C-574-92<\/p>\n
Sentencia No. C-574\/92 <\/p>\n
TRATADO INTERNACIONAL-Control de constitucionalidad\/TRANSITO CONSTITUCIONAL\/PACTA SUNT SERVANDA\/SUPREMACIA DE LA CONSTITUCION <\/p>\n
Pese al tr\u00e1mite sui generis y de car\u00e1cter excepcional que sufrieron por raz\u00f3n del tr\u00e1nsito constitucional, estos constituyen verdaderos tratados en v\u00edas de formaci\u00f3n, pues con respecto a ellos a\u00fan no se ha producido su perfeccionamiento, toda vez que con anterioridad a su revisi\u00f3n por la Corte el ejecutivo no hab\u00eda manifestado el consentimiento en obligarse por ellos en el \u00e1mbito internacional. Como tales est\u00e1n sometidos al control de constitucionalidad previsto en el numeral 10 del art\u00edculo 241 de la Carta. El control previo, autom\u00e1tico e integral garantiza por un lado el cumpli\u00admiento de los compromisos internacionales que es corolario de ineludible observancia por haber adherido Colombia a las normas de convi\u00advencia entre las naciones civilizadas una de las cuales precisamente es la conocida como Pacta Sunt Servanda. Por otro, asegura el respeto y la observancia del Estatuto Fundamental por sus autoridades inclusive cuando desarrollan funciones en el plano internacional, pues no se remite a duda que la suprema\u00adc\u00eda de la Constituci\u00f3n que se consagra en el Art\u00edculo 4 de la misma no admite sino las excepciones que la propia Carta establece. <\/p>\n
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO\/IUS COGENS\/CONVENIO DE GINEBRA <\/p>\n
Los principios del derecho internacional humanitario plasmados en los Convenios de Ginebra y en sus dos Protocolos, por el hecho de constituir un cat\u00e1logo \u00e9tico m\u00ednimo aplicable a situaciones de conflicto nacional o internacional, ampliamente aceptado por la comunidad internacional, hacen parte del ius cogens o derecho consuetudinario de los pueblos. La Carta de 1991 confirma y refuerza tanto la obligatoriedad del derecho internacional de los derechos humanos como la del derecho internacional humanitario. En consecuencia, se acogi\u00f3 la f\u00f3rmula de la incorporaci\u00f3n autom\u00e1tica del derecho internacional humanitario al ordenamiento interno nacional, lo cual, por lo dem\u00e1s, es lo congruente con el car\u00e1cter imperativo que caracteriza a los principios axiol\u00f3gicos que hacen que este cuerpo normativo integre el ius cogens. Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales I y II de 1977 constituyen pura y simplemente, la expresi\u00f3n formal y por escrito, esto es, la codificaci\u00f3n de los principios ya existentes en el derecho internacional consuetudinario. Por tanto, la ratificaci\u00f3n produce la importante consecuencia de zanjar definitivamente toda controversia que pudiera existir, en torno a la obligatoriedad del derecho internacional humanitario. <\/p>\n
SOBERANIA NACIONAL <\/p>\n
La idea de soberan\u00eda nacional no puede ser entendida hoy bajo los estrictos y precisos l\u00edmites concebidos por la teor\u00eda constitucional cl\u00e1sica. La interconexi\u00f3n econ\u00f3mica y cultural, el surgimiento de problemas nacionales cuya soluci\u00f3n s\u00f3lo es posible en el \u00e1mbito planetario y la consolidaci\u00f3n de una axiolog\u00eda internacional, han puesto en evidencia la imposibilidad de hacer practicable la idea decimon\u00f3nica de soberan\u00eda nacional. En su lugar, ha sido necesario adoptar una concepci\u00f3n m\u00e1s flexible y m\u00e1s adecuada a los tiempos que corren, que proteja el n\u00facleo de libertad estatal propio de la autodeterminaci\u00f3n, sin que ello implique un desconocimiento de reglas y de principios de aceptaci\u00f3n universal. S\u00f3lo de esta manera puede lograrse el respeto de una moral internacional m\u00ednima que mejore la convivencia y el entendimiento y que garantice el futuro inexorablemente com\u00fan e interdependiente de la humanidad. La paz mundial y la subsistencia planetaria est\u00e1n en juego. <\/p>\n
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES <\/p>\n
Los principios fundamentales del Estado son una pauta de interpretaci\u00f3n ineludible por la simple raz\u00f3n de que son parte de la Constituci\u00f3n misma y est\u00e1n dotados de toda la fuerza normativa que les otorga el art\u00edculo cuarto del texto fundamental. Sin embargo, no siempre son suficientes por s\u00ed solos para determinar la soluci\u00f3n necesaria en un caso concreto. No obstante el hecho de ser normas dotadas de valor normativo, siguen teniendo un car\u00e1cter general y por lo tanto una textura abierta, lo cual, en ocasiones, limita la eficacia directa de los mismos. En estos casos se trata de un problema relativo a la eficacia m\u00e1s o menos directa de los principios y no a un asunto relacionado con su falta de fuerza normativa. En s\u00edntesis, un principio constitucional jam\u00e1s puede ser desconocido en beneficio de otra norma legal o constitucional o de otro principio no expresamente se\u00f1alado en la constituci\u00f3n, pero puede, en ciertos casos necesitar de otras normas constitucionales para poder fundamentar la decisi\u00f3n judicial. La diferencia entre principios y reglas o normas constitucionales no proviene de su obligatoriedad jur\u00eddica sino de su forma de aplicaci\u00f3n: mientras los primeros requieren de una mediatizaci\u00f3n f\u00e1ctica o normativa para su aplicaci\u00f3n, las segundas son aplicables directamente. M\u00e1s a\u00fan, el establecimiento de principios obedece, en el Estado social de derecho, a la voluntad constituyente de otorgar una mayor protecci\u00f3n a los valores constitucionales. Esta mayor protecci\u00f3n tiene lugar por el hecho de que el principio se irradia a toda la organizaci\u00f3n pol\u00edtico\u2011jur\u00eddica y, en consecuencia, est\u00e1 garantizado en la aplicaci\u00f3n de todas las reglas de aplicaci\u00f3n directa. Los valores y principios incluidos en el texto constitucional cumplen la funci\u00f3n de asegurar la permanencia y obligatoriedad del contenido material de la Constituci\u00f3n. Aqu\u00ed se refleja la voluntad constituyente de hacer obligatorio el respeto de principios considerados como universales e inherentes a la persona, cuya obligatoriedad va m\u00e1s all\u00e1 de las contingencias propias del ordenamiento jur\u00eddico nacional. <\/p>\n
CONSTITUCION POLITICA\/DERECHO INTERNACIONAL-Obligatoriedad <\/p>\n
La Carta reconoce plenos efectos jur\u00eddicos a los tratados y convenios -debidamente ratificados- concernientes a los derechos humanos. Esto indica que los constituyentes no ignoraron la existencia de esa amplia y promisoria rama que es el derecho internacional de los derechos humanos, algunas de cuyas caracter\u00edsticas tuvimos ya ocasi\u00f3n de se\u00f1alar. Ella reconoce tambi\u00e9n plenos efectos jur\u00eddicos a las reglas del derecho internacional humanitario, particularmente durante la vigencia de los denominados Estados de Excepci\u00f3n. Es claro, pues, que las facultades del gobierno durante tales estados encuentran l\u00edmites efectivos que operan a\u00fan antes de la vigencia de la ley estatutaria a que alude la misma disposici\u00f3n constitucional. Lo cual significa, ni mas ni menos, que las reglas del derecho internacional humanitario son hoy, -por voluntad expresa del Constituyente-, normas obligatorias per se sin ratificaci\u00f3n alguna previa o sin expedici\u00f3n de norma reglamentaria. Y lo son “en todo caso” como lo se\u00f1ala significativamente la propia Carta. Por virtud del texto expreso del art\u00edculo 94, bien pueden considerarse incorporados a los derechos y garant\u00edas reconocidos por la Carta todos aquellos que sean inherentes a la persona humana. <\/p>\n
RADICACION AC – TI – 06 <\/p>\n
Revisi\u00f3n oficiosa del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo a la protecci\u00f3n de las v\u00edctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE: <\/p>\n
Dr. CIRO ANGARITA BARON <\/p>\n
Sentencia aprobada mediante Acta No. en Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., a los veintiocho (28) d\u00edas del mes de octubre de mil novecientos noventa y dos (1992). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
El Ministerio de Relaciones Exteriores remiti\u00f3 a esta Corte copia certificada del texto correspondiente al Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo a la protecci\u00f3n de las v\u00edctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I)1 , as\u00ed como copia del texto que de este instrumento no improb\u00f3 la Comisi\u00f3n Especial Legislativa el 4 de Septiembre de 1991, certificada por quien fuera su Secretario General2 y acompa\u00f1ada de constancia expedida el 26 de Noviembre de 1991 por el Secretario General de la Comisi\u00f3n Segunda del Senado de la Rep\u00fablica sobre su aprobaci\u00f3n en primero y segundo debates por la Honorable C\u00e1mara de Representantes3. <\/p>\n
Con base en el estudio que el suscrito Magistrado efectu\u00f3 por encargo de la Sala Plena sobre la naturaleza, contenido y alcance del control de constitucionalidad de los tratados p\u00fablicos y de sus leyes aprobatorias en las Constituciones de 1886 y 1991, la Corte Constitucional en sesi\u00f3n de abril 2 de 1992 defini\u00f3 el alcance del numeral 10 del art\u00edculo 241 de la Carta Pol\u00edtica, al considerar aplicable el control previo y oficioso que en el se prev\u00e9 a los siete instrumentos enviados por el Ministerio de Relaciones Exteriores por estimar que el “tr\u00e1mite sui generis y de car\u00e1cter excepcional que sufrieron por raz\u00f3n del tr\u00e1nsito constitucional” no desvirt\u00faa en nada su naturaleza de “verdaderos tratados en v\u00edas de formaci\u00f3n”. <\/p>\n
En tal virtud, y previa aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 39 del Reglamento Interno, la Sala Plena de la Corte Constitucional en sesi\u00f3n efectuada el pasado 2 de abril, resolvi\u00f3 darles prelaci\u00f3n. Los citados instrumentos fueron incluidos en el Programa de Trabajo y Reparto que esta aprob\u00f3 para el mes de abril, correspondiendo al suscrito el que es materia de revisi\u00f3n en el presente proceso. <\/p>\n
Con el fin de observar lo dispuesto en el art\u00edculo 44 del decreto 2067 de 1991 que sujeta la tramitaci\u00f3n de las revisiones oficiosas de tratados internacionales al procedimiento ordinario previsto para las leyes estatutarias, el suscrito Magistrado Ponente, mediante providencia de abril 24 del cursante a\u00f1o, orden\u00f3 la fijaci\u00f3n en lista del negocio en la Secretar\u00eda General por el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas para asegurar la intervenci\u00f3n ciudadana que consagran los art\u00edculos 242-1 C. N. y 7o. inciso 2o. del decreto antes citado. <\/p>\n
Cumplidos como est\u00e1n los tr\u00e1mites y requisitos constitucionales y legales, procede la Corte Constitucional a resolver. <\/p>\n
II. TEXTO <\/p>\n
El texto del instrumento internacional objeto de revisi\u00f3n, se adjunta a continuaci\u00f3n y corresponde a la copia certificada que remiti\u00f3 el Ministerio de Relaciones Exteriores. <\/p>\n
PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES (PROTOCOLO I) <\/p>\n
PREAMBULO <\/p>\n
Las Altas Partes contratantes, <\/p>\n
Proclamando su deseo ardiente de que la paz reine entre los pueblos, <\/p>\n
Recordando que, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, todo Estado tiene el deber de abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la soberan\u00eda, la integridad territorial o la independencia pol\u00edtica de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los prop\u00f3sitos de las Naciones Unidas, <\/p>\n
Considerando que es necesario, sin embargo, reafirmar y desarrollar las disposiciones que protegen a las v\u00edctimas de los conflictos armados, as\u00ed como completar las medidas para reforzar la aplicaci\u00f3n de tales disposiciones, <\/p>\n
Expresando su convicci\u00f3n de que ninguna disposici\u00f3n del presente Protocolo ni de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 puede interpretarse en el sentido de que legitime o autorice cualquier acto de agresi\u00f3n u otro uso de la fuerza incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, <\/p>\n
Reafirmando, adem\u00e1s, que las disposiciones de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y del presente Protocolo deben aplicarse plenamente en toda circunstancia a todas las personas protegidas por esos instrumentos, sin distinci\u00f3n alguna de car\u00e1cter desfavorable basada en la naturaleza o el origen del conflicto armado o en las causas invocadas por las Partes en conflicto o atribuidas a ellas, <\/p>\n
Convienen en lo siguiente: <\/p>\n
TITULO I <\/p>\n
<\/p>\n
DISPOSICIONES GENERALES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Las Altas Partes contratantes se comprometen a respetar y hacer respetar el presente Protocolo en toda circunstancia. <\/p>\n
2. En los casos no previstos en el presente Protocolo o en otros acuerdos internacionales, las personas civiles y los combatientes quedan bajo la protecci\u00f3n y el imperio de los principios del derecho de gentes derivados de los usos establecidos, de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia p\u00fablica. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El presente Protocolo, que completa los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para la protecci\u00f3n de las v\u00edctimas de la guerra, se puede aplicar en las situaciones previstas en el art\u00edculo 2 com\u00fan a dichos Convenios. <\/p>\n
4. Las situaciones a que se refiere el p\u00e1rrafo precedente comprenden los conflictos armados en que los pueblos luchan contra la dominaci\u00f3n colonial y la ocupaci\u00f3n extranjera y contra los reg\u00edmenes racistas, en el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinaci\u00f3n, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaraci\u00f3n sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperaci\u00f3n entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. <\/p>\n
Art\u00edculo 2 – Definiciones <\/p>\n
Para los efectos del presente Protocolo: <\/p>\n
a) se entiende por “I Convenio \u00af, “II Convenio \u00af, “III Convenio y “IV Convenio, respectivamente, el Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campa\u00f1a, del l 2 de agosto de 1949;el Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos, enfermos y n\u00e1ufragos de las fuerzas armadas en el mar, del 12 de agosto de 1949; el Convenio de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra, del 12 de agosto de 1949; y el Convenio de Ginebra sobre la protecci\u00f3n de personas civiles en tiempo de guerra, del 12 de agosto de 1949; se entiende por “los Convenios los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para la protecci\u00f3n de las v\u00edctimas de la guerra; b)se entiende por “normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados las contenidas en los acuerdos internacionales de los que son Parte las Partes en conflicto, as\u00ed como los principios y normas generalmente reconocidos de derecho internacional aplicables en los conflictos armados; c) se entiende por potencia protectora un Estado neutral u otro Estado que no sea Parte en el conflicto y que, habiendo sido designado por una Parte en el conflicto y aceptado por la Parte adversa, est\u00e9\u201a dispuesto a desempe\u00f1ar las funciones asignadas a la Potencia protectora por los Convenios y por el presente Protocolo; d) se entiende por sustituto una organizaci\u00f3n que reemplaza a la Potencia protectora de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 5. <\/p>\n
Art\u00edculo 3 – Principio y fin de la aplicaci\u00f3n <\/p>\n
Sin perjuicio de las disposiciones aplicables en todo momento: a) los Convenios y el presente Protocolo se aplicar\u00e1n desde el comienzo de cualquiera de las situaciones a que se refiere el art\u00edculo 1 del presente Protocolo; b) la aplicaci\u00f3n de los Convenios y del presente Protocolo cesar , en el territorio de las Partes en conflicto, al t\u00e9rmino general de las operaciones militares y, en el caso de territorios ocupados, al t\u00e9rmino de la ocupaci\u00f3n, excepto, en ambas circunstancias, para las personas cuya liberaci\u00f3n definitiva, repatriaci\u00f3n o reasentamiento tenga lugar posteriormente. Tales personas continuar\u00e1n benefici\u00e1ndose de las disposiciones pertinentes de los Convenios y del presente Protocolo hasta su liberaci\u00f3n definitiva, repatriaci\u00f3n o reasentamiento. <\/p>\n
Art\u00edculo 4 – Estatuto jur\u00eddico de las Partes en conflicto <\/p>\n
La aplicaci\u00f3n de los Convenios y del presente Protocolo, as\u00ed como la celebraci\u00f3n de los acuerdos previstos en estos instrumentos, no afectar\u00e1n al estatuto jur\u00eddico de las Partes en conflicto. La ocupaci\u00f3n de un territorio y la aplicaci\u00f3n de los Convenios y del presente Protocolo no afectar\u00e1n al estatuto jur\u00eddico del mismo. <\/p>\n
Art\u00edculo 5 – Designaci\u00f3n de las Potencias protectoras y de su sustituto <\/p>\n
1. Es deber de las Partes en conflicto, desde el comienzo de \u201a\u00e9ste, asegurar la supervisi\u00f3n y la ejecuci\u00f3n de los Convenios y del presente Protocolo mediante la aplicaci\u00f3n del sistema de Potencias protectoras, que incluye, entre otras cosas, la designaci\u00f3n y la aceptaci\u00f3n de esas Potencias, conforme a lo dispuesto en los p\u00e1rrafos siguientes. Las Potencias protectoras estar\u00e1n encargadas de salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto. <\/p>\n
2. Desde el comienzo de una de las situaciones a que se refiere el art\u00edculo 1, cada una de las Partes en conflicto designar sin demora una Potencia protectora con la finalidad de aplicar los Convenios y el presente Protocolo, y autorizar , tambi\u00e9n sin demora y con la misma finalidad,la actividad de una Potencia protectora que, designada por la Parte adversa, haya sido aceptada como tal por ella. <\/p>\n
3. Si no ha habido designaci\u00f3n o aceptaci\u00f3n de Potencia protectora desde el comienzo de una de las situaciones a que se refiere el art\u00edculo 1, el Comit\u00e9 Internacional de la Cruz Roja, sin perjuicio del derecho de cualquier otra organizaci\u00f3n humanitaria imparcial a hacerlo igualmente, ofrecer sus buenos oficios a las Partes en conflicto con miras a la designaci\u00f3n sin demora de una Potencia protectora que tenga el consentimiento de las Partes en conflicto. Para ello, el Comit\u00e9 podr\u00e1 , inter alia, pedir a cada Parte que le remita una lista de por lo menos cinco Estados que esa Parte considere aceptables para actuar en su nombre como Potencia protectora ante una Parte adversa, y pedir a cada una de las Partes adversas que le remita una lista de por lo menos cinco Estados que est\u00e9 dispuesta a aceptar para desempe\u00f1ar la funci\u00f3n de Potencia protectora de la otra Parte; tales listas ser\u00e1n remitidas al Comit\u00e9 dentro de las dos semanas siguientes al recibo de la petici\u00f3n; el Comit\u00e9 las cotejar y solicitar el asentimiento de cualquier Estado cuyo nombre figure en las dos listas. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4. Si, a pesar de lo que precede, no hubiere Potencia protectora, las Partes en conflicto aceptar\u00e1n sin demora el ofrecimiento que pueda hacer el Comit\u00e9 Internacional de la Cruz Roja o cualquier otra organizaci\u00f3n que presente todas las garant\u00edas de imparcialidad y eficacia, previas las debidas consultas con dichas Partes y teniendo en cuenta los resultados de esas consultas, para actuar en calidad de sustituto. El ejercicio de sus funciones por tal sustituto estar subordinado al consentimiento de las Partes en conflicto; las Partes en conflicto pondr\u00e1n n todo su empe\u00f1o en facilitar la labor del sustituto en el cumplimiento de su misi\u00f3n conforme a los Convenios y al presente Protocolo. <\/p>\n
<\/p>\n
5. De conformidad con el art\u00edculo 4, la designaci\u00f3n y la aceptaci\u00f3n de Potencias protectoras con la finalidad de aplicar los Convenios y el presente Protocolo no afectar\u00e1n al estatuto jur\u00eddico de las Partes en conflicto ni al de ning\u00fan territorio, incluido un territorio ocupado. <\/p>\n
<\/p>\n
6. El mantenimiento de relaciones diplom\u00e1ticas entre las Partes en conflicto o el hecho de confiar a un tercer Estado la protecci\u00f3n de los intereses de una Parte y los de sus nacionales conforme a las normas de derecho internacional relativas a las relaciones diplom\u00e1ticas, no ser obst\u00e1culo para la designaci\u00f3n de Potencias protectoras con la finalidad de aplicar los Convenios y el presente Protocolo. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Toda menci\u00f3n que en adelante se haga en el presente Protocolo de una Potencia protectora designar igualmente al sustituto. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 6 – Personal calificado <\/p>\n
<\/p>\n
1. Las Altas Partes contratantes procurar\u00e1n, ya en tiempo de paz, con la asistencia de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, Le\u00f3n y Sol Rojos), formar personal calificado para facilitar la aplicaci\u00f3n de los Convenios y del presente Protocolo y, en especial, las actividades de las Potencias protectoras. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El reclutamiento y la formaci\u00f3n de dicho personal son de la competencia nacional. <\/p>\n
<\/p>\n
El Comit\u00e9 Internacional de la Cruz Roja tendr\u00e1 a disposici\u00f3n de las Altas Partes contratantes las listas de las personas as\u00ed formadas que las Altas Partes contratantes hubieren preparado y le hubieren comunicado al efecto. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Las condiciones para la utilizaci\u00f3n de los servicios de ese personal fuera del territorio nacional ser\u00e1n, en cada caso, objeto de acuerdos especiales entre las Partes interesadas. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 7 – Reuniones <\/p>\n
<\/p>\n
El depositario del presente Protocolo, a petici\u00f3n de una o varias Altas Partes contratantes y con la aprobaci\u00f3n de la mayor\u00eda de ellas, convocar une reuni\u00f3n de las Altas Partes contrantes para estudiar los problemas generales relativos a la aplicaci\u00f3n de los Convenios y del Protocolo. <\/p>\n
<\/p>\n
TITULO II <\/p>\n
<\/p>\n
HERIDOS, ENFERMOS Y NAUFRAGOS <\/p>\n
<\/p>\n
SECCION I – PROTECCION GENERAL <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 8 – Terminolog\u00eda <\/p>\n
<\/p>\n
Para los efectos del presente Protocolo: <\/p>\n
<\/p>\n
a) se entiende por heridos y enfermos las personas, sean militares o civiles, que debido a un traumatismo, una enfermedad u otros trastornos o incapacidades de orden f\u00edsico o mental, tengan necesidad de asistencia o cuidados m\u00e9dicos y que se abstengan de todo acto de hostilidad. Esos t\u00e9rminos son tambi\u00e9n aplicables a las parturientas, a los reci\u00e9n, nacidos y a otras personas que puedan estar necesitadas de asistencia o cuidados m\u00e9dicos inmediatos, como los inv\u00e1lidos y las mujeres encintas, y que se abstengan de todo acto de hostilidad; b) se entiende por n\u00e1ufragos\u00af las personas. sean militares o civiles, que se encuentren en situaci\u00f3n de peligro en el mar o en otras aguas a consecuencia de un infortunio que las afecte o que afecte a la nave o aeronave que las transportaba, y que se abstengan de todo acto de hostilidad. <\/p>\n
Estas personas siempre que sigan absteni\u00e9ndose de todo acto de hostilidad, continuar\u00e1n consider\u00e1ndose n\u00e1ufragos durante su salvamento, hasta que adquieran otro estatuto de conformidad con los Convenios o con el presente Protocolo; c) se entiende por ” personal sanitario” las personas destinadas por una Parte en conflicto exclusivamente a los fines sanitarios enumerados en el apartado e), o a la administraci\u00f3n de las unidades sanitarias o al funcionamiento o administraci\u00f3n de los medios de transporte sanitarios. El destino a tales servicios podr\u00e1 tener car\u00e1cter permanente o temporal. La expresi\u00f3n comprende: <\/p>\n
<\/p>\n
i) el personal sanitario, sea militar o civil, de una Parte en conflicto, incluido el mencionado en los Convenios I y II, as\u00ed como el de los organismos de protecci\u00f3n civil; ii) el personal sanitario de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, Le\u00f3n y Sol Rojos) y otras sociedades nacionales voluntarias de socorro debidamente reconocidas y autorizadas por una Parte en conflicto; iii) el personal sanitario de las unidades o los medios de transporte sanitarios mencionados en el p\u00e1rrafo 2 del art\u00edculo 9; d) se entiende por “personal religioso” las personas, sean militares o civiles, tales como los capellanes, dedicadas exclusivamente al ejercicio de su ministerio y adscritas: <\/p>\n
i) a las fuerzas armadas de una Parte en conflicto, ii) a las unidades sanitarias o los medios de transporte sanitarios de una Parte en conflicto, iii) a las unidades o medios de transporte sanitarios mencionados en el p\u00e1rrafo 2 del art\u00edculo 9, o iv) a los organismos de protecci\u00f3n civil de una Parte en conflicto. <\/p>\n
<\/p>\n
La adscripci\u00f3n del personal religioso puede tener car\u00e1cter permanente o temporal, y son aplicables a ese personal las disposiciones pertinentes del apartado k) : e) se entiende por “unidades sanitarias” los establecimientos y otras formaciones militares o civiles, organizados con fines sanitarios, a saber: la b\u00fasqueda, recogida, transporte, diagn\u00f3stico o tratamiento (incluidos los primeros auxilios) de los heridos, enfermos y n\u00e1ufragos, as\u00ed como la prevenci\u00f3n de las enfermedades. La expresi\u00f3n comprende, entre otros, los hospitales y otras unidades similares, los centros de transfusi\u00f3n de sangre, los centros e institutos de medicina preventiva y los dep\u00f3sitos de material sanitario, as\u00ed como los almacenes de material sanitario y de productos farmac\u00e9uticos de esas unidades. Las unidades sanitarias pueden ser fijas o m\u00f3viles, permanentes o temporales; <\/p>\n
f) se entiende por “transporte sanitario” el transporte por tierra, por agua o por aire de los heridos, enfermos y n\u00e1ufragos, del personal sanitario o religioso o del equipo y material sanitarios protegidos por los Convenios y por el presente Protocolo; <\/p>\n
<\/p>\n
g) se entiende por ” medio de transporte sanitario” todo medio de transporte, militar o civil, permanente o temporal, destinado exclusivamente al transporte sanitario, bajo la direcci\u00f3n de una autoridad competente de una Parte en conflicto; h) se entiende por “veh\u00edculo sanitario ” todo medio de transporte sanitario por tierra; i) se entiende por “buque y embarcaci\u00f3n sanitarios” todo medio de transporte sanitario por agua; j) se entiende por “aeronave sanitaria”\u00af todo medio de transporte sanitario por aire; k) son “permanentes” el personal sanitario, las unidadades sanitarias y los medios de transporte sanitarios que se destinan exclusivamente a fines sanitarios por un per\u00edodo indeterminado. Son “temporales” el personal sanitario, las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios que se dedican exclusivamente a fines sanitarios por per\u00edodos limitados y durante la totalidad de dichos per\u00edodos. Mientras no se especifique otra cosa, las expresiones “personal sanitario”, “unidad sanitaria” y ” medio de transporte sanitario”abarcan el personal,las unidades y los mediso de transporte sanaitarios tanto permanentes como temporales; l) se entiende por “signo distintivo” la cruz roja, la media luna roja o el le\u00f3n y sol rojos sobre fondo blanco, cuando se utilicen para la protecci\u00f3n de unidades y medios de transporte sanitarios y del personal sanitario y religioso, su equipo y material; m) se entiende por “se\u00f1al distintiva” todo medio de se\u00f1alizaci\u00f3n especificado en el Cap\u00edtulo III del Anexo I del presente Protocolo y destinado exclusivamente a la identificaci\u00f3n de las unidades y de los medios de transporte sanitarios. <\/p>\n
Art\u00edculo 9 – Ambito de aplicaci\u00f3n 1. El presente T\u00edtulo, cuyas disposiciones tienen como fin mejorar la condici\u00f3n de los heridos, enfermos y n\u00e1ufragos, se aplicar\u00e1 a todos los afectados por una situaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 1, sin ninguna distinci\u00f3n de car\u00e1cter desfavorable por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n o creencia, opiniones pol\u00edticas o de otra \u00edndole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra condici\u00f3n o cualquier otro criterio an\u00e1logo . <\/p>\n
2. Las disposiciones pertinentes de los art\u00edculos 27 y 32 del I Convenio se aplicar\u00e1n a las unidades sanitarias y a los medios de transporte sanitarios permanentes (salvo los buques hospitales, a los que se aplica el art\u00edculo 25 del II Convenio), as\u00ed como al personal de esas unidades o de esos medios de transporte, puestos a disposici\u00f3n de una Parte en conflicto con fines humanitarios: <\/p>\n
<\/p>\n
a) por un Estado neutral u otro Estado que no sea Parte en ese conflicto; b) por una sociedad de socorro reconocida y autorizada de tal Estado; c) por una organizaci\u00f3n internacional humanitaria imparcial. <\/p>\n
Art\u00edculo 10 – Protecci\u00f3n y asistencia <\/p>\n
<\/p>\n
1. Todos los heridos, enfermos y n\u00e1ufragos, cualquiera que sea la Parte a que pertenezcan, ser\u00e1n respetados y protegidos. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 11 – Protecci\u00f3n de la persona <\/p>\n
<\/p>\n
1. No se pondr\u00e1n en peligro, mediante ninguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n injustificada la salud ni la integridad f\u00edsica o mental de las personas en poder de la Parte adversa o que sean internadas, detenidas o privadas de libertad en cualquier otra forma a causa de una situaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 1. Por consiguiente, se proh\u00edbe someter a las personas a que se refiere el presente art\u00edculo a cualquier acto m\u00e9dico que no est\u00e9 indicado por su estado de salud y que no est\u00e9 de acuerdo con las normas m\u00e9dicas generalmente reconocidas que se aplicar\u00edan en an\u00e1logas circunstancias m\u00e9dicas a los nacionales no privados de libertad de la Parte que realiza el acto. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Se proh\u00edben en particular, aunque medie el consentimiento de las referidas personas: <\/p>\n
a) las mutilaciones f\u00edsicas; b) los experimentos m\u00e9dicos o cient\u00edficos; c) las extracciones de tejidos u \u00f3rganos para trasplantes, salvo si estos actos est\u00e1n justificados en las condiciones previstas en el p\u00e1rrafo 1. <\/p>\n
<\/p>\n
3. S\u00f3lo podr\u00e1n exceptuarse de la aplicaci\u00f3n de la prohibici\u00f3n prevista en el apartado c) del p\u00e1rrafo 2 las donaciones de sangre para transfusiones o de piel para injertos, a condici\u00f3n de que se hagan voluntariamente y sin coacci\u00f3n o presi\u00f3n alguna, y \u00fanicamente para fines terapeuticos en condiciones que correspondan a las normas m\u00e9dicas generalmente reconocidas y a los controles realizados en beneficio tanto del donante como del receptor. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Constituir\u00e1 infracci\u00f3n grave del presente Protocolo toda acci\u00f3n u omisi\u00f3n deliberada que ponga gravemente en peligro la salud o la integridad f\u00edsica o mental de toda persona en poder de una Parte distinta de aquella de la que depende, sea que viole cualquiera de las prohibiciones se\u00f1aladas en los p\u00e1rrafos 1 y 2, sea que no cumpla las exigencias prescritas en el p\u00e1rrafo 3. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Las personas a que se refiere el p\u00e1rrafo 1 tienen derecho a rechazar cualquier intervenci\u00f3n quir\u00fargica. En caso de que sea rechazada, el personal sanitario procurar\u00e1 obtener una declaraci\u00f3n escrita en tal sentido, firmada o reconocida por el paciente. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Toda Parte en conflicto llevar\u00e1 un registro m\u00e9dico de las donaciones de sangre para transfusiones o de piel para injertos, hechas por las personas a que se refiere el p\u00e1rrafo 1, si dichas donaciones se efect\u00faan bajo la responsabilidad de aquella Parte. Adem\u00e1s, toda Parte en conflicto procurar\u00e1 llevar un registro de todo acto m\u00e9dico realizado respecto a personas internadas, detenidas o en cualquier otra forma privadas de libertad a causa de una situaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 1. Los citados registros estar\u00e1n en todo momento a disposici\u00f3n de la Potencia protectora para su inspecci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 12 – Protecci\u00f3n de las unidades sanitarias <\/p>\n
<\/p>\n
1. Las unidades sanitarias ser\u00e1n respetadas y protegidas en todo momento y no ser\u00e1n objeto de ataque. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El p\u00e1rrafo 1 se aplica a las unidades sanitarias civiles siempre que cumplan una de las condiciones siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
a) pertenecer a una de las Partes en conflicto; b) estar reconocidas y autorizadas por la autoridad competente de una de las Partes en conflicto; c) estar autorizadas de conformidad con el p\u00e1rrafo 2 del art\u00edculo 9 del presente Protocolo o el art\u00edculo 27 del I Convenio. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Las Partes en conflicto pueden notificarse el emplazamiento de sus unidades sanitarias fijas. La ausencia de tal notificaci\u00f3n no eximir\u00e1 a ninguna de las Partes de observar lo dispuesto en el p\u00e1rrafo 1. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Las unidades sanitarias no ser\u00e1n utilizadas en ninguna circunstancia para tratar de poner objetivos militares a cubierto de los ataques. Siempre que sea posible, las Partes en conflicto se asegurar\u00e1n de que las unidades sanitarias no est\u00e9n situadas de manera que los ataques contra objetivos militares las pongan en peligro. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 13 – Cesaci\u00f3n de la protecci\u00f3n de las unidades sanitarias civiles <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2. No se consideran actos perjudiciales para el enemigo: <\/p>\n
<\/p>\n
a) el hecho de que el personal de la unidad est\u00e9 dotado con armas ligeras individuales para su defensa propia o la de los heridos y enfermos a su cargo; b) la custodia de la unidad por un piquete, por centinelas o por una escolta; c) el hecho de que en la unidad se encuentren armas port\u00e1tiles y municiones recogidas a los heridos y enfermos, a\u00fan no entregadas al servicio competente; d) la presencia en tal unidad, por razones m\u00e9dicas, de miembros de las fuerzas armadas u otros combatientes. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 14 – Limitaciones a la requisa de unidades sanitarias civiles <\/p>\n
1. La Potencia ocupante tiene la obligaci\u00f3n de asegurar que las necesidades m\u00e9dicas de la poblaci\u00f3n civil en el territorio ocupado sigan siendo satisfechas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Potencia ocupante no podr\u00e1 , por tanto, requisar las unidades sanitarias civiles, su equipo, su material y los servicios de su personal, en tanto que estos recursos sean necesarios para prestar los servicios m\u00e9dicos requeridos por la poblaci\u00f3n civil y para continuar la asistencia m\u00e9dica de los heridos o enfermos que ya est\u00e9n bajo tratamiento. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Potencia ocupante podr\u00e1 requisar los mencionados recursos siempre que contin\u00fae observando la regla general prevista en el p\u00e1rrafo 2 y bajo las condiciones particulares siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
a) que los recursos sean necesarios para el tratamiento m\u00e9dico inmediato y apropiado de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas de la Potencia ocupante o de los prisioneros de guerra; b) que la requisa se mantenga \u00fanicamente mientras exista dicha necesidad; y c) que se adopten disposiciones inmediatas para que se contin\u00fae atendiendo las necesidades m\u00e9dicas de la poblaci\u00f3n civil, as\u00ed como las de los heridos y enfermos bajo tratamiento, afectados por la requisa. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 15 – Protecci\u00f3n del personal sanitario y religioso civil <\/p>\n
1. El personal sanitario civil ser respetado y protegido. <\/p>\n
2. En caso necesario se proporcionar\u00e1 al personal sanitario civil toda la ayuda posible en aquellas zonas en las que los servicios sanitarios civiles se encuentren desorganizados por raz\u00f3n de la actividad b\u00e9lica. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En los territorios ocupados, la Potencia ocupante proporcionar\u00e1 al personal sanitario civil toda clase de ayuda para que pueda desempe\u00f1ar su misi\u00f3n humanitaria de la mejor manera. La Potencia ocupante no podr\u00e1 exigir que, en el cumplimiento de su misi\u00f3n, dicho personal d\u00e9 prioridad al tratamiento de cualquier persona, salvo por razones de orden m\u00e9dico. No se le obligar\u00e1 a realizar tareas que no sean compatibles con su misi\u00f3n humanitaria. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El personal sanitario civil podr\u00e1 trasladarse a los lugares donde sus servicios sean indispensables, sin perjuicio de las medidas de control y seguridad que la Parte en conflicto interesada juzgue necesarias. <\/p>\n
5. El personal religioso civil ser\u00e1 respetado y protegido.Son aplicables a estas personas las disposiciones de los Convenios y del presente Protocolo relativas a la protecci\u00f3n y a la identificaci\u00f3n del personal sanitario. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 16 – Protecci\u00f3n general de la misi\u00f3n m\u00e9dica <\/p>\n
1. No se castigar\u00e1 a nadie por haber ejercido una actividad m\u00e9dica conforme con la deontolog\u00eda, cualesquiera que fuesen las circunstancias o los beneficiarios de dicha actividad. <\/p>\n
<\/p>\n
2. No se podr\u00e1 obligar a las personas que ejerzan una actividad m\u00e9dica a realizar actos ni a efectuar trabajos contrarios a la deontolog\u00eda u otras normas m\u00e9dicas destinadas a proteger a los heridos y a los enfermos, o a las disposiciones de los Convenios o del presente Protocolo, ni a abstenerse de realizar actos exigidos por dichas normas o disposiciones. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 17 – Cometido de la poblaci\u00f3n civil y de las sociedades de socorro <\/p>\n
1. La poblaci\u00f3n civil respetar\u00e1 a los heridos, enfermos y n\u00e1ufragos, aunque pertenezcan a la Parte adversa, y no ejercer\u00e1 ning\u00fan acto de violencia contra ellos. Se autorizar\u00e1 a la poblaci\u00f3n civil y a las sociedades de socorro, tales como las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, Le\u00f3n y Sol Rojos), incluso por iniciativa propia, a recogerlos y prestarles cuidados, aun en las regiones invadidas u ocupadas. No se molestar \u00e1, procesar\u00e1 , condenar\u00e1 ni castigar\u00e1 a nadie por tales actos humanitarios. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Las Partes en conflicto podr\u00e1n hacer un llamamiento a la poblaci\u00f3n civil o a las sociedades de socorro mencionadas en el p\u00e1rrafo 1 para recoger y prestar cuidados a los heridos, enfermos y n\u00e1ufragos y para buscar a los muertos y comunicar d\u00f3nde se encuentran; dichas Partes conceder\u00e1n la protecci\u00f3n y las facilidades necesarias a aquellos que respondan a tal llamamiento. Si la Parte adversa adquiere o recupera el control de la regi\u00f3n seguir\u00e1 otorgando esta protecci\u00f3n y las facilidades mencionadas mientras sean necesarias. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 18 – Identificaci\u00f3n <\/p>\n
1. Cada Parte en conflicto procurar\u00e1 asegurar que tanto el personal sanitario y religioso como las unidades y los medios de transporte sanitarios puedan ser identificados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Cada Parte en conflicto procurar tambi\u00e9n adoptar y aplicar m\u00e9todos y procedimientos que permitan identificar las unidades y los medios de transporte sanitarios que utilicen el signo distintivo y se\u00f1ales distintivas. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En territorio ocupado y en zonas en las que se desarrollan o es probable que se desarrollen combates, el personal sanitario civil y personal religioso civil se dar\u00e1n a conocer, por regla general, por medio del signo distintivo y de una tarjeta de identidad que certifique su condici\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Las unidades y los medios de transporte sanitarios ser\u00e1n se\u00f1alados, con el consentimiento de la autoridad competente, mediante el signo distintivo. Los buques y embarcaciones a que se refiere el art\u00edculo 22 del presente Protocolo ser\u00e1n se\u00f1alados de acuerdo con las disposiciones del II Convenio. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Adem\u00e1s del signo distintivo y de acuerdo con lo dispuesto en el Cap\u00edtulo III del Anexo I del presente Protocolo, una Parte en conflicto podr\u00e1 autorizar el uso de se\u00f1ales distintivas para identificar las unidades y los medios de transporte sanitarios. A t\u00edtulo excepcional, en los casos particulares previstos en el Cap\u00edtulo III del Anexo, los medios de transporte sanitarios podr\u00e1n utilizar las se\u00f1ales distintivas sin exhibir el signo distintivo. <\/p>\n
<\/p>\n
6. La ejecuci\u00f3n de las disposiciones de los p\u00e1rrafos 1 a 5 se regir\u00e1 por los Cap\u00edtulos I a III del Anexo I del presente Protocolo. Las se\u00f1ales destinadas, conforme al Cap\u00edtulo III de dicho Anexo, para el uso exclusivo de las unidades y de los medios de transporte sanitarios, s\u00f3lo se utilizar\u00e1n salvo lo previsto en ese Cap\u00edtulo, para la identificaci\u00f3n de las unidades y de los medios de transporte sanitarios all\u00ed especificados. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Este art\u00edculo no autoriza a dar al signo distintivo, en tiempo de paz, un uso m\u00e1s amplio que el estipulado en el art\u00edculo 44 del I Convenio. <\/p>\n
<\/p>\n
8. Las disposiciones de los Convenios y del presente Protocolo relativas al control del uso del signo distintivo y a la prevenci\u00f3n y represi\u00f3n de su uso abusivo son aplicables a las se\u00f1ales distintivas. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 19 – Estados neutrales y otros Estados que no sean Partes en conflicto: <\/p>\n
<\/p>\n
Los Estados neutrales y otros Estados que no sean Partes en conflicto observar\u00e1n las disposiciones pertinentes del presente Protocolo respecto de las personas protegidas por este T\u00edtulo que pudieran ser recibidas o internadas en sus territorios, as\u00ed como de los muertos de las Partes en conflicto que recogieren. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 20 – Prohibici\u00f3n de las represalias: se proh\u00edben las represalias contra las personas y los bienes protegidos por el presente T\u00edtulo. <\/p>\n
<\/p>\n
SECCION II – TRANSPORTES SANITARIOS <\/p>\n
Art\u00edculo 21 – Veh\u00edculos sanitarios: <\/p>\n
<\/p>\n
Los veh\u00edculos sanitarios ser\u00e1n respetados y protegidos del modo previsto en los Convenios y el presente Protocolo para las unidades sanitarias m\u00f3viles. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 22 – Buques hospitales y embarcaciones costeras de salvamento <\/p>\n
1. Las disposiciones de los Convenios relativas: <\/p>\n
<\/p>\n
a) a los buques descritos en los art\u00edculos 22, 24, 25 y 27 del II Convenio, b) a sus lanchas de salvamento y peque\u00f1as embarcaciones, c) a su personal y sus tripulaciones, y d) a los heridos, enfermos y n\u00e1ufragos que se encuentren a bordo, se aplicaron tambi\u00e9n en los casos en que esos buques, lanchas o embarcaciones transporten heridos, enfermos y n\u00e1ufragos civiles que no pertenezcan a ninguna de las categor\u00edas mencionadas en el art\u00edculo 13 del II Convenio. <\/p>\n
Esas personas civiles, sin embargo, no podr\u00e1n ser entregadas a una Parte en conflicto que no sea la propia, ni capturadas en el mar. Si se hallaren en poder de una Parte en conflicto que no sea la propia, les ser\u00e1n aplicables las disposiciones del IV Convenio y del presente Protocolo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La protecci\u00f3n prevista en los Convenios para los buques descritos en el art\u00edculo 25 del II Convenio se extender\u00e1 a los buques-hospitales puestos a disposici\u00f3n de una Parte en conflicto con fines humanitarios: <\/p>\n
<\/p>\n
a) por un Estado neutral u otro Estado que no sea Parte en ese conflicto; o b) por una organizaci\u00f3n internacional humanitaria imparcial; siempre que se cumplan en ambos casos los requisitos establecidos en el citado art\u00edculo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Las embarcaciones descritas en el art\u00edculo 27 del II Convenio ser\u00e1n protegidas aunque no se haga la notificaci\u00f3n prevista en el mismo. No obstante, se invita a las Partes en conflicto a que se comuniquen mutuamente toda informaci\u00f3n que facilite identificaci\u00f3n y el reconocimiento de tales embarcaciones. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 23 – Otros buques y embarcaciones sanitarios : <\/p>\n
1. Los buques y embarcaciones sanitarios distintos de los mencionados en el art\u00edculo 22 del presente Protocolo y en el art\u00edculo 38 del II Convenio, ya se encuentren en el mar o en otras aguas, ser\u00e1n respetados y protegidos del modo previsto en los Convenios y en el presente Protocolo para las unidades sanitarias m\u00f3viles. Como esa protecci\u00f3n s\u00f3lo puede ser eficaz si es posible identificarlos y reconocerlos como buques y embarcaciones sanitarios, tales buques deber\u00edan llevar el signo distintivo y, en la medida de lo posible, dar cumplimiento a lo dispuesto en el segundo p\u00e1rrafo del art\u00edculo 43 del II Convenio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los buques y embarcaciones a que se refiere el p\u00e1rrafo 1 permanecer\u00e1n sujetos a las leyes de la guerra. Todo buque de guerra que navegue en la superficie y que est\u00e9 en condiciones de hacer cumplir inmediatamente su orden, podr\u00e1 ordenarles que se detengan, que se alejen o que tomen una determinada ruta, y toda orden de esta \u00edndole deber\u00e1 ser obedecida. Esos buques y embarcaciones no podr\u00e1n ser desviados de ning\u00fan otro modo de su misi\u00f3n sanitaria mientras sean necesarios para los heridos, enfermos y n\u00e1ufragos que se encuentren a bordo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La protecci\u00f3n que otorga el p\u00e1rrafo 1 s\u00f3lo cesar\u00e1 en las condiciones establecidas en los art\u00edculos 34 y 35 del II Convenio. Toda negativa inequ\u00edvoca a obedecer una orden dada con arreglo a lo dispuesto en el p\u00e1rrafo 2 constituir\u00e1 un acto perjudicial para el enemigo a los efectos del art\u00edculo 34 del II Convenio. <\/p>\n
<\/p>\n
4.Toda Parte en conflicto podr\u00e1 notificar a cualquier Parte adversa, con la mayor anticipaci\u00f3n posible antes del viaje, el nombre, la descripci\u00f3n, la hora prevista de salida, la ruta y la velocidad estimada del buque o embarcaci\u00f3n sanitarios, en particular en el caso de buques de mas de 2.000 toneladas brutas, y podr\u00e1 suministrar cualquier otra informaci\u00f3n que facilite su identificaci\u00f3n y reconocimiento.La Parte adversa acusar\u00e1 recibo de tal informaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Las disposiciones del art\u00edculo 37 de II convenio ser\u00e1n aplicadbles a los heridos, enfermos y n\u00e1ufragos pertenecientes a las categor\u00edas a que se refiere el art\u00edculo 13 del II Convenio y el art\u00edculo 44 del presente Protocolo, que se encuentren a bordo de esos buques y embarcaciones sanitarios. Los heridos, enfermos y n\u00e1ufragos civiles que no pertenezcan a las categor\u00edas mencionadas en el art\u00edculo 13 del II Convenio, no podr\u00e1n ser entregados, si se hallan en el mar, a una Parte que no sea la propia ni obligados a abandonar tales buques o embarcaciones; si, no obstante, se hallan en poder de una Parte en conflicto que no sea la propia, estar\u00e1n amparados por el IV Convenio y el presente Protocolo. <\/p>\n
Art\u00edculo 24 – Protecci\u00f3n de las aeronaves sanitarias: Las aeronaves sanitarias ser\u00e1n respetadas y protegidas de conformidad con las disposiciones del presente T\u00edtulo. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 25 – Aeronaves sanitarias en zonas no dominadas por la Parte adversa: En las zonas terrestres dominadas de hecho por fuerzas amigas o en las mar\u00edtimas no dominadas de hecho por una Parte adversa, as\u00ed como en su espacio a\u00e9reo, el respeto y la protecci\u00f3n de las aeronaves sanitarias de una Parte en conflicto no depender\u00e1n de acuerdo alguno con la Parte adversa. No obstante, para mayor seguridad, la Parte en conflicto que utilice sus aeronaves sanitarias en tales zonas podr\u00e1 dar a cualquier Parte adversa la notificaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 29, especialmente cuando esas aeronaves efect\u00faen vuelos que las pongan al alcance de los sistemas de armas superficie-aire de la Parte adversa. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 26 – Aeronaves sanitarias en zonas de contacto o similares: <\/p>\n
1. En las partes de la zona de contacto que est\u00e9n dominadas de hecho por fuerzas amigas y en las zonas cuyo dominio de hecho no est\u00e9 claramente establecido\u201a as\u00ed como en su esoaceio a\u00e9reo, la protecci\u00f3n de las aeronaves sanitarias s\u00f3lo podr\u00e1 ser plenamente eficaz si media un acuerdo previo entre las autoridades militares competentes de las Partes en conflicto conforme a lo previsto en el art\u00edculo 29. Las aeronaves sanitarias que, a falta de tal acuerdo, operen por su cuenta y riesgo, deber\u00e1n no obstante ser respetadas cuando hayan sido reconocidas como tales. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Se entiende por “zona de contacto” cualquier zona terrestre en que los elementos avanzados de las fuerzas opuestas est\u00e9n en contacto unos con otros, en particular cuando est\u00e9n expuestos a tiro directo desde tierra. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 27 – Aeronaves sanitarias en zonas dominadas por la Parte adversa: <\/p>\n
1. Las aeronaves sanitarias de una Parte en conflicto continuar\u00e1n protegidas mientras sobrevuelen zonas mar\u00edtimas o terrestres dominadas de hecho por una Parte adversa, a condici\u00f3n de que para tales vuelos se haya obtenido previamente el acuerdo de la autoridad competente de dicha Parte adversa. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La aeronave sanitaria que sobrevuele una zona dominada de hecho por la Parte adversa sin el acuerdo previsto en el p\u00e1rrafo 1, o apart\u00e1ndose de lo convenido, debido a un error de navegaci\u00f3n o a una situaci\u00f3n de emergencia que comprometa la seguridad del vuelo, deber\u00e1 hacer todo lo posible para identificarse e informar a la Parte adversa acerca de las circunstancias en que se encuentra. Tan pronto como la Parte adversa haya reconocido tal aeronave sanitaria, har\u00e1 todo lo razonablemente posible para dar la orden de aterrizar o amarar a que se refiere el p\u00e1rrafo 1 del art\u00edculo 30 o para adoptar otras disposiciones con objeto de salvaguardar los intereses de esa Parte y, en ambos casos, antes de recurrir a un ataque contra la aeronave, darle tiempo de obedecer. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 28 – Restricciones relativas al uso de las aeronaves sanitarias: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Se prohibe a las Partes en conflicto utilizar sus aeronaves sanitarias para tratar de obtener una ventaja militar sobre una Parte adversa. La presencia de aeronaves sanitarias no podr\u00e1 utilizarse para tratar de poner objetivos militares a cubierto de un ataque. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Las aeronaves sanitarias no se utilizar\u00e1n para recoger ni transmitir informaci\u00f3n militar y no transportar\u00e1n equipo alguno destinado a esos fines. Se les prohibe transportar personas o cargamento no comprendidos en la definici\u00f3n contenida en el apartado f) del art\u00edculo 8. No se considerar\u00e1 prohibido el transporte a bordo de los efectos personales de los ocupantes o del equipo destinado exclusivamente a facilitar la navegaci\u00f3n, las comunicaciones o la identificaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Las aeronaves sanitarias no transportar\u00e1n armamento alguno salvo las armas port\u00e1tiles y las municiones que hayan sido recogidas a los heridos, enfermos y n\u00e1ufragos que se hallen a bordo y que a\u00fan no hayan sido entregadas al servicio competente, y las armas ligeras individuales que sean necesarias para que el personal sanitario que se halle a bordo pueda defenderse y defender a los heridos, enfermos y n\u00e1ufragos que tenga a su cargo. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Salvo acuerdo previo con la Parte adversa, las aeronaves sanitarias no podr\u00e1n utilizarse, al efectuar los Vuelos a que se refieren los art\u00edculos 26 y 27, para buscar heridos, enfermos y n\u00e1ufragos. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 29 – Notificaciones y acuerdos relativos a las aeronaves sanitarias: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Las notificaciones a que se refiere el art\u00edculo 25 y las solicitudes de acuerdo previo mencionadas en los art\u00edculos 26, 27, 28, p\u00e1rrafo 4, y 31, deber\u00e1n indicar el n\u00famero previsto de aeronaves sanitarias, sus planes de vuelo y medios de identificaci\u00f3n; tales notificaciones y solicitudes se interpreter\u00e1n en el sentido de que los vuelos se efectuar\u00e1n conforme a las disposiciones del art\u00edculo 28. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Parte que reciba una notificaci\u00f3n hecha en virtud del art\u00edculo 25 acusar\u00e1 recibo de ella sin demora. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Parte que reciba una solicitud de acuerdo previo hecha en virtud de lo previsto en los art\u00edculos 26, 27, 28, p\u00e1rrafo 4, o 31, notificar\u00e1 tan r\u00e1pidamente como sea posible a la Parte que haya hecho tal solicitud: <\/p>\n
<\/p>\n
a) la aceptaci\u00f3n de la solicitud; b) la denegaci\u00f3n de la solicitud; o c) una propuesta alternativa razonable a la solicitud. Podr\u00e1 tambi\u00e9n proponer una prohibici\u00f3n o restricci\u00f3n de otros vuelos en la zona de que se trate durante el per\u00edodo considerado. Si la Parte que ha presentado la solicitud acepta esas contrapropuestas, notificar su aceptaci\u00f3n a la otra Parte. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Las Partes tomar\u00e1n las medidas necesarias para que puedan hacerse esas notificaciones y acuerdos sin p\u00e9rdida de tiempo. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Las Partes tomar\u00e1n tambi\u00e9n las medidas necesarias para que lo esencial de tales notificaciones y acuerdos se difunda r\u00e1pidamente entre las unidades militares interesadas, las que ser\u00e1n informadas sobre los medios de identificaci\u00f3n que utilizar\u00e1n las aeronaves sanitarias de que se trate. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 30 – Aterrizaje e inspecci\u00f3n de aeronaves sanitarias: <\/p>\n
1. Las aeronaves sanitarias que sobrevuelen zonas dominadas de hecho por la Parte adversa o zonas cuyo dominio no este claramente establecido podr\u00e1n ser intimadas a aterrizar o, en su caso, a amarar, a fin de que se proceda a la inspecci\u00f3n prevista en los p\u00e1rrafos siguientes. Las aeronaves sanitarias obedecer\u00e1n tal intimaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Si una de tales aeronaves aterriza o amarra, obedeciendo a una intimaci\u00f3n o por cualquier otra circunstancia, s\u00f3lo podr\u00e1 ser objeto de inspecci\u00f3n para comprobar los extremos a que hacen referencia los p\u00e1rrafos 3 y 4 de este art\u00edculo. La inspecci\u00f3n ser\u00e1 iniciada sin demora y efectuada r\u00e1pidamente. La Parte que proceda a la inspecci\u00f3n no exigir\u00e1 que sean desembarcados de la aeronave los heridos y enfermos, a menos que ello sea indispensable para la inspecci\u00f3n. En todo caso esa Parte cuidar\u00e1 de que esa inspecci\u00f3n o ese desembarque no agrave el estado de los heridos y enfermos. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Si la inspecci\u00f3n revela que la aeronave: <\/p>\n
<\/p>\n
a) es una aeronave sanitaria en el sentido del apartado j) del art\u00edculo 8, b) no contraviene las condiciones prescritas en el art\u00edculo 28, y c) no ha efectuado el vuelo sin acuerdo previo o en violaci\u00f3n del mismo cuando tal acuerdo se requiera. La aeronave y los ocupantes de la misma que pertenezcan a una Parte adversa o a un Estado neutral o a otro Estado que no sea Parte en el conflicto ser\u00e1n autorizados a proseguir el vuelo sin demora. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Si la inspecci\u00f3n revela que la aeronave: <\/p>\n
<\/p>\n
a) no es una aeronave sanitaria en el sentido del apartado j) del art\u00edculo 8, b) contraviene las condiciones prescritas en el art\u00edculo 28, o c) ha efectuado el vuelo sin acuerdo previo o en violaci\u00f3n de un acuerdo previo cuando tal acuerdo se requiera, la aeronave podr\u00e1 ser apresada. Sus ocupantes ser\u00e1n tratados conforme a las disposiciones pertinentes de los Convenios y del presente Protocolo. Toda aeronave apresada que haya estado destinada a servir de aeronave sanitaria permanente s\u00f3lo podr\u00e1 ser utilizada en lo sucesivo como aeronave sanitaria. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 31 – Estados neutrales u otros Estados que no sean partes en conflicto: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Las aeronaves sanitarias no podr\u00e1n sobrevolar el territorio de un Estado neutral o de otro Estado que no sea Parte en el conflicto, ni aterrizar o amarar en \u00e9l, salvo en virtud de acuerdo previo. Sin embargo, de mediar tal acuerdo, esas aeronaves ser\u00e1n respetadas mientras dure el vuelo y durante las eventuales escalas en tal territorio. No obstante, deber\u00e1n obedecer toda intimaci\u00f3n de aterrizar o, en su caso, amarar. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La aeronave sanitaria que, sin acuerdo previo o apart\u00e1ndose de lo estipulado en un acuerdo, sobrevuele el territorio de un Estado neutral o de otro Estado que no sea Parte en conflicto, por error de navegaci\u00f3n o a causa de una situaci\u00f3n de emergencia que afecte a la seguridad del vuelo, har\u00e1 todo lo posible para notificar su vuelo y hacerse identificar. Tan pronto como dicho Estado haya reconocido tal aeronave sanitaria, har\u00e1 todo lo razonablemente posible por dar la orden de aterrizar o amarar a que se refiere el p\u00e1rrafo 1 del art\u00edculo 30 o para adoptar otras disposiciones con objeto de salvaguardar los intereses de ese Estado y, en ambos casos, dar a la aeronave tiempo para obedecer, antes de recurrir a un ataque. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Si una aeronave sanitaria, con acuerdo previo o en las circunstancias mencionadas en el p\u00e1rrafo 2, aterriza o amara en el territorio de un Estado neutral o de otro Estado que no sea Parte en el conflicto, obedeciendo a una intimaci\u00f3n o por cualquier otra circunstancia, quedar\u00e1 sujeta a inspecci\u00f3n para determinar si se trata de una aeronave sanitaria. La inspecci\u00f3n ser\u00e1 iniciada sin demora y efectuada r\u00e1pidamente. La Parte que proceda a la inspecci\u00f3n no exigir\u00e1 que sean desembarcados de la aeronave los heridos y enfermos que dependen de la Parte que utilice la aeronave a menos que ello sea indispensable para la inspecci\u00f3n. En todo caso, esa Parte cuidar\u00e1 de que tal inspecci\u00f3n o desembarque no agrave el estado de los heridos y enfermos. Si la inspecci\u00f3n revela que la aeronave es efectivamente una aeronave sanitaria, esa aeronave con sus ocupantes, salvo los que deban ser retenidos de conformidad con las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados, ser\u00e1 autorizada a proseguir su vuelo, y recibir las facilidades apropiadas para ello. Si la inspecci\u00f3n revela que esa aeronave no es una aeronave sanitaria, la aeronave ser apresada y sus ocupantes ser\u00e1n tratados conforme a lo dispuesto en el p\u00e1rrafo 4. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Con excepci\u00f3n de los que sean desembarcados temporalmente, los heridos, enfermos y n\u00e1ufragos desembarcados de una aeronave sanitaria con el asentimiento de la autoridad local en el territorio de un Estado neutral o de otro Estado que no sea Parte en conflicto deber\u00e1n, salvo que este Estado y las Partes en conflicto acuerden otra cosa, quedar bajo la custodia de dicha autoridad cuando las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados as\u00ed lo exijan, de forma que no puedan volver a participar en las hostilidades. Los gastos de hospitalizaci\u00f3n y de internamiento correr\u00e1n a cargo del Estado a que pertenezcan tales personas. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Los Estados neutrales u Otros Estados que no sean Partes en conflicto aplicar\u00e1n por igual a todas las Partes en conflicto las condiciones y restricciones eventuales respecto al sobrevuelo de su territorio por aeronaves sanitarias o al aterrizaje de ellas en el mismo. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 32 – Principio general: <\/p>\n
En la aplicaci\u00f3n de la presente Secci\u00f3n, las actividades de las Altas Partes contratantes, de las Partes en conflicto y de las organizaciones humanitarias internacionales mencionadas en los Convenios y en el presente Protocolo deber\u00e1n estar motivadas ante todo por el derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros. <\/p>\n
Art\u00edculo 33 – Desaparecidos: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Tan pronto como las circunstancias lo permitan, y a m\u00e1s tardar desde el fin de las hostilidades activas, cada Parte en conflicto buscar\u00e1 las personas cuya desaparici\u00f3n haya se\u00f1alado una Parte adversa. A fin de facilitar tal b\u00fasqueda, esa Parte adversa comunicar\u00e1 todas las informaciones pertinentes sobre las personas de que se trate. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con objeto de facilitar la obtenci\u00f3n de informaci\u00f3n de conformidad con lo dispuesto en el p\u00e1rrafo anterior, cada Parte en conflicto deber\u00e1 , con respecto a las personas que no se beneficien de condiciones m\u00e1s favorables en virtud de los Convenios o del presente Protocolo: <\/p>\n
<\/p>\n
a) registrar en la forma dispuesta en el art\u00edculo 138 del IV Convenio la informaci\u00f3n sobre tales personas, cuando hubieran sido detenidas, encarceladas o mantenidas en cualquier otra forma de cautiverio durante m\u00e1s de dos semanas como consecuencia de las hostilidades o de la ocupaci\u00f3n o hubieran fallecido durante un per\u00edodo de detenci\u00f3n; b) en toda la medida de lo posible, facilitar y, de ser necesario, efectuar la b\u00fasqueda y el registro de la informaci\u00f3n relativa a tales personas si hubieran fallecido en otras circunstancias como consecuencia de las hostilidades o de la ocupaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La informaci\u00f3n sobre las personas cuya desaparici\u00f3n se haya se\u00f1alado, de conformidad con el p\u00e1rrafo 1, y las solicitudes de dicha informaci\u00f3n ser\u00e1n transmitidas directamente o por conducto de la Potencia protectora, de la Agencia Central de B\u00fasqueda del Comit\u00e9 Internacional de la Cruz Roja, o de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, Le\u00f3n y Sol Rojos). Cuando la informaci\u00f3n no sea transmitida por conducto del Comit\u00e9 Internacional de la Cruz Roja y de su Agencia Central de B\u00fasqueda, cada Parte en conflicto velar\u00e1 por que tal informaci\u00f3n sea tambi\u00e9n facilitada a esa Agencia. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Las Partes en conflicto se esforzar\u00e1n por ponerse de acuerdo sobre disposiciones que permitan que grupos constituidos al efecto busquen, identifiquen y recuperen los muertos en las zonas del campo de batalla; esas disposiciones podr\u00e1n prever, cuando proceda, que tales grupos vayan acompa\u00f1ados de personal de la Parte adversa mientras lleven a cabo esas misiones en zonas controladas por ella. El personal de tales grupos deber\u00e1 ser respetado y protegido mientras se dedique exclusivamente a tales misiones. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 34 – Restos de las personas fallecidas <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los restos de las personas fallecidas a consecuencia de la ocupaci\u00f3n o mientras se hallaban detenidas por causa de la ocupaci\u00f3n o de las hostilidades, y los de las personas que no fueren nacionales del pa\u00eds en que hayan fallecido a consecuencia de las hostilidades, deben ser respetados y las sepulturas de todas esas personas ser\u00e1n respetadas, conservadas y marcadas seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 130 del IV Convenio, en tanto que tales restos y sepulturas no se beneficien de condiciones m\u00e1s favorables en virtud de los Convenios y del presente Protocolo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Tan pronto como las circunstancias y las relaciones entre las Partes adversas lo permitan, las Altas Partes contratantes en cuyos territorios se encuentren las tumbas y, en su caso, otros lugares donde se hallen los restos de las personas fallecidas como consecuencia de las hostilidades, durante la ocupaci\u00f3n o mientras se hallaban detenidas, celebrar\u00e1n acuerdos a fin de: <\/p>\n
<\/p>\n
a) facilitar a los miembros de las familias de los fallecidos y a los representantes de los servicios oficiales de registro de tumbas el acceso a las sepulturas, y determinar las disposiciones de orden pr\u00e1ctico para tal acceso; b) asegurar la protecci\u00f3n y el mantenimiento permanentes de tales sepulturas; c) facilitar la repatriaci\u00f3n de los restos de las personas fallecidas y la devoluci\u00f3n de los efectos personales al pa\u00eds de origen, a solicitud de ese pa\u00eds o, salvo que el mismo se opusiera a ello, a solicitud de los parientes m\u00e1s pr\u00f3ximos. <\/p>\n
<\/p>\n
3. A falta de los acuerdos previstos en los apartados b) o c) del p\u00e1rrafo 2 y si el pa\u00eds de origen de esas personas fallecidas no est\u00e1 dispuesto a sufragar los gastos correspondientes al mantenimiento de tales sepulturas, la Alta Parte contratante en cuyo territorio se encuentren tales sepulturas podr\u00e1 ofrecer facilidades para la devoluci\u00f3n de los restos al pa\u00eds de origen. Si tal ofrecimiento no fuera aceptado, la Alta Parte contratante, transcurridos cinco a\u00f1os desde la fecha del ofrecimiento y previa la debida notificaci\u00f3n al pa\u00eds de origen, podr\u00e1 aplicar las disposiciones previstas en su legislaci\u00f3n en materia de cementerios y sepulturas. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Alta Parte contratante en cuyo territorio se encuentren las sepulturas a que se refiere el presente art\u00edculo s\u00f3lo podr\u00e1 exhumar los restos: <\/p>\n
<\/p>\n
a) en virtud de lo dispuesto en el apartado c) del p\u00e1rrafo 2 y en el p\u00e1rrafo 3, o b) cuando la exhumaci\u00f3n constituya una necesidad imperiosa de inter\u00e9s p\u00fablico, incluidos los casos de necesidad sanitaria o de investigaci\u00f3n administrativa o judicial, en cuyo caso la Alta Parte contratante deber\u00e1 guardar en todo momento el debido respeto a los restos y comunicar al pa\u00eds de origen su intenci\u00f3n de exhumarlos, transmiti\u00e9ndole detalles sobre el lugar en que se propone darles nueva sepultura. <\/p>\n
<\/p>\n
TITULO III <\/p>\n
<\/p>\n
MODOS Y MEDIOS DE GUERRA – ESTATUTO DE COMBATIENTE Y DE PRISIONERO DE GUERRA <\/p>\n
<\/p>\n
SECCION I – METODOS Y MEDIOS DE GUERRA <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 35 – Normas fundamentales <\/p>\n
<\/p>\n
1. En todo conflicto armado, el derecho de las Partes en conflicto a elegir los m\u00e9todos o medios de hacer la guerra no es ilimitado. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3. Queda prohibido el empleo de m\u00e9todos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen, da\u00f1os extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 36 – Armas nuevas <\/p>\n
<\/p>\n
Cuando una Alta Parte contratante estudie, desarrolle, adquiera o adopte una nueva arma, o nuevos medios o m\u00e9todos de guerra, tendr\u00e1 la obligaci\u00f3n de determinar si su empleo. en ciertas condiciones o en todas las circunstancias, estar\u00eda prohibido por el presente Protocolo o por cualquier otra norma de derecho internacional aplicable a esa Alta Parte contratante. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 37 – Prohibici\u00f3n de la perfidia: <\/p>\n
1. Queda prohibido matar, herir o capturar a un adversario vali\u00e9ndose de medios p\u00e9rfidos. Constituir\u00e1n perfidia los actos que, apelando a la buena fe de un adversario con intenci\u00f3n de traicionarla, den a entender a \u00e9ste que tiene derecho a protecci\u00f3n, o que est\u00e1 obligado a concederla, de conformidad con las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados. Son ejemplos de perfidia los actos siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
a) simular la intenci\u00f3n de negociar bajo bandera de parlamento o de rendici\u00f3n; b) simular una incapacitaci\u00f3n por heridas o enfermedad; c) simular el estatuto de persona civil, no combatiente; d) simular que se posee un estatuto de protecci\u00f3n, mediante el uso de signos, emblemas o uniformes de las Naciones Unidas o de Estados neutrales o de otros Estados que no sean Partes en el conflicto. <\/p>\n
<\/p>\n
2. No est\u00e1n prohibidas las estratagemas. Son estratagemas los actos que tienen por objeto inducir a error a un adversario o hacerle cometer imprudencias, pero que no infringen ninguna norma de derecho internacional aplicable en los conflictos armados, ni son p\u00e9rfidos ya que no apelan a la buena fe de un adversario con respecto a la protecci\u00f3n prevista en ese derecho. Son ejemplos de estrategias los actos siguientes: el camuflaje, las a\u00f1agazas, las operaciones simuladas y las informaciones falsas. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 38 – Emblemas reconocidos: <\/p>\n
1. Queda prohibido hacer uso indebido del signo distintivo de la cruz roja, de la media luna roja o del le\u00f3n y sol rojos o de otros emblemas, signos o se\u00f1ales establecidos en los Convenios o en el presente Protocolo. Queda prohibido tambi\u00e9n abusar deliberadamente, en un conflicto armado, de otros emblemas, signos o se\u00f1ales protectores internacionalmente reconocidos, incluidos la bandera de parlamento y el emblema protector de los bienes culturales. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Queda prohibido hacer uso del emblema distintivo de las Naciones Unidas, salvo en los casos en que esa Organizaci\u00f3n lo autorice. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 39 – Signos de nacionalidad : <\/p>\n
1. Queda prohibido hacer uso en un conflicto armado de las banderas o de los emblemas, insignias o uniformes militares de Estados neutrales o de otros Estados que no sean Partes en el conflicto. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Queda prohibido hacer uso de las banderas o de los emblemas, insignias o uniformes militares de Partes adversas durante los ataques, o para cubrir, favorecer, proteger u obstaculizar operaciones militares. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Ninguna de las disposiciones del presente art\u00edculo o del art\u00edculo 37, p\u00e1rrafo 1, d), afectar\u00e1 a las normas existentes de derecho internacional generalmente reconocidas que sean aplicables al espionaje o al uso de la bandera en el desarrollo de los conflictos armados en el mar. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 40 – Cuartel: <\/p>\n
<\/p>\n
Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes, amenazar con ello al adversario o conducir las hostilidades en funci\u00f3n de tal decisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 41 – Salvaguardia del enemigo fuera de combate: <\/p>\n
1. Ninguna persona podr\u00e1 ser objeto de ataque cuando se reconozca o, atendidas las circunstancias, deba reconocerse que est\u00e9 fuera de combate. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Est\u00e1 fuera de combate toda persona; a) que est\u00e9 en poder de una Parte adversa: b) que exprese claramente su intenci\u00f3n de rendirse; o c) que est\u00e9\u201a inconsciente o incapacitada en cualquier otra forma a causa de heridas o de enfermedad y sea, por consiguiente, incapaz de defenderse; y siempre que, en cualquiera de esos casos, se abstenga de todo acto hostil y no trate de evadirse. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Cuando las personas que tengan derecho a la protecci\u00f3n de que gozan los prisioneros de guerra hayan ca\u00eddo en poder de una Parte adversa en condiciones de combate inhabituales que impidan su evacuaci\u00f3n en la forma prevista en la Secci\u00f3n I del T\u00edtulo III del III Convenio, ser\u00e1n liberadas, debiendo adoptarse todas las precauciones posibles para garantizar su seguridad. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 42 – Ocupantes de aeronaves: <\/p>\n
1. Ninguna persona que se lance en paraca\u00eddas de una aeronave en peligro ser\u00e1 atacada durante su descenso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Al llegar a tierra en territorio controlado por una Parte adversa, la persona que se haya lanzado en paraca\u00eddas de una aeronave en peligro deber\u00e1 tener oportunidad de rendirse antes de ser atacada, a menos que sea manifiesto que est\u00e1 realizando un acto hostil. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Las tropas aerotransportadas no quedar\u00e1n protegidas por este art\u00edculo. <\/p>\n
SECCION II – ESTATUTO DE COMBATIENTE Y DE PRISIONERO DE GUERRA <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 43 – Fuerzas armadas: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Las fuerzas armadas de una Parte en conflicto se componen de todas las fuerzas, grupos y unidades armados y organizados, colocados bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados ante esa Parte, aun cuando \u00e9sta est\u00e9 representada por un gobierno o por una autoridad no reconocidos por una Parte adversa. Tales fuerzas armadas deber\u00e1n estar sometidas a un r\u00e9gimen de disciplina interna que haga cumplir, inter alia, las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto (salvo aquellos que formen parte del personal sanitario y religioso a que se refiere el art\u00edculo 33 del III Convenio) son combatientes, es decir, tienen derecho a participar directamente en las hostilidades. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Siempre que una Parte en conflicto incorpore a sus fuerzas armadas un organismo paramilitar o un servicio armado encargado de velar por el orden p\u00fablico, deber\u00e1 notificarlo a las otras Partes en conflicto. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 44 – Combatientes y prisioneros de guerra: <\/p>\n
1. Todo combatiente, tal como queda definido en el art\u00edculo 43, que caiga en poder de una Parte adversa ser\u00e1 prisionero de guerra. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Aunque todos los combatientes est\u00e1n obligados a observar las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados, la violaci\u00f3n de tales normas no privar\u00e1 a un combatiente de su derecho a ser considerado como tal o, si cae en poder de una Parte adversa, de su derecho a ser considerado prisionero de guerra, salvo lo dispuesto en los p\u00e1rrafos 3 y 4. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Con objeto de promover la protecci\u00f3n de la poblaci\u00f3n civil contra los efectos de las hostilidades, los combatientes est\u00e1n obligados a distinguirse de la poblaci\u00f3n civil en el curso de un ataque o de una operaci\u00f3n militar preparatoria de un ataque. Sin embargo, dado que en los conflictos armados hay situaciones en las que, debido a la \u00edndole de las hostilidades, un combatiente armado no puede distinguirse de la poblaci\u00f3n civil, dicho combatiente conservar\u00e1 su estatuto de tal siempre que, en esas circunstancias, lleve sus armas abiertamente: <\/p>\n
<\/p>\n
a) durante todo enfrentamiento militar; y b) durante el tiempo en que sea visible para el enemigo mientras est\u00e1 tomando parte en un despliegue militar previo al lanzamiento de un ataque en el que va a participar. <\/p>\n
<\/p>\n
No se considerar\u00e1n como actos p\u00e9rfidos, en el sentido del apartado c) del p\u00e1rrafo 1 del art\u00edculo 37, los actos en que concurran las condiciones enunciadas en el presente p\u00e1rrafo. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El combatiente que caiga en poder de una Parte adversa y no re\u00fana las condiciones enunciadas en la segunda frase del p\u00e1rrafo 3, perder\u00e1 el derecho a ser considerado como prisionero de guerra, pero, no obstante, recibir\u00e1 las protecciones equivalentes, en todos los sentidos, a las otorgadas a los prisioneros de guerra por el III Convenio y el presente Protocolo. Esta protecci\u00f3n comprende las protecciones equivalentes a las otorgadas a los prisioneros de guerra por el III Convenio en el caso de que tal persona sea juzgada y sancionada por cualquier infracci\u00f3n que haya cometido. <\/p>\n
5. El combatiente que caiga en poder de una Parte adversa mientras no participa en un ataque ni en una operaci\u00f3n militar preparatoria de un ataque, no perder\u00e1 , a consecuencia de sus actividades anteriores, el derecho a ser considerado como combatiente y prisionero de guerra. <\/p>\n
<\/p>\n
6. El presente art\u00edculo no privar\u00e1 a una persona del derecho a ser considerada como prisionero de guerra conforme al art\u00edculo 4 del III Convenio. <\/p>\n
<\/p>\n
7. El prop\u00f3sito del presente art\u00edculo no es modificar la pr\u00e1ctica generalmente aceptada por los Estados en lo que respecta al uniforme que han de llevar los combatientes pertenecientes a las unidades armadas regulares y uniformadas de una Parte en conflicto. <\/p>\n
<\/p>\n
8. Adem\u00e1s de las categor\u00edas de personas mencionadas en el art\u00edculo 13 de los Convenios I y II, todos los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en un conflicto, tal como se definen en el art\u00edculo 43 del presente Protocolo, tendr\u00e1n derecho a la protecci\u00f3n concedida en virtud de esos Convenios si est\u00e1n heridos o enfermos o, en el caso del II Convenio, si son n\u00e1ufragos en el mar o en otras aguas. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 45 – Protecci\u00f3n de personas que han tomado parte en las hostilidades: <\/p>\n
<\/p>\n
1. La persona que participe en las hostilidades y caiga en poder de una Parte adversa se presumir\u00e1 prisionero de guerra y, por consiguiente, estar\u00e1 protegida por el III Convenio cuando reivindique el estatuto de prisionero de guerra, cuando parezca tener derecho al mismo, o cuando la parte de que dependa reivindique ese estatuto en su favor mediante una notificaci\u00f3n a la Potencia detenedora o a la Potencia protectora. Si hubiere alguna duda respecto a su derecho al estatuto de prisionero de guerra, tal persona continua benefici\u00e1ndose de este estatuto y, en consecuencia, seguir\u00e1 gozando de la protecci\u00f3n del III Convenio y del presente Protocolo hasta que un tribunal competente haya decidido al respecto. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La persona que, habiendo ca\u00eddo en poder de una Parte adversa, no est\u00e9\u201a detenida como prisionero de guerra y vaya a ser juzgada por esa Parte con motivo de una infracci\u00f3n que guarde relaci\u00f3n con las hostilidades podr\u00e1 hacer valer su derecho al estatuto de prisionero de guerra ante un tribunal judicial y a que se decida esta cuesti\u00f3n. Siempre que no sea contrario al procedimiento aplicable, esa cuesti\u00f3n se decidir\u00e1 antes de que el tribunal se pronuncie sobre la infracci\u00f3n. Los representantes de la Potencia protectora tendr\u00e1n derecho a asistir a las actuaciones en que deba dirimirse la cuesti\u00f3n, a menos que, excepcionalmente y en inter\u00e9s de la seguridad del Estado, tales actuaciones se celebren a puerta cerrada. En este caso, la Potencia en cuyo poder se encuentre la persona informar\u00e1 al respecto a la Potencia protectora. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La persona que haya tomado parte en las hostilidades y no tenga derecho al estatuto de prisionero de guerra ni disfrute de un trato m\u00e1s favorable de conformidad con lo dispuesto en el IV Convenio, tendr\u00e1 derecho en todo momento a la protecci\u00f3n del art\u00edculo 75 del presente Protocolo. Tal persona, cuando se encuentre en territorio ocupado y siempre que no se halle detenida como esp\u00eda, disfrutar\u00e1 tambi\u00e9n, no obstante lo establecido en el art\u00edculo 5 del IV Convenio, de los derechos de comunicaci\u00f3n previstos en ese Convenio. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 46 – Esp\u00edas: <\/p>\n
<\/p>\n
1. No obstante cualquier otra disposici\u00f3n de los Convenios o del presente Protocolo, el miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto que caiga en poder de una Parte adversa mientras realice actividades de espionaje no tendr\u00e1 derecho al estatuto de prisionero de guerra y podr\u00e1 ser tratado como esp\u00eda. <\/p>\n
<\/p>\n
2. No se considerar\u00e1 que realiza actividades de espionaje el miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto que, en favor de esa Parte, recoja o intente recoger informaci\u00f3n dentro de un territorio controlado por una Parte adversa siempre que, al hacerlo, vista el uniforme de las fuerzas armadas a que pertenezca. <\/p>\n
<\/p>\n
3. No se considerar\u00e1 que realiza actividades de espionaje el miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto que sea residente en territorio ocupado por una Parte adversa y que, en favor de la Parte de que depende, recoja o intente recoger informaci\u00f3n de inter\u00e9s militar dentro de ese territorio, salvo que lo haga mediante pretextos falsos o proceda de modo deliberadamente clandestino. Adem\u00e1s, ese residente no perder\u00e1 su derecho al estatuto de prisionero de guerra y no podr\u00e1 ser tratado como esp\u00eda a menos que sea capturado mientras realice actividades de espionaje. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto que no sea residente en territorio ocupado por una Parte adversa y que haya realizado actividades de espionaje en ese territorio, no perder\u00e1 su derecho al estatuto de prisionero de guerra y no podr\u00e1 ser tratado como esp\u00eda a menos que sea capturado antes de reintegrarse a las fuerzas armadas a que pertenezca. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 47 – Mercenarios : <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los mercenarios no tendr\u00e1n derecho al estatuto de combatiente o de prisionero de guerra. <\/p>\n
2. Se entiende por mercenario toda persona: <\/p>\n
<\/p>\n
a) que haya sido especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, a fin de combatir en un conflicto armado; b) que, de hecho, tome parte directa en las hostilidades; c) que tome parte en las hostilidades animada esencialmente por el deseo de obtener un provecho personal y a la que se haga efectivamente la promesa, por una Parte en conflicto o en nombre de ella, de una retribuci\u00f3n material considerablemente superior a la prometida o abonada a los combatientes de grado y funciones similares en las fuerzas armadas de esa Parte; d) que no sea nacional de una Parte en conflicto ni residente en un territorio controlado por una Parte en conflicto; e) que no sea miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto; y f) que no haya sido enviada en misi\u00f3n oficial como miembro de sus fuerzas armadas por un Estado que no es Parte en conflicto. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
TITULO IV <\/p>\n
<\/p>\n
POBLACION CIVIL <\/p>\n
<\/p>\n
SECCION I – PROTECCION GENERAL CONTRA LOS EFECTOS DE LAS HOSTILIDADES <\/p>\n
<\/p>\n
CAPITULO I – NORMA FUNDAMENTAL Y AMBITO DE APLICACION <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 48 – Norma fundamental <\/p>\n
<\/p>\n
A fin de garantizar el respeto y la protecci\u00f3n de la poblaci\u00f3n civil de los bienes de car\u00e1cter civil las Partes en conflicto har\u00e1n distinci\u00f3n en todo momento entre poblaci\u00f3n civil y combatientes, y entre bienes de car\u00e1cter civil y objetivos militares y, en consecuencia, dirigir\u00e1n sus operaciones \u00fanicamente contra objetivos militares. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 49 – Definici\u00f3n de ataques y \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n <\/p>\n
1. Se entiende por “ataques” los actos de violencia contra el adversario, sean ofensivos o defensivos. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Las disposiciones del presente Protocolo respecto a los ataques ser\u00e1n aplicables a todos los ataques en cualquier territorio donde se realicen, inclusive en el territorio nacional que pertenezca a una Parte en conflicto, pero que se halle bajo el control de una Parte adversa. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Las disposiciones de la presente Secci\u00f3n se aplicar\u00e1n a cualquier operaci\u00f3n de guerra terrestre, naval o a\u00e9rea que pueda afectar en tierra a la poblaci\u00f3n civil, a las personas civiles y a los bienes de car\u00e1cter civil. Se aplicar\u00e1n tambi\u00e9n a todos los ataques desde el mar o desde el aire contra objetivos en tierra, pero no afectar\u00e1n de otro modo a las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados en el mar o en el aire. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Las disposiciones de la presente Secci\u00f3n completan las normas relativas a la protecci\u00f3n humanitaria contenidas en el IV Convenio, particularmente en su T\u00edtulo II, y en los dem\u00e1s acuerdos internacionales que obliguen a las Altas Partes contratantes, as\u00ed como las otras normas de derecho internacional que se refieren a la protecci\u00f3n de las personas civiles y de los bienes de car\u00e1cter civil contra los efectos de las hostilidades en tierra, en el mar o en el aire. <\/p>\n
<\/p>\n
CAPITULO II – PERSONAS CIVILES Y POBLACION CIVIL <\/p>\n
Art\u00edculo 50 – Definici\u00f3n de personas civiles y de poblaci\u00f3n civil : <\/p>\n
1. Es persona civil cualquiera que no pertenezca a una de las categor\u00edas de personas a que se refieren el art\u00edculo 4, A. 1), 2), 3), y 6), del III Convenio, y el art\u00edculo 43 del presente Protocolo. En caso de duda acerca de la condici\u00f3n <\/p>\n
de una persona, se la considerar\u00e1 como civil. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La poblaci\u00f3n civil comprende a todas las personas civiles. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La presencia entre la poblaci\u00f3n civil de personas cuya condici\u00f3n no responda a la definici\u00f3n de persona civil no priva a esa poblaci\u00f3n de su calidad de civil. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 51 – Protecci\u00f3n de la poblaci\u00f3n civil: <\/p>\n
<\/p>\n
1. La poblaci\u00f3n civil y las personas civiles gozar\u00e1n de protecci\u00f3n general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protecci\u00f3n, adem\u00e1s de las otras normas aplicables de derecho internacional, se observar\u00e1n en todas las circunstancias las normas siguientes. <\/p>\n
<\/p>\n
2. No ser\u00e1n objeto de ataque la poblaci\u00f3n civil como tal ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la poblaci\u00f3n civil. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Las personas civiles gozar\u00e1n de la protecci\u00f3n que confiere esta Secci\u00f3n, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Se prohiben los ataques indiscriminados. Son ataques indiscriminados: <\/p>\n
<\/p>\n
a) los que no est\u00e9n dirigidos contra un objetivo militar concreto; b) los que emplean m\u00e9todos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto; o c) los que emplean\u201atodos o medios de combate cuyos efectos no sea posible limitar conforme a lo exigido por el presente Protocolo; y que, en consecuencia en cualquiera de tales casos, pueden alcanzar indistintamente a objetivos militares y a personas civiles o a bienes de car\u00e1cter civil. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Se consideraran indiscriminados, entre otros, los siguientes tipos de ataque: <\/p>\n
a) los ataques por bombardeo, cualesquiera que sean los m\u00e9todos o medios utilizados, que traten como objetivo militar \u00fanico varios objetivos militares precisos y claramente separados situados en una ciudad, un pueblo, una aldea u otra zona en que haya concentraci\u00f3n an\u00e1loga de personas civiles o bienes de car\u00e1cter civil; b) los ataques, cuando sea de prever que causar\u00e1n incidentalmente muertos y heridos entre la poblaci\u00f3n civil, o da\u00f1os a bienes de car\u00e1cter civil, o ambas cosas, que ser\u00edan excesivos en relaci\u00f3n con la ventaja militar concreta y directa prevista. <\/p>\n
6. Se prohiben los ataques dirigidos como represalias contra la poblaci\u00f3n civil o las personas civiles. <\/p>\n
7. La presencia de la poblaci\u00f3n civil o de personas civiles o sus movimientos no podr\u00e1n ser utilizados para poner ciertos puntos o zonas a cubierto de operaciones militares, en especial para tratar de poner a cubierto de ataques los objetivos militares, ni para cubrir, favorecer u obstaculizar operaciones militares. Las Partes en conflicto no podr\u00e1n dirigir los movimientos de la poblaci\u00f3n civil o de personas civiles para tratar de poner objetivos militares a cubierto de ataques, o para cubrir operaciones militares. <\/p>\n
<\/p>\n
8. Ninguna violaci\u00f3n de estas prohibiciones dispensar\u00e1 a las Partes en conflicto de sus obligaciones jur\u00eddicas con respecto a la poblaci\u00f3n civil y las personas civiles, incluida la obligaci\u00f3n de adoptar las medidas de precauci\u00f3n previstas en el art\u00edculo 57. <\/p>\n
<\/p>\n
CAPITULO III – BIENES DE CARACTER CIVIL <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 52 – Protecci\u00f3n general de los bienes de car\u00e1cter civil : <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los bienes de car\u00e1cter civil no ser\u00e1n objeto de ataque ni de represalias. Son bienes de car\u00e1cter civil todos los bienes que no son objetivos militares en el sentido del p\u00e1rrafo.2. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los ataques se limitar\u00e1n estrictamente a los objetivos militares. En lo que respecta a los bienes, los objetivos militares se limitan a aquellos objetos que por su naturaleza, ubicaci\u00f3n, finalidad o utilizaci\u00f3n contribuyan eficazmente a la acci\u00f3n militar o cuya destrucci\u00f3n total o parcial, captura o neutralizaci\u00f3n ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida. <\/p>\n
3. En caso de duda acerca de si un bien que normalmente se dedica a fines civiles, tal como un lugar de culto, una casa u otra vivienda o una escuela, se utiliza para contribuir eficazmente a la acci\u00f3n militar, se presumir\u00e1 que no se utiliza con tal fin. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 53 – Protecci\u00f3n de los bienes culturales y de los lugares de culto: <\/p>\n
<\/p>\n
Sin perjuicio de las disposiciones de la Convenci\u00f3n de La Haya del 14 de mayo de 1954 para la Protecci\u00f3n de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y de otros instrumentos internacionales aplicables, queda prohibido: <\/p>\n
a) cometer actos de hostilidad dirigidos contra los monumentos hist\u00f3ricos, obras de arte o lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos; b) utilizar tales bienes en apoyo del esfuerzo militar; c) hacer objeto de represalias a tales bienes. <\/p>\n
Art\u00edculo 54 – Protecci\u00f3n de los bienes indispensables para la supervivencia de la poblaci\u00f3n civil: <\/p>\n
1. Queda prohibido, como m\u00e9todo de guerra, hacer padecer hambre a las personas civiles. <\/p>\n
2. Se prohibe atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la poblaci\u00f3n civil, tales como los art\u00edculos alimenticios y las zonas agr\u00edcolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego, con la intenci\u00f3n deliberada de privar de esos bienes, por su valor como medios para asegurar la subsistencia, a la poblaci\u00f3n civil o a la Parte adversa, sea cual fuere el motivo, ya sea para hacer padecer hambre a las personas civiles, para provocar su desplazamiento, o con cualquier otro prop\u00f3sito. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Las prohibiciones establecidas en el p\u00e1rrafo 2 no se aplicar\u00e1n a los bienes en \u00e9l mencionados cuando una Parte adversa: <\/p>\n
<\/p>\n
a) utilice tales bienes exclusivamente como medio de subsistencia para los miembros de sus fuerzas armadas; o b) los utilice en apoyo directo de una acci\u00f3n militar, a condici\u00f3n, no obstante, de que en ning\u00fan caso se tomen contra tales bienes medidas cuyo resultado previsible sea dejar tan desprovista de v\u00edveres o de agua a la poblaci\u00f3n civil que \u00e9sta se vea reducida a padecer hambre u obligada a desplazarse. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Estos bienes no ser\u00e1n objeto de represalias. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Habida cuenta de las exigencias vitales que para toda Parte en conflicto supone la defensa de su territorio nacional contra la invasi\u00f3n, una Parte en conflicto podr\u00e1 dejar de observar las prohibiciones se\u00f1aladas en el p\u00e1rrafo 2 dentro de ese territorio que se encuentre bajo su control cuando lo exija una necesidad militar imperiosa. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 55 – Protecci\u00f3n del medio ambiente natural: <\/p>\n
1. En la realizaci\u00f3n de la guerra se velar\u00e1 por la protecci\u00f3n del medio ambiente natural contra da\u00f1os extensos, duraderos y graves. Esta protecci\u00f3n incluye la prohibici\u00f3n de emplear m\u00e9todos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar o de los que quepa prever que causen tales da\u00f1os al medio ambiente natural, comprometiendo as\u00ed la salud o la supervivencia de la poblaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Quedan prohibidos los ataques contra el medio ambiente natural como represalias. <\/p>\n
Art\u00edculo 56 – Protecci\u00f3n de las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas : <\/p>\n
1. Las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber, las presas, los diques y las centrales nucleares de energ\u00eda el\u00e9ctrica, no ser\u00e1n objeto de ataques, aunque sean objetivos militares, cuando tales ataques puedan producir la liberaci\u00f3n de aquellas fuerzas y causar, en consecuencia, p\u00e9rdidas importantes en la poblaci\u00f3n civil. Los otros objetivos militares ubicados en esas obras o instalaciones, o en sus proximidades, no ser\u00e1n objeto de ataques cuando tales ataques puedan producir la liberaci\u00f3n de fuerzas peligrosas y causar, en consecuencia, p\u00e9rdidas importantes en la poblaci\u00f3n civil. <\/p>\n
2. La protecci\u00f3n especial contra todo ataque prevista en el p\u00e1rrafo cesar\u00e1:: <\/p>\n
<\/p>\n
a) para las presas o diques, solamente si se utilizan para funciones distintas de aquellas a que normalmente est\u00e1n destinados y en apoyo regular, importante y directo de operaciones militares, y si tales ataques son el \u00fanico medio factible de poner fin a tal apoyo; b) para las centrales nucleares de energ\u00eda el\u00e9ctrica, solamente si tales centrales suministran corriente el\u00e9ctrica en apoyo regular, importante y directo de operaciones militares, y si tales ataques son el \u00fanico medio factible de poner fin a tal apoyo; c) para los otros objetivos militares ubicados en esas obras o instalaciones, o en sus proximidades, solamente si se utilizan en apoyo regular, importante y directo de operaciones militares, y si tales ataques son el \u00fanico medio factible de poner fin a tal apoyo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En todos los casos, la poblaci\u00f3n civil y las personas civiles mantendr\u00e1n su derecho a toda la protecci\u00f3n que les confiere el derecho internacional, incluidas las medidas de precauci\u00f3n previstas en el art\u00edculo 57. Si cesa la protecci\u00f3n y se ataca a cualquiera de las obras e instalaciones o a cualquiera de los objetivos militares mencionados en el p\u00e1rrafo 1, se adoptar\u00e1n todas las precauciones posibles en la pr\u00e1ctica a fin de evitar la liberaci\u00f3n de las fuerzas peligrosas. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Se proh\u00edbe hacer objeto de represalias a cualquiera de las obras e instalaciones o de los objetivos militares mencionados en el p\u00e1rrafo 1. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Las Partes en conflicto se esforzar\u00e1n por no ubicar objetivos militares en la proximidad de las obras o instalaciones mencionadas en el p\u00e1rrafo1. No obstante, se autorizan las instalaciones construidas con el \u00fanico objeto de defender contra los ataques las obras o instalaciones protegidas, y tales instalaciones no ser\u00e1n objeto o condici\u00f3n de que no se utilicen en las hostilidades, salvo en las acciones defensivas necesarias para responder a los ataques contra las obras o instalaciones protegidas, y de que su armamento se limite a armas que s\u00f3lo puedan servir para repeler acciones hostiles contra las obras o instalaciones protegidas. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Se insta a las Altas Partes contratantes y a las Partes en conflicto a que concierten entre s\u00ed otros acuerdos que brinden protecci\u00f3n complementaria a los bienes que contengan fuerzas peligrosas. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Para facilitar la identificaci\u00f3n de los bienes protegidos por el presente art\u00edculo, las partes en conflicto podr\u00e1n marcarlos con un signo especial consistente en un grupo de tres c\u00edrculos de color naranja vivo a lo largo de un mismo eje, como se indica en el art\u00edculo 16 del Anexo I del presente Protocolo. La ausencia de tal se\u00f1alizaci\u00f3n no dispensar\u00e1 en modo alguno a las Partes en conflicto de las obligaciones dimanantes del presente art\u00edculo. <\/p>\n
CAPITULO IV – MEDIDAS DE PRECAUCION <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 57 – Precauciones en el ataque: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Las operaciones militares se realizar\u00e1n con un cuidado constante de preservar a la poblaci\u00f3n civil, a las personas civiles y a los bienes de car\u00e1cter civil. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Respecto a los ataques, se tomar\u00e1n las siguientes precauciones: <\/p>\n
<\/p>\n
a) quienes preparen o decidan un ataque deber\u00e1n: <\/p>\n
i) hacer todo lo que sea factible para verificar que los objetivos que se proyecta atacar no son personas civiles ni bienes de car\u00e1cter civil, ni gozan de protecci\u00f3n especial, sino que se trata de objetivos militares en el sentido del p\u00e1rrafo 2 del art\u00edculo 52 y que las disposiciones del presente Protocolo no proh\u00edben atacarlos; ii) tomar todas las precauciones factibles en la elecci\u00f3n de los medios y m\u00e9todos de ataque para evitar o, al menos, reducir todo lo posible el n\u00famero de muertos y de heridos que pudieran causar incidentalmente entre la poblaci\u00f3n civil, as\u00ed como los da\u00f1os a los bienes de car\u00e1cter civil; iii) abstenerse de decidir un ataque cuando sea de prever que causar\u00e1 incidentalmente muertos o heridos en la poblaci\u00f3n civil, da\u00f1os a bienes de car\u00e1cter civil, o ambas cosas, que ser\u00edan excesivos en relaci\u00f3n con la ventaja militar concreta y directa prevista; <\/p>\n
<\/p>\n
b) un ataque ser\u00e1 suspendido o anulado si se advierte que el objetivo no es militar o que goza de protecci\u00f3n especial, o que es de prever que el ataque causar\u00e1 incidentalmente muertos o heridos entre la poblaci\u00f3n civil, da\u00f1os a bienes de car\u00e1cter civil, o ambas cosas, que ser\u00edan excesivos en relaci\u00f3n con la ventaja militar concreta y directa prevista; c) se dar\u00e1 aviso con la debida antelaci\u00f3n y por medios eficaces de cualquier ataque que pueda afectar a la poblaci\u00f3n civil, salvo que las circunstancias lo impidan. <\/p>\n
3. Cuando se pueda elegir entre varios objetivos militares para obtener una ventaja militar equivalente, se optar\u00e1 por el objetivo cuyo ataque, seg\u00fan sea de prever, presente menos peligro para las personas civiles y los bienes de car\u00e1cter civil. <\/p>\n
<\/p>\n
4. En las operaciones militares en el mar o en el aire, cada Parte en conflicto deber adoptar, de conformidad con los derechos y deberes que le corresponden en virtud de las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados, todas las precauciones razonables para evitar perdidas de vidas en la poblaci\u00f3n civil y da\u00f1os a bienes de car\u00e1cter civil. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Ninguna de las disposiciones de este art\u00edculo podr\u00e1 interpretarse en el sentido de autorizar ataque alguno contra la poblaci\u00f3n civil, las personas civiles o los bienes de car\u00e1cter civil. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 58 – Precauciones contra los efectos de los ataques Hasta donde sea factible, las Partes en conflicto: <\/p>\n
<\/p>\n
a) se esforzar\u00e1n, sin perjuicio de lo dispuesto en el art\u00edculo 49 del IV Convenio, por alejar de la proximidad de objetivos militares a la poblaci\u00f3n civil, las personas civiles y los bienes de car\u00e1cter civil que se encuentren bajo su control; b) evitar\u00e1n situar objetivos militares en el interior o en las proximidades de zonas densamente pobladas; c) tomar\u00e1n las dem\u00e1s precauciones necesarias para proteger contra los peligros resultantes de operaciones militares a la poblaci\u00f3n civil, las personas civiles y los bienes de car\u00e1cter civil que se encuentren bajo su control. <\/p>\n
<\/p>\n
CAPITULO V – LOCALIDADES Y ZONAS BAJO PROTECCION ESPECIAL <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 59 – Localidades no defendidas <\/p>\n
<\/p>\n
1. Queda prohibido a las Partes en conflicto atacar, por cualquier medio que sea, localidades no defendidas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Las autoridades competentes de una Parte en conflicto pueden declarar localidad no defendida cualquier lugar habitado que se encuentre en la proximidad o en el interior de una zona donde las fuerzas armadas est\u00e9n en contacto y que est\u00e9 abierto a la ocupaci\u00f3n por una Parte adversa. Tal localidad habr\u00e1 de reunir las condiciones siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
a) deber\u00e1n haberse evacuado todos los combatientes, as\u00ed como las armas y el material militar m\u00f3viles; b) no se har\u00e1 uso hostil de las instalaciones o los establecimientos militares fijos; c) ni las autoridades ni la poblaci\u00f3n cometer\u00e1n actos de hostilidad; d) no se emprender\u00e1 actividad alguna en apoyo de operaciones militares. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La presencia en esa localidad de personas especialmente protegidas por los Convenios y por el presente Protocolo, as\u00ed como la de fuerzas de polic\u00eda retenidas con la \u00fanica finalidad de mantener el orden p\u00fablico, no se opone a las condiciones se\u00f1aladas en el p\u00e1rrafo 2. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La declaraci\u00f3n que se haga en virtud del p\u00e1rrafo 2 ser\u00e1 dirigida a la Parte adversa y definir\u00e1 e indicar\u00e1 , con la mayor precisi\u00f3n posible, los l\u00edmites de la localidad no defendida. La Parte en conflicto que reciba la declaraci\u00f3n acusar recibo de ella y tratar\u00e1 a esa localidad como localidad no defendida a menos que no concurran efectivamente las condiciones se\u00f1aladas en el p\u00e1rrafo 2, en cuyo caso lo comunicar\u00e1 inmediatamente a la Parte que haya hecho la declaraci\u00f3n. Aunque no concurran las condiciones se\u00f1aladas en el p\u00e1rrafo 2, la localidad continuar\u00e1 gozando de la protecci\u00f3n prevista en las dem\u00e1s disposiciones del presente Protocolo y las otras normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Las Partes en conflicto podr\u00e1n ponerse de acuerdo para el establecimiento de localidades no defendidas, incluso si tales localidades no re\u00fanen las condiciones se\u00f1aladas en el p\u00e1rrafo 2. El acuerdo deber\u00eda definir e indicar, con la mayor precisi\u00f3n posible, los l\u00edmites de la localidad no defendida; si fuere necesario, podr\u00e1 fijar las modalidades de supervisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
6. La Parte en cuyo poder se encuentre una localidad objeto de tal acuerdo la se\u00f1alizar\u00e1 , en la medida de lo posible, con los signos que convenga con la otra Parte, los cuales ser\u00e1n colocados en lugares donde sean claramente visibles, especialmente en el per\u00edmetro y en los l\u00edmites de la localidad y en las carreteras. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Una localidad perder\u00e1 su estatuto de localidad no defendida cuando deje de reunir las condiciones se\u00f1aladas en el p\u00e1rrafo 2 o en el acuerdo mencionado en el p\u00e1rrafo 5. En tal caso, la localidad continuar\u00e1 gozando de la protecci\u00f3n prevista en las dem\u00e1s disposiciones del presente Protocolo y las otras normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 60 – Zonas desmilitarizadas <\/p>\n
<\/p>\n
1. Queda prohibido a las Partes en conflicto extender sus operaciones militares a las zonas a las que hayan conferido, mediante acuerdo, el estatuto de zona desmilitarizada, si tal extensi\u00f3n es contraria a lo estipulado en ese acuerdo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El acuerdo ser\u00e1 expreso, podr\u00e1 concertarse verbalmente o por escrito, bien directamente o por conducto de una Potencia protectora o de una organizaci\u00f3n humanitaria imparcial, y podr\u00e1 consistir en declaraciones rec\u00edprocas y concordantes. El acuerdo podr\u00e1 concertarse en tiempo de paz, o una vez rotas las hostilidades, y debiera definir e indicar, con la mayor precisi\u00f3n posible, los l\u00edmites de la zona desmilitarizada y, si fuere necesario, podr\u00e1 fijar las modalidades de supervisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Normalmente, ser\u00e1 objeto de tal acuerdo una zona que re\u00fana las condiciones siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Las Partes en conflicto se pondr\u00e1n de acuerdo sobre la interpretaci\u00f3n que proceda dar a la condici\u00f3n se\u00f1alada en el apartado d) y sobre las personas que, aparte las mencionadas en el p\u00e1rrafo 4, puedan ser admitidas en la zona desmilitarizada. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La presencia en esa zona de personas especialmente protegidas por los Convenios y por el presente Protocolo, as\u00ed como la de fuerzas de polic\u00eda retenidas con la \u00fanica finalidad de mantener el orden p\u00fablico, no se opone a las condiciones se\u00f1aladas en el p\u00e1rrafo 3. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Parte en cuyo poder se encuentre tal zona la se\u00f1alizar\u00e1 , en la medida de lo posible, con los signos que convenga con la otra Parte, los cuales ser\u00e1n colocados en lugares donde sean claramente visibles, especialmente en el per\u00edmetro y en los l\u00edmites de la localidad y en las carreteras. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Si los combates se aproximan a una zona desmilitarizada, y si las Partes en conflicto as\u00ed lo han convenido, ninguna de ellas podr\u00e1 utilizar la zona para fines relacionados con la realizaci\u00f3n de operaciones militares, ni revocar de manera unilateral su estatuto. <\/p>\n
<\/p>\n
7. La violaci\u00f3n grave por una de las Partes en conflicto de las disposiciones de los p\u00e1rrafos 3 \u00f3 6 liberar\u00e1 a la otra Parte de las obligaciones dimanantes del acuerdo por el que se confiere a la zona el estatuto de zona desmilitarizada. En tal caso, la zona perder\u00e1 su estatuto pero continuar\u00e1 gozando de la protecci\u00f3n prevista en las dem\u00e1s disposiciones del presente Protocolo y en las otras normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados. <\/p>\n
<\/p>\n
CAPITULO VI – SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 61 – Definiciones y \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n Para los efectos del presente Protocolo: <\/p>\n
a) se entiende por protecci\u00f3n civil el cumplimiento de algunas o de todas las tareas humanitarias que se mencionan a continuaci\u00f3n, destinadas a proteger a la poblaci\u00f3n civil contra los peligros de las hostilidades y de las cat\u00e1strofes y a ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, as\u00ed como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia. Estas tareas son las siguientes: <\/p>\n
i) servicio de alarma; ii) evacuaci\u00f3n; iii) habilitaci\u00f3n y organizaci\u00f3n de refugios; iv) aplicaci\u00f3n de medidas de oscurecimiento; v) salvamento; vi) servicios sanitarios, incluidos los de primeros auxilios, y asistencia religiosa; ii) lucha contra incendios; viii) detecci\u00f3n y se\u00f1alamiento de zonas peligrosas; ix) descontaminaci\u00f3n y medidas similares de protecci\u00f3n; x) provisi\u00f3n de alojamiento y abastecimientos de urgencia; xi) ayuda en caso de urgencia para el restablecimiento y el mantenimiento del orden en las zonas damnificadas; xii) medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios p\u00fablicos indispensables; xiii) servicios funerarios de urgencia; xiv) asistencia para la preservaci\u00f3n de los bienes esenciales para la supervivencia; xv) actividades complementarias necesarias para el desempe\u00f1o de una cualquiera de las tareas mencionadas, incluyendo entre otras cosas la planificaci\u00f3n y la organizaci\u00f3n; b) se entiende por “organismos de protecci\u00f3n civil” los establecimientos y otras unidades creados o autorizados por la autoridad competente de una Parte en conflicto para realizar cualquiera de las tareas mencionadas en el apartado a) y destinados y dedicados exclusivamente al desempe\u00f1o de esas tareas; c) se entiende por “personal” de organismos de protecci\u00f3n civil las personas asignadas por una Parte en conflicto exclusivamente al desempe\u00f1o de las tareas mencionadas en el apartado a), incluido el personal asignado exclusivamente a la administraci\u00f3n de esos organismos por la autoridad competente de dicha Parte; d) se entiende por “material” de organismos de protecci\u00f3n civil el equipo, los suministros y los medios de transporte utilizados por esos organismos en el desempe\u00f1o de las tareas mencionadas en el apartado a). <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 62 – Protecci\u00f3n general <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los organismos civiles de protecci\u00f3n civil y su personal ser\u00e1n respetados y protegidos, de conformidad con las disposiciones del presente Protocolo y en particular de la presente Secci\u00f3n. Dichos organismos y su personal tendr\u00e1n derecho a desempe\u00f1ar sus tareas de protecci\u00f3n civil, salvo en casos de imperiosa necesidad militar. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Las disposiciones del p\u00e1rrafo 1 se aplicar\u00e1n asimismo a las personas civiles que, sin pertenecer a los organismos civiles de protecci\u00f3n civil, respondan al llamamiento de las autoridades competentes y lleven a cabo bajo su control tareas de protecci\u00f3n civil. <\/p>\n
3. Los edificios y el material utilizados con fines de protecci\u00f3n civil, as\u00ed como los refugios destinados a la poblaci\u00f3n civil, se regir\u00e1n por lo dispuesto en el art\u00edculo 52. Los bienes utilizados con fines de protecci\u00f3n civil no podr\u00e1n ser destruidos ni usados con otros fines salvo por la Parte a que pertenezcan. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 63 – Protecci\u00f3n civil en los territorios ocupados <\/p>\n
1. En los territorios ocupados, los organismos civiles de protecci\u00f3n civil recibir\u00e1n de las autoridades todas las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus tareas. En ninguna circunstancia se obligar\u00e1 a su personal a llevar a cabo actividades que dificulten el cabal cumplimiento de sus tareas. La Potencia ocupante no podr\u00e1 introducir en la estructura ni en el personal de esos organismos ning\u00fan cambio que pueda perjudicar el cumplimiento eficaz de su misi\u00f3n. No se obligar\u00e1 a dichos organismos a que act\u00faen con prioridad en favor de los nacionales o de los intereses de la Potencia ocupante. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Potencia ocupante no obligar\u00e1 , coaccionar\u00e1 o incitar\u00e1 a los organismos civiles de protecci\u00f3n civil a desempe\u00f1ar sus tareas de modo alguno que sea perjudicial para los intereses de la poblaci\u00f3n civil. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Potencia ocupante podr\u00e1, por razones de seguridad, desarmar al personal de protecci\u00f3n civil <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Potencia ocupante no destinar\u00e1 a fines distintos de los que les son propios los edificios ni el material pertenecientes a los organismos de protecci\u00f3n civil o utilizados por ellos ni proceder a su requisa, si el destino a otros fines o la requisa perjudicaran a la poblaci\u00f3n civil. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Potencia ocupante podr\u00e1 requisar o destinar a otros fines los mencionados recursos siempre que contin\u00fae observando la regla general prevista en el p\u00e1rrafo 4, bajo las condiciones particulares siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
a) que los edificios o el material sean necesarios para satisfacer otras necesidades de la poblaci\u00f3n civil; y b) que la requisa o el destino a otros fines contin\u00faen s\u00f3lo mientras exista tal necesidad. <\/p>\n
<\/p>\n
6. La Potencia ocupante no destinar\u00e1 a otros fines ni requisar los refugios previstos para el uso de la poblaci\u00f3n civil o necesarios para \u201a\u00e9sta. <\/p>\n
Art\u00edculo 64 – Organismos civiles de protecci\u00f3n civil de los Estados neutrales u otros Estados que no sean Partes en conflicto y organismos internacionales de protecci\u00f3n civil 1. Los art\u00edculos 62, 63, 65 y 66 se aplicar\u00e1n tambi\u00e9n al personal y al material de los organismos civiles de protecci\u00f3n civil de los Estados neutrales u otros Estados que no sean Partes en conflicto y que lleven a cabo las tareas de protecci\u00f3n mencionadas en el art\u00edculo 61 en el territorio de una Parte en conflicto, con el consentimiento y bajo el control de esa Parte. Esta asistencia ser notificada a cada Parte adversa interesada lo antes posible. <\/p>\n
En ninguna circunstancia se considerar esta actividad como una injerencia en el conflicto. Sin embargo, deber\u00eda realizarse tomando debidamente en cuenta los intereses en materia de seguridad de las Partes en conflicto afectadas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Las Partes en conflicto que reciban la asistencia mencionada en el p\u00e1rrafo 1 y las Altas Partes contratantes que la concedan deber\u00edan facilitar, si procede, la coordinaci\u00f3n internacional de tales actividades de protecci\u00f3n civil. En ese caso, las disposiciones del presente Cap\u00edtulo se aplicar\u00e1n a los organismos internacionales competentes. <\/p>\n
3. En los territorios ocupados, la Potencia ocupante s\u00f3lo podr\u00e1 excluir o restringir las actividades de los organismos civiles de protecci\u00f3n civil de Estados neutrales u otros Estados que no sean Partes en conflicto y de organismos internacionales de coordinaci\u00f3n si est\u00e1 en condiciones de asegurar el cumplimiento adecuado de las tareas de protecci\u00f3n civil por medio de sus propios recursos o de los recursos del territorio ocupado. <\/p>\n
Art\u00edculo 65 – Cesaci\u00f3n de la protecci\u00f3n civil <\/p>\n
<\/p>\n
1. La protecci\u00f3n a la cual tienen derecho los organismos civiles de protecci\u00f3n civil, su personal, edificios, refugios y material, \u00fanicamente podr\u00e1 cesar si cometen o son utilizados para cometer, al margen de sus leg\u00edtimas tareas, actos perjudiciales para el enemigo. Sin embargo, la protecci\u00f3n cesar \u00fanicamente despu\u00e9s de una intimaci\u00f3n que, habiendo fijado cuando proceda un plazo razonable, no surta efectos. <\/p>\n
<\/p>\n
2. No se considerar\u00e1n actos perjudiciales para el enemigo: <\/p>\n
<\/p>\n
a) el hecho de que las tareas de protecci\u00f3n civil se realicen bajo la direcci\u00f3n o el control de las autoridades militares; <\/p>\n
<\/p>\n
b) el hecho de que el personal civil de los servicios de protecci\u00f3n civil coopere con el personal militar en el cumplimiento de sus tareas o de que se agreguen algunos militares a los organismos civiles de protecci\u00f3n civil; c) el hecho de que se realicen tareas de protecci\u00f3n civil que puedan beneficiar incidentalmente a v\u00edctimas militares, en particular las que se encuentren fuera de combate. <\/p>\n
<\/p>\n
3. No se considerar\u00e1 acto perjudicial para el enemigo el hecho de que el personal civil de los servicios de protecci\u00f3n civil lleve armas ligeras individuales para los fines de mantenimiento del orden o para su propia defensa. Sin embargo, en las zonas donde se desarrolle o pueda desarrollarse un combate terrestre, las partes en conflicto adoptar\u00e1n las medidas apropiadas para que esas armas sean s\u00f3lo armas de mano, tales como pistolas o rev\u00f3lveres, a fin de facilitar la distinci\u00f3n entre el personal de los servicios de protecci\u00f3n civil y los combatientes. Aunque lleve otras armas ligeras individuales en esas zonas, el personal de los servicios de protecci\u00f3n civil ser no obstante respetado y protegido tan pronto como sea reconocida su calidad de tal. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Tampoco privar a los organismos civiles de protecci\u00f3n civil de la protecci\u00f3n que les confiere este Cap\u00edtulo, el hecho de que est\u00e9n organizados seg\u00fan un modelo militar o de que su personal sea objeto de reclutamiento obligatorio. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 66 – Identificaci\u00f3n <\/p>\n
<\/p>\n
1. Cada Parte en conflicto procurar asegurar que tanto los Organismos de protecci\u00f3n civil, como su personal, edificios y material, mientras est\u00e9n asignados exclusivamente al cumplimiento de tareas de protecci\u00f3n civil, puedan ser identificados. Los refugios destinados a la poblaci\u00f3n civil deber\u00edan ser identificables de la misma manera. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Cada una de las Partes en conflicto procurar\u00e1 tambi\u00e9n adoptar y aplicar m\u00e9todos y procedimientos que permitan identificar los refugios civiles, as\u00ed como el personal, edificios y material de protecci\u00f3n civil que utilizan el signo distintivo internacional de la protecci\u00f3n civil. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En territorio ocupado y en zonas en las que se desarrollan o es probable que se desarrollen combates, el personal se dar\u00e1 a conocer, por regla general, por medio del signo distintivo y por una tarjeta de identidad que certifique su condici\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El signo distintivo internacional de protecci\u00f3n civil consiste en un tri\u00e1ngulo equil\u00e1tero azul sobre fondo color naranja, cuando se utilice para la protecci\u00f3n de los organismos de protecci\u00f3n civil, de su personal, sus edificios y su material o para la protecci\u00f3n de los refugios civiles. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Adem\u00e1s del signo distintivo, las Partes en conflicto podr\u00e1n ponerse de acuerdo sobre el uso de se\u00f1ales distintivas a fin de identificar a los servicios de protecci\u00f3n civil. <\/p>\n
<\/p>\n
6. La aplicaci\u00f3n de las disposiciones previstas en los p\u00e1rrafos 1 a 4 se regir por el Cap\u00edtulo V del Anexo I del presente Protocolo. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
8. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto tomar\u00e1n las medidas necesarias para controlar el uso del signo distintivo internacional de protecci\u00f3n civil, as\u00ed como para prevenir y reprimir el uso indebido del mismo. <\/p>\n
<\/p>\n
9. La identificaci\u00f3n del personal sanitario y religioso, de las unidades sanitarias y de los medios de transporte sanitarios de la protecci\u00f3n civil se regir asimismo por el art\u00edculo 18. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 67 – Miembros de las fuerzas armadas y unidades militares asignados a organismos de protecci\u00f3n civil <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los miembros de las fuerzas armadas y las unidades militares que se asignen a organismos de protecci\u00f3n civil ser\u00e1n respetados y protegidos a condici\u00f3n de: <\/p>\n
<\/p>\n
a) que ese personal y esas unidades est\u00e1n asignados de modo permanente y dedicados exclusivamente al desempe\u00f1o de cualesquiera de las tareas mencionadas en el art\u00edculo 61; b) que el personal as\u00ed asignado no desempe\u00f1e ninguna otra funci\u00f3n militar durante el conflicto; c) que ese personal se pueda distinguir claramente de los otros miembros de las fuerzas armadas exhibiendo ostensiblemente el signo distintivo internacional de la protecci\u00f3n civil en dimensiones adecuadas, y lleve la tarjeta de identidad mencionada en el Cap\u00edtulo V del Anexo I al presente Protocolo que acredite su condici\u00f3n; d) que ese personal y esas unidades est\u00e9n dotados s\u00f3lo de armas individuales ligeras con el prop\u00f3sito de mantener el orden o para su propia defensa. Las disposiciones del p\u00e1rrafo 3 del art\u00edculo 65 se aplicar\u00e1n tambi\u00e9n en este caso; e) que ese personal no participe directamente en las hostilidades, y que no cometa ni sea utilizado para cometer, al margen de sus tareas de protecci\u00f3n civil, actos perjudiciales para la Parte adversa; f) que ese personal y esas unidades desempe\u00f1en sus tareas de protecci\u00f3n civil s\u00f3lo dentro del territorio nacional de su Parte. Queda prohibida la inobservancia de las condiciones establecidas en el apartado e) por parte de cualquier miembro de las fuerzas armadas que cumpla los requisitos establecidos en los apartados a) y b).2. Si el personal militar que preste servicio en organismos de protecci\u00f3n civil cae en poder de una Parte adversa, ser considerado prisionero de guerra. En territorio ocupado se le podr\u00e1 emplear, siempre que sea exclusivamente en inter\u00e9s de la poblaci\u00f3n civil de ese territorio, para tareas de protecci\u00f3n civil en la medida en que sea necesario, a condici\u00f3n, no obstante, de que, si esas tareas son peligrosas, se ofrezca voluntario para ellas. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Los edificios y los principales elementos del equipo y de los medios de transporte de las unidades militares asignadas a organismos de protecci\u00f3n civil estar\u00e1n claramente marcados con el signo distintivo internacional de la protecci\u00f3n civil. Este signo distintivo ser\u00e1 tan grande como sea necesario. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El material y los edificios de las unidades militares asignadas permanentemente a organismos de protecci\u00f3n civil y exclusivamente destinados al desempe\u00f1o de las tareas de la protecci\u00f3n civil seguir\u00e1n estando sujetos a las leyes de la guerra si caen en poder de una Parte adversa. Salvo en caso de imperiosa necesidad militar, no podr\u00e1n ser destinados, sin embargo, a fines distintos de la protecci\u00f3n civil mientras sean necesarios para el desempe\u00f1o de tareas de protecci\u00f3n civil, a no ser que se hayan adoptado previamente las disposiciones adecuadas para atender las necesidades de la poblaci\u00f3n civil. <\/p>\n
SECCION II – SOCORROS EN FAVOR DE LA POBLACION CIVIL <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 68 – Ambito de aplicaci\u00f3n <\/p>\n
<\/p>\n
Las disposiciones de esta Secci\u00f3n se aplican a la poblaci\u00f3n civil, entendida en el sentido de este Protocolo, y completan los art\u00edculos 23, 55, 59, 60, 61 y 62 y dem\u00e1s disposiciones pertinentes del IV Convenio. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 69 – Necesidades esenciales en territorios ocupados <\/p>\n
1. Adem\u00e1s de las obligaciones que, en relaci\u00f3n con los v\u00edveres y productos m\u00e9dicos le impone el art\u00edculo 55 del IV Convenio, la Potencia ocupante asegurar tambi\u00e9n, en la medida de sus recursos y sin ninguna distinci\u00f3n de car\u00e1cter desfavorable, la provisi\u00f3n de ropa de vestir y de cama, alojamientos de urgencia y otros suministros que sean esenciales para la supervivencia de la poblaci\u00f3n civil en territorio ocupado, as\u00ed como de los objetos necesarios para el culto. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La acciones de socorro en beneficio de la poblaci\u00f3n civil de los territorios ocupados se rigen por los art\u00edculos 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 y 111 del IV Convenio, as\u00ed como por lo dispuesto en el art\u00edculo 71 de este Protocolo, y ser\u00e1n llevadas a cabo sin retraso. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 70 – Acciones de socorro <\/p>\n
<\/p>\n
1. Cuando la poblaci\u00f3n civil de cualquier territorio que, sin ser territorio ocupado, se halle bajo el control de una Parte en conflicto est\u00e9\u201a insuficientemente dotada de los suministros mencionados en el art\u00edculo 69, se llevar\u00e1n a cabo, con sujeci\u00f3n al acuerdo de las Partes interesadas, acciones de socorro que tengan car\u00e1cter humanitario e imparcial y sean realizadas sin ninguna distinci\u00f3n de car\u00e1cter desfavorable. El ofrecimiento de tales socorros no ser considerado como injerencia en el conflicto ni como acto hostil. En la distribuci\u00f3n de los env\u00edos de socorro se dar prioridad a aquellas personas que, como los ni\u00f1os, las mujeres encintas, las parturientas y las madres lactantes, gozan de trato privilegiado o de especial protecci\u00f3n de acuerdo con el IV Convenio o con el presente Protocolo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Las Partes en conflicto y las Altas Partes contratantes permitir\u00e1n y facilitar\u00e1n el paso r\u00e1pido y sin trabas de todos los env\u00edos, materiales y personal de socorro suministrados de acuerdo con lo dispuesto en esta Secci\u00f3n, incluso en el caso de que tal asistencia est\u00e9 destinada a la poblaci\u00f3n civil de la Parte adversa. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
a) tendr\u00e1n derecho a fijar las condiciones t\u00e9cnicas, incluida la investigaci\u00f3n, bajo las que se permitir dicho paso; b) podr\u00e1n supeditar la concesi\u00f3n de ese permiso a la condici\u00f3n de que la distribuci\u00f3n de la asistencia se haga bajo la supervisi\u00f3n local de una Potencia protectora; c) no podr\u00e1n, en manera alguna, desviar los env\u00edos de socorro de la afectaci\u00f3n que les hubiere sido asignada, ni demorar su tr\u00e1nsito, salvo en los casos de necesidad urgente, en inter\u00e9s de la poblaci\u00f3n civil afectada. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Las Partes en conflicto proteger\u00e1n los env\u00edos de socorro y facilitar\u00e1n su r\u00e1pida distribuci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Las Partes en conflicto y las Altas Partes contratantes interesadas promover\u00e1n y facilitar\u00e1n la coordinaci\u00f3n internacional efectiva de las acciones de socorro a que se refiere el p\u00e1rrafo 1. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 71 – Personal que participa en las acciones de socorro <\/p>\n
<\/p>\n
1. Cuando sea necesario, podr\u00e1 formar parte de la asistencia prestada en cualquier acci\u00f3n de socorro personal de socorro, en especial para el transporte y distribuci\u00f3n de los env\u00edos; la participaci\u00f3n de tal personal quedar sometida a la aprobaci\u00f3n de la Parte en cuyo territorio haya de prestar sus servicios. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Dicho personal ser\u00e1 respetado y protegido. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Parte que reciba los env\u00edos de socorro asistir\u00e1, en toda la medida de lo posible, al personal de socorro a que se refiere el p\u00e1rrafo 1 en el desempe\u00f1o de su misi\u00f3n. Las actividades del personal de socorro s\u00f3lo podr\u00e1n ser limitadas y sus movimientos temporalmente restringidos, en caso de imperiosa necesidad militar. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El personal de socorro no podr\u00e1, en ninguna circunstancia, exceder los l\u00edmites de su misi\u00f3n de acuerdo con lo dispuesto en este Protocolo. Tendr\u00e1 en cuenta, en especial, las exigencias de seguridad de la Parte en cuyo territorio presta sus servicios. Podr\u00e1 darse por terminada la misi\u00f3n de todo miembro del personal de socorro que no respete estas condiciones. <\/p>\n
<\/p>\n
SECCION III – TRATO A LAS PERSONAS EN PODER DE UNA PARTE EN CONFLICTO <\/p>\n
<\/p>\n
CAPITULO I – AMBITO DE APLICACION Y PROTECCION DE LAS PERSONAS Y DE LOS BIENES <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 72 – Ambito de aplicaci\u00f3n <\/p>\n
<\/p>\n
Las disposiciones de esta Secci\u00f3n completan las normas relativas a la protecci\u00f3n humanitaria de las personas civiles y de los bienes de car\u00e1cter civil en poder de una Parte en conflicto enunciadas en el IV Convenio, en particular en sus T\u00edtulos I y III, as\u00ed como las dem\u00e1s normas aplicables de derecho internacional referentes a la protecci\u00f3n de los derechos humanos fundamentales durante los conflictos armados de car\u00e1cter internacional. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 73 – Refugiados y ap tridas <\/p>\n
<\/p>\n
Las personas que, antes del comienzo de las hostilidades, fueren consideradas como ap tridas o refugiadas en el sentido de los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por las Partes interesadas o de la legislaci\u00f3n nacional del Estado que las haya acogido o en el que residan, lo ser\u00e1n, en todas las circunstancias y sin ninguna distinci\u00f3n de \u00edndole desfavorable, como personas protegidas en el sentido de los T\u00edtulos I y III del IV Convenio. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 74 – Reuni\u00f3n de familias dispersas <\/p>\n
<\/p>\n
Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto facilitar\u00e1n en toda la medida de lo posible la reuni\u00f3n de las familias que est\u00e1n dispersas a consecuencia de conflictos armados y alentar\u00e1n en particular la labor de las organizaciones humanitarias que se dediquen a esta tarea conforme a las disposiciones de los Convenios y del presente Protocolo y de conformidad con sus respectivas normas de seguridad. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 75 – Garant\u00edas fundamentales <\/p>\n
1. Cuando se encuentren en una de las situaciones a que hace referencia el art\u00edculo 1 del presente Protocolo, las personas que est\u00e1n en poder de una Parte en conflicto y que no disfruten de un trato m\u00e1s favorable en virtud de los Convenios o del presente Protocolo ser\u00e1n tratadas en toda circunstancia con humanidad y se beneficiar\u00e1n, como m\u00ednimo, de la protecci\u00f3n prevista en el presente art\u00edculo, sin distinci\u00f3n alguna de car\u00e1cter desfavorable basada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religi\u00f3n o las creencias, las opiniones pol\u00edticas o de otro g\u00e9nero, el origen nacional o social, la fortuna, el nacimiento u otra condici\u00f3n o cualesquiera otros criterios an\u00e1logos logos. Cada Parte respetar la persona, el honor, las convicciones y la pr\u00e1cticas religiosas de todas esas personas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Est\u00e1n y quedaron prohibidos en todo tiempo y lugar los actos siguientes, ya sean realizados por agentes civiles o militares: <\/p>\n
<\/p>\n
a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad f\u00edsica o mental de las personas, en particular: i) el homicidio; ii) la tortura de cualquier clase, tanto f\u00edsica como mental; iii) las penas corporales; y iv) las mutilaciones; b) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, la prostituci\u00f3n forzada y cualquier forma de atentado al pudor; c) la toma de rehenes; d) las penas colectivas; y e) las amenazas de realizar los actos mencionados. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Toda persona detenida, presa o internada por actos relacionados con el conflicto armado ser informada sin demora, en un idioma que comprenda, de las razones que han motivado esas medidas. Salvo en los casos de detenci\u00f3n o prisi\u00f3n por una infracci\u00f3n penal, esa persona ser liberada lo antes posible y en todo caso en cuanto desaparezcan las circunstancias que hayan justificado la detenci\u00f3n, la prisi\u00f3n o el internamiento. <\/p>\n
4. No se impondr\u00e1 condena ni se ejecutar pena alguna respecto de una persona declarada culpable de una infracci\u00f3n penal relacionada con el conflicto armado, sino en virtud de sentencia de un tribunal imparcial, constituido con arreglo a la ley y que respete los principios generalmente reconocidos para el procedimiento judicial ordinario, y en particular los siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
a) el procedimiento dispondr\u00e1 que el acusado sea informado sin demora de los detalles de la infracci\u00f3n que se le atribuya y garantizar al acusado, en las actuaciones que precedan al juicio y en el curso de \u201a\u00e9ste, todos los derechos y medios de defensa necesarios; b) nadie podr\u00e1 ser condenado por una infracci\u00f3n si no es sobre la base de su responsabilidad penal individual; c) nadie ser acusado o condenado por actos u omisiones que no fueran delictivos seg\u00fan el derecho nacional o internacional que le fuera aplicable en el momento de cometerse. Tampoco se impondr\u00e1 pena m\u00e1s grave que la aplicable en el momento de cometerse la infracci\u00f3n. Si, con posterioridad a esa infracci\u00f3n, la ley dispusiera la aplicaci\u00f3n de una pena m\u00e1s leve, el infractor se beneficiar de la disposici\u00f3n; d) toda persona acusada de una infracci\u00f3n se presumir inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley; e) toda persona acusada de una infracci\u00f3n tendr\u00e1 derecho a hallarse presente al ser juzgada; f) nadie podr\u00e1 ser obligado a declarar contra s\u00ed mismo ni a confesarse culpable; g) toda persona acusada de una infracci\u00f3n tendr\u00e1 derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo, a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y a que \u201a\u00e9stos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo; h) nadie podr\u00e1 ser juzgado ni condenado por la misma Parte, de conformidad con la misma legislaci\u00f3n y con el mismo procedimiento judicial, por un delito respecto al cual se haya dictado ya una sentencia firme, condenatoria o absolutoria; i) toda persona juzgada por una infracci\u00f3n tendr\u00e1 derecho a que la sentencia sea pronunciada p\u00fablicamente; y j) toda persona condenada ser informada, en el momento de su condena, de sus derechos a interponer recurso judicial y de todo tipo, as\u00ed como de los plazos para ejercer esos derechos. <\/p>\n
5. Las mujeres privadas de libertad por razones relacionadas con el conflicto armado ser\u00e1n custodiadas en locales separados de los ocupados por los hombres. Su vigilancia inmediata estar a cargo de mujeres. No obstante, las familias detenidas o internadas ser\u00e1n alojadas, siempre que sea posible, en un mismo lugar, como unidad familiar. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Las personas detenidas, presas o internadas por razones relacionadas con el conflicto armado disfrutar\u00e1n de la protecci\u00f3n otorgada por el presente art\u00edculo, incluso despu\u00e9s de la terminaci\u00f3n del conflicto armado, hasta el momento de su liberaci\u00f3n definitiva, repatriaci\u00f3n o reasentamiento. <\/p>\n
<\/p>\n
7. A fin de evitar toda duda en cuanto al procesamiento y juicio de personas acusadas por cr\u00edmenes de guerra o cr\u00edmenes contra la humanidad, se aplicar\u00e1n los siguientes principios: <\/p>\n
<\/p>\n
a) las personas acusadas de tales cr\u00edmenes deber\u00e1n ser sometidas a procedimiento y juzgadas de conformidad con las normas aplicables del derecho internacional; y b) cualquiera de esas personas que no disfrute de un trato m\u00e1s favorable en virtud de los Convenios o del presente Protocolo, recibir el trato previsto en el presente art\u00edculo, independientemente de que los cr\u00edmenes de que se la acuse constituyan o no infracciones graves de los Convenios o del presente Protocolo. <\/p>\n
<\/p>\n
8. Ninguna de las disposiciones del presente art\u00edculo podr\u00e1 interpretarse de manera que pueda limitar o infringir cualquier otra disposici\u00f3n m\u00e1s favorable y que ofrezca a las personas comprendidas en el p\u00e1rrafo 1 una mayor protecci\u00f3n en virtud de otras normas aplicables del derecho internacional. <\/p>\n
<\/p>\n
CAPITULO II – MEDIDAS EN FAVOR DE LAS MUJERES Y DE LOS NI\u00d1OS <\/p>\n
Art\u00edculo 76 – Protecci\u00f3n de las mujeres <\/p>\n
<\/p>\n
1. Las mujeres ser\u00e1n objeto de un respeto especial y protegidas en particular contra la violaci\u00f3n, la prostituci\u00f3n forzada y cualquier otra forma de atentado al pudor. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Ser\u00e1n atendidos con prioridad absoluta los casos de mujeres encintas y de madres con ni\u00f1os de corta edad a su cargo, que sean arrestadas, detenidas o internadas por razones relacionadas con el conflicto armado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En toda la medida de lo posible, las Partes en conflicto procurar\u00e1n evitar la imposici\u00f3n de la pena de muerte a las mujeres encintas o a las madres con ni\u00f1os de corta edad a su cargo por delitos relacionados con el conflicto armado. No se ejecutar la pena de muerte impuesta a esas mujeres por tales delitos. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 77 – Protecci\u00f3n de los ni\u00f1os <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los ni\u00f1os ser\u00e1n objeto de un respeto especial y se les proteger contra cualquier forma de atentado al pudor. Las Partes en conflicto les proporcionar\u00e1n los cuidados y la ayuda que necesiten, por su edad o por cualquier otra raz\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Las Partes en conflicto tomar\u00e1n todas las medidas posibles para que los ni\u00f1os menores de quince a\u00f1os no participen directamente en las hostilidades, especialmente absteni\u00e9ndose de reclutarlos para sus fuerzas armadas. Al reclutar personas de m s de quince a\u00f1os pero menores de dieciocho a\u00f1os, las Partes en conflicto procurar\u00e1n alistar en primer lugar a los de m\u00e1s edad. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Si, en casos excepcionales, no obstante las disposiciones del p\u00e1rrafo 2, participar\u00e1n directamente en las hostilidades ni\u00f1os menores de quince a\u00f1os y cayeran en poder de la Parte adversa, seguir\u00e1n gozando de la protecci\u00f3n especial concedida por el presente art\u00edculo, sean o no prisioneros de guerra. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Si fueran arrestados, detenidos o internados por razones relacionadas con el conflicto armado, los ni\u00f1os ser\u00e1n mantenidos en lugares distintos de los destinados a los adultos, excepto en los casos de familias alojadas en unidades familiares en la forma prevista en el p\u00e1rrafo 5 del art\u00edculo 75. <\/p>\n
<\/p>\n
5. No se ejecutar\u00e1 la pena de muerte impuesta por una infracci\u00f3n cometida en relaci\u00f3n con el conflicto armado a personas que, en el momento de la infracci\u00f3n, fuesen menores de dieciocho a\u00f1os. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 78 – Evacuaci\u00f3n de los ni\u00f1os <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1. Ninguna Parte en conflicto dispondr\u00e1 la evacuaci\u00f3n a un pa\u00eds extranjero de ni\u00f1os que no sean nacionales suyos, salvo en caso de evacuaci\u00f3n temporal cuando as\u00ed lo requieran razones imperiosas relacionadas con la salud del ni\u00f1o, su tratamiento m\u00e9dico o, excepto en territorio ocupado, si seguridad. Cuando pueda encontrarse a los padres o tutores, se requerir el consentimiento escrito de \u201a\u00e9stos para la evacuaci\u00f3n. Si no se los puede encontrar, se requerir para esa evacuaci\u00f3n el consentimiento escrito de las personas que conforme a la ley o a la costumbre sean los principales responsables de la guarda de los ni\u00f1os. Toda evacuaci\u00f3n de esta naturaleza ser controlada por la Potencia protectora de acuerdo con las Partes interesadas, es decir, la Parte que organice la evacuaci\u00f3n, la Parte que acoja a los ni\u00f1os y las Partes cuyos nacionales sean evacuados. En todos los casos, todas las Partes en el conflicto tomar\u00e1n las m\u00e1ximas precauciones posibles para no poner en peligro la evacuaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Cuando se realice una evacuaci\u00f3n de conformidad con el p\u00e1rrafo 1, la educaci\u00f3n del ni\u00f1o, incluida la educaci\u00f3n religiosa y moral que sus padres deseen, se proseguir con la mayor continuidad posible mientras se halle en el pa\u00eds a donde haya sido evacuado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Con el fin de facilitar el regreso al seno de su familia y a su pa\u00eds de los ni\u00f1os evacuados de conformidad con este art\u00edculo, las autoridades de la Parte que disponga la evacuaci\u00f3n y, si procediere, las autoridades del pa\u00eds que los haya acogido har\u00e1n para cada ni\u00f1o una ficha que enviar\u00e1n, acompa\u00f1ada de fotograf\u00edas, a la Agencia Central de B\u00fasqueda del Comit\u00e9 Internacional de la Cruz Roja. Esa ficha contendr\u00e1 , siempre que sea posible y que no entra\u00f1e ning\u00fan riesgo de perjuicio para el ni\u00f1o, los datos siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
a) apellido(s) del ni\u00f1o; b) nombre(s) del ni\u00f1o: c) sexo del ni\u00f1o; d) lugar y fecha de nacimiento (o, si no se sabe la fecha, edad aproximada); e) nombre(s) y apellido(s) del padre; f) nombre(s) y apellido(s) de la madre y eventualmente su apellido de soltera; g) parientes m\u00e1s pr\u00f3ximos del ni\u00f1o h) nacionalidad del ni\u00f1o i) lengua vern\u00e1cula y cualesquiera otras lenguas del ni\u00f1o; j) direcci\u00f3n de la familia del ni\u00f1o; k) cualquier n\u00famero que permita la identificaci\u00f3n del ni\u00f1o; l) estado de salud del ni\u00f1o; m) grupo sangu\u00edneo del ni\u00f1o; n) se\u00f1ales particulares; o) fecha y lugar en que fue encontrado el ni\u00f1o: p) fecha y lugar de salida del ni\u00f1o de su pa\u00eds; q) religi\u00f3n del ni\u00f1o, si la tiene; r) direcci\u00f3n actual del ni\u00f1o en el pa\u00eds que lo haya acogido; s) si el ni\u00f1o falleciera antes de su regreso, fecha, lugar y circunstancias del fallecimiento y lugar donde est\u00e9 enterrado. <\/p>\n
<\/p>\n
CAPITULO III – PERIODISTAS <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 79 – Medidas de protecci\u00f3n de periodistas <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los periodistas que realicen misiones profesionales peligrosas en la zonas de conflicto armado ser\u00e1n considerados personas civiles en el sentido del p\u00e1rrafo 1 del art\u00edculo 50. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Ser\u00e1n protegidos como tales de conformidad con los Convenios y el presente Protocolo, a condici\u00f3n de que se abstengan de todo acto que afecte a su estatuto de persona civil y sin perjuicio del derecho que asiste a los corresponsales de guerra acreditados ante las fuerzas armadas a gozar del estatuto que les reconoce el art\u00edculo 4, A. 4) del III Convenio. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Podr\u00e1n obtener una tarjeta de identidad seg\u00fan el modelo del Anexo II del presente Protocolo. Esa tarjeta, que ser expedida por el gobierno del Estado del que sean nacionales o en cuyo territorio residan, o en que se encuentre la agencia de prensa u \u00f3rgano informativo que emplee sus servicios, acreditar la condici\u00f3n de periodista de su titular. <\/p>\n
<\/p>\n
TITULO V <\/p>\n
<\/p>\n
EJECUCION DE LOS CONVENIOS Y DEL PRESENTE PROTOCOLO <\/p>\n
<\/p>\n
SECCION I – DISPOSICIONES GENERALES <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 80 – Medidas de ejecuci\u00f3n <\/p>\n
<\/p>\n
1. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto adoptar\u00e1n sin demora todas las medidas necesarias para cumplir las obligaciones que les incumben en virtud de los Convenios y del presente Protocolo. <\/p>\n
2. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto dar\u00e1n las \u00f3rdenes e instrucciones oportunas para garantizar el respeto de los Convenios y del presente Protocolo y velar\u00e1n por su aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
Art\u00edculo 81 – Actividades de la Cruz Roja y de otras organizaciones humanitarias <\/p>\n
1. Las Partes en conflicto dar\u00e1n al Comit\u00e9 Internacional de a Cruz Roja todas las facilidades que est\u00e9 en su poder otorgar para que pueda desempe\u00f1ar las tareas humanitarias que se le atribuyen en los Convenios y en el presente Protocolo a fin de proporcionar protecci\u00f3n y asistencia a las v\u00edctimas de los conflictos; el Comit\u00e9\u201a Internacional de la Cruz Roja podr\u00e1 ejercer tambi\u00e9n cualquier otra actividad humanitaria en favor de esas v\u00edctimas, con el consentimiento previo de las Partes en conflicto interesadas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Las Partes en conflicto dar\u00e1n a sus respectivas organizaciones de la Cruz Roja (Media Luna Roja, Le\u00f3n y Sol Rojos) las facilidades necesarias para el ejercicio de sus actividades humanitarias en favor de las v\u00edctimas del conflicto, con arreglo a las disposiciones de los Convenios y del presente Protocolo y a los principios fundamentales de la Cruz Roja formulados en las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto facilitar\u00e1n, en toda la medida de lo posible, la asistencia que las organizaciones de la Cruz Roja (Media Luna Roja, Le\u00f3n y Sol Rojos) y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja presten a las v\u00edctimas de los conflictos con arreglo a las disposiciones de los Convenios y del presente Protocolo y a los principios fundamentales de la Cruz Roja formulados en las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto dar\u00e1n, en la medida de lo posible, facilidades an\u00e1logas a las mencionadas en los p\u00e1rrafos 2 y 3 a las dem\u00e1s organizaciones humanitarias a que se refieren los Convenios y el presente Protocolo, que se hallen debidamente autorizadas por las respectivas Partes en conflicto y que ejerzan sus actividades humanitarias con arreglo a las disposiciones de los Convenios y del presente Protocolo. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 82 – Asesores jur\u00eddicos en las fuerzas armadas <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Las Altas Partes contratantes en todo tiempo, y las Partes en conflicto en tiempo de conflicto armado, cuidar\u00e1n de que, cuando proceda, se disponga de asesores jur\u00eddicos que asesoren a los comandantes militares, al nivel apropiado, acerca de la aplicaci\u00f3n de los Convenios y del presente Protocolo y de la ense\u00f1anza que deba darse al respecto a las fuerzas armadas. <\/p>\n
Art\u00edculo 83 – Difusi\u00f3n <\/p>\n
<\/p>\n
1. Las Altas Partes contratantes se comprometen a difundir lo m\u00e1s ampliamente posible, tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado, los Convenios y el presente Protocolo en sus pa\u00edses respectivos y, especialmente, a incorporar su estudio en los programas de instrucci\u00f3n militar y a fomentar su estudio por parte de la poblaci\u00f3n civil, de forma que esos instrumentos puedan ser conocidos por las fuerzas armadas y la poblaci\u00f3n civil. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Las autoridades militares o civiles que, en tiempo de conflicto armado, asuman responsabilidades en cuanto a la aplicaci\u00f3n de los Convenios y del presente Protocolo deber\u00e1n estar plenamente al corriente de su texto. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 84 – Leyes de aplicaci\u00f3n <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Las Altas Partes contratantes se comunicar\u00e1n, lo m\u00e1s pronto posible, por mediaci\u00f3n del depositario y, en su caso, por mediaci\u00f3n de las Potencias protectoras, sus traducciones oficiales del presente Protocolo, as\u00ed como las leyes y reglamentos que adopten para garantizar su aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
SECCION II – REPRESION DE LAS INFRACCIONES DE LOS CONVENIOS O DEL PRESENTE PROTOCOLO <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 85 – Represi\u00f3n de las infracciones del Presente Protocolo <\/p>\n
<\/p>\n
1. Las disposiciones de los Convenios relativas a la represi\u00f3n de las infracciones y de las infracciones graves, completadas por la presente Secci\u00f3n, son aplicables a la represi\u00f3n de las infracciones y de las infracciones graves del presente Protocolo. <\/p>\n
2. Se entiende por infracciones graves del presente Protocolo los actos descritos como infracciones graves en los Convenios si se cometen contra personas en poder de una Parte adversa protegidas por los art\u00edculos 44, 45 y 73 del Presente Protocolo, o contra heridos, enfermos o n\u00e1ufragos de la Parte adversa protegidos por el presente Protocolo, o contra el personal sanitario o religioso, las unidades sanitarias o los medios de transporte sanitarios que se hallen bajo el control de la Parte adversa y est\u00e1n protegidos por el presente Protocolo. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4. Adem\u00e1s de las infracciones graves definidas en los p\u00e1rrafos precedentes y en los Convenios, se considerar\u00e1n infracciones graves del presente Protocolo los actos siguientes cuando se cometan intencionalmente y en violaci\u00f3n de los Convenios o del Protocolo: <\/p>\n
a) el traslado por la Potencia Ocupante de partes de su propia poblaci\u00f3n civil al territorio que ocupa, o la deportaci\u00f3n o el traslado en el interior o fuera del territorio ocupado de la totalidad o parte de la poblaci\u00f3n de ese territorio, en violaci\u00f3n del art\u00edculo 49 del IV Convenio; b) la demora injustificable en la repatriaci\u00f3n de prisioneros de guerra o de personas civiles; c) las pr\u00e1cticas del apartheid y dem\u00e1s pr\u00e1cticas inhumanas y degradantes, basadas en la discriminaci\u00f3n racial, que entra\u00f1en un ultraje contra la dignidad Personal; d) el hecho de dirigir un ataque a monumentos hist\u00f3ricos, obras de arte o lugares de culto claramente reconocidos que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos y a los que se haya conferido protecci\u00f3n especial en virtud de acuerdos especiales celebrados, por ejemplo, dentro del marco de una organizaci\u00f3n internacional competente, causando como consecuencia extensas destrucciones de los mismos, cuando no haya pruebas de violaci\u00f3n por la Parte adversa del apartado b) del art\u00edculo 53 y cuando tales monumentos hist\u00f3ricos, lugares de culto u obras de arte no est\u00e1n situados en la inmediata proximidad de objetivos militares; e) el hecho de privar a una persona protegida por los Convenios o aludida en el p\u00e1rrafo 2 del presente art\u00edculo de su derecho a ser juzgada normal e imparcialmente. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Sin perjuicio de la aplicaci\u00f3n de los Convenios y del presente Protocolo, las infracciones graves de dichos instrumentos se considerar\u00e1n como cr\u00edmenes de guerra. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 86 – Omisiones <\/p>\n
1. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto deber\u00e1n reprimir las infracciones graves y adoptar las medidas necesarias para hacer que cesen todas las dem\u00e1s infracciones de los Convenios o del presente Protocolo que resulten del incumplimiento de un deber de actuar. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El hecho de que la infracci\u00f3n de los Convenios o del presente Protocolo haya sido cometida por un subordinado no exime de responsabilidad penal o disciplinaria, seg\u00fan el caso, a sus superiores, si \u00e9stos sab\u00edan o pose\u00edan informaci\u00f3n que les permitiera concluir, en las circunstancias del momento, que ese subordinado estaba cometiendo o iba a cometer tal infracci\u00f3n y si no tomaron todas las medidas factibles que estuvieran a su alcance para impedir o reprimir esa infracci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 87 – Deberes de los jefes <\/p>\n
<\/p>\n
1. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto exigir\u00e1n que los jefes militares, en cuanto se refiere a los miembros de las fuerzas armadas que est\u00e9n a sus \u00f3rdenes y a las dem\u00e1s personas que se encuentren bajo su autoridad, impidan las infracciones de los Convenios y del presente Protocolo y, en caso necesario, las repriman y denuncien a las autoridades competentes. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2. Con el fin de impedir y reprimir las infracciones, las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto exigir\u00e1n que los jefes, seg\u00fan su grado de responsabilidad, tomen medidas para que los miembros de las fuerzas armadas bajo sus \u00f3rdenes tengan conocimiento de las obligaciones que les incumben en virtud de lo dispuesto en los Convenios y en el presente Protocolo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto obligar\u00e1n a todo jefe que tenga conocimiento de que sus subordinados u otras personas bajo su autoridad van a cometer o han cometido una infracci\u00f3n de los Convenios o del presente Protocolo a que tome las medidas necesarias para impedir tales violaciones de los Convenios o del presente Protocolo y, en caso necesario, promueva una acci\u00f3n disciplinaria o penal contra los autores de las violaciones. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 88 – Asistencia mutua judicial en materia penal <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2. A reserva de los derechos y obligaciones establecidos por los Convenios y por el p\u00e1rrafo 1 del art\u00edculo 85 del presente Protocolo, y cuando las circunstancias lo permitan, las Altas Partes contratantes cooperar\u00e1n en materia de extradici\u00f3n. Tomar\u00e1n debidamente en consideraci\u00f3n la solicitud del Estado en cuyo territorio se haya cometido la infracci\u00f3n alegada. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En todos los casos, ser\u00e1 aplicable la ley de la Alta Parte contratante requerida. No obstante, las disposiciones de los p\u00e1rrafos precedentes no afectar\u00e1n a las obligaciones que emanen de las disposiciones contenidas en cualquier otro tratado de car\u00e1cter bilateral o multilateral que rija o haya de regir, total o parcialmente, en el \u00e1mbito de la asistencia mutua judicial en materia penal. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 89 – Cooperaci\u00f3n <\/p>\n
<\/p>\n
En situaciones de violaciones graves de los Convenios o del presente Protocolo, las Altas Partes contratantes se comprometen a actuar, conjunta o separadamente, en cooperaci\u00f3n con las Naciones Unidas y en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 90 – Comisi\u00f3n internacional de Encuesta <\/p>\n
<\/p>\n
1. a) Se constituir\u00e1 una Comisi\u00f3n Internacional de Encuesta, en adelante llamada la Comisi\u00f3n, integrada por quince miembros de alta reputaci\u00f3n moral y de reconocida imparcialidad. b) En el momento en que veinte Altas Partes contratantes por lo menos hayan convenido en aceptar la competencia de la Comisi\u00f3n de conformidad con lo dispuesto en el p\u00e1rrafo 2, y ulteriormente a intervalos de cinco a\u00f1os, el depositario convocar una reuni\u00f3n de representantes de esas Altas Partes contratantes, con el fin de elegir a los miembros de la Comisi\u00f3n. En dicha reuni\u00f3n, los representantes elegir\u00e1n a los miembros de la Comisi\u00f3n por vocaci\u00f3n secreta, de una lista de personas para la cual cada una de esas Altas Partes contratantes podr\u00e1 proponer un nombre. c) Los miembros de la Comisi\u00f3n actuar\u00e1n a t\u00edtulo personal y ejercer\u00e1n su mandato hasta la elecci\u00f3n de nuevos miembros en la reuni\u00f3n siguiente. d) Al proceder a la elecci\u00f3n, las Altas Partes contratantes se asegurar\u00e1n de que cada candidato posea las calificaciones necesarias y de que, en su conjunto, la Comisi\u00f3n ofrezca una representaci\u00f3n geogr\u00e1fica equitativa. e) Si se produjera una vacante, la propia Comisi\u00f3n elegir un nuevo miembro tomando debidamente en cuenta las disposiciones de los apartados precedentes. f) El depositario proporcionar a la Comisi\u00f3n los servicios administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. <\/p>\n
2. a) En el momento de firmar, ratificar o adherirse al Protocolo, o ulteriormente en cualquier otro momento, las Altas Partes contratantes podr\u00e1n declarar que reconocen ipso facto y sin acuerdo especial, con relaci\u00f3n a cualquier otra Alta Parte contratante que acepte la misma obligaci\u00f3n, la competencia de la Comisi\u00f3n para proceder a una investigaci\u00f3n acerca de las denuncias formuladas por esa otra Parte, tal como lo autoriza el presente art\u00edculo. b) Las declaraciones antes mencionadas ser\u00e1n presentadas al depositario, que enviar copias de las mismas a las Altas Partes contratantes. c) La Comisi\u00f3n tendr\u00e1 competencia para: i) proceder a una investigaci\u00f3n sobre cualquier hecho que haya sido alegado como infracci\u00f3n grave tal como se define en los Convenios o en el presente Protocolo o como cualquier otra violaci\u00f3n grave de los Convenios o del presente Protocolo; actitud de respeto de los Convenios y del presente Protocolo. d) En otros casos, la Comisi\u00f3n proceder a una investigaci\u00f3n a petici\u00f3n de una Parte en conflicto \u00fanicamente con el consentimiento de la otra o las otras Partes interesadas. e) A reserva de las precedentes disposiciones de este p\u00e1rrafo, las disposiciones de los art\u00edculos 52 del I Convenio, 53 del II Convenio, 132 del III Convenio y 149 del IV Convenio seguir\u00e1n aplic\u00e1ndose a toda supuesta violaci\u00f3n de los Convenios y se extender\u00e1n a toda supuesta violaci\u00f3n del presente Protocolo. <\/p>\n
3. a) A menos que las Partes interesadas convengan en otra cosa, todas las investigaciones ser\u00e1n efectuadas por una Sala integrada por siete miembros designados de la manera siguiente: <\/p>\n
<\/p>\n
i) cinco miembros de la Comisi\u00f3n, que no sean nacionales de las Partes en conflicto, nombrados por el Presidente de la Comisi\u00f3n sobre la base de una representaci\u00f3n equitativa de las regiones geogr\u00e1ficas, previa consulta con las Partes en conflicto; ii) dos miembros ad hoc que no sean nacionales de las Partes en conflicto, nombrados cada uno respectivamente por cada una de ellas. b) Al recibir una petici\u00f3n para que se proceda a una investigaci\u00f3n, el Presidente de la Comisi\u00f3n fijar un plazo apropiado para la constituci\u00f3n de una Sala. Si uno o los dos miembros ad hoc no hubieren sido nombrados dentro del plazo se\u00f1alado, el Presidente designar\u00e1 inmediatamente los que sean necesarios para completar la composici\u00f3n de la Sala. <\/p>\n
<\/p>\n
4. a) La Sala, constituida conforme a lo dispuesto en el p\u00e1rrafo 3 para proceder a una investigaci\u00f3n, invitar a las Partes en conflicto a comparecer y a presentar pruebas. La Sala procurar\u00e1 adem\u00e1s obtener las dem\u00e1s pruebas que estime convenientes y efectuar una investigaci\u00f3n in loco de la situaci\u00f3n. b) Todas las pruebas se dar\u00e1n a conocer \u00edntegramente a las Partes interesadas, las cuales tendr\u00e1n derecho a hacer observaciones al respecto a la Comisi\u00f3n. c) Cada Parte interesada tendr\u00e1 derecho a impugnar dichas pruebas. <\/p>\n
<\/p>\n
5. a) La Comisi\u00f3n presentar\u00e1 a las Partes interesadas un informe acerca de las conclusiones a que haya llegado la Sala sobre los hechos, acompa\u00f1ado de las recomendaciones que considere oportunas. b) Si la Sala se viera en la imposibilidad de obtener pruebas suficientes para llegar a conclusiones objetivas e imparciales, la Comisi\u00f3n dar\u00e1 a conocer las razones de tal imposibilidad. c) La Comisi\u00f3n no har\u00e1 p\u00fablicas sus conclusiones, a menos que as\u00ed se lo pidan todas las Partes en conflicto. <\/p>\n
6. La Comisi\u00f3n establecer su propio Reglamento, incluidas las normas relativas a las presidencias de la Comisi\u00f3n y de la Sala. Esas normas garantizar\u00e1n que las funciones de Presidente de la Comisi\u00f3n sean ejercidas en todo momento y que, en caso de investigaci\u00f3n, se ejerzan por persona que no sea nacional de las Partes en conflicto. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Los gastos administrativos de la Comisi\u00f3n ser\u00e1n sufragados mediante contribuciones de las Altas Partes contratantes que hayan hecho declaraciones de conformidad con el p\u00e1rrafo 2, y mediante contribuciones voluntarias. La Parte o las Partes en conflicto que pidan que se proceda a una investigaci\u00f3n anticipar\u00e1n los fondos necesarios para cubrir los gastos ocasionados por una Sala y ser\u00e1n reembolsadas por la Parte o las Partes que hayan sido objeto de las denuncias hasta el cincuenta por ciento de tales gastos. En caso de presentarse denuncias rec\u00edprocas a la Sala, cada una de las dos Partes anticipar\u00e1 el cincuenta por ciento de los fondos necesarios. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 91 – Responsabilidad <\/p>\n
<\/p>\n
La Parte en conflicto que violare las disposiciones de los Convenios o del presente Protocolo estar\u00e1 obligada a indemnizar si hubiere lugar a ello. Ser\u00e1 responsable de todos los actos cometidos por las personas que formen parte de sus fuerzas armadas. <\/p>\n
<\/p>\n
TITULO VI <\/p>\n
<\/p>\n
DISPOSICIONES FINALES <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 92 – Firma <\/p>\n
<\/p>\n
El presente Protocolo quedar\u00e1 abierto a la firma de las Partes en los Convenios seis meses despu\u00e9s de la firma del Acta Final y seguir abierto durante un per\u00edodo de doce meses. <\/p>\n
Art\u00edculo 93 – Ratificaci\u00f3n <\/p>\n
<\/p>\n
El presente Protocolo ser ratificado lo antes posible. Los instrumentos de ratificaci\u00f3n ser\u00e1n depositados en poder del Consejo Federal Suizo, depositario de los Convenios.. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 94 – Adhesi\u00f3n <\/p>\n
<\/p>\n
El presente Protocolo quedar\u00e1 abierto a la adhesi\u00f3n de toda Parte en los Convenios no signataria de este Protocolo. Los instrumentos de adhesi\u00f3n se depositar\u00e1n en poder del depositario. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 95 – Entrada en vigor <\/p>\n
<\/p>\n
1. El presente Protocolo entrar\u00e1 en vigor seis meses despu\u00e9s de que se hayan depositado dos instrumentos de ratificaci\u00f3n o de adhesi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Para cada Parte en los Convenios que lo ratifique o que a \u00e9l se adhiera ulteriormente, el presente Protocolo entrar\u00e1 en vigor seis meses despu\u00e9s de que dicha Parte haya depositado su instrumento de ratificaci\u00f3n o de adhesi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 96 – Relaciones convencionales a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo <\/p>\n
1. Cuando las Partes en los Convenios sean tambi\u00e9n Partes en el presente Protocolo, los Convenios se aplicar\u00e1n tal como quedan completados por \u00e9ste. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Si una de las Partes en conflicto no est\u00e1 obligada por el presente Protocolo, las Partes en el presente Protocolo seguir\u00e1n, no obstante, obligadas por \u00e9l en sus relaciones rec\u00edprocas. Tambi\u00e9n quedar\u00e1n obligadas por el presente Protocolo en sus relaciones con dicha Parte si \u00e9sta acepta y aplica sus disposiciones. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La autoridad que represente a un pueblo empe\u00f1ado contra una Alta Parte contratante en un conflicto armado del tipo mencionado en el p\u00e1rrafo 4 del art\u00edculo 1 podr\u00e1 comprometerse a aplicar los Convenios y el presente Protocolo en relaci\u00f3n con ese conflicto por medio de una declaraci\u00f3n unilateral dirigida al depositario. Esta declaraci\u00f3n, cuando haya sido recibida por el depositario, surtir en relaci\u00f3n con tal conflicto los efectos siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
a) los Convenios y el presente Protocolo entraron en vigor respecto de la mencionada autoridad como Parte en conflicto, con efecto inmediato; b) la mencionada autoridad ejercer los mismos derechos y asumir las mismas obligaciones que las Altas Partes contratantes en los Convenios y en el presente Protocolo; y c) los Convenios y el presente Protocolo obligar\u00e1n por igual a todas las Partes en conflicto. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 97 – Enmiendas <\/p>\n
<\/p>\n
1. Toda Alta Parte contratante podr\u00e1 proponer una o varias enmiendas al presente Protocolo. El texto de cualquier enmienda propuesta se comunicar\u00e1 al depositario, el cual, tras celebrar consultas con todas las Altas Partes contratantes y con el Comit\u00e9 Internacional de la Cruz Roja, decidir si conviene convocar una conferencia para examinar la enmienda propuesta. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El depositario invitar\u00e1 a esa conferencia a las Altas Partes contratantes y a las Partes en los Convenios, sean o no signatarias del presente Protocolo. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 98 – Revisi\u00f3n del Anexo I <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el plazo m\u00e1ximo de cuatro a\u00f1os, a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo y, en lo sucesivo, a intervalos de cuatro a\u00f1os por lo menos, el Comit\u00e9 Internacional de la Cruz Roja consultar a las Altas Partes contratantes con respecto al Anexo I del presente Protocolo y, si lo estima necesario, podr\u00e1 proponer la celebraci\u00f3n de una reuni\u00f3n de expertos t\u00e9cnicos para que revisen el Anexo I y propongan las enmiendas al mismo que parezcan convenientes. A menos que, dentro de los seis meses siguientes a la comunicaci\u00f3n a las Altas Partes contratantes de una propuesta para celebrar tal reuni\u00f3n, se oponga a \u00e9sta un tercio de ellas, el Comit\u00e9 Internacional de la Cruz Roja convocar\u00e1 la reuni\u00f3n, e invitar\u00e1 tambi\u00e9n a ella a observadores de las organizaciones internacionales pertinentes. El Comit\u00e9 Internacional de la Cruz Roja convocar\u00e1 tambi\u00e9n tal reuni\u00f3n en cualquier momento a petici\u00f3n de un tercio de las Altas Partes contratantes. <\/p>\n
2. El depositario convocar\u00e1 una conferencia de las Altas Partes contratantes y de las Partes en los Convenios para examinar las enmiendas propuestas por la reuni\u00f3n de expertos t\u00e9cnicos, si despu\u00e9s de dicha reuni\u00f3n as\u00ed lo solicitan el Comit\u00e9 Internacional de la Cruz Roja o un tercio de las Altas Partes contratantes. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En tal conferencia podr\u00e1n adoptarse enmiendas al Anexo l por mayor\u00eda de dos tercios de las Altas Partes contratantes presentes y votantes. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El depositario comunicar\u00e1 a las Altas Partes contratantes y a las Partes en los Convenios toda enmienda as\u00ed adoptada. Transcurrido un per\u00edodo de un a\u00f1o despu\u00e9s de haber sido as\u00ed comunicada, la enmienda se considerar\u00e1 aceptada a menos que, dentro de ese per\u00edodo, un tercio por lo menos de las Altas Partes contratantes haya enviado al depositario una declaraci\u00f3n de no aceptaci\u00f3n de la enmienda. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Toda enmienda que se considere aceptada de conformidad con el p\u00e1rrafo 4 entrar\u00e1 en vigor tres meses despu\u00e9s de su aceptaci\u00f3n para todas las Altas Partes contratantes, con excepci\u00f3n de las que hayan hecho la declaraci\u00f3n de no aceptaci\u00f3n de conformidad con ese p\u00e1rrafo. Cualquier Parte que haya hecho tal declaraci\u00f3n podr\u00e1 retirarla en todo momento, en cuyo caso la enmienda entrar\u00e1 en vigor para dicha Parte tres meses despu\u00e9s de retirada la declaraci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
6. El depositario notificar\u00e1 a las Altas Partes contratantes y a las Partes en los Convenios la entrada en vigor de toda enmienda, las Partes por ella obligadas, la fecha de su entrada en vigor para cada una de las Partes, las declaraciones de no aceptaci\u00f3n hechas con arreglo al p\u00e1rrafo 4, as\u00ed como los retiros de tales declaraciones. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 99 – Denuncia <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el caso de que una Alta Parte contratante denuncie el presente Protocolo, la denuncia s\u00f3lo surtir efecto un a\u00f1o despu\u00e9s de haberse recibido el instrumento de denuncia. No obstante, si al expirar ese a\u00f1o la Parte denunciante se halla en una de las situaciones previstas en el art\u00edculo 1, los efectos de la denuncia quedar\u00e1n en suspenso hasta el final del conflicto armado o de la ocupaci\u00f3n y, en todo caso, mientras no terminen las operaciones de liberaci\u00f3n definitiva, repatriaci\u00f3n o reasentamiento de las personas protegidas por los Convenios o por el presente Protocolo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La denuncia se notificar\u00e1 por escrito al depositario. Este \u00faltimo la comunicar\u00e1 a todas las Altas Partes contratantes. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La denuncia s\u00f3lo surtir\u00e1 efecto respecto de la Parte denunciante. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Ninguna denuncia presentada de conformidad con el p\u00e1rrafo 1 afectar\u00e1 a las obligaciones ya contra\u00eddas como consecuencia del conflicto armado en virtud del presente Protocolo por tal Parte denunciante, en relaci\u00f3n con cualquier acto cometido antes de que dicha denuncia resulte efectiva. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 100 – Notificaciones <\/p>\n
<\/p>\n
El depositario informar\u00e1 a las Altas Partes contratantes y a las Partes en los Convenios, sean o no signatarias del presente Protocolo, sobre: <\/p>\n
a) dep\u00f3sito de los instrumentos de ratificaci\u00f3n y de adhesi\u00f3n de conformidad con los art\u00edculos 93 y 94; b) la fecha en que el presente Protocolo entre en vigor, de conformidad con el art\u00edculo 95; c) las comunicaciones y declaraciones recibidas, de conformidad con los art\u00edculos 84, 90 y 97; d) las declaraciones recibidas de conformidad con el p\u00e1rrafo 3 del art\u00edculo 96, que ser\u00e1n comunicadas por el procedimiento m\u00e1s r\u00e1pido posible; e) las denuncias notificadas de conformidad con el art\u00edculo 99. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 101 – Registro <\/p>\n
<\/p>\n
1. Una vez haya entrado en vigor el presente Protocolo, el depositario lo transmitir a la Secretar\u00eda de las Naciones Unidas con objeto de que se proceda a su registro y publicaci\u00f3n, de conformidad con el art\u00edculo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El depositario informar\u00e1 igualmente a la Secretar\u00eda de las Naciones Unidas de todas las ratificaciones, adhesiones y denuncias que reciba en relaci\u00f3n con el presente Protocolo. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 102 – Textos aut\u00e9nticos <\/p>\n
<\/p>\n
El original del presente Protocolo, cuyos textos \u00e1rabe, chino, espa\u00f1ol, franc\u00e9s, ingl\u00e9s y ruso son igualmente aut\u00e9nticos, se depositar\u00e1 en poder del depositario, el cual enviar\u00e1 copias certificadas conformes a todas las Partes en los Convenios <\/p>\n
<\/p>\n
ANEXO I <\/p>\n
<\/p>\n
REGLAMENTO RELATIVO A LA IDENTIFICACION <\/p>\n
<\/p>\n
CAPITULO I – TARJETAS DE IDENTIDAD <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 1 – Tarjeta de identidad del personal sanitario y religioso, civil y permanente <\/p>\n
1. La tarjeta de identidad del personal sanitario y religioso civil y permanente, a que se refiere el p\u00e1rrafo 3 del art\u00edculo 18 del Protocolo deber\u00eda: <\/p>\n
<\/p>\n
a) tener el signo distintivo y unas dimensiones que permitan llevarla en un bolsillo; b) ser de un material tan duradero como sea posible; c) estar redactada en el idioma nacional u oficial (podr\u00edan tambi\u00e9n a\u00f1adirse otros idiomas); d) mencionar el nombre, la fecha de nacimiento del titular (o, a falta de ella, su edad en la fecha de expedici\u00f3n) y el n\u00famero de identidad, si lo tiene; e) indicar en qu\u00e9\u201a calidad tiene derecho el titular a la protecci\u00f3n de los Convenios y del Protocolo; f) llevar la fotograf\u00eda del titular, as\u00ed como su firma o la huella dactilar del pulgar, o ambas; g) estar sellada y firmada por la autoridad competente; h) indicar las fechas de expedici\u00f3n y de expiraci\u00f3n de la tarjeta. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La tarjeta de identidad ser\u00e1 uniforme en todo el territorio de cada una de las Altas Partes contratantes y, en cuanto fuere posible, del mismo tipo para todas las Partes en conflicto. Las Partes en conflicto pueden inspirarse en el modelo que, en un solo idioma, aparece en la figura 1. Al comienzo de las hostilidades, las Partes en conflicto se comunicar\u00e1n un ejemplar de la tarjeta de identidad que utilicen, si tal tarjeta difiere del modelo de la figura 1. La tarjeta de identidad se extender , si fuese posible, por duplicado, debiendo quedar uno de los ejemplares en poder de la autoridad que la expida, la cual deber\u00eda mantener un control de las tarjetas expedidas. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En ninguna circunstancia se podr\u00e1 privar de la tarjeta de identidad al personal sanitario y religioso civil y permanente. En caso de p\u00e9rdida de una tarjeta, el titular tendr\u00e1 derecho a obtener un duplicado. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 2 – Tarjeta de identidad del personal sanitario y religioso, civil y temporal <\/p>\n
1. La tarjeta de identidad para el personal sanitario y religioso civil y temporal deber\u00eda ser, en lo posible, similar a la prevista en el art\u00edculo 1 del presente Reglamento. Las Partes en conflicto pueden inspirarse en el modelo de la figura 1. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Cuando las circunstancias impidan expedir al personal sanitario y religioso civil y temporal, tarjetas de identidad similares a la descrita en el art\u00edculo 1 del presente Reglamento, podr\u00e1 proveerse a ese personal de un certificado firmado por la autoridad competente, en el que conste que la persona a la que se expide est\u00e1 adscrita a un servicio en calidad de personal temporal, indicando, si es posible, el tiempo que estar adscrita al servicio y el derecho del titular a ostentar el signo distintivo. Ese certificado debe indicar el nombre y la fecha de nacimiento del titular (o a falta de esa fecha, su edad en la fecha de expedici\u00f3n del certificado), la funci\u00f3n del titular y el n\u00famero de identidad, si lo tiene. Llevar la firma del interesado o la huella dactilar del pulgar, o ambas. <\/p>\n
<\/p>\n
CAPITULO II – SIGNO DISTINTIVO <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 3 – Forma y naturaleza <\/p>\n
<\/p>\n
1. El signo distintivo (rojo sobre fondo blanco) ser tan grande como las circunstancias lo justifiquen. Las Altas Partes contratantes pueden inspirarse para la forma de la cruz, la media luna y el le\u00f3n y sol en los modelos que aparecen en la figura 2. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De noche o cuando la visibilidad sea escasa, el signo distintivo podr\u00e1 estar alumbrado o iluminado; podr\u00e1 estar hecho tambi\u00e9n con materiales que permitan su reconocimiento gracias a medios t\u00e9cnicos de detecci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 4 – Uso <\/p>\n
<\/p>\n
1. El signo distintivo se colocar , siempre que sea factible, sobre una superficie plana o en banderas que resulten visibles desde todas las direcciones posibles y desde la mayor distancia posible. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Sin perjuicio de las instrucciones de la autoridad competente, el personal sanitario y religioso que desempe\u00f1e sus funciones en el campo de batalla, ir provisto, en la medida de lo posible, del signo distintivo en el tocado y vestimenta. <\/p>\n
<\/p>\n
CAPITULO III – SE\u00d1ALES DISTINTIVAS <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 5 – Uso facultativo <\/p>\n
1. A reserva de lo dispuesto en el art\u00edculo 6 del presente Reglamento, las se\u00f1ales previstas en el presente Cap\u00edtulo para el uso exclusivo de las unidades y los medios de transporte sanitarios no se emplear\u00e1n para ning\u00fan otro fin. El empleo de todas las se\u00f1ales a que se refiere el presente Cap\u00edtulo es facultativo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Las aeronaves sanitarias temporales que, bien por falta de tiempo o por raz\u00f3n de sus caracter\u00edsticas, no puedan ser marcadas con el signo distintivo, podr\u00e1n usar las se\u00f1ales distintivas autorizadas por este Cap\u00edtulo. El m\u00e9todo de se\u00f1alizaci\u00f3n m\u00e1s eficaz de una aeronave sanitaria para su identificaci\u00f3n y reconocimiento es, sin embargo, el uso de una se\u00f1al visual, sea el signo distintivo o la se\u00f1al luminosa descrita en el art\u00edculo 6, o ambos, complementados por las dem\u00e1s se\u00f1ales a que se refieren los art\u00edculos 7 y 8 del presente Reglamento. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 6 – Se\u00f1al luminosa <\/p>\n
<\/p>\n
1. Se establece como se\u00f1al distintiva de las aeronaves sanitarias la se\u00f1al luminosa consistente en un luz azul con destellos. Ninguna otra aeronave utilizar esta se\u00f1al. El color azul que se recomienda se representa con la utilizaci\u00f3n de las siguiente coordenadas tricrom\u00e1ticas:l\u00edmite de los verdes. y = 0.065 – 0.805 x; l\u00edmite de los blancos. y = 0.400 – x; l\u00edmite de los p\u00farpura. x = 0.113 – 0.600 y. La frecuencia de destellos que se recomienda para la luz azul es de 60 a 100 destellos por minuto. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Las aeronaves sanitarias debieran estar equipadas con las luces necesarias para que las se\u00f1ales resulten visibles en todas las direcciones posibles. <\/p>\n
<\/p>\n
3. A falta de acuerdo especial entre las Partes en conflicto que reserve el uso de la luz azul con destellos para la identificaci\u00f3n de los veh\u00edculos, buques y embarcaciones sanitarios, no estar prohibida su utilizaci\u00f3n por otros veh\u00edculos o embarcaciones. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 7 – Se\u00f1al de radio <\/p>\n
<\/p>\n
1. La se\u00f1al de radio consistir\u00e1 en un mensaje radiotelef\u00f3nico o radiotelegr\u00e1fico precedido de una se\u00f1al distintiva de prioridad designada y aprobada por una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de la Uni\u00f3n Internacional de Telecomunicaciones. Esa se\u00f1al ser transmitida tres veces antes del distintivo de llamada del transporte sanitario de que se trate. Dicho mensaje se transmitir\u00e1 en ingl\u00e9s, a intervalos apropiados y en una frecuencia o unas frecuencias determinadas de conformidad con lo dispuesto en el p\u00e1rrafo 3 del presente art\u00edculo. El empleo de la se\u00f1al de prioridad estar exclusivamente reservado para las unidades y los medios de transporte sanitarios. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El mensaje de radio precedido de la se\u00f1al distintiva de prioridad que se menciona en el p\u00e1rrafo 1 incluir los elementos siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
a) distintivo de llamada del medio de transporte sanitario; b) posici\u00f3n del medio de transporte sanitario; c) n\u00famero y tipo de los medios de transporte sanitarios;d) itinerario previsto; e) duraci\u00f3n del viaje y horas de salida y de llegada previstas, seg\u00fan los casos; f) otros datos, tales como altitud de vuelo, radiofrecuencia de escucha, lenguajes convencionales, y modos y c\u00f3digos del sistema de radar secundario de vigilancia. <\/p>\n
<\/p>\n
3. A fin de facilitar las comunicaciones que se Mencionan en los p\u00e1rrafos 1 y 2, as\u00ed como las comunicaciones a que se refieren los art\u00edculos 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del Protocolo, las Altas Partes contratantes, las Partes en conflicto o una de estas, de com\u00fan acuerdo o separadamente, pueden designar y publicar las frecuencias nacionales que, de conformidad con el cuadro de distribuci\u00f3n de bandas de frecuencia que figura en el Reglamento de Radiocomunicaciones, anexo al Convenio Internacional de Telecomunicaciones decidan usar para tales comunicaciones. Esas frecuencias se notificar\u00e1n a la Uni\u00f3n Internacional de Telecomunicaciones de conformidad con el procedimiento que apruebe una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 8 – Identificaci\u00f3n por medios electr\u00f3nicos <\/p>\n
<\/p>\n
1. Para identificar y seguir el curso de las aeronaves sanitarias podr\u00e1 utilizarse el sistema de radar secundario de vigilancia (SSR), tal como se especifica en el Anexo 10 del Convenio de Chicago sobre Aviaci\u00f3n Civil Internacional, del 7 de diciembre de 1944, con sus modificaciones posteriores. El modo y c\u00f3digo de SSR que hayan de reservarse para uso exclusivo de las aeronaves sanitarias ser\u00e1n establecidos por las Altas Partes contratantes, por las Partes en conflicto o por una de las Partes en conflicto, de com\u00fan acuerdo o separadamente, en consonancia con los procedimientos que sean recomendados por la Organizaci\u00f3n de Aviaci\u00f3n Civil Internacional. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Las Partes en conflicto, por acuerdo especial, podr\u00e1n establecer para uso entre ellas, un sistema electr\u00f3nico similar para la identificaci\u00f3n de veh\u00edculos sanitarios y de buques y embarcaciones sanitarios. <\/p>\n
<\/p>\n
CAPITULO IV – COMUNICACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 9 – Radiocomunicaciones <\/p>\n
<\/p>\n
La se\u00f1al de prioridad prevista en el art\u00edculo 7 del presente Reglamento podr\u00e1 preceder\u00e1 a las correspondientes radiocomunicaciones de las unidades sanitarias y de los medios de transporte sanitarios para la aplicaci\u00f3n de los procedimientos que se pongan en pr\u00e1ctica de conformidad con los art\u00edculos 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del Protocolo. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 10 – Uso de c\u00f3digos internacionales <\/p>\n
<\/p>\n
Las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios podr\u00e1n usar tambi\u00e9n los c\u00f3digos y se\u00f1ales establecidos por la Uni\u00f3n Internacional de Telecomunicaciones, la Organizaci\u00f3n de Aviaci\u00f3n Civil Internacional y la Organizaci\u00f3n Consultiva Mar\u00edtima Intergubernamental. Esos c\u00f3digos y se\u00f1ales ser\u00e1n usados de conformidad con la normas, pr\u00e1cticas y procedimientos establecidos por dichas Organizaciones. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 11 – Otros medios de comunicaci\u00f3n <\/p>\n
<\/p>\n
Cuando no sea posible establecer una comunicaci\u00f3n bilateral por radio, podr\u00e1n utilizarse las se\u00f1ales previstas en el C\u00f3digo Internacional de Se\u00f1ales adoptado por la Organizaci\u00f3n Consultiva Mar\u00edtima Intergubernamental o en el Anexo correspondiente del Convenio de Chicago sobre Aviaci\u00f3n Civil Internacional, del 7 de diciembre de 1944, con las modificaciones que se introduzcan posteriormente. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 12 – Planes de vuelo <\/p>\n
<\/p>\n
* NOTA: FAVOR HACER CUADROS Y GRAFICAS CONTENIDOS EN LAS PAGS. 53 A 60 <\/p>\n
<\/p>\n
Los acuerdos y notificaciones relativos a los planes de vuelo a que se refiere el art\u00edculo 29 del Protocolo se formular\u00e1n, en todo lo posible, de conformidad con los procedimientos establecidos por la Organizaci\u00f3n de Aviaci\u00f3n Civil Internacional. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 13 – Se\u00f1ales y procedimientos para la interceptaci\u00f3n de aeronaves sanitarias Si se utilizase una aeronave interceptadora para comprobar la identidad de una aeronave sanitaria en vuelo o para ordenar a \u00e9sta el aterrizaje de conformidad con los art\u00edculos 30 y 31 del Protocolo, tanto la aeronave sanitaria como la interceptadora deber\u00edan usar los procedimientos normalizados de interceptaci\u00f3n visual y por radio prescritos en el Anexo 2 del Convenio de Chicago sobre Aviaci\u00f3n Civil Internacional, del 7 de diciembre de 1944, con sus modificaciones posteriores. <\/p>\n
<\/p>\n
CAPITULO V – PROTECCION CIVIL <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1. La tarjeta de identidad del personal de los servicios de protecci\u00f3n civil prevista en el p\u00e1rrafo 3 del art\u00edculo 66 del Protocolo se rige por las normas pertinentes del art\u00edculo 1 de este Reglamento. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La tarjeta de identidad del personal de protecci\u00f3n civil puede ajustarse al modelo que se indica en la figura 3. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Si el personal de protecci\u00f3n civil est\u00e1 autorizado a llevar armas ligeras individuales, se deber\u00eda hacer menci\u00f3n de ello en la tarjeta de identidad. <\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 15 – Signo distintivo internacional <\/p>\n
<\/p>\n
1. El signo distintivo internacional de protecci\u00f3n civil previsto en el p\u00e1rrafo 4 del art\u00edculo 66 del Protocolo ser un tri\u00e1ngulo equil\u00e1tero azul sobre fondo naranja. En la figura 4, a continuaci\u00f3n, aparece un modelo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Se recomienda: <\/p>\n
<\/p>\n
a) que si el tri\u00e1ngulo azul se utiliza en una bandera, brazalete o dorsal, \u00e9stos constituyan su fondo naranja; b) que uno de los \u00e1ngulos del tri\u00e1ngulo apunte hacia arriba, verticalmente; c) que ninguno de los tres \u00e1ngulos tenga contacto con el borde del fondo naranja. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El signo distintivo internacional ser tan grande como las circunstancias lo justifiquen. Siempre que sea posible, el signo deber colocarse sobre una superficie plana o en banderas visibles desde todas las direcciones posibles y desde la mayor distancia posible. Sin perjuicio de las instrucciones de la autoridad competente, el personal de protecci\u00f3n civil deber estar provisto en la medida de lo posible, del signo distintivo en el tocado y vestimenta. De noche o cuando la visibilidad sea escasa, el signo podr\u00e1 estar alumbrado o iluminado; puede tambi\u00e9n estar\u00e1 hecho con materiales que permitan su reconocimiento gracias a medios t\u00e9cnicos de detecci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
CAPITULO VI – OBRAS E INSTALACIONES QUE CONTIENEN FUERZAS PELIGROSAS <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Art\u00edculo 16 – Signo internacional especial <\/p>\n
<\/p>\n
1. El signo internacional especial para las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, previsto en el p\u00e1rrafo 7 del art\u00edculo 56 del Protocolo, consistir en un grupo de tres c\u00edrculos del mismo tama\u00f1o de color naranja vivo a lo largo de un mismo eje, debiendo ser la distancia entre los c\u00edrculos equivalente a su radio, seg\u00fan indica la figura 5. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El signo ser\u00e1 tan grande como las circunstancias lo justifiquen. Cuando se coloque sobre una superficie extensa, el signo podr\u00e1 repetirse tantas veces como sea oportuno seg\u00fan las circunstancias. Siempre que sea posible, se colocar sobre una superficie plana o sobre anderas de manera que resulte visible desde todas las direcciones posibles y desde la mayor distancia posible. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Cuando el signo figure en una bandera, la distancia entre los l\u00edmites exteriores del signo y los lados contiguos de la bandera ser equivalente al radio de un c\u00edrculo. La bandera ser rectangular y su fondo blanco. <\/p>\n
<\/p>\n
4. De noche o cuando la visibilidad sea escasa, el signo podr\u00e1 estar alumbrado o iluminado. Puede estar hecho tambi\u00e9n\u201an con materiales que permitan su reconocimiento gracias a medios t\u00e9cnicos de detecci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
ANEXO II <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
TARJETA DE IDENTIDAD DE PERIODISTA EN MISION PELIGROSA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA COMISION ESPECIAL, CERTIFICA que el anterior texto corresponde al no improbado por la Comisi\u00f3n Especial, el d\u00eda 4 de Septiembre de 1991. <\/p>\n
<\/p>\n
_____________________________ <\/p>\n
MARIO RAMIREZ ARBELAEZ <\/p>\n
Secretario General <\/p>\n
En respuesta a las comunicaciones que en desarrollo de lo dispuesto en el art\u00edculo 11 del decreto 2067 de 1991 se surtieron, el Ministerio de Relaciones Exteriores4 por conducto de apoderada, el Congreso de la Rep\u00fablica5 por intermedio de su ex-presidente y el Defensor del Pueblo6 concurrieron al proceso para defender la exequibilidad del instrumento que se revisa. <\/p>\n
La apoderada del Ministerio de Relaciones Exteriores fundamenta la constitucionalidad del Protocolo I en cuesti\u00f3n en la armon\u00eda que su contenido normativo guarda con los c\u00e1nones de nuestra Constituci\u00f3n. Hace ver que ambos Estatutos consagran los mismos deberes y derechos fundamentales de los Estados como son los relativos a la soberan\u00eda, independencia e igualdad jur\u00eddica de los mismos. <\/p>\n
Se\u00f1ala esa misma coincidencia en materia de la regulaci\u00f3n que trae el Protocolo I para la protecci\u00f3n de los derechos humanos, del medio ambiente y de los bienes civiles, as\u00ed como en lo concerniente a la preservaci\u00f3n de la riqueza cultural en caso de conflictos armados. Tal concordancia con las disposiciones de nuestra Carta Fundamental, a su juicio, determina la constitucionalidad del Protocolo en examen. <\/p>\n
Por su parte el Defensor del Pueblo, Doctor Jaime C\u00f3rdoba Trivi\u00f1o, no entra a cuestionar ni a definir la competencia de esta Corte para asumir el control de constitucionalidad del Protocolo I. A prop\u00f3sito de la constitucionalidad de este instrumento, hace las siguientes reflexiones: <\/p>\n
“….El Protocolo I que viene a permitir la aplicaci\u00f3n de los Convenios de Ginebra, s\u00f3lo contempla la protecci\u00f3n de las v\u00edctimas de la guerra a nivel internacional lo que no contrar\u00eda disposici\u00f3n alguna de la Carta Suprema. <\/p>\n
“Por el contrario se aviene al esp\u00edritu que orient\u00f3 la adopci\u00f3n de un amplio cat\u00e1logo de derechos, cual es el de proteger los derechos fundamentales del ser humano sin que sea posible restricci\u00f3n alguna. <\/p>\n
“El derecho a la vida, a la dignidad humana, a la autonom\u00eda personal, a la integridad entre otros se encuentran amparados en el Protocolo I que si es ratificado por Colombia vendr\u00eda a constituirse en un mecanismo m\u00e1s de defensa al que se podr\u00eda acudir para proteger a la poblaci\u00f3n civil, a los heridos, enfermos (militares o civiles), n\u00e1ufragos y prisioneros de guerra que se vean indefensos ante una operaci\u00f3n militar y ocupaci\u00f3n del territorio. <\/p>\n
“Es tal la importancia que revisten los tratados y convenios internacionales que reconocen los derechos humanos, que el art\u00edculo 93 constitucional establece su prevalencia en el orden interno e incorpora el derecho internacional con el fin de que los derechos humanos puedan interpretarse seg\u00fan su normativa. <\/p>\n
“Las disposiciones del Protocolo I est\u00e1n orientadas hacia la humanizaci\u00f3n de la guerra para que a trav\u00e9s de sus preceptivas los pa\u00edses se vean en la obligaci\u00f3n de restringir la violencia y proteger a las personas no combatientes”.7 <\/p>\n
El ex-presidente del Congreso de la Rep\u00fablica, Doctor Carlos Espinosa Facio-Lince, es categ\u00f3rico en afirmar que los tratados que hubiesen sido aprobados, al menos por una de las C\u00e1maras del Congreso y cuya ratificaci\u00f3n autoriz\u00f3 el art\u00edculo 58 transitorio de la Constituci\u00f3n previamente “deben ser sometidos a la revisi\u00f3n de la Corte” pues, pese a que la citada disposici\u00f3n transitoria no lo diga, en su sentir el \u00fanico efecto que esta produce es el de “tener por aprobados por el Congreso” los instrumentos que se encontraren en dicha situaci\u00f3n. De otra parte, opina que: <\/p>\n
” ….. La decisi\u00f3n del Gobierno de someter el Protocolo al estudio de la Comisi\u00f3n Especial y la decisi\u00f3n de \u00e9sta de no improbarlo, resultan contrarias a lo dispuesto en los art\u00edculos transitorios 6o., literal a), y 58 constitucionales”.8 <\/p>\n
En su sentir, el Protocolo I “se ajusta \u00edntegramente a los preceptos constitucionales” pues sus disposiciones se fundan en principios humanitarios aceptados por Colombia que en manera alguna pugnan con el ordenamiento constitucional como quiera que: <\/p>\n
<\/p>\n
” ….ellas tratan de la protecci\u00f3n debida a los heridos, enfermos y n\u00e1ufragos, a las personas en poder de la parte adversaria o internadas, detenidas o privadas de su libertad, a las unidades sanitarias, a los medios de transporte sanitario y al personal sanitario y religioso; del derecho de las familias a conocer la suerte de sus miembros y de la obligaci\u00f3n de las partes en conflicto de buscar las personas desaparecidas, permitir su b\u00fasqueda y sepultar, respetar y conservar los restos de las personas fallecidas y facilitar su repatriaci\u00f3n; de la prohibici\u00f3n de emplear armas, proyectiles, materias y m\u00e9todos de hacer la guerra de tal \u00edndole que causan males superfluos o sufrimientos innecesarios y del empleo de m\u00e9todos o medios que puedan causar da\u00f1os extensos, duraderos y graves al medio ambiente; de la prohibici\u00f3n de emplear medios p\u00e9rfidos; de la prohibici\u00f3n de hacer uso indebido de emblemas reconocidos, tales como los de la Cruz Roja, la Media Luna o el Le\u00f3n y Sol Rojos y del emblema distintivo de las Naciones Unidas; de la prohibici\u00f3n de hacer uso de las banderas o de los emblemas, insignias o uniformes militares de Estados neutrales o que no sean parte en el conflicto, y de los del adversario durante los ataques para cubrir, favorecer, proteger u obstaculizar operaciones militares; de la prohibici\u00f3n de ordenar que no haya sobrevivientes, amenazar con ello al adversario o conducir las hostilidades en funci\u00f3n de tal decisi\u00f3n; de la salvaguardia del enemigo fuera de combate; del respeto y la protecci\u00f3n de la poblaci\u00f3n civil y de los bienes de car\u00e1cter civil; de las garant\u00edas fundamentales de las personas que est\u00e9n en poder de una parte en conflicto, y entre \u00e9stas la del debido proceso; de las medidas especiales para la protecci\u00f3n de las mujeres, y de los ni\u00f1os, y de las medidas de protecci\u00f3n de periodistas.”9 <\/p>\n
IV. EL MINISTERIO PUBLICO <\/p>\n
El se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n, Doctor CARLOS GUSTAVO ARRIETA PADILLA10, mediante oficio No. 032 de junio 10 de 1992, rindi\u00f3 en tiempo el concepto fiscal de su competencia. En \u00e9l reitera que la Corte Constitucional carece de competencia para conocer por la v\u00eda autom\u00e1tica de la constitucionalidad de los tratados cuyo procedimiento de adopci\u00f3n interna fue regulado por el mecanismo “sui generis” consagrado en el art\u00edculo 58 de la Carta Pol\u00edtica. Por ello solicita a esta Corte proferir fallo inhibitorio. <\/p>\n
<\/p>\n
A esos efectos reproduce los argumentos con fundamento en los cuales ese Despacho esboz\u00f3 la referida tesis en los conceptos A.C.-T.I.-002 y A. C.- T.I.-003 con ocasi\u00f3n de la revisi\u00f3n de la enmienda de la O.I.T. y del Acuerdo B\u00e1sico de Cooperaci\u00f3n T\u00e9cnica entre la Rep\u00fablica de Colombia y la Rep\u00fablica Oriental del Uruguay. Son ellos, los siguientes: <\/p>\n
“….El Gobierno Nacional para proceder a desarrollar la autorizaci\u00f3n (no la facultad extraordinaria) excepcional que le confiere el art\u00edculo 58 transitorio, deb\u00eda verificar que el Proyecto de Ley por medio del cual se incorporaba al ordenamiento jur\u00eddico interno un tratado o convenio internacional, se encontraba en la situaci\u00f3n jur\u00eddica siguiente: <\/p>\n
“a) Aprobado por una de las C\u00e1maras del Congreso de la Rep\u00fablica, lo cual exig\u00eda que se surtieran los dos debates reglamentarios en la Comisi\u00f3n Constitucional Permanente y en la C\u00e1mara respectiva, y por ende, se hab\u00eda tomado la decisi\u00f3n correspondiente para que continuara su tr\u00e1mite, debate y aprobaci\u00f3n en la otra C\u00e1mara; <\/p>\n
b) Por tanto, el proyecto de la ley deb\u00eda hallarse en tr\u00e1nsito de debate y aprobaci\u00f3n en la otra C\u00e1mara del Congreso; <\/p>\n
c) Que el proyecto de ley aprobatorio del tratado, no hubiere sido aprobado en todos sus debates reglamentarios, pues en caso contrario, solo le faltar\u00eda la sanci\u00f3n presidencial; <\/p>\n
d) Verificado lo anterior, el Gobierno Nacional deb\u00eda proceder a ratificarlo, sin que mediara actuaci\u00f3n distinta, o sea sin sancionarlo ni someterlo para su validez a tr\u00e1mites no previstos, puesto que se trataba de un simple proyecto de ley, que en virtud de la disposici\u00f3n transitoria no se convertir\u00eda en ley de la Rep\u00fablica”. <\/p>\n
“Inequ\u00edvocamente, la competencia de la Corte para ejercer su potestad de control previo de revisi\u00f3n, debe cumplir los presupuestos que se relacionan a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
“5.1. Que el tratado internacional sea remitido por el Gobierno Nacional dentro de los seis d\u00edas siguientes a la sanci\u00f3n de la ley; <\/p>\n
“5.2. Que el asunto sometido a conocimiento de la Corte, sea una ley aprobatoria de un tratado internacional, debidamente sancionada por el presidente de la rep\u00fablica. <\/p>\n
“Estos son dos requisitos esenciales para que la Corte pueda avocar el conocimiento por v\u00eda de revisi\u00f3n previa, lo cual supone adem\u00e1s que el tratado internacional no se encuentre perfeccionado, esto es que el Estado por intermedio del Gobierno no haya manifestado su consentimiento en obligarse internacionalmente por el convenio en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
“Estos requisitos exigidos por el numeral 10 del art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica vigente, no se re\u00fanen en el presente asunto, pues no existe ley aprobatoria de un tratado internacional, simple y llanamente se encontraba en tr\u00e1nsito de ser ley de la Rep\u00fablica”. <\/p>\n
“Las consideraciones hechas en esa ocasi\u00f3n, son las mismas para el caso bajo examen, toda vez que, seg\u00fan certificaci\u00f3n del Secretario General de la Comisi\u00f3n Segunda del Senado de la Rep\u00fablica que obra a folio 55 de las copias del expediente remitidas a este Despacho, el proyecto de ley denominado “PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES (PROTOCOLO I) ADOPTADO EN GINEBRA EL 8 DE JUNIO DE 1977” fue aprobado en primer y segundo debate en la C\u00e1mara de Representantes, y como tal nunca se perfeccion\u00f3 como Ley de la Rep\u00fablica aprobatoria del tratado, ya que la Asamblea Nacional Constituyente suspendi\u00f3 su procedimiento de incorporaci\u00f3n ordinario, para que el Gobierno lo ratificara en este estado, y en consecuencia \u00e9ste no estaba habilitado, facultado o autorizado para enviar el tratado a la Corte Constitucional para que se efectuara el control previo autom\u00e1tico del mismo, pues la \u00fanica alternativa que ten\u00eda era la de ratificar el tratado o no hacerlo.”11 <\/p>\n
V. LA OPINION DE LOS EXPERTOS <\/p>\n
El Magistrado Ponente, en uso de sus competencias legales invit\u00f3 al Doctor HERNANDO VALENCIA VILLA, en su calidad de experto en las materias relacionadas con el tema del proceso, a presentar concepto sobre las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional p\u00fablico en la nueva Constituci\u00f3n con particular referencia al derecho internacional humanitario y sobre otros aspectos relevantes para la decisi\u00f3n. <\/p>\n
El Doctor Valencia Villa considera que el art\u00edculo 93 Constitucional: <\/p>\n
“resuelve de un plumazo la vieja disputa escol\u00e1stica entre monismo y dualismo en las relaciones derecho internacional -derecho nacional”. 12 <\/p>\n
<\/p>\n
Seg\u00fan este precepto -que califica de revolucionario- <\/p>\n
“… los instrumentos internacionales sobre derechos humanos adquieren rango constitucional en Colombia, lo cual significa que prevalecen contra la ley en todos los casos e incluso contra la propia norma fundamental si ella se opone de manera ostensible e injustificada al ius qentium. En otras palabras, la disposici\u00f3n crea una nueva categor\u00eda de leyes, que no podemos calificar m\u00e1s que como leyes constitucionales: las leyes aprobatorias de tratados p\u00fablicos de derechos humanos, comprendidos los de derecho humanitario como los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos adicionales de 1977, que sobrepujan a cualquier otra ley en la materia humanitaria, por ministerio del constituyente de 1991.”13 <\/p>\n
A su juicio, la perspectiva humanista e internacionalista del constituyente de 1991 es puesta de presente por el mismo art\u00edculo 93 y por la aplicaci\u00f3n absoluta del derecho internacional humanitario durante los estados de excepci\u00f3n conforme lo se\u00f1alan los art\u00edculos 212 a 215 de la Carta. En estos casos -contin\u00faa- <\/p>\n
“… resulta evidente que el constituyente ha decidido que la vigencia efectiva de las libertades fundamentales s\u00f3lo se consigue mediante la limitaci\u00f3n de la soberan\u00eda del Estado y la ampliaci\u00f3n correlativa de la autonom\u00eda del individuo. La \u00fanica restricci\u00f3n de la soberan\u00eda nacional que no s\u00f3lo puede aceptarse sino que incluso debe promoverse es la que se sigue de la plena aplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n internacional de derechos humanos. M\u00e1s a\u00fan, la actual coyuntura nacional exige la utilizaci\u00f3n del derecho internacional de los derechos humanos, que es una normatividad general para democracias funcionales en tiempos de paz, y tambi\u00e9n y sobre todo del derecho internacional humanitario, que es una normatividad especial para democracias disfuncionales en tiempos de guerra. No existe, pues, excusa alguna para seguir eludiendo la invocaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del Derecho de Ginebra al conflicto armado interno, por cuanto el estatuto superior lo impone como legislaci\u00f3n civilizadora y humanizadora del nuevo r\u00e9gimen de excepci\u00f3n, bajo el cual, conviene a\u00f1adir tampoco “podr\u00e1n suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales”, seg\u00fan dispone el mismo art\u00edculo 214 constitucional.”14 <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s considera. <\/p>\n
“…la prevalencia del derecho internacional de los derechos humanos en el orden interno se refiere a todos los instrumentos, es decir, tanto a los ya ratificados e incorporados cuanto a los que en el futuro se ratifiquen e incorporen. Dos argumentos sustentan esta tesis: puesto que el derecho internacional de los derechos humanos constituye un corpus normativo en avanzado estado de codificaci\u00f3n, como que est\u00e1 integrado en lo planetario por la Declaraci\u00f3n Universal de 1948 y los Pactos internacionales de 1966, y en lo continental por la Declaraci\u00f3n Americana de 1948 y la Convenci\u00f3n Americana de 1968, parece incuestionable que la intenci\u00f3n del constituyente del 91 en el art\u00edculo 93 no fue otra que la de incorporar el estado del arte en materia de protecci\u00f3n jur\u00eddica internacional de la persona humana a nuestro c\u00f3digo supremo, de suerte que el derecho constitucional estuviese reforzado por el discurso internacional en cuanto concierne a la defensa de la ciudadan\u00eda y de sus garant\u00edas fundamentales. Por otra parte, si bien la nueva constituci\u00f3n es norma reformatoria y derogatoria, la precedente legislaci\u00f3n nacional en todos los ramos sigue vigente hasta tanto no sea derogada por el Congreso o declarada inexequible por la Corte, mucho m\u00e1s en trat\u00e1ndose de una preceptiva como la que nos ocupa, que tiene un status de tanta jerarqu\u00eda en el ordenamiento jur\u00eddico reconstituido por la Carta del 91. Una interpretaci\u00f3n distinta del art\u00edculo 93 har\u00eda nugatorio el mandato del constituyente.”15 <\/p>\n
Por otra parte, en su criterio “no existe oposici\u00f3n alguna entre el Protocolo I y la Constituci\u00f3n vigente” comoquiera que este \u00faltimo: <\/p>\n
“…constituye el m\u00e1s reciente y avanzado ejercicio de codificaci\u00f3n del jus cogens o derecho consuetudinario de los pueblos sobre el tratamiento debido, por razones de humanidad, a las v\u00edctimas y a la poblaci\u00f3n civil no combatiente en las guerras convencionales o interestatales.”16 <\/p>\n
“…recoge los principios cardinales del derecho de la guerra y los convierte en normas de derecho humanitario… De esta suerte, mal puede una Constituci\u00f3n moderna y democr\u00e1tica como la colombiana de 1991, cuya racionalidad teleol\u00f3gica resulta claramente garantista o libertaria, estar en contradicci\u00f3n con un instrumento internacional como el Protocolo I, que no es otra cosa que la codificaci\u00f3n del n\u00facleo inderogable de normas m\u00ednimas de humanidad que rigen en los conflictos armados. Y la prueba de que el derecho humanitario es hoy la ley fundamental de la humanidad, a la cual no podr\u00eda oponerse l\u00edcitamente Constituci\u00f3n nacional alguna que se pretenda fundadora y reguladora de un Estado social de derecho de car\u00e1cter democr\u00e1tico, es la universal aceptaci\u00f3n de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977.”17 <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL <\/p>\n
A. Competencia. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n no comparte la tesis expuesta por el se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n. Estima, por el contrario, que es competente para revisar oficiosamente los tratados en v\u00eda de formaci\u00f3n a que se refiri\u00f3 el art\u00edculo 58 transitorio de la Carta y, por ende, para pronunciarse de m\u00e9rito y con car\u00e1cter definitivo sobre la exequibilidad del instrumento internacional sometido a examen , con base en las consideraciones siguientes: <\/p>\n
1- La tesis de la incompetencia se sustenta en una interpretaci\u00f3n formalista, asistem\u00e1tica, exeg\u00e9tica y literal del art\u00edculo 58 de la Carta. <\/p>\n
Ese entendimiento es a todas luces contrario a la Carta comoquiera que comporta un palmario desconocimiento de la naturaleza de la jurisdicci\u00f3n que se asigna en el art\u00edculo 241 a la Corte Constitucional cuando se le conf\u00eda la guarda de la integridad y supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n y, en tal virtud, se le atribuye en el numeral 10 la funci\u00f3n de “decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben.” <\/p>\n
Cuando el Constituyente instituy\u00f3 en dicho numeral el control previo y oficioso de los instrumentos internacionales en v\u00edas de perfeccionamiento en modo alguno excluy\u00f3 a aquellos respecto de los cuales contempl\u00f3 el tr\u00e1mite excepcional de que trata su art\u00edculo 58 transitorio. <\/p>\n
Por tanto, esta Corte reitera los argumentos que expuso en la sentencia con la cual culmin\u00f3 la revisi\u00f3n constitucional del Acuerdo B\u00e1sico de Cooperaci\u00f3n T\u00e9cnica y Cient\u00edfica entre la Rep\u00fablica de Colombia y la Rep\u00fablica Oriental del Uruguay de que da cuenta el Expediente AC-TI-03 (Magistrado Ponente Doctor JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO): <\/p>\n
“….Cuando el art\u00edculo 58 transitorio autoriz\u00f3 al Gobierno para ratificar los tratados o convenios celebrados que hubiesen sido aprobados al menos por una de las c\u00e1maras, consagr\u00f3 norma excepcional en cuanto a la culminaci\u00f3n del tr\u00e1mite en el Congreso habida cuenta del receso dispuesto para ese cuerpo legislativo (Cap\u00edtulo 1o. de las disposiciones transitorias), pero nada indica que esa autorizaci\u00f3n incluyera, adem\u00e1s, la excepci\u00f3n al control previo de constitucionalidad plasmado gen\u00e9ricamente en el art\u00edculo 241, numeral 10 de la Carta. Aceptarlo as\u00ed equivaldr\u00eda a conclu\u00edr que los tratados o convenios cobijados por la norma transitoria fueron inexplicablemente sustra\u00eddos del control previo. En estos t\u00e9rminos, la falta de control pol\u00edtico del Congreso no necesariamente implicaba la del control jur\u00eddico. <\/p>\n
“Semejante consecuencia no se deriva del nuevo sistema constitucional y, muy por el contrario, ri\u00f1e abiertamente con el objetivo de certeza buscado por el Constituyente al regular esta materia. <\/p>\n
“…. La Corte considera que el art\u00edculo transitorio 58 de la Constituci\u00f3n no excluye y, por el contrario, supone el control previo de constitucionalidad, ya que no puede interpret\u00e1rselo de manera aislada sino en armon\u00eda con las dem\u00e1s disposiciones de la Carta, en especial con su art\u00edculo 241, numeral 10. <\/p>\n
“En efecto, uno de los fines primordiales de los sistemas de control constitucional reside en la adquisici\u00f3n de certeza sobre el ajuste de un determinado acto a la normativa superior, deducida en el curso de un proceso que culmine con el pronunciamiento definitivo del \u00f3rgano al cual esa tarea ha sido confiada, en el caso colombiano la Corte Constitucional. <\/p>\n
“Desde el momento en que una cierta clase o categor\u00eda de actos queda sometido por la propia Constituci\u00f3n a ese procedimiento de control, todos los que a aquella pertenecen, si respecto de cada uno se dan los supuestos previstos por el ordenamiento jur\u00eddico, deben pasar, sin lugar a excepciones, por el correspondiente tr\u00e1mite que asegure su examen. <\/p>\n
“A partir de la vigencia de la Constituci\u00f3n de 1991, habida cuenta de la previsi\u00f3n consagrada en el numeral 10 de su art\u00edculo 241, no cabe duda sobre el necesario sometimiento al control previo de constitucionalidad a cargo de esta Corte de los tratados internacionales y las leyes que los aprueben. <\/p>\n
2- En estudio sobre el tema de la competencia de esta Corte para proferir fallo de fondo en cuanto a este y seis tratados m\u00e1s remitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores que el suscrito ponente realiz\u00f3 por encargo de la Sala Plena y que \u00e9sta acogi\u00f3, seg\u00fan consta en Acta No. 52 correspondiente a la sesi\u00f3n celebrada el pasado 6 de abril se concluy\u00f3: <\/p>\n
“…. pese al tr\u00e1mite sui generis y de car\u00e1cter excepcional que sufrieron por raz\u00f3n del tr\u00e1nsito constitucional, estos constituyen verdaderos tratados en v\u00edas de formaci\u00f3n, pues con respecto a ellos a\u00fan no se ha producido su perfeccionamiento, toda vez que con anterioridad a su revisi\u00f3n por la Corte el ejecutivo no hab\u00eda manifestado el consentimiento en obligarse por ellos en el \u00e1mbito internacional. Como tales est\u00e1n sometidos al control de constitucionalidad previsto en el numeral 10 del art\u00edculo 241 de la Carta”.19 <\/p>\n
Conviene en esta ocasi\u00f3n recordar las razones de tipo hist\u00f3rico, sistem\u00e1tico y teleol\u00f3gico que permitieron arribar a esa conclusi\u00f3n. <\/p>\n
a- El tenor literal del texto positivo <\/p>\n
Ciertamente, de una lectura superficial podr\u00edan surgir dudas acerca del sentido en que, en el numeral 10 del arti\u00adculo 241, el Constituyente utiliz\u00f3 el termino “tratados internacionales” al indicar que su control de constituciona\u00adlidad competer\u00eda a la Corte Constitucional. <\/p>\n
Empero, el propio conjunto normativo a que pertenece la citada expresi\u00f3n la dota de una significaci\u00f3n un\u00edvoca al indicar que en este caso fue empleada como connotativa del instrumento internacional que est\u00e1 cumpliendo un proceso de celebraci\u00f3n y perfeccionamiento y respecto del cual ya se han realizado las fases de negociaci\u00f3n, adopci\u00f3n, y autenticaci\u00f3n del texto, de sometimiento al Congreso para aprobaci\u00f3n y de aprobaci\u00f3n por \u00e9ste. Pero cuyo perfeccionamiento est\u00e1 pen\u00addiente, por no haberse a\u00fan producido el acto del Ejecutivo que perfecciona en el \u00e1mbito internacional la manifestaci\u00f3n de voluntad del Estado en obligarse por el Tratado.20 <\/p>\n
En efecto, las etapas posteriores a la sanci\u00f3n presidencial de la ley aprobatoria del tratado internacional, al tenor de la norma solo pueden cumplirse seg\u00fan sean los resultados del control. De hecho, la disposici\u00f3n precept\u00faa que “…si la Corte los declara constitucionales el Gobierno podr\u00e1 efectuar el canje de notas” y que “en caso contrario no ser\u00e1n ratificados”. <\/p>\n
Quiere ello decir que los actos con\u00adcernientes a la manifestaci\u00f3n del consentimiento en obligarse en el \u00e1mbito internacional son ulteriores al control, como quiera que solo pueden tener lugar despu\u00e9s de que \u00e9ste se ha verificado, toda vez que sus resultados condicionan la posibilidad de que aqu\u00e9llos se produzcan. <\/p>\n
Ello indica que al momento en que se surte el control de constitucionalidad, el acuerdo no es un instrumento perfecto sino un “proyecto de tratado”, y que por lo mismo, el instituido es un control previo que opera despu\u00e9s de que el presidente ha sancionado la ley aprobatoria del tratado y antes de que \u00e9ste se perfeccione mediante la ratificaci\u00f3n presidencial, el canje o dep\u00f3sito de los instrumentos de ratificaci\u00f3n o de adhesi\u00f3n, o en la forma que en el tratado se haya convenido. <\/p>\n
N\u00f3tese por dem\u00e1s a \u00e9ste respecto, que la propia redacci\u00f3n de la norma en comento evidencia que el control del tratado se produce antes de que \u00e9ste tenga existencia como acto jur\u00eddico en el \u00e1mbito internacional. <\/p>\n
<\/p>\n
M\u00e1s a\u00fan: la propia Carta da cuenta de otros casos en los que, a diferencia del analizado, el Constituyente us\u00f3 la palabra “tratados internacionales” como indicativa de acuerdo inter\u00adnacional perfeccionado, y en los que, como en \u00e9ste, su sen\u00adtido un\u00edvoco resulta del propio texto del art\u00edculo al cual pertenece. A modo ilustrativo, se citan los siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
ARTICULO 53. <\/p>\n
“… <\/p>\n
Los convenios internacionales del trabajo, de\u00adbidamente ratificados, hacen parte de la legislaci\u00f3n interna. <\/p>\n
“…” <\/p>\n
ART. 101: <\/p>\n
“… <\/p>\n
“…” <\/p>\n
Asimismo, hay en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica otros casos an\u00e1lo\u00adgos al analizado, en los que el Constituyente us\u00f3 la expresi\u00f3n “tratados internacionales” como indicativa de acuerdo inter\u00adnacional no perfeccionado, y en los que, como en \u00e9ste, su sentido un\u00edvoco tambi\u00e9n resulta del propio texto del art\u00edculo al cual pertenece. De \u00e9ste tipo son los siguientes: <\/p>\n
“… <\/p>\n
ARTICULO 150. Corresponde al congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones: <\/p>\n
“… <\/p>\n
16. Aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros Estados o con enti\u00addades de derecho internacional. <\/p>\n
“…” <\/p>\n
“ARTICULO 164. El congreso dar\u00e1 prioridad al tr\u00e1mite de los proyectos de ley aprobatorios de los tratados sobre derechos humanos que sean someti\u00addos a su consideraci\u00f3n por el gobierno. <\/p>\n
“…” <\/p>\n
“ARTICULO 224. Los tratados, para su validez, debe\u00adr\u00e1n ser aprobados por el congreso… <\/p>\n
“…” <\/p>\n
“ARTICULO 189. Corresponde al presidente de la rep\u00fablica como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa: <\/p>\n
“… <\/p>\n
“6. Proveer a la seguridad exterior de la Rep\u00fablica…declarar la guerra… y convenir y ratificar los tratados de paz. <\/p>\n
“…” <\/p>\n
b- Los antecedentes hist\u00f3ricos de la norma y el <\/p>\n
pensamiento del Constituyente <\/p>\n
Los antecedentes hist\u00f3ricos del numeral 10 del Art\u00edculo 241 vigente corroboran la tesis que se viene soste\u00adniendo\/ En efecto, a lo largo del proceso de formaci\u00f3n de eta norma, hubo uniformidad y continuidad en los lineamientos trazados por el Constituyente, lo cual confiere fuerza y validez en este caso al argumento hist\u00f3rico como criterio hermene\u00fatico. Ti\u00e9nense al respecto los siguientes datos relevantes: <\/p>\n
Los ponentes Mar\u00eda Teresa Garc\u00e9s Lloreda y Jos\u00e9 Mar\u00eda Velasco Guerrero21, en el informe que rindieron a la Comisi\u00f3n Cuarta sobre el tema de “El control de constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado” observaron: <\/p>\n
“… En todos los proyectos presentados se conservan las funciones sobre el control de constitucionalidad que ten\u00eda la Corte Suprema de Justicia, incluyendole nuevas atribuciones: <\/p>\n
“… <\/p>\n
“2. Decidir sobre la constitucionalidad de los tratados y de las leyes que los aprueben…” <\/p>\n
Los citados autores ponen de presente que las diferencias de criterio que a este prop\u00f3sito se presentaron, se relacionaron \u00fanicamente: <\/p>\n
“… con el momento en que debe reali\u00adzarse el control, pues algunos constituyentes afirman que dicho control debe efectuarse una vez el tratado o convenio haya sido aprobado por la ley, antes del canje de notas; y otros que tal control debe realizarse antes de haber sido sometido a aprobaci\u00f3n por ley del congreso.”22 <\/p>\n
A su juicio: <\/p>\n
“… el control debe tener lugar tanto sobre el contenido del tratado como sobre la ley aprobatoria del mismo, una vez que esta haya sido sancionada, tr\u00e1mite que de una parte permite un control total sobre el fondo y la forma, pero que a su vez evita duplicidad en la funci\u00f3n de este control, y por tanto dilaciones en la obtenci\u00f3n de una seguridad jur\u00eddica. La declaratoria de inconstitucionalidad, ya sea del tratado o de la ley aprobatoria, por parte de la Corte, impedir\u00eda la ratificaci\u00f3n o el canje de notas.”23 (Subrayas fuera de texto) <\/p>\n
A lo dicho, los ponentes a\u00f1aden: <\/p>\n
“… todos los miembros de la subcomisi\u00f3n estuvieron de acuerdo en la conveniencia de establecer el control de constitucionalidad sobre los trata\u00addos p\u00fablicos y sus leyes aprobatorias, de manera expresa, antes de que se proceda a ratificarlos, present\u00e1ndose discre\u00adpancias en la etapa del proceso interno en que dicho control debe ser ejercido y en cuanto a si \u00e9ste debe ser autom\u00e1tico, o si puede ser puesto en marcha por cualquier ciudadano, mediante el empleo de la acci\u00f3n de inexequibilidad.”24 <\/p>\n
El Constituyente Jos\u00e9 Mar\u00eda Velasco Guerrero25 a lo anterior agrega que: <\/p>\n
“las diferencias se presentan en lo relativo al tema del control de las leyes aprobatorias de tratados internacionales, pues unos les otorgan car\u00e1cter de leyes especiales, de jerarqu\u00eda prevalente, que no pueden ser objeto de acci\u00f3n de inexequibi\u00adlidad; Sin embargo, la mayor\u00eda considera plausible el control previo por la Corte del texto de los tratados. con miras a asegurar la compatibilidad de los tratados internacionales con el derecho interno.”26 <\/p>\n
En el informe de ponencia sobre “las relaciones internaciona\u00adles”27, los constituyentes Arturo Mej\u00eda Borda, Miguel Santamar\u00eda D\u00e1vila, Guillermo Plazas Alcid, Alfredo V\u00e1squez Carri\u00adzosa, y Fabio de Jes\u00fas Villa, hacen alusi\u00f3n a lo expresado en la Convenci\u00f3n de Viena sobre el Derecho de los tratados (Mayo 23 de 1969, aprobada por la ley 32 del 29 de Enero de 1985) al disponer que: <\/p>\n
“Se entiende por tratado un acuerdo interna\u00adcional celebrado por escrito entre estados, y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento \u00fanico o en dos o m\u00e1s instrumentos conexos y cualquiera que sea su deno\u00adminaci\u00f3n particular.” <\/p>\n
En el informe de ponencia para sesi\u00f3n plenaria sobre “la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, proposiciones divergentes” la ponente Mar\u00eda Teresa Garc\u00e9s Lloreda di\u00f3 a conocer el siguiente art\u00edculo: <\/p>\n
“… <\/p>\n
A la Corte Constitucional se le conf\u00eda la guarda de la integridad y supremac\u00eda de la Constitu\u00adci\u00f3n, y en consecuencia tendr\u00e1 las siguientes atribu\u00adciones: <\/p>\n
“… <\/p>\n
“7. Decidir definitivamente sobre la constitucio\u00adnalidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben; con tal finalidad el gobierno los remitir\u00e1 a la Corte Constitucional dentro de los 6 d\u00edas siguientes al de la sanci\u00f3n de la ley. Si la Corte los declara constitucionales, el gobierno podr\u00e1 efectuar el canje de notas; en caso contrario no se\u00adr\u00e1n ratificados. <\/p>\n
“…” <\/p>\n
<\/p>\n
Afirma la ponente que dicho art\u00edculo se fundamenta en que a la Corte Constitucional le corres\u00adponde la guarda de la integridad y la supremac\u00eda de la Cons\u00adtituci\u00f3n y entre sus atribuciones est\u00e1 la de decidir directa\u00admente sobre la constitucionalidad de los tratados internacio\u00adnales y las leyes que los aprueben, con anterioridad al canje de notas. <\/p>\n
Al respecto explica: <\/p>\n
“Se trata de dar una mayor seguridad jur\u00eddica a la comunidad con relaci\u00f3n a la conformi\u00addad de los tratados con las normas de la Carta; garantiz\u00e1n\u00addose de esta forma el control pol\u00edtico por parte del congreso y el control jurisdiccional por la Corte Constitucional, con anterioridad a la adquisici\u00f3n de compromisos internacionales por el gobierno Nacional. Si bien es cierto que en algunos proyectos se propuso que el control se ejerciera con anterio\u00adridad al tr\u00e1mite de la ley por el congreso, la Comisi\u00f3n IV consider\u00f3 la conveniencia de que se efect\u00fae en forma autom\u00e1\u00adtica una vez aprobada la ley para que el mismo pueda versar tanto sobre el contenido del tratado, como sobre los aspectos formales de la ley aprobatoria.”28 <\/p>\n
El art\u00edculo aprobado en primer debate fue del siguiente tenor: <\/p>\n
“… <\/p>\n
“ARTICULO 68: Son funciones de la Corte Constitucional (Corte Suprema de Justicia): <\/p>\n
<\/p>\n
Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben; con tal f\u00edn el gobierno los remitir\u00e1 a la Corte, dentro de los 6 d\u00edas siguientes al de la san\u00adci\u00f3n de la ley. Cualquier ciudadano podr\u00e1 intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el gobierno podr\u00e1 efectuar el canje de notas; en caso contrario, no se\u00adr\u00e1n ratificados. <\/p>\n
“Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Consti\u00adtucional (Corte Suprema de Justicia), el presidente de la rep\u00fablica solo podr\u00e1 manifestar el consenti\u00admiento en obligarse formulando la correspondiente re\u00adserva.”29 <\/p>\n
Conforme lo acredita la respectiva acta, en la sesi\u00f3n plena\u00adria de Mayo 24 de 199130 hubo acuerdo en que los tratados deben ser celebrados por el ejecutivo, aprobados por el congreso, y tener un control de constitucionalidad antes de que sean ratificados por el ejecutivo. <\/p>\n
En la Gaceta Constitucional No. 113, de Julio 5 de 1991 se public\u00f3 el articulado de la Constituci\u00f3n de Colombia, que fue codificado por la Comisi\u00f3n respectiva y propuesto a la Asamblea Constituyente para segundo debate. La norma correspon\u00addiente al tema que se analiza dice: <\/p>\n
“… <\/p>\n
<\/p>\n
“ARTICULO 250. A la Corte Constitucional se le con\u00adf\u00eda la guarda de la integridad y supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n en los estrictos y precisos t\u00e9rminos de \u00e9ste art\u00edculo. Con tal fin, cumplir\u00e1 las siguientes funciones: <\/p>\n
“… <\/p>\n
10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal f\u00edn el gobierno los remi\u00adtir\u00e1 a la Corte dentro de los 6 d\u00edas siguientes a la sanci\u00f3n de la ley. Cualquier ciudadano podr\u00e1 interve\u00adnir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el gobierno podr\u00e1 efectuar el canje de notas; en caso contrario, no ser\u00e1n ratificados. <\/p>\n
“Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitu\u00adcional (Corte Suprema de Justicia) el presidente de la rep\u00fablica solo podr\u00e1 manifestar el consentimiento en obligarse formulando la correspondiente reserva.”31 <\/p>\n
Para finalizar, se observa que en la Gaceta Constitucional No. 114 de Julio 7 de 1991 en la cual tuvo lugar la promulgaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de la Rep\u00fablica de Colombia32 qued\u00f3 contemplado el texto anteriormente mencionado en el que hoy es el Art\u00edculo 241 del Cap\u00edtulo 4, alusivo a la “Jurisdicci\u00f3n Constitucional” que pertenece al T\u00edtulo VIII de la Carta, titulado “De la Rama Judicial.” <\/p>\n
Tal es entonces la evoluci\u00f3n que el art\u00edculo sobre control constitucional de los tratados tuvo en la Asamblea Nacional Constituyente. El seguimiento hist\u00f3rico de su proceso de gestaci\u00f3n demuestra que la intenci\u00f3n inequ\u00edvoca del Constituyente fue la de establecer en el actual numeral 10 del art\u00edculo 241 de la Carta Pol\u00edtica un control previo, autom\u00e1tico e integral. <\/p>\n
<\/p>\n
c- La interpretaci\u00f3n teleol\u00f3gica: <\/p>\n
Los tratados como instrumentos de internacionalizaci\u00f3n de las relaciones econ\u00f3micas, socia\u00adles y culturales y el logro <\/p>\n
de la meta de integraci\u00f3n. <\/p>\n
El argumento teleol\u00f3gico es quiz\u00e1s el m\u00e1s concluyente de entre los que se pueden esbozar para sustentar la tesis seg\u00fan la cual el control constitucional de los tratados internacionales que se contempla en el art\u00edculo 241-10 de la Carta Pol\u00edtica es previo, autom\u00e1tico e integral. <\/p>\n
La internacionalizaci\u00f3n de las relaciones socia\u00adles, econ\u00f3micas, pol\u00edticas e incluso ecol\u00f3gicas de la naci\u00f3n colombiana fue preocupaci\u00f3n central del Constituyente de 1991, quien por ello, la concibi\u00f3 como esencial prop\u00f3sito de la actividad estatal. <\/p>\n
Varias razones permiten hacer la anterior afirmaci\u00f3n. Por un lado, el tema de la internacionalizaci\u00f3n fue consignado en el pre\u00e1mbulo de la Carta, como inherente al prop\u00f3sito de integraci\u00f3n que en \u00e9ste se consagra. Por otro, el Cons\u00adtituyente se ocup\u00f3 de \u00e9l en el art\u00edculo 9o. de la Constituci\u00f3n, al se\u00f1alar los principios fundamentales que han de guiar la pol\u00edtica exterior colombiana. <\/p>\n
El tema de la internacionalizaci\u00f3n, adem\u00e1s de haber sido consa\u00adgrado en el pre\u00e1mbulo, y como un principio fundamental de la Carta, fue materia de un cap\u00edtulo especial de la misma dedicado -por primera vez en la historia del constituciona\u00adlismo colombiano-, exclusivamente a ese tema. El cap\u00edtulo, insertado dentro del t\u00edtulo que trata de la rama ejecutiva, contempla los prop\u00f3sitos y organismos relativos a las relaciones inter\u00adnacionales de Colombia. En ese cap\u00edtulo, la Carta consagra la obligaci\u00f3n del Estado colombiano de promover la internacionalizaci\u00f3n de las relaciones econ\u00f3micas, pol\u00edticas, sociales y ecol\u00f3gicas dentro de ciertos principios. <\/p>\n
As\u00ed, pues, el problema de la internacionalizaci\u00f3n del pa\u00eds fue un tema fundamental dentro de las preocupaciones del Consti\u00adtuyente del 91. Ello queda claro en la ponencia que la Comi\u00adsi\u00f3n Tercera de la Asamblea Constitucional present\u00f3 para primer debate a la plenaria. La Comisi\u00f3n propuso el art\u00ed\u00adculo sobre internacionalizaci\u00f3n, como consta en la Gaceta Constitucional No. 53, del 18 de Abril de 1991, y \u00e9ste fue aprobado por 62 votos a favor, ning\u00fan voto negativo, y una abstenci\u00f3n.33 <\/p>\n
<\/p>\n
La ponencia aludida, cuyo texto completo figura publicado en la Gaceta Constitucional No. 94, del 11 de Junio de 1991, entre otras, enfatizaba las siguientes ideas: <\/p>\n
“La integraci\u00f3n es expresi\u00f3n de una trascendental ten\u00addencia del derecho internacional contempor\u00e1neo a partir del reconocimiento de las limitaciones del Estado Nacional… La internacionalizaci\u00f3n es un imperativo contempor\u00e1neo”.34 <\/p>\n
En el debate relativo a \u00e9ste art\u00edculo de la internacio\u00adnalizaci\u00f3n, efectuado en la sesi\u00f3n plenaria del 16 de Mayo de 199135, los se\u00f1ores Constituyentes se pro\u00adnunciaron de manera vehemente en favor de la idea, como consta en las transcripciones que de los debates hizo la Presidencia de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
“…En el mundo que nos movemos cada vez es m\u00e1s clara una interrelaci\u00f3n entre los paises…Es totalmente imposible hoy moverse en el mundo aisladamente…” <\/p>\n
“…Acoger y consagrar el tema de la internacionali\u00adzaci\u00f3n implicar\u00eda una de las mas importantes de\u00adcisiones que tomar\u00eda la asamblea nacional consti\u00adtuyente…es un objetivo de largo aliento del pa\u00eds…En la internacionalizaci\u00f3n est\u00e1 la base del verdadero desarrollo del pa\u00eds…” <\/p>\n
“…Esta Constituyente tiene por supuesto muchas me\u00adtas pol\u00edticas; la democratizaci\u00f3n de este pa\u00eds, un nuevo consenso social y pol\u00edtico que nos permita un nuevo ordenamiento, unas nuevas reglas de juego den\u00adtro de las cuales podamos convivir de manera civili\u00adzada, pero tambi\u00e9n est\u00e1 ah\u00ed anotada la consigna de la internacionalizaci\u00f3n de la modernizaci\u00f3n de este pa\u00eds en cuanto pueda ajustar su ordenamiento jur\u00eddico, ajustar su propia mentalidad a las nuevas realidades del mundo…” <\/p>\n
“…La misi\u00f3n de esta Constituyente fracasar\u00e1 si no contemplamos tambi\u00e9n la necesidad de establecer meca\u00adnismos que desarrollen el proceso de internacionali\u00adzaci\u00f3n…” <\/p>\n
“…La internacionalizaci\u00f3n de las relaciones es una realidad incontrovertible que no podemos modificar y que debemos aprobar…”36 <\/p>\n
Al final, el art\u00edculo fue votado afirmativamente, casi por completa unanimidad, como ha quedado arriba establecido.37 <\/p>\n
Los Constituyentes, consecuentes con el principio de la internacionalizaci\u00f3n, discutieron en la sesi\u00f3n plenaria del 24 de mayo de 199138, el tema del control constitucional de los tratados internacionales. <\/p>\n
En la ponencia respectiva, presentada por la Comisi\u00f3n Cuarta a la Plenaria, se propuso el control jurisdiccional autom\u00e1tico en forma directa por la Corte Constitucional de todos los tratados internacionales. La ponencia afirmaba: <\/p>\n
” Todos los compromisos internacionales del pa\u00eds deben tener un control, control pol\u00edtico por parte del congreso, el cual se traduce en la expedici\u00f3n de una ley y el presidente, una vez que sancione esta ley debe enviar a la Corte Constitucio\u00adnal dentro del t\u00e9rmino de 6 d\u00edas la ley, para que la Corte, en una forma muy r\u00e1pida dictamine sobre la constitucionalidad tanto del contenido del tratado como del procedimiento de la ley. De lo que se tratar\u00eda con este control autom\u00e1tico es de que ABSOLUTAMENTE TODOS LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES DEL PA\u00cdS GOCEN DE ABSOLUTA SEGURIDAD JURIDICA…para no dejar al vaiv\u00e9n de posibles demandas posteriores a la ley…si se cumplen de manera autom\u00e1tica esos controles participar\u00edan las tres ramas del poder p\u00fablico…Habr\u00eda un compromiso de las tres ramas del poder p\u00fablico con ese tratado.”39 <\/p>\n
Concl\u00fayese de lo que hasta ahora se ha expuesto que para el Constituyente era claro que la meta de la internacionalizaci\u00f3n que ten\u00eda en mente solo ser\u00eda realizable si a trav\u00e9s del control previo, autom\u00e1tico e integral de los tratados, tal y como qued\u00f3 consagrado en la norma 241-10 del articulado final, se aseguraba la compatibilidad del ordenamiento internacional con el derecho nacional. <\/p>\n
El debate correspondiente a este tema fue particularmente ilustrativo sobre la conveniencia de instituir \u00e9ste tipo de control. En efecto, sobre este punto se dijo: <\/p>\n
“… es conveniente prevenirse en salud hacia el fu\u00adturo, para que los tratados que sean ratificados por el presidente y respecto de los cuales se haga el respectivo canje de notas, no tengan que ser impugnados por ninguna raz\u00f3n. Es de\u00adcir, que despu\u00e9s de aprobado por el congreso, pasar\u00eda a cumplir con el control de constitucionalidad que implica el control de su contenido y el control de su forma, entrando el presidente a firmar el tratado… no se le entrega con esto la facultad discrecional a la Corte Constitucional… que es en \u00faltimas la que maneja los negocios correspondientes a los tratados internacionales, porque al igual, si fuera solo un control de contenido de los tratados, de hecho tambi\u00e9n la Corte podr\u00eda declararlos inexe\u00adquibles y por tanto, decirle al presidente que no puede firmar uno u otro tratado… la diferencia ra\u00addica en que el congreso de la Rep\u00fablica tendr\u00eda que ce\u00f1irse a todas las normas necesarias para poder aprobar el tratado, y si no se ci\u00f1e a ellas, entonces el tratado podr\u00eda ser declarado inexequible por no haber cumplido con los requerimientos necesarios para su aprobaci\u00f3n en el congreso, caso en el cual debe volver al congreso, y de esta manera volver a desa\u00adrrollarse este control de constitucionalidad, para que luego de que se cumpliera con todos los requisi\u00adtos de contenido constitucional, y de forma en su tr\u00e1mite, eso s\u00ed pudiera ser firmado por el presidente definitivamente… o ratificado por el Presidente y luego hacer el respectivo canje de notas, despu\u00e9s de lo cual no habr\u00eda ning\u00fan recurso contra ese tratado que pasar\u00eda a ser parte de nuestra institucionalidad..” <\/p>\n
“…Estamos acogiendo el control previo constitucio\u00adnal de los tratados p\u00fablicos antes de la ratifica\u00adci\u00f3n, porque despu\u00e9s de la ratificaci\u00f3n ya no puede hacerse control, porque pertenecen justamente a la \u00f3rbita internacional que supera y excede la \u00f3rbita de la Naci\u00f3n…” <\/p>\n
“…Ello (el control previo y autom\u00e1tico) eliminar\u00eda la posibilidad de ejercer posteriormente la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad…” <\/p>\n
“…El tema del control autom\u00e1tico de los tratados resuelve la mayor parte de las inquietudes que se ha\u00adb\u00edan venido suscitando en la doctrina nacional…”40 <\/p>\n
En s\u00edntesis: <\/p>\n
El proceso que culmin\u00f3 con el redise\u00f1o de nuestro Estatuto fundamental estuvo, por \u00e9ste aspecto, determinado por la necesidad de dimensionar el quehacer estatal y de proyectarlo a planos y escenarios que rebasan la matriz espacial tradi\u00adcional del Estado, como reconocimiento de que las necesidades y urgencias que plantean el desarrollo y el progreso nacionales requieren, para poder ser satisfechas, de la cooperaci\u00f3n y de otras formas de intercambio que permitan maximizar ventajas comparativas y aprovechar posibilidades de complementariedad con otros sujetos. <\/p>\n
<\/p>\n
Como consecuencia de la creciente internacionalizaci\u00f3n de las relaciones e intercambios de toda \u00edndole que tienen lugar entre actores estatales y no estatales y, en virtud de la tendencia cada vez mayor al reforzamiento y a la acentuaci\u00f3n de los v\u00ednculos e interacciones que en ese \u00e1mbito se cumplen por el hecho de tornarse el mundo cada vez m\u00e1s interdependiente, el Constituyente debi\u00f3 tambi\u00e9n dotar a los instrumentos respectivos de cualidades que, -sin desco\u00adnocer los requerimientos propios del ordenamiento nacional-, permitieran su adecuaci\u00f3n a las exigencias propias de dicho proceso. <\/p>\n
Ahora bien, si los tratados internacionales son, en esencia, el mecanismo fundamental de realizaci\u00f3n del prop\u00f3sito de internacionalizaci\u00f3n y de la meta de integraci\u00f3n seg\u00fan la propia Constituci\u00f3n, y si regla de oro de su interpretaci\u00f3n es la de que el int\u00e9rprete ha de privilegiar siempre aquella en cuya virtud se logre la armonizaci\u00f3n de las disposiciones constitucionales que aparentemente se hallan en pugna, fuerza es concluir que el tipo de control de constitucionalidad institu\u00eddo por el Constituyente en la regla 10 del art\u00edculo 241 de la Carta es el que ha sido caracterizado como previo, autom\u00e1tico e integral. Este tipo de control garantiza por un lado el cumpli\u00admiento de los compromisos internacionales que es corolario de ineludible observancia por haber adherido Colombia a las normas de convi\u00advencia entre las naciones civilizadas una de las cuales precisamente es la conocida como Pacta Sunt Servanda -como lo proclama el Art\u00edculo 9 de la Carta-. Por otro, asegura el respeto y la observancia del Estatuto Fundamental por sus autoridades inclusive cuando desarrollan funciones en el plano internacional, pues no se remite a duda que la suprema\u00adc\u00eda de la Constituci\u00f3n que se consagra en el Art\u00edculo 4 de la misma no admite sino las excepciones que la propia Carta establece. <\/p>\n
Si a lo dicho se agrega que el juez constitucional al interpretar la Carta debe tambi\u00e9n tener en cuenta que el cambio constitucional busca corregir defectos y deficiencias que la experiencia ha puesto de presente, as\u00ed como responder a las necesidades institucionales del ser nacional, (por ejemplo, instituir un control que permitiera conciliar los extremos de que se ha dado cuenta,) no cabe la menor duda de que el analizado, por ser previo, autom\u00e1tico e integral tiene la virtud de dotar de seguri\u00addad jur\u00eddica al Estado tanto en el plano interno como en el internacional. <\/p>\n
d- La interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica <\/p>\n
Para los efectos de este an\u00e1lisis debe tambi\u00e9n tenerse en cuenta el art\u00edculo 9o. de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica por cuanto que en dicha disposici\u00f3n el Constituyente consagr\u00f3 los fundamentos rectores de las relaciones exteriores del Estado, uno de los cuales es “… el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.” <\/p>\n
El pilar esencial del Derecho de los tratados est\u00e1 re\u00adpresentado por el inmemorial principio conocido como PACTA SUNT SERVANDA el cual obliga a Colombia no solo en cuanto norma de derecho internacional consuetudinario sino en cuanto norma de derecho internacional convencional, consagrada en la Convenci\u00f3n de Viena, aprobada mediante la Ley 32 de l985. <\/p>\n
En efecto, el art\u00edculo 26 de la citada Convenci\u00f3n, pertene\u00adciente a la Secci\u00f3n 1a. sobre OBSERVANCIA DE LOS TRATADOS, de la Parte III precept\u00faa que: <\/p>\n
“Todo Tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.” <\/p>\n
A prop\u00f3sito de este principio comenta el tratadista NIETO NAVIA41: <\/p>\n
“… que la norma PACTA SUNT SERVANDA constituya uso establecido por los Estados y su aceptaci\u00f3n por los pa\u00edses civilizados y en la conciencia jur\u00eddica de los pueblos la constituya en principio general de derecho internacional t\u00edpico no es sino demostraci\u00f3n del va\u00adlor de la norma aludida. <\/p>\n
“La norma PACTA SUNT SERVANDA llamada por Taube el axioma, postulado e imperativo categ\u00f3rico de la ciencia del derecho internacional”, constituye la re\u00adgla m\u00e1s antigua y el m\u00e1s antiguo tambi\u00e9n problema de inter\u00e9s com\u00fan para todos los Estados.” <\/p>\n
“Es evidente que la norma seg\u00fan la cual los tratados deben ser cumplidos, trasladada del derecho romano al derecho natural de la Edad Media y convertida en norma consuetudinaria de derecho internacional, cons\u00adtituye, si no la norma fundamental de todo el derecho internacional, s\u00ed la del Derecho de los tratados”. <\/p>\n
e- Caracter\u00edsticas principales del control previsto en el <\/p>\n
art\u00ed\u00adculo 241, numeral l0 C.N. <\/p>\n
De lo dicho, se infiere que \u00e9sta forma de control presenta las siguientes caracter\u00edsticas: <\/p>\n
l. Es un control previo por cuanto se produce antes del perfeccionamiento del tratado, una vez que el congreso lo ha aprobado mediante ley y el presidente la ha sancionado , o a m\u00e1s tardar dentro de los seis d\u00edas siguientes. cuanto se produce antes del perfecciona\u00admiento del tratado; <\/p>\n
2. Es un control autom\u00e1tico en la medida en que su operancia no se supedita a la existencia de acci\u00f3n ciudadana debidamente formulada; por el contrario, la funci\u00f3n de control se pone en marcha tan pronto como el gobierno sancione la ley aproba\u00adtoria, o a m\u00e1s tardar, dentro de los seis d\u00edas siguientes. <\/p>\n
3. Es un control integral puesto que versa sobre el contenido material normativo del tratado as\u00ed como sobre el de la ley aprobatoria, tanto por razones de forma como de fondo. El tenor literal del art\u00edculo 241-10 C.N. no deja duda de que el control comprende los dos elemen\u00adtos del acto complejo cuando dispone: “Decidir definitiva\u00admente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueban. Con tal fin, los remi\u00adtir\u00e1…” (Subrayas fuera del texto) <\/p>\n
Esta expl\u00edcita redacci\u00f3n pone t\u00e9rmino a eventuales diferen\u00adcias de interpretaci\u00f3n acerca de si el contenido del proyecto de tratado en s\u00ed mismo considerado es o no susceptible de control constitucional, con lo cual evita los pronunciamien\u00adtos inhibitorios por parte del \u00f3rgano de control. Recu\u00e9rdese a \u00e9ste respecto que la Corte Suprema de Justicia -aun cuando admiti\u00f3 la posibilidad de controlar el tratado antes de su perfeccionamiento seg\u00fan los postulados de la tesis de la competencia temporal42- se abstuvo de pronunciarse de m\u00e9rito respecto de cargos atinentes al contenido mismo del tratado cuando estos se formulaban despu\u00e9s de que \u00e9ste se hubiera perfeccionado. <\/p>\n
4. Dado el efecto general inmediato de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el control susodicho opera respecto de los tratados que a partir del 1o. de diciembre de l991, fecha de instala\u00adci\u00f3n del congreso elegido el 27 de octubre pasado, hayan sido aprobados por \u00e9ste y cuya ley aprobatoria sea sancionada por el presidente de la rep\u00fablica. <\/p>\n
Asimismo opera respecto de los tratados que habiendo sido sometidos por el gobierno a la consideraci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Especial Legislativa, durante el per\u00edodo de sus sesiones, no fueron improbados por \u00e9sta en ejercicio de la atribuciones que le fueron conferidas por el numeral a) del art\u00edculo transitorio 6o. de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
De otra parte, exigir como lo pretende la Vista Fiscal, que existiera una ley aprobatoria como condici\u00f3n previa e indispensable para que los tratados en v\u00edas de formaci\u00f3n a que se refiri\u00f3 el art\u00edculo 58 Constitucional transitorio pudieran ser objeto de control constitucional, equivale a desconocer que del mismo tr\u00e1nsito constitucional que di\u00f3 lugar al cierre del congreso eman\u00f3 la imposibilidad de agotar dicho tr\u00e1mite legislativo. Esa fue precisamente la circunstancia que motiv\u00f3 al Constituyente de 1991 a darlo por cumplido respecto de tales instrumentos con la aprobaci\u00f3n, a lo menos, de una de las C\u00e1maras. <\/p>\n
No se olvide por lo dem\u00e1s que la propia Constituci\u00f3n manda la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal en las actuaciones de los \u00f3rganos que, como esta Corte, ejercen funci\u00f3n jurisdiccional. <\/p>\n
Por todo ello, no puede esta Corporaci\u00f3n darle validez al argumento seg\u00fan el cual los instrumentos de que trata el art\u00edculo 58 transitorio no son susceptibles de control constitucional so pretexto de que solo en presencia de una ley aprobatoria y previa su remisi\u00f3n por el gobierno dentro de los seis d\u00edas siguientes puede esta Corte ejercer el control previo de constitucionalidad de los tratados p\u00fablicos en v\u00edas de formaci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo expuesto, avocar\u00e1 el m\u00e9rito del asunto materia del presente proceso, a lo cual seguidamente se proceder\u00e1. <\/p>\n
B. EL PROTOCOLO I: SUS TEMAS ESENCIALES <\/p>\n
La revisi\u00f3n del Protocolo I obliga a esta Corte a ocuparse de los temas de la naturaleza “per se”, fuerza vinculante y especificidad del derecho internacional humanitario, de su regulaci\u00f3n en las Constituciones de 1886 y de 1991 y del significado y alcance de su expresi\u00f3n convencional. Ello permitir\u00e1 hacer unas consideraciones sobre la correlaci\u00f3n existente entre valores-principios y normas para precisar la raz\u00f3n de ser del control constitucional respecto de las normas que integran el “corpus” del derecho internacional humanitario. <\/p>\n
1. El derecho internacional humanitario: naturaleza, especificidad y fuerza vinculante <\/p>\n
a) La guerra y el derecho internacional de <\/p>\n
los conflictos armados <\/p>\n
La aceptaci\u00f3n de la guerra como un mecanismo esencial e inevitable de la soluci\u00f3n de disputas internacionales ha llevado consigo la necesidad de limitar sus efectos nefastos mediante la observancia de un m\u00ednimo de normas de conducta, recogidas en los principios humanitarios. Como consecuencia de tal reconocimiento, y con el prop\u00f3sito imponer el respeto a unas reglas de juego m\u00ednimas en circunstancias extremas, se ha hecho imperiosa la regulaci\u00f3n jur\u00eddica de la guerra, a trav\u00e9s de normas encaminadas a reducir la utilizaci\u00f3n innecesaria de la violencia contra las personas y los bienes. <\/p>\n
As\u00ed, pues, desde tiempos remotos se ha considerado que la guerra como hecho real no implica la ausencia total del derecho. De hecho, los primeros acuerdos internacionales que introdujeron principios de limitaci\u00f3n a los medios b\u00e9licos tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XIX. Entre ellos se encuentran la Declaraci\u00f3n de Derecho Mar\u00edtimo de Par\u00eds de 1864, sobre prisioneros y heridos de guerra, ampliada luego en 1906, 1929 y 1949, la Declaraci\u00f3n de San Petesburgo de 1868 sobre prohibici\u00f3n de ciertas armas y las Convenciones y Declaraciones de la Haya de 1889, ampliadas en 1907. <\/p>\n
De esta manera, pueden diferenciarse dos tradiciones complementarias: en primer lugar el derecho de la guerra, de m\u00e1s antigua tradici\u00f3n y que se encuentra comprendido, en lo fundamental, en los Convenios de la Haya de 1899 y 1907; en segundo lugar, el derecho internacional humanitario plasmado hoy en los cuatro Convenios de Ginebra de 194943, y en sus dos Protocolos adicionales de 197744. El primero de tales Procotolos es, precisamente, el objeto central del presente fallo. <\/p>\n
b- Naturaleza y especificidad <\/p>\n
Por cuanto respecta a su contenido espec\u00edfico, se ha destacado justamente que: <\/p>\n
“El derecho internacional humanitario esta compuesto por un conjunto de normas, que limitan, por razones humanitarias, el derecho de las partes en conflicto de escoger libremente los m\u00e9todos y los medios utilizados en la guerra o que protegen a las personas y a los bienes afectados o que puedan ser afectados como consecuencia del conflicto.” 45 <\/p>\n
Este derecho est\u00e1 comprendido en los cuatro Convenios de Ginebra, los dos protocolos adicionales de 1977, los Convenios de la Haya de 1899 y 1907 y el derecho internacional consuetudinario de los conflictos armados. <\/p>\n
El derecho internacional humanitario es aplicable en situaciones de conflicto armado en las que sea necesario un grado de protecci\u00f3n mayor que el que brinda el derecho internacional de los derechos humanos, como agudamente lo se\u00f1ala Goldman46, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
” Aunque estas dos ramas del derecho internacional comparten el mismo prop\u00f3sito de proteger a la persona humana y tienen un n\u00facleo com\u00fan de derechos inderogables, las detalladas disposiciones del derecho humanitario ofrecen a las v\u00edctimas de la violencia armada un grado de protecci\u00f3n y auxilio bastante m\u00e1s alto que las garant\u00edas generales de derechos humanos; quiz\u00e1 el \u00e1rea de mayor convergencia de estas dos ramas del derecho internacional se da en situaciones de conflictos armados de car\u00e1cter exclusivamente interno.” <\/p>\n
Es por eso que el derecho internacional humanitario, seg\u00fan lo observa Christopher Swinarski del CICR47 : <\/p>\n
“…es un derecho de excepci\u00f3n, de emergencia que tiene que intervenir en caso de ruptura del orden internacional y tambi\u00e9n interno en el caso de un conflicto no-internacional.” <\/p>\n
Estas caracter\u00edsticas confieren mayor especificidad a los tratados del derecho internacional humanitario dentro del conjunto del derecho internacional: <\/p>\n
En efecto, la doctrina destaca que los tratados de corte tradicional se crean para establecer un intercambio rec\u00edproco de derechos, o derechos rec\u00edprocos y subjetivos entre las partes contratantes o para concederse obligaciones tambi\u00e9n rec\u00edprocas en defensa de sus intereses nacionales. <\/p>\n
Por su misma naturaleza, es claro que tales tratados son inaplicables a terceros Estados, tal como se desprende la Convenci\u00f3n de Viena de 1969 y como lo ha reconocido expresa y reiteradamente la doctrina y la jurisprudencia internacionales. <\/p>\n
Los tratados en los que se plasma el derecho internacional humanitario son, por el contrario, una buena muestra de que en ellos los Estados contratantes no aparecen en condici\u00f3n de reales o potenciales beneficiarios sino \u00fanicamente como obligados. Adem\u00e1s, la fuerza vinculante de ellos no depende ya de la voluntad de un Estado en particular sino, primordialmente, del hecho de que la costumbre entre a formar parte del corpus del derecho internacional. Por lo dem\u00e1s, en estos tratados no opera el tradicional principio de la reciprocidad ni tampoco, -como lo pone de presente la Corte Internacional de Justicia en el caso del conflicto entre Estados Unidos y Nicaragua-, son susceptibles de reserva. <\/p>\n
De otra parte, tradicionalmente se ha diferenciado tambi\u00e9n en el \u00e1mbito del derecho internacional de los conflictos armados entre derecho de la guerra y derecho humanitario, tal como lo se\u00f1ala el Profesor Hernando Valencia Villa en opini\u00f3n solicitada por esta Corte: <\/p>\n
“Los expertos han distinguido entre el derecho humanitario o derecho de Ginebra y el derecho de la guerra o derecho de la Haya, como las dos ramas que forman el derecho internacional de los conflictos. Mientras el primero asiste y protege a las personas afectadas por la lucha armada, el segundo limita la libertad de las partes contendientes para escoger y utilizar los diferentes medios y m\u00e9todos de combate. Empero, la distinci\u00f3n tiende a desdibujarse y a perder su raz\u00f3n de ser a causa de la creciente convergencia entre las dos legislaciones, o mejor a\u00fan, de la evidente absorci\u00f3n del derecho de la Haya por el derecho de Ginebra. As\u00ed aparece con claridad meridiana en el Protocolo I, que recoge los principios cardinales del derecho de la guerra y los convierte en normas de derecho humanitario. Tales principios son: la cl\u00e1usula Martens, originaria del Reglamento de la Haya sobre la guerra terrestre de 1907 y relativa a la aplicaci\u00f3n de reglas \u00e9ticas en subsidio o complemento de las reglas jur\u00eddicas de civilizaci\u00f3n de la lucha armada (…); las tres regla fundamentales de la guerra civilizada (prohibici\u00f3n de hostilidades contra objetivos no militares, de armas de destrucci\u00f3n masiva o indiscriminada y de procedimientos p\u00e9rfidos o deshonrosos) (…) y la llamada cl\u00e1usula finlandesa del art\u00edculo 75 del Protocolo I, que acoge los preceptos b\u00e1sicos del derecho internacional de los Derechos Humanos en el coraz\u00f3n de la legislaci\u00f3n humanitaria.”48 <\/p>\n
En resumen, el derecho internacional humanitario contiene normas que limitan el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los medios y m\u00e9todos utilizados en combate, as\u00ed como disposiciones encaminadas a proteger a las v\u00edctimas y a los bienes susceptibles de verse afectados por un conflicto armado. <\/p>\n
<\/p>\n
c) El derecho internacional humanitario y el ius cogens: <\/p>\n
fuerza vinculante. <\/p>\n
El derecho internacional p\u00fablico est\u00e1 compuesto no s\u00f3lo por normas de car\u00e1cter dispositivo, como los son todos los acuerdos interestatales que se apartan del derecho internacional com\u00fan, siempre y cuando no afecten los derechos de los terceros Estados, sino tambi\u00e9n por normas obligatorias. Incluso antes de la entrada en vigencia de la Carta de la O.N.U. -dice Alfred Verdross- eran nulos los tratados que se opusieran a las buenas costumbres (contra bonos mores). <\/p>\n
Luego de la entrada en vigencia de la Carta de Naciones Unidas, son obligatorias todas las normas relativas a la protecci\u00f3n de los derechos humanos fundamentales y a la prohibici\u00f3n del uso de la fuerza (Art. 2-4). <\/p>\n
Esta idea ha sido recogida por el art\u00edculo 23 de la Convenci\u00f3n de Viena sobre el Derecho de los tratados del 23 de mayo de 1969, seg\u00fan el cual es nulo todo tratado que est\u00e9 en oposici\u00f3n con una norma imperativa del derecho internacional general, entendiendo por ello, “una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario.” <\/p>\n
Con base en estos supuestos Eduardo Su\u00e1rez49 -representante mexicano en la Convenci\u00f3n de Viena- define el ius cogens como: <\/p>\n
“aquellos principios que la conciencia jur\u00eddica de la humanidad, revelada por sus manifestaciones objetivas, considera como absolutamente indispensable para la coexistencia y la solidaridad de la comunidad internacional en un momento determinado de su desarrollo org\u00e1nico”. <\/p>\n
En opini\u00f3n del doctor Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Caicedo Perdomo50, hacen parte del ius cogens las siguientes normas imperativas: <\/p>\n
“1) Normas relativas a los derechos soberanos de los Estados y de los pueblos (igualdad, integridad territorial, libre determinaci\u00f3n etc.); <\/p>\n
2) Normas relativas al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales; <\/p>\n
3) Normas sobre la libertad de la voluntad contractual y la inviolabilidad de los tratados; <\/p>\n
4) Normas sobre protecci\u00f3n de los derechos del Hombre y <\/p>\n
5) Normas relativas al uso del espacio terrestre y ultraterrestre perteneciente a la comunidad de Estados en su conjunto. ” <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la protecci\u00f3n de los derechos humanos es necesario hacer algunas precisiones. En primer lugar, se trata de un derecho ampliamente codificado: en lo planetario en La Declaraci\u00f3n Universal de 1948 y los Pactos internacionales de 1966 y en lo continental en la Declaraci\u00f3n Americana de 1948 y en la Convenci\u00f3n Americana de 1968. <\/p>\n
En segundo lugar, el derecho internacional humanitario constituye la aplicaci\u00f3n esencial, m\u00ednima e inderogable de los principios consagrados en los textos jur\u00eddicos sobre derechos humanos en las situaciones extremas de los conflictos armados. De ah\u00ed su car\u00e1cter de legislaci\u00f3n civilizadora y humanizadora, aplicable en los conflictos armados tanto nacionales como internacionales. <\/p>\n
De otra parte, existe una estrecha conexi\u00f3n entre el derecho internacional humanitario y el ius cogens. As\u00ed lo reconoci\u00f3 la Corte Internacional de Justicia en el fallo sobre el Estrecho de Corf\u00fa y de manera m\u00e1s precisa a\u00fan en el fallo del 27 de junio de 1986 relativo al caso de las actividades militares y paramilitares emprendidas por los Estados Unidos contra Nicaragua. En este \u00faltimo caso, la Corte se refiri\u00f3 al ius cogens en vista de la reserva presentada por el gobierno de los Estados Unidos en relaci\u00f3n con los tratados multilaterales. Teniendo presente esta reserva, la Corte51 fund\u00f3 su decisi\u00f3n en el derecho consuetudinario y no en los convenios pertinentes. <\/p>\n
“El hecho de que los principios de derecho consuetudinario -dice el tribunal internacional- est\u00e9n codificados o incorporados en convenios multilaterales no significa que dejen de existir y de aplicarse como principios de derecho consuetudinario.” (Enfasis fuera de texto) <\/p>\n
Los actos denunciados, seg\u00fan la Corte, se encontraban condenados por los principios generales del derecho humanitario, entendidos como consideraciones elementales de humanidad, como un m\u00ednimo aplicable en todas las circunstancias independientemente de las normas convencionales existentes. <\/p>\n
Las ideas anteriores se encuentran reforzadas por la universal aceptaci\u00f3n del derecho internacional humanitario en el \u00e1mbito internacional. En efecto, la fuerza moral y jur\u00eddica de los protocolos I y II, -los cuales representan, en opini\u00f3n del profesor Hernando Valencia Villa, la \u00faltima versi\u00f3n de la noble y antigua tradici\u00f3n de las leyes y costumbres de la guerra-, se deriva del hecho de su aceptaci\u00f3n. <\/p>\n
Seg\u00fan el \u00faltimo informe del Comit\u00e9 Internacional de la Cruz Roja52 hasta el 31 de diciembre de 1991, 168 Estados eran parte de los Convenios de Ginebra, 108 del Protocolo I y 98 del Protocolo II. De ah\u00ed que el citado autor53 afirme que: <\/p>\n
“Estas cifras ponen de manifiesto la amplia acogida que en la comunidad de los Estados han tenido los instrumentos humanitarios y en especial los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, que constituyen el conjunto con mayor n\u00famero de Estados partes en toda la historia del derecho de gentes, al punto que superan a la propia Carta de Naciones Unidas. La idea de que el conflicto puede ser librado de manera humanitaria es, entonces, el valor \u00e9tico y jur\u00eddico que m\u00e1s consenso ha conseguido concitar entre los miembros del sistema internacional.” <\/p>\n
En s\u00edntesis, los principios del derecho internacional humanitario plasmados en los Convenios de Ginebra y en sus dos Protocolos, por el hecho de constituir un cat\u00e1logo \u00e9tico m\u00ednimo aplicable a situaciones de conflicto nacional o internacional, ampliamente aceptado por la comunidad internacional, hacen parte del ius cogens o derecho consuetudinario de los pueblos. En consecuencia, su fuerza vinculante proviene de la universal aceptaci\u00f3n y reconocimiento que la comunidad internacional de Estados en su conjunto le ha dado al adherir a esa axiolog\u00eda y al considerar que no admite norma o pr\u00e1ctica en contrario. No de su eventual codificaci\u00f3n como normas de derecho internacional, como se analizar\u00e1 con alg\u00fan detalle mas adelante. De ah\u00ed que su respeto sea independiente de la ratificaci\u00f3n o adhesi\u00f3n que hayan prestado o dejado de prestar los Estados a los instrumentos internacionales que recogen dichos principios. <\/p>\n
El derecho internacional humanitario es, ante todo, un cat\u00e1logo axiol\u00f3gico cuya validez absoluta y universal no depende de su consagraci\u00f3n en el ordenamiento positivo. <\/p>\n
2. El derecho internacional humanitario en la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
a) Constituci\u00f3n de 1886 <\/p>\n
<\/p>\n
No hubo en la Constituci\u00f3n de 1886, ni en las anteriores, disposici\u00f3n alguna que definiera la posici\u00f3n del ordenamiento interno colombiano respecto del derecho internacional general o del derecho internacional convencional. <\/p>\n
En efecto, dicha Carta no reconoci\u00f3 la validez general y superior del derecho internacional general en el \u00e1mbito interno. Tampoco hubo en ella alg\u00fan precepto que indicare si los principios generales del derecho internacional formaban o no parte del ordenamiento estatal. <\/p>\n
En cambio, la validez general y supraestatal del derecho comunitario o de integraci\u00f3n econ\u00f3mica fue reconocida en el art\u00edculo 76-18, por virtud de cl\u00e1usula especial. <\/p>\n
En materia del derecho internacional convencional la Carta del 86 no hizo un reconocimiento positivo de su valor jer\u00e1rquico como quiera que no existi\u00f3 en ella norma que expresamente confiriera a los tratados internacionales un grado determinado dentro de la jerarqu\u00eda normativa del orden jur\u00eddico colombiano. <\/p>\n
La \u00fanica referencia que hizo al respecto fue la que se consign\u00f3 en el art\u00edculo 121 a prop\u00f3sito de las facultades de que quedaba investido el presidente de la rep\u00fablica en virtud de la declaratoria de estado de sitio, de acuerdo al cual: <\/p>\n
“En caso de guerra exterior o de conmoci\u00f3n interior podr\u00e1 el Presidente, con la firma de todos los Ministros, declarar turbado el orden p\u00fablico y en estado de sitio toda la Rep\u00fablica o parte de ella. Mediante tal declaraci\u00f3n el gobierno tendr\u00e1, adem\u00e1s de las facultades legales, las que la Constituci\u00f3n autoriza para tiempos de guerra o de perturbaci\u00f3n del orden p\u00fablico y las que, conforme a las reglas aceptadas por el Derecho de Gentes, rigen para la guerra entre las naciones.” <\/p>\n
Luego de una rigurosa indagaci\u00f3n acerca del significado del t\u00e9rmino “derecho de gentes” en el referido precepto, Alejandro Valencia Villa54 concluye que: <\/p>\n
“La f\u00f3rmula, tal como est\u00e1 redactada es bastante compleja y vaga55. Revisemos lo que dice nuestra doctrina constitucional sobre la materia. Es com\u00fan encontrar las siguientes frases en los libros tradicionales de derecho constitucional cuando se refieren al derecho de gentes: “Estas facultades no han sido definidas claramente…”56, “…esas facultades resultan muy amplias por ser imprecisas…”57 y otros se\u00f1alan que Caro dec\u00eda que es “un derecho que nadie conoce, una ley que no est\u00e1 escrita en parte alguna, y que poco a poco o nada se diferencia de la arbitrariedad”58 . Los mismos autores se limitan a decir que “ellas se encuentran en los c\u00f3digos o disposiciones militares [o] son las establecidas por las costumbres internacionales en relaci\u00f3n con las guerras entre naciones”59, o no saben a ciencia cierta si el t\u00e9rmino derecho de gentes se interpreta como sin\u00f3nimo de derecho internacional o de derecho internacional humanitario60. Por lo dem\u00e1s, unos dicen que s\u00f3lo son aplicables en caso de guerra exterior61 y otros lo ampl\u00edan tambi\u00e9n a las circunstancias de conmoci\u00f3n interior. <\/p>\n
<\/p>\n
Para otros tratadistas, sea o no sea vaga la f\u00f3rmula, lo que busca el derecho de gentes es moderar los efectos atroces y las inevitables crueldades de la guerra. “Este confiere al gobierno las facultades reguladas en los estatutos de la guerra, y al mismo tiempo, limitaciones tendientes a humanizarla”. Resulta importante, pues, desentra\u00f1ar de una vez por todas el verdadero sentido del derecho de gentes en el art\u00edculo 121 constitucional…” <\/p>\n
La historia de esta norma permite atribuir a la referencia que en ella se hace a las reglas aceptadas por el “derecho de gentes”, el significado de derecho internacional humanitario. <\/p>\n
En s\u00edntesis, conforme al art\u00edculo 121 de la Constituci\u00f3n del 86 durante la guerra exterior o la conmoci\u00f3n interior el Presidente deb\u00eda respetar los par\u00e1metros y restricciones a la conducci\u00f3n de hostilidades que tanto el derecho de la Haya como el derecho de Ginebra imponen en aras de la protecci\u00f3n de la persona, de la poblaci\u00f3n civil, de los no combatientes y de las v\u00edctimas de los conflictos armados. <\/p>\n
Esta protecci\u00f3n especial fue reforzada por la aprobaci\u00f3n de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 mediante la ley 5 de 1960 y la posterior ratificaci\u00f3n de los mismos. Por lo tanto, la aplicaci\u00f3n obligatoria del derecho internacional humanitario y por ende, del articulo tercero com\u00fan62 a los cuatro Convenios, tiene una historia de por lo menos treinta a\u00f1os en Colombia. Tan clara es esta afirmaci\u00f3n que las disposiciones relacionadas con el cumplimiento de los Convenios se encuentran consagradas en los art\u00edculos 14 y 169 del C\u00f3digo Penal Militar (Decreto. 2550 de 1989). Incluso el Manual de Campa\u00f1a del Ejercito Nacional cita el art\u00edculo tercero com\u00fan de los Convenios. <\/p>\n
b) El derecho internacional humanitario en la Asamblea Constituyente: Antecedentes de los art\u00edculos 93 y 214 de la Carta <\/p>\n
Una minuciosa revisi\u00f3n de los documentos de la Asamblea permite se\u00f1alar que los Constituyentes tuvieron clara conciencia de la especificidad e importancia concreta tanto del derecho internacional de los derechos humanos, como del derecho internacional de los conflictos; por tanto, sus opiniones al respecto constituyen valiosos elementos para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 93 y 214 de la Carta vigente. <\/p>\n
As\u00ed por ejemplo, el Constituyente Diego Uribe Vargas se\u00f1al\u00f3 con toda claridad que: <\/p>\n
“Hay necesidad de reconocer la superioridad de esos convenios (sobre derechos humanos) celebrados en el campo internacional dentro de nuestra futura Carta Constitucional; es decir, …en materia de derechos humanos, yo dir\u00eda que todo el orden jur\u00eddico debe merecer la supremac\u00eda de las normas internacionales… Yo creo que la primera cosa es consagrar expl\u00edcitamente la supremac\u00eda de las normas y convertirlas en normas vigentes en el ordenamiento interno y no solo alusiones te\u00f3ricas a un orden internacional del cual formamos parte, pero que no cumplimos…”63 <\/p>\n
El Constituyente Alfredo V\u00e1squez Carrizosa64 manifest\u00f3 su acuerdo con la propuesta del constituyente Uribe Vargas en el sentido de que: <\/p>\n
“es preciso enmarcar los derechos dentro del primado del derecho internacional, porque Colombia no est\u00e1 inventando el derecho internacional. Colombia es un Estado miembro de las instituciones internacionales y tiene el deber o de salirse de esas instituciones o de respetar lo que all\u00ed se dice con el voto de Colombia…” <\/p>\n
“…Qu\u00e9 pasa con el derecho internacional humanitario que no rige en Colombia? … no rige dizque porque no hemos ratificado el Protocolo II; pero en los cuatro convenios de Ginebra de 1949 ratificados por la Rep\u00fablica de Colombia y llevada la ratificaci\u00f3n a la Confederaci\u00f3n Helv\u00e9tica est\u00e1 el art\u00edculo tercero que acuerda la protecci\u00f3n especial a las poblaciones civiles que no est\u00e1n mezcladas ni en la guerra exterior ni en los conflictos internos y esos convenios no se aplican porque aqu\u00ed tenemos bombardeos a\u00e9reos… pero no se aplica estando ratificado porque no se puede hacer la guerra interior sino violando el art\u00edculo tercero com\u00fan a los cuatro convenios… Yo estoy de acuerdo con el Se\u00f1or constituyente Uribe Vargas en consagrar el marco del derecho internacional, yo tengo aqu\u00ed un art\u00edculo que he presentado: el derecho internacional tiene prelaci\u00f3n sobre el derecho interno en materia de derechos humanos. Me parece que el derecho internacional nos evita cambiar la constituci\u00f3n cada vez que cambia el derecho internacional, si aprobamos en gracia de discusi\u00f3n la Constituci\u00f3n Gaviria, hay que cambiar la constituci\u00f3n cada vez que cambia el derecho internacional.” <\/p>\n
Sobre el mismo tema el delegatario Augusto Ram\u00edrez Ocampo65 observ\u00f3 que: <\/p>\n
“…estamos proponiendo la supremac\u00eda del derecho internacional sobre el derecho nacional, me parece que esa es la base fundamental del ordenamiento jur\u00eddico internacional y no solamente en el tema de los derechos humanos, porque yo si preveo se\u00f1or Presidente,… que el mundo avanza… para bien a una internacionalizaci\u00f3n progresiva y a una especie de condominio universal de ciertos principios de convivencia inalterables que no pueden ser suplantados. Por ello, se\u00f1or Presidente, siendo canciller de la Rep\u00fablica de Colombia adher\u00ed a una serie de mecanismos, establecidos, por ejemplo, en el sistema interamericano contra la censura; llevamos a la ratificaci\u00f3n el que coloca a Colombia bajo la jurisdicci\u00f3n de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y como ello me parece que todo esfuerzo de internacionalizaci\u00f3n conlleva implacablemente una p\u00e9rdida de soberan\u00eda y yo creo que vamos a tener que estar preparados para ella y debemos aceptarla para modernizar las instituciones y no podemos volver a dar el espect\u00e1culo un poco bochornoso que tuvo Colombia en \u00e9pocas del Canciller V\u00e1squez Carrizosa y del Presidente Pastrana cuando algunas normas adoptadas dentro del sistema andino fueron echadas abajo por la Corte Suprema de Justicia; necesitamos establecer con claridad que la norma internacional rige por encima de la nacional, porque hace parte de nuestro derecho. Yo estoy de acuerdo en que debemos hacer la consulta, lo que se ha llamado el examen previo de constitucionalidad de los tratados pero que una vez adoptados, ello son nuestra norma real y suprema y debe ser aceptada por todos…” <\/p>\n
Es digno de se\u00f1alar que las anteriores opiniones pertenecen a voceros prominentes de diversos grupos pol\u00edticos y fueron expresadas en momentos en que culminaban las labores de la Asamblea, lo cual permite suponer que representan en buena medida la opini\u00f3n dominante que tuvo en cuenta la Comisi\u00f3n codificadora para la redacci\u00f3n final de los art\u00edculos 93 y 214 de la Carta vigente. En particular, dichas opiniones expresan un acuerdo fundamental acerca de la incidencia de los diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y derecho de los conflictos en nuestro ordenamiento. <\/p>\n
c) La Constituci\u00f3n de 1991 <\/p>\n
As\u00ed, en materia de derechos humanos la Constituci\u00f3n colombiana recoge toda la tradici\u00f3n del constitucionalismo occidental, incluyendo sus m\u00e1s modernos postulados, en materia de derechos humanos y mecanismos de protecci\u00f3n. El amplio desarrollo que en el texto constitucional encuentran las llamadas tres generaciones de derechos humanos, es una prueba evidente de la voluntad del constituyente de hacer de esta materia la piedra angular del ordenamiento jur\u00eddico-pol\u00edtico. <\/p>\n
Pero la Asamblea Nacional Constituyente no se content\u00f3 con se\u00f1alar una amplia y generosa lista de derechos respaldados por variados mecanismos de protecci\u00f3n, sino que hizo referencia a la necesidad de respetar en toda circunstancia valores y principios fundamentales de la persona humana y del r\u00e9gimen pol\u00edtico con independencia de su consagraci\u00f3n expresa. As\u00ed se deduce de los art\u00edculos 93 y 94 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica actualmente en vigor. <\/p>\n
En el primero de ellos, el Constituyente consagr\u00f3 la primac\u00eda del derecho internacional convencional relativo a los derechos humanos, al establecer la prevalencia de los tratados y convenios ratificados por Colombia y la obligaci\u00f3n de interpretar la Carta de derechos de conformidad con dichos convenios y tratados. <\/p>\n
En el art\u00edculo 94 estableci\u00f3 la posibilidad de aplicar derechos no consagrados en el texto constitucional o incluso en los convenios y tratados ratificados por Colombia, cuando se trate de derechos inherentes a la persona humana. De acuerdo con este texto constitucional, el valor inherente o fundamental no depende de la consagraci\u00f3n expresa: es, pues, un valor normativo independiente de toda consagraci\u00f3n en el ordenamiento positivo, tal como lo entend\u00eda el cl\u00e1sico derecho natural racionalista. <\/p>\n
Por otra parte, en el art\u00edculo 214, numeral 2o. de la Carta se consagr\u00f3 el valor supraconstitucional del derecho internacional humanitario cuando, al regular los par\u00e1metros a que se sujetan las atribuciones presidenciales durante los estados de excepci\u00f3n, dispuso que: <\/p>\n
<\/p>\n
“En todo caso se respetar\u00e1n las reglas del derecho internacional humanitario”. <\/p>\n
No se exige, en tales condiciones, ratificaci\u00f3n o adhesi\u00f3n al convenio o al tratado. En otros t\u00e9rminos, con la incorporaci\u00f3n de este principio los constituyentes quisieron ante todo proteger los valores humanitarios reconocidos universalmente por la comunidad internacional, abstracci\u00f3n hecha del derecho que los consagra. <\/p>\n
En consecuencia, se acogi\u00f3 la f\u00f3rmula de la incorporaci\u00f3n autom\u00e1tica del derecho internacional humanitario al ordenamiento interno nacional, lo cual, por lo dem\u00e1s, es lo congruente con el car\u00e1cter imperativo que, seg\u00fan ya fue explicado, caracteriza a los principios axiol\u00f3gicos que hacen que este cuerpo normativo integre el ius cogens. <\/p>\n
C. VALORES, SUPRACONSTITUCIONALIDAD Y CONSTITUCI\u00d3N. <\/p>\n
La Constituci\u00f3n colombiana limita expresamente la competencia de las instancias creadoras y aplicadoras del derecho, en beneficio de la obligatoriedad plena de los principios del derecho internacional humanitario. Los expertos en derecho constitucional -defensores por lo general de la teor\u00eda dualista en materia de relaciones entre derecho interno y derecho internacional- suelen presentar objeciones a esta idea de limitaci\u00f3n del derecho nacional, en vista de que la obligatoriedad de estas normas supraconstitucionales, cuya contingencia escapa a los poderes p\u00fablicos nacionales, violar\u00eda el postulado de la soberan\u00eda nacional. Frente a semejante temor es preciso hacer algunas aclaraciones: <\/p>\n
En primer lugar, la idea de soberan\u00eda nacional no puede ser entendida hoy bajo los estrictos y precisos l\u00edmites concebidos por la teor\u00eda constitucional cl\u00e1sica. La interconexi\u00f3n econ\u00f3mica y cultural, el surgimiento de problemas nacionales cuya soluci\u00f3n s\u00f3lo es posible en el \u00e1mbito planetario y la consolidaci\u00f3n de una axiolog\u00eda internacional, han puesto en evidencia la imposibilidad de hacer practicable la idea decimon\u00f3nica de soberan\u00eda nacional. En su lugar, ha sido necesario adoptar una concepci\u00f3n m\u00e1s flexible y m\u00e1s adecuada a los tiempos que corren, que proteja el n\u00facleo de libertad estatal propio de la autodeterminaci\u00f3n, sin que ello implique un desconocimiento de reglas y de principios de aceptaci\u00f3n universal. S\u00f3lo de esta manera puede lograrse el respeto de una moral internacional m\u00ednima que mejore la convivencia y el entendimiento y que garantice el futuro inexorablemente com\u00fan e interdependiente de la humanidad. La paz mundial y la subsistencia planetaria est\u00e1n en juego. <\/p>\n
En segundo lugar, es necesario desvirtuar la idea seg\u00fan la cual los compromisos constitucionales con los valores y los principios, son declaraciones program\u00e1ticas que s\u00f3lo poseen obligatoriedad jur\u00eddica en la medida en que tenga lugar su desarrollo en reglas de aplicaci\u00f3n directa e inmediata. De acuerdo con esto, la referencia constitucional a los principios del derecho internacional humanitario tendr\u00eda este car\u00e1cter de obligatoriedad en sentido d\u00e9bil. Se tratar\u00eda de una t\u00edmida recomendaci\u00f3n, no de una norma jur\u00eddica. Frente a este tema, y en contra de la opini\u00f3n descrita, la Sala primera de revisi\u00f3n de tutela66 dijo lo siguiente: <\/p>\n
“Los principios fundamentales del Estado son una pauta de interpretaci\u00f3n ineludible por la simple raz\u00f3n de que son parte de la Constituci\u00f3n misma y est\u00e1n dotados de toda la fuerza normativa que les otorga el art\u00edculo cuarto del texto fundamental. Sin embargo, no siempre son suficientes por s\u00ed solos para determinar la soluci\u00f3n necesaria en un caso concreto. No obstante el hecho de ser normas dotadas de valor normativo, siguen teniendo un car\u00e1cter general y por lo tanto una textura abierta, lo cual, en ocasiones, limita la eficacia directa de los mismos. En estos casos se trata de un problema relativo a la eficacia m\u00e1s o menos directa de los principios y no a un asunto relacionado con su falta de fuerza normativa. En s\u00edntesis, un principio constitucional jam\u00e1s puede ser desconocido en beneficio de otra norma legal o constitucional o de otro principio no expresamente se\u00f1alado en la constituci\u00f3n, pero puede, en ciertos casos necesitar de otras normas constitucionales para poder fundamentar la decisi\u00f3n judicial.” <\/p>\n
Seg\u00fan esto, la diferencia entre principios y reglas o normas constitucionales no proviene de su obligatoriedad jur\u00eddica sino de su forma de aplicaci\u00f3n: mientras los primeros requieren de una mediatizaci\u00f3n f\u00e1ctica o normativa para su aplicaci\u00f3n, las segundas son aplicables directamente. M\u00e1s a\u00fan, el establecimiento de principios obedece, en el Estado social de derecho, a la voluntad constituyente de otorgar una mayor protecci\u00f3n a los valores constitucionales. Esta mayor protecci\u00f3n tiene lugar por el hecho de que el principio se irradia a toda la organizaci\u00f3n pol\u00edtico\u2011jur\u00eddica y, en consecuencia, est\u00e1 garantizado en la aplicaci\u00f3n de todas las reglas de aplicaci\u00f3n directa. <\/p>\n
D. LA EXPRESION CONVENCIONAL DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO: SU SIGNIFICADO Y ALCANCE <\/p>\n
Como es bien sabido, a la adopci\u00f3n de convenios generales en conferencias de codificaci\u00f3n se les atribuye importantes efectos en relaci\u00f3n con la consolidaci\u00f3n del derecho internacional consuetudinario. <\/p>\n
La codificaci\u00f3n que se cumple a trav\u00e9s del derecho internacional convencional. puede dar lugar a la declaraci\u00f3n, cristalizaci\u00f3n o generaci\u00f3n de una norma de derecho internacional consuetudinario. Esto procesos han sido bien descritos por JIMENEZ DE ARECHAGA:67 <\/p>\n
“1) Una primera posibilidad es que la norma convencional sea nada m\u00e1s que la declaraci\u00f3n, la expresi\u00f3n formal y por escrito, de una norma de Derecho consuetudinario ya existente. En este supuesto, la disposici\u00f3n del tratado es pura y simplemente la codificaci\u00f3n o enunciaci\u00f3n de una norma consuetudinaria en vigor. <\/p>\n
“2) Una segunda posibilidad es que la disposici\u00f3n del tratado constituya la primera formulaci\u00f3n en un texto de una costumbre que no hab\u00eda alcanzado su madurez plena, pero que se hallaba, como ha dicho la Corte, en v\u00edas de formaci\u00f3n, una norma in statu nascendi. Como consecuencia de su incorporaci\u00f3n a un tratado adoptado en una conferencia que tenga el car\u00e1cter ya mencionado, dicha norma in statu nascendi,o dicha norma en v\u00edas de formaci\u00f3n, cristaliza en una norma de car\u00e1cter consuetudinario. <\/p>\n
“3) Una tercera posibilidad, es que la disposici\u00f3n de un tratado, en el momento de su adopci\u00f3n sea claramente una propuesta de lege ferenda y no una norma ya existente o incluso in statu nascendi; que suponga, no la codificaci\u00f3n del Derecho existente, sino un desarrollo progresivo potencial de ese derecho… Dicha disposici\u00f3n… puede constituir el punto de partida de una pr\u00e1ctica posterior uniforme de los Estados conforme con dicha disposici\u00f3n en tal medida que la disposici\u00f3n en cuesti\u00f3n, siguiendo los cauces adecuados, se transforma en una regla de Derecho consuetudinario.” <\/p>\n
Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales I y II de 1977 constituyen pura y simplemente, la expresi\u00f3n formal y por escrito, esto es, la codificaci\u00f3n de los principios ya existentes en el derecho internacional consuetudinario. <\/p>\n
Por tanto, la ratificaci\u00f3n produce la importante consecuencia de zanjar definitivamente toda controversia que pudiera existir, en torno a la obligatoriedad del derecho internacional humanitario. <\/p>\n
E. EL CONTENIDO NORMATIVO DEL PROTOCOLO I <\/p>\n
El Protocolo I (relativo a la protecci\u00f3n de las v\u00edctimas de los conflictos armados internacionales), objeto de estudio por la Corte en esta ocasi\u00f3n, desarrolla los 4 Convenios de Ginebra de 1949, los cuales buscan proteger a los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campa\u00f1a, aliviar la suerte de los heridos, enfermos y n\u00e1ufragos de las fuerzas armadas en el mar, regular el trato a los prisioneros de guerra y proteger a las personas civiles en tiempo de guerra. <\/p>\n
Esos 4 convenios, ya adoptados formalmente por Colombia, se fundamentan todos en la dignidad, la igualdad y el respeto debido a la persona humana. De ah\u00ed que el contenido normativo del Protocolo I, el cual se nutre de esos mismos valores y principios, coincida con el contenido axiol\u00f3gico y normativo de la Constituci\u00f3n colombiana. <\/p>\n
En efecto, el pre\u00e1mbulo del Protocolo I proclama el deseo “ardiente” de que la paz reine entre los pueblos y recuerda el deber de los Estados de abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza. Esos postulados se plasman tambi\u00e9n en el Pre\u00e1mbulo de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia y armonizan con lo preceptuado por el art\u00edculo 9o. que proclama, con fundamento en la soberan\u00eda nacional, el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y a los principios del derecho internacional. <\/p>\n
Asimismo, sus disposiciones aseguran el respeto de la soberan\u00eda del Estado colombiano toda vez que expl\u00edcitamente en su art\u00edculo 4o. se puntualiza que: <\/p>\n
“la aplicaci\u00f3n de los convenios y del presente Protocolo, as\u00ed como la celebraci\u00f3n de los acuerdos previstos en estos instrumentos, no afectar\u00e1 el estatuto jur\u00eddico de las Partes en conflicto”.68 <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, la figura de las “potencias protectoras”69 tampoco vulnera la soberan\u00eda nacional, en raz\u00f3n a que su finalidad \u00fanica es la de aplicar los convenios, sin que su designaci\u00f3n y aceptaci\u00f3n afecte el estatuto jur\u00eddico de las Partes en conflicto. (Art\u00edculo 5 del Protocolo). <\/p>\n
De otra parte, el Titulo II, relativo a la protecci\u00f3n general de los heridos, enfermos y n\u00e1ufragos, tiene, como objetivo general, mejorar la condici\u00f3n de los mismos cuando \u00e9sta ha sido afectada por una situaci\u00f3n de conflicto armado internacional. Ello concuerda con los m\u00e1s elementales principios de solidaridad y dignidad humana que informan toda nuestra Constituci\u00f3n. M\u00e1s a\u00fan si se considera que, en los perentorios t\u00e9rminos de su art\u00edculo 9o., debe aplicarse sin: <\/p>\n
“ninguna distinci\u00f3n de car\u00e1cter desfavorable por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n o creencia, opiniones pol\u00edticas o de otra \u00edndole origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra condici\u00f3n o cualquier otro criterio an\u00e1logo”. 70 <\/p>\n
As\u00ed, pues, el Protocolo I realiza a plenitud, y de manera amplia, el principio de igualdad que consagra nuestra Constituci\u00f3n en su art\u00edculo 13. <\/p>\n
La persona humana, sus derechos fundamentales, y en particular el sagrado derecho a la vida, buscan ser protegidos en el Protocolo. Muchas de sus normas as\u00ed lo indican, pero en particular, el Art\u00edculo 11que dice: <\/p>\n
“no se pondr\u00e1n en peligro, mediante ninguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n injustificada la salud ni la integridad f\u00edsica o mental de las personas en poder de la Parte adversa o que sean internadas, detenidas o privadas de libertad”. 71 <\/p>\n
Esos mismos valores se salvaguardan en la medida en que se respetan y protegen las unidades sanitarias y los veh\u00edculos sanitarios los cuales “no ser\u00e1n objeto de ataque”72 siempre y cuando contraigan su actividad exclusivamente a las labores inherentes a sus fines humanitarios. <\/p>\n
El Protocolo I obliga igualmente a la potencia ocupante a satisfacer las necesidades m\u00e9dicas de la poblaci\u00f3n civil y a respetar y proteger el personal sanitario civil. A ello se agrega que, seg\u00fan el Art\u00edculo 16, no se castigar\u00e1 a nadie por haber ejercido una actividad m\u00e9dica conforme con la deontolog\u00eda, cualesquiera que fuesen las circunstancias o los beneficiarios de dicha actividad. Incluso, la misma poblaci\u00f3n civil deber\u00e1 respetar a los heridos, enfermos y n\u00e1ufragos, aunque pertenezcan a la parte adversa. <\/p>\n
Para instrumentalizar todas estas garant\u00edas, el mismo Protocolo establece unos mecanismos que facilitan esa labor de protecci\u00f3n: verbigracia, la obligaci\u00f3n de las partes en conflicto de asegurar que tanto el personal sanitario y religioso como las unidades y los medios de transporte sanitarios puedan ser identificados. Es tal el alcance de estas normas, que incluso los Estados neutrales y otros Estados que no sean partes en conflicto, quedan obligados a aplicarlas cuando las personas protegidas sean recibidas o internadas en sus territorios. <\/p>\n
No cabe duda que todas estas previsiones de car\u00e1cter humanitario buscan realizar valores que tambi\u00e9n constituyen principios fundantes y derechos fundamentales de nuestra Constituci\u00f3n. Ciertamente la vida, la dignidad humana, la solidaridad, el inter\u00e9s general, encuentran plena garant\u00eda tutelar en las normas del instrumento internacional que se estudia. <\/p>\n
El protocolo dedica varios art\u00edculos a regular lo relativo al transporte sanitario (veh\u00edculos sanitarios; buques hospitales y embarcaciones costeras de salvamento; buques y embarcaciones sanitarias; aeronaves sanitarias en zonas no dominadas por la parte adversa, en zonas de contacto o en zonas dominadas por la parte adversa, con sus respectivas restricciones); todo, con el fin de respetarlos y protegerlos, aunque sea mediante acuerdo previo con la parte adversa. <\/p>\n
Todo ello conduce a garantizar los m\u00e1s elementales principios humanitarios -que nuestra Constituci\u00f3n tambi\u00e9n consagra- sin que se comprometa la soberan\u00eda nacional, que es, igualmente, principio fundante de las relaciones internacionales del Estado colombiano. <\/p>\n
De otra parte, la familia, que conforme al art\u00edculo 5o. de nuestra Carta es la instituci\u00f3n b\u00e1sica de la sociedad, se encuentra ampliamente protegida en el Protocolo. En efecto, de acuerdo a su art\u00edculo 32, en lo relativo a personas desaparecidas y fallecidas: <\/p>\n
” … las actividades de las Altas Partes Contratantes, de las partes en conflicto y de las organizaciones humanitarias internacionales… deber\u00e1n estar motivadas ante todo por el derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros.”73 <\/p>\n
Para ello, obliga a las partes en conflicto a buscar las personas cuya desaparici\u00f3n haya sido se\u00f1alada por otra Parte. Siguiendo el mismo principio, se consagra el respeto a las personas fallecidas y a sus respectivas sepulturas. <\/p>\n
El Protocolo desarrolla en los art\u00edculos 35 y subsiguientes, el principio fundamental del derecho de los conflictos armados seg\u00fan el cual, el derecho de las partes contendientes a elegir los m\u00e9todos o medios de hacer la guerra no es ilimitado. As\u00ed, pues, las obliga, por ejemplo, a determinar si un arma nueva viola el derecho internacional humanitario y les prohibe matar, herir o capturar a un adversario vali\u00e9ndose de medios p\u00e9rfidos. <\/p>\n
Todo ello se acompasa con los principios generales de la Carta, y en particular con lo dispuesto en su art\u00edculo 12 que prohibe el trato inhumano, degradante o cruel, en cualquier forma. <\/p>\n
De otro lado, con miras a hacer efectivas las mencionadas prohibiciones y obligaciones, se establecen en el Protocolo unos mecanismos de tipo instrumental. Tales como: limitaciones y restricciones tendientes a impedir el uso indebido del signo distintivo de la Cruz Roja o similares y de las banderas o emblemas de los Estados neutrales; la prohibici\u00f3n de ordenar que no haya supervivientes, o de amenazar con ello al adversario o de conducir las hostilidades en funci\u00f3n de tal decisi\u00f3n; la prohibici\u00f3n de atacar a una persona fuera de combate o que est\u00e9 descendiendo en paracaidas. <\/p>\n
Otro principio fundamental del derecho internacional humanitario es la distinci\u00f3n entre combatientes y no combatientes. Establece as\u00ed los criterios para determinar quienes componen las Fuerzas Armadas, por ende, quienes entran en la categor\u00eda de combatientes y consecuentemente, en la de prisioneros de guerra cuando caen en poder del adversario. <\/p>\n
Este \u00faltimo status se presume incluso de cualquier otra persona que haya participado en las hostilidades, salvo que se compruebe su car\u00e1cter de esp\u00eda o de mercenario. Quien lo posee, goza de las prerrogativas inherentes a esa condici\u00f3n que se han originado en el m\u00e1s antiguo derecho internacional humanitario, inicialmente referido al derecho de la guerra, seg\u00fan ya fue analizado. <\/p>\n
Otro postulado esencial del derecho internacional humanitario (que, como se ha reiterado, se encuentra ya incorporado en nuestro ordenamiento aun sin ratificaci\u00f3n de sus instrumentos convencionales de normaci\u00f3n positiva) es el que ordena distinguir entre poblaci\u00f3n civil y combatientes, y entre bienes de car\u00e1cter civil y objetivos militares, para dirigir las operaciones \u00fanicamente contra estos \u00faltimos. <\/p>\n
El Titulo IV del Protocolo I, relativo a la poblaci\u00f3n civil lo desarrolla in extenso. Se entiende por tal toda persona que no haga parte de las fuerzas militares o que no haya participado en las hostilidades. La misma goza de protecci\u00f3n general contra los peligros procedentes de operaciones militares, con lo cual se protegen derechos tales como la vida, la dignidad humana y la integridad personal. <\/p>\n
De la misma protecci\u00f3n gozan, en las normas del Protocolo que se estudia, los bienes de car\u00e1cter civil, esto es, todos los bienes que no son objetivos militares. As\u00ed se protege la propiedad privada. Igualmente se protegen los monumentos hist\u00f3ricos, las obras de arte o lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, pues contra ese tipo de bienes se prohibe cometer actos de hostilidad. <\/p>\n
Una y otra vez, a lo largo de su cuerpo normativo, el protocolo resalta la importancia de la dignidad humana y del principio de solidaridad (valores fundantes del Estado social de derecho colombiano), cuando prohibe, por ejemplo, como m\u00e9todo de guerra, hacer padecer hambre a las personas civiles. <\/p>\n
Otro derecho fundamental de la Constituci\u00f3n colombiana que se hace valer en el Protocolo es el de la protecci\u00f3n al medio ambiente. En el se establece, por ejemplo, que “en la realizaci\u00f3n de la guerra se velar\u00e1 por la protecci\u00f3n del medio ambiente natural contra da\u00f1os extensos, duraderos y graves.” <\/p>\n
Siguiendo esta misma l\u00ednea axiol\u00f3gica, concordante con nuestra Constituci\u00f3n, el Protocolo establece que las obras o instalaciones que sean susceptibles de liberar fuerzas peligrosas, tales como presas, diques, etc., que pueden constituir objetivos militares, no podr\u00e1n ser atacadas si se ocasiona con ello da\u00f1os en la poblaci\u00f3n civil. <\/p>\n
Todo, en desarrollo del principio de acuerdo al cual las operaciones militares deber\u00e1n preservar a la poblaci\u00f3n civil, a las personas civiles y a los bienes de car\u00e1cter civil, alej\u00e1ndolos, en lo posible, de los objetivos militares. <\/p>\n
Se prohibe, igualmente, atacar, por cualquier medio que sea, localidades no defendidas o zonas que hayan sido declaradas como desmilitarizadas. <\/p>\n
Adicionalmente, el Protocolo se ocupa de regular lo relativo a los servicios de protecci\u00f3n civil que comprenden todas las tareas humanitarias destinadas a proteger a la poblaci\u00f3n civil contra los peligros de las hostilidades y de las cat\u00e1strofes y a ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, as\u00ed como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia. Entre ellos est\u00e1n los servicios de alarma, evacuaci\u00f3n, habilitaci\u00f3n y organizaci\u00f3n de refugios, salvamento, lucha contra incendios etc. Los organismos civiles que se dediquen a dichas tareas (organismos de protecci\u00f3n civil) ser\u00e1n respetados y protegidos, de acuerdo a las prescripciones del Protocolo, lo cual es desarrollo de elementales principios humanitarios. Se ordena que as\u00ed sea en los territorios ocupados, e incluso en los Estados neutrales y en otros Estados que no sean parte en el conflicto. <\/p>\n
La protecci\u00f3n antedicha desaparece cuando esos organismos act\u00faan para perjudicar al enemigo, lo cual evita que la aplicaci\u00f3n del Protocolo se traduzca en tratamientos inequitativos. Para garantizar la efectividad de las referidas normas, se establecen mecanismos de instrumentalizaci\u00f3n tales como reglas de identificaci\u00f3n y colaboraci\u00f3n de las fuerzas armadas en el desempe\u00f1o de sus labores humanitarias. Reglas an\u00e1logas se aplican para las actividades de socorro de la poblaci\u00f3n civil. <\/p>\n
El Protocolo I tambi\u00e9n se ocupa del trato a las personas en poder de una parte en conflicto, incluyendo refugiados y ap\u00e1tridas. En particular, ordena a las partes en conflicto facilitar la reuni\u00f3n de familias dispersas. Asimismo establece unas garant\u00edas fundamentales, como por ejemplo, la prohibici\u00f3n de cualquier tipo de discriminaci\u00f3n en la aplicaci\u00f3n de ese tipo de normas. <\/p>\n
El Protocolo hace especial \u00e9nfasis en la protecci\u00f3n de las mujeres, los ni\u00f1os y los periodistas, en lo cual concuerda con la Carta colombiana, en sus art\u00edculos 43, 44, y 73. <\/p>\n
En su Titulo V, el Protocolo se ocupa de la ejecuci\u00f3n de sus disposiciones, para lo cual ordena que se adopten todas las medidas que sean necesarias para cumplir las obligaciones que de \u00e9l surjan, entre otras, facilitar la actividad de la Cruz Roja y a otras organizaciones humanitarias; disponer de asesores jur\u00eddicos para las fuerzas armadas; difundir y traducir el contenido del Protocolo y de los dem\u00e1s convenios que hacen parte del Derecho Internacional Humanitario. <\/p>\n
Finalmente, se ocupa de la represi\u00f3n de las infracciones a los Convenios o al Protocolo, con mecanismos ajustados todos a los principios generales del derecho internacional. Para ello tipifica las conductas que se consideran infracciones, regula lo relativo a la identificaci\u00f3n (tarjetas de identidad, signos distintivos, se\u00f1ales distintivas, comunicaciones, organismos de protecci\u00f3n civil, obras que contienen fuerzas peligrosas). Todo, con el fin de facilitar el cumplimiento de las disposiciones humanitarias contenidas en el cuerpo normativo del Protocolo y de los convenios que lo preceden. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
F. CONCLUSIONES. <\/p>\n
Primera. La Carta reconoce plenos efectos jur\u00eddicos a los tratados y convenios -debidamente ratificados- concernientes a los derechos humanos (art. 93). Esto indica que los constituyentes no ignoraron la existencia de esa amplia y promisoria rama que es el derecho internacional de los derechos humanos, algunas de cuyas caracter\u00edsticas tuvimos ya ocasi\u00f3n de se\u00f1alar. <\/p>\n
Segunda. Asimismo, ella reconoce tambi\u00e9n plenos efectos jur\u00eddicos a las reglas del derecho internacional humanitario, particularmente durante la vigencia de los denominados Estados de Excepci\u00f3n (Art. 214-2). Es claro, pues, que las facultades del gobierno durante tales estados encuentran l\u00edmites efectivos que operan a\u00fan antes de la vigencia de la ley estatutaria a que alude la misma disposici\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Lo cual significa, ni mas ni menos, que las reglas del derecho internacional humanitario son hoy, -por voluntad expresa del Constituyente-, normas obligatorias per se sin ratificaci\u00f3n alguna previa o sin expedici\u00f3n de norma reglamentaria. Y lo son “en todo caso” como lo se\u00f1ala significativamente la propia Carta. <\/p>\n
En estas condiciones, no hay duda que el derecho internacional humanitario constituye uno de los m\u00e1s eficaces instrumentos de protecci\u00f3n del n\u00facleo com\u00fan que comparte con los derechos humanos, tal como lo ha se\u00f1alado la mas autorizada doctrina. <\/p>\n
Tercera. Por virtud del texto expreso del art\u00edculo 94, bien pueden considerarse incorporados a los derechos y garant\u00edas reconocidos por la Carta todos aquellos que sean inherentes a la persona humana. As\u00ed se reconoce su identidad universal, la cual constituye el fundamento ontol\u00f3gico del derecho internacional humanitario en la Constituci\u00f3n vigente. <\/p>\n
Cuarta. En diversos pronunciamientos de esta Corte se ha reconocido el alcance que tiene el principio fundamental del respeto de la dignidad humana consagrado en el art\u00edculo 1o de la Constituci\u00f3n Nacional de 1991. <\/p>\n
No cabe duda que uno de los desarrollos m\u00e1s positivos de este principio lo constituye precisamente -por su naturaleza y fines- el derecho internacional humanitario. <\/p>\n
Quinta. El Constituyente de 1991 fue plenamente consciente de la importancia de incorporar el derecho internacional humanitario al acervo jur\u00eddico nacional como instrumento de protecci\u00f3n de la dignidad humana y reconocimiento de la identidad universal de la persona. <\/p>\n
Sexta. Los valores y principios incluidos en el texto constitucional cumplen la funci\u00f3n de asegurar la permanencia y obligatoriedad del contenido material de la Constituci\u00f3n. Aqu\u00ed se refleja la voluntad constituyente de hacer obligatorio el respeto de principios considerados como universales e inherentes a la persona, cuya obligatoriedad va m\u00e1s all\u00e1 de las contingencias propias del ordenamiento jur\u00eddico nacional. <\/p>\n
La referencia a valores y principios constitucionales y supraconstitucionales, se explica como una pretensi\u00f3n en\u00e9rgica de los constituyentes acerca de la validez material de la Constituci\u00f3n que en opini\u00f3n de Bachof74: <\/p>\n
“implica un orden de valores que ha sido considerado por la Constituci\u00f3n como anterior a ella misma (…)” . <\/p>\n
S\u00e9ptima: El texto del protocolo I coincide totalmente con la Constituci\u00f3n como quiera que esta orientado a proteger la integridad de la poblaci\u00f3n civil en las circunstancias de una guerra internacional. <\/p>\n
De otra parte, en su incorporaci\u00f3n se han cumplido los procedimientos previstos en los art\u00edculos 189 -2, 150-16 y 93 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica para la adopci\u00f3n de tratados. <\/p>\n
VII. DECISION <\/p>\n
En consideraci\u00f3n a lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oido el se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n, <\/p>\n
EN NOMBRE DEL PUEBLO <\/p>\n
Y <\/p>\n
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, declarase EXEQUIBLE el Protocolo I adicional a los convenios de Ginebra relativo a la protecci\u00f3n de las v\u00edctimas de los conflictos armados internacionales. <\/p>\n
C\u00f3piese, publ\u00edquese, comun\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y arch\u00edvese el expediente. <\/p>\n
SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
CIRO ANGARITA BARON EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Ponente Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
FABIO MORON DIAZ JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Magistrado Magistrado <\/p>\n
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
1 Fls. 56 a 114. <\/p>\n
2 Fls. 1 a 54. <\/p>\n
3 Fl. 55. <\/p>\n
4 Fls. 126 a 143. <\/p>\n
5 Fls. 148 a 154. <\/p>\n
6 Fls. 144 a 147. <\/p>\n
7 Fls. 146-147. <\/p>\n
8 Fl. 152. <\/p>\n
9 Fls. 152 -153. <\/p>\n
10 Fls. 156 a 162. <\/p>\n
11 Fls. 158, 160-161. <\/p>\n
12 Fl. 167. <\/p>\n
13 Fls. 167-168. <\/p>\n
14 Fls. 168-169. <\/p>\n
15 Fls. 169-170. <\/p>\n
16 Fl. 170. <\/p>\n
17 Fls. 170-171. <\/p>\n
18 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia No. de 1992, Fls. 13 a 15. <\/p>\n
19 Corte Constitucional, Despacho del H. Magistrado Ciro Angarita Bar\u00f3n. “El control de constitucio-nalidad de los tratados p\u00fablicos y de sus leyes aprobatorias en las Constituciones de 1886 <\/p>\n
y 1991. Naturaleza, contenido y alcance.” Santa Fe de Bogot\u00e1, Marzo 26 de 1992, s\/p., pp. 93, 96-97. <\/p>\n
20 Al respecto, el Art\u00edculo 11 de la Convenci\u00f3n de Viena, atinente a las formas de manifestaci\u00f3n del consentimiento en obligarse por un tratado dispone: “El consentimiento de un Estado en obligarse por un Tratado podr\u00e1 manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un Tratado, la ratificaci\u00f3n, la aceptaci\u00f3n, la aprobaci\u00f3n o la adhesi\u00f3n, o en cualquier otra forma que se hubiere convenido.” <\/p>\n
<\/p>\n
21 Gaceta Constitucional No. 36, abril 4 de 1991, pp.15 <\/p>\n
22 Ibidem. <\/p>\n
23 Ibidem. <\/p>\n
24 Ibidem. <\/p>\n
25 Gaceta Constitucional No. 36, abril 4 de 1991, p. 19. <\/p>\n
26 Ibidem. <\/p>\n
27 Gaceta Constitucional No. 68, mayo 6 de 1991, pp 2 y ss. <\/p>\n
28 Gaceta Constitucional No. 85, mayo 29 de 1991, pp. 13 ss. <\/p>\n
29 Gaceta Constitucional No. 109, junio 27 de 1991, p. 31 <\/p>\n
30 Gaceta Constitucional No. 112, julio 3 de 1991, p. 23. <\/p>\n
31 Gaceta Constitucional No. 113, julio 5 de 1991, pp.17 <\/p>\n
32 Gaceta Constitucional No. 114, julio 7 de 1991. <\/p>\n
33 Gaceta Constitucional No. 53 de 18 de Abril de 1991, p. 11. Gaceta Constitucional No. 62 de 29 de Abril de l991, p. 7 . Gaceta Constitucional No. 87 de 31 de Mayo de 1991, p. 6. <\/p>\n
34 Gaceta Constitucional No. 94 de Junio 11 de l991, p. 10 <\/p>\n
35 Ibidem. No se identifica a los Constituyentes por sus nombres ya que desafortunadamente la transcripci\u00f3n no los discrimina, no siendo posible tampoco acudir a la Gaceta Constitucional para obtener \u00e9ste dato ya que hasta la fecha dicho \u00f3rgano no ha publicado la relaci\u00f3n de debates. <\/p>\n
36 Ibidem. <\/p>\n
37 Ibidem. <\/p>\n
38 Gaceta Constitucional No. 112 de Julio 3 de l991, p. 13. <\/p>\n
39 Ibidem. <\/p>\n
40 Ibidem. <\/p>\n
41 NIETO NAVIA, Rafael. “De la Nulidad de los Tratados por violaci\u00f3n del Derecho Interno de los Estados en la Convenci\u00f3n de Viena de l969”, en Revista Universitas, No. 93, pp. 147-176. <\/p>\n
42 Corte Constitucional, Despacho del H. Magistrado Ciro Angarita Bar\u00f3n. “El control de constitucio-nalidad de los tratados p\u00fablicos y de sus leyes aprobatorias en las Constituciones de 1886 <\/p>\n
43 Mediante la ley 5a. de 1960 se aprobaron el Acta Final y los Convenios suscritos por la Conferencia Diplom\u00e1tica reunida en Ginebra el 12 de agosto de 1949, mas com\u00fanmente conocidos como los cuatro Convenios de Ginebra. Ellos son, en su orden : <\/p>\n
I.- Convenio para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campa\u00f1a; <\/p>\n
II.- Convenio para mejorar la suerte de los heridos, enfermos y na\u00fafragos de las fuerzas armadas en el mar; <\/p>\n
III.- Convenio relativo al trato de los prisioneros de guerra; <\/p>\n
IV.- Convenio relativo a la protecci\u00f3n de las personas civiles en tiempos de guerra. <\/p>\n
La citada ley fu\u00e9 declarada exequible mediante sentencia No. 99 de noviembre 9 de 1989 por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del Magistrado Hernando G\u00f3mez Ot\u00e1lora, en lo atinente a los vicios imputados a su procedimiento de formaci\u00f3n. <\/p>\n
44 El Protocolo I protege a las v\u00edctimas de los conflictos armados internacionales ; el Protocolo II a las de los conflictos armados sin car\u00e1cter internacional. <\/p>\n
Colombia estuvo representada en la Conferencia diplom\u00e1tica para la reafirmaci\u00f3n y el desarrollo del Derecho Internacional Humanitario en la que se adopt\u00f3 el texto de los Protocolos I y II por H\u00e9ctor Charry Samper, quien a la par actuo como Presidente de la Comisi\u00f3n ad-hoc sobre armas convencionales y vocero del grupo latinoamericano. La representaci\u00f3n colombiana formul\u00f3 en 1977 algunas reservas sobre la conveniencia de la ratificaci\u00f3n al Protocolo II. Por esa raz\u00f3n, no fu\u00e9 signataria de ellos. <\/p>\n
<\/p>\n
45 Ch. Swinarski. “Introducao ao direito internacional humanitario.” IIDH, Escopo, Brasilia, 1988, p. 18. <\/p>\n
46 GOLDMAN. K, Robert. “Algunas reflexiones sobre el Derecho Internacional Humanitario y conflictos armados internos.” Ponencia presentada en el Segundo Seminario de la Comisi\u00f3n Andina de Juristas, Seccional Colombiana sobre la eficacia de los instrumentos internacionales de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia, Bogot\u00e1, Octubre 22-25 de 1990, pp. 3-4. El autor es Profesor de Derecho, Louis C. James Scholar, y Co-director del Centro para derechos humanos y derecho internacional humanitario de la Facultad de Derecho de American University, Washington D.C., EE. UU. <\/p>\n
47 C. Swinarski. “Principales Nociones e Instituciones del Derecho Internacional Humanitario como Sistema Internacional de Protecci\u00f3n de la Persona Humana”, IIDH, 1990, p 87. <\/p>\n
48 Fls. 170-171. <\/p>\n
49 Eduardo Suarez, Convenci\u00f3n de Viena sobre el Derecho de los tratados. Sesi\u00f3n 52. A\/CONF 49\/11 <\/p>\n
p. 325. <\/p>\n
50 Jos\u00e9 Joaquin Caicedo Perdomo. “La teor\u00eda del Ius Cogens en el derecho internacional a la luz de la Convencion de Viena sobre el derecho de los tratados.” En Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Enero-Junio 1975, pp. 261-274. <\/p>\n
51 International Court of Justice. “Case concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua.” Judgement of June 27, 1987. <\/p>\n
52 Citado por Hernando Valencia Villa, Cfr. Opini\u00f3n, Cfr. Fls. 171-172 <\/p>\n
53 Fls. 171-172. <\/p>\n
54 Alejandro Valencia Villa, “La humanizaci\u00f3n de la guerra: derecho internacional humanitario y conflicto armado en Colombia” Ed. Tercer Mundo, Bogot\u00e1, 1992, pp. 94-95. <\/p>\n
55Gustav\u00f3n Gall\u00f3n Giraldo, ” Quince a\u00f1os de Estados de Sitio en Colombia: 1958-1978″Librer\u00eda y Editorial Am\u00e9rica Latina, Bogot\u00e1, 1979, p.17. <\/p>\n
56Jacobo P\u00e9rez Escobar, “Derecho Constitucional Colombiano.”Editorial Horizonte, Bogot\u00e1, 1974, p.455. <\/p>\n
57 Alfredo Posada Viana y Jos\u00e9 Iv\u00e1n Matallana Eslava, “Estados de Sitio y legalidad marcial en Colombia.”Universidad Javeriana, tesis de grado, s\/e, Bogot\u00e1, 1987, p.33. <\/p>\n
58 Citado sin fuente por Carlos Pela\u00e9z, ” Estado de derecho y Estado de Sitio “Editorial Temis, Bogot\u00e1, 1955, p. 163. La anterior frase pertenece a un extenso debate del Consejo Nacional de Dele-gatarios sobre el estado de sitio. <\/p>\n
59 Jacobo P\u00e9rez Escobar, Op.cit., p.455. <\/p>\n
61 Carlos Pela\u00e9z, citado por Luis Carlos S\u00e1chica, ” Constitucionalismo Colombiano”Editorial Temis, Bogot\u00e1, 1968. <\/p>\n
62 Esta disposici\u00f3n estipula lo siguiente: <\/p>\n
“En caso de conflicto armado sin car\u00e1cter internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes contratantes, cada una de las Partes contendientes tendr\u00e1 la obligaci\u00f3n de aplicar, por lo menos, las disposiciones siguientes: <\/p>\n
1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detenci\u00f3n o por cualquier otra causa, ser\u00e1n en toda circunstancia, tratadas con humanidad, sin distinci\u00f3n alguna de car\u00e1cter desfavorable, basada en la raza, el color, la religi\u00f3n o las creencias, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio an\u00e1logo. <\/p>\n
A tal efecto, est\u00e1n y quedan prohibidos en cualquier tiempo y lugar, respecto a las personas arriba mencionadas: <\/p>\n
a) los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, torturas y suplicios; <\/p>\n
b) la toma de rehenes <\/p>\n
c) los atentados a la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; <\/p>\n
d) las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin juicio previo emitido por un tribunal regularmente constituido, provisto de las garant\u00edas judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. <\/p>\n
2. Los heridos y enfermos ser\u00e1n recogidos y cuidados. <\/p>\n
Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comit\u00e9 Internacional de la Cruz Roja, podr\u00e1 ofrecer sus servicios a las Partes contendientes. <\/p>\n
Las Partes contendientes se esforzar\u00e1n, por otra parte, en poner en vigor por v\u00eda de acuerdos especiales la totalidad o parte de las dem\u00e1s disposiciones del presente Convenio. <\/p>\n
La aplicaci\u00f3n de las disposiciones precedentes no tendr\u00e1 efecto sobre el estatuto jur\u00eddico de las Partes contendientes.” <\/p>\n
El art\u00edculo citado establece un m\u00ednimo de trato humanitario en conflictos armados no internacionales. Este c\u00f3digo de conducta de principios humanitarios es de obligatoria aplicaci\u00f3n para las partes contendientes. Su observancia opera ipso jure, sin depender de ninguna declaraci\u00f3n, porque los derechos humanos b\u00e1sicos son inderogables, incluso en circunstancias de conflicto armado. <\/p>\n
Su aplicaci\u00f3n no obliga al gobierno a conceder a sus oponentes armados el status de prisioneros de guerra, por cuanto los insurgentes no tienen el privilegio del combatiente, el cual, y en conformidad con los Convenios y el derecho consuetudinario, solamente es aplicable a los conflictos internacionales; as\u00ed, la condici\u00f3n del prisionero de guerra se deriva directamente del privilegio del combatiente. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, la aplicaci\u00f3n de las garant\u00edas humanitarias contenidas en el art\u00edculo 3o. por parte del gobierno no equivale al reconocimiento legal de la beligerancia de los insurgentes, como quiera que en el se establece inequ\u00edvocamente que “la aplicaci\u00f3n de sus disposiciones no tendr\u00e1 efecto sobre el estatuto legal de las partes en conflicto…” <\/p>\n
63 Cfr. Actas de la Comisi\u00f3n I. Acta No. 4. Gaceta Constitucional No. 104, Junio 21 de 1991, p. 7 ss. <\/p>\n
64 Cfr. Actas de la Comisi\u00f3n I. Acta No. 4. Gaceta Constitucional No. 104, junio 21 de 1991, pp. 7 ss. <\/p>\n
65 Cfr. Actas de la Comisi\u00f3n I. Acta No. 4. Gaceta Constitucional No. 104, Junio 21 de 1991,p. 7 ss. <\/p>\n
66 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisi\u00f3n de Tutelas, Sentencia T-406 de junio 5 de 1992, p. 11. <\/p>\n
67 JIMENEZ DE ARECHAGA, Eduardo. “El Derecho Internacional Contempor\u00e1neo” Editorial Tecnos, Madrid, 1980, p. 20. <\/p>\n
68 Cfr. Anexo 1, Fl. 3. <\/p>\n
69 El articulo 2o. del Protocolo las define como: <\/p>\n
<\/p>\n
“Un Estado neutral u otro estado que no sea parte en el conflicto y que, habiendo sido designado por una parte en el conflicto y aceptado por la parte adversa, este dispuesto a desempe\u00f1ar las funciones asignadas a la potencia protectora por los convenios y por el presente protocolo.” Cfr. Anexo 1,Fl. 3 <\/p>\n
70 Cfr. Anexo, p. 7. <\/p>\n
72 Arts, 12 y 21 del Protoclo I. Cfr. Anexo 1, p. <\/p>\n
73Cfr. Anexo 1. P. 16 <\/p>\n
<\/p>\n
74 “Jueces y Constituci\u00f3n”, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, p. 40. <\/p>\n
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C-574-92 Sentencia No. C-574\/92 TRATADO INTERNACIONAL-Control de constitucionalidad\/TRANSITO CONSTITUCIONAL\/PACTA SUNT SERVANDA\/SUPREMACIA DE LA CONSTITUCION Pese al tr\u00e1mite sui generis y de car\u00e1cter excepcional que sufrieron por raz\u00f3n del tr\u00e1nsito constitucional, estos constituyen verdaderos tratados en v\u00edas de formaci\u00f3n, pues con respecto a ellos a\u00fan no se ha producido su perfeccionamiento, toda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-44","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentencias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=44"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/44\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=44"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=44"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=44"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}