T-653-98<\/p>\n
Sentencia T-653\/98 <\/p>\n
ACCION DE TUTELA-Carencia actual de objeto <\/p>\n
Referencia: Expediente T-166474 <\/p>\n
Peticionario: Clara Elvira Fl\u00f3rez de Ruiz <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., noviembre diez (10) de mil novecientos noventa y ocho (1998). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
La Sala Segunda de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ANTONIO BARRERA CARBONELL, EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ y CARLOS GAVIRIA DIAZ, revisa el proceso de tutela promovido por Clara Elvira Fl\u00f3rez de Ruiz, contra el Fondo de Pensiones de Empleados P\u00fablicos FOPEP, con fundamento en lo establecido en los art\u00edculos 86 inciso 2 y 241-9 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
1. Los hechos. <\/p>\n
Clara Elvira Fl\u00f3rez de Ruiz, en representaci\u00f3n de su esposo Armando Ruiz Serrano, interpuso acci\u00f3n de tutela para solicitar la protecci\u00f3n del derecho a la vida, que estima est\u00e1 siendo violado por el Fondo de Pensiones de Empleados P\u00fablicos FOPEP, con fundamento en los siguientes hechos: <\/p>\n
– Armando Ruiz Serrano fue pensionado por FOPEP, mediante Resoluci\u00f3n 07187 del 24 de agosto de 1988, por haber sido empleado de la rama Jurisdiccional. <\/p>\n
– “El Fondo de Pensiones de Empleados P\u00fablicos FOPEP se ha negado a pagarme la pensi\u00f3n de mi esposo, desde el mes de febrero siendo su c\u00f3nyuge leg\u00edtima, argumentando que se requiere hacer un tr\u00e1mite de nombramiento de un tutor, para lo cual es necesario llevar a cabo un proceso, que no estoy en posibilidad de efectuar, en primer t\u00e9rmino porque no tengo los medios econ\u00f3micos y en segundo porque dichos tr\u00e1mites tienen mucha demora y esto agravar\u00eda a\u00fan mas la situaci\u00f3n que tienen al borde de la muerte a mi esposo”. <\/p>\n
2. Las pretensiones. <\/p>\n
La demandante solicita que se le ordene al Fondo de Pensiones de Empleados P\u00fablicos FOPEP, se le pague a ella, en su calidad de c\u00f3nyuge, la pensi\u00f3n de invalidez para poder atender las necesidades b\u00e1sicas de su esposo. <\/p>\n
II. ACTUACION PROCESAL. <\/p>\n
Unica instancia. <\/p>\n
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 -Sala de Familia- mediante sentencia del 27 de abril de 1998 resolvi\u00f3 negar la tutela, considerando que la entidad demandada no es la que efect\u00faa los pagos sino determinadas instituciones bancarias con la que el Fondo ha suscrito convenios. <\/p>\n
Estas entidades exigen adem\u00e1s de la prueba de supervivencia del pensionado, que se acredite mes a mes la autorizaci\u00f3n del titular a la persona que hace el cobro a su nombre, requisito que la accionante no ha cumplido. Todas estas exigencias del banco pagador consultan las reglas impuestas para prestar adecuadamente el servicio encomendado, y es deber del banco dejar la prueba pertinente, tanto de lo que ha pagado, como de que ese pago fue hecho al beneficiario. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE. <\/p>\n
1. Pruebas ordenadas por la Sala. <\/p>\n
La Sala, mediante auto del 21 de julio de l998, orden\u00f3 oficiar al Director del Fondo de Pensiones de Empleados P\u00fablicos FOPEP, para que informara a trav\u00e9s de cual entidad bancaria se le pagan las mesadas pensionales a Armando Ruiz Serrano, si existe alguna autorizaci\u00f3n para que persona diferente al pensionado pueda cobrarlas, y si se encuentra al d\u00eda en el pago de las mismas. <\/p>\n
Mediante oficio n\u00famero 021403 y de fecha 29 de julio del a\u00f1o en curso, el Gerente General del FOPEP, Jaime Villaveces Baham\u00f3n, inform\u00f3 que dicho consorcio cancel\u00f3 las mesadas pensionales al se\u00f1or Armando Ruiz Serrano, a trav\u00e9s del Banco Caja Agraria Sucursal Barrio Restrepo de esta ciudad. <\/p>\n
Anota dicho funcionario, que seg\u00fan informaci\u00f3n telef\u00f3nica y relaci\u00f3n de firmas suministrada por esa entidad, las mesadas pensionales del se\u00f1or Armando Ruiz Serrano, han sido cobradas mediante poder presentado por Clara Elvira de Ruiz, como se puede constatar en las planillas de pago que anexa. <\/p>\n
2. En el presente caso la Sala se encuentra frente a un hecho superado. <\/p>\n
Efectivamente, en la actualidad ya no se puede predicar vulneraci\u00f3n alguna de los derechos de la demandante, ya que la situaci\u00f3n que dio origen a la tutela ya se encuentra superada, porque las mesadas pensionales retenidas por la entidad bancaria ya fueron canceladas a la peticionaria, mediante la presentaci\u00f3n de poder para tal fin, raz\u00f3n por la cual carecer\u00eda de sentido conceder la tutela e impartir una orden para que se pagaran dichas sumas. <\/p>\n
En repetidas oportunidades la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela cuando el motivo o la causa de la vulneraci\u00f3n del derecho ya no existe, toda vez que, en estos casos, cualquier pronunciamiento que pudiera hacer el juez de tutela para remediar la situaci\u00f3n que afecta el derecho resultar\u00eda ineficaz. <\/p>\n
En tal virtud, lo reitera la jurisprudencia, sentada en la sentencia T-467\/961. <\/p>\n
Por lo anterior, la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 llamada a prosperar, en raz\u00f3n de que en la actualidad no existe vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno, que amerite una orden del juez tendiente a restablecer derechos constitucionales amenazados o vulnerados. En tal virtud, por la indicada raz\u00f3n habr\u00e1 de confirmarse el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 – Sala de Familia -, pero por las razones expuestas en esta providencia. <\/p>\n
IV. DECISION. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 – Sala de Familia – el 27 de abril de 1998. <\/p>\n
Segundo. LIBRENSE, por la Secretar\u00eda General de esta Corporaci\u00f3n, las comunicaciones de que trata el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos all\u00ed contemplados. <\/p>\n
C\u00f3piese, comun\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c\u00famplase. <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
1 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. <\/p>\n
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