C-416-93<\/p>\n
Sentencia No. C-416\/93 <\/p>\n
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION-Modificaci\u00f3n <\/p>\n
El Presidente de la Rep\u00fablica, en ejercicio de las facultades que le confiere el art\u00edculo 213 de la Constituci\u00f3n, puede efectuar modificaciones en el Presupuesto General de la Naci\u00f3n, siempre que ellas sean requeridas para financiar las erogaciones destinadas a conjurar la alteraci\u00f3n del orden p\u00fablico y se utilicen para tal fin. <\/p>\n
CONMOCION INTERIOR <\/p>\n
La declaratoria del estado de conmoci\u00f3n interior, dota al Presidente de facultades especiales, dise\u00f1adas de tal forma que le permitan atender eficientemente los retos que plantea una situaci\u00f3n de tal naturaleza. A pesar de la aguda transformaci\u00f3n que sufri\u00f3 la antigua instituci\u00f3n del estado de sitio en la Asamblea Nacional Constituyente y de sus mayores limitaciones, la nueva Carta dota al Ejecutivo de la facultad necesaria para estimar las necesidades que surgen con ocasi\u00f3n de un estado excepcional, dadas las caracter\u00edsticas del mismo, as\u00ed como de las suficientes herramientas para resolverlas, y exige la observancia de los criterios de razonabilidad, conexidad, necesariedad y proporcionalidad en la adopci\u00f3n de las medidas destinadas a conjurar la crisis. El Presidente puede dictar decretos con fuerza de ley, destinados a obtener una mayor eficacia de las fuerzas del orden y del sector justicia, que en el presente se consideran prioritarios, lo que implica de suyo unos mayores gastos que los previstos inicialmente en la ley de presupuesto. <\/p>\n
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION-Adici\u00f3n <\/p>\n
Si la Constituci\u00f3n encomienda a la Ley Org\u00e1nica del Presupuesto regular todo el proceso presupuestal en sus diferentes fases (programaci\u00f3n, aprobaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n), nada obsta para que contemple el caso especial de la adici\u00f3n presupuestal por el Gobierno para cubrir gastos ocasionados durante el estado de Conmoci\u00f3n Interior y con ocasi\u00f3n de \u00e9l. <\/p>\n
REF: Expediente R.E.-052 <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., Septiembre 30 de 1993 <\/p>\n
Aprobado por Acta N\u00ba 60 <\/p>\n
La Sala Plena de la Corte Constitucional integrada por su Presidente Hernando Herrera Vergara y por los Magistrados Jorge Arango Mej\u00eda, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz, Carlos Gaviria D\u00edaz, Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo, Alejandro Mart\u00ednez Caballero, Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz y Vladimiro Naranjo Mesa <\/p>\n
EN NOMBRE DEL PUEBLO <\/p>\n
Y <\/p>\n
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION <\/p>\n
Ha pronunciado la siguiente <\/p>\n
SENTENCIA <\/p>\n
En el proceso de revisi\u00f3n constitucional del Decreto 1497 de 1993 “Por el cual se efect\u00faan algunas operaciones presupuestales en el Presupuesto General de la Naci\u00f3n para la vigencia fiscal de 1993”. <\/p>\n
I. TEXTO DE LAS NORMAS BAJO REVISION <\/p>\n
DECRETO NUMERO 1497 DE 1993 <\/p>\n
(3 de agosto) <\/p>\n
Por el cual se efect\u00faan algunas operaciones presupuestales en el Presupuesto General de la Naci\u00f3n para la vigencia fiscal de 1993 <\/p>\n
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA <\/p>\n
en ejercicio de las facultades que le confiere el art\u00edculo 213 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en desarrollo de lo previsto en los decretos 1793 de 1992 y 261 de 1993 y <\/p>\n
Que por Decreto 1793 de 1992, se declar\u00f3 el Estado de Conmoci\u00f3n interior en todo el territorio nacional por el t\u00e9rmino de noventa d\u00edas calendario; <\/p>\n
Que por Decreto 261 de 1993 se prorrog\u00f3 la vigencia del Estado de Conmoci\u00f3n Interior por un t\u00e9rmino de noventa d\u00edas contados a partir del 6 de febrero de 1993; <\/p>\n
Que por Decreto N\u00ba 829 de mayo 6 de 1993 se prorrog\u00f3 la vigencia del Estado de Conmoci\u00f3n Interior por un t\u00e9rmino de noventa d\u00edas contados a partir del 7 de mayo de 1993; <\/p>\n
Que con el fin de conjurar las causas de la perturbaci\u00f3n e impedir la extensi\u00f3n de sus efectos es indispensable incrementar la capacidad de operaci\u00f3n de la Fuerza P\u00fablica dot\u00e1ndola de nuevos recursos que le permitan disponer de un mayor n\u00famero de efectivos, as\u00ed como de los dem\u00e1s elementos y servicios necesarios para tal fin; <\/p>\n
Que debe reforzarse la acci\u00f3n de los Organismos Judiciales en su funci\u00f3n de investigar, acusar y juzgar; proteger a los funcionarios judiciales y a los organismos de fiscalizaci\u00f3n, as\u00ed como a los testigos; <\/p>\n
Que es prioritario dotar de recursos adecuados a la Rama Judicial; <\/p>\n
Que existen fondos provenientes del mayor valor del recaudo de los fondos internos del Ministerio de Defensa Nacional, Polic\u00eda Nacional y del super\u00e1vit fiscal de la Naci\u00f3n de la vigencia fiscal de 1992 y de recursos administrados del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, Fondo Nacional del Notariado y de la Superintendencia de Notariado y Registro, disponibles para adicionar el Presupuesto General de la Naci\u00f3n, los cuales cuentan con las autorizaciones legales a las que hacen referencia los art\u00edculos 44 y 45 del decreto reglamentario 3077 de 1989; <\/p>\n
Que en consecuencia, se hace indispensable incorporar al Presupuesto General de la Naci\u00f3n para la vigencia de 1993 estos ingresos presupuestales que permitan afrontar la escalada terrorista y guerrillera; <\/p>\n
Que es necesario efectuar unos traslados presupuestales en el presupuesto de gastos de los Organismos y algunas Entidades de los sectores de Justicia y de Defensa y Seguridad; <\/p>\n
DECRETA: <\/p>\n
PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL <\/p>\n
INGRESOS DE LA NACION <\/p>\n
2. RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION <\/p>\n
2.7. OTROS RECURSOS DE CAPITAL <\/p>\n
NUMERAL 0006 Valor del Super\u00e1vit Fiscal <\/p>\n
de la Naci\u00f3n de la vigencia <\/p>\n
de 1992. <\/p>\n
39.849.419.070 <\/p>\n
NUMERAL 0007 Producto de la cancelaci\u00f3n <\/p>\n
de reservas del balance del <\/p>\n
Tesoro de 1991 del Contrato <\/p>\n
de suministro y financiaci\u00f3n <\/p>\n
N\u00ba 007 CEITE DADQ SI 90, <\/p>\n
celebrado entre la Naci\u00f3n y <\/p>\n
la firma ISREX Israel Aircraft <\/p>\n
Industries Ltd. <\/p>\n
769.331.545 <\/p>\n
<\/p>\n
NUMERAL 0008 Producto de la cancelaci\u00f3n <\/p>\n
de reservas del balance del <\/p>\n
Tesoro de 1991 del Contrato <\/p>\n
de suministro y financiaci\u00f3n <\/p>\n
N\u00ba 004 CEITE DADQ SI 89 <\/p>\n
celebrado entre la Naci\u00f3n <\/p>\n
y la firma Israel Aircraft <\/p>\n
Industries Ltd. 1.410.091.348 <\/p>\n
NUMERAL 0009 Excedentes del reaforo de <\/p>\n
los Establecimientos P\u00fablicos <\/p>\n
del Sector Justicia con <\/p>\n
destino a la Rama Judicial <\/p>\n
184.863.948 <\/p>\n
5. RENTAS PARAFISCALES <\/p>\n
NUMERAL 0012 Fondo de Defensa Nacional <\/p>\n
Cuota de Compensaci\u00f3n <\/p>\n
Militar <\/p>\n
5.000.000.000 <\/p>\n
NUMERAL 0018 Fondos Internos del <\/p>\n
Ministerio de Defensa <\/p>\n
Nacional <\/p>\n
3.644.000.000 <\/p>\n
NUMERAL 0019 Fondos Internos de la <\/p>\n
Polic\u00eda Nacional <\/p>\n
3.500.000.000 <\/p>\n
——————— <\/p>\n
TOTAL ADICION INGRESOS DE LA NACION 54.357.705.911 <\/p>\n
INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS <\/p>\n
120200 FONDO NACIONAL DEL NOTARIADO <\/p>\n
I.- RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA <\/p>\n
ENTIDAD <\/p>\n
A – INGRESOS CORRIENTES 598.485.000 <\/p>\n
120300 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA <\/p>\n
I. – RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD <\/p>\n
A – INGRESOS CORRIENTES 5.059.581.200 <\/p>\n
120400 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO <\/p>\n
I- RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD <\/p>\n
a – INGRESOS CORRIENTES 4.226.817.000 <\/p>\n
——————– <\/p>\n
TOTAL ADICION INGRESOS ESTABLECIMIENTOS <\/p>\n
PUBLICOS 9.884.883.200 <\/p>\n
=========== <\/p>\n
TOTAL ADICION INGRESOS 64.242.589.111 <\/p>\n
============ <\/p>\n
ADICIONES – PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION <\/p>\n
NUM <\/p>\n
PRO <\/p>\n
ART <\/p>\n
ORD <\/p>\n
SUP <\/p>\n
SUB <\/p>\n
PRY <\/p>\n
DIS <\/p>\n
REC <\/p>\n
CONCEPTO <\/p>\n
APORTE <\/p>\n
NACIONAL <\/p>\n
RECURSOS <\/p>\n
ADMINISTRADOS <\/p>\n
POR LA ENTIDAD <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
SECCION 1202 <\/p>\n
FONDO NACIONAL DEL NOTARIADO <\/p>\n
<\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
A- FUNCIONAMIENTO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
598.485.000 <\/p>\n
598.485.000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
598.485.000 <\/p>\n
598.485.000 <\/p>\n
3 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
TRANSFERENCIAS <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
598.485.000 <\/p>\n
<\/p>\n
598.485.000 <\/p>\n
022 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OTRAS TRANSFERENCIAS <\/p>\n
<\/p>\n
598.485.000 <\/p>\n
598.485.000 <\/p>\n
004 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
PARA TRANSFERIR A LA <\/p>\n
RAMA JUDICIAL PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO <\/p>\n
<\/p>\n
184.863.948 <\/p>\n
090 <\/p>\n
INGRESOS CORRIENTES <\/p>\n
<\/p>\n
184.863.948 <\/p>\n
005 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
PARA TRANSFERIR AL FONDO <\/p>\n
ROTATORIO DEL MINISTERIO DE <\/p>\n
JUSTICIA <\/p>\n
<\/p>\n
413.621.052 <\/p>\n
413.621.052 <\/p>\n
090 <\/p>\n
INGRESOS CORRIENTES <\/p>\n
<\/p>\n
413.621.052 <\/p>\n
SECCION 1203 <\/p>\n
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO <\/p>\n
DE JUSTICIA <\/p>\n
<\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
5.059.581.200 <\/p>\n
B – INVERSION <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
5.059.581.200 <\/p>\n
<\/p>\n
5.059.561.200 <\/p>\n
UNIDAD 1203 01 <\/p>\n
SEDE CENTRAL <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
5.059.581.200 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
5.059.581.200 <\/p>\n
NUM <\/p>\n
PRO <\/p>\n
ART <\/p>\n
ORD <\/p>\n
SUP <\/p>\n
SUB <\/p>\n
PRY <\/p>\n
DIS <\/p>\n
SPY <\/p>\n
REC <\/p>\n
CONCEPTO <\/p>\n
APORTE <\/p>\n
NACIONAL <\/p>\n
RECURSOS <\/p>\n
ADMINISTRADOS <\/p>\n
POR LA ENTIDAD <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
1302 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
5.059.581.200 <\/p>\n
<\/p>\n
5.059.581.200 <\/p>\n
001 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
COMPRA DE TERRENOS, CONSTRUCCION, REMODELACION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE CARCELES <\/p>\n
<\/p>\n
5.059.581.200 <\/p>\n
5.059.581.200 <\/p>\n
005 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
ADQUISICION DE TERRENOS, CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE LA PENITENCIARIA NACIONAL DE ITAGUI <\/p>\n
<\/p>\n
761.051.000 <\/p>\n
761.051.00 <\/p>\n
90 <\/p>\n
INGRESOS CORRIENTES <\/p>\n
<\/p>\n
761.051.000 <\/p>\n
082 <\/p>\n
<\/p>\n
001 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION PABELLON DE ALTA SEGURIDAD DE LA CARCEL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN – BELLAVISTA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
804.783.000 <\/p>\n
<\/p>\n
804.783.000 <\/p>\n
90 <\/p>\n
INGRESOS CORRIENTES <\/p>\n
<\/p>\n
804.783.000 <\/p>\n
<\/p>\n
004 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
CONSTRUCCION, ADECUACION, DOTACION Y DISE\u00d1O PABELLON DE ALTA SEGURIDAD DE LA CARCEL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI – VILLAHERMOSA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
250.000.000 <\/p>\n
<\/p>\n
250.000.000 <\/p>\n
90 <\/p>\n
INGRESOS CORRIENTES <\/p>\n
<\/p>\n
250.000.000 <\/p>\n
085 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
CONSTRUCCION, ADECUACION PABELLON DE ALTA SEGURIDAD DE LA PENITENCIARIA DE BOGOTA – LA PICOTA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
343.747.200 <\/p>\n
<\/p>\n
343.747.200 <\/p>\n
90 <\/p>\n
INGRESOS CORRIENTES <\/p>\n
<\/p>\n
343.747.200 <\/p>\n
086 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
ADQUISICION DE TERRENOS, CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE LA NUEVA CARCEL DEL AREA METROPOLITANA DE BOGOTA <\/p>\n
PREVIO CONCEPTO DNP <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2.900.000.000 <\/p>\n
90 <\/p>\n
INGRESOS CORRIENTES <\/p>\n
<\/p>\n
2.900.000.000 <\/p>\n
SECCION 1204 <\/p>\n
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4.226.817.000 <\/p>\n
<\/p>\n
4.226.817.000 <\/p>\n
B- INVERSION <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4.226.817.000 <\/p>\n
<\/p>\n
4.226.817.000 <\/p>\n
NUM <\/p>\n
PRO <\/p>\n
ART <\/p>\n
ORD <\/p>\n
SUP <\/p>\n
SUB <\/p>\n
PRY <\/p>\n
DIS <\/p>\n
SPY <\/p>\n
CONCEPTO <\/p>\n
APORTE <\/p>\n
NACIONAL <\/p>\n
RECURSOS <\/p>\n
ADMINISTRADOS <\/p>\n
POR LA ENTIDAD <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
1302 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4.226.817.000 <\/p>\n
<\/p>\n
4.226.817.000 <\/p>\n
004 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
SERVICIOS DE APOYO A LA JUSTICIA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4.226.817.000 <\/p>\n
<\/p>\n
4.226.817.000 <\/p>\n
001 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
IMPLANTACION CONVENIO PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL SECTOR JUSTICIA EN DESARROLLO DE LA LEY 55 DE 1985 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4.226.817.000 <\/p>\n
<\/p>\n
4.226.817.000 <\/p>\n
90 <\/p>\n
INGRESOS CORRIENTES <\/p>\n
<\/p>\n
SECCION 1501 <\/p>\n
MINISTERIO DE DEFENSA <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
<\/p>\n
39,793,700,743 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
39,793,700,743 <\/p>\n
A- FUNCIONAMIENTO <\/p>\n
<\/p>\n
11,106,784,250 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
11,106,784,250 <\/p>\n
UNIDAD 1501 01 <\/p>\n
OPERACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION SUPERIOR <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3,644,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3,644,000,000 <\/p>\n
3 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
TRANSFERENCIAS <\/p>\n
<\/p>\n
3,644,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3,644,000,000 <\/p>\n
022 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OTRAS TRANSFERENCIAS <\/p>\n
<\/p>\n
3,644,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3,644,000,000 <\/p>\n
004 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3,644,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3,644,000,000 <\/p>\n
33 <\/p>\n
<\/p>\n
RENTAS PARAFISCALES <\/p>\n
<\/p>\n
3,644,000,000 <\/p>\n
UNIDAD 1501 03 <\/p>\n
OPERACION ADMINISTRATIVA DEL EJERCITO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
6,889,899,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
6,889,899,000 <\/p>\n
1 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
SERVICIOS PERSONALES <\/p>\n
<\/p>\n
4,409,794,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4,409,794,000 <\/p>\n
022 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA <\/p>\n
<\/p>\n
2,410,456,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2,410,456,000 <\/p>\n
006 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
BONIFICACION POR LICENCIAMIENTO (LEY 48\/93) <\/p>\n
<\/p>\n
2,410,456,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
01 <\/p>\n
<\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
<\/p>\n
2,410,456,000 <\/p>\n
006 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
AUXILIO DE TRANSPORTE <\/p>\n
<\/p>\n
1,199,338,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1,199,338,000 <\/p>\n
NUM <\/p>\n
PRO <\/p>\n
ART <\/p>\n
ORD <\/p>\n
SUPR <\/p>\n
SUB <\/p>\n
PRY <\/p>\n
DIS <\/p>\n
SPY <\/p>\n
REC <\/p>\n
CONCEPTO <\/p>\n
APORTE <\/p>\n
NACIONAL <\/p>\n
RECURSOS <\/p>\n
ADMINISTRADOS <\/p>\n
POR LA ENTIDAD <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
002 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
AUXILIO DE TRANSPORTE EFECTO LEY <\/p>\n
48\/93 <\/p>\n
1,199,338,000 <\/p>\n
<\/p>\n
1,199,338,000 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
1,199,338,000 <\/p>\n
2 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
GASTOS GENERALES <\/p>\n
<\/p>\n
2,480,105,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2,480,105,000 <\/p>\n
002 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
MATERIALES Y SUMINISTROS <\/p>\n
<\/p>\n
2,480,105,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2,480,105,000 <\/p>\n
003 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
DOTACION CIVIL EFECTO LEY 48 \/ 93 <\/p>\n
<\/p>\n
2,480,105,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2,480,105,000 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
2,480,105,000 <\/p>\n
UNIDAD 1501 04 <\/p>\n
OPERACION ADMINISTRATIVA DE LA ARMADA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
462,778,825 <\/p>\n
1 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
SERVICIOS PERSONALES <\/p>\n
<\/p>\n
340,839,825 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
340,839,825 <\/p>\n
002 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA <\/p>\n
<\/p>\n
102,491,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
102,491,000 <\/p>\n
005 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
BONIFICACION POR LICENCIAMIENTO <\/p>\n
(LEY 48 \/ 93) <\/p>\n
<\/p>\n
102,491,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
102,491,000 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
102,491,000 <\/p>\n
006 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
AUXILIO DE TRANSPORTE <\/p>\n
<\/p>\n
238,348,825 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
238,348,825 <\/p>\n
002 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
AUXILIO DE TRANSPORTE EFECTO LEY <\/p>\n
48 \/ 93 <\/p>\n
<\/p>\n
238,348,825 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
238,348,825 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
238,348,825 <\/p>\n
2 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
GASTOS GENERALES <\/p>\n
<\/p>\n
121,939,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
121,939,000 <\/p>\n
002 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
MATERIALES Y SUMINISTROS <\/p>\n
<\/p>\n
121,939,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
121,939,000 <\/p>\n
003 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
DOTACION CIVIL EFECTO LEY 48 \/ 93 <\/p>\n
<\/p>\n
121,939,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
121,939,000 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
121,939,000 <\/p>\n
UNIDAD 1501 05 <\/p>\n
OPERACION ADMINISTRATIVA DE LA FUERZA AEREA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
110,106,425 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
SERVICIOS PERSONALES <\/p>\n
<\/p>\n
110,106,425 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
110,106,425 <\/p>\n
006 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
AUXILIO DE TRANSPORTE <\/p>\n
<\/p>\n
110,106,425 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
110,106,425 <\/p>\n
002 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
AUXILIO DE TRANSPORTE EFECTO LEY 48 \/ 93 <\/p>\n
<\/p>\n
110,106,425 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
110,106,425 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
110,106,425 <\/p>\n
110,106,425 <\/p>\n
B – INVERSION <\/p>\n
<\/p>\n
28,686,916,493 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
28,686,916,493 <\/p>\n
NUM <\/p>\n
PRO <\/p>\n
ART <\/p>\n
ORD <\/p>\n
SUPR <\/p>\n
SUB <\/p>\n
PRY <\/p>\n
DIS <\/p>\n
SPY <\/p>\n
REC <\/p>\n
CONCEPTO <\/p>\n
APORTE <\/p>\n
NACIONAL <\/p>\n
RECURSOS <\/p>\n
ADMINISTRADOS <\/p>\n
POR LA ENTIDAD <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
UNIDAD 1501 01 <\/p>\n
OPERACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION SUPERIOR <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
406,411,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
406,411,000 <\/p>\n
1301 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
DEFENSA Y SEGURIDAD <\/p>\n
<\/p>\n
406,411,000 <\/p>\n
<\/p>\n
406,411,000 <\/p>\n
001 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
COMPRA DE TERRENOS, CONSTRUCCION, ADQUISICION, REMODELACION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE CUARTELES Y OTRAS INSTALACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
406,411,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
406,411,000 <\/p>\n
009 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y MOVILIZACION <\/p>\n
406,411,000 <\/p>\n
<\/p>\n
406,411,000 <\/p>\n
33 <\/p>\n
RENTAS PARAFISCALES <\/p>\n
406,411,000 <\/p>\n
UNIDAD 1501 02 <\/p>\n
OPERACION ADMINISTRATIVA DEL COMANDO GENERAL <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
566,304,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
566,304,000 <\/p>\n
1301 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
DEFENSA Y SEGURIDAD <\/p>\n
<\/p>\n
566,304,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
566,304,000 <\/p>\n
002 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
ADQUISICION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE EQUIPO MILITAR <\/p>\n
<\/p>\n
566,304,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
566,304,000 <\/p>\n
001 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
ADQUISICION MATERIAL DE INTELIGENCIA <\/p>\n
<\/p>\n
566,304,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
566,304,000 <\/p>\n
33 <\/p>\n
RENTAS PARAFISCALES <\/p>\n
566,304,000 <\/p>\n
UNIDAD 1501 03 <\/p>\n
OPERACION ADMINISTRATIVA DEL EJERCITO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
5,263,821,893 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
5,263,821,893 <\/p>\n
1301 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
DEFENSA Y SEGURIDAD <\/p>\n
<\/p>\n
5,263,821,893 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
5,263,821,893 <\/p>\n
002 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
ADQUISICION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE EQUIPO MILITAR <\/p>\n
<\/p>\n
5,263,821,893 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
5,263,821,893 <\/p>\n
011 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
ADQUISICION Y RENOVACION EQUIPO DE TRANSPORTE <\/p>\n
<\/p>\n
3,411,194,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3,411,194,000 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
NUM <\/p>\n
PRO <\/p>\n
ART <\/p>\n
ORD <\/p>\n
SUPR <\/p>\n
SUB <\/p>\n
PRY <\/p>\n
DIS <\/p>\n
SPY <\/p>\n
REC <\/p>\n
CONCEPTO <\/p>\n
APORTE <\/p>\n
NACIONAL <\/p>\n
RECURSOS <\/p>\n
ADMINISTRADOS <\/p>\n
POR LA ENTIDAD <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
042 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
ADQUISICION EQUIPO DE ARMAMENTO Y REPUESTOS CONTRATO DE SUMINISTRO Y FINANCIACION N\u00ba 007 – CEITE – DADQ – SI – 90 ISREX – ISRAEL GENERAL TRADING CO. <\/p>\n
<\/p>\n
395,571,376 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
395,571,376 <\/p>\n
15 <\/p>\n
CANCELACION RESERVAS – VIGENCIA 1988 <\/p>\n
043 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
ADQUISICION EQUIPO DE COMUNICACIONES. CONTRATO DE SUMINISTRO Y FINANCIACION N\u00ba 007 CEITE – DADQ – SI – 90 ISREX – ISRAEL GENERAL TRADING CO. <\/p>\n
<\/p>\n
46,965,169 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
46,965,169 <\/p>\n
15 <\/p>\n
CANCELACION RESERVAS – VIGENCIA 1988 <\/p>\n
46,965,169 <\/p>\n
044 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
ADQUISICION EQUIPO DE ARMAMENTO Y REPUESTOS <\/p>\n
<\/p>\n
1,410,091,348 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1,410,091,348 <\/p>\n
15 <\/p>\n
CANCELACION DE RESERVAS – VIGENCIA 1988 <\/p>\n
1,410,091,348 <\/p>\n
UNIDAD 1501 04 <\/p>\n
OPERACION ADMINISTRATIVA DE LA ARMADA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
199,648,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
199,648,000 <\/p>\n
1301 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
DEFENSA Y SEGURIDAD <\/p>\n
<\/p>\n
199,648,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
199,648,000 <\/p>\n
002 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
ADQUISICION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE EQUIPO MILITAR <\/p>\n
<\/p>\n
199,648,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
199,648,000 <\/p>\n
017 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
ADQUISICION MATERIAL DE INTENDENCIA Y ARMAMENTO <\/p>\n
<\/p>\n
199,648,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
199,648,000 <\/p>\n
15 <\/p>\n
199,648,000 <\/p>\n
UNIDAD 1501 05 <\/p>\n
OPERACION ADMINISTRATIVA DE LA FUERZA AEREA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
22,250,731,600 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
22,250,731,600 <\/p>\n
1301 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
DEFENSA Y SEGURIDAD <\/p>\n
<\/p>\n
22,250,731,600 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
22,250,731,600 <\/p>\n
002 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
ADQUISICION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE EQUIPO MILITAR <\/p>\n
<\/p>\n
22,250,731,600 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
22,250,731,600 <\/p>\n
007 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
ADQUISICION HELICOPTEROS PESADOS Y LIVIANOS SANTAF\u00c9 DE BOGOTA <\/p>\n
<\/p>\n
20,904,651,600 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
20,904,651,600 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
16,929,250,000 <\/p>\n
NUM <\/p>\n
PRO <\/p>\n
ART <\/p>\n
ORD <\/p>\n
SUPR <\/p>\n
SUB <\/p>\n
PRY <\/p>\n
DIS <\/p>\n
SPY <\/p>\n
REC <\/p>\n
CONCEPTO <\/p>\n
APORTE <\/p>\n
NACIONAL <\/p>\n
RECURSOS <\/p>\n
ADMINISTRADOS <\/p>\n
POR LA ENTIDAD <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
33 <\/p>\n
RENTAS PARAFISCALES <\/p>\n
3,975,401,600 <\/p>\n
028 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
MANTENIMIENTO EQUIPO AEREO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1,346,080,000 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
1,346,080,000 <\/p>\n
SECCION 1601 <\/p>\n
POLICIA NACIONAL <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
7,409,141,220 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
7,409,141,220 <\/p>\n
A- FUNCIONAMIENTO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3,500,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3,500,000,000 <\/p>\n
UNIDAD 1601 01 <\/p>\n
SERVICIOS POLICIALES <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3,500,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3,500,000,000 <\/p>\n
3 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
TRANSFERENCIAS <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3,500,000,000 <\/p>\n
022 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OTRAS TRANSFERENCIAS <\/p>\n
<\/p>\n
3,500,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3,500,000,000 <\/p>\n
003 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
FONDOS INTERNOS <\/p>\n
<\/p>\n
3,500,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3,500,000,000 <\/p>\n
33 <\/p>\n
RENTAS PARAFISCALES <\/p>\n
B – INVERSION <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3,909,141,220 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3,909,141,220 <\/p>\n
UNIDAD 1601 01 <\/p>\n
SERVICIOS POLICIALES <\/p>\n
3,909,141,220 <\/p>\n
<\/p>\n
3,909,141,220 <\/p>\n
1301 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
DEFENSA Y SEGURIDAD <\/p>\n
<\/p>\n
3,909,141,220 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3,909,141,220 <\/p>\n
002 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
ADQUISICION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE EQUIPO MILITAR <\/p>\n
<\/p>\n
3,909,141,220 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3,909,141,220 <\/p>\n
006 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
ADQUISICION DE EQUIPO DE ARMAMENTO <\/p>\n
<\/p>\n
127,147,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
127,147,000 <\/p>\n
15 <\/p>\n
CANCELACION RESERVAS – VIGENCIA 1988 <\/p>\n
127,147,000 <\/p>\n
012 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
ADQUISICION EQUIPO DE SISTEMAS <\/p>\n
<\/p>\n
3,328,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3,328,000,000 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
3,328,000,000 <\/p>\n
014 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
ADQUISICION EQUIPO DE SANIDAD <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
453,994,220 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
402,110,820 <\/p>\n
33 <\/p>\n
RENTAS PARAFISCALES <\/p>\n
51,883,400 <\/p>\n
NUM <\/p>\n
PRO <\/p>\n
ART <\/p>\n
ORD <\/p>\n
SUPR <\/p>\n
SUB <\/p>\n
PRY <\/p>\n
DIS <\/p>\n
SPY <\/p>\n
REC <\/p>\n
CONCEPTO <\/p>\n
NACIONAL <\/p>\n
RECURSOS <\/p>\n
ADMINISTRADOS <\/p>\n
POR LA ENTIDAD <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
SECCION 2701 <\/p>\n
RAMA JUDICIAL <\/p>\n
<\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
7,154,863,948 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
7,154,863,948 <\/p>\n
A – FUNCIONAMIENTO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
7,154,863,948 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
7,154,863,948 <\/p>\n
UNIDAD 2701 06 <\/p>\n
ADMINISTRACION DE TRIBUNALES Y JUZGADOS SUP. CIRC. TRAB, MEN. MUN. TERR. Y JUZG. SUP, DE DIST. PENAL ADUANERO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
6,970,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
6,970,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
SERVICIOS PERSONALES <\/p>\n
<\/p>\n
6,970,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
6,970,000,000 <\/p>\n
002 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA <\/p>\n
<\/p>\n
6,970,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
6,970,000,000 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
6,970,000,000 <\/p>\n
UNIDAD 2701 07 <\/p>\n
TRIBUNAL NACIONAL Y JUECES REGIONALES <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
184,863,948 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
184,863,948 <\/p>\n
1 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
SERVICIOS PERSONALES <\/p>\n
<\/p>\n
152,711,401 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
152,711,401 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES <\/p>\n
<\/p>\n
152,711,401 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
152,711,401 <\/p>\n
001 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO D.G.P. <\/p>\n
<\/p>\n
152,711,401 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
152,711,401 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
152,711,401 <\/p>\n
9 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
TRANSFERENCIAS <\/p>\n
<\/p>\n
32,152,547 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
32,152,547 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OTRAS TRANSFERENCIAS <\/p>\n
<\/p>\n
32,152,547 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
32,152,547 <\/p>\n
001 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OTRAS TRANSFERENCIAS <\/p>\n
DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO D.G.P. <\/p>\n
<\/p>\n
32,152,547 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
32,152,547 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
32,152,547 <\/p>\n
TOTAL ADICIONES <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
54,357,705,911 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
9,884,883,200 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
64,242,589,111 <\/p>\n
ARTICULO 2\u00ba. Efect\u00faanse los siguientes contracr\u00e9ditos y cr\u00e9ditos en el Presupuesto General de la Naci\u00f3n para la vigencia fiscal de 1993, en la suma de $ 11.343.839.750. Seg\u00fan el siguiente detalle. <\/p>\n
NUM <\/p>\n
PRO <\/p>\n
ART <\/p>\n
ORD <\/p>\n
SUPR <\/p>\n
SUB <\/p>\n
PRY <\/p>\n
DIS <\/p>\n
SPY <\/p>\n
REC <\/p>\n
APORTE <\/p>\n
NACIONAL <\/p>\n
RECURSOS <\/p>\n
ADMINISTRADOS <\/p>\n
POR LA ENTIDAD <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
SECCION 1501 <\/p>\n
MINISTERIO DE DEFENSA <\/p>\n
<\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3,329,845,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3,329,845,000 <\/p>\n
A – FUNCIONAMIENTO <\/p>\n
<\/p>\n
472,245,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
472,245,000 <\/p>\n
UNIDAD 1501 02 <\/p>\n
OPERACION ADMINISTRATIVA DEL COMANDO GENERAL <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
472,245,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
472,245,000 <\/p>\n
2 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
472,245,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
472,245,000 <\/p>\n
012 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OTROS GASTOS GENERALES <\/p>\n
<\/p>\n
472,245,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
472,245,000 <\/p>\n
001 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OPERACION REDES DE INTELIGENCIA <\/p>\n
<\/p>\n
472,245,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
472,245,000 <\/p>\n
001 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OPERACION REDES DE INTELIGENCIA <\/p>\n
<\/p>\n
472,245,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
472,245,000 <\/p>\n
01 <\/p>\n
472,245,000 <\/p>\n
B – INVERSION <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2,857,600,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2,857,600,000 <\/p>\n
UNIDAD 1501 05 <\/p>\n
OPERACION ADMINISTRATIVA DE LA FUERZA AEREA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2,857,600,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2,857,600,000 <\/p>\n
1301 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
DEFENSA Y SEGURIDAD <\/p>\n
<\/p>\n
2,857,600,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2,857,600,000 <\/p>\n
002 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
ADQUISICION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE EQUIPO MILITAR <\/p>\n
<\/p>\n
2,857,600,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2,857,600,000 <\/p>\n
016 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
ADQUISICION DE 5 HELICOPTEROS LIVIANOS ARTILLADOS – SANTAF\u00c9 DE BOGOTA <\/p>\n
<\/p>\n
2,857,600,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2,857,600,000 <\/p>\n
17 <\/p>\n
CREDITO INTERNO NACIONAL <\/p>\n
2,857,600,000 <\/p>\n
SECCION 1511 <\/p>\n
<\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2,900,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2,900,000,000 <\/p>\n
A – FUNCIONAMIENTO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2,900,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2,900,000,000 <\/p>\n
3 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
TRANSFERENCIAS <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2,900,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2,900,000,000 <\/p>\n
NUM <\/p>\n
PRO <\/p>\n
ART <\/p>\n
ORD <\/p>\n
SUB <\/p>\n
PRY <\/p>\n
DIS <\/p>\n
SPY <\/p>\n
REC <\/p>\n
CONCEPTO <\/p>\n
APORTE <\/p>\n
NACIONAL <\/p>\n
RECURSOS <\/p>\n
ADMINISTRADOS <\/p>\n
POR LA ENTIDAD <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
OTRAS TRANSFERENCIAS <\/p>\n
<\/p>\n
2,900,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2,900,000,000 <\/p>\n
ASIGNACIONES DE RETIRO <\/p>\n
<\/p>\n
1,864,905,150 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1,864,905,150 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
1,864,905,150 <\/p>\n
005 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OTRAS TRANSFERENCIAS <\/p>\n
DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO D.G.P. <\/p>\n
<\/p>\n
1,035,094,850 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1,035,094,850 <\/p>\n
17 <\/p>\n
CREDITO INTERNO NACIONAL <\/p>\n
1,035,094,850 <\/p>\n
SECCION 1601 <\/p>\n
POLICIA NACIONAL <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4,013,994,750 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4,013,994,750 <\/p>\n
A – FUNCIONAMIENTO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4,013,994,750 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4,013,994,750 <\/p>\n
UNIDAD 1601 01 <\/p>\n
SERVICIOS POLICIALES <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4,013,994,750 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4,013,994,750 <\/p>\n
3 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
TRANSFERENCIAS <\/p>\n
<\/p>\n
4,013,994,750 <\/p>\n
<\/p>\n
4,013,994,750 <\/p>\n
022 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OTRAS TRANSFERENCIAS <\/p>\n
<\/p>\n
4,013,994,750 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4,013,994,750 <\/p>\n
002 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
PRESTACIONES SOCIALES <\/p>\n
<\/p>\n
4,013,994,750 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4,013,994,750 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
4,013,994,750 <\/p>\n
SECCION 2901 <\/p>\n
FISCALIA GENERAL DE LA NACION <\/p>\n
<\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1,100,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1,100,000,000 <\/p>\n
A – FUNCIONAMIENTO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1,100,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1,100,000,000 <\/p>\n
FISCALES DE TRIBUNALES Y JUZGADOS <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1,100,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1,100,000,000 <\/p>\n
3 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
TRANSFERENCIAS <\/p>\n
<\/p>\n
1,100,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
1,100,000,000 <\/p>\n
022 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OTRAS TRANSFERENCIAS <\/p>\n
<\/p>\n
1,100,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1,100,000,000 <\/p>\n
006 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OTROS GASTOS POR TRANSFERENCIAS <\/p>\n
(DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO D.G.P.) <\/p>\n
<\/p>\n
1,100,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1,100,000,000 <\/p>\n
NUM <\/p>\n
PRO <\/p>\n
ART <\/p>\n
ORD <\/p>\n
SUPR <\/p>\n
SUB <\/p>\n
PRY <\/p>\n
DIS <\/p>\n
SPY <\/p>\n
REC <\/p>\n
CONCEPTO <\/p>\n
APORTE <\/p>\n
NACIONAL <\/p>\n
RECURSOS <\/p>\n
ADMINISTRADOS <\/p>\n
POR LA ENTIDAD <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
17 <\/p>\n
CREDITO INTERNO NACIONAL <\/p>\n
1,100,000,000 <\/p>\n
TOTAL CONTRACREDITOS <\/p>\n
11,343,839,750 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
11,343,839,750 <\/p>\n
CREDITOS PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION <\/p>\n
NUM <\/p>\n
PRO <\/p>\n
ART <\/p>\n
ORD <\/p>\n
SUPR <\/p>\n
SUB <\/p>\n
PRY <\/p>\n
DIS <\/p>\n
SPY <\/p>\n
REC <\/p>\n
CONCEPTO <\/p>\n
APORTE <\/p>\n
NACIONAL <\/p>\n
RECURSOS <\/p>\n
ADMINISTRADOS <\/p>\n
POR LA ENTIDAD <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
SECCION 1501 <\/p>\n
MINISTERIO DE DEFENSA <\/p>\n
<\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3,329,845,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3,329,845,000 <\/p>\n
A – FUNCIONAMIENTO <\/p>\n
<\/p>\n
2,857,600,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2,857,600,000 <\/p>\n
UNIDAD 1501 05 <\/p>\n
OPERACION ADMINISTRATIVA DE LA FUERZA AEREA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2,857,600,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2,857,600,000 <\/p>\n
2 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
GASTOS GENERALES <\/p>\n
<\/p>\n
2,857,600,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2,857,600,000 <\/p>\n
005 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
ARRENDAMIENTOS <\/p>\n
<\/p>\n
2,857,600,000 <\/p>\n
<\/p>\n
2,857,600,000 <\/p>\n
002 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
ARRENDAMIENTO AERONAVES <\/p>\n
<\/p>\n
2,857,600,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2,857,600,000 <\/p>\n
17 <\/p>\n
CREDITO INTERNO NACIONAL <\/p>\n
2,857,600,000 <\/p>\n
B – INVERSION <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
472,245,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
472,245,000 <\/p>\n
UNIDAD 1501 02 <\/p>\n
OPERACION ADMINISTRATIVA DEL COMANDO GENERAL <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
175,245,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
175,245,000 <\/p>\n
1301 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
DEFENSA Y SEGURIDAD <\/p>\n
<\/p>\n
175,245,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
175,245,000 <\/p>\n
001 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
COMPRA DE TERRENOS, CONSTRUCCION, ADQUISICION, REMODELACION, MANTENIMIENTO, DOTACION <\/p>\n
<\/p>\n
175,245,000 <\/p>\n
<\/p>\n
175,245,000 <\/p>\n
004 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
CONSTRUCCION Y ADECUACION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, RED DE CONTRAINTELIGENCIA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD (C.V.S.) NACIONAL <\/p>\n
<\/p>\n
175,245,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
175,245,000 <\/p>\n
NUM <\/p>\n
PRO <\/p>\n
ART <\/p>\n
ORD <\/p>\n
SUPR <\/p>\n
SUB <\/p>\n
PRY <\/p>\n
DIS <\/p>\n
SPY <\/p>\n
REC <\/p>\n
CONCEPTO <\/p>\n
APORTE <\/p>\n
NACIONAL <\/p>\n
RECURSOS <\/p>\n
ADMINISTRADOS <\/p>\n
POR LA ENTIDAD <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
175,245,000 <\/p>\n
UNIDAD 1501 03 <\/p>\n
OPERACION ADMINISTRATIVA DEL EJERCITO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
142,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
142,000,000 <\/p>\n
1301 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
DEFENSA Y SEGURIDAD <\/p>\n
<\/p>\n
142,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
142,000,000 <\/p>\n
001 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
COMPRA DE TERRENOS, CONSTRUCCION, REMODELACION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE CUARTELES Y OTRAS INSTALACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
142,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
142,000,000 <\/p>\n
058 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
CONSTRUCCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, RED DE RADIOGONIOMETRIA DEL EJERCITO <\/p>\n
<\/p>\n
142,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
142,000,000 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
142,000,000 <\/p>\n
UNIDAD 1501 04 <\/p>\n
OPERACION ADMINISTRATIVA DE LA ARMADA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
155,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
155,000,000 <\/p>\n
1301 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
DEFENSA Y SEGURIDAD <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
155,000,000 <\/p>\n
001 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
COMPRA DE TERRENOS, CONSTRUCCION, ADQUISICION, REMODELACION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE CUARTELES Y OTRAS INSTALACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
155,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
155,000,000 <\/p>\n
013 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
CONSTRUCCION Y ADECUACION OBRAS E INFRAESTRUCTURA DE RADIOGONIOMETRIA PARA LA ARMADA <\/p>\n
<\/p>\n
155,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
155,000,000 <\/p>\n
SECCION 1601 <\/p>\n
POLICIA NACIONAL <\/p>\n
<\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
6,913,994,750 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
6,913,994,750 <\/p>\n
A – FUNCIONAMIENTO <\/p>\n
<\/p>\n
6,913,994,750 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
6,913,994,750 <\/p>\n
UNIDAD 1601 01 <\/p>\n
SERVICIOS POLICIALES <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
6,808,633,750 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
6,808,633,750 <\/p>\n
NUM <\/p>\n
PRO <\/p>\n
ART <\/p>\n
SUPR <\/p>\n
SUB <\/p>\n
PRY <\/p>\n
DIS <\/p>\n
SPY <\/p>\n
REC <\/p>\n
CONCEPTO <\/p>\n
APORTE <\/p>\n
NACIONAL <\/p>\n
RECURSOS <\/p>\n
ADMINISTRADOS <\/p>\n
POR LA ENTIDAD <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
1 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
SERVICIOS PERSONALES <\/p>\n
<\/p>\n
6,808,633,750 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
6,808,633,750 <\/p>\n
002 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA <\/p>\n
<\/p>\n
3,552,997,850 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3,552,997,850 <\/p>\n
001 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
SUELDO BASICO <\/p>\n
<\/p>\n
3,012,086,850 <\/p>\n
<\/p>\n
3,012,086,850 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
1,976,992,000 <\/p>\n
17 <\/p>\n
CREDITO INTERNO NACIONAL <\/p>\n
1,035,094,850 <\/p>\n
003 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
BONIFICACION CUERPO PROFESIONAL <\/p>\n
<\/p>\n
115,327,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
115,327,000 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
115,327,000 <\/p>\n
007 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
BONIFICACION DE LICENCIAMIENTO (LEY 48 \/ 93) <\/p>\n
<\/p>\n
425,584,000 <\/p>\n
<\/p>\n
425,584,000 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
425,584,000 <\/p>\n
005 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
SUBSIDIO DE ALIMENTACION <\/p>\n
<\/p>\n
237,589,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
237,589,000 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
237,589,000 <\/p>\n
008 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
PRIMA DE VACACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
137,470,900 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
137,470,900 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
137,470,900 <\/p>\n
009 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
PRIMA DE NAVIDAD <\/p>\n
<\/p>\n
494,848,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
494,848,000 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
494,848,000 <\/p>\n
010 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
PRIMAS EXTRAORDINARIAS <\/p>\n
<\/p>\n
2,189,621,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2,189,621,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
PRIMA DE ACTIVIDAD <\/p>\n
<\/p>\n
2,189,621,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2,189,621,000 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
2,189,621,000 <\/p>\n
018 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES <\/p>\n
<\/p>\n
196,107,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
196,107,000 <\/p>\n
001 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
SUBSIDIO FAMILIAR <\/p>\n
<\/p>\n
196,107,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
196,107,000 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
196,107,000 <\/p>\n
UNIDAD 1601 02 <\/p>\n
FORMACION Y CAPACITACION DE PERSONAL <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
21,303,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
21,303,000 <\/p>\n
1 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
SERVICIOS PERSONALES <\/p>\n
<\/p>\n
21,303,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
21,303,000 <\/p>\n
002 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA <\/p>\n
<\/p>\n
3,984,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3,984,000 <\/p>\n
001 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
SUELDO BASICO <\/p>\n
<\/p>\n
3,709,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3,709,000 <\/p>\n
01 <\/p>\n
3,709,000 <\/p>\n
003 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
BONIFICACION CUERPO PROFESIONAL <\/p>\n
<\/p>\n
275,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
275,000 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
275,000 <\/p>\n
010 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
PRIMAS EXTRAORDINARIAS <\/p>\n
<\/p>\n
17,319,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
17,319,000 <\/p>\n
NUM <\/p>\n
PRO <\/p>\n
ART <\/p>\n
ORD <\/p>\n
SUPR <\/p>\n
SUB <\/p>\n
PRY <\/p>\n
DIS <\/p>\n
SPY <\/p>\n
REC <\/p>\n
CONCEPTO <\/p>\n
APORTE <\/p>\n
NACIONAL <\/p>\n
RECURSOS <\/p>\n
ADMINISTRADOS <\/p>\n
POR LA ENTIDAD <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
015 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
17,319,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
17,319,000 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
17,319,000 <\/p>\n
UNIDAD 1601 03 <\/p>\n
SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
84,058,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
84,058,000 <\/p>\n
1 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
SERVICIOS PERSONALES <\/p>\n
<\/p>\n
84,058,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
84,058,000 <\/p>\n
002 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA <\/p>\n
<\/p>\n
28,845,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
28,845,000 <\/p>\n
001 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
SUELDO BASICO <\/p>\n
<\/p>\n
28,845,000 <\/p>\n
<\/p>\n
28,845,000 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
28,845,000 <\/p>\n
005 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
SUBSIDIO DE ALIMENTACION <\/p>\n
<\/p>\n
6,369,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
6,369,000 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
6,369,000 <\/p>\n
008 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
PRIMA DE VACACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
18,206,000 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
18,206,000 <\/p>\n
009 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
PRIMA DE NAVIDAD <\/p>\n
<\/p>\n
19,098,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
19,098,000 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
19,098,000 <\/p>\n
010 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4,873,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4,873,000 <\/p>\n
001 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
PRIMA DE ACTIVIDAD <\/p>\n
<\/p>\n
3,331,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3,331,000 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
3,331,000 <\/p>\n
016 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
PRIMA DE ACTUALIZACION <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1,542,000 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
1,542,000 <\/p>\n
018 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES <\/p>\n
<\/p>\n
6,667,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
6,667,000 <\/p>\n
001 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
SUBSIDIO FAMILIAR <\/p>\n
<\/p>\n
6,667,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
6,667,000 <\/p>\n
01 <\/p>\n
RECURSOS ORDINARIOS <\/p>\n
6,667,000 <\/p>\n
SECCION 2901 <\/p>\n
FISCALIA GENERAL DE LA NACION <\/p>\n
<\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1,100,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1,100,000,000 <\/p>\n
A – FUNCIONAMIENTO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1,100,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1,100,000,000 <\/p>\n
UNIDAD 2901 01 <\/p>\n
FISCALES DE TRIBUNALES Y JUZGADOS <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1,100,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1,100,000,000 <\/p>\n
1 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
SERVICIOS PERSONALES <\/p>\n
<\/p>\n
500,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
500,000,000 <\/p>\n
NUM <\/p>\n
PRO <\/p>\n
ART <\/p>\n
ORD <\/p>\n
SUPR <\/p>\n
PRY <\/p>\n
DIS <\/p>\n
SPY <\/p>\n
REC <\/p>\n
CONCEPTO <\/p>\n
APORTE <\/p>\n
NACIONAL <\/p>\n
RECURSOS <\/p>\n
ADMINISTRADOS <\/p>\n
POR LA ENTIDAD <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
018 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES <\/p>\n
<\/p>\n
500,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
500,000,000 <\/p>\n
001 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
SERVICIOS PRESTADOS VACACIONES PERSONAL TITULAR <\/p>\n
<\/p>\n
500,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
500,000,000 <\/p>\n
17 <\/p>\n
CREDITO INTERNO NACIONAL <\/p>\n
500,000,000 <\/p>\n
2 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
GASTOS GENERALES <\/p>\n
<\/p>\n
600,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
600,000,000 <\/p>\n
002 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
MATERIALES Y SUMINISTROS <\/p>\n
<\/p>\n
200,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
200,000,000 <\/p>\n
17 <\/p>\n
CREDITO INTERNO NACIONAL <\/p>\n
200,000,000 <\/p>\n
003 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
MANTENIMIENTO <\/p>\n
<\/p>\n
300,000,000 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
300,000,000 <\/p>\n
17 <\/p>\n
CREDITO INTERNO NACIONAL <\/p>\n
300,000,000 <\/p>\n
008 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
100,000,000 <\/p>\n
17 <\/p>\n
CREDITO INTERNO NACIONAL <\/p>\n
100,000,000 <\/p>\n
TOTAL CREDITOS <\/p>\n
<\/p>\n
11,343,839,750 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
11,343,839,750 <\/p>\n
ARTICULO 3\u00ba. Durante la vigencia fiscal de 1993 el reaforo de rentas del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, de la Superintendencia de Notariado y Registro y del Fondo Nacional de Notariado podr\u00e1n destinarse a atender gastos de funcionamiento de la Rama Judicial y Gastos de Inversi\u00f3n en C\u00e1rceles Nacionales. <\/p>\n
ARTICULO 4\u00ba. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicaci\u00f3n. <\/p>\n
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE <\/p>\n
Dado en Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., 3 de agosto de 1993 <\/p>\n
CESAR GAVIRIA TRUJILLO <\/p>\n
El Ministro de Gobierno, FABIO VILLEGAS RAMIREZ; la Ministra de relaciones Exteriores, NOHEMI SANIN DE RUBIO; el Ministro de Justicia, ANDRES GONZALEZ DIAZ; el Ministro de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, RUDOLF HOMMES; el Ministro de Defensa Nacional, RAFAEL PARDO RUEDA; el Ministro de Agricultura, JOSE ANTONIO OCAMPO GAVIRIA; el Viceministro de Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable Encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Desarrollo Econ\u00f3mico, DARIO LONDO\u00d1O GOMEZ; el Ministro de Minas y Energ\u00eda, GUIDO NULE AMIN; el Ministro de Comercio Exterior, JUAN MANUEL SANTOS CALDERON; el Ministro de Educaci\u00f3n Nacional, MARUJA PACHON DE GALAN; el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, LUIS FERNANDO RAMIREZ ACU\u00d1A; el Ministro de Salud, JUAN LUIS LONDO\u00d1O DE LA CUESTA; el Ministro de Comunicaciones, WILLIAM JARAMILLO GOMEZ; el Ministro de Obras P\u00fablicas y Transporte, JORGE BENDECK OLIVELLA. <\/p>\n
II. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El Presidente de la Rep\u00fablica, con la firma de todos sus Ministros – 13 Ministros y el Viceministro de Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable, Encargado de las Funciones del Despacho del Ministro de Desarrollo Econ\u00f3mico -, expidi\u00f3 el 3 de agosto de 1993, en ejercicio de las facultades que le confiere el art\u00edculo 213 de la CP, y en desarrollo de los Decretos 1793 de 1992 y 829 de 1993, el Decreto Legislativo 1497 “Por el cual se efect\u00faan algunas operaciones presupuestales en el Presupuesto General de la Naci\u00f3n para la vigencia fiscal de 1993”. <\/p>\n
2. Con el fin “de conjurar las causas de la perturbaci\u00f3n e impedir la extensi\u00f3n de sus efectos” y en virtud de la necesidad de “incrementar la capacidad de operaci\u00f3n de la Fuerza P\u00fablica”, as\u00ed como el deber de reforzar “la acci\u00f3n de los Organismos Judiciales…” y “… dotar de recursos adecuados a la Rama Judicial” – como se explica en los considerandos -, y en vista de la existencia de recursos provenientes del mayor valor del recaudo de determinados fondos – del Ministerio de Defensa Nacional y de la Polic\u00eda Nacional – y del super\u00e1vit fiscal de la Naci\u00f3n de la vigencia fiscal de 1992, por medio del Decreto Legislativo 1497 de 1993 se adicionan unas partidas al Presupuesto General de la Naci\u00f3n. Las partidas adicionadas ascienden a un valor de $64.242.589.111 (art. 1\u00ba). Adem\u00e1s, se efect\u00faan unos contracr\u00e9ditos y cr\u00e9ditos en el Presupuesto (art. 2\u00ba) y se dispone que, durante la vigencia fiscal de 1993, “el reaforo de rentas del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, de la Superintendencia de Notariado y Registro y del Fondo Nacional de Notariado podr\u00e1n destinarse a atender gastos de funcionamiento de la Rama Judicial y Gastos de Inversi\u00f3n en C\u00e1rceles Nacionales” (art. 3\u00ba). En el art\u00edculo 4\u00ba se establece que la fecha de entrada en vigor del Decreto ser\u00e1 la de su publicaci\u00f3n. <\/p>\n
3. El apoderado del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, Dr. Antonio Jos\u00e9 N\u00fa\u00f1ez Trujillo, dentro del t\u00e9rmino de fijaci\u00f3n en lista del Decreto bajo revisi\u00f3n, present\u00f3 escrito en defensa de la constitucionalidad del Decreto 1497. <\/p>\n
El apoderado indica que el Decreto cumple con todos los requisitos de forma exigidos por la Constituci\u00f3n: est\u00e1 firmado por el Presidente y sus Ministros; fue expedido el 3 de agosto, dentro del t\u00e9rmino de la pr\u00f3rroga del Estado de Conmoci\u00f3n Interior – Decreto 829 de 1993, declarado exequible por la Corte Constitucional -; y constituye un desarrollo de la respuesta estatal a las causas que ameritaron la declaratoria del estado excepcional, en cuanto se adoptan medidas presupuestales para financiar las nuevas erogaciones que tal situaci\u00f3n conlleva. Advierte que, previo al an\u00e1lisis del cumplimiento de los requisitos materiales, resulta necesario efectuar algunas reflexiones en relaci\u00f3n con la naturaleza del estado de conmoci\u00f3n interior y el acatamiento de los nuevos lineamientos constitucionales en materia presupuestal. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n realiza un recuento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que en opini\u00f3n del defensor, ha reconocido un\u00e1nimemente la facultad del Presidente de modificar el Presupuesto General de la Naci\u00f3n en \u00e9pocas de excepci\u00f3n – cita las sentencias C-448 de 1992, C-069, C-073, C-206 y C-271 de 1993-. En estos fallos, indica, se advierte que el presupuesto de los estados de excepci\u00f3n es la anormalidad, concepto que debe servir de punto de partida en materia del an\u00e1lisis de las facultades del Presidente en relaci\u00f3n con el presupuesto, lo que le permite modificarlo o incrementarlo, facultad supeditada, en todo caso, a la finalidad de la concesi\u00f3n de poderes excepcionales: la supresi\u00f3n de los factores de desestabilizaci\u00f3n. En este orden de ideas, prosigue, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que, si bien en \u00e9pocas de paz, el Ejecutivo no puede efectuar un gasto que no haya sido decretado por el Congreso, en \u00e9pocas de anormalidad – tiempo de no paz -, el ejecutivo se encuentra autorizado para modificar el presupuesto, siempre que esta medida tenga como fin contribuir a remover las causas de la conmoci\u00f3n. <\/p>\n
Objeta la tesis seg\u00fan la cual s\u00f3lo el Congreso est\u00e1 facultado para introducir modificaciones al Presupuesto, puesto que los decretos legislativos dictados al amparo del estado de conmoci\u00f3n interior, por su naturaleza, tienen fuerza de ley, cualidad que, sumada a su temporalidad, les confiere la potencialidad de suspender normas legales que les sean contrarias, entre ellas las relativas al presupuesto, como lo corroboran las sentencias citadas. Adicionalmente, afirma, “las modificaciones presupuestales resultan necesarias para adelantar las acciones de restablecimiento del orden”. Agrega que las normas presupuestales no est\u00e1n se\u00f1aladas entre las taxativas limitaciones del art\u00edculo 214 de la CP, que se erigen como una “integridad conceptual que el Ejecutivo no puede desconocer como desarrollo de la nueva concepci\u00f3n del Estado colombiano. Ya no se trata de un poder sin restricci\u00f3n alguna sino de una facultad teleol\u00f3gica que no puede pasar por encima de los pilares de su propia identidad hasta llegar al punto de su negaci\u00f3n, como, evidentemente, ocurr\u00eda anteriormente”. Si este es el sentido de las limitaciones, concluye el apoderado, mal puede afirmarse que el Presupuesto, bajo los citados supuestos, constituya una de ellas. Por el contrario, estima, la naturaleza de los decretos legislativos permite la simplificaci\u00f3n del proceso legislativo, y autoriza que sea el Presidente, en ejercicio de la atribuci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 189-4 de la CP, quien realice las operaciones en el Presupuesto General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
Como argumentos adicionales, sostiene que una modificaci\u00f3n presupuestal realizada por la v\u00eda del Congreso de la Rep\u00fablica no se compadece con los apremios de una situaci\u00f3n de perturbaci\u00f3n. Tampoco las modificaciones presupuestales operadas por este mecanismo trascienden el Presupuesto, afirma, en la medida en que se ejecutan dentro del per\u00edodo y carecen de vocaci\u00f3n de permanencia. Tampoco la imposibilidad de acudir a la apertura de cr\u00e9ditos suplementales o extraordinarios en tiempo de paz implica que en \u00e9pocas de anormalidad este mecanismo sea inexistente. La divisi\u00f3n tripartita de los poderes p\u00fablicos tambi\u00e9n resulta inalterada en esta materia, toda vez que las competencias esenciales no se alteran: “El aumento presupuestal, respeta, en esencia, el presupuesto y el funcionamiento de las otras ramas y no desequilibra los recursos necesarios para cumplir debidamente los cometidos que la Constituci\u00f3n les atribuye”. Por el contrario, una medida como la analizada se encamina a evitar que, en determinado momento, las ramas del poder p\u00fablico se vean en imposibilidad de cumplir con las funciones que constitucionalmente les corresponden. Adicionalmente, anota, el gasto p\u00fablico originado en estado de conmoci\u00f3n interior prevalece sobre el gasto p\u00fablico social, como se indica en la citada sentencia C-073 de 1993. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la necesaria conexidad de las disposiciones acusadas con el origen de la perturbaci\u00f3n se refiere a las consideraciones que llevaron a la declaratoria inicial del estado de conmoci\u00f3n y a la expedici\u00f3n del Decreto sometido a examen, para concluir que en \u00e9llos “cuando se est\u00e1 hablando de medidas tendientes a contrarrestar las acciones de la delincuencia organizada se hace referencia a la capacidad operativa de los organismos que administran justicia as\u00ed como de aquellos directamente implicados en el orden p\u00fablico. Este cometido s\u00f3lo puede llevarse a cabo mediante la destinaci\u00f3n de los recursos necesarios que lo soporten, atendiendo as\u00ed a la cr\u00edtica situaci\u00f3n que ha dado lugar a la declaratoria de excepcionalidad. Ello tampoco impedir\u00eda la destinaci\u00f3n teniendo en cuenta el car\u00e1cter privilegiado que tiene el gasto destinado a la seguridad interna, como se indic\u00f3 con anterioridad”. Adem\u00e1s, agrega, el Presupuesto General de la Naci\u00f3n se expide sin tomar en consideraci\u00f3n todos los posibles eventos que ameritan una medida excepcional, y la evaluaci\u00f3n f\u00e1ctica que suponga la necesidad de la modificaci\u00f3n del presupuesto s\u00f3lo es posible bajo el estado de conmoci\u00f3n. Por \u00faltimo, advierte, no hay norma alguna del Decreto 1497 que socave los derechos fundamentales de las personas. <\/p>\n
4. El Se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n solicita a esta Corporaci\u00f3n declarar exequible el Decreto bajo revisi\u00f3n, con base en los argumentos que se resumen a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
Por el aspecto de forma, el concepto fiscal encuentra que el Decreto 1497 se ajusta a las prescripciones constitucionales (CP art. 213). En efecto, se\u00f1ala, fue expedido con invocaci\u00f3n de los decretos que declararon o prorrogaron el estado de excepci\u00f3n – a su vez declarados exequibles por la Corte Constitucional -, dictado dentro del t\u00e9rmino de vigencia de la conmoci\u00f3n interior y lleva la firma del Presidente, trece Ministros y un Viceministro encargado de las funciones ministeriales. <\/p>\n
En punto del control de fondo, el Procurador reitera la tesis expuesta en varios conceptos, seg\u00fan la cual, “adem\u00e1s del control tradicional de “conexidad” heredado de la vieja Carta Fundamental, la nueva Constituci\u00f3n consagra un nuevo y entre nosotros todav\u00eda poco conocido criterio de control sobre los decretos legislativos del Gobierno como es el control de “proporcionalidad” en la relaci\u00f3n entre medios y fines. As\u00ed mismo se ha hecho notar a ese Alto Tribunal que ambos controles envuelven juicios que no tienen un car\u00e1cter puramente formal. (Cfr. concepto N\u00ba 191 del 26 de abril de 1993. Expediente R.E.-039)”. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n se\u00f1ala que el control de conexidad es un “control est\u00e1tico” sobre los l\u00edmites trazados, bien sea de manera general o particular. Por ello, dicho mecanismo es susceptible de analizarse en dos etapas: la relaci\u00f3n con la causa mediata – que se identifica en el concepto fiscal con la situaci\u00f3n que di\u00f3 lugar a la declaratoria del estado de excepci\u00f3n -, y la conexidad entre la causa inmediata – circunstancias espec\u00edficas que rodean la expedici\u00f3n de cada decreto legislativo – y la materia regulada en cada evento concreto. En su opini\u00f3n, el decreto bajo examen cumple con la doble relaci\u00f3n de conexidad exigida. Manifiesta al respecto que entre las motivaciones aducidas en el decreto que declar\u00f3 el estado de conmoci\u00f3n interior – perturbaci\u00f3n del orden p\u00fablico generada por grupos guerrilleros y del narcotr\u00e1fico -, y los considerandos del Decreto 1497 – el cual aduce la necesidad de arbitrar nuevos recursos presupuestales para afrontar la escalada terrorista -, existe una relaci\u00f3n directa y espec\u00edfica, puesto que los nuevos recursos incorporados al Presupuesto se destinan a fortalecer el Ministerio de Defensa, la Polic\u00eda Nacional, la Rama Judicial y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, organismos encargados de enfrentar los actos perturbatorios. <\/p>\n
Por su parte, en el Decreto 1497 se expresa la necesidad de dotar de mayor operatividad a la fuerza p\u00fablica, a trav\u00e9s de un mayor n\u00famero de efectivos y de los dem\u00e1s elementos y servicios necesarios para tal fin, as\u00ed como la de reforzar la acci\u00f3n de los organismos judiciales encargados de la funci\u00f3n de investigar, acusar y juzgar. Es as\u00ed como el Procurador considera que sin los recursos incorporados al Presupuesto mediante el Decreto 1497 de 1993, “no pueden hacerse efectivas las medidas dise\u00f1adas por el Gobierno”. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la facultad del Presidente y sus Ministros de incorporar nuevos rubros en la Ley del Presupuesto en situaciones excepcionales, el concepto fiscal manifiesta que la nueva Carta “dota al Ejecutivo… de una capacidad para excepcionar, mediante mecanismos de concentraci\u00f3n, el principio de la tridivisi\u00f3n e independencia de los poderes p\u00fablicos, de manera que en condiciones de crisis pueda – respetando las barreras establecidas por la nueva Constituci\u00f3n – regular distintas materias, entre ellas, la relativa al Presupuesto, en la medida que el objetivo sea el restablecimiento del orden p\u00fablico”. Lo anterior, advierte, no es asimilable a la atribuci\u00f3n de poderes omn\u00edmodos al Ejecutivo, que inhiban las funciones de las dem\u00e1s ramas y \u00f3rganos del poder p\u00fablico, pues \u00e9stos deben seguir funcionando normalmente (CP art. 241-3). <\/p>\n
El principio de legalidad en materia presupuestal, expreso en el art\u00edculo 345 de la CP, prosigue, est\u00e1 concebido para regir en “tiempo de paz”, lo cual significa “a contrario sensu”, que bajo estados de exepci\u00f3n, bien puede el Ejecutivo a trav\u00e9s de decretos legislativos, que constituyen “ley en sentido material”, efectuar operaciones en el Presupuesto que tengan el objetivo se\u00f1alado. Adicionalmente, se\u00f1ala, a pesar de que el gasto p\u00fablico social fuera “priorizado” por el art\u00edculo 150 de la Carta, y que el art\u00edculo 346 ordene, en su inciso segundo, que en la Ley de Apropiaciones no pueden incluirse partidas que no correspondan a cr\u00e9ditos judicialmente reconocidos, o a gastos decretados conforme a ley anterior, o destinadas a atender el debido funcionamiento de las ramas del poder p\u00fablico, el servicio de la deuda o el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, la financiaci\u00f3n de los gastos encaminados a defender la seguridad nacional tiene prelaci\u00f3n bajo el supuesto de los estados de excepci\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1ala que toda variaci\u00f3n del Presupuesto, de conformidad con el art\u00edculo 352 de la CP, requiere del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Org\u00e1nica de la materia, que en su art\u00edculo 69, ubicado en el t\u00edtulo IX y en relaci\u00f3n con las modificaciones del presupuesto, dispone que la apertura de cr\u00e9ditos adicionales debe efectuarse de conformidad con las normas anteriores o en la forma en que el Presidente y el Consejo de Ministros lo decidan. <\/p>\n
En este punto, el Procurador presenta dos observaciones: “el Estatuto Org\u00e1nico del Presupuesto por ser una Ley Org\u00e1nica ostenta una jerarqu\u00eda cuasiconstitucional y segunda, que si bien el nuevo ordenamiento superior no cuenta entre sus disposiciones con una figura como la consagrada en el art\u00edculo 212 de la Carta de 1886, esto no significa que en la hora presente no se puedan introducir adiciones al presupuesto por un decreto legislativo del Gobierno. Es evidente que al no existir el Consejo de Estado, habr\u00e1 m\u00e1s din\u00e1mica en esa serie de operaciones presupuestales pues el Gobierno podr\u00e1 actuar con la inmediatez que demandan las circunstancias de excepci\u00f3n”. <\/p>\n
El concepto fiscal procede finalmente a analizar cada una de las disposiciones del Decreto bajo revisi\u00f3n y concluye su conformidad con la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
III. FUNDAMENTOS <\/p>\n
Competencia <\/p>\n
1. La Corte Constitucional es competente para resolver de manera definitiva sobre la exequibilidad del Decreto 1497 de 1993, en virtud de lo establecido en los art\u00edculos 214-6 y 241-7 de la CP. <\/p>\n
Requisitos de forma <\/p>\n
2. El Decreto Legislativo 1497 del 3 de agosto de 1993, fue expedido con fundamento en los Decretos 1793 de 1992 – por el cual se declar\u00f3 el estado de conmoci\u00f3n interior -, 261 de 1993 y 829 de mayo seis de 1993, que prorrogaron el estado de excepci\u00f3n por sendos t\u00e9rminos de noventa d\u00edas. El t\u00e9rmino de vigencia del estado de excepci\u00f3n dispuesto en el Decreto 829 se extend\u00eda hasta el siete de agosto del a\u00f1o en curso. Como el Decreto 1479 fue expedido el tres de agosto, se verifica su expedici\u00f3n dentro de la vigencia del estado de conmoci\u00f3n interior, de conformidad con los mandatos del art\u00edculo 213 de la CP. <\/p>\n
Lleva igualmente las firmas de trece Ministros y un Viceministro, encargado de las funciones ministeriales del Despacho del Ministro de Desarrollo Econ\u00f3mico. Su naturaleza es eminentemente transitoria, pues s\u00f3lo est\u00e1 destinado a surtir efectos durante la vigencia fiscal de 1993, como lo se\u00f1alan cada uno de sus tres primeros art\u00edculos. Por \u00faltimo, en su art\u00edculo 4\u00ba se indica que a partir de la fecha de su publicaci\u00f3n comenzar\u00e1 su vigencia, acto que se verific\u00f3 en el Diario Oficial N\u00ba 40.978 de agosto 4 de 1993. <\/p>\n
Responde as\u00ed a las exigencias formales establecidas en la Carta para los decretos de su clase. <\/p>\n
3. Adicionalmente, la relaci\u00f3n directa y espec\u00edfica con la situaci\u00f3n que amerit\u00f3 la declaratoria del estado de excepci\u00f3n, exigida a los decretos legislativos, se cumple en el presente caso, seg\u00fan lo puede apreciar la Corte. <\/p>\n
En los considerandos del Decreto 1793, del 8 de noviembre de 1992, se expuso la escalada de las acciones terroristas de los grupos guerrilleros y de la delincuencia organizada como motivos que condujeron a la declaratoria de la conmoci\u00f3n interior, la que permitir\u00eda: <\/p>\n
– Establecer medidas para aumentar la eficacia de la fuerza p\u00fablica, tales como las referentes a la disponibilidad de recursos, soldados, oficiales y suboficiales, la movilizaci\u00f3n de tropas, la adquisici\u00f3n de suministros y el fortalecimiento de los mecanismos de inteligencia; <\/p>\n
– Incorporar al Presupuesto General nuevos gastos y adoptar los mecanismos presupuestales y legales adecuados para financiar las nuevas erogaciones que se requieren para dar respuesta a la escalada terrorista. <\/p>\n
Por su parte, el Decreto 1497 de 1993 expresa en sus considerandos que, dada la subsistencia de las causas perturbatorias y con el fin de impedir la extensi\u00f3n de sus efectos, “… es indispensable incrementar la capacidad de operaci\u00f3n de la Fuerza P\u00fablica dot\u00e1ndola de nuevos recursos que le permitan disponer de un mayor n\u00famero de efectivos, as\u00ed como de los dem\u00e1s elementos y servicios necesarios para tal fin; … debe reforzarse la acci\u00f3n de los Organismos Judiciales en su funci\u00f3n de investigar, acusar y juzgar; proteger a los funcionarios judiciales y a los organismos de fiscalizaci\u00f3n, as\u00ed como a los testigos;…”, y se\u00f1ala, por \u00faltimo, que resulta prioritario dotar de recursos adecuados a la Rama Judicial. <\/p>\n
En consecuencia, el Decreto 1497 no s\u00f3lo aparece como un necesario desarrollo de la norma por la que se declar\u00f3 el estado de conmoci\u00f3n interior, como puede deducirse de los considerandos transcritos, sino que la materia regulada – destinaci\u00f3n del mayor valor de determinadas rentas a gastos de la fuerza p\u00fablica, la rama judicial, y el Ministerio de Justicia -, as\u00ed como su necesidad – para financiar las erogaciones inesperadas -, resultan directa y espec\u00edficamente relacionadas con las razones expuestas en la parte motiva del mismo. Resulta as\u00ed inobjetable por este aspecto el Decreto revisado. <\/p>\n
Examen de fondo <\/p>\n
4. El Decreto advierte la existencia de una serie de recursos mayores que los previstos al elaborar el presupuesto para la vigencia fiscal de 1993, provenientes del super\u00e1vit fiscal de la Naci\u00f3n en la vigencia fiscal de 1992, del mayor recaudo de los fondos internos del Ministerio de Defensa Nacional y de la Polic\u00eda Nacional y de recursos administrados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, del Fondo Nacional del Notariado y de la Superintendencia de Notariado y Registro, los cuales cuentan, se\u00f1alan los considerandos, con las autorizaciones legales a las que se refieren los art\u00edculos 44 y 45 del decreto reglamentario 3077 de 1989 – relativas a los certificados de disponibilidad de los recursos -. Consecuentemente, busca incorporar estos ingresos, destinados a atender la escalada terrorista y guerrillera, al Presupuesto General para la vigencia de 1993. Con esta finalidad, realiza unos traslados presupuestales, cr\u00e9ditos y contracr\u00e9ditos, para financiar gastos de funcionamiento e inversi\u00f3n de la Fuerza P\u00fablica, el Ministerio de Defensa Nacional, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, as\u00ed como de juzgados, jueces regionales y Tribunal Nacional. <\/p>\n
Tanto el Procurador General de la Naci\u00f3n como esta Corporaci\u00f3n en anteriores oportunidades – sentencias C-448 de 1992 y C-069 y C-073 de 1993- han coincidido en afirmar que el Presidente de la Rep\u00fablica, en ejercicio de las facultades que le confiere el art\u00edculo 213 de la Constituci\u00f3n, puede efectuar modificaciones en el Presupuesto General de la Naci\u00f3n, siempre que ellas sean requeridas para financiar las erogaciones destinadas a conjurar la alteraci\u00f3n del orden p\u00fablico y se utilicen para tal fin. Es del caso analizar, por lo tanto, si las determinaciones adoptadas en este decreto est\u00e1n avaladas por la Carta, motivo por el cual se deben estudiar las normas constitucionales en materia presupuestal, y las relativas a las facultades bajo el estado de conmoci\u00f3n interior. <\/p>\n
5. Como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 346 de la CP, el Gobierno debe elaborar anualmente el proyecto de presupuesto de rentas y de apropiaciones, que habr\u00e1 de corresponder al plan nacional de desarrollo, y est\u00e1 obligado a someterlo a consideraci\u00f3n del Congreso de la Rep\u00fablica dentro de los diez primeros d\u00edas de cada legislatura, que comienza el 20 de julio de cada a\u00f1o (CP art. 138). Por su parte, corresponde al \u00f3rgano legislativo expedirlo dentro de los tres meses siguientes (CP art. 349). Debe observarse que este mandato obliga al Ejecutivo a efectuar una estimaci\u00f3n de los recaudos y los gastos para el a\u00f1o siguiente por lo menos con seis meses de anticipaci\u00f3n, con el fin de presentar oportunamente a consideraci\u00f3n del Legislativo el proyecto correspondiente a la vigencia fiscal de que se trate. <\/p>\n
De lo anterior es posible inferir que, tanto en materia de recaudo, pues \u00e9ste se basa tan s\u00f3lo en un estimativo, como en materia del gasto que tambi\u00e9n se reduce a una proyecci\u00f3n, las previsiones realizadas por el Gobierno, en ninguna forma pueden prever todas las situaciones excepcionales y coyunturales que se presenten a lo largo de la vigencia de la Ley de Presupuesto que pueden significar una variaci\u00f3n de los c\u00e1lculos que hayan servido de fundamento para su elaboraci\u00f3n. <\/p>\n
Adicionalmente, el art\u00edculo 345 establece que “en tiempo de paz no se podr\u00e1 percibir contribuci\u00f3n o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogaci\u00f3n con cargo al tesoro que no se halle incluida en el de gastos”, y tampoco realizar erogaciones que no hayan sido decretadas por el Congreso o las dem\u00e1s corporaciones de elecci\u00f3n popular. Por su parte, el inciso segundo del art\u00edculo 346 se\u00f1ala que s\u00f3lo pueden incluirse en la ley de apropiaciones aqu\u00e9llas partidas que correspondan a cr\u00e9ditos judicialmente reconocidos, o a gastos decretados conforme a ley anterior, o propuestos por el Gobierno para atender el funcionamiento adecuado de las ramas del poder p\u00fablico, el servicio de la deuda o el cumplimiento del plan nacional de desarrollo. Adem\u00e1s, el art\u00edculo 347 se\u00f1ala que el proyecto de ley de apropiaciones deber\u00e1 contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante la respectiva vigencia fiscal. <\/p>\n
De las disposiciones se\u00f1aladas cabe concluir que las atribuciones del Ejecutivo, en materia presupuestal, son ciertamente restringidas, y que el procedimiento para la elaboraci\u00f3n y expedici\u00f3n del presupuesto – esta en \u00faltimas confiado al Congreso – y obedece a r\u00edgidas reglas que obligan, adem\u00e1s, a su estructuraci\u00f3n con una determinada anticipaci\u00f3n. <\/p>\n
Excepcionalmente, el Gobierno cuenta con la posibilidad de proponer ante las mismas comisiones del Congreso que tramitan el proyecto de ley de presupuesto, en caso de que los ingresos legalmente autorizados no fueran suficientes para atender los gastos proyectados, la aprobaci\u00f3n de un presupuesto complementario, destinado a “la creaci\u00f3n de nuevas rentas o la modificaci\u00f3n de las existentes para financiar el monto de gastos contemplados” (CP art. 347). <\/p>\n
Lo anterior, unido al principio de legalidad presupuestal consagrado en el art\u00edculo 345, parecer\u00eda imposibilitar la introducci\u00f3n de modificaciones al presupuesto durante el transcurso de su vigencia efectiva. Sin embargo, en materia presupuestal, la misma Constituci\u00f3n remite a la Ley Org\u00e1nica de Presupuesto, en relaci\u00f3n con el procedimiento para la programaci\u00f3n, aprobaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de los presupuestos de la naci\u00f3n, entidades territoriales y entes descentralizados (CP art. 352). <\/p>\n
La Ley Org\u00e1nica de Presupuesto actualmente vigente es la Ley 38 de 1989. Los aspectos relativos a la introducci\u00f3n de modificaciones al presupuesto est\u00e1n previstos en los art\u00edculos 63 a 71 de la misma. En materia de aumento de las apropiaciones durante la ejecuci\u00f3n del presupuesto, la ley dispone que el Gobierno deber\u00e1 presentar al Congreso los proyectos sobre traslados y cr\u00e9ditos adicionales. Si el Congreso no se encuentra reunido para la \u00e9poca, solicitar\u00e1 concepto previo y favorable al Consejo de Ministros o al Consejo de Estado. <\/p>\n
Esta norma fue dictada bajo la vigencia de la anterior Constituci\u00f3n y desarrollaba su art\u00edculo 212, que establec\u00eda: <\/p>\n
“Cuando haya necesidad de hacer un gasto imprescindible a juicio del Gobierno, estando en receso las C\u00e1maras, y no habiendo partida votada o siendo \u00e9sta insuficiente, podr\u00e1 abrirse un cr\u00e9dito suplemental o extraordinario. <\/p>\n
“Estos cr\u00e9ditos se abrir\u00e1n por el Consejo de Ministros, instruyendo para ello expediente y previo dictamen favorable del Consejo de Estado. <\/p>\n
“Corresponde al Congreso legalizar estos cr\u00e9ditos. <\/p>\n
“El Gobierno puede solicitar del Congreso cr\u00e9ditos adicionales al presupuesto de gastos”. <\/p>\n
En la actual Constituci\u00f3n no existe una disposici\u00f3n como la anterior que permita que en tiempos de paz, y cuando a juicio del Gobierno fuere urgente la realizaci\u00f3n de gastos, el Presidente, con la anuencia del Consejo de Ministros, acuda al mecanismo de los cr\u00e9ditos suplementarios o extraordinarios previstos en la Ley Org\u00e1nica de Presupuesto. Lo anterior no significa que el Gobierno y el Estado mismo se vean impedidos para financiar gastos excepcionales e inesperados, no previstos en la ley de presupuesto correspondiente a una vigencia fiscal determinada, como lo ha afirmado reiteradamente esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
6. En efecto, la declaratoria del estado de conmoci\u00f3n interior, dota al Presidente de facultades especiales, dise\u00f1adas de tal forma que le permitan atender eficientemente los retos que plantea una situaci\u00f3n de tal naturaleza. A pesar de la aguda transformaci\u00f3n que sufri\u00f3 la antigua instituci\u00f3n del estado de sitio en la Asamblea Nacional Constituyente y de sus mayores limitaciones, la nueva Carta dota al Ejecutivo de la facultad necesaria para estimar las necesidades que surgen con ocasi\u00f3n de un estado excepcional, dadas las caracter\u00edsticas del mismo, as\u00ed como de las suficientes herramientas para resolverlas, y exige la observancia de los criterios de razonabilidad, conexidad, necesariedad y proporcionalidad en la adopci\u00f3n de las medidas destinadas a conjurar la crisis. <\/p>\n
No de otra forma pueden interpretarse las facultades otorgadas en el art\u00edculo 213 de la CP: <\/p>\n
“En caso de grave perturbaci\u00f3n del orden p\u00fablico que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de polic\u00eda, el presidente … podr\u00e1 declarar el estado de conmoci\u00f3n interior, … <\/p>\n
“Mediante tal declaraci\u00f3n, el gobierno tendr\u00e1 las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbaci\u00f3n e impedir la extensi\u00f3n de sus efectos. <\/p>\n
“Los decretos legislativos que dicte el Gobierno podr\u00e1n suspender las leyes incompatibles con el estado de conmoci\u00f3n y dejar\u00e1n de regir tan pronto como se declare restablecido el orden p\u00fablico. El Gobierno podr\u00e1 prorrogar su vigencia hasta por noventa d\u00edas m\u00e1s”. <\/p>\n
En este orden de ideas, el Presidente puede dictar decretos con fuerza de ley, destinados a obtener una mayor eficacia de las fuerzas del orden y del sector justicia, que en el presente se consideran prioritarios, lo que implica de suyo unos mayores gastos que los previstos inicialmente en la ley de presupuesto. Si adem\u00e1s, existen recursos no contabilizados o presupuestados, provenientes del mayor recaudo, del super\u00e1vit fiscal de la vigencia anterior o del reaforo de rentas de diversas entidades del gobierno, es clara la facultad del ejecutivo de arbitrar dichas sumas de manera que financien los mayores costos incurridos para el desempe\u00f1o de las actividades encaminadas a suprimir las causas que alteran la paz p\u00fablica. <\/p>\n
En efecto, aunque el art\u00edculo 212 de la anterior Constituci\u00f3n haya desaparecido, el art\u00edculo 69 de la Ley 38 de 1989 autoriza al Gobierno a abrir cr\u00e9ditos adicionales destinados a pagar gastos ocasionados por la declaratoria de un estado de excepci\u00f3n para los cuales no se haya inclu\u00eddo apropiaci\u00f3n alguna en el presupuesto. <\/p>\n
Sobre la interpretaci\u00f3n particular de esta norma, la Corte Constitucional ha expresado: <\/p>\n
“El art\u00edculo 69 establece una excepci\u00f3n al principio general de que el Congreso es el organismo constitucionalmente encargado, no s\u00f3lo de la adopci\u00f3n y formulaci\u00f3n del presupuesto, sino tambi\u00e9n de autorizar las operaciones que se requieran durante su ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
“La excepci\u00f3n tiene su justificaci\u00f3n en el hecho de que afrontar la perturbaci\u00f3n del orden p\u00fablico para conjurar sus causas, demanda del Estado, como es de suponerlo, enormes gastos, en relaci\u00f3n con los cuales no se ha previsto apropiaci\u00f3n alguna en el presupuesto. Esta, justamente, constituye una situaci\u00f3n anormal, que no encuadra, por lo mismo, en las previsiones del art\u00edculo 345 de la Carta. Eso explica tambi\u00e9n, el hecho particularmente significativo de que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica le asigne al Gobierno atribuciones especiales para manejar y superar los estados de excepci\u00f3n, entre \u00e9llas, las que tienen que ver con el manejo presupuestal. En \u00e9llo no hay nada de extra\u00f1o, si se tiene en cuenta que el estatuto constitucional, dentro de una absoluta racionalidad, busca a trav\u00e9s de diferentes estrategias, fortalecer la capacidad de acci\u00f3n del Gobierno, para que pueda hacerle frente con \u00e9xito, a los desaf\u00edos que las situaciones de excepci\u00f3n comportan y restablecerle al pa\u00eds su clima de seguridad, de estabilidad institucional y de armon\u00eda social, seriamente amenazados con la perturbaci\u00f3n del orden p\u00fablico. <\/p>\n
“Si bien la Carta condicion\u00f3 la legalidad del gasto a los tiempos de “paz”, esto es, que dentro de esa situaci\u00f3n el manejo presupuestal se cumpla mediante la ley, durante el Estado de Conmoci\u00f3n Interior, en que el Gobierno sustituye al legislador ordinario, es \u00e9ste quien adquiere competencia para adicionar gastos o realizar traslados. Ello es as\u00ed, porque entonces, \u00bfqu\u00e9 sentido tendr\u00eda el condicionamiento impuesto por el art\u00edculo 345 para ordenar un gasto, si se entendiera que tambi\u00e9n en el Estado de Conmoci\u00f3n Interior, s\u00f3lo el legislador puede disponer en tal sentido? Lo que s\u00ed puede deducirse de la norma, entre otras cosas, es que no puede haber un gasto dispuesto, por el Congreso o por el ejecutivo, por fuera del presupuesto. <\/p>\n
“Debe tenerse en cuenta, adem\u00e1s, que el art\u00edculo 69 de la Ley 38 de 1989, no se consagr\u00f3 con apoyo en el art\u00edculo 212 de la Constituci\u00f3n derogada, porque en la norma legal no se contempla la adici\u00f3n del presupuesto mediante “cr\u00e9ditos suplementales o extraordinarios”, que s\u00f3lo autorizaba el texto constitucional aludido, “estando en receso las c\u00e1maras” y cuando fuere necesario hacer un gasto imprescindible, a juicio del Gobierno. <\/p>\n
“Anota la Corte, que si la Constituci\u00f3n encomienda a la Ley Org\u00e1nica del Presupuesto regular todo el proceso presupuestal en sus diferentes fases (programaci\u00f3n, aprobaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n), nada obsta para que contemple el caso especial de la adici\u00f3n presupuestal por el Gobierno para cubrir gastos ocasionados durante el estado de Conmoci\u00f3n Interior y con ocasi\u00f3n de \u00e9l. <\/p>\n
“Podemos establecer como corolario de todo lo expuesto, que la ley 38 de 1989, es coherente con la Intenci\u00f3n Constitucional, en cuanto dispone la viabilidad de abrir cr\u00e9ditos adicionales por el Gobierno o realizar traslados presupuestales destinados a sumir gastos ocasionados durante el estado de conmoci\u00f3n interior (antes estado de sitio), para los cuales no se hubiese inclu\u00eddo apropiaci\u00f3n en el presupuesto”.1 <\/p>\n
An\u00e1lisis del articulado <\/p>\n
6. El art\u00edculo 1\u00ba ordena una adici\u00f3n al Presupuesto General de la Naci\u00f3n para la vigencia fiscal de 1993. De conformidad con lo antes expuesto esta atribuci\u00f3n fiscal est\u00e1 comprendida dentro de las facultades propias del Ejecutivo durante los estados de excepci\u00f3n. <\/p>\n
El art\u00edculo segundo dispone la realizaci\u00f3n de unos cr\u00e9ditos y contracr\u00e9ditos en el Presupuesto de Rentas y en el de Gastos. Se refiere esta disposici\u00f3n al traslado de una partida en la que se conoce de un mayor recaudo que el previsto o de un mayor valor de las rentas, que se destina a atender exigencias imprevistas en renglones distintos del Presupuesto. No se acude en este caso a la creaci\u00f3n de una nueva partida, sino a la destinaci\u00f3n diferente de sumas existentes en el presupuesto, que durante su ejecuci\u00f3n, han sobrepasado los c\u00e1lculos previstos inicialmente. <\/p>\n
El art\u00edculo 68 de la Ley Org\u00e1nica de Presupuesto prohibe el uso del recurso de la apertura de cr\u00e9ditos adicionales, sobre la base del mayor valor del recaudo de las rentas sobre el promedio presupuestado. Esta restricci\u00f3n tiene, sin embargo, una salvedad: si despu\u00e9s del mes de mayo puede establecerse con certeza el exceso, \u00e9ste podr\u00e1 ser certificado como excedente del Presupuesto de Rentas por el Contralor General de la Naci\u00f3n y servir para la apertura de cr\u00e9ditos adicionales como los dispuestos en el art\u00edculo 2\u00ba del Decreto. El certificado de disponibilidad en cuesti\u00f3n, debe autorizarse si los recursos est\u00e1n comprendidos entre las fuentes de financiaci\u00f3n previstas en el art\u00edculo 44 del Decreto Reglamentario 3077 de 1989 – al cual aluden los considerandos -, dentro de las que se encuentran las invocadas y dispuestas en el Decreto sub-examine: <\/p>\n
– ingresos corrientes no incorporados en el Presupuesto General de la Naci\u00f3n y el reaforo de rentas (literal b); <\/p>\n
– el super\u00e1vit fiscal de la Naci\u00f3n ( literal e); <\/p>\n
– ingresos y recursos propios de los establecimientos p\u00fablicos no incorporados o un mayor producto de rentas debidamente certificado (literal f). <\/p>\n
En materia de incorporaci\u00f3n de recursos propios y reaforo de rentas de los establecimientos p\u00fablicos, s\u00f3lo se requiere del certificado de disponibilidad expedido por el respectivo Jefe del Presupuesto y refrendado por el correspondiente Revisor Fiscal (D. R. 3077, art. 45). <\/p>\n
Por este aspecto, el art\u00edculo 3\u00ba no merece tacha alguna de inconstitucionalidad, dado que no s\u00f3lo se cuenta con el certificado de disponibilidad al que alude el art\u00edculo 45 citado, sino que tambi\u00e9n la destinaci\u00f3n anticipada del reaforo de rentas de los establecimientos p\u00fablicos a que se refiere est\u00e1 plenamente justificada, puesto que se destina a impedir los efectos de la alteraci\u00f3n, atendiendo gastos de funcionamiento de la Rama Judicial y gastos de inversi\u00f3n en c\u00e1rceles nacionales. <\/p>\n
Por \u00faltimo, el an\u00e1lisis del art\u00edculo 4\u00ba del Decreto se efectu\u00f3 en el ac\u00e1pite relativo a la verificaci\u00f3n del cumplimiento de los requisitos formales. <\/p>\n
IV. DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Constitucional <\/p>\n
R E S U E L V E : <\/p>\n
Declarar exequible en su integridad el Decreto Legislativo 1497 de 1993 “por el cual se efect\u00faan algunas operaciones presupuestales en el Presupuesto General de la Naci\u00f3n para la vigencia fiscal de 1993”. <\/p>\n
COPIESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, CUMPLASE, E INSERTESE EN LA GACETA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
JORGE ARANGO MEJIA ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MORON DIAZ VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
HERNAN OLANO GARCIA <\/p>\n
Secretario General (E) <\/p>\n
Salvamento de voto a la Sentencia No. C-416\/93 <\/p>\n
PRINCIPIO DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL-Eliminaci\u00f3n (Salvamento de voto) <\/p>\n
En la Constituci\u00f3n de 1991 no se consagr\u00f3 el principio del equilibrio presupuestal. As\u00ed lo demuestra la inexistencia de una norma igual o semejante al inciso segundo del art\u00edculo 211. El cambio obedeci\u00f3 posiblemente a dos motivos: el primero, que el equilibrio presupuestal se hab\u00eda convertido en teor\u00eda alejada de la realidad. El segundo, la necesidad de responsabilizar al Gobierno por los desequilibrios, no s\u00f3lo en la elaboraci\u00f3n del presupuesto, sino en su ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Hay que advertir que como al Congreso corresponde modificar el presupuesto, tal modificaci\u00f3n puede consistir en un cr\u00e9dito adicional, ya se le de esta denominaci\u00f3n o se le llame simplemente modificaci\u00f3n. Por esto, en rigor, no puede decirse que se hayan suprimido tambi\u00e9n los cr\u00e9ditos adicionales legislativos. La supresi\u00f3n de los cr\u00e9ditos adicionales, unida a la del principio del equilibrio presupuestal, de una parte, asigna mayores responsabilidades al gobierno en el manejo presupuestal, y de la otra, fortalece la capacidad del Congreso para ejercer el control pol\u00edtico sobre el manejo presupuestal, control, que como se dijo, puede llegar hasta el voto de censura. En general, al privar al gobierno de la facultad de modificar el presupuesto y atribu\u00edr tal facultad, exclusivamente, al Congreso, tambi\u00e9n se fortaleci\u00f3 este \u00faltimo. <\/p>\n
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION-Modificaci\u00f3n\/CONMOCION INTERIOR (Salvamento de voto) <\/p>\n
El gobierno no puede modificar el Presupuesto General de la Naci\u00f3n por medio de un decreto legislativo, dictado en ejercicio de las facultades que le confiere la declaraci\u00f3n del Estado de Conmoci\u00f3n Interior. Durante los Estados de Excepci\u00f3n, no necesita el gobierno modificar el Presupuesto General de la Naci\u00f3n para percibir contribuciones o impuestos que no figuren en el presupuesto de rentas, ni para hacer erogaciones con cargo al Tesoro que no se hallen inclu\u00eddas en el de gastos.- <\/p>\n
Salvamento de voto a la Sentencia No. C-416\/93 <\/p>\n
REF.: EXPEDIENTE R.E. 052 <\/p>\n
Revisi\u00f3n constitucional del Decreto Legislativo 1497 de 1993 “Por el cual se efect\u00faan algunas operaciones presupuestales en el Presupuesto General de la Naci\u00f3n para la vigencia fiscal de 1993” <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, septiembre 30 de 1993 <\/p>\n
Con mi acostumbrado respeto, discrepo nuevamente de la decisi\u00f3n de la mayor\u00eda, porque insisto en que la tesis que la sentencia consagra arrebata al Congreso de la Rep\u00fablica la facultad de modificar el Presupuesto, facultad que la Constituci\u00f3n le asigna. Y para demostrar c\u00f3mo el presupuesto aprobado por el Congreso pierde toda su fuerza y se convierte casi en teor\u00eda, basta recordar que hasta hoy, octubre 5 de 1993, el Gobierno ha modificado el Presupuesto para esta vigencia cuatro (4) veces, en virtud de sendos decretos dictados en uso de las facultades de la Conmoci\u00f3n Interior, de conformidad con la interpretaci\u00f3n de la Corte Constitucional. En la pr\u00e1ctica, pues, una de las principales funciones que en una democracia corresponden al Congreso, ha quedado disminu\u00edda en una proporci\u00f3n que la desnaturaliza. <\/p>\n
Como subsisten las razones que me llevan a disentir en este tema, razones que manifest\u00e9 en relaci\u00f3n con la sentencia C-206 de fecha junio dos (2) de 1993, las transcribo a continuaci\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n
” El examen del Decreto Legislativo 446, en consecuencia, se limitar\u00e1 a responder dos preguntas: <\/p>\n
1a. \u00bfPUEDE el GOBIERNO MODIFICAR el Presupuesto General de la Naci\u00f3n, por medio de un DECRETO LEGISLATIVO dictado en ejercicio de las facultades que le confiere la declaraci\u00f3n del ESTADO DE CONMOCION INTERIOR?. <\/p>\n
2a. \u00bfDurante los Estados de Excepci\u00f3n, NECESITA el Gobierno MODIFICAR el Presupuesto General de la Naci\u00f3n, para percibir contribuciones o impuestos que no figuren en el presupuesto de rentas, o hacer erogaciones con cargo al Tesoro que no se hallen inclu\u00eddas en el de gastos?. <\/p>\n
Definiciones Previas.- <\/p>\n
Primera.- Los cr\u00e9ditos adicionales.- En general, puede afirmarse que el presupuesto de gastos se modifica en virtud de los traslados y los cr\u00e9ditos adicionales. <\/p>\n
“Enti\u00e9ndese por cr\u00e9ditos adicionales aquellas apropiaciones que se abren en el curso de la vigencia, con posterioridad a la expedici\u00f3n y liquidaci\u00f3n del Presupuesto, y que se consideran como gastos complementarios de \u00e9ste”. (“El Presupuesto Colombiano”, Abel Cruz Santos, Editorial Temis 1963, p\u00e1g., 197). <\/p>\n
Los cr\u00e9ditos son suplementales si “tienen por objeto aumentar las apropiaciones para gastos inclu\u00eddos en el presupuesto cuando hayan resultado notoriamente insuficientes para el fin a que est\u00e1n destinadas, o incorporar nuevos gastos, autorizados por leyes preexistentes, obligaciones de car\u00e1cter contractual y cr\u00e9ditos judicialmente reconocidos”. Y son “extraordinarios los que se abren en casos excepcionales, por motivos de conmoci\u00f3n interna o externa o por calamidad p\u00fablica. No tienen apropiaci\u00f3n presupuestal inicial ni requieren ley que expresa o particularmente los autorice”. ( Abel Cruz Santos, ob., cit., p\u00e1gs 200 y 201). <\/p>\n
Segunda.- Origen hist\u00f3rico de los cr\u00e9ditos adicionales. <\/p>\n
a). Antecedentes. <\/p>\n
En materia presupuestal, se denomina cr\u00e9dito la “autorizaci\u00f3n conferida al Gobierno por el Congreso para invertir determinada suma en un servicio dado”. <\/p>\n
Y es cr\u00e9dito adicional la “apropiaci\u00f3n hecha para gastos dentro de la vigencia de un Presupuesto ya votado e imputable a \u00e9ste”. (Profesor Esteban Jaramillo, Tratado de Ciencia de la Hacienda P\u00fablica, Ed. Minerva, Bogot\u00e1, 1930, p\u00e1gs. 569 y 585). <\/p>\n
Los cr\u00e9ditos adicionales son instituci\u00f3n de origen franc\u00e9s. A lo largo del siglo XIX, obedecieron a diferentes reglamentaciones, pero en 1879 la ley de 14 de diciembre los clasific\u00f3 en extraordinarios y suplementarios, y los defini\u00f3 as\u00ed, seg\u00fan lo anota Ren\u00e9 Stourm en su libro “Los Presupuestos”: <\/p>\n
“Cr\u00e9ditos extraordinarios son los exigidos por circunstancias urgentes e imprevistas, y que tienen por objeto, bien la creaci\u00f3n de un nuevo servicio o la ampliaci\u00f3n, m\u00e1s all\u00e1 de los l\u00edmites fijados, de uno inscripto ya en la ley de hacienda “. <\/p>\n
“Los cr\u00e9ditos suplementarios, son aquellos con que se atiende a la insuficiencia debidamente justificada de un servicio consignado en el presupuesto, que tienen por objeto la ejecuci\u00f3n de un servicio ya votado, sin modificar la naturaleza de \u00e9ste” (art. 2o., ley citada). <\/p>\n
Definiciones que el mismo autor simplifica as\u00ed: <\/p>\n
“Los cr\u00e9ditos extraordinarios se aplican a servicios, o a parte de servicios, no previstos por el legislador”. <\/p>\n
“Los cr\u00e9ditos suplementarios tienden exclusivamente a aumentar la consignaci\u00f3n de servicios ya inscriptos en el presupuesto” (ob. cit., Ed. “La Espa\u00f1a Moderna”, tomo II, Madrid). <\/p>\n
b). Los cr\u00e9ditos adicionales en la Constituci\u00f3n de 1886. <\/p>\n
En Colombia, copiando la legislaci\u00f3n francesa, se establecieron los cr\u00e9ditos adicionales en el art\u00edculo 208 de la Constituci\u00f3n de 1886, cuyo texto original era este: <\/p>\n
“Art\u00edculo 208.- Cuando haya necesidad de hacer un gasto imprescindible , a juicio del gobierno, estando en receso las C\u00e1maras, y no habiendo partida votada o siendo \u00e9sta insuficiente, podr\u00e1 abrirse al respectivo Ministerio un cr\u00e9dito suplemental o extraordinario. <\/p>\n
“Estos cr\u00e9ditos se abrir\u00e1n por el Consejo de Ministros, instruyendo para ello expediente y previo dictamen del Consejo de Estado. <\/p>\n
“Corresponde al Congreso legalizar estos cr\u00e9ditos. <\/p>\n
“El Gobierno puede solicitar del Congreso cr\u00e9ditos adicionales al presupuesto de gastos”. <\/p>\n
\u00bfCu\u00e1l es la raz\u00f3n de ser de los cr\u00e9ditos adicionales? <\/p>\n
Sencillamente la explica el profesor Esteban Jaramillo: <\/p>\n
“Es indudable que pueden presentarse, dentro del per\u00edodo fiscal, sucesos y circunstancias que no pudieron preverse y que hacen necesarias erogaciones nuevas por parte del Tesoro. De suerte que evitar en absoluto la apertura de cr\u00e9ditos adicionales al Presupuesto, es cosa pr\u00e1cticamente imposible, y en una o en otra forma, las constituciones y leyes de todos los pa\u00edses admiten esa posibilidad, y consignan medios de decretar gastos no inclu\u00eddos en la Ley de Hacienda, ya sea que se trate de servicios completamente nuevos, ya de la ampliaci\u00f3n de los decretados, ya del aumento de dotaciones que han resultado insuficientes”. ( Ob. cit., p\u00e1g. 585). <\/p>\n
Es f\u00e1cil entender porqu\u00e9 se conced\u00eda al Gobierno, en el art\u00edculo 208 citado, la facultad de decretar cr\u00e9ditos adicionales “estando en receso las C\u00e1maras”: <\/p>\n
1o.) Seg\u00fan el art\u00edculo 68 de la misma constituci\u00f3n, las C\u00e1maras se reun\u00edan ordinariamente cada dos (2) a\u00f1os y las sesiones ordinarias duraban 120 d\u00edas. Hab\u00eda, pues, apenas cuatro meses largos de sesiones ordinarias en un per\u00edodo de dos (2) a\u00f1os. <\/p>\n
2o.) El Presupuesto general de la naci\u00f3n, se aprobaba para per\u00edodos de dos (2) a\u00f1os (art\u00edculos 76, ordinal 11o. y 206). Y es evidente que en relaci\u00f3n con un presupuesto aprobado para un per\u00edodo de dos a\u00f1os, aumentaban las posibilidades de que hubiera la necesidad de hacer “un gasto imprescindible a juicio del gobierno”, estando en receso las c\u00e1maras. <\/p>\n
c). Evoluci\u00f3n legislativa. <\/p>\n
En el C\u00f3digo Fiscal de 1912, ley 110 de 1912, se definieron los cr\u00e9ditos administrativos, como los que el “Poder Ejecutivo puede introducir al Presupuesto de Gastos, en receso de las C\u00e1maras”, y se los dividi\u00f3 en extraordinarios y suplementales. As\u00ed se dijo en el art\u00edculo 217 de la ley citada: <\/p>\n
“Art\u00edculo 217.- Los cr\u00e9ditos que el Poder Ejecutivo puede introducir al Presupuesto de Gastos, en receso de las C\u00e1maras, toman el nombre general de administrativos, y, en especial se dividen en dos clases: extraordinarios y suplementales. <\/p>\n
“Los extraordinarios son los que se abren a los respectivos Ministerios, con el fin de atender, a causa de circunstancias imprevistas y urgentes, a los gastos que demande la creaci\u00f3n de un servicio no previsto en el Presupuesto, o a la extensi\u00f3n de alguno de los inscritos en \u00e9l. <\/p>\n
“Los suplementales son los que se abren a los respectivos Ministerios para proveer a la insuficiencia de la dotaci\u00f3n votada en el Presupuesto para un servicio determinado”. <\/p>\n
Con base en el art\u00edculo 68 del Acto Legislativo No. 3 de 1910, en 1923 se dict\u00f3 la ley 34 “sobre formaci\u00f3n y fuerza restrictiva del Presupuesto Nacional”. El art\u00edculo 26 conserv\u00f3 la definici\u00f3n tomada de la ley francesa, as\u00ed: <\/p>\n
“Art\u00edculo 26.- En receso del Congreso el Gobierno puede, de acuerdo con la Constituci\u00f3n, autorizar apropiaciones adicionales, suplementales o extraordinarias, al Presupuesto, cuando a su juicio sea de necesidad imprescindible hacer un gasto no inclu\u00eddo en las apropiaciones existentes. Tales apropiaciones adicionales se llaman Cr\u00e9ditos Suplementales y Cr\u00e9ditos Extraordinarios. Dichos cr\u00e9ditos toman el nombre general de cr\u00e9ditos administrativos. <\/p>\n
“Los cr\u00e9ditos suplementales son los que abre el Gobierno para aumentar las apropiaciones hechas, por haber resultado \u00e9stas insuficientes para el servicio a que se destinan. <\/p>\n
“Los cr\u00e9ditos extraordinarios son los que abre el Gobierno para la creaci\u00f3n de un servicio nuevo no previsto en el Presupuesto o para la extensi\u00f3n de alguno de los inscritos en \u00e9l. <\/p>\n
“Se entiende que un gasto es imprescindible cuando no puede ser aplazado hasta la reuni\u00f3n del Congreso sin grave perjuicio de los intereses p\u00fablicos. <\/p>\n
“Los gastos de que se trata no pueden ser decretados por el Gobierno sin previa consulta al Consejo de Estado, el cual en Sala Plena emitir\u00e1 su concepto motivado dentro del tercer d\u00eda”. <\/p>\n
Entre par\u00e9ntesis, hay que anotar que ya en 1910, por medio del art\u00edculo 8o. del Acto Legislativo No. 3 de tal a\u00f1o, se hab\u00eda dispuesto que las C\u00e1maras se reunir\u00edan cada a\u00f1o, por un t\u00e9rmino de 90 d\u00edas, prorrogable hasta por treinta m\u00e1s. Por esto, cuando se dict\u00f3 la ley 34 de 1923, ya el presupuesto era anual. <\/p>\n
Pese a lo anterior, con el paso del tiempo se hab\u00edan acentuado dos tendencias: la una, a considerar que el ideal era conseguir y mantener el equilibrio presupuestal; la otra, a restringir los cr\u00e9ditos adicionales, que cada vez eran mayores en relaci\u00f3n con el presupuesto inicialmente aprobado por el Congreso, circunstancia que propiciaba el desequilibrio. <\/p>\n
Lo anterior explica porqu\u00e9 en la citada ley 34 de 1923, se incluyeron normas cuya finalidad era impedir que se abrieran cr\u00e9ditos adicionales en exceso. Entre ellas, estas: <\/p>\n
El art\u00edculo 28, que s\u00f3lo autorizaba aumentar las apropiaciones limitativas por medio de cr\u00e9ditos administrativos extraordinarios. <\/p>\n
El 29, que s\u00f3lo permit\u00eda abrir cr\u00e9ditos suplementales despu\u00e9s de cuatro (4) meses de clausurado el Congreso, salvo para servicios urgentes de orden p\u00fablico o defensa nacional. <\/p>\n
El 30, que prohib\u00eda abrir como administrativos los cr\u00e9ditos que habi\u00e9ndose presentado al Congreso para su apertura o para su legalizaci\u00f3n, hab\u00edan sido negados. <\/p>\n
Finalmente, el 31 y el 32 que establec\u00edan en detalle lo que deber\u00eda contener el expediente que se formara para la apertura de cr\u00e9ditos suplementales y extraordinarios. <\/p>\n
Estas disposiciones, como se dijo, se basaban expresamente en el art\u00edculo 68 del Acto Legislativo No.3 de 1910, que preve\u00eda una especie de ley org\u00e1nica del presupuesto: <\/p>\n
“Art\u00edculo 68.- El Poder Ejecutivo no podr\u00e1 abrir los cr\u00e9ditos suplementales y extraordinarios de que trata el art\u00edculo 208 de la Constituci\u00f3n, ni hacer traslaciones dentro del presupuesto, sino en las condiciones y por los tr\u00e1mites que la ley establezca”. <\/p>\n
Como se ve, se buscaba, entre otros fines, limitar, restringir, la facultad del Gobierno de abrir tales cr\u00e9ditos. <\/p>\n
Estas finalidades de la ley 34 de 1923, no se lograron, por dos motivos: el primero, la interpretaci\u00f3n ampl\u00edsima que se le di\u00f3 a la expresi\u00f3n “gastos imprescindibles”, tanto por el Gobierno como por el Congreso; el segundo, la costumbre de ordenar los cr\u00e9ditos adicionales sin apropiar el ingreso para financiarlos. <\/p>\n
Como era cada vez m\u00e1s dif\u00edcil mantener el equilibrio presupuestal, en 1931 se dict\u00f3 la ley 64. Esta ley restringi\u00f3 aun m\u00e1s la posibilidad de abrir los cr\u00e9ditos adicionales, al punto que el Profesor Abel Cruz Santos anotaba: <\/p>\n
“Sin embargo, es de justicia reconocer que, a contar de 1932, cuando entr\u00f3 en vigencia la ley 64 de 1931, los cr\u00e9ditos adicionales se han reducido much\u00edsimo y s\u00f3lo se han abierto con observancia de las disposiciones legales que reglamentan la materia…” (Ob., cit., p\u00e1g. 375). <\/p>\n
d ). El equilibrio presupuestal. <\/p>\n
Hay que advertir que solamente en la reforma constitucional de 1945 se consagr\u00f3 por primera vez la obligatoriedad del equilibrio presupuestal. El art\u00edculo 90 del Acto Legislativo No. 1 de 1945, dispuso: <\/p>\n
“Ni el Congreso, ni el Gobierno, podr\u00e1n proponer el aumento o la inclusi\u00f3n de un nuevo gasto en el proyecto de Presupuesto presentado al Congreso, si se altera con ello el equilibrio entre el presupuesto de gastos y el de rentas. El Congreso podr\u00e1 eliminar o reducir una partida de gastos propuesta por el Gobierno, con excepci\u00f3n de las que se necesiten para el servicio de la deuda p\u00fablica, las dem\u00e1s obligaciones contractuales del Estado o la atenci\u00f3n completa de los servicios ordinarios de la Administraci\u00f3n. Si en la discusi\u00f3n de la ley de apropiaciones se eliminare o disminuyere alguna de las partidas del proyecto respectivo, podr\u00e1 reemplazarse por otra autorizada por ley preexistente, cuya cuant\u00eda no exceda a la que se elimine o disminuya”. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con los cr\u00e9ditos suplementales y extraordinarios, previstos por el art\u00edculo 208 de la Constituci\u00f3n de 1886, se introdujo, en esta reforma de 1945, otra restricci\u00f3n: se exigi\u00f3 que el dictamen previo del Consejo de Estado fuera FAVORABLE, mientras que el art\u00edculo 208 s\u00f3lo requer\u00eda el dictamen previo. <\/p>\n
A partir de la reforma constitucional de 1945, pues, los cr\u00e9ditos adicionales, en teor\u00eda, deb\u00edan hacerse SIN VULNERAR EL EQUILIBRIO PRESUPUESTAL. <\/p>\n
Por esto, el Profesor Abel Cruz Santos anota: <\/p>\n
“Ni el Gobierno, ni el Congreso podr\u00e1n abrir cr\u00e9ditos adicionales sin que en la ley o en el decreto respectivo se establezca de manera precisa el recurso especial -no computado en el presupuesto de rentas e ingresos-, con el cual deber\u00e1 atenderse el nuevo gasto que se propone, “a menos que se trate de cr\u00e9ditos abiertos con recursos de contra-cr\u00e9ditos a la ley de apropiaciones”. El Gobierno est\u00e1 autorizado para objetar los proyectos de ley que no llenen este requisito. <\/p>\n
“Los cr\u00e9ditos adicionales, legislativos o administrativos, deber\u00e1n basarse en alguno de los siguientes hechos, certificado por el Contralor de la Rep\u00fablica: <\/p>\n
” a) Que existe un super\u00e1vit fiscal, liquidado por el contralor, proveniente de la vigencia anterior, no apropiado en el presupuesto en curso, que est\u00e1 disponible para atender al pago de los nuevos gastos; <\/p>\n
“b) Que existe un recurso de cr\u00e9dito que no se ha incorporado en el presupuesto del ejercicio en curso, y que puede servir de base para la apertura del cr\u00e9dito de que se trata. <\/p>\n
“c) Que existe un saldo, no afectado e innecesario, en una determinada apropiaci\u00f3n que, en concepto del respectivo ministro o jefe de departamento administrativo, puede contracreditarse. Tal concepto deber\u00e1 emitirse por resoluci\u00f3n ejecutiva que refrendar\u00e1 el ministro de hacienda y cr\u00e9dito p\u00fablico; <\/p>\n
“d) Que en el balance del Tesoro de la naci\u00f3n se ha cancelado una reserva correspondiente al a\u00f1o anterior, por haber desaparecido la obligaci\u00f3n que la origin\u00f3, o por haber expirado el t\u00e9rmino para su pago o por haberse extinguido otro cr\u00e9dito o pasivo que motiv\u00f3 una disponibilidad que puede servir como recurso para la apertura del cr\u00e9dito adicional, siempre que no haya d\u00e9ficit fiscal en el balance del Tesoro”. (ob. cit, p\u00e1gs 203 y 204) <\/p>\n
Pero, en la pr\u00e1ctica, el principio del equilibrio presupuestal qued\u00f3 en nada. As\u00ed lo reconoce el Dr. Alfonso Palacio Rudas: <\/p>\n
” Entre nosotros el principio del equilibrio presupuestal, introducido en la Constituci\u00f3n por la reforma de 1945, condujo a lo que se conoci\u00f3 en la pr\u00e1ctica como los presupuestos de mentirijillas, porque el equilibrio tan s\u00f3lo se daba en el papel. Desde esa \u00e9poca se expidieron los presupuestos a sabiendas de que hab\u00eda por lo menos, un 25% de d\u00e9ficit inicial. Como el Gobierno y el Congreso sab\u00edan que se trataba de gastos necesarios y urgentes, el presupuesto reci\u00e9n promulgado se aumentaba por medio de cr\u00e9ditos adicionales”. ( El Congreso en la Constituci\u00f3n de 1991, Del edificio F\u00e9nix al Centro de Convenciones, Tercer Mundo, 1992, Bogot\u00e1, p\u00e1g 138). <\/p>\n
Es innegable que los cr\u00e9ditos adicionales desvirtuaban el presupuesto. Para ello, basta reproducir las cifras citadas por el profesor Abel Cruz Santos: <\/p>\n
“A\u00f1o Apropiaciones iniciales Cr\u00e9ditos adicionales <\/p>\n
1951 500. 635. 416, 73 202. 499. 846, 63 <\/p>\n
1952 632. 630. 557, 84 118. 310. 434, 60 <\/p>\n
1953 768. 045. 505, 89 175. 503. 946, 97 <\/p>\n
1954 997. 386. 500, 00 172. 115. 711, 56 <\/p>\n
1955 1269. 446. 546,26 1003. 837.869, 87 ” ( ob. cit, <\/p>\n
p\u00e1g 206). <\/p>\n
El principio del equilibrio presupuestal tambi\u00e9n se plasm\u00f3 en el art\u00edculo 67 de la ley 38 de 1989: <\/p>\n
<\/p>\n
Como veremos, el abuso de los cr\u00e9ditos adicionales, produjo dos consecuencias al aprobarse la Constituci\u00f3n de 1991: se despoj\u00f3 al gobierno de la facultad de abrirlos, es decir se acabaron los cr\u00e9ditos adicionales administrativos, y se elimin\u00f3 de la Carta el principio del equilibrio presupuestal. <\/p>\n
Tercera.- Inexistencia del principio del equilibrio presupuestal y de los cr\u00e9ditos adicionales en la constituci\u00f3n de 1991. <\/p>\n
a). Desaparici\u00f3n del principio del equilibrio presupuestal. <\/p>\n
En la Constituci\u00f3n de 1991 no se consagr\u00f3 el principio del equilibrio presupuestal. As\u00ed lo demuestra la inexistencia de una norma igual o semejante al inciso segundo del art\u00edculo 211. Basta leer el art\u00edculo 351, semejante al 211, para comprobar c\u00f3mo se elimin\u00f3 en aqu\u00e9l el inciso segundo de este \u00faltimo. <\/p>\n
\u00bf A qu\u00e9 obedeci\u00f3 el cambio en esta materia? Posiblemente a dos motivos : el primero, que el equilibrio presupuestal se hab\u00eda convertido en teor\u00eda alejada de la realidad. El segundo, la necesidad de responsabilizar al Gobierno por los desequilibrios, no s\u00f3lo en la elaboraci\u00f3n del presupuesto, sino en su ejecuci\u00f3n. Con raz\u00f3n hab\u00eda escrito el profesor Abel Cruz Santos: <\/p>\n
<\/p>\n
“Indudablemente los cr\u00e9ditos adicionales afectan el equilibrio, la unidad y hasta la verdad del presupuesto. Y, con frecuencia, abren sigilosamente la puerta a erogaciones que, llegado el caso, no tendr\u00edan el asentimiento del legislador. Adem\u00e1s, la discusi\u00f3n de los cr\u00e9ditos adicionales – aun de los legislativos – no tiene la trascendencia que se le da al proyecto de presupuesto. De ah\u00ed que muchos ordenadores se reserven, para inclu\u00edr en ellos, partidas de dudosa importancia, que pasan, de esta manera, casi inadvertidas”.(ob. cit., p\u00e1g., 198). <\/p>\n
He aqu\u00ed, resumidas, las razones que, posiblemente, tuvo la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. <\/p>\n
Al suprimirse de la Constituci\u00f3n el principio del equilibrio presupuestal, se aument\u00f3 la responsabilidad del Gobierno, y concretamente la del Ministro de Hacienda, por el manejo presupuestal. Responsabilidad que podr\u00eda llegar hasta el voto de censura previsto en el numeral 9, del art\u00edculo 135 de la Constituci\u00f3n vigente. Al respecto afirma el Dr. Palacio Rudas: <\/p>\n
” El Congreso puede expedirlo (el presupuesto) desequilibrado pero real, transparente, como quiera que sigue tramitando la ley de financiaci\u00f3n. Y esto es sano en contraste con lo que ocurr\u00eda en el pasado. Obviamente en el caso de que no sean aprobados los nuevos recursos, se acentuar\u00e1n las responsabilidades del Gobierno sobre el control y la disciplina del gasto, pues las apropiaciones son una autorizaci\u00f3n y no una orden imperativa de girarlas.” ( ob. cit, p\u00e1g 141). <\/p>\n
b). En la Constituci\u00f3n de 1991 no est\u00e1n previstos los cr\u00e9ditos adicionales administrativos. <\/p>\n
<\/p>\n
\u00bf Por qu\u00e9 se dice que en la Constituci\u00f3n de 1991 no est\u00e1n previstos los cr\u00e9ditos adicionales administrativos?. Sencillamente, por una raz\u00f3n: por la falta de un art\u00edculo igual o semejante al 212, que autorizaba expresamente los cr\u00e9ditos adicionales administrativos. <\/p>\n
As\u00ed lo reconoce el Se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n, aunque sea para llegar a una conclusi\u00f3n equivocada: “…conviene precisar que al desaparecer en la nueva Constituci\u00f3n la figura de los cr\u00e9ditos suplemetales (sic) o extraordinarios, consagrada en el anterior art\u00edculo 212 de la Ley Suprema, el Gobierno no cuenta con otra herramienta distinta a la de los decretos legislativos para introducirle modificaciones al Presupuesto durante los Estados de Conmoci\u00f3n Interior”. (folio 139). <\/p>\n
c). Los cr\u00e9ditos adicionales en la ley 38 de 1989. <\/p>\n
Se dir\u00e1 que en la ley 38 de 1989, Estatuto Org\u00e1nico del Presupuesto Nacional, est\u00e1n previstos los cr\u00e9ditos adicionales. Pero, esta ley se dict\u00f3 durante la vigencia de la anterior Constituci\u00f3n y ten\u00eda en \u00e9sta su sustento. Hoy d\u00eda no podr\u00eda dictarse una ley igual o semejante, porque ser\u00eda contraria a la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
No sobra advertir que todav\u00eda no se ha expedido “la Ley Org\u00e1nica del Presupuesto”, prevista en el art\u00edculo 352 de la Constituci\u00f3n, que regular\u00e1, entre otras materias, “lo correspondiente a la programaci\u00f3n, aprobaci\u00f3n, modificaci\u00f3n, ejecuci\u00f3n,” del presupuesto de la Naci\u00f3n. Mal podr\u00eda tenerse por tal la ley 38 de 1989, no s\u00f3lo por ser contraria a la constituci\u00f3n vigente, en algunos aspectos, sino porque, seg\u00fan el art\u00edculo 151, la ley Org\u00e1nica del Presupuesto requiere una mayor\u00eda calificada, nada menos que la absoluta de los miembros de las dos C\u00e1maras.- Votaci\u00f3n que no requer\u00eda, ni tuvo, la ley 38 de 1989. <\/p>\n
d). Las sesiones permanentes de las C\u00e1maras. <\/p>\n
Otra raz\u00f3n para sostener que en la Constituci\u00f3n han quedado suprimidos los cr\u00e9ditos adicionales administrativos, es esta: de conformidad con el texto del inciso primero del art\u00edculo 212, la facultad de abrir un cr\u00e9dito suplemental o extraordinario, surg\u00eda para el Gobierno cuando hubiera “necesidad de hacer un gasto imprescindible”, a su juicio, “estando en receso las C\u00e1maras, y no habiendo partida votada, o siendo \u00e9sta insuficiente”. (negrilla no pertenece al texto). Hay que insistir: el Poder Ejecutivo s\u00f3lo pod\u00eda modificar el presupuesto mediante la apertura de los cr\u00e9ditos suplementales o extraordinarios, ESTANDO EN RECESO LAS CAMARAS. <\/p>\n
Pues bien: si hoy las C\u00e1maras sesionan durante todo el a\u00f1o, salvo unos breves per\u00edodos de descanso, \u00bf por qu\u00e9 el Gobierno conservar\u00eda una facultad cuya raz\u00f3n de ser, era, a m\u00e1s de otras, el receso de las C\u00e1maras durante m\u00e1s de la mitad del a\u00f1o?. <\/p>\n
De paso, hay que advertir que como al Congreso corresponde modificar el presupuesto, tal modificaci\u00f3n puede consistir en un cr\u00e9dito adicional, ya se le de esta denominaci\u00f3n o se le llame simplemente modificaci\u00f3n. Por esto, en rigor, no puede decirse que se hayan suprimido tambi\u00e9n los cr\u00e9ditos adicionales legislativos. <\/p>\n
e). Los cr\u00e9ditos extraordinarios. <\/p>\n
En cuanto a los “cr\u00e9ditos adicionales destinados a pagar gastos por calamidad p\u00fablica o los ocasionados durante el Estado de Sitio o Estado de Emergencia Ec\u00f3nomica”, llamados por la ley “cr\u00e9ditos extraordinarios”, a los cuales se refer\u00eda el art\u00edculo 69 de la ley 38 de 1989, para decir que “ser\u00edan abiertos conforme a las normas de los art\u00edculos anteriores, o en la forma que el Presidente de la Rep\u00fablica y el Consejo de Ministros lo decidan”, valen las siguientes observaciones. <\/p>\n
La primera, que estos cr\u00e9ditos extraordinarios, durante la vigencia de la Constituci\u00f3n de 1886, implicaban siempre una modificaci\u00f3n del Presupuesto de la Naci\u00f3n. Modificaci\u00f3n expresamente prevista por el art\u00edculo 212, inciso primero, que se refer\u00eda a ellos y le confer\u00eda al Gobierno la facultad de abrirlos. <\/p>\n
<\/p>\n
De otro lado, hay que hacer notar que seg\u00fan el art\u00edculo 213 de la anterior Constituci\u00f3n, ” los cr\u00e9ditos suplementales y extraordinarios” de que trataba el art\u00edculo 212, no pod\u00edan abrirse por el poder ejecutivo sino en las condiciones y por los tr\u00e1mites que establec\u00eda la ley. Lo cual implicaba dos consecuencias: la primera, que tales cr\u00e9ditos s\u00f3lo exist\u00edan porque estaban previstos en la misma Constituci\u00f3n; la segunda, que era la Constituci\u00f3n la que permit\u00eda a la ley fijar las condiciones y los tr\u00e1mites para la apertura de los cr\u00e9ditos. <\/p>\n
Igualmente, no podemos pasar por alto que el \u00fanico caso en que era obligatorio el concepto favorable del Consejo de Estado, seg\u00fan los art\u00edculos 141 y 212 de la anterior Constituci\u00f3n, era la apertura por el Gobierno de cr\u00e9ditos adicionales suplementales y extraordinarios, estando en receso el Congreso. Al desaparecer \u00e9stos, tambi\u00e9n desapareci\u00f3 tal facultad para el Consejo de Estado, por sustracci\u00f3n de materia. <\/p>\n
<\/p>\n
f). Los cr\u00e9ditos extraordinarios y los l\u00edmites de las facultades del Gobierno en \u00e9pocas de anormalidad. <\/p>\n
El Gobierno, seg\u00fan la Constituci\u00f3n de 1886, pod\u00eda abrir los cr\u00e9ditos extraordinarios, no s\u00f3lo por la expresa autorizaci\u00f3n del art\u00edculo 212, sino porque en los art\u00edculos 121 y 122, fruto de la reforma de 1968, que regulaban sus facultades durante el estado de sitio y el estado de emergencia econ\u00f3mica, no exist\u00edan tan precisos l\u00edmites como los que se encuentran en los art\u00edculos 213 y 214 de la nueva Constituci\u00f3n . En efecto, veamos. <\/p>\n
“Los decretos legislativos que dicte el Gobierno podr\u00e1n suspender las leyes incompatibles con el Estado de Conmoci\u00f3n y dejar\u00e1n de regir tan pronto como se declare restablecido el orden p\u00fablico”, establece el inciso tercero del art\u00edculo 213. Pero, si se aceptara que mediante un decreto de Conmoci\u00f3n Interior se modificara el Presupuesto General de la Naci\u00f3n, tal decreto no dejar\u00eda de regir tan pronto como se declarara restablecido el orden p\u00fablico: sus efectos se prolongar\u00edan en el tiempo, hasta la expiraci\u00f3n de la respectiva vigencia fiscal. Esto, por una parte. <\/p>\n
Por la otra, hay que tener en cuenta que el numeral 3 del art\u00edculo 214, declara terminantemente que durante los Estados de Excepci\u00f3n “no se interrumpir\u00e1 el normal funcionamiento de las ramas del poder p\u00fablico ni de los \u00f3rganos del Estado”. Esto implica, porque no hay otra interpretaci\u00f3n posible a la luz de la l\u00f3gica, que una rama del poder p\u00fablico, en este caso la ejecutiva, no puede invadir la \u00f3rbita reservada a otra de ellas. Y la invadir\u00eda si ejerciera funciones, como la de reformar el presupuesto, reservadas al Congreso. Hay que insistir: el normal funcionamiento de las ramas del poder p\u00fablico, supone que cada una obre dentro de su competencia, y no invada la esfera de las dem\u00e1s. <\/p>\n
Por lo anterior, hay que decir que yerra el Se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n cuando afirma: “La nueva Constituci\u00f3n dota al Ejecutivo, con ocasi\u00f3n del Estado de Conmoci\u00f3n Interior de capacidad para excepcionar, mediante mecanismos de concentraci\u00f3n, el principio de la tridivisi\u00f3n e independencia de los poderes p\u00fablicos, de manera que en condiciones de crisis pueda respetando las barreras establecidas por la propia Constituci\u00f3n- regular distintas materias, entre ellas la relativa al Presupuesto, en la medida en que el objetivo sea el restablecimiento del orden p\u00fablico” (folio 137). Lo que la Constituci\u00f3n dice es precisamente lo contrario: que durante los Estados de Excepci\u00f3n, ” no se interrumpir\u00e1 el normal funcionamiento de las ramas del poder p\u00fablico ni de los \u00f3rganos del Estado”. Lo contrario implicar\u00eda la posibilidad de que la rama ejecutiva concentrara en s\u00ed todo el poder p\u00fablico, hip\u00f3tesis absurda en un Estado de Derecho. <\/p>\n
En s\u00edntesis, en materia presupuestal la Constituci\u00f3n de 1991, entre otras, introdujo estas modificaciones: la primera, SUPRIMIR LOS CREDITOS ADICIONALES ADMINISTRATIVOS; la segunda, ELIMINAR EL PRINCIPIO DEL EQUILIBRIO PRESUPUESTAL. La finalidad de estas dos determinaciones se explica as\u00ed: <\/p>\n
El sistema de cr\u00e9ditos adicionales administrativos, unido al principio del equilibrio presupuestal, permit\u00eda al gobierno modificar el presupuesto siempre y cuando conservara, en teor\u00eda, tal equilibrio. Pero es claro que este sistema contribu\u00eda a dilu\u00edr, a hacer inexistente, la responsabilidad del gobierno en el manejo presupuestal, como lo demostr\u00f3 la experiencia. Esto, especialmente, por el “concepto favorable” del Consejo de Estado, previsto en el inciso tercero del art\u00edculo 212 de la anterior Constituci\u00f3n, que pod\u00eda servirle de disculpa. <\/p>\n
La supresi\u00f3n de los cr\u00e9ditos adicionales, unida a la del principio del equilibrio presupuestal, de una parte, asigna mayores responsabilidades al gobierno en el manejo presupuestal, y de la otra, fortalece la capacidad del Congreso para ejercer el control pol\u00edtico sobre el manejo presupuestal, control, que como se dijo, puede llegar hasta el voto de censura. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en general, al privar al gobierno de la facultad de modificar el presupuesto y atribu\u00edr tal facultad, exclusivamente, al Congreso, tambi\u00e9n se fortaleci\u00f3 este \u00faltimo. <\/p>\n
Como se ve, en materia presupuestal, se fortaleci\u00f3 el Congreso y se acentu\u00f3 la responsabilidad del gobierno. <\/p>\n
g). Reformas a la ley de presupuesto. <\/p>\n
Ahora bien, \u00bfc\u00f3mo se reforma la ley de presupuesto? Como la Constituci\u00f3n no establece una forma especial para hacerlo, hay que decir, aplicando las normas generales, que, como todas las leyes, se reforma por medio de una ley. <\/p>\n
Esto, se repite, mientras no se dicte la ley Org\u00e1nica del Presupuesto que “regular\u00e1 lo correspondiente a la programaci\u00f3n, aprobaci\u00f3n, modificaci\u00f3n, ejecuci\u00f3n” del presupuesto de la Naci\u00f3n. Ley que tendr\u00e1, forzosamente, que sujetarse a las normas constitucionales, en particular al numeral 3 del art\u00edculo 214, y al inciso tercero del art\u00edculo 213, ya comentados. En consecuencia, dicha ley org\u00e1nica no podr\u00e1 faltar a estos principios constitucionales: <\/p>\n
1. El presupuesto, como ley que es, s\u00f3lo puede ser aprobado y modificado por el Congreso. <\/p>\n
2. Los decretos legislativos dictados de conformidad con los art\u00edculos 212 y 213, dejan de regir tan pronto se declara restablecido el orden p\u00fablico, no puede su vigencia prolongarse m\u00e1s all\u00e1. Por lo mismo, no puede modificarse el Presupuesto de la Naci\u00f3n por medio de tales decretos, como se explic\u00f3. <\/p>\n
3. Durante los Estados de Excepci\u00f3n, “no se interrumpir\u00e1 el normal funcionamiento de las ramas del poder p\u00fablico ni de los \u00f3rganos del Estado”. Esto implica que cada rama y cada \u00f3rgano conserve su propia competencia y no invada las ajenas. Y es, por lo mismo, freno de los poderes del Ejecutivo, que impide que \u00e9ste abuse. <\/p>\n
Entre tales atribuciones constitucionales y legales, “est\u00e1 la de expedir y modificar el presupuesto”, que, se repite, es una ley. <\/p>\n
h). Modificaciones al presupuesto y erogaciones con cargo al tesoro no inclu\u00eddos en \u00e9l. <\/p>\n
Visto que ya no hay cr\u00e9ditos adicionales como los qu\u00e9 preve\u00eda el art\u00edculo 212 de la Constituci\u00f3n anterior, y que ahora lo procedente es la modificaci\u00f3n del presupuesto, cabe preguntarse: <\/p>\n
Primero.- \u00bf C\u00f3mo se modifica el presupuesto? <\/p>\n
<\/p>\n
Segundo.- \u00bf C\u00f3mo se hacen las erogaciones con cargo al Tesoro que no se hallen inclu\u00eddas en el presupuesto de gastos?. <\/p>\n
Las respuestas a estas preguntas, son estas: <\/p>\n
Primero.- \u00bf C\u00f3mo se modifica el presupuesto?. <\/p>\n
Para responder esta pregunta, es necesario definir primeramente que es el presupuesto.- <\/p>\n
En Colombia, el presupuesto es, formal y org\u00e1nicamente, una ley. As\u00ed lo denomina la Constituci\u00f3n en el art\u00edculo 346, que se refiere al “Presupuesto de Rentas y Ley de apropiaciones”; en el 347, que menciona “el proyecto de ley del presupuesto”; en el 349, que somete a las reglas de la Ley Org\u00e1nica del Presupuesto, la discusi\u00f3n y expedici\u00f3n del “Presupuesto General de Rentas y Ley de Apropiaciones”. Esto, a la luz de la Constituci\u00f3n vigente. <\/p>\n
Y lo mismo era durante la vigencia de la Constituci\u00f3n de 1886, como lo advierte el profesor Esteban Jaramillo: <\/p>\n
” A la luz del derecho positivo colombiano, no cabe duda de que el Presupuesto es una ley. As\u00ed lo llama el art\u00edculo 206 de la Constituci\u00f3n, y la definici\u00f3n que de la ley da el art\u00edculo 4o. del C\u00f3digo Civil, le cuadra perfectamente pues es “una declaraci\u00f3n de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la Constituci\u00f3n Nacional, que tiene por objeto mandar y permitir” (sic). Pero es necesario convenir en que, de acuerdo con nuestro estatuto constitucional, el Presupuesto es una ley sui generis, pues se halla subordinada a otras leyes”. (ob. cit., p\u00e1g. 544). <\/p>\n
El mismo autor explica que la ley de Presupuesto es complementaria, “puesto que es indispensable complemento de las leyes que establecen impuestos y decretan gastos”, y dice: “Sin la ley preexistente, el Presupuesto no puede ser norma jur\u00eddica, y sin \u00e9ste, la ley preexistente carece de aplicaci\u00f3n y de sentido pr\u00e1ctico”. <\/p>\n
Es, adem\u00e1s, temporal, “pues sus disposiciones s\u00f3lo rigen para un tiempo limitado, que es el per\u00edodo fiscal correspondiente “. <\/p>\n
El Presupuesto es, por otro aspecto, un acto-condici\u00f3n, porque, como explica con toda sencillez el autor citado, el presupuesto no es sino la condici\u00f3n para que puedan percibirse los ingresos y hacerse los gastos. (Ob. cita. p\u00e1gs 543 y 544). <\/p>\n
En conclusi\u00f3n: el Presupuesto es una ley, no adjetiva como la llamaba el antiguo C\u00f3digo Fiscal Colombiano ( ley 110 de 1912), denominaci\u00f3n que rechaza el Profesor Esteban Jaramillo por estas razones: <\/p>\n
“El art\u00edculo 202 del C\u00f3digo Fiscal colombiano dice que el Presupuesto es una Ley Adjetiva, es decir, de simple ritualidad o procedimiento. Este calificativo nos parece impropio, pues no puede llamarse adjetiva una ley cuya caracter\u00edstica esencial es darle vida y sustancia a otras leyes, las que establecen contribuciones y decretan los gastos; a una Ley que es a la vez un programa de acci\u00f3n administrativa, un plan financiero, una autorizaci\u00f3n al Gobierno para recaudar las rentas y hacer los gastos p\u00fablicos, y un acto pol\u00edtico, que se\u00f1ala y circunscribe la \u00f3rbita fiscal dentro de la cual debe moverse el Poder Ejecutivo en un per\u00edodo determinado”. ( Ob., cit., p\u00e1g, 545). <\/p>\n
El presupuesto, pues, es una ley. Y como tal s\u00f3lo puede ser modificado por el CONGRESO, POR medio de una LEY. Esto, por estas razones, adem\u00e1s de las ya expuestas: <\/p>\n
1a. Al Congreso corresponde hacer las leyes (Art\u00edculo 114, inciso primero). Y le corresponde aprobar el Presupuesto de la Naci\u00f3n, pues no otra cosa es “establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administraci\u00f3n” (numeral 11 del art\u00edculo 150); <\/p>\n
2a. Ninguna autoridad del Estado puede ejercer funciones distintas a las que le atribuyen la Constituci\u00f3n y la ley (art\u00edculo 121); <\/p>\n
3a. Las sesiones del Congreso durante casi todo el a\u00f1o le permiten modificar la ley del presupuesto en cualquier tiempo, con sujeci\u00f3n a lo que dispongan la Constituci\u00f3n y la ley org\u00e1nica del presupuesto, cuando \u00e9sta se expida; <\/p>\n
4a. Como se ha explicado, el art\u00edculo 212 de la anterior constituci\u00f3n, autorizaba al Gobierno para abrir cr\u00e9ditos suplementales o extraordinarios en receso de las C\u00e1maras cuando hubiera necesidad de ” hacer un gasto indispensable a juicio del gobierno”. As\u00ed se modificaba el presupuesto, pero como se vi\u00f3 esta facultad desapareci\u00f3 en la actual Constituci\u00f3n. Esto confirma lo dicho ya: el presupuesto s\u00f3lo puede reformarse por el Congreso, por medio de una ley; <\/p>\n
5a. Esta ley solamente puede tener origen en el Gobierno, en virtud de estas normas de la Constituci\u00f3n: <\/p>\n
a). El numeral 4 del art\u00edculo 200, seg\u00fan el cual “Corresponde al Gobierno, en relaci\u00f3n con el Congreso: <\/p>\n
” . . . <\/p>\n
” 4. Enviar a la C\u00e1mara de Representantes el proyecto de presupuesto de rentas y gastos”. <\/p>\n
b). El numeral 11 del art\u00edculo 150, que faculta al Congreso para “Establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de administraci\u00f3n”, es decir, para expedir la ley de presupuesto. <\/p>\n
c). El inciso segundo del art\u00edculo 154, seg\u00fan el cual ” s\u00f3lo podr\u00e1n ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las leyes” a que se refiere, entre otros, el numeral 11 del art\u00edculo 150. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n: S\u00f3lo el Congreso puede expedir o reformar la ley de presupuesto. Pero solamente puede hacer lo uno o lo otro a propuesta del Gobierno. <\/p>\n
\u00bf C\u00f3mo podr\u00eda sostenerse, a la luz de estas normas, que el Gobierno, por s\u00ed y ante s\u00ed, puede reformar la ley de presupuesto?. No, es evidente que el Gobierno s\u00f3lo puede presentar al Congreso el proyecto de ley de presupuesto, lo mismo que el proyecto de ley reformatoria del mismo. Pero la expedici\u00f3n de la ley, en los dos casos, es funci\u00f3n propia e indelegable del Congreso. <\/p>\n
A todo lo cual cabe agregar lo siguiente: <\/p>\n
Como ” mientras subsista el Estado de Guerra, el Congreso se reunir\u00e1 con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales…” y como ” Dentro de los tres d\u00edas siguientes a la declaratoria o pr\u00f3rroga del Estado de Conmoci\u00f3n, el Congreso se reunir\u00e1 por derecho propio, con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales…” (art\u00edculos 212 y 213), es claro que si el Gobierno quiere reformar el presupuesto puede presentar el proyecto correspondiente, en cualquier tiempo. <\/p>\n
6a). Pero si, en los Estados de Excepci\u00f3n, solamente necesita el Gobierno “percibir contribuci\u00f3n o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas”, o ” hacer erogaci\u00f3n con cargo al Tesoro que no se halle inclu\u00edda en el de gastos”, le bastar\u00e1 dictar el decreto legislativo correspondiente. Decreto legislativo cuya vigencia es siempre temporal: ” dejar\u00e1n de regir tan pronto se declare restablecida la normalidad”, dice el art\u00edculo 212, y ” dejar\u00e1n de regir tan pronto se declare restablecido el orden p\u00fablico”, seg\u00fan el 213. Temporalidad, de otro lado, incompatible con la periodicidad propia de la ley de presupuesto. <\/p>\n
7a). Las razones 5a. y 6a. explican porqu\u00e9 es l\u00f3gico y posible que, como lo ordena el numeral 3 del art\u00edculo 215, en los Estados de Excepci\u00f3n no se interrumpa ” el normal funcionamiento de las ramas del poder p\u00fablico ni de los \u00f3rganos del Estado”, normal funcionamiento que supone la conservaci\u00f3n de las respectivas competencias, salvo las excepciones previstas por la propia Constituci\u00f3n, de las cuales es ejemplo el art\u00edculo 345. <\/p>\n
8a). Finalmente, hay que tener presente que los decretos legislativos que dicta el Gobierno en los Estados de Guerra o de Conmoci\u00f3n, s\u00f3lo suspenden las leyes incompatibles con el uno o con el otro, no derogan las leyes ni las reforman. Por lo cual, como se ha dicho, es inaceptable reformar la ley de presupuesto por uno de tales decretos legislativos. <\/p>\n
Segundo.- De conformidad con la Constituci\u00f3n vigente, \u00bf C\u00f3mo se hacen las erogaciones con cargo al Tesoro que no se hallen inclu\u00eddas en el presupuesto de gastos?. <\/p>\n
En las \u00e9pocas normales, no pueden hacerse sin modificar previamente el presupuesto. Al decir \u00e9pocas normales se est\u00e1 aludiendo a los tiempos en que no se haya declarado uno de los Estados de Excepci\u00f3n o el Estado de Emergencia. Se repite: sin modificar el presupuesto, no pueden hacerse. Por consiguiente, el Gobierno habr\u00e1 de acudir al Congreso para que \u00e9ste lo modifique, por medio de una ley. <\/p>\n
En \u00e9pocas anormales, es decir, en Estado de Guerra, en Estado de Conmoci\u00f3n Interior, o en Estado de Emergencia, la erogaci\u00f3n con cargo al Tesoro puede hacerse aunque no figure en el presupuesto de gastos. As\u00ed lo indica indudablemente la interpretaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n. Veamos. <\/p>\n
A).- Lo que la Constituci\u00f3n proh\u00edbe. <\/p>\n
En esta materia, la prohibici\u00f3n de la Constituci\u00f3n es esta: <\/p>\n
“Art\u00edculo 345.- En tiempo de paz no se podr\u00e1 percibir contribuci\u00f3n o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogaci\u00f3n con cargo al Tesoro que no se halle inclu\u00edda en el de gastos. <\/p>\n
“Tampoco podr\u00e1 hacerse ning\u00fan gasto p\u00fablico que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales, o por los concejos distritales o municipales, ni transferir cr\u00e9dito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto.” <\/p>\n
Sea lo primero decir que este art\u00edculo reproduce, casi textualmente, los art\u00edculos 206 y 207 de la Constituci\u00f3n anterior. <\/p>\n
Pues bien: siempre se ha entendido que la prohibici\u00f3n rige s\u00f3lo en \u00e9pocas de normalidad, mas no en las anormales en las cuales antes se declaraba el estado de sitio o el estado de emergencia, y hoy se declara el Estado de Guerra, el Estado de Conmoci\u00f3n Interior, o el Estado de Emergencia. <\/p>\n
Es claro que lo que se proh\u00edbe \u00fanicamente en tiempos normales, al contrario, se permite en \u00e9pocas de anormalidad. Si la prohibici\u00f3n fuera absoluta, en todos los tiempos, habr\u00eda bastado suprimir la expresi\u00f3n “en tiempos de paz”. <\/p>\n
B).- \u00bf C\u00f3mo se hacen tales erogaciones, en \u00e9pocas de anormalidad?. <\/p>\n
Sencillamente, se decretan por el Gobierno, naturalmente previa declaraci\u00f3n del Estado de Excepci\u00f3n. No hay que modificar el presupuesto, como tampoco hay que hacerlo para percibir contribuci\u00f3n o impuesto que no figure en el Presupuesto de Rentas. <\/p>\n
Vigente la anterior Constituci\u00f3n, el gobierno ten\u00eda que abrir un cr\u00e9dito adicional extraordinario , con todos sus requisitos, para no violar el principio del equilibrio presupuestal. Hoy este principio no existe y, por lo mismo, no es necesario, ni es posible, modificar el presupuesto para decretar el gasto no inclu\u00eddo en \u00e9l. <\/p>\n
Para decirlo en la forma m\u00e1s sencilla, declarado el Estado de Excepci\u00f3n, puede el gobierno decretar el gasto, por medio de un decreto legislativo, y, con base en este \u00faltimo, ordenarlo. La primera funci\u00f3n, decretar el gasto, corresponde al Congreso en tiempos de paz; la segunda, ordenarlo, es administrativa y compete siempre al Gobierno. <\/p>\n
Lo que sigue es, simplemente, un registro y ajuste contable en la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro, cuenta que el Contralor General de la Rep\u00fablica debe presentar a la C\u00e1mara de Representantes para su examen y fenecimiento, seg\u00fan lo dispone el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 268 de la Constituci\u00f3n, en concordancia con el numeral 2 del art\u00edculo 178 de la misma. <\/p>\n
Naturalmente, habr\u00e1 casos en que el Gobierno, haciendo uso de las facultades propias de los Estados de Excepci\u00f3n, no s\u00f3lo decrete el gasto, sino que establezca, transitoriamente, y por s\u00f3lo el tiempo que dure tal estado, la contribuci\u00f3n o el impuesto para atenderlo. En esta \u00faltima hip\u00f3tesis, es evidente que ni la erogaci\u00f3n ni el ingreso que la financia figurar\u00e1n en el presupuesto, pero si en la contabilidad. <\/p>\n
Entre par\u00e9ntesis, obs\u00e9rvese que el inciso tercero del art\u00edculo 215, al referirse al establecimiento de nuevos tributos o a la modificaci\u00f3n de los existentes, no menciona siguiera la reforma del presupuesto. \u00bfPor qu\u00e9?. Porque no es necesaria ni posible. <\/p>\n
Si se mira con atenci\u00f3n, se ver\u00e1 c\u00f3mo esta interpretaci\u00f3n est\u00e1 acorde con el esp\u00edritu de la Constituci\u00f3n, pues: <\/p>\n
1o. Conserva en manos del Congreso, que tiene la facultad de aprobar el presupuesto, la de modificarlo. <\/p>\n
2o. Sin embargo, la facultad del Congreso para aprobar y reformar el presupuesto, no es ilimitada, no la ejerce a su arbitrio: tanto el proyecto de la ley de presupuesto, como el de la ley que haga su modificaci\u00f3n, s\u00f3lo pueden ser presentados por el Gobierno (art\u00edculos 200, numeral 4; 150, numeral 11, y 154, inciso 2, todos de la Constituci\u00f3n). Hay aqu\u00ed, en la tramitaci\u00f3n de la ley de presupuesto y en la de sus reformas, una aplicaci\u00f3n concreta del principio consagrado en el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 113 de la Carta: ” Los diferentes \u00f3rganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran arm\u00f3nicamente para la realizaci\u00f3n de sus fines”. <\/p>\n
3o. Permite al Congreso, en el campo fiscal, cumplir plenamente dos de las funciones que le se\u00f1ala exclusivamente el art\u00edculo 114 de la Constituci\u00f3n: hacer las leyes, y, en consecuencia, reformarlas, y ejercer control pol\u00edtico sobre el gobierno y la administraci\u00f3n. <\/p>\n
4o. Impide que el Gobierno, por la v\u00eda del Estado de Excepci\u00f3n, modifique el presupuesto y cree el desorden fiscal. Y que, por este camino, dicte decretos legislativos cuya real vigencia se prolongue en el tiempo m\u00e1s all\u00e1 de los estados de excepci\u00f3n. <\/p>\n
Es improbable, en principio, que el Gobierno abuse de la facultad a que nos venimos refiriendo. La Constituci\u00f3n, en muchas de sus normas, que no es pertinente analizar ahora, establece l\u00edmites a los poderes del Gobierno en los Estados de Excepci\u00f3n. Por ejemplo, en el art\u00edculo 214, numeral 3. <\/p>\n
Pero, como la posibilidad del abuso existe, ella est\u00e1 prevista en la Carta, as\u00ed: <\/p>\n
“El Presidente y los Ministros ser\u00e1n responsables cuando declaren los estados de excepci\u00f3n sin haber ocurrido los casos de guerra exterior o de conmoci\u00f3n interior, y lo ser\u00e1n tambi\u00e9n , al igual que los dem\u00e1s funcionarios, por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades a que se refieren los art\u00edculos anteriores” (numeral 5 del art\u00edculo 214). <\/p>\n
“El Presidente de la Rep\u00fablica y los Ministros ser\u00e1n responsables cuando declaren el Estado de Emergencia sin haberse presentado alguna de las circunstancias previstas en el inciso primero, y lo ser\u00e1n tambi\u00e9n por cualquier abuso en el ejercicio de las facultades que la Constituci\u00f3n otorga al Gobierno durante la emergencia”. (inciso 8o. del art\u00edculo 215). <\/p>\n
Si los mecanismos constitucionales funcionan, en especial estas normas que consagran la responsabilidad del Presidente de la Rep\u00fablica y de sus ministros por las faltas cometidas con ocasi\u00f3n de la declaraci\u00f3n de los Estados de Excepci\u00f3n, no tiene porqu\u00e9 haber abusos. Y si los hubiere, ser\u00e1n castigados sus autores. <\/p>\n
CONCLUSIONES <\/p>\n
Todo lo expuesto permite contestar las dos preguntas que se formularon al comienzo, as\u00ed: <\/p>\n
Respuesta a la primera pregunta.- El gobierno no puede modificar el Presupuesto General de la Naci\u00f3n por medio de un decreto legislativo, dictado en ejercicio de las facultades que le confiere la declaraci\u00f3n del Estado de Conmoci\u00f3n Interior. <\/p>\n
Siendo negativas las dos respuestas, se impone la declaraci\u00f3n de inexequibilidad del decreto legislativo 446 del 8 de marzo de 1993. Decreto que, como se ha visto, el Gobierno no pod\u00eda dictar, ni era necesario para conseguir el fin propuesto. <\/p>\n
INAPLICABILIDAD DE ALGUNAS NORMAS DE LA LEY 38 DE 1989, ESTATUTO ORGANICO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION. <\/p>\n
La declaraci\u00f3n de inexequibilidad del decreto legislativo 446 de 1993, tiene que llevar consigo un pronunciamiento sobre las normas de la ley 38 de 1989, que hac\u00edan posibles los cr\u00e9ditos adicionales administrativos. Esto, por estas razones. <\/p>\n
1o). Primac\u00eda de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
La primac\u00eda de la Constituci\u00f3n, se consagra expresamente en estas normas: <\/p>\n
Inciso primero del art\u00edculo 4 de la Constituci\u00f3n: <\/p>\n
” La Constituci\u00f3n es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci\u00f3n y la ley u otra norma jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales.” <\/p>\n
Inciso primero del art\u00edculo 5o. de la ley 57 de 1887: <\/p>\n
” Cuando haya incompatibilidad entre una disposici\u00f3n constitucional y una legal, preferir\u00e1 aquella.” <\/p>\n
Art\u00edculo 9o. de la ley 153 de 1887: <\/p>\n
2o). La ley 38 de 1989 y la Constituci\u00f3n de 1886. <\/p>\n
La ley 38 de 1989, aunque no se diga expresamente, fue la base del decreto 446 de 1993, en particular los art\u00edculos de la ley citada que reglamentaban los cr\u00e9ditos adicionales. Normas dictadas con fundamento en disposiciones de la anterior constituci\u00f3n que no se consagraron en la actual. Prueba de ello es el hecho de que la Corte al revisar los Decretos Legislativos 700 del 24 de abril de 1992 y 1940 del 30 de noviembre de 1992, an\u00e1logos al que ahora se revisa, fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en normas de la mencionada ley 38. Al respecto, dijo: <\/p>\n
a) En relaci\u00f3n con el decreto 1940, “por medio del cual modifica el Presupuesto General de la Naci\u00f3n para la vigencia fiscal de 1992.” <\/p>\n
” Art\u00edculo que remite a la ley org\u00e1nica del presupuesto en materias tales como la programaci\u00f3n, aprobaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de los presupuestos. Materias que est\u00e1n expresamente reguladas por la ley 38 de 1989 en sus art\u00edculos 63 y siguientes, pero concretamente a la figura a que ha acudido el Gobierno Nacional en el caso sublite del Decreto 1940 de 1992, esto es la figura del contracr\u00e9dito presupuestal, vale decir que hay la correspondiente partida en la ley de rentas para atender requerimientos en otros renglones debidamente apropiados pero que por necesidades o imprevistos que se presentan dentro de la ejecuci\u00f3n presupuestal se hace necesario trasladar ese rubro para cubrir el gasto que demande otro compromiso propio del Gobierno Nacional”. <\/p>\n
Y agreg\u00f3: <\/p>\n
“Como se dijo, el art\u00edculo 352 de la Constituci\u00f3n Nacional respecto de la programaci\u00f3n, aprobaci\u00f3n , modificaci\u00f3n, y ejecuci\u00f3n del presupuesto remite a lo establecido en la ley org\u00e1nica del Presupuesto. En este caso se d\u00e1 la figura del contracr\u00e9dito presupuestal que es una modalidad dentro de la ejecuci\u00f3n del mismo. Al respecto la ley 38 de 1989 en su art\u00edculo 67 se\u00f1ala: Ni el Congreso ni el Gobierno podr\u00e1n abrir cr\u00e9ditos adicionales al presupuesto, sin que en la ley o decreto respectivo se establezca de manera clara y precisa el recurso que ha de servir de base para su apertura y con el cual se incrementa el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital, a menos que se trate de cr\u00e9ditos abiertos mediante contracr\u00e9ditos en la ley de apropiaciones.” (Subrayado fuera del texto). Fue lo que sucedi\u00f3 en este evento as\u00ed: La partida se encontraba presupuestada en la ley de rentas, se sac\u00f3 de la secci\u00f3n inicial ” Fondo Vial Nacional” y se incorpor\u00f3 al Departamento Administrativo de Seguridad, y Ministerio de Defensa (Ej\u00e9rcito y Polic\u00eda Nacional). Luego le est\u00e1 permitido al Congreso y al Gobierno realizar estos traslados presupuestales y si ello es posible en tiempos de paz con mayor raz\u00f3n se puede realizar esta modificaci\u00f3n en momentos de conmoci\u00f3n interior de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 213 inciso tercero cuando dicte que: “Los decretos legislativos que dicte el Gobierno podr\u00e1n suspender las leyes incompatibles con el Estado de Conmoci\u00f3n y dejar\u00e1n de regir tan pronto como se declare restablecido el Orden P\u00fablico…” (Cfr, Corte Constitucional, sentencia No. 069 de febrero 22 de 1993). <\/p>\n
b) En relaci\u00f3n con el decreto 700: <\/p>\n
” Esto no acontece \u00fanicamente en la vigencia de la Constituci\u00f3n de 1991, sino que pod\u00eda tener cabida al amparo de la Carta anterior, como lo acredita la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia…. (en sentencias) mediante las cuales se admiti\u00f3 expresamente que tanto en los casos del art\u00edculo 121 como en los 122 de dicha Constituci\u00f3n, la obtenci\u00f3n de recursos fiscales para atender las necesidades de orden p\u00fablico pod\u00eda hacerse por medio de decretos legislativos. As\u00ed lo preve\u00eda el art\u00edculo 104 del anterior estatuto \u00f3rganico del presupuesto ( Decreto 294 de 1973) y lo prev\u00e9 en similares t\u00e9rminos el art\u00edculo 69 de la ley org\u00e1nica del Presupuesto hoy en vigor (Ley 38 de 1989), cuando se\u00f1ala que los cr\u00e9ditos adicionales destinados a pagar gastos por calamidad p\u00fablica o los ocasionados durante estados de excepci\u00f3n, declarados por el Gobierno Nacional, para los cuales no se hubiese inclu\u00eddo apropiaci\u00f3n en el Presupuesto ser\u00e1n abiertos en la forma que el Presidente de la Rep\u00fablica y el Consejo de Ministros lo decidan”. (las negrillas no son del texto). (Cfr. Corte Constitucional, Sentencia No. 448 de julio de 1992). <\/p>\n
Pero, donde se ve con mayor claridad la relaci\u00f3n necesaria entre los art\u00edculos 212 y 213 de la Constituci\u00f3n anterior, la ley 38 de 1989 y un decreto legislativo que abre cr\u00e9ditos administrativos, porque que las normas constitucionales citadas sirven de base a la ley y \u00e9sta al decreto, es en esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de mayo de 1991, que, a su vez, cita otras anteriores: <\/p>\n
” Cuarta: Las Adiciones Presupuestales durante el Estado de Sitio. <\/p>\n
“Conforme a la reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n en esta materia, se ha aceptado que el Presidente de la Rep\u00fablica, con la firma de todos sus Ministros, puede ordenar las adiciones presupuestales que sean necesarias para la superaci\u00f3n del desorden p\u00fablico, siempre que \u00e9stas guarden la debida relaci\u00f3n de conexidad directa con las causas que dan lugar a la declaratoria de la situaci\u00f3n de Estado de Sitio y que se cumpla con las exigencias que en materia <\/p>\n
de regulaci\u00f3n de la Hacienda P\u00fablica hace la Constituci\u00f3n Nacional. Esta posici\u00f3n jurisprudencial se desprende del examen que ha hecho la Corte de los art\u00edculos 121, 206 y 211 de la Constituci\u00f3n Nacional, principalmente en las sentencias de enero 20 de 1977, de febrero 23, de marzo 3 y 7 de 1983, y m\u00e1s recientemente en los fallos n\u00fameros 2, 85 y 109 de 1988, 92 de 1989, 1, 29 y 96 de 1990 entre otros. <\/p>\n
“En esta \u00faltima providencia se recuerda que: <\/p>\n
” Las adiciones al presupuesto durante la \u00e9poca de perturbaci\u00f3n del orden p\u00fablico son viables cuando haya necesidad de efectuarse un gasto imprescindible a juicio del gobierno y no hay partida votada o \u00e9sta es insuficiente. Igualmente en \u00e9poca de normalidad. <\/p>\n
” Estos cr\u00e9ditos se denominan suplementales o extraordinarios y para efectos de su apertura el art\u00edculo 212 de la Constituci\u00f3n Nacional consagra dos eventos, a saber: a) cuando est\u00e1n en receso las C\u00e1maras y b) cuando \u00e9stas se encuentran sesionando. <\/p>\n
” En caso de presentarse la primera situaci\u00f3n, tales cr\u00e9ditos deben abrirse por el Consejo de Ministros, el que debe instru\u00edr un expediente con tal fin y adem\u00e1s se requiere del dictamen favorable del Consejo de Estado. Estos cr\u00e9ditos deben someterse luego a la legalizaci\u00f3n por parte del Congreso. Y si est\u00e1 reunido el Congreso, el Ejecutivo debe acudir a dicha Corporaci\u00f3n para solicitar la apertura de un cr\u00e9dito adicional. <\/p>\n
” Como en el caso de estudio las C\u00e1maras se encontraban en receso, podr\u00eda pensarse a primera vista, que el Presidente ha debido cumplir las exigencias se\u00f1aladas en el art\u00edculo 212 del Estatuto Superior y que se dejaron rese\u00f1adas. Sin embargo el art\u00edculo 213 ibidem prescribe: ” El poder ejecutivo no podr\u00e1 abrir los cr\u00e9ditos suplementarios o extraordinarios de que trata el art\u00edculo 212 de la Constituci\u00f3n, ni hacer traslaciones dentro del presupuesto sino en las condiciones y por los tr\u00e1mites que la ley establezca”. Y cuales son ellos? Los estatu\u00eddos en la Ley Org\u00e1nica del Presupuesto – Ley 38 de 1989, en cuyo art\u00edculo 69 se lee: “Los cr\u00e9ditos adicionales destinados a pagar gastos por calamidad p\u00fablica o los ocasionados durante el Estado de Sitio… declarados por el Gobierno Nacional , para los cuales no se hubiere inclu\u00eddo apropiaci\u00f3n en el presupuesto, ser\u00e1n abiertos conforme a las normas de los art\u00edculos anteriores o en la forma que el Presidente de la Rep\u00fablica y el Consejo de Ministros lo decidan”. <\/p>\n
” Los art\u00edculos anteriores consagran la forma como debe procederse y los requisitos que son exigibles en caso de normalidad jur\u00eddica y desarrollan al efecto el art\u00edculo 212 dicho, de manera que aun en caso de necesidades creadas por circunstancias de calamidad p\u00fablica o del estado de sitio o emergencia econ\u00f3mica, puede acudirse a tal reglamento. <\/p>\n
” Pero advi\u00e9rtase que en el citado art\u00edculo 69 que se comenta, se da otra alternativa, para solventar las exigencias excepcionales al decir “o en la forma que el Presidente de la Rep\u00fablica y el Consejo de Ministros lo decidan”, lo que concuerda con lo dispuesto en el art\u00edculo 206 de la Carta Fundamental que ordena que en tiempo de paz no se podr\u00e1 hacer “erogaci\u00f3n del Tesoro que no se halle inclu\u00edda en el presupuesto de gastos”, lo que indica que en tiempo de alteraci\u00f3n del orden p\u00fablico s\u00ed se pueden hacer erogaciones no inclu\u00eddas en el presupuesto de gastos o adiciones al mismo, como lo ha interpretado esta Corporaci\u00f3n en varios fallos (ver sentencias de enero 28\/88, octubre 26\/89). <\/p>\n
” Esta tesis se apoya tambi\u00e9n en el art\u00edculo 121 constitucional en cuanto dispone que durante el estado de sitio el Presidente tendr\u00e1, entre otras, las facultades que al efecto le otorgue la ley, en este caso la Ley 38 de 1989 en la forma analizada. (sentencia No. 92, octubre 26, 1989). <\/p>\n
” En consecuencia como el Presidente de la Rep\u00fablica y el Consejo de Ministros pueden se\u00f1alar la forma de realizar adiciones al presupuesto durante el estado de sitio, lo hacen mediante decretos legislativos, como es el que se examina, pues las modificaciones al presupuesto deben hacerse por medio de ley en sentido material. <\/p>\n
” Es pertinente anotar que el decreto se\u00f1ala en forma clara los recursos que por estar disponibles se utilizan para atender el gasto ( art. 67, Ley 38, 1989) y se preserva el equilibrio presupuestal ( art. 211, inc. 2o., C.N.).” ( Sentencia No. 29, de marzo 1o. de 1990).” (Cfr, sentencia No. 71, Corte Suprema de Justicia, mayo 23 de 1991). <\/p>\n
Como se ve, es ostensible que al desaparecer los art\u00edculos 212 y 213, al igual que el principio del equilibrio presupuestal, pierde su raz\u00f3n la ley 38 de 1989 en cuanto facultaba al Gobierno, en todas las \u00e9pocas, para modificar el presupuesto, y, por lo mismo, la pierden los decretos legislativos basados en tales normas. Como acertadamente se entendi\u00f3 en los fallos parcialmente transcritos, estos decretos se basaron en las normas de la ley 38 de 1989 que reglamentaban los cr\u00e9ditos y contracr\u00e9ditos administrativos normas que, como se vi\u00f3, no encuentran fundamento en la constituci\u00f3n vigente. <\/p>\n
Existe, pues, una conexidad manifiesta entre el decreto legislativo 446 y algunas disposiciones de la ley 38 de 1989. Conexidad tal que de ser constitucional \u00e9sta, tambi\u00e9n lo ser\u00eda aqu\u00e9l, y viceversa. <\/p>\n
No hay que olvidar que la armon\u00eda del universo jur\u00eddico se realiza en torno a la Constituci\u00f3n. Las normas jur\u00eddicas extra\u00f1as a ella, que la contradicen, no pueden subsistir porque su \u00f3rbita interfiere la de otras que s\u00ed se mueven seg\u00fan el orden de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
La Corte, ante la imposibilidad de declarar inexequibles las normas se\u00f1aladas, en raz\u00f3n de que este proceso no se origin\u00f3 con ese fin, optar\u00e1 por declarar expresamente que est\u00e1n derogadas por la misma Constituci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
En consecuencia, como las normas de la ley 38 de 1989 que reglamentaban los cr\u00e9ditos adicionales, con base en normas de la constituci\u00f3n derogada, son inaplicables a la luz de la Constituci\u00f3n vigente, la Corte, en guarda de la integridad y supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n, as\u00ed lo declarar\u00e1 en esta sentencia. <\/p>\n
Concretamente las normas que se declarar\u00e1n derogadas o inaplicables, son las siguientes: <\/p>\n
1a.) El par\u00e1grafo del art\u00edculo 63, que dice: <\/p>\n
“Par\u00e1grafo.- Si por efecto de menores recaudos en los ingresos corrientes y no obstante las condiciones especiales para la celebraci\u00f3n de contratos, persistiere el d\u00e9ficit, los Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos P\u00fablicos, deber\u00e1n proponer a la Direcci\u00f3n General del Presupuesto los traslados o las reducciones presupuestales indispensables para corregir dicho equilibrio”. <\/p>\n
2a.) La parte final del art\u00edculo 64, que dice: <\/p>\n
“…Salvo que el Gobierno lo autorice, no se podr\u00e1n abrir cr\u00e9ditos adicionales con base en el monto de las apropiaciones que se reduzcan o aplacen en este caso”. <\/p>\n
3a.) El art\u00edculo 65, que dice: <\/p>\n
“Art\u00edculo 65.- Cuando durante la ejecuci\u00f3n del Presupuesto General de la Naci\u00f3n se hiciere indispensable aumentar el monto de las apropiaciones, para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley, se pueden abrir cr\u00e9ditos adicionales por el Congreso o por el Gobierno, con arreglo a las disposiciones de los art\u00edculos siguientes”. <\/p>\n
4a.) La parte final del art\u00edculo 66, que dice: <\/p>\n
“Art\u00edculo 66.- “… Cuando sea necesario exceder las cuant\u00edas autorizadas en la ley de presupuesto o inclu\u00edr nuevos gastos con respecto a los conceptos se\u00f1alados, no estando reunido el Congreso, el Gobierno efectuar\u00e1 por decreto los traslados y cr\u00e9ditos adicionales, previo concepto favorable del Consejo de Ministros y el Consejo de Estado”. <\/p>\n
5a.) El art\u00edculo 67, que dice: <\/p>\n
“Art\u00edculo 67.- Ni el congreso ni el Gobierno podr\u00e1n abrir cr\u00e9ditos adicionales al presupuesto, sin que en la ley o decreto respectivo se establezca de manera clara y precisa el recurso que ha de servir de base para su apertura y con el cual se incrementa el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital, a menos que se trate de cr\u00e9ditos abiertos mediante contracr\u00e9ditos a la ley de apropiaciones”. <\/p>\n
6a.) El art\u00edculo 68, que dice: <\/p>\n
“Art\u00edculo 68.- El mayor valor del recaudo de las rentas sobre el promedio de los c\u00f3mputos presupuestados no podr\u00e1 servir de recurso para la apertura de cr\u00e9ditos adicionales. <\/p>\n
“No obstante, si despu\u00e9s del mes de mayo de cada a\u00f1o el recaudo de las rentas globalmente consideradas permite establecer que \u00e9ste exceder\u00e1 al calculado en el Presupuesto Inicial, ese mayor valor, estimado por el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, podr\u00e1 ser certificado como un excedente en el Presupuesto de Rentas por el Contralor General de la Rep\u00fablica, y servir para la apertura de cr\u00e9ditos adicionales. En caso de que existiere d\u00e9ficit fiscal en la vigencia anterior, el mayor recaudo de rentas se destinar\u00e1, en primer lugar, a cancelarlo”. <\/p>\n
7a.) El art\u00edculo 69, que dice: <\/p>\n
“Art\u00edculo 69.- Los cr\u00e9ditos adicionales destinados a pagar gastos por calamidad p\u00fablica o los ocasionados durante Estado de Sitio o Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, declarados por el Gobierno Nacional, para los cuales no se hubiese inclu\u00eddo apropiaci\u00f3n en el Presupuesto, ser\u00e1n abiertos conforme a las normas de los art\u00edculos anteriores, o en la forma que el Presidente de la Rep\u00fablica y el Consejo de Ministros lo decidan”. <\/p>\n
III. CAMBIO DE JURISPRUDENCIA. <\/p>\n
Las razones expuestas justifican el cambio de la jurisprudencia de la Corte en esta materia, como expresamente se advierte, no s\u00f3lo en relaci\u00f3n con las sentencias parcialmente transcritas, sino con otras innumerables dictadas por la Corte Suprema de Justicia en tiempos anteriores. <\/p>\n
Al respecto hay que anotar lo siguiente. <\/p>\n
La interpretaci\u00f3n que la Corte hace en esta sentencia, sustituye la que ha estado vigente por m\u00e1s de un siglo, desde la entrada en vigencia de la Constituci\u00f3n de 1886. Durante m\u00e1s de 105 a\u00f1os, la jurisprudencia que ahora se cambia, tuvo su sustento en la propia constituci\u00f3n. Derogada \u00e9sta en 1991, la pr\u00e1ctica inveterada hizo que subsistiera la instituci\u00f3n de los cr\u00e9ditos adicionales administrativos, pese a la desaparici\u00f3n de las normas constitucionales en las cuales se basaba. Esto explica el error del Gobierno, lo mismo que lo que se dir\u00e1 sobre los efectos de esta sentencia. <\/p>\n
IV. EFECTOS DE ESTA SENTENCIA <\/p>\n
Esta Corte, en la sentencia n\u00famero 113 del 25 de marzo de 1993, al declarar inconstitucionales algunas normas del decreto 2067 de 1991, entre ellas el inciso segundo del art\u00edculo 21, inciso que determinaba los efectos de las sentencias de la Corte Constitucional, dijo: <\/p>\n
“Pero, fuera del poder constituyente, \u00bfa qui\u00e9n corresponde declarar los efectos de los fallos de la Corte Constitucional, efectos que no hacen parte del proceso, sino que se generan por la terminaci\u00f3n de \u00e9ste?. Unicamente a la propia Corte Constitucional, ci\u00f1\u00e9ndose, como es l\u00f3gico, al texto y al esp\u00edritu de la Constituci\u00f3n. Sujeci\u00f3n que implica tener en cuenta los fines del derecho objetivo, y de la Constituci\u00f3n que es parte de \u00e9l, que son la justicia y la seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
” En conclusi\u00f3n, s\u00f3lo la Corte Constitucional, de conformidad con la Constituci\u00f3n, puede, en la propia sentencia, se\u00f1alar los efectos de \u00e9sta. Este principio, v\u00e1lido en general, es rigurosamente exacto en trat\u00e1ndose de las sentencias dictadas en asuntos de constitucionalidad. <\/p>\n
“… <\/p>\n
” Adem\u00e1s, inaceptable ser\u00eda privar a la Corte Constitucional de la facultad de se\u00f1alar en sus fallos el efecto de \u00e9stos, ci\u00f1\u00e9ndose, hay que insistir, estrictamente a la Constituci\u00f3n. E inconstitucional hacerlo por mandato de un decreto, norma de inferior jerarqu\u00eda. Pues la facultad de se\u00f1alar los efectos de sus propios fallos, de conformidad con la Constituci\u00f3n, nace para la Corte Constitucional de la misi\u00f3n que le conf\u00eda el inciso primero del art\u00edculo 241, de guardar la “integridad y supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n”, porque para cumplirla, el paso previo indispensable es la interpretaci\u00f3n que se hace en la sentencia que debe se\u00f1alar sus propios efectos”. (sentencia 113, p\u00e1gs 11, 12) <\/p>\n
En el presente caso, la Corte Constitucional, expresamente, aclara que la presente sentencia sigue la regla general, seg\u00fan la cual los efectos de la sentencia s\u00f3lo comienzan a partir de su publicaci\u00f3n. En consecuencia, todos los efectos jur\u00eddicos del decreto 446, se mantienen, no desaparecen. Los recursos comprometidos en favor de la Fiscal\u00eda General, el Ministerio de Defensa y el Departamento Administrativo de Seguridad, conservar\u00e1n la destinaci\u00f3n que les di\u00f3 el decreto 446. En s\u00edntesis: con base en los cr\u00e9ditos suplementales o extraordinarios abiertos por el decreto cuya inexequibilidad se declara, podr\u00e1n ordenarse los gastos correspondientes, hasta agotar las respectivas asignaciones. <\/p>\n
Pero, de otra parte, tambi\u00e9n a partir de la publicaci\u00f3n de esta sentencia, quedar\u00e1n sin efecto los contracr\u00e9ditos previstos en el mismo decreto, y el Gobierno, y los establecimientos p\u00fablicos respectivos, podr\u00e1n ejecutar sus presupuestos originales, en la medida en que las disponibilidades de tesorer\u00eda y las prioridades fijadas por la Constituci\u00f3n, por la ley o por los funcionarios responsables, lo permitan. <\/p>\n
Los cr\u00e9ditos presupuestales, se insiste, son autorizaciones para gastar, no \u00f3rdenes para hacerlo. <\/p>\n
La aclaraci\u00f3n sobre los efectos de esta sentencia, indica que \u00e9sta no entorpece ni dificulta las tareas del Gobierno en cumplimiento de su deber de hacer lo necesario para restablecer el orden p\u00fablico. <\/p>\n
Y, finalmente, esta interpretaci\u00f3n hace posible que el tr\u00e1nsito constitucional se realice sin traumatismos para la naci\u00f3n. Y que las nuevas instituciones tengan ya su plena vigencia.” <\/p>\n
COROLARIO <\/p>\n
Resulta lamentable que, con olvido de las razones expuestas, la Constituci\u00f3n se interprete para fortalecer al Gobierno, en desmedro de una facultad propia del Congreso. Temo que, con esta interpretaci\u00f3n, quede el Gobierno con tan desmesuradas facultades en lo relativo a la reforma del presupuesto, como nunca tuvo bajo la Constituci\u00f3n de 1886 y sus reformas. <\/p>\n
Las consecuencias de esta sentencia no podr\u00edan ser peores para el Estado de Derecho. Basta pensar que el Gobierno puede mantener al pa\u00eds durante 270 d\u00edas por a\u00f1o bajo el r\u00e9gimen de la Conmoci\u00f3n Interior y prorrogar por otros 90 la vigencia de los decretos dictados. En los restantes 5 d\u00edas que completan el a\u00f1o, le bastar\u00e1 abstenerse de presentar al Congreso proyectos de reforma de la ley de presupuesto. As\u00ed, en la pr\u00e1ctica, se privar\u00e1 a la rama legislativa de una de sus m\u00e1s preciosas facultades. Y se aumentar\u00e1n INDEBIDAMENTE las facultades de la rama ejecutiva, en perjuicio de las dem\u00e1s, en particular del Congreso. <\/p>\n
De prosperar esta tendencia, Colombia se convertir\u00e1 en una rep\u00fablica contrahecha, con un Gobierno gigante y todopoderoso, que est\u00e1 en todas partes, y un Congreso empeque\u00f1ecido, d\u00e9bil y ausente, apenas elemento decorativo de un Estado que es democr\u00e1tico s\u00f3lo en apariencia. Por este camino, por desgracia, vamos, por nuestro pasos contados, hac\u00eda el pa\u00eds del Ejecutivo Megal\u00f3mano. <\/p>\n
Deploro tener que decir todo esto, pero lo hago con mi acostumbrado respeto y con la firmeza de siempre.” <\/p>\n
Hasta aqu\u00ed lo que se dijo sobre el Decreto Legislativo 446 de 1993. Que sigue siendo cierto, pues no se ha modificado la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
JORGE ARANGO MEJIA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
1Corte Constitucional, sentencia C-206 de 1993. <\/p>\n
{p} <\/p>\n
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C-416-93 Sentencia No. C-416\/93 PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION-Modificaci\u00f3n El Presidente de la Rep\u00fablica, en ejercicio de las facultades que le confiere el art\u00edculo 213 de la Constituci\u00f3n, puede efectuar modificaciones en el Presupuesto General de la Naci\u00f3n, siempre que ellas sean requeridas para financiar las erogaciones destinadas a conjurar la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-394","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentencias-1993"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/394","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=394"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/394\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=394"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=394"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=394"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}