{"id":4505,"date":"2024-05-30T18:03:25","date_gmt":"2024-05-30T18:03:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/2024\/05\/30\/c-966-99\/"},"modified":"2024-05-30T18:03:25","modified_gmt":"2024-05-30T18:03:25","slug":"c-966-99","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/c-966-99\/","title":{"rendered":"C 966 99"},"content":{"rendered":"<p>C-966-99<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; Sentencia C-966\/99 &nbsp;<\/p>\n<p>COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL &nbsp;<\/p>\n<p>Referencia: Expediente D-2427 &nbsp;<\/p>\n<p>Demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 77 de la Ley 488 de 1998 &nbsp;<\/p>\n<p>Actor: Luis Hector Loaiza Segura &nbsp;<\/p>\n<p>Magistrado Ponente: &nbsp;<\/p>\n<p>Dr. EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ &nbsp;<\/p>\n<p>Santa fe de Bogot\u00e1, D.C. primero (1) de diciembre mil novecientos noventa y nueve (1999) &nbsp;<\/p>\n<p>Acta N\u00b0 60 &nbsp;<\/p>\n<p>La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y tr\u00e1mites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente &nbsp;<\/p>\n<p>SENTENCIA &nbsp;<\/p>\n<p>I. &nbsp;ANTECEDENTES &nbsp;<\/p>\n<p>En ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad, el ciudadano Hector Loaiza Segura demand\u00f3 el art\u00edculo 77 de la Ley 488 de 1998, &#8221; por la cual se expiden normas en materia Tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las Entidades Territoriales&#8221; &nbsp;<\/p>\n<p>Cumplidos los tr\u00e1mites constitucionales y legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia. &nbsp;<\/p>\n<p>II. NORMA DEMANDADA &nbsp;<\/p>\n<p>A continuaci\u00f3n se transcribe el texto de la disposici\u00f3n demandada, conforme a su publicaci\u00f3n en el Diario Oficial N\u00b043460 del 28 de diciembre de 1998: &nbsp;<\/p>\n<p>LEY 488 DE 1998 &nbsp;<\/p>\n<p>(diciembre 24) &nbsp;<\/p>\n<p>Por la cual se expiden normas en materia Tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las Entidades Territoriales. &nbsp;<\/p>\n<p>Art\u00edculo 77. Retenci\u00f3n de mercanc\u00edas a quienes compren sin factura. &nbsp;<\/p>\n<p>Adici\u00f3nase el Estatuto Tributario con el siguiente art\u00edculo: &nbsp;<\/p>\n<p>&#8220;Art\u00edculo 657-1. Retenci\u00f3n de mercanc\u00edas a quienes compren sin factura o documento equivalente. A quien en un radio de seiscientos (600) metros de distancia del establecimiento comercial, se le sorprenda con mercanc\u00edas adquiridas en \u00e9ste, sin contar con la correspondiente factura o documento equivalente, se le aprehender\u00e1 la mercanc\u00eda por la Unidad Administrativa Especial &#8211; Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales. &nbsp;<\/p>\n<p>Para tal fin se tendr\u00e1 en cuenta el siguiente procedimiento: &nbsp;<\/p>\n<p>1. Toda retenci\u00f3n de mercanc\u00edas deber\u00e1 ser efectuada, mediante acta, por una persona expresamente comisionada por la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, quien podr\u00e1, si as\u00ed lo requiere, solicitar el apoyo de la fuerza p\u00fablica. &nbsp;<\/p>\n<p>2. Quien adelante la diligencia de retenci\u00f3n de la mercanc\u00eda, entregar\u00e1 al afectado un comprobante en el cual conste este hecho, el cual se diligenciar\u00e1 en un formato especialmente dise\u00f1ado para este efecto por la DIAN. &nbsp;<\/p>\n<p>3. La mercanc\u00eda retenida ser\u00e1 almacenada en las bodegas o dep\u00f3sitos que disponga la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales para el efecto. &nbsp;<\/p>\n<p>5. Las personas comisionadas que hayan constatado el hecho de la compra sin factura o documento equivalente, deber\u00e1n elaborar simult\u00e1neamente el informe correspondiente, y dar\u00e1n traslado a la oficina competente para que se imponga al establecimiento una sanci\u00f3n de cierre por evasi\u00f3n, de conformidad con el procedimiento establecido en el art\u00edculo 657 del Estatuto Tributario.&nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>6. Transcurridos quince (15) d\u00edas h\u00e1biles desde la fecha en que se haya efectuado la retenci\u00f3n de la mercanc\u00eda y esta no haya sido rescatada, con el cumplimiento de todos los requisitos legales, la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales deber\u00e1 declarar su decomiso a favor de la Naci\u00f3n mediante resoluci\u00f3n.&nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>El funcionario encargado de adelantar este procedimiento dispondr\u00e1 de un m\u00e1ximo de ocho (8) d\u00edas h\u00e1biles, contados desde el vencimiento del t\u00e9rmino se\u00f1alado en el inciso anterior, para expedir la resoluci\u00f3n correspondiente, so pena de incurrir en causal de mala conducta. Contra la resoluci\u00f3n proferida proceder\u00e1n los recursos de Ley. &nbsp;<\/p>\n<p>7. Los bienes decomisados a favor de la Naci\u00f3n podr\u00e1n ser objeto de venta a trav\u00e9s del sistema de remate, de donaci\u00f3n o de destrucci\u00f3n de conformidad con los procedimientos vigentes en el r\u00e9gimen aduanero.&nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>Par\u00e1grafo. Cuando se trate de bienes perecederos, los plazos a que se refiere el numeral 6) de este art\u00edculo, ser\u00e1n de un (1) d\u00eda h\u00e1bil. &nbsp;<\/p>\n<p>III. DEMANDA &nbsp;<\/p>\n<p>El actor considera que la disposici\u00f3n acusada viola los art\u00edculos 2, 13, 34 y 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. &nbsp;<\/p>\n<p>En concepto del demandante, la norma acusada contiene una modalidad de confiscaci\u00f3n prohibida por el art\u00edculo 34 de la Constituci\u00f3n. &nbsp;Para probar su afirmaci\u00f3n trae a colaci\u00f3n el r\u00e9gimen de extinci\u00f3n del dominio el cual, a diferencia del previsto en el precepto demandado, rodea a la persona de las debidas garant\u00edas como lo exige el art\u00edculo 29 de la Carta, sometiendo la decisi\u00f3n a un juez de la Rep\u00fablica. &nbsp;<\/p>\n<p>As\u00ed las cosas, adem\u00e1s de la desprotecci\u00f3n al derecho a la propiedad, la norma parte de la mala fe de los consumidores y de los comerciantes quienes, a los ojos de la DIAN, sostiene el demandante, se convierten en una suerte de &#8220;contrabandistas&#8221; y, por lo tanto, se les estar\u00eda &#8220;prejuzgando como delincuentes&#8221;. &nbsp;<\/p>\n<p>Considera, adem\u00e1s, que la norma impone a los consumidores una carga que termina por convertirlos en agentes de aduana, tarea que no les compete. &nbsp;<\/p>\n<p>IV. &nbsp;INTERVENCIONES &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp;Intervenci\u00f3n de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales &nbsp;<\/p>\n<p>La ciudadana Myriam Eliana Mart\u00ednez Pineda, actuando como apoderada de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, intervino para defender la constitucionalidad de la norma acusada. &nbsp;<\/p>\n<p>La apoderada de la DIAN, explica que el prop\u00f3sito de la disposici\u00f3n acusada es convertir a los consumidores en &#8220;entes vigilantes de la expedici\u00f3n de facturas&#8221;, funci\u00f3n que tiene una importante relaci\u00f3n con la lucha contra la evasi\u00f3n. &nbsp;Para tal efecto, sigue, se ha previsto un procedimiento administrativo de imposici\u00f3n de multa, aprehensi\u00f3n y decomiso de mercanc\u00edas. &nbsp;La validez constitucional de tales procedimientos administrativos ha sido avalada por la Corte, como lo confirma la lectura de la sentencia C-214\/94. &nbsp;<\/p>\n<p>Habida consideraci\u00f3n de la existencia de un procedimiento administrativo para imponer la sanci\u00f3n por violaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n fiscal de obtener factura de compra, la apoderada se\u00f1ala que no existe confiscaci\u00f3n. &nbsp;La norma no permite el desconocimiento de la propiedad, sino que sujeta su ejercicio, conforme a su fin social, a ciertas cargas, cuyo incumplimiento acarrea la retenci\u00f3n de los bienes mientras se da cumplimiento al mandato contenido en la norma. &nbsp;<\/p>\n<p>Por otra parte, precisa, el procedimiento administrativo contemplado en el art\u00edculo 77 acusado garantiza el debido proceso, pues fija todos los pasos, con sus debidas garant\u00edas -defensa, publicidad, etc.-, previos a la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n definitiva. &nbsp;<\/p>\n<p>El ciudadano Alfredo Fern\u00e1ndez Ortega, Jefe de la Divisi\u00f3n Jur\u00eddica de la C\u00e1mara de Representantes (E), intervino para defender la Constitucionalidad del precepto acusado. &nbsp;<\/p>\n<p>En criterio del interviniente, el demandante hace una interpretaci\u00f3n limitada del art\u00edculo 2\u00b0 de la Constituci\u00f3n. &nbsp;De la demanda se desprende que la protecci\u00f3n a los bienes de los colombianos debe primar sobre cualquier otra consideraci\u00f3n sobre los fines del Estado. &nbsp;Al respecto se\u00f1ala que, en el contexto de la norma acusada, el decomiso no tiene por efecto negar la propiedad sobre los bienes adquiridos sino, por el contrario, sancionar a los infractores de normas tributarias. &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>En cuanto a la violaci\u00f3n del art\u00edculo 29 de la Carta, sostiene que (i) la norma acusada contempla un procedimiento, con las debidas garant\u00edas, (ii) el procedimiento est\u00e1 dirigido a lograr la recuperaci\u00f3n del bien, (iii) que no es argumento constitucional la posible mala fe de algunos funcionarios en el ejercicio de las competencias que la norma les confiere y, (iv) que, en todo caso, existe la posibilidad de acudir ante la justicia contenciosa a fin de demandar la actuaci\u00f3n estatal. &nbsp;<\/p>\n<p>En cuanto a la alegada existencia de una confiscaci\u00f3n, se remite a lo expuesto por la Corte en la Sentencia C-076\/93 sobre la materia, de cuya lectura se desprende f\u00e1cilmente que la norma acusada no contempla dicha figura. &nbsp;<\/p>\n<p>Por \u00faltimo, para atacar el cargo por violaci\u00f3n del derecho a la propiedad, el interviniente hace un extenso recuento del tema de la propiedad en la Constituci\u00f3n y en la legislaci\u00f3n colombiana, luego de la cual concluye que su protecci\u00f3n se logra, exclusivamente, en los t\u00e9rminos de la ley. &nbsp;Por lo tanto, asegura, no existe raz\u00f3n para sostener que el decomiso viole el art\u00edculo 58 de la Carta. &nbsp;<\/p>\n<p>V. &nbsp;CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION &nbsp;<\/p>\n<p>El Procurador General de la Naci\u00f3n informa a la Corte que rindi\u00f3 concepto sobre el mismo punto analizado en el expediente D-2320. &nbsp;Por tal motivo, reitera los mismos argumentos expuestos en dicha oportunidad. &nbsp;Debido a lo anterior, no se transcribir\u00e1 la posici\u00f3n del Procurador, la cual se podr\u00e1 consultar en la Sentencia C-674\/99. &nbsp;<\/p>\n<p>VI. &nbsp;CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS &nbsp;<\/p>\n<p>Competencia &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp;La Corte es competente para conocer del proceso de la referencia, de acuerdo con lo estipulado en el art\u00edculo 241 de la C.P.&nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>COSA JUZGADA &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp;En la sentencia C-674\/99, la Corte se pronunci\u00f3 sobre la norma acusada y resolvi\u00f3: &nbsp;<\/p>\n<p>&#8220;Segundo.- Declarar INEXEQUIBLE el art\u00edculo 77 de la Ley 488 de 1998, con excepci\u00f3n del ordinal quinto, que es declarado EXEQUIBLE&#8221;. &nbsp;<\/p>\n<p>Por lo tanto, sobre la materia existe cosa juzgada constitucional.&nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>VII. DECISION &nbsp;<\/p>\n<p>En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justifica en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n &nbsp;<\/p>\n<p>RESUELVE: &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>Estarse a lo resuelto en la sentencia C-674\/99, en la que se declar\u00f3 la inexequibilidad del art\u00edculo 77 de la Ley 488 de 1998, salvo el ordinal 5 que se declar\u00f3 exequible. &nbsp;<\/p>\n<p>Notif\u00edquese, comun\u00edquese, publ\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y arch\u00edvese el expediente &nbsp;<\/p>\n<p>ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO &nbsp;<\/p>\n<p>Presidente &nbsp;<\/p>\n<p>ANTONIO BARRERA CARBONELL&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ALFREDO BELTRAN SIERRA&nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>Magistrado &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Magistrado &nbsp;<\/p>\n<p>EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; CARLOS GAVIRIA DIAZ &nbsp;<\/p>\n<p>Magistrado &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Magistrado &nbsp;<\/p>\n<p>JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO &nbsp;<\/p>\n<p>Magistrado &nbsp;<\/p>\n<p>VLADIMIRO NARANJO MESA&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;FABIO MORON DIAZ &nbsp;<\/p>\n<p>Magistrado &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Magistrado &nbsp;<\/p>\n<p>ALVARO TAFUR GALVIS &nbsp;<\/p>\n<p>Magistrado &nbsp;<\/p>\n<p>MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ &nbsp;<\/p>\n<p>Secretaria General &nbsp;<\/p>\n<p>Aclaraci\u00f3n de voto a la Sentencia C-966\/99 &nbsp;<\/p>\n<p>Referencia: Expediente D-2427 &nbsp;<\/p>\n<p>Demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 77 de la ley 488 de 1998 &nbsp;<\/p>\n<p>Magistrado Ponente:&nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>Dr. EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ &nbsp;<\/p>\n<p>Teniendo en cuenta que el suscrito magistrado salv\u00f3 voto respecto de la decisi\u00f3n adoptada mediante la sentencia C-674\/99, que decidi\u00f3 declarar inexequible el art\u00edculo 77 de la ley 488 de 1998, por las razones expuestas en dicho salvamento y a las cuales me remito, en el presente aso aclaro mi voto en el sentido de que s\u00f3lo en acatamiento del principio de cosa juzgada he compartido la decisi\u00f3n aqu\u00ed adoptada. &nbsp;<\/p>\n<p>Fecha ut supra, &nbsp;<\/p>\n<p>ALVARO TAFUR GALVIS &nbsp;<\/p>\n<p>Magistrado &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>C-966-99 &nbsp; &nbsp; Sentencia C-966\/99 &nbsp; COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL &nbsp; Referencia: Expediente D-2427 &nbsp; Demanda de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 77 de la Ley 488 de 1998 &nbsp; Actor: Luis Hector Loaiza Segura &nbsp; Magistrado Ponente: &nbsp; Dr. EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ &nbsp; Santa fe de Bogot\u00e1, D.C. primero (1) de diciembre mil novecientos noventa y [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-4505","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentencias-1999"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4505","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4505"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4505\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4505"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4505"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4505"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}