T-581-98<\/p>\n
Sentencia T-581\/98 <\/p>\n
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-Deber de afiliaci\u00f3n\/DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE DOCENTES-Afiliaci\u00f3n a seguridad social <\/p>\n
Reiteraci\u00f3n de Jurisprudencia <\/p>\n
Referencia: Expediente T-176489 <\/p>\n
Peticionario: Mar\u00eda Elena Bogot\u00e1 Prieto <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL. <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., octubre catorce (14) de mil novecientos noventa y ocho (1998) <\/p>\n
Se\u00f1ala la demandante, que desde el momento de su vinculaci\u00f3n como docente en el Municipio del Soacha (Cund.) la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n y la Administraci\u00f3n municipal, han transgredido las normas que garantizan la igualdad y seguridad social de los docentes, por cuanto no ha sido afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. El Juzgado Primero Civil Municipal del Soacha mediante sentencia de julio nueve de mil novecientos noventa y ocho reconoce que la accionante tiene derecho a ser afiliada al mencionado Fondo, pero manifiesta que no es la tutela la v\u00eda expedita para ello; en consecuencia la primera y \u00fanica instancia en este proceso, niega el amparo solicitado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE. <\/p>\n
Respecto a la afiliaci\u00f3n de los docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la sentencia de Unificaci\u00f3n SU-559 de 1997, analiz\u00f3 la situaci\u00f3n de dichos servidores en el marco de la ley 60 de 1993 y se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201cEl Decreto 196 de 1995 dispuso, reiterando lo expresado en el inciso 2 del art\u00edculo 6 de la Ley 60 de 1993, que todos los educadores de los entes territoriales deb\u00edan ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. <\/p>\n
\u201cDe las normas se\u00f1aladas se deduce que las relaciones laborales de los docentes estatales se gobiernan por un r\u00e9gimen m\u00ednimo general. Inicialmente, ese r\u00e9gimen no era aplicable a los educadores de las entidades territoriales, pero esta situaci\u00f3n fue modificada a partir de la Ley 60 de 1993. Ella estatuy\u00f3, entre otras cosas, que los docentes del orden territorial deb\u00edan ser tambi\u00e9n incorporados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tal como se ven\u00eda haciendo con los docentes nacionales y nacionalizados. <\/p>\n
De lo anterior se concluye que los docentes de los municipios de Mar\u00eda la Baja y Zambrano que son pagados con recursos propios de esos municipios tienen derecho a ser tratados en igualdad de condiciones respecto de los dem\u00e1s docentes, sin importar cu\u00e1l sea su fuente de financiaci\u00f3n. Ello significa que su no afiliaci\u00f3n al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio constituye una vulneraci\u00f3n al derecho de igualdad, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que la gran mayor\u00eda de los docentes que son financiados con recursos del situado fiscal ya han sido afiliados al Fondo, al igual que los docentes de un n\u00famero considerable de municipios\u201d.(T-SU 559 de 1997 M. P. Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz). <\/p>\n
Es esta la jurisprudencia llamada a reiterar en este caso, no obstante que reconoce la Sala los esfuerzos que se han llevado a cabo por parte de la Alcald\u00eda de Soacha para el logro de los intereses de la actora. Sin embargo, la vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad persiste en la medida en que existen docentes afiliados a dicho Fondo, con el consiguiente beneficio en la seguridad social que ello representa y que a la actora, por el contrario, la no afiliaci\u00f3n, le supone una desmejora en sus condiciones de vida. Por ello se ordenar\u00e1 al Alcalde de Soacha , que en el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas culmine los tr\u00e1mites para la afiliaci\u00f3n de la actora al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el nueve de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998) por el juzgado primero civil municipal de Soacha (Cund). <\/p>\n
Segundo. CONC\u00c9DESE la presente tutela, y en consecuencia, se ordena al Se\u00f1or Alcalde Municipal de Soacha (Cund.) que en el t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia, culmine los tramites necesarios para lograr la afiliaci\u00f3n de la actora al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. <\/p>\n
Tercero. L\u00cdBRENSE por Secretar\u00eda General de esta Corporaci\u00f3n, las comunicaciones de que trata el art\u00edculo 36 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
C\u00f3piese, comun\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c\u00famplase. <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado Ponente Magistrado <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ MARTHA VICTORIA S\u00c1CHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Magistrado Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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