T-529-98<\/p>\n
Sentencia T-529\/98 <\/p>\n
DERECHO DE PETICION FRENTE AL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO-Deber de resolver la solicitud <\/p>\n
Se desconoci\u00f3 la doctrina reiterada por esta Corporaci\u00f3n desde 1993 en donde se ha sostenido que la configuraci\u00f3n del silencio administrativo no remedia la violaci\u00f3n del derecho fundamental del petente a “obtener pronta resoluci\u00f3n”, antes bien, s\u00f3lo hace inobjetable la afirmaci\u00f3n de que tal violaci\u00f3n existe, y el deber del juez de tutela en esos casos es proferir la orden para que la autoridad morosa resuelva sobre el fondo de la petici\u00f3n desatendida en un plazo perentorio. <\/p>\n
DERECHO DE PETICION-Pronta resoluci\u00f3n <\/p>\n
Reiteraci\u00f3n de Jurisprudencia <\/p>\n
Referencia: Expediente T-179462 <\/p>\n
Acci\u00f3n de tutela instaurada por Segundo Jos\u00e9 Bueno Escobar contra el Instituto de Seguros Sociales . <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL. <\/p>\n
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C., a los veintinueve (29) d\u00edas del mes de septiembre de mil novecientos noventa y ocho(1998). <\/p>\n
Mediante resoluci\u00f3n 01495 de 1997 se le concedi\u00f3 al se\u00f1or Segundo Jos\u00e9 Bueno Escobar indemnizaci\u00f3n sustitutiva, por no haber obtenido el derecho a la pensi\u00f3n de vejez. Desde el 15 de abril de 1997, interpuso contra dicha resoluci\u00f3n los recursos de ley, sin que hasta la fecha se hubiese resuelto en alg\u00fan sentido. Considera vulnerado su derecho de petici\u00f3n. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, niega la tutela tras considerar que frente al silencio administrativo de la Administraci\u00f3n, el actor tiene la v\u00eda jurisdiccional para el reclamo de sus pretensiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL <\/p>\n
El silencio administrativo negativo no subsana violaci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
La presente tutela revocar\u00e1 la decisi\u00f3n de instancia, en tanto desconoci\u00f3 la doctrina reiterada por esta Corporaci\u00f3n desde 1993 en donde se ha sostenido que la configuraci\u00f3n del silencio administrativo no remedia la violaci\u00f3n del derecho fundamental del petente a \u201cobtener pronta resoluci\u00f3n\u201d(Art. 23 C. P.), antes bien, s\u00f3lo hace inobjetable la afirmaci\u00f3n de que tal violaci\u00f3n existe, y el deber del juez de tutela en esos casos es proferir la orden para que la autoridad morosa resuelva sobre el fondo de la petici\u00f3n desatendida en un plazo perentorio\u201d(T-188 de 1997 ). <\/p>\n
En Sentencia T-242 de 19931, dijo la Corte: <\/p>\n
\u201cDe acuerdo con lo atr\u00e1s expuesto, no se debe confundir el derecho de petici\u00f3n -cuyo n\u00facleo esencial radica en la posibilidad de acudir ante la autoridad y en obtener pronta resoluci\u00f3n- con el contenido de lo que se pide, es decir con la materia de la petici\u00f3n. La falta de respuesta o la resoluci\u00f3n tard\u00eda son formas de violaci\u00f3n de aquel y son susceptibles de la actuaci\u00f3n protectora del juez mediante el uso de la acci\u00f3n de tutela, pues en tales casos se conculca un derecho constitucional fundamental. En cambio, lo que se debate ante la jurisdicci\u00f3n cuando se acusa el acto, expreso o presunto, proferido por la administraci\u00f3n, alude al fondo de lo pedido, de manera independiente del derecho de petici\u00f3n como tal. All\u00ed se discute la legalidad de la actuaci\u00f3n administrativa o del acto correspondiente, de acuerdo con las normas a las que estaba sometida la administraci\u00f3n, es decir que no est\u00e1 en juego el derecho fundamental de que se trata sino otros derechos, para cuya defensa existen las v\u00edas judiciales contempladas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo y, por tanto, respecto de ella no cabe la acci\u00f3n de tutela salvo la hip\u00f3tesis del perjuicio irremediable (art\u00edculo 86 C.N.). <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, no es admisible la tesis seg\u00fan la cual el silencio administrativo negativo constituye un medio de defensa judicial por cuya presencia se haga improcedente la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
\u201cComo se ha subrayado, se trata de un mecanismo para que la persona pueda accionar judicialmente. De no ser por la presunci\u00f3n establecida en la ley, ella tendr\u00eda que esperar a que se produjera el acto expreso por el cual se negara o atendiera su petici\u00f3n para que la respectiva acci\u00f3n tuviera objeto. La figura en comento remueve este obst\u00e1culo y facilita la demanda, ya no contra el acto manifiesto y determinado de la administraci\u00f3n -que precisamente no se ha producido en raz\u00f3n de la omisi\u00f3n mediante la cual se quebranta el derecho del peticionario-, sino contra el acto que la ley presume. Se impide as\u00ed que el interesado quede exp\u00f3sito -en lo que ata\u00f1e al contenido de la decisi\u00f3n que busca obtener de la autoridad-, y que deba aguardar indefinidamente la expedici\u00f3n de un acto susceptible de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cLa posibilidad as\u00ed lograda de ejercer una acci\u00f3n judicial no significa que el derecho fundamental de petici\u00f3n haya dejado de ser vulnerado, ni que pierda relevancia jur\u00eddica tal vulneraci\u00f3n, ni tampoco que se haga in\u00fatil o innecesaria la tutela como garant\u00eda constitucional respecto de aquel, sino precisamente lo contrario: el sistema jur\u00eddico, ante la negligencia administrativa que dio lugar a la violaci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n, ha tenido que presumir la respuesta para fines procesales referentes a la materia de lo pedido. <\/p>\n
\u201cEn este orden de ideas, el silencio administrativo es un presupuesto para someter a la jurisdicci\u00f3n la contienda sobre dicha materia -que es el asunto litigioso objeto de la acci\u00f3n contenciosa- pero no un medio de defensa judicial del derecho de petici\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 86 de la Carta. <\/p>\n
\u201cEn el campo del asunto que principalmente importa a los fines de este proceso, el silencio administrativo es la mejor demostraci\u00f3n de que se ha conculcado el derecho de petici\u00f3n y el fundamento m\u00e1s claro para proceder a su tutela”. <\/p>\n
As\u00ed se proceder\u00e1 en el presente caso a tutelar el derecho de petici\u00f3n, cuya prueba fehaciente de su vulneraci\u00f3n, como lo ha dicho la jurisprudencia es la ocurrencia del silencio administrativo negativo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero. REVOCAR el fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal de Cali. <\/p>\n
Segundo. CONC\u00c9DESE la tutela impetrada por Segundo Jos\u00e9 Bueno Escobar. El Instituto de Seguros Sociales deber\u00e1, si no lo ha hecho ya, responder dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho horas (48 ) siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente sentencia, los recursos interpuestos contra la resoluci\u00f3n 01495 de 1997. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, publ\u00edquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c\u00famplase. <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado Ponente Magistrado <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ MARTHA VICTORIA S\u00c1CHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Magistrado Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
1 Reiterado en sentencias recientes T-369, T-294 y T-663 de 1997, y T-011, T-021 y T-291 de 1998. <\/p>\n
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