C-818-99<\/p>\n
Sentencia C-818\/99 <\/p>\n
COSA JUZGADA <\/p>\n
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR NO EXISTIR CARGO <\/p>\n
Referencia: Expediente D-2410 <\/p>\n
Demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 779-1 del decreto 624\/89 -Estatuto Tributario-, tal como qued\u00f3 adicionado por el art\u00edculo 2 de la ley 383 de 1997 <\/p>\n
Demandante: Rafael Samudio Milan\u00e9s <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de octubre de mil novecientos noventa y nueve 1999. <\/p>\n
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y tr\u00e1mite establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente <\/p>\n
S E N T EN C I A <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
En ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad, el ciudadano RAFAEL SAMUDIO MILANES, presenta demanda contra el art\u00edculo 779-1 del decreto 624\/89 \u2013Estatuto Tributario-, tal como qued\u00f3 adicionado por el art\u00edculo 2 de la ley 383 de 1997. <\/p>\n
Cumplidos los tr\u00e1mites constitucionales y legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia. <\/p>\n
II. NORMA DEMANDADA <\/p>\n
A continuaci\u00f3n se transcribe el texto de la disposici\u00f3n demandada, conforme a su publicaci\u00f3n en el Diario Oficial No. 43083 del 14 de julio de 1997, y se subraya lo demandado: <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 779-1. Facultades de Registro. La Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, podr\u00e1 ordenar mediante resoluci\u00f3n motivada, el registro de oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios y dem\u00e1s locales del contribuyente o responsable, o de terceros depositarios de sus documentos contables o sus archivos, siempre que no coincida con su casa de habitaci\u00f3n, en el caso de personas naturales. <\/p>\n
En desarrollo de las facultades establecidas en el inciso anterior, la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales podr\u00e1 tomar las medidas necesarias para evitar que las pruebas obtenidas sean alteradas, ocultadas o destruidas, mediante su inmovilizaci\u00f3n y aseguramiento. <\/p>\n
Para tales efectos, la fuerza p\u00fablica deber\u00e1 colaborar, previo requerimiento de los funcionarios fiscalizadores, con el objeto de garantizar la ejecuci\u00f3n de las respectivas diligencias. La no atenci\u00f3n del anterior requerimiento por parte del miembro de la fuerza p\u00fablica a quienes se le haya solicitado, ser\u00e1 causal de mala conducta. <\/p>\n
Par\u00e1grafo 1. La competencia para ordenar el registro y aseguramiento de que trata el presente art\u00edculo, corresponde al administrador de impuestos y aduanas nacionales y al subdirector de fiscalizaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas nacionales. Esta competencia es indelegable. <\/p>\n
Par\u00e1grafo 2. La providencia que ordena le registro de que trata el presente art\u00edculo, ser\u00e1 notificada en el momento de practicarse la diligencia a quien se encuentre en el lugar, y contra la misma ni procede recurso alguno. \u201c <\/p>\n
III. LA DEMANDA <\/p>\n
Dada la brevedad de los argumentos que expone el demandante para sustentar la inconstitucionalidad pedida, \u00e9stos se transcribir\u00e1n en su integridad. <\/p>\n
\u201cSi los funcionarios de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales se\u00f1alados en las normas acusadas como competentes para ordenar un REGISTRO no ejercen funciones judiciales, ni pertenecen al \u00f3rgano jurisdiccional, la violaci\u00f3n de la norma constitucional es clara (art. 15). Actualmente los funcionarios de la DIAN ordenan registros mediante resoluci\u00f3n (que no es orden judicial) para registrar la correspondencia y otras formas de comunicaci\u00f3n privada. Por otra parte, las normas acusadas no determinan con claridad y exactitud en qu\u00e9 casos procede el registro como lo pide la Constituci\u00f3n. En la norma constitucional violada (art. 15) se determina lo que en materia tributaria pueden hacer las autoridades correspondientes: \u2018Exigir la presentaci\u00f3n de libros de contabilidad y dem\u00e1s documentos privados\u2019. Los funcionarios p\u00fablicos s\u00f3lo pueden hacer aquello para lo cual est\u00e1n facultados, a diferencia de los particulares que pueden hacer todo lo que no est\u00e9 prohibido. En ning\u00fan caso la norma constitucional citada autoriza el registro o allanamiento y mucho menos el secuestro de correspondencia y documentos privados, como lo est\u00e1 haciendo la DIAN.\u201d <\/p>\n
IV. INTERVENCIONES <\/p>\n
Intervenci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General de Impuestos y Aduanas Nacionales <\/p>\n
– El art\u00edculo 15 de la Constituci\u00f3n autoriza en forma expresa a las autoridades tributarias, para inspeccionar y exigir la presentaci\u00f3n de libros y dem\u00e1s documentos privados, en los t\u00e9rminos que se\u00f1ale la ley. <\/p>\n
– Las facultades de la DIAN para efectuar registros de oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios y dem\u00e1s locales del contribuyente o responsable, o de terceros depositarios de documentos contables o sus archivos, siempre que no coincida con su casa de habitaci\u00f3n, est\u00e1 consagrada en el mismo estatuto tributario, concretamente en los art\u00edculos 631, 632, 684, 684-1, 684-2, 742 y 779, sin que para hacerlo se requiera de orden judicial pues la Constituci\u00f3n no lo ordena. <\/p>\n
– Las funciones de registro asignadas a la DIAN resultan de transcendental importancia para el tr\u00e1mite de los procesos administrativos destinados a fiscalizar las rentas de los contribuyentes, puesto que \u201clos documentos contables y archivos son medios probatorios de la realidad econ\u00f3mica reflejada en la informaci\u00f3n tributaria o aduanera\u201d y, por tanto, requieren de protecci\u00f3n para evitar su alteraci\u00f3n, ocultamiento o destrucci\u00f3n. De no ser as\u00ed, se afectar\u00eda gravemente el proceso de control a la evasi\u00f3n de los tributos. <\/p>\n
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION <\/p>\n
El se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n en concepto No. 1852, recibido el 29 de julio de 1999, solicita a la Corte declarar la constitucionalidad de la norma demandada, la cual ya fue objeto de an\u00e1lisis por parte de la Corte Constitucional en el expediente D-2278, que concluy\u00f3 con la sentencia C-505\/99, en la que se declararon exequibles los incisos primero y segundo y una expresi\u00f3n del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 779-1 del Estatuto Tributario, introducido por la ley 383 de 1997. <\/p>\n
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Competencia <\/p>\n
Esta corporaci\u00f3n es tribunal competente para decidir la presente demanda, por dirigirse contra un art\u00edculo que forma parte de un decreto, expedido por el Presidente de la Rep\u00fablica, en ejercicio de facultades extraordinarias. (art. 241-5 C.P.) <\/p>\n
2. Cosa Juzgada <\/p>\n
En primer t\u00e9rmino es pertinente aclarar que aunque el actor acusa todo el art\u00edculo 779-1 del Estatuto Tributario, tal como fue adicionado por el art\u00edculo 2 de la ley 383 de 1997, su argumentaci\u00f3n solamente se dirige a cuestionar la facultad de registro que se le asigna a la DIAN, aspecto sobre el cual ya la Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse al resolver id\u00e9ntica acusaci\u00f3n, en la sentencia C-505\/991, en la que se declararon exequibles los incisos primero y segundo y la expresi\u00f3n \u201cy contra la misma no procede recurso alguno\u201d del par\u00e1grafo 2. <\/p>\n
Ante esta circunstancia, s\u00f3lo procede ordenar que se est\u00e9 a lo all\u00ed resuelto, pues ha operado el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional, que impide a la Corte volver sobre lo decidido ( art. 243 C.P.). <\/p>\n
VII. DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
R E S U E L V E : <\/p>\n
Primero: Estarse a lo resuelto en la sentencia C-505\/99, que declar\u00f3 exequibles los incisos primero y segundo y la expresi\u00f3n \u201cy contra la misma no procede recurso alguno\u201d, del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 2 de la ley 383 de 1997, que adicion\u00f3 al Estatuto Tributario -Decreto 624 de 1989-, el art\u00edculo 779-1. <\/p>\n
Segundo: Inhibirse para emitir pronunciamiento sobre el resto del art\u00edculo por no existir reparo alguno de constitucionalidad. <\/p>\n
Notif\u00edquese, comun\u00edquese, publ\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y arch\u00edvese el expediente. <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALFREDO BELTRAN SIERRA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALVARO TAFUR GALVIS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
1 M.P. Alejandro Mart\u00ednez Caballero <\/p>\n
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