T-463-98<\/p>\n
Sentencia T-463\/98 <\/p>\n
ACCION DE TUTELA-Improcedencia por no ejercicio oportuno de mecanismo de defensa judicial <\/p>\n
Referencia: Expediente T-164.929 <\/p>\n
Acci\u00f3n de tutela contra la firma CICOLAC LIMITADA por una presunta violaci\u00f3n de los derechos a la igualdad, la libertad de conciencia y la libre asociaci\u00f3n sindical. <\/p>\n
Tema: <\/p>\n
Improcedencia de la tutela cuando no se ejerci\u00f3 en tiempo el mecanismo ordinario de defensa. <\/p>\n
Actor: Huberth Arenas Bonilla <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998). <\/p>\n
La Sala Cuarta de Revisi\u00f3n de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo, Hernando Herrera Vergara y Carlos Gaviria D\u00edaz, \u00e9ste \u00faltimo en calidad de ponente, <\/p>\n
EN NOMBRE DEL PUEBLO <\/p>\n
Y <\/p>\n
POR MANDATO DE LA CONSTITUCI\u00d3N, <\/p>\n
procede a dictar sentencia de revisi\u00f3n de los fallos de instancia proferidos en el tr\u00e1mite del proceso radicado bajo el n\u00famero T-164.929. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Hechos. <\/p>\n
El actor, Huberth Arenas Bonilla se encuentra vinculado a la empresa demandada desde noviembre de 1972, se desempe\u00f1a como jefe de planta en el municipio de Curuman\u00ed (Cesar) y est\u00e1 afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos “Sinaltrainal”, con el que Cicolac Ltda. ha suscrito varias convenciones colectivas en los \u00faltimos a\u00f1os. <\/p>\n
Adujo el actor en su solicitud de amparo que: “Injustificadamente la empresa no me ha hecho incrementos salariales desde 1994, violando con ello mis derechos laborales so pretexto de que mi salario era superior al de los trabajadores que se encontraban desarrollando la misma actividad laboral que yo cumplo” <\/p>\n
2. Fallo de primera instancia. <\/p>\n
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar conoci\u00f3 del proceso en primera instancia, notific\u00f3 a la firma demandada, decret\u00f3 y practic\u00f3 algunas pruebas, y decidi\u00f3 negar la tutela de los derechos fundamentales del actor el 13 de febrero de 1998. <\/p>\n
Consider\u00f3 ese Despacho que el actor no hab\u00eda cumplido con la carga probatoria que le correspond\u00eda y, sin haber quedado establecido el trato diferente dado al actor por la firma demandada, mal podr\u00eda fallarse en contra de \u00e9sta. <\/p>\n
3. Fallo de segunda instancia. <\/p>\n
Lo adopt\u00f3 la Sala de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar el 31 de marzo de 1998, y por medio de \u00e9l confirm\u00f3 \u00edntegramente la sentencia impugnada. Las consideraciones de esta Corporaci\u00f3n pueden resumirse en la siguiente transcripci\u00f3n: <\/p>\n
“Como quiera entonces que el sistema jur\u00eddico tiene previsto otro mecanismo de defensa en el evento de que sea cierto que esos incrementos constituyen un derecho consolidado en favor del titular de esta acci\u00f3n, que puede invocar ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral con el prop\u00f3sito de proteger ese derecho, es obvio que la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
“Pero a\u00fan como mecanismo transitorio resulta infundada la acci\u00f3n de tutela en este caso concreto, toda vez que la prueba documental visible a folio 122 demuestra que al actor si se le hicieron los incrementos convencionales” (folio 8). <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Competencia. <\/p>\n
La Corte Constitucional es competente para revisar los fallos proferidos por el Juzgado Primero Laboral del Circuito y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, de acuerdo con los art\u00edculos 86 y 241 de la Carta Pol\u00edtica; corresponde a la Sala Cuarta de Revisi\u00f3n de Tutelas pronunciar la sentencia respectiva, seg\u00fan el reglamento interno y el auto de la Sala de Selecci\u00f3n N\u00famero Cinco del 26 de mayo de 1998 (folios 253 a 258). <\/p>\n
2. Improcedencia de la tutela cuando no se ejerci\u00f3 en tiempo el mecanismo ordinario de defensa. <\/p>\n
Inicialmente debe esta Sala se\u00f1alar que la firma demandada s\u00ed increment\u00f3 anualmente el salario del actor entre 1994 y 1998; como lo resalt\u00f3 el Tribunal Superior de Valledupar, consta a folio 122 que al actor se le pag\u00f3 en 1994 un salario mensual de $486.092, en 1995 la suma de $545.566, en 1996 su sueldo fue de $666.149, y en 1997 se le pagaron $803.243 mensuales; adem\u00e1s, consta tambi\u00e9n a folios 226 a 228 que para 1998 tambi\u00e9n fue reajustado el salario del demandante. As\u00ed, no es cierto, como se adujo en la solicitud de tutela, que la firma demandada haya violado el derecho de Arenas Bonilla a una remuneraci\u00f3n m\u00ednima vital y m\u00f3vil. <\/p>\n
En segundo lugar, tambi\u00e9n resulta claro para esta Sala que al actor no se le est\u00e1 violando el derecho a la igualdad, pues si bien no se le paga lo mismo que a los jefes de centro de acopio de Bethania y Nueva Granada, s\u00ed se le remunera en los mismos t\u00e9rminos que al jefe del centro de acopio situado en Becerril; la diferencia entre los jefes de centro de acopio de Curuman\u00ed -el actor- y Becerril y los de Bethania y Nueva Granada, obedece a que: a) \u00e9stos \u00faltimos no se benefician de la convenci\u00f3n colectiva y aqu\u00e9llos s\u00ed; y b) el tama\u00f1o y complejidad de unos y otros centros de acopio no son los mismos si se atiende al n\u00famero de litros recibidos anualmente, el n\u00famero de hatos que se debe atender, el de proveedores a cargo, y el presupuesto a ejecutar. As\u00ed, resulta establecido que al demandante se le paga lo mismo que al otro jefe de centro de igual categor\u00eda, y menos que a los encargados de centros mayores. <\/p>\n
Queda por considerar solo uno de los motivos de queja aducidos por el actor en su solicitud de amparo: el que se desprende de la tabla de incrementos salariales que aparece a folio 4, y a continuaci\u00f3n se transcribe: <\/p>\n
“A\u00f1os Salario mensual <\/p>\n
1990 $ 288.400 <\/p>\n
1991 375.000 <\/p>\n
1992 457.500 <\/p>\n
1993 486.092 <\/p>\n
1994 486.092″ <\/p>\n
Como puede apreciarse, es igual la cifra correspondiente al salario mensual para los a\u00f1os 1993 y 1994; el 11 de agosto de 1994, la empresa demandada explic\u00f3 al trabajador (folio 4), que “no se ha reajustado por cuanto el salario convencional es de $447.696.83 que es inferior al salario efectivo”; y en el proceso de tutela, tambi\u00e9n adujo CICOLAC Ltda. que ese a\u00f1o, si bien se mantuvo al actor el salario mensual del a\u00f1o anterior, \u00e9l empez\u00f3 a recibir los beneficios extralegales pactados con el sindicato en la convenci\u00f3n colectiva. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala de Revisi\u00f3n debe precisar que el actor contaba con acci\u00f3n para reclamar ante la jurisdicci\u00f3n laboral por ese trato de la empresa demandada y no la ejerci\u00f3 en t\u00e9rmino, por lo que ahora, una vez preclu\u00edda la oportunidad de interponer la acci\u00f3n ordinaria, la tutela no procede para revivir tales t\u00e9rminos, ni permite el examen judicial de hechos de los que ya no puede conocer el juez ordinario, por haber caducado la acci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de la breve consideraci\u00f3n antecedente, la Sala Cuarta de Revisi\u00f3n de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero. CONFIRMAR la sentencia adoptada por la Sala Laboral de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar el 31 de marzo de 1998, mediante la cual se deneg\u00f3 el amparo judicial de los derechos invocados por el actor. <\/p>\n
Segundo. COMUNICAR la presente providencia al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar, para los efectos previstos en el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Comun\u00edquese, notif\u00edquese, c\u00famplase e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional. <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA S\u00c1CHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
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