T-700-98<\/p>\n
Sentencia T-700\/98 <\/p>\n
DERECHO DE PETICION-Pronta resoluci\u00f3n <\/p>\n
La Corte Constitucional ha manifestado en varias oportunidades, que el derecho de petici\u00f3n es un mecanismo de participaci\u00f3n que otorga la Constituci\u00f3n a las personas para que puedan dirigirse a las autoridades p\u00fablicas, ya sea en inter\u00e9s particular o en inter\u00e9s general, y obtener una contestaci\u00f3n razonable y coherente. Cuando la autoridad administrativa deja transcurrir el t\u00e9rmino legal, sin adoptar una decisi\u00f3n de fondo o informar de manera precisa y clara el tr\u00e1mite impartido a la solicitud, incurre en una flagrante vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n, toda vez que la respuesta, adem\u00e1s de pronta y sustancial, debe ser puesta en conocimiento del peticionario sin que el volumen de trabajo, el orden de las solicitudes o la escasez de personal excusen a la administraci\u00f3n del cumplimiento de su deber ineludible. <\/p>\n
Reiteraci\u00f3n de Jurisprudencia <\/p>\n
Referencia: Expediente T-176580 <\/p>\n
Acci\u00f3n de tutela instaurada contra el Instituto de Seguros Sociales. <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL. <\/p>\n
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C., a los veintitr\u00e9s (23) d\u00edas del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho(1998). <\/p>\n
La accionante, Rosa Mart\u00ednez Torres, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, present\u00f3 ante el ISS, Seccional Atl\u00e1ntico, solicitud de pensi\u00f3n de sobrevivientes sin que hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela haya obtenido respuesta alguna. La entidad accionada inform\u00f3 al juez de instancia que el Departamento de Atenci\u00f3n al Pensionado defini\u00f3 la solicitud prestacional para el mes de julio del a\u00f1o en curso, la cual se encuentra en tr\u00e1mite de perfeccionamiento. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 el ISS, que es preciso tener en cuenta el volumen de solicitudes presentadas, y el t\u00e9rmino que fija la ley 100 de 1993 para decidir acerca de las solicitudes de vejez invalidez y sobrevivientes que es m\u00ednimo de 4 meses. El juez de instancia niega la tutela con iguales argumentos a los presentados por la Seccional del ISS en la ciudad de Barranquilla. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
La Corte Constitucional ha manifestado en varias oportunidades,1 que el derecho de petici\u00f3n es un mecanismo de participaci\u00f3n que otorga la Constituci\u00f3n a las personas para que puedan dirigirse a las autoridades p\u00fablicas, ya sea en inter\u00e9s particular o en inter\u00e9s general, y obtener una contestaci\u00f3n razonable y coherente.2 <\/p>\n
Cuando la autoridad administrativa deja transcurrir el t\u00e9rmino legal, sin adoptar una decisi\u00f3n de fondo o informar de manera precisa y clara el tr\u00e1mite impartido a la solicitud, incurre en una flagrante vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n, toda vez que la respuesta, adem\u00e1s de pronta y sustancial, debe ser puesta en conocimiento del peticionario sin que el volumen de trabajo, el orden de las solicitudes o la escasez de personal excusen a la administraci\u00f3n del cumplimiento de su deber ineludible. <\/p>\n
Se observa en el expediente que la entidad no ha respondido la solicitud de la actora respecto a su pensi\u00f3n de sobreviviente y por las consideraciones que anteceden, se concede la acci\u00f3n de tutela para ordenar que se profiera la respuesta faltante. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, Administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla. <\/p>\n
Segundo. CONCEDER la tutela del derecho fundamental de petici\u00f3n. En consecuencia, se ordena al Gerente de Pensiones, Seguro Social, Atl\u00e1ntico, si a\u00fan no lo ha hecho, resolver la petici\u00f3n presentada por la actora dentro del t\u00e9rmino de 48 horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia. <\/p>\n
Tercero. L\u00cdBRESE las comunicaciones de que trata el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos all\u00ed contemplados. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, c\u00famplase e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional. <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONEL EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado Ponente Magistrado <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ MARTHA VICTORIA S\u00c1CHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Magistrado Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
1 Cfr. sentencias T-495 de 1992; T-10, T-267, T-476 de 1993; T-137, T-279 de 1994; T-204 de 199,T-389,T- 304, T-370, T-392 , T-288, T-390; T-296, T-360, T-368 y T-392 de 1997 <\/p>\n
2 Cfr. sentencia T-365 de 1997.M.P. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo. <\/p>\n
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