T-827 de 2005, T-331 de 2007, C-720 de 2007 y\u00a0T-346 de 2012.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn45\"><\/a>[45] Corte Constitucional. Sentencia T-827 de 2005. Reiterada en la Sentencia C-003 de 2017.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn46\"><\/a>[46] Corte Constitucional. Sentencia C-495 de 2019.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn47\"><\/a>[47] Corte Constitucional. Sentencia C-003 de 2017. Reiterada en la Sentencia C-053 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn48\"><\/a>[48] Corte Constitucional. Sentencia C-053 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn49\"><\/a>[49] Corte Constitucional. Sentencia C-003 de 2017.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn50\"><\/a>[50] Corte Constitucional. Sentencia C-203 de 2003.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn51\"><\/a>[51] Corte Constitucional. Sentencia C-495 de 2019.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn52\"><\/a>[52] Comit\u00e9 de Derechos Humanos, Observaci\u00f3n general adoptada con arreglo al p\u00e1rrafo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, Observaci\u00f3n General N\u00ba 13.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn53\"><\/a>[53] Corte Constitucional. Sentencia C-349 de 2017.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn54\"><\/a>[54] Corte Constitucional. Sentencia C-205 de 2003.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn55\"><\/a>[55] Corte Constitucional. Sentencia C-349 de 2017.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn56\"><\/a>[56] Corte Constitucional. Sentencia C-289 de 2012.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn57\"><\/a>[57] Corte Constitucional. Sentencia C-003 de 2017<\/p>\n<p><a name=\"_ftn58\"><\/a>[58] Corte Constitucional. Sentencias C-003 de 2017 y C-121 de 2012.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn59\"><\/a>[59] Corte Constitucional. Sentencia C-495 de 2019.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn60\"><\/a>[60] Corte Constitucional. Sentencia C-225 de 2017. Reiterada en la Sentencia C-053 de 2021.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn61\"><\/a>[61] Ibidem.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn62\"><\/a>[62] Sobre este aspecto, Montero Aroca, J. (2015). El principio acusatorio entendido como eslogan pol\u00edtico. <em>Revista<\/em> <em>Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 1<\/em>, p. 66-87., refiri\u00f3 que \u201cse corresponde con la misma noci\u00f3n de proceso que tiene que existir, adem\u00e1s del acusado, por lo menos una persona (parte y por ello parcial) que acuse y que esa persona no puede ser el juez. La distinci\u00f3n entre parte acusadora y juez no es algo propio de una clase de proceso (del llamado proceso acusatorio frente al inquisitivo), sino que atiende a la esencia misma del proceso\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn63\"><\/a>[63] Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, Art\u00edculo 250.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn64\"><\/a>[64]Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal, Sentencia del 21 de marzo de 2007 dentro del radicado N\u00b0 25.583.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn65\"><\/a>[65] Sobre este aspecto, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia ha advertido que en este esca\u00f1o \u201c[la] garant\u00eda de la presunci\u00f3n de inocencia se mantiene vigente, pero que existen elementos de juicio -que conforman una inferencia razonable de autor\u00eda- que permiten afirmar el inicio de su decaimiento, el cual podr\u00e1 ser definitivo o no, seg\u00fan la manera en que avancen las fases posteriores del proceso penal\u201d. Asimismo, aquella Corporaci\u00f3n ha rese\u00f1ado recientemente que la duda es compatible con la inferencia razonable de autor\u00eda o participaci\u00f3n. Es decir que, como aquella no tiene la virtualidad de desvirtuar la presunci\u00f3n de inocencia, supone que el juez est\u00e1 en la posibilidad de inferir en t\u00e9rminos l\u00f3gicos que el imputado ha realizado la conducta punible.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn66\"><\/a>[66] A modo de ejemplo la Regla 24 del C\u00f3digo de Procedimiento Criminal de Puerto Rico establece que:\u00a0 \u201c(c) Efectos de la determinaci\u00f3n de no haber causa probable. \u2014 Si luego de la vista preliminar, en los casos en que corresponda celebrar la misma, el magistrado hiciere una determinaci\u00f3n de que no existe causa probable, el fiscal no podr\u00e1 presentar acusaci\u00f3n alguna. En tal caso o cuando la determinaci\u00f3n fuere la de que existe causa por un delito inferior al imputado, el fiscal podr\u00e1 someter el asunto de nuevo con la misma o con otra prueba a un magistrado de categor\u00eda superior del Tribunal de Primera Instancia\u201d.\u00a0\u00a0 <a href=\"https:\/\/bvirtualogp.pr.gov\/ogp\/Bvirtual\/leyesreferencia\/PDF\/Justicia\/RPC\/RPC.pdf\">https:\/\/bvirtualogp.pr.gov\/ogp\/Bvirtual\/leyesreferencia\/PDF\/Justicia\/RPC\/RPC.pdf<\/a><\/p>\n<p><a name=\"_ftn67\"><\/a>[67] Ley 906 de 2004, Art\u00edculo 337. Contenido de la acusaci\u00f3n y documentos anexos. El escrito de acusaci\u00f3n deber\u00e1 contener: [\u2026] 2. Una relaci\u00f3n clara y sucinta de los hechos jur\u00eddicamente relevantes, en un lenguaje comprensible. [\u2026]<\/p>\n<p><a name=\"_ftn68\"><\/a>[68] Sobre este aspecto, la Corte en la SU-360 de 2024 advirti\u00f3 que: \u201cpara la Sala Plena, la postura jurisprudencial que habilita al juez penal a realizar un control material m\u00e1s o menos amplio de la imputaci\u00f3n o la acusaci\u00f3n en temas como la tipicidad, la legalidad o la vulneraci\u00f3n al debido proceso es compatible con la Constituci\u00f3n porque respeta, en mayor medida, la garant\u00eda de los derechos a la defensa y al debido proceso de las partes y los intervinientes -en especial, las v\u00edctimas-; el principio de legalidad -y de tipicidad que hace parte del n\u00facleo esencial del principio de legalidad-, y los fines de la administraci\u00f3n de justicia y del proceso penal. Adem\u00e1s, esta l\u00ednea respeta el tenor de los postulados constitucionales y legales que han definido los l\u00edmites y alcances de las facultades de los fiscales y jueces penales. Esta conclusi\u00f3n se respalda en varias premisas de \u00edndole constitucional\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn69\"><\/a>[69] A modo de ejemplo, el Tribunal Supremo Espa\u00f1ol en la sentencia 154 del 29 de febrero de 2016 declar\u00f3 que: \u201cConstituye una regla general probatoria, consolidada en nuestra doctrina jurisprudencial, que las circunstancias eximentes, y concretamente aquellas que excluyen la culpabilidad, han de estar tan acreditadas como el hecho delictivo. En cuanto pretensiones obstativas de la responsabilidad, y una vez acreditada la concurrencia de los elementos integradores del tipo delictivo objeto de acusaci\u00f3n, corresponde a quien las alega aportar una base racional suficiente para su apreciaci\u00f3n, y en el caso de que no se constate su concurrencia, la consecuencia no es la exenci\u00f3n de responsabilidad penal sino la plena asunci\u00f3n de la misma (STS 1068\/2012, de 13 de noviembre, entre otras muchas)\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn70\"><\/a>[70] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal, Auto del 19 de mayo de 2010. radicaci\u00f3n 33.567.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn71\"><\/a>[71] Conde, F. M. (1989). Derecho penal y control social.\u00a0<em>Lecciones y Ensayos<\/em>, (51).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn72\"><\/a>[72] Corte Constitucional. Sentencia C-939 de 2002. \u201cEn los delitos de peligro abstracto, el legislador, a priori, considera peligrosa una determinada actividad. Por ende, el eje central de su construcci\u00f3n, generalmente gira en torno a la infracci\u00f3n de normas administrativas. Por esta raz\u00f3n, otra de sus caracter\u00edsticas es el dise\u00f1o de una administraci\u00f3n centralizada de los riesgos, en el sentido que el tipo se\u00f1ala la infracci\u00f3n de determinadas reglas t\u00e9cnicas (v.gr la infracci\u00f3n de la prohibici\u00f3n de manejar embriagado) como constitutivas de una conducta punible. Esto implica que, en vez de acudir al cl\u00e1sico derecho de polic\u00eda, se\u00f1alando sanciones para el caso del incumplimiento de las normas administrativas, hay una huida hacia el derecho penal para responder a esta clase de comportamientos\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn73\"><\/a>[73] Corte Constitucional, Sentencia C-939 de 2002, citando en extenso a Silva S\u00e1nchez. (1999). La expansi\u00f3n del Derecho Penal. Aspectos de la pol\u00edtica criminal en las sociedades postindustriales. Cuadernos Civitas. Madrid. P\u00e1gs. 21 y ss.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn74\"><\/a>[74] Corte Constitucional. Sentencia C-939 de 2002.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn75\"><\/a>[75] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal, SP5356 de 2019.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn76\"><\/a>[76] Corte Constitucional. Sentencia C-070 de 1996.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn77\"><\/a>[77] Sobre este aspecto, la Corte Constitucional en la Sentencia C-365 de 2012 explic\u00f3 que \u201c[\u2026] el derecho penal se enmarca en el principio de m\u00ednima intervenci\u00f3n, seg\u00fan el cual, el ejercicio de la facultad sancionatoria criminal debe operar cuando los dem\u00e1s alternativas de control han fallado. Esta preceptiva significa que el Estado no est\u00e1 obligado a sancionar penalmente todas las conductas antisociales, pero tampoco puede tipificar las que no ofrecen un verdadero riesgo para los intereses de la comunidad o de los individuos; como tambi\u00e9n ha precisado que la decisi\u00f3n de criminalizar un comportamiento humano es la \u00faltima de las decisiones posibles en el espectro de sanciones que el Estado est\u00e1 en capacidad jur\u00eddica de imponer, y entiende que la decisi\u00f3n de sancionar con una pena, que implica en su m\u00e1xima drasticidad la p\u00e9rdida de la libertad, es el recurso extremo al que puede acudir al Estado para reprimir un comportamiento que afecta los intereses sociales. En esta medida, la jurisprudencia legitima la descripci\u00f3n t\u00edpica de las conductas solo cuando se verifica una necesidad real de protecci\u00f3n de los intereses de la comunidad. De all\u00ed que el derecho penal sea considerado por la jurisprudencia como la \u00faltima ratio del derecho sancionatorio\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn78\"><\/a>[78] Por la cual se establece el C\u00f3digo Disciplinario del Abogado.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn79\"><\/a>[79] En igual medida, vale la pena tener en cuenta que, en el marco del derecho comparado, por ejemplo, en Estados Unidos, la representaci\u00f3n jur\u00eddica de personas incluidas en la <em>\u201cLista Clinton\u201d<\/em> exige ciertos l\u00edmites y obligaciones de cumplimiento. La designaci\u00f3n en la Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN LIST) administrada por la Office of Foreign Assets Control (OFAC), no anula ni restringe el derecho a la defensa. La actuaci\u00f3n del abogado no se considera <em>per se <\/em>una forma de colaboraci\u00f3n con actividades il\u00edcitas, empero, se requieren licencias para ejercer actividades tales como asesor\u00eda jur\u00eddica, representaci\u00f3n en procesos judiciales, preparaci\u00f3n de documentos legales y defensa frente a investigaciones, entre otros. El aspecto m\u00e1s sensible radica en el manejo de honorarios y fondos, pues si bien los abogados pueden recibir la remuneraci\u00f3n por sus funciones, el pago debe estar expresamente autorizado y corresponder a servicios legales, razonables y leg\u00edtimos.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn80\"><\/a>[80] En este punto,\u00a0es importante se\u00f1alar que la Circular Externa 2020-01-680161 de la Superintendencia de Sociedades (Cap\u00edtulo X de la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica) establece que las empresas del sector de servicios jur\u00eddicos son sujetos obligados a cumplir con este instrumento cuando<em> (i) <\/em>est\u00e9n sujetas al control y vigilancia de esa entidad, en virtud de los art\u00edculos 84 y 85 de la Ley 222\/95, <em>(ii)<\/em> ejerzan la actividad comercial 6910 CIIU y <em>(iii)<\/em> cuenten con ingresos iguales o superiores a 30.000 SMLMV a 31 de diciembre del a\u00f1o anterior. En concreto, deben cumplir con obligaciones de debida diligencia para identificar y gestionar los riesgos de lavado de activos, financiaci\u00f3n del terrorismo y financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, so pena de investigaciones y sanciones impuestas por parte de la Superintendencia de Sociedades.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn81\"><\/a>[81] Ley 1123 de 2007. <b><strong>Art\u00edculo 35.<\/strong><\/b><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b>Constituyen faltas a la honradez del abogado.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn82\"><\/a>[82] Ibid.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn83\"><\/a>[83]Ley 1123 de 2007. \u00a0<b><strong>Art\u00edculo 36.<\/strong><\/b><b><strong>\u00a0<\/strong><\/b>Constituyen faltas a la lealtad y honradez con los colegas.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn84\"><\/a>[84] Si bien no es un instrumento jur\u00eddicamente vinculante en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, se constituye en una pauta de interpretaci\u00f3n importante para la labor de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales. En similar sentido se pronunci\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en la Sentencia SU-546 de 2023.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn85\"><\/a>[85] Corte Constitucional, Sentencia C-301 de 2012.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn86\"><\/a>[86] Ibidem<\/p>\n<p><a name=\"_ftn87\"><\/a>[87] El texto de la norma demandada en esa oportunidad es el siguiente: Art\u00edculo 34. Constituyen faltas de lealtad con el cliente:<\/p>\n<p>(\u2026)<\/p>\n<ol>\n<li>f) Revelar o utilizar los secretos que le haya confiado el cliente, aun en virtud de requerimiento de autoridad, a menos que haya recibido autorizaci\u00f3n escrita de aquel,\u00a0<u>o que tenga necesidad de hacer revelaciones para evitar la comisi\u00f3n de un delito<\/u>\u201d<\/li>\n<\/ol>\n<p><a name=\"_ftn88\"><\/a>[88] Al respecto, la Sala Plena indic\u00f3 que \u201c(i) En primer lugar, el estado de necesidad exige la existencia de un peligro actual o inminente para un bien jur\u00eddico, entendido como la posibilidad de que el mismo sea lesionado desde una posici\u00f3n ex ante, es decir, desde una perspectiva previa al hecho. En el caso de la expresi\u00f3n demandada, el peligro para el bien jur\u00eddico est\u00e1 constituido por el riesgo de ser afectado por la comisi\u00f3n de un delito. (ii) En segundo lugar, se requiere la ponderaci\u00f3n de intereses entre un bien jur\u00eddico que debe ser tutelado y otro que debe ser lesionado para salvaguardar el primero. Esta ponderaci\u00f3n de intereses implicar\u00eda la salvaguarda del bien jur\u00eddico que pudiera ser afectado por el delito que se pretende impedir y sacrificando el secreto profesional. (iii) \u00a0En tercer lugar, el estado de necesidad no puede aplicarse de manera ilimitada, sino que se requiere que la conducta realizada constituya un medio id\u00f3neo para hacer frente al peligro\u201d.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn89\"><\/a>[89] Seg\u00fan la Ley 1908 de 2018, los Grupos Armados Organizados (GAO) son aquellos que, bajo la direcci\u00f3n de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Adem\u00e1s, los Grupos Delictivos Organizados (GDO), son es estructuras de tres o m\u00e1s personas que existe durante cierto tiempo y que act\u00faa concertadamente con el prop\u00f3sito de cometer uno o m\u00e1s delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convenci\u00f3n de Palermo, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio econ\u00f3mico u otro beneficio de orden material.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn90\"><\/a>[90] Proyecto de Ley 198 de 2018 del Senado, p\u00e1g. 29. Disponible en <a href=\"http:\/\/leyes.senado.gov.co\/proyectos\/index.php\/proyectos-ley\/periodo-legislativo-2014-2018\/2017-2018\/article\/200-por-medio-de-la-cual-se-fortalecen-la-investigacion-y-judicializacion-de-organizaciones-criminales-y-se-adoptan-medidas-para-su-sujecion-a-la-justicia-mensaje-de-urgencia\">http:\/\/leyes.senado.gov.co\/proyectos\/index.php\/proyectos-ley\/periodo-legislativo-2014-2018\/2017-2018\/article\/200-por-medio-de-la-cual-se-fortalecen-la-investigacion-y-judicializacion-de-organizaciones-criminales-y-se-adoptan-medidas-para-su-sujecion-a-la-justicia-mensaje-de-urgencia<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn91\"><\/a>[91] \u00a0El Estado colombiano aprob\u00f3 esta convenci\u00f3n mediante la Ley 800 del 13 de marzo de 2003, cuya constitucionalidad fue revisada en la Sentencia C-962 de 2003.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn92\"><\/a>[92] Ibidem.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn93\"><\/a>[93] Ibidem.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn94\"><\/a>[94] Ibidem.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn95\"><\/a>[95] Ibidem.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn96\"><\/a>[96] Proyecto de Ley 198 de 2018 del Senado, p\u00e1g. 29. Disponible en <a href=\"http:\/\/leyes.senado.gov.co\/proyectos\/index.php\/proyectos-ley\/periodo-legislativo-2014-2018\/2017-2018\/article\/200-por-medio-de-la-cual-se-fortalecen-la-investigacion-y-judicializacion-de-organizaciones-criminales-y-se-adoptan-medidas-para-su-sujecion-a-la-justicia-mensaje-de-urgencia\">http:\/\/leyes.senado.gov.co\/proyectos\/index.php\/proyectos-ley\/periodo-legislativo-2014-2018\/2017-2018\/article\/200-por-medio-de-la-cual-se-fortalecen-la-investigacion-y-judicializacion-de-organizaciones-criminales-y-se-adoptan-medidas-para-su-sujecion-a-la-justicia-mensaje-de-urgencia<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn97\"><\/a>[97] Ibidem.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn98\"><\/a>[98] Por medio de la cual se aprueban la &#8220;Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional&#8221; y el &#8220;Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Ni\u00f1os, que complementa la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional&#8221;, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos. <a href=\"http:\/\/www.secretariasenado.gov.co\/senado\/basedoc\/ley_0800_2003.html#1\">http:\/\/www.secretariasenado.gov.co\/senado\/basedoc\/ley_0800_2003.html#1<\/a><\/p>\n<p><a name=\"_ftn99\"><\/a>[99] Corte Constitucional, Sentencia C-962 de 2003, que revis\u00f3 la constitucionalidad de la Ley 800 de 2003.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn100\"><\/a>[100] Corte Constitucional. Sentencia C-774 de 2001, reiterada en la Sentencia C-205 de 2003.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn101\"><\/a>[101] Corte Constitucional. Sentencia C-495 de 2019.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn102\"><\/a>[102] Corte Constitucional. Sentencia C-349 de 2017.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn103\"><\/a>[103] Corte Constitucional. Sentencia\u00a0C-1512 de 2000. Reiterada en la Sentencia C-099 de 2022.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn104\"><\/a>[104] Londo\u00f1o, H. (1989). \u201cEl defensor en el C\u00f3digo Procesal Penal\u201d. Nuevo Foro Penal, N \u00ba 43.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn105\"><\/a>[105] Corte Constitucional, Sentencia C-069 de 1996.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn106\"><\/a>[106] Corte Constitucional, Sentencia T-272 de 2025.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn107\"><\/a>[107] Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Sentencia Gir\u00f3n y otro vs Guatemala (2019), extra\u00edda de: <a href=\"https:\/\/www.corteidh.or.cr\/docs\/casos\/articulos\/seriec_390_esp.pdf\">https:\/\/www.corteidh.or.cr\/docs\/casos\/articulos\/seriec_390_esp.pdf<\/a><\/p>\n<p><a name=\"_ftn108\"><\/a>[108] Art\u00edculo 447A.\u00a0Quien comercie con autopartes usadas de veh\u00edculos automotores y no demuestre su procedencia l\u00edcita, incurrir\u00e1 en la misma pena del art\u00edculo anterior.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a name=\"_ftn109\"><\/a>[109] Ibid.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn110\"><\/a>[110] Esto significa que, la inexequibilidad de la expresi\u00f3n demanda deja la norma redactada de la siguiente manera:<\/p>\n<p><b><strong>C\u00f3digo Penal. Art\u00edculo 340 A. Asesoramiento a Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados. <\/strong><\/b>\u201cEl que ofrezca, preste o facilite conocimientos jur\u00eddicos, contables, t\u00e9cnicos o cient\u00edficos, ya sea de manera ocasional o permanente, remunerados o no, con el prop\u00f3sito de servir o contribuir a los fines il\u00edcitos de Grupos Delictivos Organizados y Grupos Armados Organizados, incurrir\u00e1 por esta sola conducta en prisi\u00f3n de seis (6) a diez (10) a\u00f1os e inhabilidad para el ejercicio de la profesi\u00f3n, arte, oficio, industria o comercio por veinte (20) a\u00f1os.<\/p>\n<p>No se incurrir\u00e1 en la pena prevista en este art\u00edculo cuando los servicios consistan en la defensa t\u00e9cnica, <b><strong>sin perjuicio del origen l\u00edcito de los honorarios<\/strong><\/b>. En todo caso el Estado garantizar\u00e1 la defensa t\u00e9cnica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a name=\"_ftn111\"><\/a>[111] <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=110544\">https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=110544<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn112\"><\/a>[112] <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=112147\">https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=112147<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn113\"><\/a>[113] <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=112090\">https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=112090<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn114\"><\/a>[114] <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=112145\">https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=112145<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn115\"><\/a>[115] <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=111021\">https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=111021<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn116\"><\/a>[116] <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=112447\">https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=112447<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn117\"><\/a>[117] <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=112512\">https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=112512<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn118\"><\/a>[118] <a href=\"https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=113710\">https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/archivo.php?id=113710<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn119\"><\/a>[119] Luigi Ferrajoli. (2006). Garantismo Penal. Estudios Jur\u00eddicos Serie 34. Universidad Nacional Aut\u00f3noma de M\u00e9xico p\u00e1g. 5.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TEMAS-SUBTEMAS \u00a0 Sentencia C-035\/26 &nbsp; PRESUNCION DE INOCENCIA-Se vulnera por deber de quien ejerce la defensa t\u00e9cnica de acreditar sumariamente el origen l\u00edcito de sus honorarios para no incurrir en el delito de asesoramiento a organizaciones delictivas &nbsp; (&#8230;) la exigencia a los apoderados judiciales de acreditar el origen l\u00edcito de los honorarios afecta de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[160],"tags":[],"class_list":["post-31666","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentencias-2026"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31666","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31666"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31666\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31667,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31666\/revisions\/31667"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31666"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31666"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31666"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}