T-470-98<\/p>\n
Sentencia T-470\/98 <\/p>\n
ACCION DE TUTELA-Improcedencia sobre controversias econ\u00f3micas legales <\/p>\n
Las controversias por elementos puramente econ\u00f3micos, que dependen de la aplicaci\u00f3n al caso concreto de las normas legales – no constitucionales – reguladoras de la materia, exceden ampliamente el campo propio de la acci\u00f3n de tutela, cuyo \u00fanico objeto, por mandato del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n y seg\u00fan consolidada jurisprudencia de esta Corte, radica en la protecci\u00f3n efectiva, inmediata y subsidiaria de los derechos constitucionales fundamentales, ante actos u omisiones que los vulneren o amenacen. <\/p>\n
ACCION DE TUTELA-Improcedencia para cobro exclusivo de indexaci\u00f3n <\/p>\n
Referencia: Expedientes Acumulados T-165335, T-165336, T-165337, T-165338, T-165339, T-165340, T-165341, T-165342, T-165343, T-165344, T-165345, T-165346, T-165347, T-165348, T-165349, T-165350, T-165351, T-165352, T-165353, T-165354, T-165355, T-165356, T-165357, T-165358, T-165359, T-165360, T-165361, T-165362, T-165363, T-165364, T-165365, T-165366, T-165367, T-165368, T-165369, T-165370, T-165371, T-165372, T-165373, T-165374, T-165375, T-165376, T-165377, T-170399, T-170400, T-170401, T-170402, T-170403, T-170404, T-170405, T-170406, T-170407, T-170408, T-170409, T-170410, T-170411, T-170412, T-170413, T-170414, T-170415, T-170416, T-170417, T-170418, T-170419, T-170420, T-170421, T-170422, T-170423, T-170424, T-170425, T-170426, T-170427, T-170428, T-170429, T-170430, T-170431, T-170432, T-170433, T-170434, T-170435, T-170436, T-170437, T-170438, T-170439, T-170440, T-170441, T-170442, T-170443, T-170444, T-170445, T-170446, T-170447. <\/p>\n
Mat\u00edas Segundo Castillo Pe\u00f1ate, Marcos Fidel Mu\u00f1oz Tuiran, Lucia Elena Florez Bravo, Guillermo Enrique Mor\u00f3n Coava, Elsa del Carmen Torres Bello, Rosa del Carmen M\u00e1rquez Nerio, Mariela Ayd\u00e9 Cabrales Calvo, Eugenio de Jes\u00fas Agamez Peralta, Cielo de Jes\u00fas Reyes Jim\u00e9nez, Neyla Esther Castilla Ramos, Luis Carlos Gracia Barrera, Dionisio Romero Arces, Janneth del Carmen Alean Mora, Eira Isabel Movilla de Ospino, Carmelo Jos\u00e9 Sarmiento Muskus, Emilse del Carmen Castro Rubio, Jaime Rafael Olmos Mendoza, Isidro Manuel Assis Aguirre, Jesus Manuel L\u00f3pez Rodr\u00edguez, Gloria Mercedes Genes Valero, Francisco D\u00edaz Rodr\u00edguez, Gabriel Antonio Alvarez Tobio, Termite Renter\u00eda Mosquera, Orlando Manuel Hern\u00e1ndez Amador, Mar\u00eda Cecilia Polo Barrera, Plinio Marcial Hern\u00e1ndez Alvarez, El\u00edas Morales Mulasco, Gustavo Miguel Altamiranda Torres, Fanny del Carmen Mercado Urzola, Sonia del Carmen Carvajal Viloria, Ana Josefa Galeano Doria, Judith Isabel Jabib Ruiz, Julio Enrique Cabrales Montes, Guiomar de las Mercedes Ortega Revueltas, Milena Margarita Dolores de Montes, Efra\u00edn Lorenzo Yances Espitia, Juli\u00e1n Enrique Rodr\u00edguez P\u00e9rez, Jos\u00e9 Luis Millares S\u00e1nchez, Teovaldo Alcides Fuentes D\u00edaz, Alfonso Enrique Causil Morales, Luz Mila del Carmen Argumedo de la Espriella, Tito Esteban Cabrales Calvo, Oscar Parra Moreno, Delis Carmenza Avila Hern\u00e1ndez, Elvia Rosa de la Hoz Altamiranda, Escilda Gut\u00ederrez Noriega, Luis Miguel L\u00f3pez Palencia, Mar\u00eda Cristina Herazo Roget, Concepci\u00f3n Mar\u00eda L\u00f3pez Dur\u00e1n, Ludys D\u00edas Miranda, Libia Rosa Castro Diz, Donaldo Miguel Miranda D\u00edaz, Leonor L\u00f3pez Dur\u00e1n, Amira L\u00f3pez Garc\u00e9s, Mar\u00eda Teotista Padilla Salguero, Jaime Garc\u00eda Garc\u00e9s, Rosa Correa de Laudeth, Myriam Judith Correa Patr\u00f3n, Yolanda del Carmen Orozco Padilla, Emilia Mar\u00eda Fern\u00e1ndez Barroso, Stella Murillo de Emiliani, Italia In\u00e9s Muentes Fuentes, Digna del Carmen Cordero Miranda, Alba Sof\u00eda Ru\u00edz Arteaga, Elvia Mar\u00eda Doria de Hern\u00e1ndez, Jos\u00e9 Manuel Cantero Avila, Marina Tuir\u00e1n Arrieta, Erlinda Camargo Manjarr\u00e9s, Isa\u00edas Enrique Olea Moreno, Leonor Mar\u00eda Escudero Angulo, Lenys Del Carmen Angulo Padilla, Ana Mar\u00eda Hern\u00e1ndez de L\u00f3pez, Ana Irene Ordosgoitia Doria, Mary Luz Tuir\u00e1n Gut\u00ederrez, Elida Tuir\u00e1n Gut\u00ederrez, Yepsy Dur\u00e1n Guevara, Felix Acosta C\u00e1rdenas, Natalia Mogoll\u00f3n S\u00e1nchez, Susana Celina Diz de Rodr\u00edguez, Fanny Felisa Angulo de Mart\u00ednez, Ra\u00fal Mart\u00ednez Dur\u00e1n, Margarita Mar\u00eda Nieves Avila, Rosalba Naar Gonz\u00e1lez, Yadira N\u00fa\u00f1ez C\u00e1rdenas, Mar\u00eda Isabel Amigo Gonz\u00e1lez, de Jes\u00fas Santos de Angulo, Esperanza de Jes\u00fas L\u00f3pez Zurita, Alvaro de Jes\u00fas Manotas Guerrero, Miryam R\u00edos Acevedo, Melquiades Cordero de Castro, Ercila Padilla de Bustamante, Raymundo Guerrero Su\u00e1rez. <\/p>\n
Demandado: Fondo Educativo Regional, FER, de C\u00f3rdoba. <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Sentencia aprobada en Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C. a los tres (3) d\u00edas del mes de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998). <\/p>\n
La Sala Novena de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa, Alfredo Beltr\u00e1n Sierra y Antonio Barrera Carbonell, procede a revisar los fallos proferidos en los asuntos de la referencia. <\/p>\n
<\/p>\n
I. HECHOS Y DECISIONES QUE SE REVISAN. <\/p>\n
Los juzgados encargados de la primera instancia, conceden la tutela por derecho a la igualdad, apoyados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en donde se ha admitido el pago de sumas de dinero indexadas en los eventos de pagos de cesant\u00edas parciales. Las providencias mencionadas disponen el pago de la sumas debidamente indexadas desde el momento en el cual se present\u00f3 la solicitud hasta aquel en el cual se hizo efectiva la cancelaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n social. El Tribunal Superior de Monter\u00eda encargado de la segunda instancia en todos los casos, confirm\u00f3 la totalidad de las decisiones de primer grado con iguales argumentos. <\/p>\n
<\/p>\n
I. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. <\/p>\n
<\/p>\n
A. Competencia. <\/p>\n
La Corte es competente para revisar las sentencias proferidas dentro de los procesos de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los art\u00edculos 86 y 241 numeral 9\u00ba. De la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con los art\u00edculos 33 a 36 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
<\/p>\n
A. Utilizaci\u00f3n err\u00f3nea de la tutela. <\/p>\n
Se observa primeramente en los casos que se estudian, que no est\u00e1 en juego problema alguno de aquellos que deben dilucidarse a partir del ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, a todas luces err\u00f3neamente utilizada en estos eventos. <\/p>\n
Las controversias por elementos puramente econ\u00f3micos, que dependen de la aplicaci\u00f3n al caso concreto de las normas legales – no constitucionales – reguladoras de la materia, exceden ampliamente el campo propio de la acci\u00f3n de tutela, cuyo \u00fanico objeto, por mandato del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n y seg\u00fan consolidada jurisprudencia de esta Corte, radica en la protecci\u00f3n efectiva, inmediata y subsidiaria de los derechos constitucionales fundamentales, ante actos u omisiones que los vulneren o amenacen.1 <\/p>\n
Debe recordarse lo dicho al respecto: <\/p>\n
“En el campo laboral, aunque est\u00e1 de por medio el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas y existen motivos para que en casos excepcionales pueda la acci\u00f3n de tutela ser un instrumento con mayor aptitud para salvaguardar aqu\u00e9l y otros derechos fundamentales, tiene lugar la regla general expuesta, ya que las controversias originadas en una relaci\u00f3n de trabajo, bien por vinculaci\u00f3n mediante contrato o por nexo legal y reglamentario con entidades p\u00fablicas, tienen suficientes mecanismos de control, defensa y resoluci\u00f3n en los procesos ordinarios, ampliamente desarrollados de tiempo atr\u00e1s en nuestro sistema jur\u00eddico. <\/p>\n
\u201cLa jurisprudencia de la Corte ha sido enf\u00e1tica en sostener que la liquidaci\u00f3n y pago de obligaciones laborales escapa al \u00e1mbito propio de la acci\u00f3n de tutela, y si bien es cierto ha admitido su procedencia en algunos casos, ellos han sido excepcionales y primordialmente sustentados en la falta de idoneidad del medio ordinario, en los t\u00e9rminos que se dejan expuestos, relativos siempre de manera espec\u00edfica y directa a las circunstancias en las que se encuentra el actor, lo cual excluye de plano que pueda concederse el amparo judicial para los indicados fines, masiva e indiscriminadamente. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed, ha encontrado la Corte que puede tutelarse el derecho del trabajador a obtener el pago de su salario cuando resulta afectado el m\u00ednimo vital (Cfr. sentencias T-426 del 24 de junio de 1992, T-063 del 22 de febrero de 1995 y T-437 del 16 de septiembre de 1996); que es posible intentar la acci\u00f3n de tutela para que se cancelen las mesadas pensionales dejadas de percibir por una persona de la tercera edad en circunstancias apremiantes y siendo ese su \u00fanico ingreso (Cfr. sentencias T-426 del 24 de junio de 1992, T-147 del 4 de abril de 1995, T-244 del 1 de junio de 1995, T-212 del 14 de mayo de 1996 y T-608 del 13 de noviembre de 1996); que cuando la entidad obligada al pago de la pensi\u00f3n revoca unilateralmente su reconocimiento, procede la tutela para restablecer el derecho del afectado (Cfr. Sentencia T-246 del 3 junio de 1996); que es posible restaurar, por la v\u00eda del amparo, la igualdad quebrantada por el Estado cuando se discrimina entre los trabajadores, para fijar el momento de la cancelaci\u00f3n de prestaciones, favoreciendo con un pago r\u00e1pido a quienes se acogen a determinado r\u00e9gimen y demor\u00e1ndolo indefinidamente a aquellos que han optado por otro (Cfr. Sentencia T-418 del 9 de septiembre de 1996); que resulta admisible la tutela para eliminar las desigualdades generadas por el uso indebido de los pactos colectivos de trabajo con el objeto de desestimular la asociaci\u00f3n sindical (Sentencia SU-342 del 2 de agosto de 1995. M.P.: Dr. Antonio Barrera Carbonell). <\/p>\n
\u201cEn todos los casos mencionados la jurisprudencia ha entendido que se desvirtuar\u00eda la Carta Pol\u00edtica, en cuanto se quebrantar\u00eda la prevalencia del derecho sustancial, el acceso efectivo a la justicia y el principio de econom\u00eda procesal, en detrimento de los derechos fundamentales en juego, si se forzara el uso del medio judicial ordinario, a sabiendas de su ineptitud en el caso concreto, cerrando de manera absoluta la v\u00eda contemplada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cPero, se repite, estamos ante situaciones extraordinarias que no pueden convertirse en la regla general, ya que, de acontecer as\u00ed, resultar\u00eda desnaturalizado el objeto de la tutela y reemplazado, por fuera del expreso mandato constitucional, el sistema judicial ordinario”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisi\u00f3n. Sentencia T-01 del 21 de enero de 1997). <\/p>\n
Y es que, por regla general, la existencia de un medio de defensa judicial ordinario hace improcedente la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Como varias veces lo ha reiterado esta Sala, las excepciones a tal principio, que resultan de la aplicaci\u00f3n de disposiciones constitucionales prevalentes, est\u00e1n relacionadas con la inminencia de un perjuicio irremediable o con la clara ineficacia del medio judicial ordinario para tutelar de manera completa y con la suficiente prontitud y oportunidad los derechos afectados o en peligro. <\/p>\n
El caso materia de revisi\u00f3n difiere de aquellos en que se ha protegido a las personas en un derecho fundamental ciertamente quebrantado (Ej: Sentencia T-418 del 9 de septiembre de 1996, relativo al derecho de igualdad) y de los que buscan brindar amparo constitucional efectivo a las personas de la tercera edad o a quienes ven amenazado su m\u00ednimo vital. <\/p>\n
Ninguno de los aludidos eventos se configura en esta ocasi\u00f3n, por lo cual no se justifica ubicar las hip\u00f3tesis en alguna de las posibilidades de prosperidad extraordinaria de la acci\u00f3n de tutela, reconocidas por la jurisprudencia con base en la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
El asunto que se discute nuevamente en sede de tutela tiene que ver con la petici\u00f3n aislada de una suma de dinero que los accionantes pretenden actualizar por v\u00eda de este amparo constitucional. En relaci\u00f3n con el tema, la Corte Constitucional en recientes sentencias2 en donde se trat\u00f3 asunto similar al aqu\u00ed propuesto, aclar\u00f3 cu\u00e1ndo y porqu\u00e9 concepto procede la indexaci\u00f3n: <\/p>\n
\u201cEn el presente caso, el actor ya obtuvo el pago de sus cesant\u00edas parciales. Sin embargo, ejerce la presente tutela para hacer efectivo el pago de la indexaci\u00f3n o intereses moratorios a que cree tener derecho, en raz\u00f3n a la mora en el pago de dicha actualizaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cComo ya se expuso, la acci\u00f3n de tutela por este concepto no est\u00e1 llamada a prosperar, por cuanto se persigue \u00fanicamente la cancelaci\u00f3n de dineros como consecuencia del retardo en el pago de obligaciones reconocidas, sin haberse acreditado el perjuicio requerido para la procedencia de la acci\u00f3n y cuando para ello existe otro medio de defensa judicial (Cfr.T-175 de 1997, SU-400 de 1997, y T- 499 de 1997). <\/p>\n
\u201cEstima la Corte que el asunto planteado parece asociarse a la petici\u00f3n de intereses moratorios e indexaci\u00f3n consagrado por la doctrina constitucional referida al otorgamiento de la tutela cuando se trata de cesant\u00edas parciales a\u00fan no satisfechas, los cuales constituyen el objeto de amparo. Cabe expresar que en dichos eventos, es decir, cuando se promueve la acci\u00f3n de tutela con la pretensi\u00f3n del pago de cesant\u00edas reconocidas y no canceladas y simult\u00e1neamente la indexaci\u00f3n, se ha concedido la tutela frente a la violaci\u00f3n del derecho a la igualdad y el trato discriminatorio dado a ciertos empleados. Tal como lo expuso la sentencia SU-400 de 28 de agosto de 1997, Magistrado Ponente Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo: <\/p>\n
\u201cEn efecto, puede verse en los casos aqu\u00ed acumulados una evidente identidad con los que fueron analizados en las sentencias T-418 del 9 de septiembre de 1996 y T-175 del 8 de abril de 1997, tanto en el tipo de solicitud elevada ante las autoridades administrativas (petici\u00f3n de cesant\u00eda parcial), en la actitud observada por \u00e9stas, en la patente discriminaci\u00f3n entre servidores p\u00fablicos y, tambi\u00e9n, en las pretensiones que los actores formularon mediante el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela.\u201d <\/p>\n
As\u00ed pues, en este caso, existiendo sustracci\u00f3n de materia en cuanto a la cesant\u00eda parcial, en tanto que ya a los actores se les pag\u00f3 lo debido, no es esta la v\u00eda para discutir la simple actualizaci\u00f3n del dinero; se corrigen las interpretaciones que de las sentencias de la Corte Constitucional hicieron las instancias que accedieron a la tutela, puesto que debe entenderse que la indexaci\u00f3n s\u00f3lo se ha concedido en esta sede, cuando ha estado atada a una petici\u00f3n de car\u00e1cter laboral que a su vez cumpla con las exigencias excepcionales para ser evacuada por v\u00eda de tutela. La indexaci\u00f3n pues, como pretensi\u00f3n aislada, no procede mediante este mecanismo, y se repite, se ha concedido cuando se ha demostrado vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad frente a una petici\u00f3n principal de car\u00e1cter laboral, cesant\u00edas parciales, y cuya procedencia se ha analizado desde la perspectiva excepcional3 que esta Corporaci\u00f3n viene se\u00f1alando. <\/p>\n
Como bien lo dijo la sentencia que se ha citado: <\/p>\n
..\u201dya que los casos ahora acumulados tienen de com\u00fan la violaci\u00f3n del derecho a la igualdad de los peticionarios, debe prosperar la acci\u00f3n de tutela para restablecer el equilibrio roto en virtud de la discriminaci\u00f3n oficial. Y, dado que la diferencia injustificada de trato ha repercutido precisamente en demorar el desembolso de sumas hace tiempo liquidadas y reconocidas por la administraci\u00f3n, referentes a cesant\u00edas parciales, es natural y apenas justo que por la misma v\u00eda de protecci\u00f3n constitucional del derecho a la igualdad se ordene la indexaci\u00f3n de tales cantidades, ya que de lo contrario la desigualdad subsistir\u00eda:…\u201d <\/p>\n
Por lo anterior, reiterando la jurisprudencia, se revocar\u00e1n las decisiones revisadas. <\/p>\n
<\/p>\n
I. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero. REVOCAR todas las decisiones proferidas por la Sala de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Monteria en providencias proferidas en las siguientes fechas; quince (15 ) de abril de mil novecientos noventa y ocho ( 1998) en los expedientes: T-165335, T-165336, T-165340, T-165343, T-165349, T-165352, T-165353, T-165354, T-165355, T-165356, T-165358, T-165360, T-165361, T-165362, T-165364, T-165368, T-165370, T-165372, T- 165374, T-165375, T-165377; Diecis\u00e9is (16) de abril, expedientes T-165337, T-165338, T-165345, T-165346, T-165347, T-165348, T-165350, T-165351, T-165357, T-165359, T-165363, T-165366, T-165367, T-165369, T-165371, T-165376; Veinte (20) de abril de 1998, expedientes T-165339, T-165341, T-165342, T-165344, T-165365, T-165373; mayo veintiuno (21) de 1998, expedientes T-170411, T-170412, T-170425, T-170426, T-170433, T-170434, T-170436; mayo veintid\u00f3s (22) de 1998, expedientes, T-170408, T-170414, T-170423, T-170435, T-170437; mayo veintis\u00e9is (26)de 1988, en los expedientes T-170399, T-170400, T-170401, T-170402, T-170403, T-170404, T-170405, T-170406, T-170409, T-170415, T-170418, T-170424, T-170427, T-170428, T-170430, T-170431, T-170432, T-170438, T-170439, T-170440, T-170441, T-170442, T-170443, T-170445, T-170447; veintisiete (27) de mayo de 1998, expedientes T- 170407,T-170410, T-170413, T-170416, T-170417, T-170419, T-170420, T-170421, T-170422, T-170429, T-170444, T-170446 en tanto procedieron a confirmar los fallos de primera instancia en donde se conced\u00eda el amparo solicitado por los actores, En consecuencia, se niegan la tutelas. <\/p>\n
Segundo. DESE cumplimiento a lo dispuesto por el art\u00edculo 36 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, c\u00famplase e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c\u00famplase. <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALFREDO BELTR\u00c1N SIERRA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA S\u00c1CHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
1 Cfr. sentencia T-410 de 1998. <\/p>\n
2 Cfr. sentencias T-034, T-144, T-166 y T-367 de 1998. <\/p>\n
3 Cfr. sentencia T-001, T-175, SU-400, T-499 de 1997. <\/p>\n
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T-470-98 Sentencia T-470\/98 ACCION DE TUTELA-Improcedencia sobre controversias econ\u00f3micas legales Las controversias por elementos puramente econ\u00f3micos, que dependen de la aplicaci\u00f3n al caso concreto de las normas legales – no constitucionales – reguladoras de la materia, exceden ampliamente el campo propio de la acci\u00f3n de tutela, cuyo \u00fanico objeto, por mandato […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[31],"tags":[],"class_list":["post-3989","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-tutelas-1998"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3989","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3989"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3989\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3989"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3989"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3989"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}