T-673-97<\/p>\n
Sentencia T-673\/97 <\/p>\n
ACCION DE TUTELA-Improcedencia general pago de acreencias laborales <\/p>\n
Referencia: Expediente T-125374 <\/p>\n
Acci\u00f3n de Tutela instaurada por Misael Vaca S\u00e1nchez contra el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, el Consejo Superior de la Judicatura -Sala Administrativa-,la Direcci\u00f3n Seccional de Carrera Judicial de Santa Fe de Bogot\u00e1 y Cundinamarca y la Pagadur\u00eda de la Rama Judicial <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO <\/p>\n
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C., a los once (11) d\u00edas del mes de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997). <\/p>\n
Se revisan las providencias proferidas por el Juzgado Quinto Penal del Circuito y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogot\u00e1, Sala Penal, al resolver sobre la acci\u00f3n de tutela en referencia. <\/p>\n
I. INFORMACION PRELIMINAR <\/p>\n
El ciudadano MISAEL SANCHEZ VACA, actuando en nombre propio, propuso acci\u00f3n de tutela contra el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la Direcci\u00f3n Seccional de Carrera Judicial de Santa Fe de Bogot\u00e1 y Cundinamarca y la Pagadur\u00eda de la Rama Judicial, por considerar violados sus derechos fundamentales a la igualdad y la seguridad social. <\/p>\n
Afirm\u00f3 el accionante haber laborado durante 23 a\u00f1os al servicio de la Rama Judicial, al cabo de los cuales solicit\u00f3 el pago de sus acreencias laborales, entre ellas sueldos, prima de antig\u00fcedad, de navidad, de servicios y prima vacacional, como tambi\u00e9n el subsidio de alimentaci\u00f3n, por el per\u00edodo comprendido entre el 29 de agosto de 1989 y 30 de agosto de 1990, petici\u00f3n elevada mediante escrito de fecha 12 de julio de 1993. <\/p>\n
Al observar el peticionario que la respuesta dada por la Direcci\u00f3n a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n mencionada no respond\u00eda a su petici\u00f3n, ejerci\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, aduciendo violaci\u00f3n del mencionado derecho fundamental, por lo cual solicit\u00f3 al Juez ordenar a la Direcci\u00f3n demandada expedir el acto administrativo que resolviera acerca de la solicitud del pago de sus acreencias laborales. Es as\u00ed como la demandada profiri\u00f3 la Resoluci\u00f3n No. 5871 del 5 de agosto de 1996, mediante la cual se dijo aclarar el art\u00edculo 1 de la Resoluci\u00f3n No. 4925 del 15 de abril de 1996. <\/p>\n
Afirm\u00f3 el actor que, como el Juzgado de tutela consider\u00f3 que con los actos administrativos antes referidos se restableci\u00f3 el derecho de petici\u00f3n, inicialmente vulnerado, dispuso el archivo del expediente. <\/p>\n
Por el contrario, a juicio del accionante, como el amparo concedido por violaci\u00f3n al derecho fundamental de petici\u00f3n result\u00f3 inoperante, ineficaz y burlado, promovi\u00f3 nueva acci\u00f3n de tutela en procura del amparo y protecci\u00f3n a sus derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social. <\/p>\n
Solicit\u00f3, por tanto, que le fueran canceladas sus prestaciones sociales reconocidas y liquidadas mediante actos administrativos, argumentando que a otros servidores de la Rama Judicial s\u00ed se les han pagado, incluso con reconocimiento de intereses, raz\u00f3n por la cual observa un trato discriminatorio y arbitrario por parte de las entidades demandadas. <\/p>\n
II. LAS DECISIONES JUDICIALES <\/p>\n
En primera instancia el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Santa Fe de Bogot\u00e1, mediante providencia de veintiuno de noviembre de 1996, decidi\u00f3 denegar la tutela por considerar que no exist\u00eda violaci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados por el actor. <\/p>\n
En primer t\u00e9rmino consider\u00f3 la primera instancia que no se hab\u00eda vulnerado el derecho a la igualdad, de acuerdo con el argumento planteado por el accionante, ya que la conducta atribuida a la Administraci\u00f3n, y en efecto asumida por ella, no constitu\u00eda un trato discriminatorio en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n del demandante, pues se llev\u00f3 a cabo atendiendo estrictamente el orden de presentaci\u00f3n y radicaci\u00f3n de las diferentes solicitudes que se formularon. <\/p>\n
Tampoco -dijo- fue observada una violaci\u00f3n del derecho a la seguridad social, ya que su amparo s\u00f3lo procede en casos concretos, en la medida en que resulta directa su relaci\u00f3n con un derecho fundamental. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que las acreencias laborales adeudadas y solicitadas por v\u00eda de tute <\/p>\n
la pod\u00edan ser reclamadas a trav\u00e9s de otros medios de defensa judicial, espec\u00edficamente a trav\u00e9s de las acciones ejecutivas exigibles ante la jurisdicci\u00f3n laboral, toda vez que la Administraci\u00f3n ya reconoci\u00f3 la existencia de las obligaciones laborales. <\/p>\n
En segunda instancia el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogot\u00e1, Sala Penal, mediante providencia de fecha cuatro de febrero de 1997, confirm\u00f3 la sentencia, al reafirmar la argumentaci\u00f3n jur\u00eddica planteada. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL <\/p>\n
<\/p>\n
1. Competencia <\/p>\n
Esta Corte es competente para efectuar la revisi\u00f3n de los fallos en referencia, con arreglo a lo dispuesto por los art\u00edculos 86 y 241, numeral 9, y seg\u00fan el Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
2. Improcedencia de la tutela <\/p>\n
La Corte considera que en este caso deben ser confirmadas las decisiones de instancia pues, en efecto, la acci\u00f3n incoada era improcedente. <\/p>\n
Como lo ha reiterado esta Corporaci\u00f3n (Cfr. Sentencia T-01 del 21 de enero de 1997), respecto de reclamaciones de car\u00e1cter puramente laboral, a no ser que se configure una de las excepcionales circunstancias que, con base en los principios y normas constitucionales, la jurisprudencia ha delineado claramente (especialmente por falta de efectividad del medio judicial ordinario en el caso concreto, violaci\u00f3n de derechos fundamentales de personas de la tercera edad, afectaci\u00f3n del m\u00ednimo vital), existen mecanismos de defensa en el sistema jur\u00eddico, lo que, a la luz del art\u00edculo 86 de la Carta, impide la viabilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
As\u00ed, en el presente asunto, han sido solicitadas por tutela todas las prestaciones sociales del actor, sin que se haya probado ninguno de los elementos extraordinarios en menci\u00f3n, por cuya virtud se hubiese podido justificar la tutela, y sin que se haya establecido la inminencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Tampoco aprecia la Corte, seg\u00fan lo que aparece en el expediente, una vulneraci\u00f3n directa de preceptos constitucionales ni una afrenta probada de los derechos fundamentales del accionante, lo que significa que se est\u00e1 ante una controversia de naturaleza puramente laboral. <\/p>\n
El accionante ha debido agotar los tr\u00e1mites judiciales ordinarios, en vez de sustituir por el amparo los procesos se\u00f1alados en la ley, pues aqu\u00e9l est\u00e1 \u00fanica y espec\u00edficamente previsto para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala Quinta de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero.- CONFIRMAR los fallos objeto de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Segundo.- DESE cumplimiento a lo previsto en el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, publ\u00edquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c\u00famplase. <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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