C-223-99 <\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL <\/p>\n
Referencia: Expediente D-2229 <\/p>\n
Demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 35 del decreto 546 de 1971 <\/p>\n
Demandante: Octavio Medina Ospina <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
En ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad, el ciudadano OCTAVIO MEDINA OSPINA, presenta demanda contra el art\u00edculo 35 del decreto 546 de 1971, por infringir el art\u00edculo 13 del Estatuto Superior. <\/p>\n
Cumplidos los tr\u00e1mites constitucionales y legales estatuidos para procesos de esta \u00edndole, procede la Corte a decidir. <\/p>\n
NORMA ACUSADA <\/p>\n
El texto demandado es el que se transcribe a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
“Decreto 546 de 1971 <\/p>\n
<\/p>\n
“Por el cual se establece el r\u00e9gimen de seguridad y protecci\u00f3n social de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, del Ministerio P\u00fablico y sus familiares.” <\/p>\n
(……..) <\/p>\n
“Art\u00edculo 35. Las prestaciones sociales consagradas en este decreto, o en otras disposiciones aplicables, son irrenunciables. Con excepci\u00f3n de la pensi\u00f3n de invalidez, que es inembargable, las dem\u00e1s, as\u00ed como los sueldos, s\u00f3lo podr\u00e1n serlo hasta por un cincuenta por ciento de su valor, siempre que sean en favor de cooperativas legalmente autorizadas, o para cubrir pensiones alimenticias que se deban de conformidad con las disposiciones civiles.\u201d <\/p>\n
LA DEMANDA <\/p>\n
Considera el demandante que el art\u00edculo transcrito viola el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n, “porque crea un privilegio a favor de los empleados y funcionarios de la Rama Jurisdiccional y el Ministerio P\u00fablico y hoy por interpretaci\u00f3n a favor de los de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y, por tanto, esa igualdad que predica el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Nacional queda sin vigencia para esta porci\u00f3n de la ciudadan\u00eda y de paso crea un nefasto antecedente para el buen nombre de la justicia, porque muchos funcionarios y empleados delos entes citados se escudan tras la norma que nos ocupa para burlar el cumplimiento de sus obligaciones civiles y llegan a insolventarse totalmente para dejar sin chance a sus acreedores los cuales no necesariamente son pudientes econ\u00f3micamente sino que creen que por tratarse de servidores de la justicia deben ser ejemplo de honestidad y resulta que no es as\u00ed, lo que constituye desde hace a\u00f1os un desprestigio para la administraci\u00f3n de justicia. En el campo pr\u00e1ctico esta actitud de algunos perjudica a otros a quienes se les niega cr\u00e9dito por la creencia de que a la hora de la exigibilidad de la obligaci\u00f3n acuden al privilegio de la inembargabilidad.” <\/p>\n
V. INTERVENCION DEL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. <\/p>\n
El Ministro de Justicia y del Derecho, actuando por medio de apoderado, solicita a la Corte declarar exequible el art\u00edculo 35 del decreto 546 de 1971, con estos argumentos: <\/p>\n
– El art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n al consagrar los principios m\u00ednimos que deben garantizarse a los trabajadores establece la irrenunciabilidad de los beneficios m\u00ednimos establecidos en las normas laborales. “La pensi\u00f3n de invalidez constituye un derecho patrimonial en cabeza del incapacitado, siendo adem\u00e1s irrenunciable e inembargable.” <\/p>\n
– El C\u00f3digo de Procedimiento Civil en el art\u00edculo 613 fija un l\u00edmite a los embargos y en el art\u00edculo 684 se\u00f1ala los bienes que son inembargables, dentro de los que se destacan “los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores oficiales o particulares, en la proporci\u00f3n prevista en las leyes respectivas”. De otra parte, el C\u00f3digo Laboral consagra en el art\u00edculo 154 la inembargabilidad del salario m\u00ednimo legal o convencional, aclarando que el excedente s\u00f3lo es embargable en una quinta parte, salvo para las cooperativas y por concepto de alimentos, eventos en los que autoriza el embargo hasta del 50% del salario. Y en el art\u00edculo 344 consagra la inembargabilidad de las prestaciones sociales. <\/p>\n
– As\u00ed las cosas, “la inembargabilidad de los salarios en determinada cuant\u00eda constituye una garant\u00eda reconocida por el legislador en favor de todos los trabajadores tanto del sector p\u00fablico como para los del sector privado, por tanto no hay violaci\u00f3n del derecho a la igualdad, sino por el contrario una protecci\u00f3n a los trabajadores para no afectar su subsistencia y la de su familia, todo ello bajo los par\u00e1metros que impone el principio de igualdad en materia laboral.” <\/p>\n
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACI\u00d3N <\/p>\n
El Procurador General de la Naci\u00f3n solicita a la Corte que declare no s\u00f3lo la exequibilidad del art\u00edculo 35 del decreto 546 de 1971, materia de acusaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n la del art\u00edculo 192 de la ley 201 de 1995, que conforma con aqu\u00e9l unidad normativa, aclarando que sobre estas mismas disposiciones ya emiti\u00f3 concepto dentro del proceso D-2066, al cual se remite. <\/p>\n
VII. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
<\/p>\n
1. Competencia <\/p>\n
La Corte Constitucional es tribunal competente para decidir la presente demanda por dirigirse contra un decreto expedido por el Presidente de la Rep\u00fablica, en ejercicio de facultades extraordinarias (art. 241-5 C.P.) <\/p>\n
<\/p>\n
1. Cosa juzgada <\/p>\n
Esta corporaci\u00f3n ya se pronunci\u00f3 sobre el art\u00edculo 35 del decreto 546 de 1971, que en esta oportunidad se demanda, por id\u00e9ntico cargo al que aqu\u00ed se formula, siendo declarado exequible en la sentencia C-183 del 24 de marzo de 1999. <\/p>\n
En consecuencia, se ordenar\u00e1 estarse a lo all\u00ed resuelto pues de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 243 de la Constituci\u00f3n, ha operado el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional, que impide a la Corte volver nuevamente sobre lo decidido. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Constitucional, <\/p>\n
R E S U E L V E : <\/p>\n
Estarse a lo resuelto en la sentencia C-183 de marzo 24 de 1999, mediante la cual se declar\u00f3 exequible el art\u00edculo 35 del decreto 546 de 1971. <\/p>\n
Notif\u00edquese, comun\u00edquese, publ\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y arch\u00edvese el expediente. <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Magistrada (E) <\/p>\n
PABLO ENRIQUE LEAL RUIZ <\/p>\n
Secretaria General (E) <\/p>\n
EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL (E) DE LA CORTE CONSTITUCIONAL <\/p>\n
HACE CONSTAR QUE: <\/p>\n
El H. Magistrado Doctor Alejandro Mart\u00ednez Caballero, no suscribe la presente providencia, por encontrarse incapacitado. <\/p>\n
PABLO ENRIQUE LEAL RUIZ <\/p>\n
Secretaria General (E) <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
C-223-99 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL Referencia: Expediente D-2229 Demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 35 del decreto 546 de 1971 Demandante: Octavio Medina Ospina Magistrado Ponente: Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999). I. ANTECEDENTES […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-4306","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentencias-1999"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4306","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4306"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4306\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4306"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4306"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4306"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}