C-948-99<\/p>\n
Sentencia C-948\/99 <\/p>\n
INCONSTITUCIONALIDAD POR CONSECUENCIA\/INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS <\/p>\n
Demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 1131 del 29 de junio de 1999 <\/p>\n
Actor: Nestor Ra\u00fal Correa Henao <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C., seg\u00fan consta en acta del primero (1) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el art\u00edculo 241, numeral 5, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y cumplidos todos los tr\u00e1mites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente <\/p>\n
SENTENCIA <\/p>\n
en relaci\u00f3n con la demanda de inconstitucionalidad que, en uso de su derecho pol\u00edtico, present\u00f3 el ciudadano NESTOR RAUL CORREA HENAO contra el Decreto Ley 1131 del 29 de junio de 1999, \u201cPor el cual se fusionan el Instituto Nacional Para Ciegos -INCI-, y el Instituto Nacional Para Sordos, INSOR en el Instituto Nacional para la Prevenci\u00f3n y Problemas de la Discapacidad -INPRED- y se dictan otras disposiciones\u201d. <\/p>\n
I. NORMA ACUSADA <\/p>\n
Se anexa copia \u00edntegra del Decreto demandado. <\/p>\n
II. LA DEMANDA <\/p>\n
Considera el actor que la disposici\u00f3n jur\u00eddica acusada viola el Pre\u00e1mbulo y los art\u00edculos 1, 2, 13 y 47 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, as\u00ed como tambi\u00e9n desconoce algunos instrumentos jur\u00eddicos internacionales a los que remite el art\u00edculo 93 de la Carta. <\/p>\n
Manifiesta que el Decreto en revisi\u00f3n menoscaba la unidad de la naci\u00f3n, la igualdad y la justicia, valores consagrados en el Pre\u00e1mbulo de la Constituci\u00f3n, as\u00ed como los principios filos\u00f3ficos del respeto por la dignidad humana, la solidaridad y la efectividad de los derechos y un orden justo, contenidos en los art\u00edculos 1 y 2 Ib\u00eddem. <\/p>\n
Afirma que, en lo sucesivo, los sectores de la educaci\u00f3n, la salud, el trabajo, el transporte y la cultura, van a quedar liberados de atender la aparente carga que representan los disminuidos f\u00edsicos, sensoriales y s\u00edquicos. <\/p>\n
En el fondo -sostiene- el Decreto 1131 no integra la atenci\u00f3n t\u00e9cnica de los discapacitados a las distintas ramas y \u00f3rganos del poder como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 113 de la Carta, para lograr de esta forma la participaci\u00f3n de este grupo de la poblaci\u00f3n con el resto de la sociedad. Se viola por tanto, el pluralismo, la diversidad y la tolerancia. <\/p>\n
A juicio del actor, el Decreto es violatorio del principio de igualdad y del art\u00edculo 47 de la Constituci\u00f3n, seg\u00fan el cual \u201cEl Estado adelantar\u00e1 una pol\u00edtica de previsi\u00f3n, rehabilitaci\u00f3n e integraci\u00f3n social para los disminuidos f\u00edsicos, sensoriales y ps\u00edquicos, a quienes se prestar\u00e1 la atenci\u00f3n especializada que requieran\u201d. <\/p>\n
Manifiesta que la finalidad real del Decreto en revisi\u00f3n es contraria al objetivo que establece el art\u00edculo 209 de la Constituci\u00f3n, ya que sus efectos resultan contraproducentes. No necesariamente por el hecho de fusionar varias entidades en una sola, la Administraci\u00f3n ahorra recursos o es m\u00e1s eficiente o austera en el gasto. <\/p>\n
En criterio del actor, el Decreto 1131 de 1999, en vez de ahorrar recursos -como una de sus finalidades primordiales-, exige para el cumplimiento de sus funciones un presupuesto varias veces superior frente a la suma del presupuesto independiente del INCI y del INSOR. Lo anterior, teniendo en cuenta que ya no se orientar\u00e1 exclusivamente a la atenci\u00f3n especializada y desagregada de dos discapacidades -ceguera y sordera-, sino de otras cinco, entre las cuales est\u00e1n: discapacidad mental, par\u00e1lisis cerebral, limitaci\u00f3n f\u00edsica, limitaci\u00f3n m\u00faltiple y sordo-ceguera, de acuerdo con lo enunciado por el numeral 12 del art\u00edculo 5 del Decreto. <\/p>\n
De otro lado afirma que la norma bajo examen afecta sensiblemente otros bienes constitucionalmente protegidos, de suerte que rompe la ecuaci\u00f3n costo-beneficio, ya que el Estado pretende ahorrar recursos por cuenta de una parte de la poblaci\u00f3n, que es la m\u00e1s vulnerable de la sociedad y que requiere de tratamientos especiales para su rehabilitaci\u00f3n. <\/p>\n
Manifiesta el demandante que los discapacitados se clasifican por grupos y que cada uno de ellos y de acuerdo con sus necesidades, requiere de un tratamiento diferente. Por tanto, si el Estado o la administraci\u00f3n publica necesitan ajustar sus finanzas, ello deber\u00e1 hacerse teniendo en cuenta que su costo no vaya a pagarlo el grupo de discapacitados cuyos derechos deben contar con la especial protecci\u00f3n por parte del Estado. <\/p>\n
Finalmente sostiene el demandante que la norma enjuiciada viola el art\u00edculo 93 de la Constituci\u00f3n, ya que desconoce normas internacionales relativas a los derechos humanos, las cuales fueron debidamente aprobadas por Colombia, entre ellas la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos; la Convenci\u00f3n Americana o Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica; el Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales y la Resoluci\u00f3n de la Asamblea General de la ONU 48\/96 del 20 de diciembre de 1993, que plasma “Normas Uniformes Sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”. <\/p>\n
III. INTERVENCIONES <\/p>\n
Intervinieron el ciudadano Franklin Romero, en su calidad de Rector del Colegio \u201cFiladelfia para Sordos\u201d, quien considera que la fusi\u00f3n determinada por el Decreto 1131 de 1999 detiene los procesos de investigaci\u00f3n cient\u00edfica iniciados, impidiendo que la poblaci\u00f3n sorda permanezca en la educaci\u00f3n formal y por ende el ejercicio de varios de sus derechos fundamentales -como el del trabajo, la seguridad social, la participaci\u00f3n en pol\u00edtica y el acceso a la ciencia y tecnolog\u00eda-, se ve ostensiblemente afectado; las ciudadanas Olga Cecilia D\u00edaz Fl\u00f3rez y Lilian Luc\u00eda Caicedo Obando, psic\u00f3logas y licenciadas en Educaci\u00f3n Especial, quienes estiman inapropiada la fusi\u00f3n en una sola entidad para que atienda la diversidad de requerimientos que cada una de las poblaciones at\u00edpicas, es decir, aquellas que padecen de alteraciones somatops\u00edquicas, exige; los ciudadanos Jacqueline Ria\u00f1o Uribe, Mariano Barbosa Lozano y Mar\u00eda Alexandra Ariza Pati\u00f1o, padres de familia de menores con problemas de audici\u00f3n, quienes coadyuvan la demanda en referencia y exponen las bondades y beneficios que por varios a\u00f1os les ha brindado el INSOR; la ciudadana Fanny Ru\u00edz de Garc\u00eda, quien act\u00faa en nombre y representaci\u00f3n del Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional y solicita a la Corte declarar la constitucionalidad del Decreto 1131 de 1999, pues manifiesta que la intenci\u00f3n del actual Gobierno es la de continuar brindando salud y bienestar a los discapacitados, dentro de los lineamientos constitucionales que exigen que el Estado preste una atenci\u00f3n especial a la poblaci\u00f3n que se encuentra en debilidad manifiesta; los ciudadanos Blanca Aparicio De Escorcia y Lionel Antonio Tovar, Directora y Coordinador del Programa de Investigaci\u00f3n de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, quienes consideran que el Decreto demandado viola, entre otras normas, los art\u00edculos 7, 10, 13, 47, 67 y 68 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; el ciudadano Edgar Rico Hern\u00e1ndez, Presidente de la Asociaci\u00f3n de Deportistas Limitados Visuales de Colombia, quien coadyuva la demanda afirmando que el Decreto 1131 de 1999 contrar\u00eda los postulados constitucionales relacionados con la eficiencia de la funci\u00f3n administrativa (art. 209 C.P.), como son la igualdad, la \u00e9tica, la econom\u00eda, la celeridad y la desconcentraci\u00f3n de funciones. <\/p>\n
IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO <\/p>\n
El Procurador General de la Naci\u00f3n solicita a la Corte declare la inconstitucionalidad del Decreto impugnado, por cuanto fue expedido con base en las facultades extraordinarias conferidas en el numeral 1 del art\u00edculo 120 de la Ley 489 de 1998, que, por Sentencia C-702 del 20 de septiembre de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de promulgaci\u00f3n de la ley. <\/p>\n
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISION <\/p>\n
Inconstitucionalidad por consecuencia <\/p>\n
La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-702 del 20 de septiembre de 1999 (M.P.: Dr. Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz), ha declarado inexequible, a partir de la fecha de su promulgaci\u00f3n, el art\u00edculo 120 de la Ley 489 de 1998, en la cual se fund\u00f3 el Ejecutivo para expedir el Decreto demandado. <\/p>\n
En consecuencia, cuando el Presidente de la Rep\u00fablica lo dict\u00f3, carec\u00eda por completo de facultades para ello, de lo cual surge sin duda su inconstitucionalidad, tambi\u00e9n proyectada a la fecha de su entrada en vigencia. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Corte Constitucional de la Rep\u00fablica de Colombia, en Sala Plena, o\u00eddo el concepto del Ministerio P\u00fablico y cumplidos los tr\u00e1mites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional, c\u00famplase y arch\u00edvese el expediente. <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL ALFREDO BELTRAN SIERRA <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA ALVARO TAFUR GALVIS <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
Aclaraci\u00f3n de voto a la Sentencia C-948\/99 <\/p>\n
Referencia: Expediente D-2494 <\/p>\n
Acci\u00f3n de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 1131 de 1999 <\/p>\n
Actor: Nestor Ra\u00fal Correa Henao <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Teniendo en cuenta que los suscritos magistrados salvamos nuestro voto respecto de la decisi\u00f3n adoptada mediante la Sentencia C-702 de 1999, que decidi\u00f3 declarar inexequible el art\u00edculo 120 de la ley 489 de 1999, por las razones expuestas en dicho salvamento y a las cuales nos remitimos, en el presente caso nos permitimos aclarar el voto en el sentido de que s\u00f3lo en acatamiento al principio de cosa juzgada, hemos compartido la decisi\u00f3n aqu\u00ed adoptada. <\/p>\n
Fecha ut supra, <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALVARO TAFUR GALVIS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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