C-015-98<\/p>\n
Sentencia C-015\/98 <\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL <\/p>\n
Referencia: Expediente D-1738 <\/p>\n
Acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad en contra del par\u00e1grafo del art\u00edculo 22 de la ley 344 de 1996, \u201cPor la cual se dictan normas tendientes a la racionalizaci\u00f3n del gasto p\u00fablico, se conceden unas facultades extraordinarias y se dictan otras disposiciones\u201d <\/p>\n
Actora: Liliana Almeyda Gomez <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., febrero cuatro (4) de mil novecientos noventa y ocho (1998). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
En ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad, consagrada en el art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la ciudadana LILIANA ALMEYDA GOMEZ solicit\u00f3 a esta Corporaci\u00f3n la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad del par\u00e1grafo del art\u00edculo 22 de la ley 344 de 1996, \u201cpor la cual se dictan normas tendientes a la racionalizaci\u00f3n del gasto p\u00fablico, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones\u201d. <\/p>\n
Por auto del 24 de julio de 1997, el Magistrado Sustanciador decidi\u00f3 admitir la demanda y, en consecuencia, orden\u00f3 su fijaci\u00f3n en lista, el traslado del expediente al se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n para efectos de recibir el concepto de su competencia y enviar las comunicaciones respectivas al se\u00f1or Presidente de la Rep\u00fablica, a los se\u00f1ores ministros de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, de Trabajo y Seguridad Social y de Salud y al se\u00f1or Director del Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica. <\/p>\n
Una vez cumplidos todos los tr\u00e1mites previstos para esta clase de procesos, procede la Corte a decidir. <\/p>\n
<\/p>\n
I. EL TEXTO DE LA NORMA ACUSADA <\/p>\n
Se transcribe a continuaci\u00f3n el art\u00edculo 22 de la ley 344 de 1996, destacando en negrillas el par\u00e1grafo acusado. <\/p>\n
\u201cLEY 344 de 1996 <\/p>\n
(diciembre 27) <\/p>\n
por la cual se dictan normas tendientes a la racionalizaci\u00f3n del gasto p\u00fablico, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones. <\/p>\n
El Congreso de Colombia <\/p>\n
DECRETA: <\/p>\n
(…) <\/p>\n
Art\u00edculo 22. Las entidades territoriales deber\u00e1n adoptar los mecanismos necesarios para garantizar la libre competencia en la afiliaci\u00f3n al Sistema de Seguridad Social en Salud y en la prestaci\u00f3n de los servicios de salud subsidiados. La Superintendencia Nacional de Salud adoptar\u00e1 las medidas para el cumplimiento de lo establecido en el presente art\u00edculo. <\/p>\n
Par\u00e1grafo. Las ARS (Administradoras de R\u00e9gimen Subsidiado), contratar\u00e1n por lo menos el 40% con I.P.S oficiales\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
I. LA DEMANDA <\/p>\n
Considera la demandante que el par\u00e1grafo cuestionado vulnera el principio de igualdad pues el otorga un tratamiento preferencial a las IPS del sector oficial, poniendo en peligro los objetivos de la seguridad social y, principalmente la eficiencia, \u201ccomo quiera que asegurar a las IPS oficiales una serie de recursos por mandato legal las exime de cualquier esfuerzo por conseguir los mismos a trav\u00e9s del ofrecimiento de servicios de \u00f3ptima calidad\u201d. <\/p>\n
A juicio de la actora el prop\u00f3sito de la norma acusada \u201ces la obtenci\u00f3n de recursos para financiar los hospitales p\u00fablicos, sobre el presupuesto de que las administradoras del r\u00e9gimen subsidiado \u2018van a atender la salud de los pobres\u2019, raz\u00f3n a todas luces insuficiente para justificar la diferenciaci\u00f3n establecida en la norma demandada, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que la propia ley, a iniciativa del Gobierno, estableci\u00f3 mecanismos de car\u00e1cter presupuestal y de planeaci\u00f3n para obtener una mayor financiaci\u00f3n de los hospitales p\u00fablicos a trav\u00e9s de un mejor manejo de sus recursos y de una mejor prestaci\u00f3n de los servicios\u201d. <\/p>\n
Finalmente, advirti\u00f3 la demandante que la preceptiva acusada tambi\u00e9n viola la igualdad de los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud y, concretamente, a los usuarios del mismo que sean beneficiarios del r\u00e9gimen subsidiado, \u201cpues los coloca en condiciones de desigualdad frente a los usuarios del r\u00e9gimen contributivo, toda vez que estos pueden acceder a toda una gama de prestadores (sic) que le ofrezca la EPS que libremente han elegido, en tanto que aquellos s\u00f3lo podr\u00e1n ser atendidos, en un alto porcentaje por hospitales del sector p\u00fablico…, cercenando as\u00ed sus posibilidades de elegir libremente y de obtener el servicio de salud en las mismas condiciones que los usuarios del r\u00e9gimen contributivo…\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
I. INTERVENCIONES <\/p>\n
Dentro de la oportunidad procesal correspondiente intervinieron los apoderados de los se\u00f1ores ministros de Salud y de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, as\u00ed como el apoderado del se\u00f1or Director del Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica, quienes presentaron argumentos justificativos de la constitucionalidad de la preceptiva demandada. <\/p>\n
<\/p>\n
I. EL MINISTERIO PUBLICO <\/p>\n
El se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n solicit\u00f3 a la Corte \u201cdeclarar CONSTITUCIONAL el par\u00e1grafo del art\u00edculo 22 de le ley 344 de 1996\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
I. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
Primera. La Competencia <\/p>\n
La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, por dirigirse en contra de un par\u00e1grafo que hace parte de una ley de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
Segunda. La cosa juzgada constitucional <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n, mediante sentencia No. C-428 del 4 de septiembre de 1997, declar\u00f3 constitucional, en los t\u00e9rminos de esa providencia, el art\u00edculo 22 de la ley 344 de 1996, del que hace parte el par\u00e1grafo acusado. <\/p>\n
Sobre el particular, puntualiz\u00f3 la Corte: <\/p>\n
\u201c…si bien es cierto que la disposici\u00f3n examinada establece que las Administradoras de R\u00e9gimen Subsidiado contratar\u00e1n por lo menos el 40% con I.P.S oficiales, ello no implica violaci\u00f3n al derecho a la igualdad ni transgresi\u00f3n a principios o preceptos superiores, ya que el art\u00edculo 48 de la Carta Pol\u00edtica establece que la ley determinar\u00e1 si la seguridad social es prestada por entidades p\u00fablicas o privadas, y en tal medida puede entonces determinar el porcentaje de contrataci\u00f3n con entes oficiales o particulares para la prestaci\u00f3n del mencionado servicio p\u00fablico. <\/p>\n
\u201cEn tales t\u00e9rminos se condicionar\u00e1 la exequibilidad\u201d. <\/p>\n
Por haber operado el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional, no cabe nuevo pronunciamiento sobre el par\u00e1grafo del art\u00edculo 22 de la ley 344 de 1996. <\/p>\n
VII. DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia No. C-428 del 4 de septiembre de 1997, en lo referente a la constitucionalidad del par\u00e1grafo del art\u00edculo 22 de la ley 344 de 1996. <\/p>\n
C\u00f3piese, comun\u00edquese, notif\u00edquese, c\u00famplase, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y arch\u00edvese el expediente. <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJIA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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