T-704-98<\/p>\n
Sentencia T-704\/98 <\/p>\n
ACCION DE TUTELA-Improcedencia cuando no se ha vulnerado derecho fundamental alguno <\/p>\n
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Legalidad de la liquidaci\u00f3n de impuesto <\/p>\n
PROCESO DE JURISDICCION COACTIVA-Cobro de deudas fiscales <\/p>\n
Acci\u00f3n de tutela contra la Tesorer\u00eda del Municipio de Dibulla (Guajira), por una presunta violaci\u00f3n del derecho al debido proceso administrativo. <\/p>\n
Tema: <\/p>\n
Improcedencia de la tutela cuando no se ha vulnerado derecho fundamental alguno. <\/p>\n
Actor: Corporaci\u00f3n El\u00e9ctrica de la Costa Atl\u00e1ntica -CORELCA- <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998). <\/p>\n
La Sala Cuarta de Revisi\u00f3n de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo, Hernando Herrera Vergara y Carlos Gaviria D\u00edaz, \u00e9ste \u00faltimo en calidad de ponente, <\/p>\n
EN NOMBRE DEL PUEBLO <\/p>\n
Y <\/p>\n
POR MANDATO DE LA CONSTITUCI\u00d3N, <\/p>\n
procede a revisar los fallos proferidos por la Sala de Decisi\u00f3n Civil y de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha y la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia en el tr\u00e1mite del proceso radicado bajo el n\u00famero T-175.570. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Hechos. <\/p>\n
El Secretario de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico Municipal de Dibulla (Guajira), por medio de la Resoluci\u00f3n No. 001 de mayo 15 de 1997 liquid\u00f3 el impuesto de industria y comercio que la Corporaci\u00f3n El\u00e9ctrica de la Costa Atl\u00e1ntica (CORELCA), debe pagar al mencionado municipio; esta \u00faltima entidad se neg\u00f3 a pagar la suma reclamada y promovi\u00f3 una acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de dicho acto, que fue admitida el 30 de abril de 1998 por el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira. <\/p>\n
Entre tanto, la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico Municipal de Dibulla hab\u00eda iniciado un proceso de jurisdicci\u00f3n coactiva, dentro del cual orden\u00f3, como medida preventiva, el embargo de la suma de cuatrocientos millones de pesos ($400’000.000.oo) propiedad de CORELCA. <\/p>\n
Una vez admitida la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la apoderada de CORELCA solicit\u00f3 el desembargo de la suma mencionada. <\/p>\n
2. Solicitud de tutela. <\/p>\n
El 20 de mayo de 1998, CORELCA solicit\u00f3 amparo judicial para su derecho al debido proceso, alegando que \u00e9ste hab\u00eda sido violado porque el Secretario de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico de Dibulla no hab\u00eda resuelto la solicitud de desembargo. <\/p>\n
3. Fallos de instancia. <\/p>\n
El 4 de junio de 1998, la Sala de Decisi\u00f3n Civil-Familia del Tribunal Superior de Riohacha resolvi\u00f3 denegar la tutela, pues verific\u00f3 que, en contra de lo afirmado por CORELCA, la autoridad demandada s\u00ed hab\u00eda resuelto la petici\u00f3n. <\/p>\n
Esa sentencia de primera instancia fue impugnada en el t\u00e9rmino legal; la entidad actora adujo que si bien la solicitud de desembargo fue resuelta, las normas sustantivas en las que se bas\u00f3 la autoridad demandada para liquidar el impuesto no le eran aplicables, y el proceso de jurisdicci\u00f3n coactiva ven\u00eda siendo rituado por una v\u00eda distinta a la prevista en la ley vigente. <\/p>\n
Resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia el 14 de julio de 1998; consider\u00f3 esa Corporaci\u00f3n que la legalidad de la actuaci\u00f3n administrativa de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico de Dibulla deb\u00eda ser juzgada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por CORELCA en su contra, por lo que no proced\u00eda un pronunciamiento sobre el asunto por v\u00eda de tutela; adem\u00e1s, juzg\u00f3 que la v\u00eda procesal escogida por la autoridad demandada para adelantar el cobro coactivo era la prevista en la ley para el recaudo de los impuestos municipales, y preferirla no constituy\u00f3 una v\u00eda de hecho, porque la regulaci\u00f3n alterna es la que debe rituarse para el cobro de impuestos nacionales que administran los municipios. En consecuencia, confirm\u00f3 el fallo recurrido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Competencia. <\/p>\n
La Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de instancia proferidos en el tramite de este proceso, de acuerdo con los art\u00edculos 86 y 241 de la Carta Pol\u00edtica; corresponde a la Sala Cuarta de Revisi\u00f3n de Tutelas adoptar el fallo respectivo, seg\u00fan el reglamento interno y el auto de la Sala de Selecci\u00f3n N\u00famero Ocho del 26 de agosto de 1998. <\/p>\n
2. Breve consideraci\u00f3n de las razones para confirmar las decisiones bajo revisi\u00f3n. <\/p>\n
Esta Sala de revisi\u00f3n confirmar\u00e1 los fallos de instancia por las razones siguientes: <\/p>\n
El motivo inicialmente aducido por CORELCA, la omisi\u00f3n imputada a la Secretar\u00eda de Hacienda del municipio de Dibulla no existi\u00f3, pues obra a folios 194 y 195 del expediente de tutela el auto por medio del cual se resolvi\u00f3 negar el levantamiento de la medida cautelar. <\/p>\n
Sobre la legalidad de la liquidaci\u00f3n del impuesto de industria y comercio, se debe pronunciar el Tribunal Administrativo de la Guajira, en el proceso que all\u00ed se inici\u00f3 con la admisi\u00f3n de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de dicho acto administrativo (30 de abril de 1998), tal como consta a folios 27 a 30 del expediente de tutela. <\/p>\n
Respecto de la v\u00eda procesal rituada por la Secretar\u00eda de Hacienda demandada, esta Sala debe se\u00f1alar que no encuentra que se haya incurrido en una v\u00eda de hecho, pues de acuerdo con el C\u00f3digo de Procedimiento Civil (art\u00edculos 561 y siguientes), y la sentencia T-445 de 19941, la autoridad demandada es competente para adelantar el cobro de deudas fiscales como la que pretende hacer efectiva en este caso, a trav\u00e9s de las actuaciones administrativas conocidas como jurisdicci\u00f3n coactiva; y el art\u00edculo 66 de la Ley 383 de 1987, aducido por CORELCA, expresamente limita la exigencia de que los municipios y distritos se atengan a los procedimientos establecidos en el estatuto tributario, cuando se trate de impuestos del orden nacional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de la breve consideraci\u00f3n que antecede, la Sala Cuarta de Revisi\u00f3n de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia el 14 de julio de 1998, que a su vez confirm\u00f3 el fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha (4 de junio de 1998), por medio del cual se deneg\u00f3 la tutela solicitada por Corelca en contra de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico Municipal de Dibulla (Guajira). <\/p>\n
Segundo. COMUNICAR esta providencia al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha para los fines previstos en el art\u00edculo 36 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Comun\u00edquese, notif\u00edquese, c\u00famplase e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional. <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
HERNANDO HERRERA VERGARA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA S\u00c1CHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
1 M.P. Alejandro Mart\u00ednez Caballero. <\/p>\n
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