T-045-99<\/p>\n
Sentencia T-045\/99 <\/p>\n
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias laborales\/DERECHO AL MINIMO VITAL DEL TRABAJADOR-Pago oportuno de salarios\/ADMINISTRACION MUNICIPAL-Situaci\u00f3n econ\u00f3mica y presupuestal no es \u00f3bice para desconocer obligaciones laborales <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que ante la ineficacia del medio laboral ordinario, es procedente la acci\u00f3n de tutela para el pago de acreencias laborales de manera excepcional cuando se afecta el m\u00ednimo vital de vida protegiendo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas tal como lo consagra el art\u00edculo 25 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Adem\u00e1s se tiene en cuenta que cuando el empleador es la Administraci\u00f3n la situaci\u00f3n econ\u00f3mica y presupuestal que afronta el Municipio, no es excusa para el desconocimiento de las obligaciones laborales. <\/p>\n
DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS-Pago oportuno y completo de salarios <\/p>\n
PREVENCION EN TUTELA-Pago oportuno de salarios\/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Pago de salarios atrasados <\/p>\n
Reiteraci\u00f3n de Jurisprudencia <\/p>\n
Referencia: Expediente T-191698 <\/p>\n
Acci\u00f3n de Tutela de Zonalys Francisca Pianeta Orozco y Fabiola Contreras Narvaez, Mar\u00eda Fern\u00e1ndez Mej\u00eda, Luz Mery Herrera Torregrosa y Merlis del Carmen Herrera en contra de Municipio de Calamar -Bol\u00edvar- <\/p>\n
<\/p>\n
Procedencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Secci\u00f3n Cuarta. <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. ALFREDO BELTR\u00c1N SIERRA. <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., febrero cuatro (4) de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
La Sala Primera de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alfredo Beltr\u00e1n Sierra, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz, decide sobre el fallo proferido por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo. <\/p>\n
El expediente lleg\u00f3 a la Corte Constitucional, por remisi\u00f3n que hizo el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en virtud de lo ordenado por el art\u00edculo 31 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
Las actoras presentaron el quince (15) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998) acci\u00f3n de tutela ante el Tribunal Administrativo de Bol\u00edvar, en contra el Municipio de Calamar, por los hechos que a continuaci\u00f3n se resumen: <\/p>\n
A. Hechos <\/p>\n
1. Las demandantes laboran al servicio del Municipio demandado, como educadoras vinculadas en propiedad y afirman que la Administraci\u00f3n cancela los salarios con mora hasta de seis meses, incumpliendo las normas vigentes sobre el manejo de recursos para la educaci\u00f3n y el pago de servicios personales a educadores municipales. As\u00ed mismo afirman que en la actualidad el Municipio les adeuda el pago de salarios correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 1997, prima de vacaciones de 1997. Igualmente se adeudan los meses de abril, mayo, junio, julio de 1998 y prima de vacaciones de 1998, situaci\u00f3n \u00e9sta que pone en peligro su subsistencia y la de sus familias. <\/p>\n
2. La Administraci\u00f3n Municipal demandada, a trav\u00e9s de su representante legal sostuvo que \u201cal Municipio le ha sido imposible cumplir de manera oportuna, las obligaciones salariales, contraidas con los educadores y dem\u00e1s empleados y trabajadores del municipio, por la enorme crisis financiera y presupuestal que atraviesa, que no le permite disponer de los recursos para afrontar estas obligaciones. Situaci\u00f3n generada por las grandes deudas bancarias contraidas cuyos intereses afectan casi la totalidad de los recursos provenientes de la Naci\u00f3n a t\u00edtulo de transferencia. (folio 13 y 14) <\/p>\n
B. La demanda de tutela. <\/p>\n
Las actoras solicitan la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la vida, la integridad f\u00edsica, y el trabajo en condiciones dignas y justas, que consideran vulnerados con la conducta asumida por la Administraci\u00f3n Municipal. En consecuencia, solicitan se ordene al Alcalde Municipal de Calamar (Bol\u00edvar) que cancele la totalidad de las acreencias laborales adeudadas, y en el futuro el pago oportuno de su salarios, poniendo de presente la dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica en la que se encuentran junto con sus familias. <\/p>\n
C. Sentencia de primera instancia. <\/p>\n
Mediante sentencia del dos (2) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998), el Tribunal Administrativo de Bol\u00edvar deneg\u00f3 la tutela solicitada, argumentando que la situaci\u00f3n econ\u00f3mica y financiera presentada en la Administraci\u00f3n Municipal hace imposible cancelar a todos y cada uno de los funcionarios y empleados los sueldos adeudados. As\u00ed mismo afirma que en una anterior oportunidad concedi\u00f3 la tutela que ante su despacho presentaron otros trabajadores municipales en condiciones similares, sin embargo, en esa ocasi\u00f3n, tutel\u00f3 los derechos fundamentales de los actores, por desconocimiento de la crisis financiera presentada en el Municipio. Finalmente afirma que la Alcald\u00eda Municipal cancel\u00f3 previa conciliaci\u00f3n, un mes de salario a los docentes municipales y un mes al personal de n\u00f3mina de los siete meses adeudados, con lo cual, pudo aliviarse en algo a todo el grupo de personas que se encontraban en la misma situaci\u00f3n. <\/p>\n
D. Impugnaci\u00f3n <\/p>\n
Mediante escrito presentado el cinco (5) de octubre de 1998 (folio 104), las actoras impugnaron el fallo del a-quo, al considerar contradictoria la sentencia del Tribunal Administrativo de Bol\u00edvar, puesto que en el mismo despacho se tutel\u00f3 los derechos de otros trabajadores que se encontraban en su misma situaci\u00f3n. Raz\u00f3n por la que, solicitan se revoque la providencia impugnada protegiendo adem\u00e1s su derecho a la igualdad. <\/p>\n
E. Sentencia de segunda instancia. <\/p>\n
Por medio de sentencia de noviembre seis (6) de mil novecientos noventa y ocho (1998), la Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Cuarta del Consejo de Estado, revoc\u00f3 y en su lugar rechazo por improcedente la acci\u00f3n de tutela presentada, argumenta en su providencia que \u201cel derecho al pago de salarios por servicios prestados no es por si s\u00f3lo un derecho fundamental susceptible de protecci\u00f3n, si bien es cierto la Corte Constitucional ha concedido la acci\u00f3n de tutela por el no pago oportuno de los salarios, esto ha sido en casos excepcionales. Cita como ejemplo la sentencia T-606 de 1995 y concluye que en esa oportunidad la peticionaria estaba en estado de gestaci\u00f3n, circunstancia especial que en este caso no se contempla. <\/p>\n
Por otra parte considera que la Administraci\u00f3n Municipal esta adelantando gestiones con el fin de conseguir los recursos necesarios para efectuar los pagos adeudados a las actoras y dem\u00e1s servidores del Municipio quienes cuentan con otros mecanismos de defensa judicial como son las acciones derivadas de la relaci\u00f3n laboral existente entre ellos y el Municipio de Calamar. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL <\/p>\n
Primera. Competencia. <\/p>\n
La Sala es competente para decidir, de conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 241, numeral 9\u00ba, de la Constituci\u00f3n, en armon\u00eda con los art\u00edculos 33, 34 y 35 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Segundo. Asunto que se reitera <\/p>\n
Es as\u00ed como la jurisprudencia de esta Corte ha expresado al analizar casos similares, Sentencia T-165 de 1998 M.P. Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz que: <\/p>\n
\u201cFrente a situaciones an\u00e1logas a las que aqu\u00ed se revisan, ha hecho \u00e9nfasis la Corte Constitucional en que el pago peri\u00f3dico y completo del salario pactado constituye un derecho del trabajador y una obligaci\u00f3n a cargo del patrono, cuyo incumplimiento afecta los derechos a la subsistencia y al trabajo en condiciones dignas y justas. <\/p>\n
\u201cLa periodicidad y oportunidad de la remuneraci\u00f3n buscan precisamente retribuir y compensar el esfuerzo realizado por el trabajador, con el fin de procurarle los medios econ\u00f3micos necesarios para una vida digna y acorde con sus necesidades. Es por ello que el incumplimiento en su pago, ya sea por mora o por omisi\u00f3n, afectan gravemente a trabajadores como los que en este evento demandan, que solo cuentan con los ingresos que perciben de su actividad como docentes del Departamento y que deben soportar adem\u00e1s del impacto de una econom\u00eda inflacionaria y de la p\u00e9rdida del poder adquisitivo de la moneda, el fracaso de no lograr cr\u00e9ditos y pr\u00e9stamos que solventen su precaria situaci\u00f3n, en un Departamento que padece serias crisis financieras. <\/p>\n
\u201cHa reiterado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n que el amparo de los derechos fundamentales, como los que aqu\u00ed se solicitan, es viable cuando el motivo de la violaci\u00f3n es la negligencia u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas ocasionada en los eventos en que conociendo la necesidad de cumplir con los compromisos y acuerdos laborales, como el efectuado en estos casos entre la Gobernaci\u00f3n y la Asociaci\u00f3n de Educadores del Putumayo, la administraci\u00f3n no paga los salarios de sus trabajadores y con ello afecta su m\u00ednimo vital, lesiona el derecho al trabajo y compromete otros como la seguridad social y la vida. <\/p>\n
\u201cCorresponde entonces a las entidades p\u00fablicas, efectuar con la debida antelaci\u00f3n, todas las gestiones presupuestales y de distribuci\u00f3n de partidas que sean indispensables para garantizar a sus trabajadores el pago puntual de la n\u00f3mina. Cuando la administraci\u00f3n provee un cargo est\u00e1 abocada a verificar la existencia del rubro presupuestal que le permita sufragar la respectiva asignaci\u00f3n, y de ah\u00ed que su negligencia no excuse la afectaci\u00f3n de los derechos pertenecientes a los asalariados -docentes, sobre quienes no pesa el deber jur\u00eddico de soportarla. <\/p>\n
\u201cPor tanto, esta Sala de Revisi\u00f3n amparar\u00e1 la protecci\u00f3n de los docentes afectados en el caso presente para garantizar el pago oportuno de sus salarios, pese a la existencia de otros medios de defensa, no tan eficaces como la tutela, para neutralizar los perjuicios irrogados a los trabajadores y la consiguiente violaci\u00f3n de sus derechos fundamentales. As\u00ed ha procedido la Corte Constitucional en casos similares en donde ha tutelado los derechos invocados en los siguientes fallos: T-167 de 1994, T-063 de 1995, T-146 de 1996, T-565 de 1996, T-641 de 1996, y T-006 de 1997. <\/p>\n
\u201cFinalmente se recuerda, que si bien la ejecuci\u00f3n de partidas presupuestales es en principio, ajena a los alcances de la acci\u00f3n de tutela, resulta procedente siempre que la causa de la vulneraci\u00f3n de los derechos constitucionales sea la omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica que, conocedora de sus compromisos, evade el adelantamiento oportuno y eficaz de las medidas enderezadas a satisfacerlos en forma puntual.\u201d <\/p>\n
Pueden verse tambi\u00e9n las sentencias T-234 de 1997, T 399 de 1998,T-754 de 1998, T -775 de 1998 entre otras. <\/p>\n
En el caso concreto, se encuentra probado que la Administraci\u00f3n Municipal con fundamento en la crisis econ\u00f3mica y financiera que atraviesa, cancela los salarios de los docentes con mora hasta de seis meses afectando de manera grave no s\u00f3lo el m\u00ednimo vital de las actoras y sus familias, sino que adem\u00e1s de vulnerar otros derechos fundamentales, incumple con el principio de confianza legitima en las autoridades estatales quienes est\u00e1n en la obligaci\u00f3n de cumplir con sus deberes como empleador. <\/p>\n
Con fundamento en las anteriores consideraciones habr\u00e1 de revocarse el fallo proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Secci\u00f3n Cuarta, que aunque en su providencia asegura revocar el fallo del Tribunal Administrativo de Bol\u00edvar en realidad lo esta confirmando puesto que no concedi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos reclamados por los actores. En consecuencia, se tutelar\u00e1n los derechos fundamentales invocados ordenando al Alcalde Municipal de Calamar -Bol\u00edvar- que si a\u00fan no lo ha hecho, en el termino de 48 horas reanude el pago de los salarios a las demandantes de esta tutela, realizando las gestiones y partidas presupuestales indispensables para ello. As\u00ed mismo se previene al Municipio a fin de que en el futuro cancele oportunamente el salario de los trabajadores, evitando incurrir en las omisiones que dieron origen a est\u00e1 acci\u00f3n. En cuanto al pago de salarios ya causados y no pagados, las tutelantes podr\u00e1n acudir ante la Jurisdicci\u00f3n Ordinaria Laboral. <\/p>\n
III. DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto la Sala Primera de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: REVOCAR la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Secci\u00f3n Cuarta. En consecuencia, se tutelar\u00e1n los derechos fundamentales invocados por las actoras ordenando al Alcalde Municipal de Calamar -Bol\u00edvar- que si a\u00fan no lo ha hecho, en el termino de 48 horas reanude el pago de los salarios a las demandantes de esta tutela, realizando las gestiones y partidas presupuestales indispensables para ello. <\/p>\n
Segundo: PREV\u00c9NGASE al Municipio demandado a fin de que en el futuro cancele oportunamente los salarios de sus trabajadores evitando las omisiones ilegitimas que dieron origen a esta acci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: L\u00cdBRENSE por secretar\u00eda las comunicaciones a que se refiere el art\u00edculo 36 del decreto 2591 de 1991 <\/p>\n
C\u00f3piese, Notif\u00edquese, Ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y C\u00famplase. <\/p>\n
<\/p>\n
ALFREDO BELTRAN SIERRA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ANTONIO BARRERA CARBONELL <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
PABLO ENRIQUE LEAL RUIZ <\/p>\n
Secretario General (E) <\/p>\n
<\/p>\n
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