T-390-98<\/p>\n
Sentencia T-390\/98 <\/p>\n
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia excepcional <\/p>\n
SUBORDINACION LABORAL-Alcance <\/p>\n
DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS-Alcance <\/p>\n
DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS-Reajuste peri\u00f3dico de remuneraci\u00f3n <\/p>\n
DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY-Trato diferente, razonable y objetivo <\/p>\n
El derecho fundamental a la igualdad, instituido por la Carta Pol\u00edtica, no busca o no pretende que se genere una igualdad matem\u00e1tica y ciega ante las diferentes situaciones que surgen en la vida real, pues la igualdad a la que se refiere la Constituci\u00f3n es una igualdad de trato ante la ley. Si bien surgen situaciones f\u00e1cticas que requiere un trato diferente, este \u00faltimo debe sustentarse en criterios razonables y objetivos que as\u00ed lo justifiquen, sin que de esta manera se deje al capricho o voluntad de quien imparte las reglas, la aplicaci\u00f3n de un trato distinto. <\/p>\n
REGIMEN DE CESANTIAS-Libertad de opci\u00f3n del trabajador <\/p>\n
PRINCIPIO A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL-Libertad de opci\u00f3n en sistema de cesant\u00edas\/DERECHO A LA IGUALDAD-Discriminaci\u00f3n salarial por no acoger nuevo sistema de cesant\u00edas <\/p>\n
Referencia: Expediente T-161848 <\/p>\n
Peticionaria: Marlen Stella Daza L\u00f3pez <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. FABIO MOR\u00d3N D\u00cdAZ <\/p>\n
Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C., a los treinta y un (31) d\u00edas del mes de julio de mil novecientos noventa y ocho (1.998) <\/p>\n
La Sala N\u00famero 8 de Revisi\u00f3n de tutelas, integrada por los Magistrados FABIO MORON DIAZ, VLADIMIRO NARANJO MESA y ALFREDO BELTR\u00c1N SIERRA, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre el proceso de tutela instaurado por MARLEN STELLA DAZA L\u00d3PEZ contra FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA LTDA. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
A. Hechos y pretensiones <\/p>\n
Los hechos que sirvieron de base para iniciar la presente tutela, se pueden sintetizar en los siguientes puntos: <\/p>\n
<\/p>\n
1. La demandante ingres\u00f3 a la entidad tutelada hace m\u00e1s de 23 a\u00f1os, desempe\u00f1ando en la actualidad el cargo de Asistente en el Departamento de Mercadeo. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Desde que entr\u00f3 en vigencia la Ley 50 de 1990, el salario de la demandante ha venido decreciendo en comparaci\u00f3n con el devengado por sus compa\u00f1eros de diferentes \u00e1reas que ocupan el mismo cargo, con las mismas funciones y la misma filosof\u00eda, con igual o menor tiempo de servicio, con igual o menor carga de trabajo, con igual o menor preparaci\u00f3n intelectual, con igual o menor entrenamiento, pues ellos han recibido aumento de su salario en una mayor proporci\u00f3n al realizado respecto del salario de la actora. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Dichos aumentos y diferencia en los salarios se viene presentado desde hace varios a\u00f1os, lo cual golpea desfavorablemente las condiciones de trabajo de la demandante. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al parecer, las diferencias salariales entre la demandante y sus compa\u00f1eros radica en que ellos s\u00ed optaron por cambiarse al r\u00e9gimen de la ley 50 de 1990, mientras que la demandante permaneci\u00f3 con el antiguo r\u00e9gimen. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Durante todo el tiempo que la demandante lleva laborando en FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA LTDA, nunca ha tenido un llamado de atenci\u00f3n o problema laboral alguno. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Mediante escrito de fecha 30 de octubre de 1997, la demandante solicit\u00f3 a la empresa demandada, le resolvieran su situaci\u00f3n laboral en relaci\u00f3n con los aumentos salariales, sin que hasta la fecha haya obtenido respuesta alguna. <\/p>\n
Ante los hechos aqu\u00ed expuestos, la petente considera violados sus derechos fundamentales a la igualdad y trabajo, por lo que solicita que FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA LTDA., proceda a nivelar su salario, de conformidad al cargo desempe\u00f1ado, el cual deber\u00e1 ser igual al que se devenga como el mayor salario en ese cargo por raz\u00f3n del cumplimiento de todos los requisitos. <\/p>\n
<\/p>\n
A. Decisiones que se revisan. <\/p>\n
Mediante decisi\u00f3n del diecis\u00e9is de enero de 1998, el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, resolvi\u00f3 denegar la tutela. Consider\u00f3 el a quo que de acuerdo a las pruebas obrantes en el expediente no se puede establecer si la diferencia salarial alegada por la actora, se deba a la violaci\u00f3n del derecho a la igualdad, pues no demuestra que la se\u00f1ora Daza L\u00f3pez tiene el mismo grado de instrucci\u00f3n, las mismas responsabilidades y deba cumplir los mismos horarios y ejecute las mismas labores que las dem\u00e1s personas del \u00e1rea de mercadeo. Adem\u00e1s, resulta imposible comprobar que existe alg\u00fan tipo de discriminaci\u00f3n contra la actora por no haberse acogido al r\u00e9gimen de la ley 50 de 1990. En lo que respecta al derecho de petici\u00f3n, se hace evidente que la actora no ha recibido respuesta alguna al escrito por ella enviado a la entidad demandada el 30 de octubre de 1997. Por lo tanto, se tutela dicho derecho, y se ordena a su vez a FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA LTDA, contestar la petici\u00f3n. <\/p>\n
Impugnada la decisi\u00f3n por la demandante, conoci\u00f3 en segunda instancia la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, la cual mediante decisi\u00f3n del 9 de marzo de 1998, resolvi\u00f3 revocar la decisi\u00f3n de primera instancia en lo que respecta al derecho de petici\u00f3n, deneg\u00e1ndolo en su lugar, y confirmar la providencia en lo referente al derecho a la igualdad. Consider\u00f3 el ad quem, a respecto del derecho a la igualdad, que la actora tiene a su alcance otra v\u00eda de defensa judicial. En lo que respecta al derecho de petici\u00f3n, encontr\u00f3 el ad quem un elemento nuevo, la respuesta dada por la entidad demandada, la cual mediante escrito de fecha 20 de enero del presente a\u00f1o, di\u00f3 respuesta – si bien negativa – a la petici\u00f3n de la actora, raz\u00f3n por la cual, no se debe proceder a tutelar un derecho fundamental que no se encuentra vulnerado. <\/p>\n
<\/p>\n
I. COMPETENCIA DE LA SALA <\/p>\n
Con fundamento en lo dispuesto en los art\u00edculos 86 y 241-9 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con los art\u00edculos 33, 34 y 35 del Decreto-Ley 2591 de 1991, la Sala es competente para revisar los fallos de la referencia. Su examen se hace en virtud de la selecci\u00f3n que de la sentencia de tutela practic\u00f3 la Sala correspondiente, y del reparto que se efectu\u00f3 de conformidad con el reglamento de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
I. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
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A. Procedencia de la tutela contra particulares respecto de los cuales existe subordinaci\u00f3n. <\/p>\n
La Corte Constitucional ha sostenido en varios de sus fallos, que de conformidad con el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela procede contra particulares de manera excepcional. <\/p>\n
Para que dicho mecanismo judicial de car\u00e1cter excepcional resulte procedente, se debe demostrar el estado de subordinaci\u00f3n de la actora frente a la parte demandada, la cual presuntamente ha violado sus derechos fundamentales. Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia T-172 del 4 de abril de 1997, Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa, se\u00f1al\u00f3 al respecto lo siguiente: <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n en relaci\u00f3n con la noci\u00f3n de subordinaci\u00f3n, se inclina por considerar que este concepto hace relaci\u00f3n a la situaci\u00f3n en que se encuentra una persona, cuando tiene la obligaci\u00f3n jur\u00eddica de acatar las \u00f3rdenes que le imparta un tercero, como consecuencia de pertenecer ambas partes a cierta estructura jer\u00e1rquica predeterminada por un contrato o una norma jur\u00eddica. En este sentido ha dicho por ejemplo lo siguiente : <\/p>\n
-\u201cEl concepto de subordinaci\u00f3n, como sin\u00f3nimo de sujeci\u00f3n a un sistema jerarquizado de expresi\u00f3n de \u00f3rdenes, en principio concuerda m\u00e1s bien con el fundamento y raz\u00f3n de ser del contrato de trabajo. Y, a\u00fan all\u00ed, en el campo del derecho laboral, se admite la existencia de servicios personales -como, por ejemplo, las asesor\u00edas prestadas por abogados o contadores independientes-, claramente tipificables fuera del \u00e1mbito del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo.\u201d (Sent. T- 003 de 1994, M.P. Jorge Arango Mej\u00eda) <\/p>\n
-\u201cLa subordinaci\u00f3n laboral, le da al principio de igualdad una fisonom\u00eda distinta, toda vez, que la posici\u00f3n de igualdad existe en el acto de contrataci\u00f3n del trabajador, por lo menos desde el punto de vista jur\u00eddico, pero desaparece, durante el desarrollo del contrato, en que la subordinaci\u00f3n del trabajador al patrono se pone en operaci\u00f3n por la necesidad de lograr los objetivos del contrato. La subordinaci\u00f3n implica adem\u00e1s, una limitaci\u00f3n a la autonom\u00eda del trabajador, dado que el contrato otorga al patrono la potestad de dirigir la actividad laboral del trabajador, en aras de lograr el mejor rendimiento de la producci\u00f3n, en beneficio de la empresa. Tales limitaciones a los derechos de autonom\u00eda e igualdad, si bien son constitucionales, leg\u00edtimas y justificables, encuentran en el precepto del numeral 4o del art\u00edculo 42 del decreto 2591 de 1991, un mecanismo id\u00f3neo para evitar abusos, que se generar\u00edan en el desconocimiento de dichos derechos.\u201d (Sent T-161 de 1993. M.P. Antonio Barrera Carbonell) <\/p>\n
En el presente caso, esta condici\u00f3n de subordinaci\u00f3n se hace evidente ante el hecho de que la actora es empleada de FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA LTDA., empresa aqu\u00ed demandada. Por lo tanto, la tutela resulta procedente. <\/p>\n
<\/p>\n
a. Derecho fundamental a la igualdad y libertad del trabajador para escoger r\u00e9gimen laboral durante la transici\u00f3n legislativa. <\/p>\n
Reiterativa ha sido la posici\u00f3n de la Corte Constitucional en la protecci\u00f3n especial que merece el derecho fundamental al trabajo – consagrado en el art\u00edculo 25 de la C.P. – en cuanto dicho derecho posee dos caracter\u00edsticas fundamentales cuales son la dignidad y la justicia. Al respecto vale la pena citar lo se\u00f1alado por esta misma Corporaci\u00f3n en la Sentencia T-273 del 3 de junio de 1997, Magistrado Ponente Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo, que se\u00f1al\u00f3 lo siguiente : <\/p>\n
“Especial protecci\u00f3n estatal merece el trabajo en todas sus modalidades, como lo establece sin rodeos el art\u00edculo 25 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Ella radica, entre otros aspectos, en la verificaci\u00f3n, por v\u00eda judicial o administrativa, seg\u00fan las competencias asignadas en la ley, acerca del cumplimiento por parte de los patronos p\u00fablicos y privados de la normatividad que rige las relaciones laborales y de las garant\u00edas y derechos m\u00ednimos e irrenunciables de los trabajadores. <\/p>\n
\u201cLa norma superior destaca que el trabajo objeto de esa especial protecci\u00f3n exige, como algo esencial, las condiciones dignas y justas en la relaci\u00f3n laboral. <\/p>\n
\u201c(…) <\/p>\n
\u201cParte bien importante de la dignidad y justicia en medio de las cuales el Constituyente exige que se establezcan y permanezcan las relaciones laborales consiste en la proporcionalidad entre la remuneraci\u00f3n que reciba el trabajador y la cantidad y calidad de su trabajo (art\u00edculo 53 C.P.). <\/p>\n
\u201cPara la Corte es claro que todo trabajador tiene derecho, de nivel constitucional, a que se lo remunere, pues si el pago de sus servicios hace parte del derecho fundamental al trabajo es precisamente en raz\u00f3n de que es la remuneraci\u00f3n la causa o el motivo, desde el punto de vista de quien se emplea, para establecer la vinculaci\u00f3n laboral. <\/p>\n
\u201cAhora bien, esa remuneraci\u00f3n no puede ser simplemente simb\u00f3lica. Ha de ser adecuada al esfuerzo que implica la tarea cumplida por el trabajador, a su preparaci\u00f3n, experiencia y conocimientos y al tiempo durante el cual vincule su potencia de trabajo a los fines que interesan al patrono. <\/p>\n
\u201cEso implica que el patrono no puede fijar de manera arbitraria los salarios de sus empleados, preferir o discriminar a algunos de ellos, hall\u00e1ndose todos en igualdad de condiciones”. <\/p>\n
Sobre los reajustes peri\u00f3dicos de la remuneraci\u00f3n expres\u00f3 la Corte en su sentencia T-276 del 3 de junio de 1997, Magistrado Ponente Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo: <\/p>\n
“En lo que hace a la remuneraci\u00f3n y a su peri\u00f3dico reajuste, se trata de dos elementos que conforman, desde el punto de vista constitucional, derechos inalienables de todo trabajador, que correlativamente implican obligaciones ineludibles de los empleadores. Estos no asumen una conducta leg\u00edtima dentro de la relaci\u00f3n laboral cuando pretenden escamotear tales derechos mediante procedimientos destinados a crear situaciones aparentemente ajustadas a la ley pero en realidad violatorias de ella, como cuando se hace depender el aumento del salario de la escogencia que haga el trabajador de uno u a otro r\u00e9gimen entre los que el legislador le ha permitido optar. <\/p>\n
\u201cEn otros t\u00e9rminos, ning\u00fan patrono p\u00fablico ni privado tiene autorizaci\u00f3n constitucional para establecer que s\u00f3lo har\u00e1 incrementos salariales en el nivel m\u00ednimo y que dejar\u00e1 de hacerlos indefinidamente en los distintos per\u00edodos anuales cuando se trata de trabajadores que devengan m\u00e1s del salario m\u00ednimo. <\/p>\n
\u201cEn realidad, en una econom\u00eda inflacionaria, la progresiva p\u00e9rdida del poder adquisitivo de la moneda causa necesariamente la disminuci\u00f3n real en los ingresos de los trabajadores en la medida en que, a\u00f1o por a\u00f1o, permanezcan inmodificados sus salarios. Cada per\u00edodo que transcurre sin aumento implica una disminuci\u00f3n real de la remuneraci\u00f3n y, por tanto, un enriquecimiento sin causa de parte del patrono, quien recibe a cambio la misma cantidad y calidad de trabajo, pagando cada vez menos”.(Negrilla fuera del texto). <\/p>\n
Ahora bien, el derecho fundamental a la igualdad, instituido por la Carta Pol\u00edtica, no busca o no pretende que se genere una igualdad matem\u00e1tica y ciega ante las diferentes situaciones que surgen en la vida real, pues la igualdad a la que se refiere la Constituci\u00f3n es una igualdad de trato ante la ley. Si bien surgen situaciones f\u00e1cticas que requiere un trato diferente, este \u00faltimo debe sustentarse en criterios razonables y objetivos que as\u00ed lo justifiquen, sin que de esta manera se deje al capricho o voluntad de quien imparte las reglas, la aplicaci\u00f3n de un trato distinto. <\/p>\n
En el caso objeto de revisi\u00f3n, la empresa demandada se\u00f1ala que los trabajadores que tienen el cargo de asistentes de \u00e1rea, poseen un salario b\u00e1sico y algunos un porcentaje en la participaci\u00f3n por ventas. Analizada la informaci\u00f3n contenida en el cuadro denominado \u201cINFORMACI\u00d3N ASISTENTES DE \u00c1REA\u201d, que obra a folio 29 del expediente (Ver anexo) se logr\u00f3 determinar que la \u00fanica empleada que sigue acogida al anterior r\u00e9gimen de cesant\u00edas es la se\u00f1ora Marlen Daza L\u00f3pez, y que respecto de los empleados que laboran en el \u00e1rea de mercadeo es ella quien tiene el salario b\u00e1sico m\u00e1s bajo, sin encontrarse justificaci\u00f3n para ello. La entidad demandada argumenta que dicho salario obedece a que la L\u00ednea de Miscel\u00e1neos, la cual maneja la actora, present\u00f3 un crecimiento negativo de -33.83% con relaci\u00f3n a las ventas del a\u00f1o de 1996, tal y como se comprueba a folio 30 del expediente. Sin embargo, el salario b\u00e1sico que se se\u00f1ala por parte de la empresa, es inferior en el caso de la actora, frente al percibido por las otras asistentes de \u00e1rea, m\u00e1xime, cuando la demandante es la \u00fanica persona que pertenece al r\u00e9gimen anterior de cesant\u00edas. Adem\u00e1s, el que las ventas hayan disminuido en la l\u00ednea de miscel\u00e1neos, no puede ser justificaci\u00f3n para establecer un salario distinto a la actora . Es claro que el resultado de las ventas incide en el porcentaje por participaci\u00f3n en las mismas pero no en el salario b\u00e1sico. Se hace evidente por lo tanto, un trato discriminatorio respecto de los dem\u00e1s empleados que cumplen la misma funci\u00f3n en otras l\u00edneas de tal empresa. <\/p>\n
La Corte Constitucional mediante sentencia T-276 de junio 3 de 1997, Magistrado Ponente Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo, en un caso similar se\u00f1al\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201cY es que en las hip\u00f3tesis que se consideran, con mayor raz\u00f3n si se trata de los derechos de los trabajadores -que merecen protecci\u00f3n especial (arts. 25 y 53 C.P.)-, la coacci\u00f3n externa sobre el titular del derecho a optar -una forma de la autonom\u00eda individual gen\u00e9ricamente plasmada en el art\u00edculo 16 de la Carta- implica forzosamente no s\u00f3lo la flagrante violaci\u00f3n de la ley que concedi\u00f3 la posibilidad de escoger sino el desconocimiento palmario del derecho fundamental a la libertad. <\/p>\n
\u201cClaro est\u00e1, si la presi\u00f3n o coacci\u00f3n se refleja en un perjuicio del trabajador en cualquiera de sus condiciones laborales, si afecta sus derechos m\u00ednimos (art. 53 C.P.), si repercute en la desmejora de sus prestaciones o en la burla de las garant\u00edas constitucionalmente reconocidas, se quebranta, adem\u00e1s, y de manera ostensible, su derecho al trabajo en condiciones dignas y justas (art. 25 C.P.). <\/p>\n
\u201cPero si, por otra parte, la coacci\u00f3n se refleja en el diferente trato -injustificado por definici\u00f3n cuando parte del aludido presupuesto- entre trabajadores de igual nivel que cumplen las mismas o equivalentes funciones, se tiene tambi\u00e9n una clar\u00edsima violaci\u00f3n del derecho constitucional a la igualdad (art. 13 C.P.), que excluye toda discriminaci\u00f3n o preferencia que no se halle fundada en motivos l\u00edcitos y razonables.\u201d(Negrilla fuera del texto). <\/p>\n
Posteriormente, esta misma Corporaci\u00f3n en sentencia de unificaci\u00f3n SU_519 de octubre 15 de 1997, dispuso: <\/p>\n
Ahora bien, las diferencias salariales tampoco pueden surgir de consecuencias negativas o positivas atribuidas a los trabajadores seg\u00fan que hagan o dejen de hacer algo, ajeno a la labor misma, que pueda ser del agrado o disgusto del patrono. <\/p>\n
En lo relativo a la actitud del trabajador respecto a distintos reg\u00edmenes laborales por cambio de legislaci\u00f3n, en la \u00e9poca de transici\u00f3n, particularmente en la materia que ahora se debate -la libertad del trabajador privado para acogerse o no a la Ley 50 de 1990-, la Corte Constitucional ha sido enf\u00e1tica al afirmar: <\/p>\n
“La disposici\u00f3n contenida en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo transcrito es imperativa para quienes celebren contratos de trabajo a partir de la vigencia de la Ley 50 de 1990. No lo es para quienes los ten\u00edan celebrados con antelaci\u00f3n al momento de su entrada en vigor. Estos pueden acogerse a la nueva normatividad, pero en principio y salvo el caso de que voluntaria y espont\u00e1neamente manifiesten su voluntad en contrario, lo relacionado con su auxilio de cesant\u00eda sigue gobernado para ellos por el r\u00e9gimen anterior, es decir, el del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. <\/p>\n
Se trata de una previsi\u00f3n del legislador en cuya virtud modifica el sistema que ven\u00eda rigiendo, pero sin afectar a los trabajadores que ya ten\u00edan establecidas sus relaciones contractuales con anterioridad, a menos que ellos mismos resuelvan, por manifestaci\u00f3n expresa, acogerse al nuevo r\u00e9gimen. <\/p>\n
Es claro, entonces, que los trabajadores indicados gozan, en virtud de la misma norma legal, de la facultad de optar entre uno y otro r\u00e9gimen. La normatividad les garantiza esa libertad, que no puede ser coartada por los patronos. Su decisi\u00f3n en determinado sentido no puede convertirse en condici\u00f3n o requisito para acceder a prerrogativa laboral alguna, ni constituir objeto de transacci\u00f3n en el curso de negociaciones colectivas. <\/p>\n
Carece de legitimidad la actitud de la empresa que pretenda presionar a los trabajadores, mediante ofertas o bajo amenazas, para que se acojan a un r\u00e9gimen que la ley ha hecho para ellos opcional, pues tales manipulaciones vulneran la libertad individual consagrada en los art\u00edculos 16 y 28 de la Carta y desconocen abiertamente la misma ley que ha otorgado a aqu\u00e9llos la facultad de optar. <\/p>\n
Tambi\u00e9n resultan vulnerados en tales casos el art\u00edculo 95, numeral 1, de la Constituci\u00f3n, pues implica abuso de los derechos del patrono, y el 53, inciso final, Ib\u00eddem, a cuyo tenor los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisi\u00f3n. Sentencia T-597 del 7 de diciembre de 1995). <\/p>\n
“De lo probado en el proceso puede deducirse que la situaci\u00f3n de desventaja en que se encuentra la accionante en lo concerniente al pago oportuno de su cesant\u00eda parcial procede, directamente, de la circunstancia de haber optado por no acogerse al r\u00e9gimen de salarios y prestaciones consagrado en los decretos 57 y 110 de 1993 para los servidores de la Rama Judicial. <\/p>\n
Ello resulta del todo contrario a la igualdad, que debe prevalecer con arreglo a los art\u00edculos 13 y 53 de la Constituci\u00f3n, pues se discrimina entre los trabajadores, sin sentido ni raz\u00f3n valedera. <\/p>\n
Por otra parte, tal parece que el Estado, en actuaciones como la que aqu\u00ed se considera, no obstante haber brindado a los trabajadores antiguos la posibilidad libre y l\u00edcita de acogerse al nuevo sistema o de permanecer cobijado por el anterior, resuelve castigar o sancionar, mediante condiciones de mayor dificultad y demora en el pago de sus prestaciones, a aquellos trabajadores que no se afilian a las prescripciones de la reforma. <\/p>\n
(…) <\/p>\n
Como puede observarse, las diferencias que proceden de la opci\u00f3n concedida por las normas transcritas se refieren a aspectos materiales y modalidades de las prestaciones correspondientes, pero en modo alguno indican -ni pod\u00edan hacerlo, seg\u00fan la Constituci\u00f3n- que los trabajadores que opten por una u otra alternativa puedan verse discriminados en el pago oportuno de las cesant\u00edas, como err\u00f3neamente lo entendieron el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, el Consejo Superior de la Judicatura y la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Monter\u00eda. <\/p>\n
Es claro que, estipuladas las diversas condiciones y otorgada a los empleados de la Rama Judicial la facultad de optar, no puede darse a unos u otros -seg\u00fan su escogencia- un trato peyorativo o de preferencia sin violar la Constituci\u00f3n”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisi\u00f3n. Sentencia T-418 del 9 de septiembre de 1996). <\/p>\n
Visto los anteriores conceptos proferidos por esta Corporaci\u00f3n en recientes fallos, con relaci\u00f3n a la protecci\u00f3n que merecen los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas y a la igualdad, son aplicables al caso objeto de estudio, pues queda probado que la demandante fue discriminada injustificadamente, en especial por su negativa a acogerse a las disposiciones de la Ley 50 de 1990, pues esta otorga al trabajador la plena libertad para optar por el sistema legal que m\u00e1s considere conveniente. Por tal motivo, tampoco pod\u00eda ser obligada a cambiar su r\u00e9gimen de cesant\u00edas al establecido por la Ley 50 de 1990. Rep\u00e1rese adem\u00e1s, en que por ning\u00fan concepto las empresas pueden establecer pr\u00e1cticas discriminatorias entre sus trabajadores, con relaci\u00f3n a los porcentajes por participaci\u00f3n en las ventas que \u00e9stos perciben, en tanto que dicha suma constituye junto con el salario b\u00e1sico, el salario real de los trabajadores. <\/p>\n
Con fundamento en las precedentes consideraciones, la presente Sala de Revisi\u00f3n, proceder\u00e1 a tutelar los derechos fundamentales de igualdad y trabajo de la se\u00f1ora Marlen Stella Daza L\u00f3pez. Por lo tanto, ordenar\u00e1 a la empresa FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA LTDA. para que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n de la presente sentencia, nivele el salario de la se\u00f1ora Marlen Stella Daza L\u00f3pez, al de las dem\u00e1s asistentes del departamento de mercadeo, cancelando a \u00e9sta las diferencias salariales desde el momento en que se present\u00f3 la discriminaci\u00f3n salarial. Adem\u00e1s , las sumas que le sean canceladas a la actora deber\u00e1n ser indexadas de acuerdo a la evoluci\u00f3n de la inflaci\u00f3n, todo lo anterior de acuerdo con lo se\u00f1alado por la sentencia SU-400 del 28 de agosto de 1997, emanada de esta misma Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
No sobra prevenir a la entidad FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA LTDA., para en lo sucesivo no desarrolle conductas que atenten contra los derechos de sus trabajadores, ni profiera a estos tratos discriminatorios. <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero. REVOCAR el fallo proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. En su lugar TUTELAR los derechos fundamentales de igualdad y trabajo de la se\u00f1ora Marlen Stella Daza L\u00f3pez. <\/p>\n
Segundo. ORDENAR a la empresa FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA LTDA. Para que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n de la presente sentencia, nivele el salario de la se\u00f1ora Marlen Stella Daza L\u00f3pez, al de las dem\u00e1s asistentes del departamento de mercadeo, cancelando a \u00e9sta las diferencias salariales desde el momento en que se present\u00f3 la diferencia salarial. Adem\u00e1s , las sumas que le sean canceladas a la actora deber\u00e1n ser indexadas de acuerdo a la evoluci\u00f3n de la inflaci\u00f3n, todo lo anterior de acuerdo con lo se\u00f1alado por la sentencia SU-400 del 28 de agosto de 1997, emanada de esta misma Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Tercero. PREVENIR a la entidad FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA LTDA., para en lo sucesivo no desarrolle conductas que atenten contra los derechos de sus trabajadores, ni profiera a \u00e9stos tratos discriminatorios, <\/p>\n
El incumplimiento del presente fallo dar\u00e1 lugar a la imposici\u00f3n de las sanciones por desacato contempladas por el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Cuarto. S\u00daRTASE el tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, publ\u00edquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c\u00famplase. <\/p>\n
FABIO MOR\u00d3N D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALFREDO BELTR\u00c1N SIERRA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA S\u00c1CHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
Nombre <\/p>\n
Area <\/p>\n
Antig\u00fcedad <\/p>\n
Reg. Ces. <\/p>\n
Fecha Reg. <\/p>\n
Sueldo 1997 <\/p>\n
Observaciones <\/p>\n
Mar\u00eda Cobos <\/p>\n
Mercadeo <\/p>\n
75-09 <\/p>\n
L.50 <\/p>\n
ene-1-94 <\/p>\n
508.600 <\/p>\n
5% partic ventas <\/p>\n
Alix Amanda Romero <\/p>\n
Mercadeo <\/p>\n
86-01 <\/p>\n
L.50 <\/p>\n
jun-1-92 <\/p>\n
469.100 <\/p>\n
7% partic ventas <\/p>\n
Doris Buitrago <\/p>\n
Mercadeo <\/p>\n
87-11 <\/p>\n
L.50 <\/p>\n
ene-20-92 <\/p>\n
469.100 <\/p>\n
Admora Sistema <\/p>\n
Martha Escarraga <\/p>\n
Mercadeo <\/p>\n
89-02 <\/p>\n
L.50 <\/p>\n
jun-23-92 <\/p>\n
469.100 <\/p>\n
7% partic ventas <\/p>\n
Marlen Daza L\u00f3pez <\/p>\n
Mercadeo <\/p>\n
73-11 <\/p>\n
Reg. Anter. <\/p>\n
<\/p>\n
448.500 <\/p>\n
5% partic ventas <\/p>\n
Patricia Campos <\/p>\n
Mercadeo <\/p>\n
86-06 <\/p>\n
L.50 <\/p>\n
jun-15-92 <\/p>\n
469.100 <\/p>\n
Prom. Comerc. <\/p>\n
Helga Castellanos <\/p>\n
87-05 <\/p>\n
L.50 <\/p>\n
jul-1-92 <\/p>\n
469.100 <\/p>\n
Conseci\u00f3n <\/p>\n
Gladys Gonz\u00e1lez <\/p>\n
Mercadeo <\/p>\n
95-09 <\/p>\n
L.50 <\/p>\n
ingre L50 <\/p>\n
469.100 <\/p>\n
Prom. Comercial <\/p>\n
Luis Eduardo Pineda <\/p>\n
Serv. a Soc. <\/p>\n
73-04 <\/p>\n
L.50 <\/p>\n
ene-1-94 <\/p>\n
445.600 <\/p>\n
Yuling Moreno <\/p>\n
Serv. a Soc. <\/p>\n
89-10 <\/p>\n
L.50 <\/p>\n
jul-1-92 <\/p>\n
469.100 <\/p>\n
Annie Cardenas <\/p>\n
Serv. a Soc. <\/p>\n
86-10 <\/p>\n
L.50 <\/p>\n
jul-1-92 <\/p>\n
469.100 <\/p>\n
Carlos D\u00edaz A. <\/p>\n
Revis. Fiscal <\/p>\n
84-01 <\/p>\n
L.50 <\/p>\n
jul-1-92 <\/p>\n
633.600 <\/p>\n
Jorge Rodr\u00edguez M. <\/p>\n
Revis. Fiscal <\/p>\n
73-02 <\/p>\n
L.50 <\/p>\n
may-1-96 <\/p>\n
612.700 <\/p>\n
M\u00f3nica Casta\u00f1eda <\/p>\n
Revis. Fiscal <\/p>\n
73-03 <\/p>\n
L.50 <\/p>\n
ene-1-94 <\/p>\n
612.700 <\/p>\n
Lucila Alonso <\/p>\n
88-07 <\/p>\n
L.50 <\/p>\n
mayo 30-92 <\/p>\n
564.400 <\/p>\n
Ricardo Castelblanco <\/p>\n
Revis. Fiscal <\/p>\n
88-09 <\/p>\n
L.50 <\/p>\n
juli 1-92 <\/p>\n
564.400 <\/p>\n
Flor Alba Pedreros <\/p>\n
Revis. Fiscal <\/p>\n
95-10 <\/p>\n
L.50 <\/p>\n
ingre L50 <\/p>\n
564.400 <\/p>\n
Luz Marina Su\u00e1rez <\/p>\n
Recur. Hum. <\/p>\n
81-04 <\/p>\n
L.50 <\/p>\n
ene-1-93 <\/p>\n
Susana Sarmiento B. <\/p>\n
Recur. Hum. <\/p>\n
73-10 <\/p>\n
L.50 <\/p>\n
ene-1-93 <\/p>\n
564.100 <\/p>\n
Yolanda Sierra <\/p>\n
Contabilidad <\/p>\n
81-01 <\/p>\n
L.50 <\/p>\n
ene-1-94 <\/p>\n
457.100 <\/p>\n
Edgar Abril <\/p>\n
Contabilidad <\/p>\n
10-01 <\/p>\n
L.50 <\/p>\n
ene-1-94 <\/p>\n
457.100 <\/p>\n
{p} <\/p>\n
<\/p>\n
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