C-992-99<\/p>\n
Sentencia C-992\/99 <\/p>\n
INCONSTITUCIONALIDAD POR CONSECUENCIA\/SUPRESION DE TRAMITES <\/p>\n
Referencia: Expediente D-2555 <\/p>\n
Demanda de inconstitucionalidad contra los art\u00edculos 279 a 304 y 306 a 335 del Decreto 1122 de 1999 <\/p>\n
Actor: Campo El\u00edas Cruz Bermudez <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C., a los nueve (9) d\u00edas del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
SENTENCIA <\/p>\n
en relaci\u00f3n con la demanda de inconstitucionalidad que, en uso de su derecho pol\u00edtico, present\u00f3 el ciudadano Campo Elias Cruz Bermudez, contra los art\u00edculos 279 a 304 y 306 a 335 del Decreto N\u00famero 1122 de junio 26 de 1999, \u201cPor el cual el cual se dictan normas para suprimir tr\u00e1mites, facilitar la actividad de los ciudadanos, contribuir a la eficiencia y eficacia de la Administraci\u00f3n P\u00fablica y fortalecer el principio de la buena fe\u201d. <\/p>\n
I. TEXTO DE LAS NORMAS ACUSADAS <\/p>\n
Dada la extensi\u00f3n de los art\u00edculos demandados, que ya aparecen en otras providencias de esta Corte, el texto de su contenido no ser\u00e1 objeto de transcripci\u00f3n. <\/p>\n
II. LA DEMANDA <\/p>\n
Considera el actor que las normas demandadas vulneran varios preceptos constitucionales y tambi\u00e9n desconocen las reglamentaciones relativas al tema del transporte, las cuales se encuentran contenidas en las leyes 105 de 1993 y 336 de 1996. <\/p>\n
Manifiesta que el texto de algunas normas del Decreto 1122 de 1999 -entre las cuales se\u00f1ala las demandadas-, desbord\u00f3 el estricto contexto del numeral 4 del art\u00edculo 120 de la Ley 489 de 1998 o ley habilitante. <\/p>\n
De igual manera, a juicio del impugnante, el cap\u00edtulo XXIV demandado adiciona y deroga varias disposiciones de la Ley 336 de 1996 denominada Estatuto o C\u00f3digo Nacional de Transporte, y aduce que el art\u00edculo 318 acusado viola lo dispuesto por el 9 de la Ley 105 de 1993. <\/p>\n
En su criterio, las anteriores reglamentaciones jur\u00eddicas tienen la jerarqu\u00eda de ley estatutaria y de ley org\u00e1nica respectivamente, raz\u00f3n por la cual, un decreto, as\u00ed tenga la categor\u00eda de decreto con fuerza de ley, no puede modificar sus preceptos habida cuenta que para tal efecto se requiere de una ley expedida por el Congreso de la Rep\u00fablica y no de un instrumento jur\u00eddico expedido por el Ejecutivo, con base en una ley de facultades extraordinarias. <\/p>\n
III. INTERVENCIONES <\/p>\n
La ciudadana Liliana Mar\u00eda V\u00e1squez S\u00e1nchez, en su calidad de apoderada del Ministerio de Transporte, solicita a la Corte estarse a lo resuelto en la Sentencia C-702 de 1999, mediante la cual se declar\u00f3 inexequible desde la fecha de su promulgaci\u00f3n el art\u00edculo 120 de la Ley 489 de 1998. <\/p>\n
De otro lado, rechaza el argumento del actor, seg\u00fan el cual la Ley 336 de 1996 tiene la categor\u00eda de estatutaria, toda vez que a su juicio se trata de una ley ordinaria y no fue sometida en su oportunidad al cumplimiento de los requisitos se\u00f1alados por el art\u00edculo 152 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION <\/p>\n
El Procurador General de la Naci\u00f3n ha presentado escrito mediante el cual solicita a la Corte declarar inconstitucional el Decreto 1122 de 1999, a partir de la fecha de su publicaci\u00f3n. <\/p>\n
Considera que, como el Decreto-Ley 1122 de 1999 fue proferido con base en las facultades extraordinarias conferidas al Jefe del Estado en el art\u00edculo 120 de la Ley 489 de 1998, y como el referido art\u00edculo fue declarado inexequible por la Corte, el Presidente de la Rep\u00fablica perdi\u00f3 las atribuciones legislativas derivadas de aqu\u00e9llas . <\/p>\n
Afirma el Jefe del Ministerio P\u00fablico que el soporte jur\u00eddico del Decreto 1122 de 1999 ha desaparecido, y sus disposiciones no pueden tener efecto alguno en nuestro ordenamiento, raz\u00f3n por la cual debe ser declarado inconstitucional, ya que se presenta el fen\u00f3meno de la inconstitucionalidad por consecuencia. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISION <\/p>\n
Cosa juzgada constitucional <\/p>\n
Teniendo en cuenta que mediante Sentencia C-923 del 18 de noviembre de 1999 (M.P.: Dr. Alvaro Tafur Galvis) la Corte Constitucional declar\u00f3 inexequible en su totalidad el Decreto objeto de demanda, no puede ahora emitir pronunciamiento alguno al respecto. <\/p>\n
En consecuencia, ha operado el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 C.P.), lo que impondr\u00e1 que se obedezca lo resuelto. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Corte Constitucional de la Rep\u00fablica de Colombia, en Sala Plena, o\u00eddo el concepto del Ministerio P\u00fablico y cumplidos los tr\u00e1mites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
ESTESE A LO RESUELTO por la Corte en Sentencia C-923 del 18 de noviembre de 1999. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional, c\u00famplase y arch\u00edvese el expediente. <\/p>\n
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO <\/p>\n
Presidente <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL ALFREDO BELTRAN SIERRA <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTE MU\u00d1OZ CARLOS GAVIRIA DIAZ <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO FABIO MORON DIAZ <\/p>\n
Magistrado Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA ALVARO TAFUR GALVIS <\/p>\n
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Secretaria General <\/p>\n
Aclaraci\u00f3n de voto a la Sentencia C-992\/99 <\/p>\n
Referencia: Expediente D-2555 <\/p>\n
Demanda de inconstitucionalidad contra los art\u00edculos 279 a 304 y 306 a 335 del Decreto 1122 de 1999 <\/p>\n
Actor: Campo El\u00edas Cruz Bermudez <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO <\/p>\n
Teniendo en cuenta que los suscritos magistrados salvamos nuestro voto respecto de la decisi\u00f3n adoptada mediante la Sentencia C-702 de 1999, que decidi\u00f3 declarar inexequible el art\u00edculo 120 de la ley 489 de 1999, por las razones expuestas en dicho salvamento y a las cuales nos remitimos, en el presente caso nos permitimos aclarar el voto en el sentido de que s\u00f3lo en acatamiento al principio de cosa juzgada, hemos compartido la decisi\u00f3n aqu\u00ed adoptada. <\/p>\n
Fecha ut supra, <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
VLADIMIRO NARANJO MESA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ALVARO TAFUR GALVIS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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