C-986-99<\/p>\n
Sentencia C-986\/99 <\/p>\n
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE DEMANDA <\/p>\n
Referencia: Expedientes D-2433 <\/p>\n
Demanda de inconstitucionalidad contra el Art\u00edculo 14 del Decreto-Ley 1214 de 1990 y el Art\u00edculo 29 del Decreto 1562 de 1990. <\/p>\n
Actor: Pedro Luis Vanzina Paez <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y tr\u00e1mite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido esta Sentencia con fundamento en los siguientes, <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
En ejercicio de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad, el ciudadano Pedro Luis Vaniza Paez, demand\u00f3 en su integridad los art\u00edculos 14 del Decreto-Ley 1214 de 1990, \u201cpor el cual se reforma el Estatuto y el R\u00e9gimen Prestacional del Personal Civil del Ministerio de Defensa y Polic\u00eda Nacional\u201d, y 29 del Decreto l562 de 1990, \u201cpor el cual se reglamenta el Decreto-Ley 2550 de 1988 (C\u00f3digo de Justicia Penal Militar)\u201d. <\/p>\n
El suscrito magistrado Sustanciador, en el Auto admisorio de la demanda, procedi\u00f3 a rechazar los cargos formulados contra el art\u00edculo 29 del Decreto 1562 de 1990, por tratarse de una norma de naturaleza reglamentaria sobre la cual la Corte Constitucional no tiene competencia para realizar el respectivo juicio de inconstitucionalidad. <\/p>\n
Una vez cumplidos los tr\u00e1mites previstos en el art\u00edculo 242 de la Constituci\u00f3n y en el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia. <\/p>\n
II. NORMA DEMANDADA <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se transcribe el texto de la disposici\u00f3n demandada, conforme a su publicaci\u00f3n en el Diario Oficial No. 39.406 del 8 de junio de 1990. <\/p>\n
\u201cDecreto numero 1214 de 1990\u201d <\/p>\n
\u201cPor el cual se reforma el Estatuto y el R\u00e9gimen Prestacional del Personal Civil del Ministerio de Defensa y la Polic\u00eda Nacional.\u201d <\/p>\n
\u201cART\u00cdCULO 14. Profesionales Universitarios y otros empleados. Los profesionales con t\u00edtulo de formaci\u00f3n universitaria del Despacho del Ministro y de la Secretar\u00eda General del Ministerio, tendr\u00e1n las categor\u00edas y nomenclatura previstas en el Decreto 1042 de 1978 y devengar\u00e1n las asignaciones establecidas en el Decreto 50 de 1990 y disposiciones que lo sustituyan, adicionen o reformen, sin perjuicio de los dem\u00e1s derechos que les correspondan como empleados del Ministerio de Defensa Nacional y la Polic\u00eda Nacional, siempre y cuando su jornada de trabajo no sea inferior a ocho (8) horas diarias. Tambi\u00e9n tendr\u00e1n los mismos derechos y le ser\u00e1n aplicados los decretos antes citados para los efectos se\u00f1alados, a los Asesores Jur\u00eddicos de las Fuerzas Militares y de la Polic\u00eda Nacional y a los T\u00e9cnicos en Presupuesto, Analistas de Sistemas y Programadores de Sistemas, que presten sus servicios en el Despacho del se\u00f1or Ministro y en las Dependencias de la Secretar\u00eda General del Ministerio de Defensa Nacional.\u201d <\/p>\n
III. LA DEMANDA <\/p>\n
1. Normas constitucionales que se consideran infringidas. <\/p>\n
Estima el demandante que la norma acusada vulnera el pre\u00e1mbulo de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y los art\u00edculos 1, 2, 13, 25, y 53, del mismo ordenamiento. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Fundamentos de la Demanda. <\/p>\n
Seg\u00fan el demandante, la norma impugnada establece una clara discriminaci\u00f3n entre el personal civil que labora para el Ministerio de la Defensa Nacional y el que presta sus servicios en las otras dependencias de las Fuerzas Militares y la Polic\u00eda Nacional, en cuanto que los primeros reciben una mayor asignaci\u00f3n salarial que los segundos, a pesar de que \u00e9stos \u00faltimos desempe\u00f1an las mismas funciones \u201c\u2026y muchos de ellos tienen m\u00e1s carga de responsabilidad y el cargo les exige m\u00e1s preparaci\u00f3n, requisitos y experiencia\u2026\u201d <\/p>\n
A su entender, el hecho de que la remuneraci\u00f3n de los profesionales y t\u00e9cnicos que pertenecen al despacho del ministro y a la secretar\u00eda general del Ministerio se rija por las normas aplicables a los dem\u00e1s empleados de la Administraci\u00f3n p\u00fablica (Decretos 1042 de 1978 y 035 de 1999), sin perjuicio de los derechos que le son aplicables a su condici\u00f3n de funcionarios de la Fuerza P\u00fablica, les permite a \u00e9stos obtener un mayor salario que el devengado por los profesionales y t\u00e9cnicos de las Fuerzas Militares y la Polic\u00eda Nacional, a quienes para tales efectos se les aplica el r\u00e9gimen especial contenido en el referido Decreto 1214 de 1990. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. INTERVENCION DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. <\/p>\n
La ciudadana Claudia Patricia C\u00e1ceres C\u00e1ceres, actuando en representaci\u00f3n del Ministerio de Defensa Nacional, intervino para defender la constitucionalidad de la norma demandada, por considerar que la finalidad de la misma es \u201cponer en pi\u00e9 de igualdad a los empleados civiles del Ministerio de Defensa Nacional con los funcionarios de otros ministerios\u201d <\/p>\n
Sostiene que no puede alegarse la violaci\u00f3n del principio a la igualdad toda vez que las actividades que deben cumplir los empleados del Ministerio de la Defensa \u2013despacho del ministro y Secretar\u00eda general-, no corresponden a las realizadas por quienes laboran en las dependencias de las Fuerzas Militares y de la Polic\u00eda Nacional. Ello, \u201cen virtud de la estructura org\u00e1nica del Ministerio, al cual compete el dise\u00f1o de pol\u00edticas y la coordinaci\u00f3n de las actividades administrativas de las Fuerzas, y por ende, sus funciones no pueden ser las mismas que las desempe\u00f1adas en el Ejercito, la Fuerza A\u00e9rea y la Armada Nacional\u201d. <\/p>\n
Encuentra que los cargos formulados contra el precepto demandado no puede ventilarse por v\u00eda de la acci\u00f3n p\u00fablica de inconstitucionalidad, pues el an\u00e1lisis de la aludida discriminaci\u00f3n no se predica de su texto y \u201c\u2026deber\u00eda efectuarse en cada caso particular, y no mediante la comparaci\u00f3n de la norma demandada con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica…\u201d <\/p>\n
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION. <\/p>\n
En la oportunidad legal prevista, el jefe del Ministerio P\u00fablico emiti\u00f3 el concepto de rigor sobre la norma demandada y solicit\u00f3 a la Corte declarar su inconstitucionalidad. <\/p>\n
Sobre la base de tales supuestos, haciendo eco de la doctrina que la Corte Constitucional ha desarrollado a cerca del derecho a la igualdad, considera que el trato diferente s\u00f3lo es constitucionalmente admisible en la medida en que las personas sobre las cuales recae tal diferencia, se encuentren en distinta situaci\u00f3n de hecho y exista un principio de raz\u00f3n suficiente que lo justifique. As\u00ed, para el Ministerio P\u00fablico, los profesionales y t\u00e9cnicos a que hace menci\u00f3n la norma acusada se encuentran en una misma situaci\u00f3n de hecho frente a los profesionales y t\u00e9cnicos que laboran para la Fuerza P\u00fablica, sin que se advierta una finalidad razonable y proporcionada que sustente tal distinci\u00f3n. En mayor medida, si se tiene en cuenta que el \u201cart\u00edculo 2\u00ba de la Ley 4\u00aa de 1992, no contempla como objetivo o criterio para la fijaci\u00f3n del r\u00e9gimen salarial o prestacional de los servidores p\u00fablicos, su adscripci\u00f3n a determinados despachos p\u00fablicos.\u201d <\/p>\n
VI. FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
<\/p>\n
1. Competencia. <\/p>\n
Atendiendo a lo dispuesto en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la Corte Constitucional es competente para conocer la presente demanda, por estar dirigida contra una norma que hace parte de un decreto con fuerza de ley. <\/p>\n
2. Fallo inhibitorio por ausencia de cargo contra el contenido de la norma impugnada. <\/p>\n
Tal como lo ha venido se\u00f1alando la Corte en abundante jurisprudencia1, la t\u00e9cnica utilizada en la formulaci\u00f3n de las demandas de inconstitucionalidad, derivada de las exigencias contenidas en el art\u00edculo 2\u00ba del Decreto 2067 de 1991, le impone a quien pretende ejercer esta acci\u00f3n, la obligaci\u00f3n de se\u00f1alar con claridad las razones que sustentan la inexequibilidad del precepto impugnado, razones que, adem\u00e1s, deben guardar correspondencia l\u00f3gica con el texto acusado, de tal modo que le sean atribuibles directamente a \u00e9ste. El cumplimiento de tal requisito, \u201clejos de afectar el n\u00facleo esencial del derecho ciudadano a la participaci\u00f3n, conformaci\u00f3n, ejercicio y control pol\u00edtico (art. 40 C.P.), busca garantizar su realizaci\u00f3n material y, a su vez, permitir un optimo funcionamiento en la administraci\u00f3n de justicia\u201d2. <\/p>\n
Sobre este particular, la Corte expres\u00f3: <\/p>\n
“Cuando el ciudadano pone en movimiento el control constitucional por la v\u00eda de la acci\u00f3n, se le impone la carga procesal de se\u00f1alar las normas constitucionales violadas y tambi\u00e9n el concepto de su violaci\u00f3n. Esto \u00faltimo comporta la obligaci\u00f3n de determinar con toda claridad de qu\u00e9 modo las normas acusadas contradicen o vulneran los preceptos de la Constituci\u00f3n, con el fin de destruir la presunci\u00f3n de constitucionalidad, sin perjuicio de que la Corte pueda extender el an\u00e1lisis de constitucionalidad frente a normas no invocadas expresamente en la demanda. Pero lo que no puede ser admitido es que bajo una interpretaci\u00f3n que haga el demandante del contexto de un cuerpo normativo se puedan deducir, por v\u00eda indirecta, presuntas violaciones de la Constituci\u00f3n, por la manera en que el legislador regul\u00f3 una determinada materia.”(C-236\/97 M.P. Antonio Barrera Carbonell) <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed, a la hora de adelantar el respectivo juicio de inexequibilidad, el juez constitucional est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de verificar que la presunta violaci\u00f3n a la Carta provenga directamente y en abstracto de la norma acusada, m\u00e1s no de fuentes accesorias o diferentes a \u00e9sta. Admitir lo contrario, conducir\u00eda al absurdo de pensar que la permanencia de un precepto legal en el ordenamiento jur\u00eddico no depende del reproche que se endilgue a su propio texto, sino de la legitimidad de otros mandatos de igual o inferior categor\u00eda, e incluso de la voluntad de las autoridades a quienes les compete reglamentar y aplicar la ley. <\/p>\n
Sobre la base de estos razonamientos, la Corte, en muchas de sus decisiones, se ha abstenido de proferir sentencia de fondo ante la imposibilidad de enjuiciar textos normativos respecto de los cuales no se imputa ning\u00fan reproche directo. Tal es el caso de aquellas demandas que se fundamentan en supuestos jur\u00eddicos regulados por una normatividad diferente a la impugnada, o que pretenden atacar el desarrollo de la ley o su indebida aplicaci\u00f3n por parte del operador jur\u00eddico. En una de tales decisiones, la Corte sostuvo: <\/p>\n
\u201cLos cargos que se formulen por un ciudadano contra una norma integrante del orden jur\u00eddico, para pedir a esta Corte que la declare inconstitucional, no pueden fundarse, entonces, en sus desarrollos espec\u00edficos, ni referirse a su ejecuci\u00f3n pr\u00e1ctica o a los abusos que puedan cometerse por los operadores jur\u00eddicos en casos concretos. Puesto que el juicio de constitucionalidad implica la confrontaci\u00f3n en abstracto entre el contenido de la disposici\u00f3n acusada y la preceptiva fundamental, las demandas que busquen su inexequibilidad deben aludir a ella en los mismos t\u00e9rminos.\u201d(Sentencia C-357\/97, M.P. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo). <\/p>\n
Pues bien, en la presente causa, la norma que ocupa la atenci\u00f3n de esta Corte -el art\u00edculo 14 del Decreto-Ley 1214 de 1990-, le otorga a los profesionales con t\u00edtulo de formaci\u00f3n universitaria del Despacho del Ministro y de la Secretar\u00eda General del Ministerio de Defensa, las mismas categor\u00edas y nomenclaturas reconocidas por el Decreto 1042 de 1978 para los empleados p\u00fablicos que laboran en los dem\u00e1s Ministerios, as\u00ed como las asignaciones previstas en el Decreto 50 de 1990 y las disposiciones que lo sustituyan, adicionen o reformen. El mismo tratamiento reciben los asesores jur\u00eddicos de las Fuerzas Militares y de la Polic\u00eda Nacional, y los t\u00e9cnicos en presupuesto, analistas de sistema y programadores de sistema, que prestan tambi\u00e9n sus servicios en el despacho del Ministro y en algunas dependencias de la Secretar\u00eda General del Ministerio de Defensa. Lo anterior, sin perjuicio de los beneficios que les puedan corresponder en su condici\u00f3n de funcionarios del Ministerio de la Defensa y de la Polic\u00eda Nacional, siempre y cuando su jornada de trabajo no sea inferior a ocho horas diarias. <\/p>\n
El demandante sostiene que esta disposici\u00f3n vulnera el principio constitucional de \u201ca trabajo igual salario igual\u201d, en cuanto que los dem\u00e1s empleados p\u00fablicos -profesionales y t\u00e9cnicos- \u201cque laboran en las Fuerzas y la Polic\u00eda Nacional, que son la gran mayor\u00eda, pese a que desempe\u00f1an las mismas funciones y muchos de ellos tienen m\u00e1s carga de responsabilidad y el cargo les exige m\u00e1s preparaci\u00f3n, requisitos y experiencia (\u2026) solamente devengan los salarios asignados por el Decreto 1214\/90\u201d, que establece el r\u00e9gimen prestacional del personal civil adscrito al Ministerio de Defensa y la Polic\u00eda Nacional. <\/p>\n
Para ilustrar la presunta violaci\u00f3n, el actor cita el caso de dos profesionales pertenecientes a uno y otro r\u00e9gimen que, a pesar de tener el mismo rango y desarrollar una labor similar al interior del Ministerio, no obtienen igual remuneraci\u00f3n: <\/p>\n
\u201cAbogado- cargo Asesor jur\u00eddico. Grado PU10 Salario b\u00e1sico. $940.828 + primas $852.816 TOTAL devengado $1\u2019793.644. <\/p>\n
\u201cAbogado- cargo Asesor Jur\u00eddico Grado EJ Salario b\u00e1sico $577.801+primas $244.452 Total devengado $ 822.200\u201d <\/p>\n
Cotejados el contenido del dispositivo impugnado con la acusaci\u00f3n formulada en la demanda, esta Corte estima que no existe entre uno y otro la correspondencia normativa que se requiere para emitir fallo de fondo sobre la exequibilidad o inexequibilidad del primero. Para ilustrar esta falta de conexidad, la Sala entra a demostrar, c\u00f3mo del contenido normativo del precepto en menci\u00f3n, no puede deducirse la aparente vulneraci\u00f3n del principio constitucional de la equidad salarial, concentrada en la diferencia de trato que a juicio del demandante existe entre funcionarios que desarrollan una misma labor en el Ministerio de Defensa. <\/p>\n
– Decreto-Ley 1214 de 1990 <\/p>\n
En general, el Decreto-Ley 1214 de 1990 regula lo pertinente al r\u00e9gimen prestacional del personal civil del Ministerio de Defensa y de la Polic\u00eda Nacional. Dicho ordenamiento se aplica en principio a todas las personas naturales que prestan sus servicios en el despacho del Ministro, en la Secretar\u00eda General, en las Fuerzas Militares o en la Polic\u00eda Nacional, quienes -seg\u00fan la forma de vinculaci\u00f3n- adquieren la categor\u00eda de empleados p\u00fablicos o trabajadores oficiales (arts. 2\u00b0 y 3\u00b0). <\/p>\n
En lo que se refiere a los empleados p\u00fablicos, sus funciones son determinadas reglamentariamente por el Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares, los Comandantes de fuerza y la Direcci\u00f3n General de la Polic\u00eda Nacional (art. 6\u00b0), de acuerdo con la planta de empleados que para tales efectos fija anualmente el Gobierno Nacional mediante decreto, de conformidad con las correspondientes tablas de organizaci\u00f3n y equipo (art. 17). <\/p>\n
Atendiendo a la naturaleza general de las actividades que desempe\u00f1an, a la \u00edndole de sus responsabilidades y a los requisitos que se exigen para su ejercicio, los empleos p\u00fablicos en el Ministerio de Defensa y en la Polic\u00eda Nacional se clasifican por niveles, as\u00ed: 1) Especialistas del Primer Grupo, integrado por los profesionales con t\u00edtulo de formaci\u00f3n universitaria; 2) Especialistas del Segundo Grupo, que corresponde a los t\u00e9cnicos profesionales o tecn\u00f3logos especializados con t\u00edtulo o experiencia e idoneidad en la especialidad; 3) Adjuntos, del cual hacen parte quienes posean t\u00edtulo de escuelas o institutos de ense\u00f1anza t\u00e9cnica o, en su defecto, demuestren experiencia e idoneidad en la especialidad, y 4) Auxiliares, entendiendo como tal a los empleados que sin tener t\u00edtulo acrediten conocimiento y experiencia en la funci\u00f3n por desempe\u00f1ar. (arts. 9\u00b0, 10\u00b0, 11, 12 y 13). <\/p>\n
Las asignaciones de los empleados p\u00fablicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Polic\u00eda Nacional, se determinan a partir de los sueldos b\u00e1sicos establecidos por las disposiciones legales vigentes y las respectivas primas y subsidios a que tengan derecho, tal como est\u00e1n reconocidos en el t\u00edtulo III del Decreto en cuesti\u00f3n (arts. 35 y ss.). As\u00ed, para la anualidad de 1999, es el art\u00edculo 11 del Decreto reglamentario 062 de 1999, expedido con fundamento en la Ley 04 de 19923, el que fija los sueldos b\u00e1sicos mensuales de los funcionarios se\u00f1alados, as\u00ed: <\/p>\n
Denominaci\u00f3n del cargo <\/p>\n
Asignaci\u00f3n b\u00e1sica <\/p>\n
Especialista Asesor Primero <\/p>\n
684,586 <\/p>\n
631,862 <\/p>\n
Especialista Jefe <\/p>\n
577,801 <\/p>\n
Especialista Primero <\/p>\n
458,514 <\/p>\n
Especialista Segundo <\/p>\n
439,748 <\/p>\n
Especialista Tercero <\/p>\n
401,838 <\/p>\n
Especialista Cuarto <\/p>\n
371,511 <\/p>\n
Especialista Quinto <\/p>\n
346,879 <\/p>\n
Especialista Sexto <\/p>\n
308,969 <\/p>\n
Adjunto Jefe <\/p>\n
293,806 <\/p>\n
Adjunto Intendente <\/p>\n
290,015 <\/p>\n
Adjunto Mayor <\/p>\n
284,320 <\/p>\n
Adjunto Especial <\/p>\n
280,529 <\/p>\n
Adjunto Primero <\/p>\n
274,851 <\/p>\n
Adjunto Segundo <\/p>\n
272,947 <\/p>\n
Adjunto Tercero <\/p>\n
267,270 <\/p>\n
Auxiliar Primero <\/p>\n
253,993 <\/p>\n
Auxiliar Segundo <\/p>\n
244,524 <\/p>\n
En virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo impugnado (art. 14), de este r\u00e9gimen prestacional especial est\u00e1n excluidos: (i) los profesionales con t\u00edtulo de formaci\u00f3n universitaria, t\u00e9cnicos en Presupuesto, Analistas de Sistemas y Programadores de Sistemas, que presten sus servicios en el Despacho del Ministro y en la Secretar\u00eda General del Ministerio de Defensa Nacional, y (ii) los asesores jur\u00eddicos de las Fuerzas Militares y de la Polic\u00eda Nacional, a quienes se les aplican las categor\u00edas y nomenclatura prevista en el Decreto 1042 de 1978, y devengan las asignaciones se\u00f1aladas en el Decreto 50 de 19904 y disposiciones que lo sustituyan, adicionen o reformen. <\/p>\n
Decreto-Ley 1042 de 1978 <\/p>\n
En efecto, el Decreto-Ley 1042 de 1978, expedido por el presidente de la Rep\u00fablica en ejercicio de las facultades extraordinarias concedidas por la Ley 5\u00aa de 1978, establece el sistema de nomenclatura y clasificaci\u00f3n de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos p\u00fablicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, as\u00ed como las escalas de remuneraci\u00f3n correspondientes. <\/p>\n
Tal como ocurre en el caso del r\u00e9gimen especial, la provisi\u00f3n de empleos en los organismos del orden nacional est\u00e1 determinada por las funciones asignadas, el grado de responsabilidad y los requisitos exigidos para su desempe\u00f1o en los niveles Directivo, Asesor, Ejecutivo, Profesional, T\u00e9cnico, Administrativo y Operativo (arts. 3\u00b0 y 13); requisitos que, a su vez, aparecen se\u00f1alados en las resoluciones internas dictadas por cada entidad de conformidad con los lineamientos generales que establece el propio Decreto: <\/p>\n
<\/p>\n
* Nivel Directivo: los requisitos se\u00f1alados en la Constituci\u00f3n o en las leyes o decretos especiales. <\/p>\n
* Nivel Asesor, Ejecutivo y profesional: grado profesional o t\u00edtulo universitario de especializaci\u00f3n o experiencia equivalente. <\/p>\n
* Nivel T\u00e9cnico y Administrativo: educaci\u00f3n superior o secundaria o conocimientos espec\u00edficos o experiencia laboral equivalente. <\/p>\n
* Nivel Operativo: educaci\u00f3n primaria o media, o conocimientos espec\u00edficos o experiencia laboral equivalente (art.11). <\/p>\n
A partir de los requisitos exigidos, las funciones y responsabilidades asignadas, se fija la remuneraci\u00f3n mensual correspondiente a cada empleo del orden nacional, seg\u00fan la denominaci\u00f3n y el grado establecido en el mencionado Decreto 1042 de 1978 siguiendo la nomenclatura y escala del respectivo nivel (arts. 14 y ss.). Sobre este particular, el art\u00edculo 13 del citado estatuto entiende por denominaci\u00f3n \u201c\u2026la identificaci\u00f3n del conjunto de deberes, atribuciones y responsabilidades que constituyen un empleo\u201d. Y por grado \u201c\u2026el n\u00famero de orden que indica la asignaci\u00f3n mensual del empleo dentro de una escala progresiva, seg\u00fan la complejidad y responsabilidad inherente al ejercicio de sus funciones.\u201d <\/p>\n
Los empleados del orden nacional reciben entonces, a t\u00edtulo de sueldo, la asignaci\u00f3n b\u00e1sica que anualmente fije el Gobierno Nacional mediante decreto, m\u00e1s los beneficios concedidos por el art\u00edculo 42 del Decreto 1042, si a ellos tienen derecho. Sobre este particular cabe resaltar que, seg\u00fan lo ordena el art\u00edculo 99 del precitado Decreto, a los servidores p\u00fablicos del sector de la Defensa Nacional cobijados por dicho ordenamiento, s\u00f3lo les es aplicable el Decreto en cuesti\u00f3n, en lo que tiene que ver con la clasificaci\u00f3n y nomenclatura de cargos, las asignaciones b\u00e1sicas, la prima de servicios y los vi\u00e1ticos por comisi\u00f3n de servicios, quedando expresamente excluidos de los restantes beneficios por encontrarse \u00e9stos reconocidos en el Decreto 1214 de 1990. <\/p>\n
Ahora bien, seg\u00fan lo indicado en el p\u00e1rrafo anterior, para el a\u00f1o de 1999 es el art\u00edculo 2\u00b0 del Decreto reglamentario 035 de dicha anualidad el que establece, tambi\u00e9n con fundamento en la Ley 4\u00b0 de 1992, las asignaciones b\u00e1sicas mensuales de las escalas de empleos pertenecientes a las entidades p\u00fablicas de que trata el Decreto 1042 de 1978, incluyendo los funcionarios del Ministerio de la Defensa excluidos del r\u00e9gimen especial, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
Grado Salarial <\/p>\n
Directivo <\/p>\n
Asesor <\/p>\n
Ejecutivo <\/p>\n
Profesional <\/p>\n
T\u00e9cnico <\/p>\n
Asistencial <\/p>\n
01 <\/p>\n
1,152,805 <\/p>\n
1,124,214 <\/p>\n
696,980 <\/p>\n
511,000 <\/p>\n
258,235 <\/p>\n
240,515 <\/p>\n
02 <\/p>\n
1,296,087 <\/p>\n
1,220,233 <\/p>\n
738,679 <\/p>\n
550,779 <\/p>\n
293,300 <\/p>\n
241,611 <\/p>\n
03 <\/p>\n
1,373,135 <\/p>\n
1,337,006 <\/p>\n
772,522 <\/p>\n
600,633 <\/p>\n
329,448 <\/p>\n
248,518 <\/p>\n
04 <\/p>\n
1,464,355 <\/p>\n
1,533,192 <\/p>\n
843,362 <\/p>\n
666,558 <\/p>\n
349,075 <\/p>\n
258,235 <\/p>\n
05 <\/p>\n
1,503,186 <\/p>\n
1,574,962 <\/p>\n
895,134 <\/p>\n
738,679 <\/p>\n
371,345 <\/p>\n
275,219 <\/p>\n
06 <\/p>\n
1,794,113 <\/p>\n
940,828 <\/p>\n
772,522 <\/p>\n
446,941 <\/p>\n
301,008 <\/p>\n
07 <\/p>\n
1,671,054 <\/p>\n
2,011,319 <\/p>\n
1,014,153 <\/p>\n
814,145 <\/p>\n
480,666 <\/p>\n
329,448 <\/p>\n
08 <\/p>\n
1,710,855 <\/p>\n
2,210,214 <\/p>\n
1,049,696 <\/p>\n
863,332 <\/p>\n
499,812 <\/p>\n
349,075 <\/p>\n
09 <\/p>\n
1,778,694 <\/p>\n
2,331,062 <\/p>\n
1,096,823 <\/p>\n
550,779 <\/p>\n
371,345 <\/p>\n
10 <\/p>\n
1,916,883 <\/p>\n
2,429,618 <\/p>\n
1,155,223 <\/p>\n
940,828 <\/p>\n
593,332 <\/p>\n
408,151 <\/p>\n
11 <\/p>\n
1,948,296 <\/p>\n
2,560,829 <\/p>\n
1,219,631 <\/p>\n
988,356 <\/p>\n
627,043 <\/p>\n
440,552 <\/p>\n
12 <\/p>\n
2,011,319 <\/p>\n
2,696,401 <\/p>\n
1,278,517 <\/p>\n
1,033,448 <\/p>\n
666,558 <\/p>\n
477,418 <\/p>\n
13 <\/p>\n
2,103,635 <\/p>\n
2,966,045 <\/p>\n
1,308,860 <\/p>\n
1,071,252 <\/p>\n
711,975 <\/p>\n
499,812 <\/p>\n
14 <\/p>\n
2,222,932 <\/p>\n
3,133,246 <\/p>\n
1,363,352 <\/p>\n
1,118,372 <\/p>\n
738,679 <\/p>\n
511,000 <\/p>\n
2,270,924 <\/p>\n
3,202,963 <\/p>\n
1,382,576 <\/p>\n
1,190,490 <\/p>\n
772,522 <\/p>\n
527,084 <\/p>\n
16 <\/p>\n
2,304,321 <\/p>\n
3,524,603 <\/p>\n
1,429,841 <\/p>\n
1,293,291 <\/p>\n
876,573 <\/p>\n
550,779 <\/p>\n
17 <\/p>\n
2,439,934 <\/p>\n
3,900,485 <\/p>\n
1,520,246 <\/p>\n
1,391,947 <\/p>\n
940,085 <\/p>\n
562,622 <\/p>\n
18 <\/p>\n
2,651,209 <\/p>\n
4,243,986 <\/p>\n
1,574,962 <\/p>\n
1,546,607 <\/p>\n
1,037,888 <\/p>\n
593,332 <\/p>\n
19 <\/p>\n
2,862,101 <\/p>\n
<\/p>\n
1,671,054 <\/p>\n
1,670,335 <\/p>\n
<\/p>\n
609,671 <\/p>\n
20 <\/p>\n
3,157,350 <\/p>\n
<\/p>\n
1,696,401 <\/p>\n
1,763,132 <\/p>\n
<\/p>\n
629,624 <\/p>\n
21 <\/p>\n
3,205,553 <\/p>\n
1,750,363 <\/p>\n
1,905,187 <\/p>\n
<\/p>\n
656,681 <\/p>\n
22 <\/p>\n
3,552,621 <\/p>\n
<\/p>\n
1,869,529 <\/p>\n
2,057,602 <\/p>\n
<\/p>\n
697,980 <\/p>\n
23 <\/p>\n
3,908,416 <\/p>\n
<\/p>\n
2,036,722 <\/p>\n
2,222,210 <\/p>\n
<\/p>\n
772,522 <\/p>\n
24 <\/p>\n
4,221,090 <\/p>\n
<\/p>\n
2,189,477 <\/p>\n
2,378,556 <\/p>\n
<\/p>\n
844,835 <\/p>\n
25 <\/p>\n
4,558,765 <\/p>\n
<\/p>\n
2,332,672 <\/p>\n
2,568,832 <\/p>\n
<\/p>\n
940,828 <\/p>\n
26 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1,025,933 <\/p>\n
27 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2,720,831 <\/p>\n
28 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2,938,499 <\/p>\n
De lo dicho se tiene que para efectos de determinar la asignaci\u00f3n mensual del personal civil que labora para el Ministerio de Defensa y la Polic\u00eda Nacional, es necesario aplicar dos reg\u00edmenes prestacionales. Sin embargo, la discriminaci\u00f3n alegada por el demandante s\u00f3lo podr\u00eda apreciarse a partir del an\u00e1lisis minucioso y detallado de las normas que desarrollan el r\u00e9gimen especial previsto en el Decreto 1214, y el general contenido en el Decreto 1042, ya que son aquellas las que en realidad establecen de manera concreta las funciones asignadas a los cargos en cuesti\u00f3n, el grado de responsabilidad, los requisitos exigidos para su desempe\u00f1o, el nivel de experiencia requerido y la correspondiente remuneraci\u00f3n a que tienen derecho los empleados p\u00fablicos que trabajan para ese Ministerio. <\/p>\n
Por eso, para adelantar el test de igualdad que definir\u00eda la eventual discriminaci\u00f3n salarial, habr\u00eda entonces que comparar y ponderar, antes que la norma impugnada, todas las variables consignadas anteriormente, las cuales, como se vio, hacen parte de distintos ordenamientos que no fueron atacados en esta sede y que, dada la naturaleza reglamentaria de algunos, escapar\u00edan a la competencia jurisdiccional de la Corte Constitucional (art. 241). As\u00ed entonces, resulta f\u00e1cil reconocer que, si bien la norma establece un diferencia en relaci\u00f3n con la manera como algunos funcionarios del Ministerio de Defensa acceden a la respectiva remuneraci\u00f3n, diferencia \u00e9sta que no ha sido cuestionada por el impugnante, no es precisamente de la misma de donde proviene la violaci\u00f3n alegada. <\/p>\n
Si se aceptara, en gracia discusi\u00f3n, que el precepto acusado puede ser estudiado a la luz de los cargos formulados en la demanda, el juicio de inconstitucionalidad depender\u00eda \u2013necesariamente- del an\u00e1lisis que se le hiciera a los dispositivos que lo complementan y reglamentan, y en \u00faltimas, de la voluntad del gobierno, a quien, con apego a la ley, le corresponde fijar el r\u00e9gimen salarial y prestacional de los funcionarios del Estado. De esta manera, se llegar\u00eda al absurdo de admitir una exequibilidad o inexequibilidad que fluctuar\u00eda vertiginosamente, seg\u00fan los cambios que pudieran darse en ordenamientos de menor jerarqu\u00eda que, adem\u00e1s, tendr\u00edan que ser revisados en relaci\u00f3n con cada uno de los empleos para efectos de detectar la aludida desigualdad salarial. <\/p>\n
Esta imprecisi\u00f3n se advierte en el concepto del Ministerio P\u00fablico, quien solicit\u00f3 a la Corte la declaratoria de inexequibilidad del art\u00edculo 14 del Decreto 1042, tal como \u00e9l mismo lo se\u00f1al\u00f3, \u201cen raz\u00f3n de la clasificaci\u00f3n, nomenclatura y los factores salariales que para los mismos se contemplan en los art\u00edculos 42 del Decreto 1042 de 1978, 5\u00ba, 6\u00ba, 7\u00ba, 9\u00ba y 14 del Decreto 035 de 1999\u201d, normas \u00e9stas que, obviamente, son ajenas al contenido del precepto que hoy se examina. Lo mismo ocurre con el ejemplo citado por el demandante, mediante el cual pretend\u00eda ilustrar la aparente discriminaci\u00f3n, pues los empleos y salarios all\u00ed descritos no se contraen a la norma impugnada, sino a las resoluciones que establecen las respectivas plantas de personal, a otras disposiciones de los Decretos 1214 de 1990 y 1042 de 1978 y, particularmente, a los art\u00edculos 2\u00b0 y 11 de los Decretos 035 y 062 de 1999, mediante los cuales se fijan los sueldos b\u00e1sicos para los empleados p\u00fablicos y para el personal civil del Ministerio de Defensa, respectivamente. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, bajo el supuesto de que no es a partir del desarrollo normativo de las leyes ni de su aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica como se debe sustentar la potencial inexequibilidad de un determinado precepto legal, la Corte, compartiendo el criterio expuesto por uno de los intervinientes, se inhibir\u00e1 de dictar sentencia de fondo, toda vez que el cargo formulado en este caso no se imputa directamente del texto acusado. <\/p>\n
VII. DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, o\u00eddo el concepto del se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n y cumplidos los tr\u00e1mites previstos en el decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE : <\/p>\n
Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo sobre la inconstitucionalidad del art\u00edculo 14 del Decreto-Ley 1214 de 1990, por existir ineptitud sustancial de la demanda. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, publ\u00edquese, comun\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y arch\u00edvese el expediente. <\/p>\n
ALEJANDRO MART\u00cdNEZ CABALLERO <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALFREDO BELTR\u00c1N SIERRA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
FABIO MOR\u00d3N D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALVARO TAFUR GALVIS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
1 Cfr. entre otras, las Sentencias C-236\/97 y C-353\/98. <\/p>\n
2 Sentencia C-519\/98, M..P. Vladimiro Naranjo Mesa. <\/p>\n
3 \u201cMediante la cual se se\u00f1alan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijaci\u00f3n del r\u00e9gimen salarial y prestacional de los empleados p\u00fablicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza P\u00fablica y para la fijaci\u00f3n de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 150 numeral 19, literales e) y f) de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.\u201d <\/p>\n
4 El Decreto 50 de 1990, establec\u00eda las escalas de remuneraci\u00f3n que fueron aplicadas para periodo de 1990 a los empleos p\u00fablicos regulados por el Decreto \u2013Ley 1042 de 1978. En la actualidad, para la vigencia fiscal de 1999, dicho ordenamiento se encuentra subrogado por el Decreto 035 de 1999. <\/p>\n
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C-986-99 Sentencia C-986\/99 INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE DEMANDA Referencia: Expedientes D-2433 Demanda de inconstitucionalidad contra el Art\u00edculo 14 del Decreto-Ley 1214 de 1990 y el Art\u00edculo 29 del Decreto 1562 de 1990. Actor: Pedro Luis Vanzina Paez Magistrado Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-4510","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentencias-1999"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4510","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4510"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4510\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4510"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4510"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/corteconstitucionalcronologico202454587\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4510"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}