T-023-99<\/p>\n
Sentencia T-023\/99 <\/p>\n
DERECHO DE PETICION-Pronta resoluci\u00f3n y decisi\u00f3n de fondo <\/p>\n
La Corte Constitucional ha manifestado en varias oportunidades, que el derecho de petici\u00f3n es un mecanismo de participaci\u00f3n que otorga la Constituci\u00f3n a las personas para que puedan dirigirse a las autoridades p\u00fablicas, ya sea en inter\u00e9s particular o en inter\u00e9s general, y obtener una contestaci\u00f3n razonable y coherente. La Corte ha venido considerando que las autoridades tienen la obligaci\u00f3n de responder de manera oportuna, clara y precisa las peticiones que ante ella se formulan. En efecto, las contestaciones evasivas, vagas, contradictorias, y en general todas aquellas que tiendan a confundir al interesado, violan el derecho fundamental de petici\u00f3n. <\/p>\n
Reiteraci\u00f3n de Jurisprudencia <\/p>\n
Referencia: Expediente T-184791 <\/p>\n
Peticionario: Enemencia Mart\u00ednez Arias. <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL. <\/p>\n
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C., a los veintid\u00f3s (22) d\u00edas del mes de enero de mil novecientos noventa y nueve(1999). <\/p>\n
La ciudadana Enemencia Mart\u00ednez Arias, interpone acci\u00f3n de tutela contra la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de la ciudad de Barranquilla, por considerar violado su derecho de petici\u00f3n. Manifiesta la actora que en muchas ocasiones se ha dirigido a la mencionada empresa con la finalidad de que se ordene el arreglo de su l\u00ednea telef\u00f3nica y la empresa ha respondido en varias oportunidades confirmando simplemente, que en efecto la l\u00ednea se encuentra en reparaci\u00f3n. <\/p>\n
El fallador de instancia niega la tutela por considerar que los problemas por da\u00f1os de tel\u00e9fono, se resuelven ante la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos y no por v\u00eda de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL <\/p>\n
La Corte Constitucional ha manifestado en varias oportunidades,1 que el derecho de petici\u00f3n es un mecanismo de participaci\u00f3n que otorga la Constituci\u00f3n a las personas para que puedan dirigirse a las autoridades p\u00fablicas, ya sea en inter\u00e9s particular o en inter\u00e9s general, y obtener una contestaci\u00f3n razonable y coherente.2 <\/p>\n
La Corte ha venido considerando en su abundante jurisprudencia3 que las autoridades tienen la obligaci\u00f3n de responder de manera oportuna, clara y precisa las peticiones que ante ella se formulan. En efecto, las contestaciones evasivas, vagas, contradictorias, y en general todas aquellas que tiendan a confundir al interesado, violan el derecho fundamental de petici\u00f3n. Tales apreciaciones son aplicables al caso que ahora se estudia, pues es necesario anotar que pese a las respuestas dadas por la administraci\u00f3n a la ciudadana demandante, no existe ninguna que resuelva lo referente a lo pedido y siembra por el contrario, en la actora una esperanza sobre su eventual respuesta. As\u00ed, pues, dicho estado de indefinici\u00f3n constituye vulneraci\u00f3n del derecho consagrado en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
En efecto, como lo ha expuesto la Corte Constitucional, en estos casos es preciso hacer siempre un juicio l\u00f3gico comparativo entre lo pedido y lo resuelto, para establecer claramente si se trata o no de una verdadera contestaci\u00f3n, pues como lo afirm\u00f3 la Corte en sentencia T-418 de 1992 (M.P: Dr. Jaime San\u00edn Greiffenstein), tal derecho no se satisface si no se toma “una posici\u00f3n de fondo, clara y precisa por el competente”. <\/p>\n
Se reitera lo siguiente: <\/p>\n
“Desde el punto de vista jur\u00eddico, entre otros significados que no vienen al caso, “resolver” representa adoptar una decisi\u00f3n o dilucidar un litigio o controversia, en ambos casos con efectos vinculantes. Lo segundo corresponde, en principio, a las autoridades judiciales y lo primero, normalmente, a quien cumple funci\u00f3n administrativa. <\/p>\n
En lo relativo al derecho de petici\u00f3n, la autoridad ante la cual se ejerce est\u00e1 obligada a resolver, pues, por contrapartida, el peticionario tiene la garant\u00eda constitucional de “obtener pronta resoluci\u00f3n”. <\/p>\n
Considera la Corte que el derecho de petici\u00f3n no tendr\u00eda sentido si se entendiera que la autoridad ante quien se presenta una solicitud respetuosa cumple su obligaci\u00f3n notificando o comunicando una respuesta apenas formal en la que no se resuelva sobre el asunto planteado. El derecho de petici\u00f3n lleva impl\u00edcito un concepto de decisi\u00f3n material, real y verdadero, no apenas aparente. Por tanto, se viola cuando, a pesar de la oportunidad de la respuesta, en \u00e9sta se alude a temas diferentes de los planteados o se evade la determinaci\u00f3n que el funcionario deba adoptar”. (Cfr. Corte Constitucional .Sala Quinta de Revisi\u00f3n. Sentencia T-575 del 14 de diciembre de 1994) <\/p>\n
Y en relaci\u00f3n con el contenido de las respuestas la Corte tambi\u00e9n ha precisado: <\/p>\n
“… la respuesta aparente pero que en realidad no niega ni concede lo pedido, desorienta al peticionario y le impide una m\u00ednima certidumbre acerca de la conducta que debe observar frente a la administraci\u00f3n y respecto de sus propias necesidades o inquietudes: no puede hacer efectiva su pretensi\u00f3n, pero tampoco tiene la seguridad de que ella sea fallida. <\/p>\n
Tal circunstancia hace in\u00fatil el derecho fundamental del que se trata y, por tanto, cuando ella se presenta, debe considerarse vulnerado el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica\u2026\u201d (T-206 de 1997). <\/p>\n
Se observa en el expediente que la entidad no ha respondido de manera clara y precisa las peticiones de la actora, y ha aparentado dar una respuesta, cuando en el fondo el problema contin\u00faa sin resolver. No corresponde a esta revisi\u00f3n constitucional indicar el contenido de la respuesta que la entidad debe dar, pero s\u00ed el deber que tiene la autoridad administrativa de responder el fondo del asunto planteado por la peticionaria. Por las consideraciones que anteceden, se concede la acci\u00f3n de tutela para ordenar que se profiera la respuesta faltante. <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla. <\/p>\n
Segundo. CONCEDER la tutela del derecho fundamental de petici\u00f3n. En consecuencia, se ordena al Gerente de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla, si a\u00fan no lo ha hecho, resolver la petici\u00f3n presentada por la actora dentro del t\u00e9rmino de 48 horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia. <\/p>\n
Tercero. L\u00cdBRENSE las comunicaciones de que trata el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos all\u00ed contemplados. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, c\u00famplase e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional. <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL EDURADO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado Ponente Magistrado <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA DIAZ MARTHA VICTORIA S\u00c1CHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Magistrado Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
1 Cfr. sentencias T-495 de 1992; T-10, T-267, T-476 de 1993; T-137, T-279 de 1994; T-204 de 199,T-389,T- 304, T-370, T-392 , T-288, T-390; T-296, T-360, T-368 y T-392 de 1997 <\/p>\n
2 Cfr. sentencia T-365 de 1997.M.P. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo. <\/p>\n
3 Ver Sentencia T-296 de 1997, reiterada por los fallos: T-363 de 1997, T-368 de 1997, T-370 de 1997, T-392 de 1997, T-498 de 1997, T-505 de 1997, T-506 de 1997, T-544 de 1997, T-545 de 1997, T-628 de 1997, T-629 de 1997, T-631 de 1997, T-634 de 1997, T-637 de 1997 y T-068 de 1998. <\/p>\n
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