T-472-98<\/p>\n
Sentencia T-472\/98 <\/p>\n
DERECHO DE PETICION-Pronta resoluci\u00f3n y decisi\u00f3n de fondo <\/p>\n
En reiteradas oportunidades esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado, que el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n, consagrado en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Nacional, contempla no solo el derecho a presentar peticiones respetuosas ya sea en inter\u00e9s general o particular, sino tambi\u00e9n a obtener una pronta resoluci\u00f3n de las mismas, que resuelva de fondo la pretensi\u00f3n de manera clara y precisa, y dentro del t\u00e9rmino establecido para tal fin. <\/p>\n
DERECHO DE PETICION-Se\u00f1alamiento del t\u00e9rmino en que producir\u00e1 decisi\u00f3n <\/p>\n
DERECHO DE PETICION-Car\u00e1cter excepcional de aplazamiento de respuesta <\/p>\n
Referencia: Expediente T-167532 <\/p>\n
Peticionaria: Elsa Margarita Veira Rosero. <\/p>\n
Procedencia: Juzgado Treinta y Dos Civil Municipal de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C., a los tres (3) d\u00edas de mes de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998) <\/p>\n
La Sala Novena de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa, Antonio Barrera Carbonell y Alfredo Beltr\u00e1n Sierra, procede a revisar el fallo de tutela proferido por el Juzgado Treinta y Dos Civil Municipal de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, de fecha 8 de mayo de 1998, mediante el cual se deneg\u00f3 la tutela incoada, por la se\u00f1ora Elsa Margarita Veira Rosero contra la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social – CAJANAL-. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
De acuerdo con lo dispuesto en los art\u00edculos 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selecci\u00f3n N\u00famero Seis (6) de la Corte Constitucional, mediante Auto del veintitr\u00e9s (23) de junio del presente a\u00f1o, escogi\u00f3 para efectos de su revisi\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela de la referencia. <\/p>\n
De conformidad con el art\u00edculo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, procede a revisar la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Dos Civil Municipal de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, de fecha 8 de mayo de 1998. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Solicitud <\/p>\n
La se\u00f1ora Elsa Margarita Veira Rosero, instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela en contra de la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social -Cajanal-, por vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Hechos y pretensiones. <\/p>\n
La se\u00f1ora Elsa Margarita Veira Rosero, informa que el 10 de septiembre de 1997, present\u00f3 ante la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social -Seccional Valle del Cauca-, una solicitud de sustituci\u00f3n pensional, para la cual anex\u00f3 todos los documentos necesarios sin que hasta el momento haya recibido respuesta alguna al respecto. Por tal motivo, solicita que se ordene a la entidad accionada proferir la resoluci\u00f3n afirmativa a sus pretensiones. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ACTUACION JUDICIAL <\/p>\n
1. Fallo de Instancia <\/p>\n
El Juzgado Treinta y Dos Civil Municipal de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, mediante providencia del 8 de mayo del presente a\u00f1o, deneg\u00f3 el amparo solicitado al considerar que el derecho de petici\u00f3n de la actora no ha sido vulnerado, toda vez que el mismo d\u00eda en que present\u00f3 su solicitud, le fue entregada por parte de la entidad accionada una comunicaci\u00f3n en la cual se le informa que su petici\u00f3n le ser\u00e1 resuelta dentro del t\u00e9rmino de 8 meses, dando cumplimiento de tal manera a lo estipulado en el art\u00edculo 6 del C.C.A. <\/p>\n
<\/p>\n
I. CONSIDERACIONES DE LA SALA <\/p>\n
<\/p>\n
1. Competencia. <\/p>\n
De conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 86 y 241, numeral 9\u00b0 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, es competente para revisar el fallo de tutela de la referencia. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
En reiteradas oportunidades esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado, que el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n1, consagrado en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Nacional, contempla no solo el derecho a presentar peticiones respetuosas ya sea en inter\u00e9s general o particular, sino tambi\u00e9n a obtener una pronta resoluci\u00f3n de las mismas, que resuelva de fondo la pretensi\u00f3n de manera clara y precisa, y dentro del t\u00e9rmino establecido para tal fin. <\/p>\n
Al respecto, podemos citar la sentencia T-134 de 1.996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, que se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201cLa Constituci\u00f3n alude a la “pronta resoluci\u00f3n” de las peticiones presentadas significando con ello que no s\u00f3lo la ausencia de respuesta vulnera el derecho de petici\u00f3n, la decisi\u00f3n tard\u00eda tambi\u00e9n lo conculca. La ley consagra t\u00e9rminos dentro de los cuales la autoridad debe proceder a estudiar la petici\u00f3n y a decidir sobre ella. El C\u00f3digo Contencioso Administrativo, en su art\u00edculo sexto, prev\u00e9 un t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas, empero, puede acontecer que en raz\u00f3n de la complejidad del asunto o por motivos de diverso orden no sea posible resolver oportunamente, en esa hip\u00f3tesis, de acuerdo con la norma citada, la administraci\u00f3n debe informarlo as\u00ed al solicitante indic\u00e1ndole los motivos y se\u00f1al\u00e1ndole el t\u00e9rmino que utilizar\u00e1 para dar contestaci\u00f3n. La Corte Constitucional ha acotado que a\u00fan cuando no se determina \u2018cu\u00e1l es el t\u00e9rmino que tiene la administraci\u00f3n para contestar o resolver el asunto planteado, despu\u00e9s de que ha hecho saber al interesado que no podr\u00e1 hacerlo en el t\u00e9rmino legal, es obvio que dicho t\u00e9rmino debe ajustarse a los par\u00e1metros de razonabilidad, razonabilidad que debe consultar no s\u00f3lo la importancia que el asunto pueda revestir para el solicitante, sino los distintos tr\u00e1mites que debe agotar la administraci\u00f3n para resolver adecuadamente la cuesti\u00f3n planteada\u2019. (Sentencia T-076 de 1995. M.P. Dr. Jorge Arango Mej\u00eda).\u201d <\/p>\n
<\/p>\n
1. Caso Concreto. <\/p>\n
En el caso bajo estudio, se aprecia la flagrante vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de la entidad accionada, si se tiene en cuenta que la peticionaria elev\u00f3 la solicitud de sustituci\u00f3n pensional el 10 de septiembre de 1997, recibiendo como respuesta el mismo d\u00eda, en un formato preimpreso que la misma ser\u00eda resuelta en un t\u00e9rmino aproximado de ocho (8) meses contados a partir de la fecha, y con sujeci\u00f3n al estricto orden de presentaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, la accionante no ha recibido dentro del t\u00e9rmino legal, ni dentro de un plazo razonable, una soluci\u00f3n de fondo al asunto sometido a consideraci\u00f3n de la entidad accionada, la cual se ha limitado \u00fanica y exclusivamente a informar que lo resolver\u00e1 con posterioridad, vulnerando de esa manera el derecho fundamental de petici\u00f3n. <\/p>\n
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que al momento de incoarse la tutela, hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de siete meses desde la presentaci\u00f3n de la solicitud de reconocimiento y pago de la sustituci\u00f3n pensional, esta Sala de Revisi\u00f3n proteger\u00e1 el derecho fundamental vulnerado por la entidad accionada y, por lo tanto, proceder\u00e1 a revocar el fallo objeto de estudio, y en su lugar conceder\u00e1 el amparo solicitado. <\/p>\n
Por \u00faltimo, es necesario aclarar que no se puede acceder a la pretensi\u00f3n de la actora en el sentido de ordenar a la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social que resuelva afirmativamente su solicitud, en raz\u00f3n a que esta Corporaci\u00f3n no puede establecer si efectivamente la peticionaria re\u00fane o no los requisitos exigidos para obtener la prestaci\u00f3n requerida, por lo que \u00fanicamente se ordenar\u00e1 resolver ya sea en forma positiva o negativa, la referida solicitud. <\/p>\n
<\/p>\n
I. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en las razones expuestas, la Corte Constitucional de la Rep\u00fablica de Colombia, Sala Novena de Revisi\u00f3n, <\/p>\n
Primero: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Dos Civil Municipal de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 el d\u00eda 8 de mayo de 1998, y en su lugar conceder la tutela del derecho de petici\u00f3n de la se\u00f1ora ELSA MARGARITA VEIRA ROSERO, contra la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social -Cajanal-. <\/p>\n
Segundo. ORDENAR a la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social -Cajanal-, que en el t\u00e9rmino de 48 horas contados a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo, proceda, si a\u00fan no lo ha hecho a resolver de fondo la petici\u00f3n elevada por la se\u00f1ora ELSA MARGARITA VEIRA ROSERO. <\/p>\n
Tercero. L\u00cdBRENSE las comunicaciones previstas en el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y publ\u00edquese e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional. <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALFREDO BELTR\u00c1N SIERRA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
1 Sobre este tema, se pueden consultar entre otras las siguientes tutelas: T-161 de 1996, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, T-260 de 1.997, M.P. Dr. Carlos Gaviria D\u00edaz, T-304 de 1997, M.P. Dr. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo, T-419 de 1997, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara y T-167 de 1998, M.P. Dr. Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz. <\/p>\n
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