C-217-93<\/p>\n
Sentencia No. C-217\/93 <\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL <\/p>\n
REF: Expediente N\u00b0 D-215 <\/p>\n
Actor: Andr\u00e9s Caicedo Ru\u00edz <\/p>\n
Norma acusada: art\u00edculo 23 del Decreto 2067 de 1991 <\/p>\n
Magistrado Sustanciador: <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
La Corte Constitucional de la Rep\u00fablica de Colombia, <\/p>\n
EN NOMBRE DEL PUEBLO <\/p>\n
Y <\/p>\n
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION <\/p>\n
Ha pronunciado la siguiente <\/p>\n
SENTENCIA <\/p>\n
En el proceso iniciado a ra\u00edz de la demanda formulada en acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad por el ciudadano Andr\u00e9s Caicedo Ru\u00edz. <\/p>\n
I- ANTECEDENTES <\/p>\n
1. De la norma objeto de revisi\u00f3n <\/p>\n
El siguiente es el texto del art\u00edculo 23 del Decreto 2067 de 1991: <\/p>\n
Art\u00edculo 23.- La doctrina constitucional enunciada en las sentencias de la Corte Constitucional, mientras no sea modificada por \u00e9sta, ser\u00e1 criterio auxiliar obligatorio para las autoridades y corrige la jurisprudencia. <\/p>\n
Las modificaciones a la doctrina existente deber\u00e1 ser expl\u00edcita en las sentencias. <\/p>\n
2. De los argumentos del actor <\/p>\n
El actor estima que la norma demandada viola los art\u00edculos 4\u00b0, 95, 230 y 241 de la Constituci\u00f3n, por lo siguiente: <\/p>\n
Primero, el art\u00edculo 23 del Decreto 2067 de 1991 es contrario al art\u00edculo 230 superior, el cual s\u00f3lo le confiere un alcance de criterio auxiliar a la jurisprudencia. <\/p>\n
Tercero, el se\u00f1or Andr\u00e9s Caicedo Ru\u00edz sostiene que el constituyente no quiso introducir en Colombia el sistema anglosaj\u00f3n basado en la jurisprudencia sino que reiter\u00f3 la tradici\u00f3n jur\u00eddica del pa\u00eds, inspirada en el legado romano, en donde la ley escrita es la fuente principal de derecho. <\/p>\n
Cuarto, el demandante solicita la inaplicaci\u00f3n de la norma acusada, en virtud del art\u00edculo 4\u00b0 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
Quinto, el actor estima que de conservarse la norma revisada se transformar\u00eda la tradici\u00f3n jur\u00eddica del pa\u00eds por una concepci\u00f3n antidemocr\u00e1tica. <\/p>\n
3. Del concepto del Procurador General de la Naci\u00f3n <\/p>\n
En primer lugar, el Ministerio P\u00fablico solicita a la Corte Constitucional estarse a lo resuelto en el proceso identificado con el n\u00famero de radicaci\u00f3n D-182, con base en la cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
En segundo lugar, y en subsidio, la vista fiscal solicita a la Corte Constitucional en su concepto de rigor declarar INEXEQUIBLE la palabra “obligatorio” del art\u00edculo revisado, si se decide entrar a estudiar de fondo dicha disposici\u00f3n, con fundamento en el siguiente argumento: <\/p>\n
Resulta entonces, que cuando la Corte Constitucional decide sobre un asunto de su competencia, lo hace \u00fanica y exclusivamente para el caso concreto, sin que sea posible que los argumentos expuestos o la doctrina enunciada en el cuerpo de la sentencia sea de obligatorio cumplimiento para las autoridades en casos distintos. <\/p>\n
Cuando el Decreto 2067, en su art\u00edculo 23, eleva la doctrina enunciada en las sentencias de la Corte Constitucional al rango de criterio auxiliar obligatorio, si bien es cierto no la coloca por encima de la ley, le otorga un ligar preferente con relaci\u00f3n a los dem\u00e1s criterios auxiliares, como ser\u00eda el caso de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado, situaci\u00f3n que en nuestra opini\u00f3n no es aceptable no solamente por el art\u00edculo 230 del estatuto superior no contempl\u00f3 la posibilidad de establecer categor\u00edas jer\u00e1rquicas entre los criterios auxiliares de la actividad judicial (y donde la Constituci\u00f3n no distingue no es dable al int\u00e9rprete distinguir), sino tambi\u00e9n porque, como se vi\u00f3 anteriormente, el control constitucional en Colombia es un control difuso, es decir, que no ha sido entregado de manera exclusiva a la Corte Constitucional. <\/p>\n
En consecuencia, se considera la expresi\u00f3n “obligatorio” contenida en el art\u00edculo 23 del Decreto 2067 de 1991, como contraria al art\u00edculo 230 de la Constituci\u00f3n Nacional. <\/p>\n
Cumplidos, como est\u00e1n, los tr\u00e1mites previstos en la Constituci\u00f3n y en el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a decidir el asunto por medio de esta sentencia. <\/p>\n
II- FUNDAMENTO JURIDICO <\/p>\n
La norma acusada, esto es, el art\u00edculo 23 del Decreto 2067 de 1991, ya fue estudiada por la Corte Constitucional. En efecto, en la sentencia N\u00b0 SC-131 del 1\u00b0 de abril de 1993, la Corte declar\u00f3 inexequible la palabra “obligatorio” y fij\u00f3 la interpretaci\u00f3n constitucional del art\u00edculo en su conjunto. <\/p>\n
En este proceso nos encontramos en presencia de una demanda contra la misma norma, de suerte que se estar\u00e1 a lo resuelto en la sentencia precitada. <\/p>\n
III- DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Estarse a lo resuelto en la Sentencia de la Corte Constitucional N\u00b0 SC-131 del d\u00eda 1\u00b0 de abril de 1993, en la que se declar\u00f3 inexequible el art\u00edculo 23 del Decreto 2067 de 1991. <\/p>\n
C\u00famplase, comun\u00edquese, publ\u00edquese y arch\u00edvese. <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJIA ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Magistrado <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
FABIO MORON DIAZ VLADIMIRO NARANJO MEJIA <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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