T-024-99<\/p>\n
Sentencia T-024\/99 <\/p>\n
REVOCACION UNILATERAL DE ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR Y CONCRETO-Consentimiento expreso y escrito del titular <\/p>\n
PENSION DE JUBILACION-Revocaci\u00f3n sin consentimiento expreso y escrito del titular <\/p>\n
Reiteraci\u00f3n de Jurisprudencia <\/p>\n
Referencia: Expediente T-185186 <\/p>\n
Peticionaria: Fanny Henao Alzate. <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL. <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., enero veintid\u00f3s (22) de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
La actora estuvo vinculada al Municipio de Andes (Antioquia) del 17 de marzo de 1967 al 3 de octubre de 1993 y del 5 de enero de 1995 al 31 de diciembre de 1997. El 13 de junio de 1996 cumpli\u00f3 50 a\u00f1os de edad y el Alcalde del citado municipio, mediante Resoluci\u00f3n No. 898 del 28 de abril de 1998, le reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n. Dicha resoluci\u00f3n qued\u00f3 debidamente ejecutoriada, pero sorpresivamente y sin contar con su consentimiento, el Alcalde, mediante resoluci\u00f3n 1773 del 2 de agosto de 1998, revoc\u00f3 el citado acto administrativo, aduciendo que el respeto a las condiciones de los Acuerdos Municipales s\u00f3lo hab\u00eda tenido efecto hasta el 30 de junio de 1995, por lo que no le eran aplicables reg\u00edmenes de transici\u00f3n. Adem\u00e1s se\u00f1al\u00f3 que la actora no se encontraba afiliada al r\u00e9gimen de prima media de prestaci\u00f3n definida. Se\u00f1ala la demandante que \u201ctal decisi\u00f3n del municipio atenta contra derechos fundamentales y me deja en una condici\u00f3n sumamente dif\u00edcil, si se tiene en cuenta que se est\u00e1 revocando una decisi\u00f3n que hab\u00eda generado un derecho adquirido y era la base de mi sustento diario \u201c. <\/p>\n
En primera instancia el Tribunal Superior de Antioquia, al conceder la tutela, consider\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201cComo lo plantea la Corte, si la administraci\u00f3n en el otorgamiento de una prestaci\u00f3n de car\u00e1cter subjetivo incurre en un error de hecho o de derecho lo jur\u00eddico es demandar la nulidad del acto administrativo. En conclusi\u00f3n, se puede indicar que la revocatoria de un acto administrativo de car\u00e1cter subjetivo, sin autorizaci\u00f3n expresa de la persona que beneficia y sin que se tipifiquen las causales legales que pueden dar lugar al tal revocatoria, constituye una v\u00eda de hecho que viola el debido proceso administrativo, y por tanto cabe la protecci\u00f3n constitucional al debido proceso administrativo \u201c. <\/p>\n
La Corte Suprema de Justicia, en decisi\u00f3n de segunda instancia, consider\u00f3 que es la jurisdicci\u00f3n contenciosa la llamada a decidir sobre la legalidad de los actos emitidos por la Administraci\u00f3n, luego la tutela en sede constitucional no est\u00e1 llamada a prosperar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE. <\/p>\n
En el presente caso es preciso reiterar la jurisprudencia sentada por esta Corporaci\u00f3n y el M\u00e1ximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el sentido de que falta la administraci\u00f3n al debido proceso y al principio de buena fe consagrados en los art\u00edculos 29 y 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, respectivamente, cuando revoca directamente y sin el consentimiento previo y escrito del titular del derecho comprometido, invocando el art\u00edculo 69 del C\u00f3digo Contencioso Administrativo, sus propios actos de contenido particular y concreto, no obtenidos por medios fraudulentos ni procedentes del silencio administrativo positivo.1 <\/p>\n
En los casos que esta Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 por medio de las sentencias citadas, similares al que ahora se decide, la tutela procedi\u00f3 para evitar un perjuicio irremediable, que se configur\u00f3, sin lugar a dudas, por la violaci\u00f3n del m\u00ednimo vital de los demandantes, representado en una prestaci\u00f3n econ\u00f3mica m\u00ednima y \u00fanica que hab\u00edan perdido por la revocatoria directa de una acto administrativo expreso y no obtenido por medios ilegales. As\u00ed, la Corte orden\u00f3 el restablecimiento de esa prestaci\u00f3n que constitu\u00eda el m\u00ednimo vital para sus beneficiarios y oblig\u00f3 a la administraci\u00f3n a demandar su propio acto, para que la jurisdicci\u00f3n definiera si era o no ajustado a derecho. En el caso resuelto en la sentencia T-246\/97, por ejemplo, el demandante, por la revocatoria, perdi\u00f3 el derecho a la pensi\u00f3n de invalidez que ven\u00eda percibiendo desde cierto tiempo y, por raz\u00f3n de su invalidez, no pod\u00eda generar ning\u00fan otro ingreso. En las sentencias T-347de 1994, T-336 y T-611 de 1997, la administraci\u00f3n hab\u00eda revocado la pensi\u00f3n de personas de la tercera edad, quit\u00e1ndoles el \u00fanico ingreso con el que contaban y que ven\u00edan percibiendo efectivamente, quienes, por raz\u00f3n de la edad, no pod\u00edan acceder a otra forma de subsistencia. Lo propio suced\u00eda en recientes sentencias revisadas por esta Corporaci\u00f3n mediante fallos en T-441 de 1998 M. P. Dr. Antonio Barrera Carbonell y T- 720 de 1998 M.P. Alfredo Beltr\u00e1n Sierra <\/p>\n
Como ya lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, los particulares no tienen por qu\u00e9 correr con las consecuencias negativas de los errores de las entidades p\u00fablicas y, cuando tienen derechos a su favor, creados por actos de la Administraci\u00f3n – se les debe garantizar, como lo hace el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, que tales derechos permanecer\u00e1n inc\u00f3lumes en tanto no haya una decisi\u00f3n judicial que los desvirt\u00fae, previas las reglas del debido proceso.(T-347 de 1994 reiterada recientemente en T-441 de 1998 M. P. Dr. Antonio Barrera Carbonell y T- 720 de 1998 M.P. Alfredo Beltr\u00e1n Sierra ). <\/p>\n
Por lo anterior, se tutelar\u00e1 el derecho de la demandante confirmando as\u00ed el fallo de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero. REVOCAR el fallo de segunda instancia y en su lugar CONFIRMAR la sentencia del 27 de agosto de 1998, expedida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia. <\/p>\n
Segundo. L\u00cdBRENSE por la Secretar\u00eda General de esta Corporaci\u00f3n, las comunicaciones de que trata el art\u00edculo 36 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
C\u00f3piese, comun\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c\u00famplase. <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado Ponente Magistrado <\/p>\n
CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ MARTHA VICTORIA S\u00c1CHICA DE MONCALEANO <\/p>\n
Magistrado Secretaria General <\/p>\n
<\/p>\n
1 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisi\u00f3n, sentencia T-347 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Sala Primera de Revisi\u00f3n, sentencia T-315 de 1996, M.P. Jorge Arango Mej\u00eda. Sala Quinta de Revisi\u00f3n, sentencias T-246 de 1996 y T-336 de 1997, M.P. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo. Sala Sexta de Revisi\u00f3n, sentencias T-376 de 1996 y T-611 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara. Sala Novena de Revisi\u00f3n, sentencia T-639 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. <\/p>\n
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