C-954-99<\/p>\n
Sentencia C-954\/99 <\/p>\n
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL\/INCONSTITUCIONALIDAD POR CONSECUENCIA\/SUPRESION DE TRAMITES <\/p>\n
Referencia: Expediente D-2543 <\/p>\n
Demanda de inconstitucionalidad (parcial) contra el art\u00edculo 33 del Decreto 1122 de 1999 <\/p>\n
Actor: Benjamin Ochoa Moreno <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C., seg\u00fan consta en acta del primero (1) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
La Sala Plena de la Corte Constitucional en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el art\u00edculo 241, numeral 5, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y cumplidos todos los tr\u00e1mites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente <\/p>\n
SENTENCIA <\/p>\n
en relaci\u00f3n con la demanda de inconstitucionalidad (parcial) que, en uso de su derecho pol\u00edtico, present\u00f3 el ciudadano BENJAMIN OCHOA MORENO contra el art\u00edculo 33 del Decreto N\u00famero 1122 de junio 26 de 1999, \u201cpor el cual el cual se dictan normas para suprimir tr\u00e1mites, facilitar la actividad de los ciudadanos, contribuir a la eficiencia y eficacia de la Administraci\u00f3n P\u00fablica y fortalecer el principio de la buena fe\u201d. <\/p>\n
I. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA <\/p>\n
A continuaci\u00f3n se transcribe, subrayando lo demandado, el texto de la disposici\u00f3n objeto de proceso: <\/p>\n
“DECRETO NUMERO 1122 DE 1999 <\/p>\n
(junio 26 ) <\/p>\n
por el cual se dictan normas para suprimir tr\u00e1mites, facilitar la actividad de los ciudadanos, contribuir a la eficiencia y eficacia de la Administraci\u00f3n P\u00fablica y fortalecer el principio de la buena fe. <\/p>\n
El Presidente de la Rep\u00fablica de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el numeral 4 del Art\u00edculo 120 de la Ley 489 del 29 de diciembre de 1998, <\/p>\n
CONSIDERANDO: <\/p>\n
Que existen regulaciones de car\u00e1cter general, as\u00ed como tr\u00e1mites y procedimientos innecesarios que atentan contra el prop\u00f3sito de racionalizar el aparato estatal, garantizar la eficiencia y la eficacia de la funci\u00f3n administrativa y la reducci\u00f3n del gasto p\u00fablico; <\/p>\n
Que la ineficacia e ineficiencia de la funci\u00f3n administrativa esconden la corrupci\u00f3n y la venalidad, ofenden la dignidad del ciudadano y cuestionan la legitimidad de la Administraci\u00f3n P\u00fablica; <\/p>\n
Que algunos de los tr\u00e1mites y procedimientos eliminados por el decreto 2150 de 1995 han sido revividos mediante la utilizaci\u00f3n de subterfugios procedimentales, y que otros fueron creados con posterioridad a la expedici\u00f3n del mismo; <\/p>\n
Que la modernizaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n P\u00fablica requiere devolverle su majestad y al ciudadano su confianza en ella; <\/p>\n
Que mediante el art\u00edculo 120 numeral 4 de la Ley 489 de 1998 el Congreso de la Rep\u00fablica revisti\u00f3 al Presidente de la Rep\u00fablica de precisas facultades extraordinarias para \u201csuprimir o reformar regulaciones, procedimientos y tr\u00e1mites innecesarios existentes en la Administraci\u00f3n P\u00fablica\u201d; <\/p>\n
Que el par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 120 de la Ley 489 de 1998 establece que las facultades extraordinarias concedidas por dicho art\u00edculo se ejercitar\u00e1n por el Gobierno \u2018con el prop\u00f3sito de racionalizar el aparato estatal, garantizar la eficiencia y la eficacia de la funci\u00f3n administrativa y reducir el gasto p\u00fablico\u2019; <\/p>\n
DECRETA: <\/p>\n
(…) <\/p>\n
Art\u00edculo 33.- Derecho de Turno. <\/p>\n
Las autoridades que conozcan de peticiones, quejas, o reclamos, deber\u00e1n respetar el orden de su presentaci\u00f3n, para efecto de llevar a cabo el tr\u00e1mite respectivo. S\u00f3lo por razones de orden p\u00fablico, el Jefe de la entidad podr\u00e1 modificar dicho orden dejando constancia en la actuaci\u00f3n. En todo caso y mediante acto administrativo de car\u00e1cter general, el jefe de la entidad podr\u00e1 determinar categor\u00edas de asuntos que se considerar\u00e1n de manera separada para efectos de la aplicaci\u00f3n del derecho de turno. <\/p>\n
En todas las entidades y dependencias p\u00fablicas debe llevarse un registro de presentaci\u00f3n de documentos en los cuales se debe dejar constancia de todos los escritos, peticiones y recursos que se presenten por los administrados, de tal manera que estos puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno. Dicho registro ser\u00e1 p\u00fablico. <\/p>\n
El Gobierno dispondr\u00e1 los elementos necesarios para el dise\u00f1o y operaci\u00f3n de sistemas de informaci\u00f3n que permitan garantizar el pleno cumplimiento de esta disposici\u00f3n, de tal forma que se pueda verificar el turno. <\/p>\n
Lo dispuesto en este art\u00edculo no se aplicar\u00e1 a aquellas peticiones, quejas o reclamos que impliquen gasto\u201d. <\/p>\n
II. DEMANDA, INTERVENCIONES Y CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION <\/p>\n
Seg\u00fan informe secretarial, dentro del proceso no intervino ciudadano alguno, ni en defensa ni en contra de los art\u00edculos impugnados. <\/p>\n
El Procurador General de la Naci\u00f3n, por su parte, ha solicitado a la Corte declarar la inconstitucionalidad del art\u00edculo 33 del Decreto Extraordinario 1122 de 1999, y se ha abstenido de efectuar el an\u00e1lisis material de la norma acusada, por cuanto -a su juicio- tiene lugar la aplicaci\u00f3n de la inconstitucionalidad por consecuencia, ya que esta Corporaci\u00f3n mediante Sentencia C-702 del 20 de septiembre del presente a\u00f1o, declar\u00f3 la inexequibilidad del art\u00edculo 120 de la Ley 489 de 1998, a partir de la fecha de su promulgaci\u00f3n. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISION <\/p>\n
Cosa juzgada constitucional <\/p>\n
La Corte no puede emitir pronunciamiento alguno nuevo respecto del Decreto objeto de demanda ni de ninguno de sus art\u00edculos, pues fue declarado inexequible en su totalidad mediante Sentencia C-923 del 18 de noviembre de 1999 (M.P.: Dr. Alvaro Tafur Galvis). <\/p>\n
En consecuencia, ha operado el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional (art\u00edculo 243 C.P.), lo que impondr\u00e1 que se obedezca lo resuelto. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Corte Constitucional de la Rep\u00fablica de Colombia, en Sala Plena, o\u00eddo el concepto del Ministerio P\u00fablico y cumplidos los tr\u00e1mites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
ESTESE A LO RESUELTO por la Corte en Sentencia C-923 del 18 de noviembre de 1999. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional, c\u00famplase y arch\u00edvese el expediente. <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL ALFREDO BELTRAN SIERRA <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA ALVARO TAFUR GALVIS <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
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