T-246-97<\/p>\n
-Pronta resoluci\u00f3n frente a la igualdad <\/p>\n
DERECHO DE PETICION-Pronta resoluci\u00f3n <\/p>\n
En repetidas oportunidades, la Corte Constitucional ha aclarado que las autoridades violan el derecho de petici\u00f3n de las personas, cuando transcurre el t\u00e9rmino consagrado en la ley para pronunciarse de fondo sobre las peticiones que \u00e9stas les presenten, y aqu\u00e9llas s\u00f3lo responden que el asunto contin\u00faa en tr\u00e1mite. <\/p>\n
DERECHO DE PETICION-Pronta resoluci\u00f3n frente a la igualdad <\/p>\n
No es de recibo el argumento seg\u00fan el cual el juez de tutela no puede dar a la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social la orden de resolver las peticiones de los actores en un t\u00e9rmino perentorio, porque le estar\u00eda ordenando que viole el derecho a la igualdad de las otras personas que esperan a que, finalmente, les llegue el turno de obtener respuesta a similares solicitudes. Y no puede aceptarse tal consideraci\u00f3n, porque: a) so pretexto de garantizar la igualdad, no pueden las autoridades generalizar la violaci\u00f3n de otros derechos fundamentales de las personas; b) la misma protecci\u00f3n y trato que recibir\u00e1n todas las personas de las autoridades, no se puede concretar en la violaci\u00f3n selectiva de alguno de sus derechos fundamentales, sino que debe consistir en “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y dem\u00e1s derechos y libertades”, as\u00ed como en “asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”; y c) porque tal razonamiento implica aceptar el absurdo de que la entidad demandada, sin violar el derecho de petici\u00f3n y por af\u00e1n de garantizar la igualdad, se ha abstenido de resolver las peticiones de pensi\u00f3n presentadas a ella durante los \u00faltimos meses. <\/p>\n
Referencia: Expedientes acumulados Nos. T-119523, T-119978, T-120306, T-120554, T-120556 y T-120577. <\/p>\n
Acciones de tutela en contra de la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social (CAJANAL) por violaci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
Temas : <\/p>\n
Reiteraci\u00f3n de la jurisprudencia sobre el derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
La Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social y el derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
Actores : Jorge Enrique Pinz\u00f3n D\u00edaz, Rodolfo Guerrero, Saul Santamar\u00eda Gonz\u00e1lez, Luz Esther Ca\u00f1as Escobar, Federico Antonio Lavis Osorio y Sixta Tulia Lozano de Osorio. <\/p>\n
Magistrado Ponente : <\/p>\n
Dr. CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ <\/p>\n
La Sala Cuarta de Revisi\u00f3n de Tutelas de la Corte constitucional, compuesta por los Magistrados Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo, Hernando Herrera Vergara y Carlos Gaviria D\u00edaz, \u00e9ste \u00faltimo en calidad de ponente, <\/p>\n
EN NOMBRE DEL PUEBLO <\/p>\n
Y <\/p>\n
POR MANDATO DE LA CONSTITUCI\u00d3N, <\/p>\n
profiere esta sentencia de revisi\u00f3n en los procesos acumulados, y radicados bajo los n\u00fameros T-119523, T-119978, T-120306, T-120554, T-120556 y T-120577. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Hechos. <\/p>\n
Todos los actores son asalariados, tienen m\u00e1s de cincuenta a\u00f1os, y consideran que han cumplido con los requisitos legales para que se les reconozca y pague la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n. <\/p>\n
Todos ellos solicitaron el reconocimiento y pago de esa prestaci\u00f3n a la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social -CAJANAL- y, hasta el momento, la entidad demandada contin\u00faa respondi\u00e9ndoles que sus solicitudes se encuentran en tr\u00e1mite, no obstante haber transcurrido el t\u00e9rmino legal para que se pronuncie de fondo sobre las peticiones -en uno de los casos, hace m\u00e1s de dos a\u00f1os que se present\u00f3 la solicitud-. <\/p>\n
Ante tal situaci\u00f3n, y la incertidumbre que proyecta sobre el futuro econ\u00f3mico de los actores y sus familias, \u00e9stos acudieron a la acci\u00f3n de tutela para procurar que el juez ordene a la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social responderles en un plazo perentorio, y cancelarles las mesadas correspondientes al per\u00edodo de retraso injustificado, con los intereses de mora que se hubieren causado. <\/p>\n
Las de primera instancia fueron proferidas por la Sala Civil del Tribunal Superior de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 (T-119523), el Juzgado Tercero Penal Municipal de San Jos\u00e9 de C\u00facuta (T-119978), la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 (T-120306), el Juzgado 76 Penal Municipal de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 (T-120554), el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena (T-120556), y el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1. De ellas, s\u00f3lo fueron impugnadas las correspondientes a los procesos radicados bajo los n\u00fameros T-119523 y T-120556, y los recursos fueron resueltos, en su orden, por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, y por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena. <\/p>\n
Los fallos de primera instancia coinciden en negar por improcedente la tutela pretendida por los actores, y los dos fallos de segunda instancia confirman tal juicio, sin a\u00f1adir nuevas razones a las consideraciones que son comunes a las sentencias bajo revisi\u00f3n. Esas consideraciones comunes pueden resumirse diciendo que, seg\u00fan los falladores de instancia: <\/p>\n
La Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social s\u00ed respondi\u00f3 las solicitudes de los actores; y si bien no se pronunci\u00f3 de fondo sobre ellas, el juez de tutela no puede ordenarle que lo haga en un plazo perentorio, sin dar al traste con el turno al que se someten esta clase de peticiones. <\/p>\n
Las solicitudes de los actores han recibido el curso adecuado, puesto que no se ha alterado el turno al que todas las de su clase est\u00e1n sometidas. <\/p>\n
La acci\u00f3n de tutela se cre\u00f3 como mecanismo para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, y no para alcanzar la efectividad de los de mero rango legal. <\/p>\n
No obstante, los jueces de instancia advirtieron a la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social que debe evitar la repetici\u00f3n de hechos similares. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Competencia. <\/p>\n
La Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de instancia proferidos en el tr\u00e1mite de estos procesos, seg\u00fan los art\u00edculos 86 y 241 de la Carta Pol\u00edtica; corresponde a la Sala Cuarta de Revisi\u00f3n proferir la sentencia correspondiente, en virtud del Reglamento Interno y de los autos adoptados por la Sala Segunda de Selecci\u00f3n, los d\u00edas 4 y 11 de febrero de 1997. <\/p>\n
2. Reiteraci\u00f3n de la jurisprudencia. <\/p>\n
En repetidas oportunidades, la Corte Constitucional ha aclarado que las autoridades violan el derecho de petici\u00f3n de las personas, cuando transcurre el t\u00e9rmino consagrado en la ley para pronunciarse de fondo sobre las peticiones que \u00e9stas les presenten, y aqu\u00e9llas s\u00f3lo responden que el asunto contin\u00faa en tr\u00e1mite. Por ejemplo, en la Sentencia T-100\/93, Magistrado Ponente Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo, se consider\u00f3 que : <\/p>\n
“La sola orden dada por el superior a sus inferiores en lo referente al tr\u00e1mite de un asunto a su cargo, provocado por la presentaci\u00f3n de una solicitud de persona particular o de entidad fiscalizadora, no satisface por s\u00ed misma el derecho de petici\u00f3n ni tampoco representa curso adecuado a las solicitudes o requerimientos de los organismos de control. La naturaleza y los fines del derecho -si se trata de lo primero- y la eficiencia de la funci\u00f3n p\u00fablica -si la hip\u00f3tesis es la segunda-, demandan del funcionario que recibe la petici\u00f3n o de aqu\u00e9l a quien se dirige el requerimiento una especial diligencia no s\u00f3lo en la ejecuci\u00f3n de actos internos que conduzcan a la resoluci\u00f3n del asunto objeto del inter\u00e9s manifestado por la persona u organismo solicitante sino en la respuesta a \u00e9ste, respecto del tr\u00e1mite que se ha dado a lo pedido” <\/p>\n
M\u00e1s a\u00fan, en otro de los m\u00faltiples procesos de tutela en los que la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social fue demandada por violar este derecho, la Sala S\u00e9ptima de Revisi\u00f3n afirm\u00f31 : <\/p>\n
“A\u00fan cuando a la solicitud elevada por el demandante se le imparti\u00f3 tr\u00e1mite a punto tal de existir un proyecto de resoluci\u00f3n, no resulta acertado que, con base en ello, se dieran por satisfechas las exigencias del derecho que el Constituyente plasm\u00f3 en el art\u00edculo 23 superior. La respuesta, para que sea tal, debe ponerse en conocimiento del solicitante, de lo contrario, la administraci\u00f3n patrocina la incertidumbre del administrado, con notable menoscabo de los principios de eficacia, econom\u00eda, celeridad y publicidad, que, de acuerdo con el art\u00edculo 209 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, gu\u00edan el desarrollo de la funci\u00f3n administrativa <\/p>\n
… <\/p>\n
“En el presente caso, el silencio administrativo negativo y el anuncio de existir proyecto de respuesta, no constituyen satisfactoriamente la PRONTA RESOLUCION de que habla el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Por lo tanto, la violaci\u00f3n del derecho fundamental ha ocurrido y debe ordenarse que, si la Caja Nacional de Previsi\u00f3n no lo ha hecho, se responda mediante la v\u00eda adecuada, a saber, expidi\u00e9ndose la correspondiente Resoluci\u00f3n, en los t\u00e9rminos previstos por los procedimiento respectivos”. <\/p>\n
En otro de los procesos en los que se encontr\u00f3 que la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social hab\u00eda incurrido en hechos similares a los acreditados en los casos bajo revisi\u00f3n, a trav\u00e9s de la Sentencia T-036\/97, Magistrado Ponente Hernando Herrera Vergara, se precis\u00f3 que: <\/p>\n
“La existencia de un simple proyecto, al que todav\u00eda no se le ha dado todo el tr\u00e1mite indispensable para que constituya una respuesta definitiva, no puede ser confundido con la resoluci\u00f3n que la norma constitucional exige. La decisi\u00f3n que el derecho de petici\u00f3n demanda, una vez adoptada, debe ser puesta en conocimiento del interesado, de modo que la administraci\u00f3n no cumple a cabalidad su cometido si resuelve el asunto reserv\u00e1ndose el sentido de lo resuelto, si no da una respuesta que contenga una decisi\u00f3n en sentido material, o si dilata en forma injustificada los t\u00e9rminos previstos legalmente para responder las peticiones que ante ella formulen los particulares” <\/p>\n
Falta a\u00f1adir a las consideraciones de esta Sala para revocar los fallos de instancia, que no es de recibo el argumento seg\u00fan el cual el juez de tutela no puede dar a la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social la orden de resolver las peticiones de los actores en un t\u00e9rmino perentorio, porque le estar\u00eda ordenando que viole el derecho a la igualdad de las otras personas que esperan a que, finalmente, les llegue el turno de obtener respuesta a similares solicitudes. Y no puede aceptarse tal consideraci\u00f3n, porque: a) so pretexto de garantizar la igualdad, no pueden las autoridades generalizar la violaci\u00f3n de otros derechos fundamentales de las personas; b) la misma protecci\u00f3n y trato que recibir\u00e1n todas las personas de las autoridades -seg\u00fan el art\u00edculo 13 Superior-, no se puede concretar en la violaci\u00f3n selectiva de alguno de sus derechos fundamentales, sino que debe consistir en “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y dem\u00e1s derechos y libertades” (C.P. art. 2), as\u00ed como en “asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” (\u00eddem); y c) porque tal razonamiento implica aceptar el absurdo de que la entidad demandada, sin violar el derecho de petici\u00f3n y por af\u00e1n de garantizar la igualdad, se ha abstenido de resolver las peticiones de pensi\u00f3n presentadas a ella durante los \u00faltimos veinticinco (25) meses (la petici\u00f3n del actor del proceso T-120556 fue presentada el 3 de abril de 1995). <\/p>\n
3. La Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social y el derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
En febrero de 1996, el Ministerio de Justicia y del Derecho public\u00f3 el informe de investigaci\u00f3n elaborado por el Centro de Investigaciones Jur\u00eddicas de la Universidad de los Andes, titulado “Incidencia Social de la Acci\u00f3n de Tutela”, en cuya p\u00e1gina 70, se dice : “las entidades territoriales son los demandados m\u00e1s frecuentes (17,88%), principalmente las alcald\u00edas (9,82%). Les siguen en orden las entidades de previsi\u00f3n social (16,62%), dentro de las cuales se encuentra la entidad individual m\u00e1s demandada del pa\u00eds : la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social (8,06%). La gran mayor\u00eda de estas demandas buscan conminar a Cajanal a responder una petici\u00f3n” (subrayas fuera del texto). <\/p>\n
Si se toma en cuenta este indicador, el desempe\u00f1o de la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social en lugar de mejorar o siquiera mantenerse, empeor\u00f3 durante 1996. Como puede verse en el cuadro y el gr\u00e1fico adjuntos, de 8.223 procesos de tutela tramitados durante el primer trimestre, 1.233 (el 14,99%) fueron instaurados en contra de Cajanal; de 6.413 correspondientes al segundo trimestre, 961 (el 14,98%) fueron dirigidos en su contra ; de los 7.892 procesos del tercer trimestre, en 1.108 (el 14,03%) aparece esta entidad como demandada ; y de los 8.686 del cuarto trimestre, en 2.025 (\u00a1el 23,31% !) se pretendi\u00f3 obtener el amparo judicial frente a violaciones atribu\u00eddas a esta entidad. <\/p>\n
Ahora bien : como se puede ver en los seis expedientes revisados por medio de esta providencia, y en los ya tramitados durante el resto de 1997, la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social contin\u00faa incurriendo en los mismos comportamientos violatorios del derecho de petici\u00f3n, y pretendiendo justificarlos con las mismas razones improcedentes que una y otra vez han desestimado los jueces de tutela, sin que las repetidas advertencias de \u00e9stos hayan servido para que se terminen, o al menos disminuyan, las violaciones a los derechos fundamentales de quienes dirigen sus peticiones a Cajanal. Por tanto, se ordenar\u00e1 remitir copia de esta providencia a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, para lo de su competencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de las consideraciones expuestas, la Sala Cuarta de Revisi\u00f3n de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE : <\/p>\n
Primero. REVOCAR la sentencia adoptada por la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia el 10 de diciembre de 1996 y, en su lugar, tutelar el derecho de petici\u00f3n del ciudadano Jorge Enrique Pinz\u00f3n D\u00edaz. <\/p>\n
Segundo. REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Tercero Penal Municipal de San Jos\u00e9 de C\u00facuta el 6 de diciembre de 1996 y, en su lugar, tutelar el derecho de petici\u00f3n del ciudadano Rodolfo Guerrero. <\/p>\n
Tercero. REVOCAR la providencia adoptada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 el 12 de diciembre de 1996 y, en su lugar, tutelar el derecho de petici\u00f3n del ciudadano Saul Santamar\u00eda Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
Cuarto. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Sesenta y Seis Penal Municipal de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 el 31 de diciembre de 1996 y, en su lugar, tutelar el derecho de petici\u00f3n de la ciudadana Luz Esther Ca\u00f1as Escobar. <\/p>\n
Quinto. REVOCAR el fallo adoptado por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 13 de diciembre de 1996 y, en su lugar, tutelar el derecho de petici\u00f3n del ciudadano Federico Antonio Lavis Osorio. <\/p>\n
Sexto. REVOCAR la providencia proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 el 16 de diciembre de 1996 y, en su lugar, tutelar el derecho de petici\u00f3n de la ciudadana Sixta Tulia Lozano de Osorio. <\/p>\n
S\u00e9ptimo. ORDENAR a la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social que, si a\u00fan no lo ha hecho, resuelva las peticiones de los ciudadanos Jorge Enrique Pinz\u00f3n D\u00edaz, Rodolfo Guerrero, Saul Santamar\u00eda Gonz\u00e1lez, Luz Esther Ca\u00f1as Escobar, Federico Antonio Lavis Osorio y Sixta Tulia Lozano de Osorio, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente providencia, so pena de las sanciones contempladas en el Decreto 2591 de 1991 para el desacato. <\/p>\n
Octavo. ORDENAR que, por medio de la Secretar\u00eda General de la Corporaci\u00f3n, se env\u00ede copia de esta sentencia a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, para lo de su competencia. <\/p>\n
Noveno. COMUNICAR esta providencia al Tribunal Superior de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, al Juzgado Tercero Penal Municipal de San Jos\u00e9 de C\u00facuta, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, al Juzgado 76 Penal Municipal de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena y al Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, para los fines previstos en el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Comun\u00edquese, notif\u00edquese, c\u00famplase e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional. <\/p>\n
CARLOS GAVIRA D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA S\u00c1CHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
DEMANDAS CONTRA CAJANAL <\/p>\n
A\u00d1OS 1995 – 1996 <\/p>\n
A\u00d1O <\/p>\n
1\u00b0 TRIMESTRE <\/p>\n
2\u00b0 TRIMESTRE <\/p>\n
3\u00b0 TRIMESTRE <\/p>\n
4\u00b0 TRIMESTRE <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
CAJANAL <\/p>\n
1995 <\/p>\n
10825 <\/p>\n
5343* <\/p>\n
5293 <\/p>\n
6253 <\/p>\n
27714 <\/p>\n
Cajanal <\/p>\n
600 <\/p>\n
684* <\/p>\n
794 <\/p>\n
925 <\/p>\n
3003 <\/p>\n
Porcentaje <\/p>\n
5.54% <\/p>\n
12.8% <\/p>\n
14.79% <\/p>\n
1996 <\/p>\n
8223 <\/p>\n
6413 <\/p>\n
7892 <\/p>\n
8686 <\/p>\n
31214 <\/p>\n
Cajanal <\/p>\n
1233 <\/p>\n
961 <\/p>\n
1108 <\/p>\n
2025 <\/p>\n
5327 <\/p>\n
Porcentaje <\/p>\n
14.99% <\/p>\n
14.98% <\/p>\n
14.03% <\/p>\n
23.31% <\/p>\n
1997 <\/p>\n
Cajanal <\/p>\n
<\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
19048 <\/p>\n
11756 <\/p>\n
13185 <\/p>\n
14939 <\/p>\n
58928 <\/p>\n
CAJANAL <\/p>\n
1833 <\/p>\n
1645 <\/p>\n
1902 <\/p>\n
2950 <\/p>\n
* Falta marzo. <\/p>\n
** Falta julio. <\/p>\n
<\/p>\n
DEMANDAS CONTRA CAJANAL <\/p>\n
A\u00d1OS DE 1995 -1996 <\/p>\n
<\/p>\n
No se encuentra disponible a\u00fan, informaci\u00f3n de 1997 <\/p>\n
<\/p>\n
1 Sentencia T-417 del 20 de septiembre de 1995, Magistrado Ponente Alejandro Mart\u00ednez Caballero <\/p>\n
5 <\/p>\n
<\/p>\n
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