C-455-99<\/p>\n
Sentencia C-455\/99 <\/p>\n
COSA JUZGADA <\/p>\n
Referencia: Expediente D-2354 <\/p>\n
Demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 16 , literal f) (parcial), de la ley 31 de 1992, “Por la cual se dictan las normas a las que deber\u00e1 sujetarse el Banco de la Rep\u00fablica para el ejercicio de sus funciones, el gobierno para se\u00f1alar el r\u00e9gimen de cambio internacional, para la expedici\u00f3n de los estatutos del banco y para el ejercicio de las funciones de inspecci\u00f3n, vigilancia y control del mismo, se determinan las entidades a las cuales pasar\u00e1n los fondos de Fomento que administra el banco y se dictan otras disposiciones.” <\/p>\n
<\/p>\n
Demandante: Gabriel Cuero Vallecilla. <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. ALFREDO BELTR\u00c1N SIERRA <\/p>\n
Sentencia aprobada en Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, Distrito Capital, seg\u00fan consta en acta n\u00famero treinta (30), a los diez (10) d\u00edas del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
El ciudadano Gabriel Cuero Vallecilla, con base en los art\u00edculos 40, numeral 6, y 241, numeral 4, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, demand\u00f3 la inconstitucionalidad de la norma de la referencia. <\/p>\n
Por auto del ocho (8) de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999), el magistrado sustanciador, admiti\u00f3 la demanda y orden\u00f3 la fijaci\u00f3n en lista correspondiente. As\u00ed mismo, dispuso dar traslado al se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n para que rindiera su concepto, y comunic\u00f3 la iniciaci\u00f3n del asunto al se\u00f1or Presidente de la Rep\u00fablica, al se\u00f1or Presidente del Congreso y a la Junta Directiva del Banco de la Rep\u00fablica, con el objeto de que, si lo estimaban oportuno, conceptuaran sobre la constitucionalidad de la norma demandada. <\/p>\n
<\/p>\n
A. Norma acusada. <\/p>\n
En el siguiente es el texto de la norma acusada, se subraya lo demandado: <\/p>\n
Ley 31 de 1992 <\/p>\n
“Por la cual se dictan las normas a las que deber\u00e1 sujetarse el Banco de la Rep\u00fablica para el ejercicio de sus funciones, el gobierno para se\u00f1alar el r\u00e9gimen de cambio internacional, para la expedici\u00f3n de los estatutos del banco y para el ejercicio de las funciones de inspecci\u00f3n, vigilancia y control del mismo, se determinan las entidades a las cuales pasar\u00e1n los fondos de Fomento que administra el banco y se dictan otras disposiciones.” <\/p>\n
EL CONGRESO DE COLOMBIA, <\/p>\n
DECRETA : <\/p>\n
CAPITULO V <\/p>\n
“Funciones de la Junta Directiva como autoridad monetaria crediticia y cambiaria. <\/p>\n
“Art\u00edculo 16.- Atribuciones. Al Banco de la Rep\u00fablica le corresponde estudiar y adoptar las medidas monetarias, crediticias y cambiarias para regular la circulaci\u00f3n monetaria y en general la liquidez del mercado financiero y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos de la econom\u00eda, velando por la estabilidad del valor de la moneda. Para tal efecto, la Junta Directiva podr\u00e1 : <\/p>\n
“(…) <\/p>\n
“f) Fijar la metodolog\u00eda para la determinaci\u00f3n de los valores en moneda legal de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante UPAC, procurando que \u00e9sta tambi\u00e9n refleje los movimientos de la tasa de inter\u00e9s en la econom\u00eda.” <\/p>\n
B. La demanda. <\/p>\n
El actor considera que el literal f) del art\u00edculo 16 demandado vulnera los art\u00edculos 51 y 95, numerales 1, 2 y 6, de la Constituci\u00f3n. El art\u00edculo 51 consagra el derecho de todos los colombianos a tener una vivienda digna. Sin embargo, los legisladores, en el precepto demandado, olvidaron que el deber del Estado consiste en fijar sistemas adecuados de financiaci\u00f3n de vivienda, lo que no ocurre al establecer en la parte del literal f) demandado, que al fijar la metodolog\u00eda de la Upac, se procure reflejar los movimientos de la tasa de inter\u00e9s en la econom\u00eda. Es decir, los legisladores no establecieron las condiciones para hacer efectivo el derecho a la vivienda digna, y, en consecuencia, “le falt\u00f3 la mesura, cordura y freno previstos en el art\u00edculo 51 de la Carta Magna.” <\/p>\n
Tambi\u00e9n, la disposici\u00f3n acusada viol\u00f3 los numerales 1, 2 y 6 del art\u00edculo 95 de la Constituci\u00f3n, pues en la forma como el precepto demandado permite calcular la upac (que se reflejen los movimientos de la tasa de inter\u00e9s en la econom\u00eda), se rompe el principio de solidaridad social consagrado en la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
A pesar de que el actor se\u00f1ala que demanda la totalidad del literal f) citado, los cargos se refieren s\u00f3lo a la parte final del mencionado literal, en cuanto dice : “procurando que \u00e9sta tambi\u00e9n refleje los movimientos de la tasa de inter\u00e9s en la econom\u00eda.” Por ello, a esta parte se referir\u00e1 esta decisi\u00f3n, pues, sobre las dem\u00e1s expresiones del literal f). el demandante no expuso cargos de inconstitucionalidad. <\/p>\n
C. Intervenciones. <\/p>\n
Los ciudadanos Iv\u00e1n Jaramillo P\u00e9rez, Sonia Cuervo Murillo, Antonio Medina Romero y Selva Vel\u00e1squez Fandi\u00f1o, presentaron un escrito solicitando la inexequibilidad de la norma demandada. Por su parte, los ciudadanos Laity Alvinzy Vel\u00e1szquez y Jairo Humberto David Naranjo, y Roberto T\u00e9llez y Yolanda Bastidas, presentaron sendos escritos en que coadyuvan esta acci\u00f3n de inconstitucionalidad. <\/p>\n
Para defender la norma acusada, intervinieron el ciudadano Juan Pablo Buitrago Le\u00f3n, en su condici\u00f3n de apoderado del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, y la ciudadana Claudia Acosta Echeverr\u00eda, en su condici\u00f3n de apoderada especial del Banco de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
D. Concepto de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
En concepto Nro. 1813, del 20 de mayo de 1999, el se\u00f1or Procurador solicit\u00f3 a la Corte declarar constitucional, en forma condicionada, el literal f) del art\u00edculo demandado. En concepto del se\u00f1or Procurador, la norma resulta exequible “siempre y cuando se entienda que la metodolog\u00eda que fije el Banco de la Rep\u00fablica para la determinaci\u00f3n de los valores del UPAC garantice la adecuaci\u00f3n de los sistemas de financiaci\u00f3n a los principios constitucionales, con el fin de asegurarle a todas las personas el derecho a la adquisici\u00f3n y conservaci\u00f3n de la vivienda.” (folio 177) <\/p>\n
II.- CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. <\/p>\n
Primera.- Competencia. <\/p>\n
La Corte es competente para decidir sobre la constitucionalidad de la norma parcialmente acusada, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 241, numeral 4, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Segundo.- Cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
La Corte Constitucional en la sentencia C-383, del 27 de mayo de 1999, sobre la expresi\u00f3n demandada resolvi\u00f3 lo siguiente : <\/p>\n
“Decl\u00e1rase INEXEQUIBLE la expresi\u00f3n “procurando que \u00e9sta tambi\u00e9n refleje los movimientos de la tasa de inter\u00e9s en la econom\u00eda”, contenida en el literal f) del art\u00edculo 16 de la Ley 31 de 1992″ <\/p>\n
En consecuencia, sobre este asunto, se ha producido la cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N. <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
ESTESE a lo resuelto en la sentencia C-383 del 27 de mayo de 1999, que declar\u00f3 inexequible la expresi\u00f3n “procurando que \u00e9sta tambi\u00e9n refleje los movimientos de la tasa de inter\u00e9s en la econom\u00eda” del art\u00edculo 16, literal f) de la ley 31 de 1992. <\/p>\n
Notif\u00edquese, c\u00f3piese, publ\u00edquese, comun\u00edquese e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional. <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALFREDO BELTR\u00c1N SIERRA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA S\u00c1CHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Magistrada (E.) <\/p>\n
ALEJANDRO MART\u00cdNEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MOR\u00d3N D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
PABLO ENRIQUE LEAL RUIZ <\/p>\n
Secretario General (E.) <\/p>\n
<\/p>\n
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