T-580-97<\/p>\n
Sentencia T-580\/97 <\/p>\n
ACCION DE TUTELA-Improcedencia general pago de acreencias laborales <\/p>\n
Referencia: Expediente T-117867 <\/p>\n
Acci\u00f3n de tutela incoada por Fabiola Duque Henao contra el Gerente del Hospital de Caldas y otro. <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO <\/p>\n
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C., a los diez (10) d\u00edas del mes de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997). <\/p>\n
Se revisa el fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales, al resolver sobre el asunto en referencia. <\/p>\n
I. INFORMACION PRELIMINAR <\/p>\n
La accionante estima que sus derechos han sido vulnerados al no recibir de la entidad demandada -de car\u00e1cter particular- sus cesant\u00edas parciales solicitadas el 1 de abril de 1996. <\/p>\n
Mediante sentencia del 15 de noviembre de 1996, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales declar\u00f3 que no era procedente la tutela, pues consider\u00f3 que los derechos consagrados en los art\u00edculos 13 y 23 de la Constituci\u00f3n no fueron violados en el caso de la actora. La solicitud que ella hizo -dijo el Juez- para que le reconocieran y pagaran las cesant\u00edas parciales fue resuelta satisfactoriamente, ya que la entidad expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n 216 del 16 de mayo de 1996. Si al momento no se le ha hecho efectivo el derecho reconocido, ello se debe a que no hay disponibilidad presupuestal. <\/p>\n
Tampoco el derecho a la igualdad ha sido violado, seg\u00fan la sentencia, pues de acuerdo con lo expuesto en ella, si a Matilde Jurado -otra empleada- se le efectu\u00f3 el pago por el mismo concepto, ello se debi\u00f3 a que hab\u00eda presentado la solicitud el 5 de agosto de 1994. <\/p>\n
Por otro lado, el Juez estim\u00f3 que el camino adecuado para obtener el pago de la cesant\u00eda parcial era el proceso ejecutivo laboral y no la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL <\/p>\n
1. Competencia <\/p>\n
La Corte es competente para revisar el indicado fallo, seg\u00fan lo previsto en los art\u00edculos 86 y 241-9 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en el Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
2. Cuando no se acredita una circunstancia excepcional ni la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales es improcedente la acci\u00f3n de tutela para reclamar el pago de acreencias por concepto de trabajo <\/p>\n
La Corte reitera lo se\u00f1alado en Sentencia T-01 del 21 de enero de 1997: <\/p>\n
“En el campo laboral, aunque est\u00e1 de por medio el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas y existen motivos para que en casos excepcionales pueda la acci\u00f3n de tutela ser un instrumento con mayor aptitud para salvaguardar aqu\u00e9l y otros derechos fundamentales, tiene lugar la regla general expuesta, ya que las controversias originadas en una relaci\u00f3n de trabajo, bien por vinculaci\u00f3n mediante contrato o por nexo legal y reglamentario con entidades p\u00fablicas, tienen suficientes mecanismos de control, defensa y resoluci\u00f3n en los procesos ordinarios, ampliamente desarrollados de tiempo atr\u00e1s en nuestro sistema jur\u00eddico. <\/p>\n
La jurisprudencia de la Corte ha sido enf\u00e1tica en sostener que la liquidaci\u00f3n y pago de obligaciones laborales escapa al \u00e1mbito propio de la acci\u00f3n de tutela, y si bien es cierto ha admitido su procedencia en algunos casos, ellos han sido excepcionales y primordialmente sustentados en la falta de idoneidad del medio ordinario, en los t\u00e9rminos que se dejan expuestos, relativos siempre de manera espec\u00edfica y directa a las circunstancias en las que se encuentra el actor, lo cual excluye de plano que pueda concederse el amparo judicial para los indicados fines, masiva e indiscriminadamente”. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha destacado que, sin embargo, en algunos eventos en los cuales el medio judicial ordinario no es id\u00f3neo para la defensa efectiva de los derechos fundamentales, puede ser viable la tutela: <\/p>\n
“As\u00ed, ha encontrado la Corte que puede tutelarse el derecho del trabajador a obtener el pago de su salario cuando resulta afectado el m\u00ednimo vital (Cfr. sentencias T-426 del 24 de junio de 1992, T-063 del 22 de febrero de 1995 y T-437 del 16 de septiembre de 1996); que es posible intentar la acci\u00f3n de tutela para que se cancelen las mesadas pensionales dejadas de percibir por una persona de la tercera edad en circunstancias apremiantes y siendo ese su \u00fanico ingreso (Cfr. sentencias T-426 del 24 de junio de 1992, T-147 del 4 de abril de 1995, T-244 del 1 de junio de 1995, T-212 del 14 de mayo de 1996 y T-608 del 13 de noviembre de 1996); que cuando la entidad obligada al pago de la pensi\u00f3n revoca unilateralmente su reconocimiento, procede la tutela para restablecer el derecho del afectado (Cfr. Sentencia T-246 del 3 junio de 1996); que es posible restaurar, por la v\u00eda del amparo, la igualdad quebrantada por el Estado cuando se discrimina entre los trabajadores, para fijar el momento de la cancelaci\u00f3n de prestaciones, favoreciendo con un pago r\u00e1pido a quienes se acogen a determinado r\u00e9gimen y demor\u00e1ndolo indefinidamente a aquellos que han optado por otro (Cfr. Sentencia T-418 del 9 de septiembre de 1996); que resulta admisible la tutela para eliminar las desigualdades generadas por el uso indebido de los pactos colectivos de trabajo con el objeto de desestimular la asociaci\u00f3n sindical (Sentencia SU-342 del 2 de agosto de 1995. M.P.: Dr. Antonio Barrera Carbonell). <\/p>\n
En todos los casos mencionados la jurisprudencia ha entendido que se desvirtuar\u00eda la Carta Pol\u00edtica, en cuanto se quebrantar\u00eda la prevalencia del derecho sustancial, el acceso efectivo a la justicia y el principio de econom\u00eda procesal, en detrimento de los derechos fundamentales en juego, si se forzara el uso del medio judicial ordinario, a sabiendas de su ineptitud en el caso concreto, cerrando de manera absoluta la v\u00eda contemplada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
Pero, se repite, estamos ante situaciones extraordinarias que no pueden convertirse en la regla general, ya que, de acontecer as\u00ed, resultar\u00eda desnaturalizado el objeto de la tutela y reemplazado, por fuera del expreso mandato constitucional, el sistema judicial ordinario”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisi\u00f3n. Sentencia T-01 del 21 de enero de 1997). <\/p>\n
No estando probado ninguno de los aludidos elementos, como acontece en este caso, no tiene lugar la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 el fallo de instancia. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala Quinta de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero.- CONFIRMAR la sentencia objeto de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Segundo.- DESE cumplimiento a lo previsto en el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, publ\u00edquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c\u00famplase. <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
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