T-424-98<\/p>\n
Sentencia T-424\/98 <\/p>\n
DERECHO DE PETICION Y ACCESO A DOCUMENTOS PUBLICOS-Solicitud de copias\/DERECHO DE ACCESO A DOCUMENTOS PUBLICOS-Protecci\u00f3n por tutela\/SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO-Solicitud de copia de documentos <\/p>\n
En reiteradas oportunidades esta Corporaci\u00f3n se ha pronunciado respecto al derecho que tienen todas las personas de acceder a los documentos p\u00fablicos y a obtener copia de los mismos, salvo los casos expresamente se\u00f1alados por la ley. Derecho que esta estrechamente vinculado al derecho fundamental de petici\u00f3n, pues, el hecho de recibir las copias es una manifestaci\u00f3n concreta del derecho a obtener una pronta resoluci\u00f3n de la solicitud formulada, que hace parte del llamado n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n. Una vez hayan pasado los diez (10) d\u00edas desde la presentaci\u00f3n de la solicitud de copia del documento, se entender\u00e1 que la mencionada solicitud ha sido aceptada, de tal manera que si dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la configuraci\u00f3n del silencio administrativo positivo, no se han entregado las copias requeridas, se ha vulnerado el derecho fundamental de acceso a los documentos p\u00fablicos, consagrado como tal en el art\u00edculo 74 de la Constituci\u00f3n Nacional, para cuya protecci\u00f3n efectiva, no existe ning\u00fan medio de defensa judicial diferente de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Referencia: Expediente T-167.068 <\/p>\n
Peticionario: Roberto Mu\u00f1oz Roa <\/p>\n
Procedencia: Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C. a los catorce (14) d\u00edas del mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998) <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
De acuerdo con lo dispuesto en los art\u00edculos 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selecci\u00f3n N\u00famero Seis (6) de la Corte Constitucional, mediante Auto del diecis\u00e9is (16) de junio del presente a\u00f1o, escogi\u00f3 para efectos de su revisi\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela de la referencia. <\/p>\n
De conformidad con el art\u00edculo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, procede a revisar la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Secci\u00f3n Tercera-, de fecha 7 de mayo de 1998. <\/p>\n
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1. Solicitud <\/p>\n
El se\u00f1or Roberto Mu\u00f1oz Roa, en su calidad de Representante Legal del Consorcio Constructora Imprenta Nacional dentro del expediente de la referencia, instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela en contra de la Imprenta Nacional de Colombia, por vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Hechos <\/p>\n
El se\u00f1or Roberto Mu\u00f1oz Roa, informa que el Consorcio Constructora Imprenta Nacional, particip\u00f3 en la Licitaci\u00f3n P\u00fablica INCL No.002\/97, abierta por la Imprenta Nacional de Colombia, con el objeto de seleccionar al constructor que, mediante contrato de administraci\u00f3n delegada, construyera la nueva sede de la Imprenta, en la zona de Ciudad Salitre en Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1. <\/p>\n
El Consorcio, mediante oficio del 11 de marzo de 1998, dirigido al Contralor General de la Rep\u00fablica, solicit\u00f3 que la adjudicaci\u00f3n de la Licitaci\u00f3n tuviera lugar en audiencia p\u00fablica. La Contralor\u00eda por medio de la Resoluci\u00f3n No.01698 del 17 de marzo de 1998, acept\u00f3 la mencionada solicitud. <\/p>\n
En desarrollo de la audiencia p\u00fablica el 25 de marzo de 1998, varios de los participantes en el proceso de Licitaci\u00f3n, dejaron constancias sobre su inconformismo respecto de la calificaci\u00f3n dada a las ofertas presentadas. <\/p>\n
Por lo anterior y con el objeto de iniciar una demanda ante el contencioso administrativo, el peticionario a trav\u00e9s del oficio No.990822 del 26 de marzo de 1998, dirigido a la Imprenta Nacional, solicit\u00f3 copia aut\u00e9ntica del Acta de la audiencia p\u00fablica de adjudicaci\u00f3n de la mencionada licitaci\u00f3n, sin haber obtenido hasta el momento alguna respuesta. <\/p>\n
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I. ACTUACION JUDICIAL <\/p>\n
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1. Fallo de Instancia <\/p>\n
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I. CONSIDERACIONES DE LA SALA <\/p>\n
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1. Competencia. <\/p>\n
De conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 86 y 241, numeral 9\u00b0 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, es competente para revisar el fallo de tutela de la referencia. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Naturaleza Jur\u00eddica de la Entidad demandada. <\/p>\n
La Imprenta Nacional de Colombia, de acuerdo con la ley 109 de 1994, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, con personer\u00eda jur\u00eddica, patrimonio propio e independiente y autonom\u00eda administrativa, adscrita al Ministerio de Justicia. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El derecho de petici\u00f3n y el acceso a los documentos p\u00fablicos. <\/p>\n
En reiteradas oportunidades esta Corporaci\u00f3n se ha pronunciado respecto al derecho que tienen todas las personas de acceder a los documentos p\u00fablicos y a obtener copia de los mismos, salvo los casos expresamente se\u00f1alados por la ley. Derecho que esta estrechamente vinculado al derecho fundamental de petici\u00f3n, pues, el hecho de recibir las copias es una manifestaci\u00f3n concreta del derecho a obtener una pronta resoluci\u00f3n de la solicitud formulada, que hace parte del llamado n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
Sobre este tema, la sentencia T-605 de 1996, Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mej\u00eda, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201cLa Constituci\u00f3n, en su art\u00edculo 74, se\u00f1ala: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos p\u00fablicos salvo los casos que establezca la ley”. As\u00ed mismo, la ley 57 de 1985 “por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales”, en su art\u00edculo 12 precept\u00faa que “Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen en las oficinas p\u00fablicas y a que se le expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan car\u00e1cter reservado conforme a la Constituci\u00f3n o la ley, o no hagan relaci\u00f3n a la defensa o seguridad nacional.” <\/p>\n
Interpretando sistem\u00e1ticamente las distintas normas de la Constituci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha declarado que el derecho a acceder a documentos p\u00fablicos est\u00e1 directamente relacionado con el derecho de petici\u00f3n, al ser una manifestaci\u00f3n espec\u00edfica del mismo. El derecho de petici\u00f3n es el g\u00e9nero, y el acceso a documentos p\u00fablicos o a determinadas informaciones, es la especie.\u201d <\/p>\n
Es por esto, que una vez hayan pasado los diez (10) d\u00edas desde la presentaci\u00f3n de la solicitud de copia del documento, se entender\u00e1 que la mencionada solicitud ha sido aceptada, de tal manera que si dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la configuraci\u00f3n del silencio administrativo positivo, no se han entregado las copias requeridas, se ha vulnerado el derecho fundamental de acceso a los documentos p\u00fablicos1, consagrado como tal en el art\u00edculo 74 de la Constituci\u00f3n Nacional, para cuya protecci\u00f3n efectiva, no existe ning\u00fan medio de defensa judicial diferente de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
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1. Caso Concreto. <\/p>\n
En el caso bajo estudio, se observa que el peticionario presento la tutela, con el fin de que se le protegiera su derecho fundamental de petici\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Nacional. <\/p>\n
En efecto, el art\u00edculo 25 de la mencionada ley, a la letra dice: <\/p>\n
\u201cLas peticiones a que se refiere el art\u00edculo 12 de la presente ley deber\u00e1n resolverse por las autoridades correspondientes en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de diez (10) d\u00edas. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario se entender\u00e1, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada. En consecuencia, el correspondiente documento ser\u00e1 entregado dentro de los tres (3) d\u00edas inmediatamente siguientes.\u201d <\/p>\n
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que al momento de instaurarse la tutela, hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de veinte (20) d\u00edas, desde la presentaci\u00f3n de la solicitud de copias, considera esta Sala que de conformidad con el citado art\u00edculo, la solicitud del actor fue aceptada y por ende la informaci\u00f3n deber\u00e1 ser entregada.2 <\/p>\n
Finalmente y en raz\u00f3n a que la tutela es el \u00fanico medio de defensa con que el peticionario cuenta, para lograr la protecci\u00f3n efectiva de su derecho fundamental, ya que la entidad accionada desconoci\u00f3 la garant\u00eda de los derechos fundamentales de petici\u00f3n y de acceso a los documentos p\u00fablicos del actor, esta Sala de Revisi\u00f3n conceder\u00e1 el amparo solicitado y revocar\u00e1 la decisi\u00f3n proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. <\/p>\n
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I. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en las razones expuestas, la Corte Constitucional de la Rep\u00fablica de Colombia, Sala Novena de Revisi\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el d\u00eda 7 de mayo de 1998, y en su lugar se conceder\u00e1 la tutela del derecho de petici\u00f3n del se\u00f1or ROBERTO MU\u00d1OZ ROA, contra la Imprenta Nacional de Colombia. <\/p>\n
Tercero. L\u00cdBRENSE las comunicaciones previstas en el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y publ\u00edquese e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional. <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ALFREDO BELTR\u00c1N SIERRA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
1 Al respecto se pueden consultar entre otras las siguientes sentencias: T-306 y 524 de 1993, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara, T-t-182 de 1993, M.P. Dr. Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz, T-443 de 1994, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz, T-053 de 1995 y T-621 de 1996, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell, T-074 de 1997, M.P. Dr. Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz. <\/p>\n
2 En el mismo sentido sentencia T-074 de 1997, M. P. Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz <\/p>\n
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