{"id":425,"date":"2024-05-30T15:35:43","date_gmt":"2024-05-30T15:35:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/2024\/05\/30\/c-535-93\/"},"modified":"2024-05-30T15:35:43","modified_gmt":"2024-05-30T15:35:43","slug":"c-535-93","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/c-535-93\/","title":{"rendered":"C 535 93"},"content":{"rendered":"<p>C-535-93<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; Sentencia No. C-535\/93 &nbsp;<\/p>\n<p>COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL &nbsp;<\/p>\n<p>REF. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Expediente No. D-306 &nbsp;<\/p>\n<p>Acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 7o. (parcial) de la Ley 25 de 1992. &nbsp;<\/p>\n<p>Competencias judiciales en materia del Divorcio y Nulidad del Matrimonio.&nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>Actor: &nbsp;<\/p>\n<p>FABIO AUGUSTO ROJAS BELTRAN &nbsp;<\/p>\n<p>Magistrado Ponente: &nbsp;<\/p>\n<p>Dr. FABIO MORON DIAZ &nbsp;<\/p>\n<p>Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., noviembre once (11) de mil novecientos noventa y tres (1993). &nbsp;<\/p>\n<p>I. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ANTECEDENTES &nbsp;<\/p>\n<p>El ciudadano FABIO AUGUSTO ROJAS BELTRAN, en ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de inexequibilidad que establece el art\u00edculo 242 de la Constituci\u00f3n Nacional, present\u00f3 ante la Corte Constitucional la demanda de la referencia, contra una expresi\u00f3n del art\u00edculo 7o. de la Ley 25 de 1992. &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>Admitida la demanda se orden\u00f3 practicar las comunicaciones de rigor constitucional y legal, se fij\u00f3 en lista el negocio por la Secretar\u00eda General de la Corte y simult\u00e1neamente se di\u00f3 traslado &nbsp;al &nbsp;Despacho del se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n, quien rindi\u00f3 el concepto de su competencia.&nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>Una vez cumplidos todos los tr\u00e1mites previstos en el art\u00edculo 242 de la Constituci\u00f3n Nacional y en el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda presentada. &nbsp;<\/p>\n<p>II. &nbsp;EL TEXTO DE LA NORMA ACUSADA. &nbsp;<\/p>\n<p>A continuaci\u00f3n, se transcriben el art\u00edculo 7o. &nbsp;de la Ley 25 de 1992: &nbsp;<\/p>\n<p>&#8220;LEY &nbsp;25 DE 1992 &nbsp;<\/p>\n<p>(Diciembre 17) &nbsp;<\/p>\n<p>&#8220;Por la cual &nbsp; &nbsp;se desarrollan los incisos 9o., 10., 11., 12 y 13 del art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica&#8221; &nbsp;<\/p>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. &nbsp;<\/p>\n<p>&#8220;Art\u00edculo 7o.- &nbsp;El par\u00e1grafo 1o. del art\u00edculo 427 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil se adicionar\u00e1 con el siguiente numeral: &nbsp;<\/p>\n<p>6o. &nbsp;La cesaci\u00f3n de los efectos civiles de los matrimonios religiosos. &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>El literal b) del art\u00edculo 5o. del Decreto 2272 de 1989 quedar\u00e1 asi: &nbsp;<\/p>\n<p>b) Del divorcio, cesaci\u00f3n de efectos civiles y separaci\u00f3n de cuerpos, de mutuo acuerdo. &nbsp;<\/p>\n<p>El numeral primero del art\u00edculo 5o. del Decreto 2272 de 1989 quedar\u00e1 as\u00ed:&nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>De la nulidad y divorcio del matrimonio civil y de la cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio religioso&#8221;.&nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>( Lo subrayado es lo demandado) &nbsp;<\/p>\n<p>III. &nbsp; LA DEMANDA &nbsp;<\/p>\n<p>A. &nbsp;Norma Constitucional que se Considera Infringida. &nbsp;<\/p>\n<p>El actor considera que la disposici\u00f3n acusada vulnera el art\u00edculo 13 de la Carta Pol\u00edtica de 1991.&nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>B. &nbsp; Los Fundamentos de la Demanda. &nbsp;<\/p>\n<p>Se\u00f1ala el demandante que la expresi\u00f3n acusada es inconstitucional en cuanto dispone que el divorcio contencioso se adelante \u00fanicamente para el matrimonio civil, lo cual impide a los esposos que se encuentren en conflicto que acudan a este tr\u00e1mite; dicha diferencia establecida legalmente se\u00f1ala una modalidad de discriminaci\u00f3n por razones religiosas. &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>IV &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; El Concepto Fiscal &nbsp;<\/p>\n<p>En la oportunidad correspondiente, el Se\u00f1or procurador General de la Naci\u00f3n rindi\u00f3 el concepto de su competencia y en \u00e9l solicita a esta Corporaci\u00f3n que declare que la expresion &#8220;&#8230;del matrimonio..&#8221; es exequible, mientras que la expresi\u00f3n &#8220;&#8230;civil..&#8221; es inexequible puesto que ella no encuentra conformidad alguna con los postulados de la nueva Carta Fundamental. Adem\u00e1s, el Se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n observa que al respecto de las expresiones acusadas, esta corporaci\u00f3n adelanta su juicio de constitucionalidad en el proceso n\u00famero D-252 y que en el ya manifest\u00f3 su concepto solicitando el mismo pronunciamiento de la Corte. Manifiesta que en esta oportunidad transcribe los argumentos presentados en el concepto de rigor que hubo de presentar para el mencionado proceso; empero, agrega que la interpretaci\u00f3n de la voluntad del Constituyente para estas materias ha de estar orientada por una especie de racionalidad marcadamente secular correspondiente a las nuevas tendencias de fundaci\u00f3n del Estado Moderno. La nueva Carta Constitucional regula el tratamiento jur\u00eddico del matrimonio, que admite la coexistencia de las concepciones del Estado y las de las diferentes confesiones, ya que reconoce la presencia de unos v\u00ednculos civiles y de otros sacramentales. Manifiesta que nuestro pluralismo es una especie de dualismo ampliado y radicalizado, pero en cuanto se refiere al matrimonio esta instituci\u00f3n corresponde a una especie de dualismo moderado en el que predomina el punto de vista interno del Estado sobre el punto de vista interno de las confesiones, incluso la Iglesia Cat\u00f3lica&nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>V. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; La Intervenci\u00f3n Oficial. &nbsp;<\/p>\n<p>Dentro de la oportunidad correspondiente, RAUL ALEJANDRO CRIALES MARTINEZ, obrando en nombre y en representaci\u00f3n del Ministro de justicia, se hizo presente ante la Corte mediante escrito formalmente depositado para defender la exequibilidad de la expresi\u00f3n acusada. Los fundamentos de su argumentaci\u00f3n se resumen enseguida: &nbsp;<\/p>\n<p>La expresi\u00f3n acusada se expide bajo el entendido constitucional que indica que la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio religioso no es nada distinto del divorcio entendido como el proceso a trav\u00e9s del cual se dan por terminados los v\u00ednculos civiles generados por el pacto matrimonial, los que pueden ser disueltos por el Estado. En su opini\u00f3n, la voluntad del legislador es la de regular la figura del divorcio contemplada en la &nbsp;Constituci\u00f3n, estableciendo los l\u00edmites de la decisi\u00f3n judicial seg\u00fan sea la naturaleza del v\u00ednculo de que se trate, es decir, reconociendo los distintos efectos que los matrimonios religiosos puedan tener, y por consiguiente el \u00e1mbito de competencias de las iglesias en cuanto a la definici\u00f3n de los \u00faltimos. Sostiene que se legisl\u00f3 sobre el reconocimiento de los efectos civiles de los matrimonios religiosos y el fen\u00f3meno jur\u00eddico del divorcio &nbsp;proyecta sus efectos en dos planos n\u00edtidamente diferenciables, seg\u00fan el origen del matrimonio. Habr\u00e1 disoluci\u00f3n del v\u00ednculo trat\u00e1ndose de matrimonios derivados del rito civil y simple cesaci\u00f3n de los efectos civiles para los matrimonios religiosos. &nbsp;<\/p>\n<p>VI &nbsp; &nbsp;CONSIDERACIONES DE LA CORTE &nbsp;<\/p>\n<p>Primera.- &nbsp; La competencia y la cosa juzgada&nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>De conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 241 n\u00fam. 5 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y en atenci\u00f3n a lo definido por la jurisprudencia constitucional, corresponde a esta Corporaci\u00f3n el examen de la constitucionalidad de las disposiciones jur\u00eddicas que sean demandadas en su constitucionalidad por cualquier ciudadano. &nbsp;<\/p>\n<p>No obstante las consideraciones que preceden, encuentra la Corte Constitucional que el art\u00edculo 7o. de la &nbsp;Ley 25 de 1992, ya fue objeto de examen en esta Corte y sobre el recay\u00f3 sentencia de m\u00e9rito proferida por la Sala Plena dentro del proceso D-252 (Sentencia C-456 de octubre 13\/93), en el que fue Magistrado Ponente el Doctor Vladimiro Naranjo Mesa, mediante la cual se declar\u00f3 exequible la norma acusada. As\u00ed las cosas, como los efectos de la mencionada providencia son los de la cosa juzgada constitucional, debe la Corte en esta nueva oportunidad ordenar estarse a lo resuelto en el mencionado fallo. &nbsp;<\/p>\n<p>En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Constitucional actuando en nombre del Pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, &nbsp;<\/p>\n<p>R E S U E L V E: &nbsp;<\/p>\n<p>Estese a lo resuelto en la Sentencia C-456 de trece (13) de octubre de mil novecientos noventa y tres (1993), de la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n, proferida dentro del proceso D-252. &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>C\u00f3piese, publ\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y arch\u00edvese el expediente. &nbsp;<\/p>\n<p>HERNANDO HERRERA VERGARA &nbsp;<\/p>\n<p>Presidente &nbsp;<\/p>\n<p>JORGE ARANGO MEJIA &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ANTONIO BARRERA CARBONELL &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Magistrado &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Magistrado &nbsp;<\/p>\n<p>EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; CARLOS GAVIRIA DIAZ&nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Magistrado &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Magistrado &nbsp;<\/p>\n<p>JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO &nbsp;<\/p>\n<p>Magistrado &nbsp;<\/p>\n<p>ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; FABIO MORON DIAZ &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Magistrado &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Magistrado &nbsp;<\/p>\n<p>VLADIMIRO NARANJO MESA &nbsp;<\/p>\n<p>Magistrado &nbsp;<\/p>\n<p>MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Secretaria General &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>C-535-93 &nbsp; &nbsp; Sentencia No. C-535\/93 &nbsp; COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL &nbsp; REF. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Expediente No. D-306 &nbsp; Acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 7o. 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