C-218-93<\/p>\n
<\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL <\/p>\n
-Sala Plena- <\/p>\n
Ref.: Expediente D-222 <\/p>\n
Demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 26 del Decreto 1746 de 1991. <\/p>\n
Demandante: ANTONIO J. LOSADA ADUEN <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Sentencia aprobada en Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., a los nueve (9) d\u00edas del mes de junio de mil novecientos noventa y tres (1993). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
El ciudadano ANTONIO J. LOSADA ADUEN ejerci\u00f3 la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 26 del Decreto 1746 de 1991, por medio del cual fue establecido el r\u00e9gimen sancionatorio y el procedimiento cambiario a seguir por la Superintendencia de Cambios. <\/p>\n
El art\u00edculo acusado es del siguiente tenor: <\/p>\n
“Art\u00edculo 26. Para ejercitar las acciones ante la jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo, deber\u00e1 acompa\u00f1arse a la demanda el recibo de pago de la multa correspondiente”. <\/p>\n
El demandante considera que la norma transcrita vulnera el art\u00edculo 229 de la Constituci\u00f3n por el cual se garantiza a toda persona el derecho de acceder a la administraci\u00f3n de justicia, pues establece trabas o barreras que lo hacen nugatorio; el 13 sobre igualdad ante la ley, pues se introducen diferencias entre los asociados desconociendo que el acceso a la justicia es un atributo de la personalidad; el 5, que consigna la primac\u00eda de los derechos inalienables de la persona; y el 2, que establece como fin esencial del Estado el de garantizar la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
Expresa la demanda que la justicia contencioso-administrativa no puede estar vedada para un amplio sector de personas que por alguna raz\u00f3n pueden ser investigadas y sancionadas en fase administrativa por la Superintendencia de Cambios y que por razones pecuniarias no est\u00e9n en capacidad de cancelar la multa correspondiente. Esto implica, seg\u00fan el actor, un privilegio inconstitucional de ingrata recordaci\u00f3n hist\u00f3rica. <\/p>\n
II. DEFENSA DE LA NORMA <\/p>\n
Dentro del t\u00e9rmino de fijaci\u00f3n en lista compareci\u00f3 el ciudadano RAUL ALEJANDRO CRIALES MARTINEZ, quien dijo actuar a nombre del Ministerio de Justicia seg\u00fan poder conferido por el Profesional Especializado del Despacho del Ministro (Veedor), en desarrollo de la delegaci\u00f3n contenida en Resoluci\u00f3n No. 721 del 1\u00ba de abril de 1992, con el objeto de defender la constitucionalidad del art\u00edculo impugnado. <\/p>\n
El defensor analiza la naturaleza y efectos del principio solve et repete frente a los postulados constitucionales de igualdad, legalidad de los actos administrativos, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, para concluir que ninguno de ellos ha sido desconocido en el presente caso. <\/p>\n
Dice el escrito de defensa en su parte esencial: <\/p>\n
“a.- La igualdad de que aqu\u00ed se trata es la igualdad ante la ley, no la igualdad de hecho. Es decir, que la ley debe ser la misma para todos sin distinci\u00f3n de ninguna naturaleza, refi\u00e9rese a derechos y obligaciones. Es la igualdad jur\u00eddica, que otorga iguales facultades e impone deberes, y da igual protecci\u00f3n a unos y a otros. Esto es, se repite, una igualdad de derechos y no de medios. <\/p>\n
(…) <\/p>\n
b.- La de estimarse la regla solve et repete, vinculada al principio de legalidad de los actos administrativos, que a su vez, lleva \u00ednsito el privilegio de la decisi\u00f3n ejecutoria, consiste en la facultad que le asiste a la administraci\u00f3n de imponer multas -previo el cumplimiento del procedimiento instaurado para tal fin-, y ella misma, ejecutarlas. <\/p>\n
Dentro de este mismo orden de razonamiento, que el precepto solve et repete se establece como condici\u00f3n de procedibilidad, esto es, que se subordina su observancia al ejercicio de las acciones ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa-administrativa. <\/p>\n
c.- La obligaci\u00f3n de que se trata, y cuyo cumplimiento es condici\u00f3n sine qua non para la admisi\u00f3n de la demanda, no quebranta el principio del debido proceso, consagrado en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, porque plenamente, el precepto es la ley preexistente a todo juzgamiento de que habla el referido texto constitucional. <\/p>\n
d.- El texto demandado tiene aplicaci\u00f3n frente a casos especiales -luego no es regla general- que ser\u00e1n aquellos en que por razones espec\u00edficas de pol\u00edticas econ\u00f3mico-fiscal, financieras, o de orden p\u00fablico econ\u00f3mico -ya que aqu\u00ed se aplica el art\u00edculo 1\u00ba de la Constituci\u00f3n, donde se manifiesta que el inter\u00e9s general prevalece- el legislador consider\u00f3 que debe satisfacerse la obligaci\u00f3n estatal de una vez en la v\u00eda gubernativa y como condici\u00f3n sine qua non para acudir ante la justicia administrativa. No se trata entonces de que se impida recurrir a \u00e9sta, sino que por existir instituciones jur\u00eddicas superiores que deben protegerse, se amerita la exigencia del pago de la multa en cuesti\u00f3n, la cual bajo ning\u00fan respecto constituye un despojo al patrimonio del administrado, pues en caso de decisi\u00f3n favorable a \u00e9ste se le devolver\u00e1”. <\/p>\n
El Procurador General de la Naci\u00f3n, mediante oficio No. 155 del 2 de febrero de 1993, emiti\u00f3 el concepto de rigor recordando que sobre la norma demandada ya existe un pronunciamiento de la Corte Constitucional y que, por tanto, es improcedente cualquier nuevo examen de ella. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL <\/p>\n
1. Competencia <\/p>\n
Esta Corte es competente para resolver en definitiva sobre la acci\u00f3n instaurada, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n, ya que el decreto del cual hace parte el art\u00edculo atacado fue expedido por el Presidente de la Rep\u00fablica en ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso Nacional. <\/p>\n
2. Cosa juzgada <\/p>\n
Como bien lo observa la Procuradur\u00eda, ya la Corte Constitucional profiri\u00f3 fallo de fondo sobre el art\u00edculo objeto de la demanda, declar\u00e1ndolo inexequible por Sentencia No. C-599 del 10 de diciembre de 1992 (Magistrado Ponente: Dr. Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz). <\/p>\n
En consecuencia, dando aplicaci\u00f3n a lo preceptuado en el art\u00edculo 243 de la Carta, se tiene que ha operado la cosa juzgada constitucional y debe, entonces, estarse a lo decidido. <\/p>\n
V. DECISION <\/p>\n
Con fundamento en las consideraciones que anteceden, la Corte Constitucional de la Rep\u00fablica de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Est\u00e9se a lo resuelto por la Corte en Sentencia No. C-599 del 10 de diciembre de 1992, que declar\u00f3 inexequible la disposici\u00f3n acusada. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, publ\u00edquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y arch\u00edvese el expediente. <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJIA ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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