C-085-99<\/p>\n
Sentencia C-085\/99 <\/p>\n
Referencia: Expediente D-2142 <\/p>\n
Acci\u00f3n de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 1o. (parcial) de la Ley 445 de 1998, “por la cual se establecen unos incrementos especiales a las mesadas y se dictan otras disposiciones”. <\/p>\n
Demandante: Eduardo Alfonso Dur\u00e1n Alvarez <\/p>\n
Magistrada Ponente (E): <\/p>\n
Dra. MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., febrero diecisiete (17) de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
Ante la Corte Constitucional ha acudido en ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad el ciudadano EDUARDO ALFONSO DURAN ALVAREZ en demanda del inciso primero (parcial) del art\u00edculo 1o. de la Ley 445 de 1998 \u201cpor la cual se establecen unos incrementos especiales a las mesadas y se dictan otras disposiciones\u201d. <\/p>\n
El Magistrado Sustanciador del proceso de la referencia, en el auto admisorio de la demanda, orden\u00f3 fijar en lista el negocio en la Secretar\u00eda General de la Corporaci\u00f3n, a fin de asegurar la intervenci\u00f3n ciudadana, y dispuso enviar copia de la demanda al se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n, para que rindiera el concepto de rigor. <\/p>\n
Una vez cumplidos los tr\u00e1mites y satisfechos los requisitos previstos tanto en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, como el Decreto 2067 de 1991, en relaci\u00f3n con los procesos de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir la demanda mencionada, previas las siguientes consideraciones. <\/p>\n
I. TRANSCRIPCION DE LA DISPOSICION ACUSADA <\/p>\n
Conforme a su publicaci\u00f3n en el Diario Oficial No. 43.324 del viernes 19 de junio de 1998, se transcribe el texto de la norma demandada, subray\u00e1ndose lo que constituye materia del ejercicio de la acci\u00f3n. <\/p>\n
“Art\u00edculo 1o. Las pensiones de jubilaci\u00f3n, invalidez, vejez y sobrevivientes del sector p\u00fablico del orden nacional, financiadas con recursos del presupuesto nacional, del Instituto de Seguros Sociales, as\u00ed como de los pensionados de las Fuerzas Militares y de la Polic\u00eda Nacional, conservando estos \u00faltimos su r\u00e9gimen especial, tendr\u00e1n tres (3) incrementos, los cuales se realizar\u00e1n el 1o. de enero de los a\u00f1os 1999, 2000 y 2001. Para el a\u00f1o de 1999 este Gobierno incluir\u00e1 en el presupuesto de dicho a\u00f1o, la partida correspondiente. <\/p>\n
(…)”. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA <\/p>\n
El actor formula acusaci\u00f3n contra el inciso primero del art\u00edculo 1o. de la Ley 445 de 1998 por quebrantar los art\u00edculos 2o., 13 y 150-19 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
A su juicio, dicho precepto discrimina injustificadamente un sector de pensionados al excluirlos del incremento decretado en favor de las pensiones del sector p\u00fablico del orden nacional financiadas con recursos del presupuesto nacional, las del Instituto de Seguros Sociales, de las Fuerzas Militares y la Polic\u00eda Nacional. As\u00ed, cuando el legislador decreta en la norma acusada el pago de unos incrementos a las pensiones all\u00ed enumeradas, desconoce la efectividad de los derechos constitucionales, como el de igualdad, puesto que deja por fuera de estos beneficios a los pensionados por jubilaci\u00f3n, invalidez, vejez y sobrevivientes del sector p\u00fablico del orden territorial y a los del sector privado. <\/p>\n
En consecuencia, estima que se legisl\u00f3 en favor de un grupo de pensionados, los del sector p\u00fablico del orden nacional, desconoci\u00e9ndose lo consagrado en el numeral 19, literales e) y f) del art\u00edculo 150 constitucional, pues este precepto consagra iguales garant\u00edas para todo el sector p\u00fablico. Esta atribuci\u00f3n conferida al legislador, tiene la finalidad de darle un mismo tratamiento a los servidores de todos los niveles de la administraci\u00f3n p\u00fablica. <\/p>\n
III. INTERVENCIONES <\/p>\n
Dentro del t\u00e9rmino de fijaci\u00f3n en lista, se presentaron las siguientes intervenciones: <\/p>\n
En primer lugar, el doctor Juan Pablo C\u00e1rdenas, obrando en nombre propio y en representaci\u00f3n del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, present\u00f3 escrito justificando la constitucionalidad del inciso primero del art\u00edculo 1o. de la Ley 445 de 1998. <\/p>\n
Se\u00f1ala el interviniente, que si bien es al legislador y al Gobierno a quienes corresponde fijar el r\u00e9gimen de prestaciones sociales de los servidores p\u00fablicos del nivel territorial, dicha determinaci\u00f3n no debe hacerse de una manera unilateral, sin tener en cuenta la capacidad real de las mismas para asumir los costos correspondientes. Adem\u00e1s, el costo del incremento no pod\u00eda ser asumido por el Presupuesto General de la Naci\u00f3n, pues ello significar\u00eda un esfuerzo desproporcionado para el mismo, especialmente teniendo en cuenta la cr\u00edtica situaci\u00f3n de las finanzas p\u00fablicas. De este modo, la distinci\u00f3n consagrada por la Ley 445 de 1998 se justifica a la luz de la Carta, en la medida en que se funda en los art\u00edculos 48 y 334 del Estatuto Fundamental y es proporcionada pues busca evitar colocar una carga desproporcionada sobre la actividad econ\u00f3mica. <\/p>\n
Finalmente, indica que en cuanto a la presunta violaci\u00f3n del art\u00edculo 150 numeral 19 de la Carta, la norma acusada no establece que las prestaciones sociales de los diversos servidores p\u00fablicos deben ser id\u00e9nticas. Es el legislador quien dentro del marco de los principios del Estado social de derecho debe fijar las reglas generales aplicables en esta materia. Por lo dem\u00e1s, concluye que las circunstancias propias de las entidades territoriales pueden justificar un tratamiento diferente al previsto para los servidores p\u00fablicos del nivel nacional. La distinci\u00f3n que establece el legislador puede adem\u00e1s, obedecer a la capacidad financiera de las entidades territoriales para pagar prestaciones adicionales. <\/p>\n
Por su parte, el Vicepresidente de la ANDI en calidad de ciudadano, present\u00f3 igualmente escrito con el objeto de justificar la exequibilidad del precepto acusado. Para ello, acompa\u00f1a copia del documento aportado por la misma entidad dentro del proceso D-2124, donde se acusa dicha disposici\u00f3n por los mismos motivos. <\/p>\n
Por \u00faltimo, y en forma extempor\u00e1nea, fueron presentados dos escritos por parte del apoderado de la Federaci\u00f3n Nacional de Departamentos y la ciudadana Leonor Sanz Alvarez. <\/p>\n
IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO <\/p>\n
Mediante oficio de 22 de septiembre de 1998, el se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n rindi\u00f3 concepto dentro del t\u00e9rmino legal solicitando a esta Corporaci\u00f3n declarar la constitucionalidad del inciso primero del art\u00edculo primero de la Ley 445 de 1998. <\/p>\n
Se\u00f1ala el Jefe del Ministerio P\u00fablico que en relaci\u00f3n con los apartes impugnados del art\u00edculo 1o. de la Ley 445 de 1998, dicho despacho tuvo ocasi\u00f3n de expresar su opini\u00f3n dentro del proceso D-2124, raz\u00f3n por la cual “en esta oportunidad se expondr\u00e1n los mismos argumentos que condujeron al Despacho a solicitarle a esa H. Corporaci\u00f3n la declaratoria de constitucionalidad de los fragmentos censurados”. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL <\/p>\n
1. Competencia <\/p>\n
En virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 241, numeral 4o. de la Carta Pol\u00edtica, la Corte Constitucional es competente para decidir definitivamente en relaci\u00f3n con la demanda que en ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad se formul\u00f3 contra el inciso primero del art\u00edculo 1o. de la Ley 445 de 1998. <\/p>\n
2. Cosa Juzgada Constitucional <\/p>\n
En la sentencia No. C-067 del 10 de febrero de 1999, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvi\u00f3 : <\/p>\n
\u201cDeclarar EXEQUIBLE el inciso primero del art\u00edculo 1o. de la Ley 445 de 1998, en el entendido que los incrementos que all\u00ed se establecen para las pensiones de jubilaci\u00f3n, invalidez, vejez y sobrevivientes, financiadas con recursos del presupuesto nacional, comprenden tambi\u00e9n a las pensiones que hayan sido reconocidas por entidades del orden territorial, en el caso de acumulaci\u00f3n de tiempos de servicio en el sector oficial, a prorrata de la cuota parte que le corresponde a la Naci\u00f3n.\u201d <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n y de conformidad con el art\u00edculo 243 de la carta Pol\u00edtica, la norma demandada se encuentra amparada por una decisi\u00f3n que ha hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
En virtud de lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 6o. del Decreto 2067 de 1991, se ordenar\u00e1 en la parte resolutiva de esta providencia, estarse a lo resuelto en la sentencia C-548 de 1997. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n Nacional, <\/p>\n
VI. DECISION <\/p>\n
En raz\u00f3n a lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional obrando en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
R E S U E L V E : <\/p>\n
Estarse a lo resuelto en la Sentencia No. C-067 del 10 de febrero de 1999, que declar\u00f3 exequible el inciso primero del art\u00edculo 1o. de la Ley 445 de 1998, con la precisi\u00f3n se\u00f1alada en la parte resolutiva de dicha sentencia. <\/p>\n
C\u00f3piese, comun\u00edquese, notif\u00edquese, publ\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y arch\u00edvese el expediente. <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
ALFREDO BELTRAN SIERRA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ <\/p>\n
Magistrada (E) <\/p>\n
PABLO ENRIQUE LEAL RUIZ <\/p>\n
Secretario General (E) <\/p>\n
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