T-473-98<\/p>\n
Sentencia T-473\/98 <\/p>\n
DERECHOS FUNDAMENTALES-N\u00facleo esencial <\/p>\n
DERECHO DE PETICION-N\u00facleo esencial <\/p>\n
En lo que hace al contenido esencial del derecho de petici\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha tenido la ocasi\u00f3n, a lo largo de sus m\u00faltiples y reiteradas providencias, de se\u00f1alar que el mismo estriba en la certidumbre “de que, independientemente de lo que se solicita, se habr\u00e1 de obtener una respuesta oportuna y de fondo”. La garant\u00eda constitucional del art\u00edculo 23 no se satisface simplemente al obtener una respuesta de las autoridades, sino una resoluci\u00f3n de lo solicitado. <\/p>\n
Referencia: Expedientes Acumulados T-172711, T-172712, T-172713, T-172715, T-172716, T-172717, T-172718, T-172719, T-172737, T-172738, T-172739, T-172740, T-172741, T-172742, T-172743 , T-172744, T-172745, T-172746, T-172747, T-172748, T-172749, T-172750, T-172751, T-172752, T-172753, T-173570, T-173571, T-173572, T-173835, T-173837, T-173838, T-173839, T-174489, T-174490, T-174504, T-174505, T-174507, T-174508, T-174509, T-174510, T-174511, T-174512, T-174515, T-174938, T-174939, T-174940, T-174941, T-174942, T-174943, T-174962, T-174963, T-174964, T-174965, T-174966, T-174967, T-174968, T-174969, T-174970, T-174971, T-174972, T-174973. <\/p>\n
Aleyda Luc\u00eda Mart\u00ednez Castro, Ena Isabel Solipa Navarro, Luis Ra\u00fal Perdomo Vergara, Diana Esther Ru\u00edz Almanza , Ibeth Mar\u00eda Segura Zabaleta, Miguel Gregorio Mesa Padilla, Rosmery de Jes\u00fas Altamiranda de P\u00e1ez, Hugo Emiro Pomares Durango, Carlos Antonio Morales Arcia, Carmen Cecilia Cogollo Rodr\u00edguez, Aura Elena Lastre de Lastre, In\u00e9s del Carmen Aycardi Espitia, Pl\u00e1cida del Pilar Rojas Mart\u00ednez, Alfonso de Jes\u00fas S\u00e1nchez Cantillo, Luz Mary Mora de Escobar, Marta Elena Vieco de Palacios, Mar\u00eda Eugenia Meza Mu\u00f1oz, Ledys Emilda Romero de Ferreira, Zenaida Mart\u00ednez Alviz, Elsa Mar\u00eda del Socorro Vergara Tuir\u00e1n, Lulio Luis L\u00f3pez Bustamente, Tulio Humberto Herazo Hoyos, Rosy Bernarda Mercado Rodr\u00edguez, Carmen Yadis Fabra Lomineth, Miguel Santiago Vergara Molina, Lelis del Rosario Burgos Doria, Judith Marmol Barrios, Leyda Carvajal Vilora, Jos\u00e9 Manuel Torres Peralta. Cilia Ramona Vergara G\u00f3mez, Walter Ramiro Medrano Viera. Betty del Socorro Carvajal Moreno, Lira Auxiliadora D\u00edaz Guerra, Rosario del Carmen Reza de Reza, Elfa Natividad Tenorio de L\u00f3pez, Hernando Bautista Vilora Vergara, Mar\u00eda Isabel Mart\u00ednez L\u00f3pez, Jorge Luis P\u00e9rez Mart\u00ednez, Alfonso Ezequiel Garc\u00eda Cueter, Amaire del Socorro Espitia S\u00e1nchez, Celys de Jes\u00fas Su\u00e1rez Negrete, Nacira Mireya Hern\u00e1ndez Petro, Manuel Esteban Pastrana Pe\u00f1ate, Mar\u00eda Auxiliadora Silgado Buelvas, Samuel Esteban Herrera Campo, Adalberto Manuel Espa\u00f1a Y\u00e1nez, Stella Piedad Mercado Bula, Marina de Jes\u00fas Romero Mendoza, Enith Francisca Ortega de la Ossa, Roc\u00edo del Carmen Pi\u00f1eres de Marriaga, Eniberta Galv\u00e1n de Duarte, Ang\u00e9lica Josefa Ortega Vergara, Narly Nacira Bernal Germ\u00e1n, Enrique Adolfo Acosta Payares, Mar\u00eda del Rosario P\u00e9rez Otero, Mary Luz Portillo L\u00f3pez, Gloria Margoth Bula Montes, Ruth del Socorro Mestra Mestra, Rosal\u00eda del Socorro Segura Mendoza, Rosa L\u00eda Florian Argumedo, Felix Antonio Pereira P\u00e9rez. <\/p>\n
Demandado: Junta Seccional del Escalaf\u00f3n docente. <\/p>\n
Magistrado Ponente : <\/p>\n
Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Sentencia aprobada en Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C. a los tres (3) d\u00edas del mes de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998). <\/p>\n
La Sala Novena de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa, Alfredo Beltr\u00e1n Sierra y Antonio Barrera Carbonell, procede a revisar los fallos proferidos en los asuntos de la referencia. <\/p>\n
<\/p>\n
I. HECHOS Y DECISIONES QUE SE REVISAN. <\/p>\n
Los actores son docentes al servicio de la educaci\u00f3n oficial en el Departamento de C\u00f3rdoba. En su condici\u00f3n de docentes inscritos en el Escalaf\u00f3n Nacional Docente, solicitaron ascenso en el escalaf\u00f3n, ante la Junta Seccional de Escalaf\u00f3n Docente, por ser \u00e9ste el \u00f3rgano administrativo al cual le corresponde tal estudio, seg\u00fan lo dispone el decreto ley 2277 de 1979 y el art\u00edculo 120 de la ley 115 de 1994. <\/p>\n
Las peticiones de ascenso fueron radicadas ante la Junta Seccional entre los meses de diciembre de 1997 y abril de 1998. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 21 del decreto ley 2277 de 1979 las juntas seccionales de escalaf\u00f3n cuentan con un plazo de 60 d\u00edas contados a partir de la fecha de recibo de la respectiva documentaci\u00f3n para resolver las solicitudes de ascenso y reinscripci\u00f3n en el escalaf\u00f3n. A la fecha de presentaci\u00f3n de las tutelas tal plazo se encontraba vencido y la mencionada Junta no hab\u00eda dado contestaci\u00f3n a las peticiones formuladas por los aqu\u00ed accionantes. Por lo anterior, solicitan protecci\u00f3n a sus derechos de petici\u00f3n. <\/p>\n
Todos los expedientes fueron decididos en primera y \u00fanica instancia por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Monter\u00eda, en donde se concede la tutela por el derecho de petici\u00f3n, con la siguiente orden: <\/p>\n
<\/p>\n
I. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
<\/p>\n
A. Competencia. <\/p>\n
Esta Sala es competente para revisar la sentencia proferidas en los procesos de la referencia de acuerdo con lo previsto por los art\u00edculos 86 y 241 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Certidumbre de una respuesta de fondo: El contenido intangible del derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
El contenido esencial , junto a la reserva de ley, se yergue como una de las m\u00e1s importantes garant\u00edas de los derechos fundamentales. Ese \u201cl\u00edmite del l\u00edmite\u201d, que es dif\u00edcil de establecer en abstracto como ense\u00f1a Konrad Hesse, se predica no s\u00f3lo frente al legislador sino tambi\u00e9n delante de las instancias judiciales, siendo los jueces de tutela los m\u00e1s comprometidos en su defensa. <\/p>\n
Bien es sabido que se trata de una figura jur\u00eddica que proviene de la Constituci\u00f3n Alemana (CP art\u00edculo 19-2) por v\u00eda del derecho espa\u00f1ol1 y que encontr\u00f3 eco desde las primeras providencias de esta Corporaci\u00f3n (Cf. T 002 de 1992 MP Mart\u00ednez ,T 426 de 1992 MP Cifuentes, entre otras). Y ello es as\u00ed por que es la jurisprudencia la llamada a fijar sus dimensiones en raz\u00f3n a la limitaci\u00f3n y la entidad del bien jur\u00eddico tutelado, tal y como lo se\u00f1ala el profesor Francisco Rubio Llorente. <\/p>\n
El presente caso, involucra precisamente el tema del n\u00facleo esencial de un derecho que pese a su aparente sencillez, ha ocupado prolijamente la atenci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n. Y es ese el tema cuestionado, porque la instancia en una equivocada interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 23 de la Carta, ordena que en cumplimiento de dicha garant\u00eda, la entidad accionada responda por qu\u00e9 no ha respondido a tiempo. Lo anterior, que parecer\u00eda un simple juego de palabras, nos ubica en la m\u00e9dula misma del derecho referido. <\/p>\n
Sobre el n\u00facleo esencial de los derechos fundamentales, la Corte ha sostenido: <\/p>\n
“….El n\u00facleo esencial de un derecho fundamental puede definirse como el \u00e1mbito intangible del derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares. ….Visto desde la perspectiva de los derechos subjetivos, el contenido esencial de un derecho fundamental consiste en aquellas facultades o posibilidades de actuaci\u00f3n necesarias para que el derecho sea reconocible como pertinente al tipo descrito y sin las cuales dejar\u00eda de adscribirse a ese tipo, desnaturaliz\u00e1ndose. Por otra parte, la jurisprudencia de intereses ha dise\u00f1ado una f\u00f3rmula seg\u00fan la cual el n\u00facleo esencial del derecho fundamental es aquella parte de su contenido que es absolutamente necesaria para que los intereses jur\u00eddicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos. De este modo, se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan m\u00e1s all\u00e1 de lo razonable o lo despojan de la necesaria protecci\u00f3n. ….La interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la teor\u00eda del n\u00facleo esencial de los derechos fundamentales est\u00e1 indisolublemente vinculada al orden de valores consagrado en la Constituci\u00f3n. La ponderaci\u00f3n de valores o intereses jur\u00eddico-constitucionales no le resta sustancialidad al n\u00facleo esencial de los derechos fundamentales. El n\u00facleo esencial de un derecho fundamental es resguardado indirectamente por el principio constitucional de ponderaci\u00f3n del fin leg\u00edtimo a alcanzar frente a la limitaci\u00f3n del derecho fundamental, mediante la prohibici\u00f3n de limitaciones desproporcionadas a su libre ejercicio”. <\/p>\n
En otra Sentencia, sostuvo la Corte: <\/p>\n
“…Siguiendo a Peter Haberle, se denomina ‘contenido esencial’ al \u00e1mbito necesario e irreductible de conducta que el derecho protege, con independencia de las modalidades que asuma el derecho o de las formas en que se manifieste. Es el n\u00facleo b\u00e1sico del derecho fundamental, no susceptible de interpretaci\u00f3n o de opini\u00f3n sometida a la din\u00e1mica de coyuntura o ideas pol\u00edticas”. <\/p>\n
\u201cDe acuerdo con lo anterior, se colige que el n\u00facleo esencial de un derecho fundamental consiste en su naturaleza, es decir, en su esencia como principio de operaci\u00f3n, en la esfera irreductible del derecho; en otras palabras, el n\u00facleo esencial es el constitutivo del ente jur\u00eddico que determina su calidad de inherente a la persona. Aquel bien que por esencia se le debe a la criatura racional y en algunos casos a la persona moral, de manera incondicional.\u201d2 <\/p>\n
En lo que hace al contenido esencial del derecho de petici\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha tenido la ocasi\u00f3n, a lo largo de sus m\u00faltiples y reiteradas providencias a este respecto, de se\u00f1alar que el mismo estriba en la certidumbre \u201cde que, independientemente de lo que se solicita, se habr\u00e1 de obtener una respuesta oportuna y de fondo\u201d (Cfr. Sentencia T 021 de 1998 MP Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo, subrayas fuera de texto)3. La garant\u00eda constitucional del art\u00edculo 23 no se satisface simplemente al obtener una respuesta de las autoridades, sino una resoluci\u00f3n de lo solicitado. <\/p>\n
Con respuestas como las que di\u00f3 el juez de instancia al evacuar las tutelas, queda diluida la finalidad de la norma constitucional que es la de la pronta, concreta y pertinente resoluci\u00f3n de lo pedido. Esperar a que la entidad responda el motivo de su demora, o las razones de su negligencia, es burlar los intereses de quienes esperan de la Administraci\u00f3n una respuesta a sus particulares inquietudes. <\/p>\n
As\u00ed lo ha se\u00f1alado la Corte cuando ha dispuesto: <\/p>\n
\u201cEl derecho a una pronta resoluci\u00f3n no se reduce al simple deber estatal de dar contestaci\u00f3n. La respuesta de la administraci\u00f3n debe ser coherente y referirse al fondo de la materia sometida a an\u00e1lisis por parte de los interesados. No se har\u00eda efectiva la facultad de suscitar la intervenci\u00f3n oficial en un asunto de inter\u00e9s general o particular, si bastara a la administraci\u00f3n esgrimir cualquier raz\u00f3n o circunstancia para dar por respondida la petici\u00f3n\u201d. (T- 125 M. P. Dr. Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz). <\/p>\n
Por lo anterior, se confirmar\u00e1n las decisiones de instancia, en cuanto concedieron las tutelas amparando el derecho de petici\u00f3n. Pero se corregir\u00e1 el contenido de las ordenes emitidas, y se ordenar\u00e1 a la demandada responder de fondo y concretamente a las solicitudes que sobre ascenso en el escalaf\u00f3n docente formular\u00e1n los accionantes. <\/p>\n
<\/p>\n
I. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en las consideraciones anteriores, la Sala Novena de Revisi\u00f3n, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero. CONFIRMAR las decisiones proferidas por el juzgado Primero Laboral del Circuito de Monter\u00eda, en Junio cuatro (4) de 1998, en los expedientes T-172711, T-172712, T-172713, T-172715, T-172716, T-172717, T-172718, T-172719, T-172737, T-172738, T-172739, T-172740, T-172741, T-172742, T-172743, T-172744, T-172745, T-172746, T-172747, T-172748, T-172749, T-172750, T-172751, T-172752, T-172753, T-173570, T-173571, T-173572, T-173835, T-173837, T-173838, T-173839, T-174489, T-174490, T-174504, T-174505, T-174507, T-174508, T-174509, T-174510, T-174511, T-174512, T-174515, T-174938, T-174939, T-174940, T-174941, T-174942, T-174943, T-174962, T-174963, T-174964, T-174965, T-174966, T-174967, T-174968, T-174969, T-174970, T-174971, T-174972, T-174973, en tanto concedi\u00f3 a los tutelantes el derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
Segundo. CORREGIR el contenido de las ordenes emitidas en dichas providencias y en consecuencia, dentro del t\u00e9rmino de cinco (5 ) d\u00edas h\u00e1biles contados a partir de esta decisi\u00f3n, la Junta Seccional de Escalaf\u00f3n Docente, ante el Departamento de C\u00f3rdoba deber\u00e1 responder de fondo y concretamente, las solicitudes elevadas por los actores, relativas a sus ascensos en el escalaf\u00f3n nacional docente. <\/p>\n
Tercero. Por secretar\u00eda l\u00edbrese la comunicaci\u00f3n de que trata el articulo 36 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, publ\u00edquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c\u00famplase. <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALFREDO BELTR\u00c1N SIERRA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA S\u00c1CHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
1 Cfr. Sentencias 011 de 1981 y 037 de 1987 del Tribunal Constitucional Espa\u00f1ol, donde se intenta establecer un concepto al respecto. <\/p>\n
2 Sentencia No. T-426\/92, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz. <\/p>\n
3 Sobre el tema consultar la muy completa monograf\u00eda jur\u00eddica \u201cEl derecho de Petici\u00f3n\u201d del profesor espa\u00f1ol Baromeu Colom Pastor, Editado por Marcial Pons y la Universitat de les Illes Balears, Madrid, 1997, p. 65 y siguientes. En cuanto a jurisprudencia constitucional ver, entre otros fallos, las sentencias T-244 de 1993 MP Hernando Herrera Vergara, T-279 de 1994 MP Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz, T-532 de 1994 MP Jorge Arango Mej\u00eda, T-042 de 1997 MP Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz, T-044 de 1997 MP Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz, T-304 de 1997, T-021 de 1998 MP Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo. <\/p>\n
<\/p>\n
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