T-109-99<\/p>\n
Sentencia T-109\/99 <\/p>\n
SISBEN-Autorizaci\u00f3n de intervenci\u00f3n quir\u00fargica <\/p>\n
PREVENCION EN TUTELA-Negligencia de EPS en expedir orden quir\u00fargica <\/p>\n
Reiteraci\u00f3n de Jurisprudencia <\/p>\n
Referencia: Expediente T- 196751 <\/p>\n
Peticionario: Luis Miguel Bonilla Parra <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
Actuando como agente oficiosa de su padre, don Luis Miguel Bonilla Parra, quien por raz\u00f3n de su edad -80 a\u00f1os- y por su grave estado de salud no puede ejercer su propia defensa, la demandante solicita la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales a la vida, a la integridad f\u00edsica y a la salud de su progenitor, quien ha sido v\u00edctima del Instituto de Seguro Social, en tanto que no se le ha autorizado un implante de cadera que requiere con urgencia. <\/p>\n
Sostiene la accionante que tiene inscrito a su padre como beneficiario de los servicios del plan obligatorio de salud que presta el I.S.S., al que cotiza como afiliada dependiente, y que solicit\u00f3 desde el mes de agosto de 1998 la autorizaci\u00f3n del procedimiento quir\u00fargico, sin que hasta la fecha de iniciaci\u00f3n de la tutela (19 de noviembre del mismo a\u00f1o) le haya sido concedida. Por consiguiente y en raz\u00f3n de tener bajos ingresos econ\u00f3micos, agrega, solicit\u00f3 la operaci\u00f3n en el Hospital Universitario la Samaritana de esta ciudad, para que su padre fuera operado con cargo al SISBEN, sistema al que, por su condici\u00f3n econ\u00f3mica, tambi\u00e9n se encuentra inscrito. <\/p>\n
Para llevar a cabo la operaci\u00f3n le exigieron el pago del diez por ciento de cuanto costara y del valor de la pr\u00f3tesis a implementar, pues as\u00ed lo dispone la reglamentaci\u00f3n del SISBEN. Agrega que no tiene dinero con qu\u00e9 cubrir ese diez por ciento y menos para pagar la pr\u00f3tesis que tiene un costo de un mill\u00f3n doscientos mil pesos. <\/p>\n
Por tales razones, solicita la protecci\u00f3n de los derechos invocados y una orden concreta por parte del juez de tutela, para que el I.S.S. expida la autorizaci\u00f3n requerida en un t\u00e9rmino perentorio, pues de tal operaci\u00f3n depende la vida de su padre. <\/p>\n
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., mediante sentencia del 11 de diciembre de 1998, neg\u00f3 el amparo solicitado con el argumento de que se estaba reclamando la protecci\u00f3n de derechos de rango legal y que, adem\u00e1s, \u201cno hay prueba fehaciente que determine la gravedad padecida por el enfermo\u201d. <\/p>\n
En el momento en que fue expedido el fallo en revisi\u00f3n, el padre de la peticionaria ya hab\u00eda sido operado en el Hospital Universitario la Samaritana, pero no por orden del Instituto de Seguro Social que le obligara a asumir el costo del procedimiento, sino por autorizaci\u00f3n del SISBEN, en raz\u00f3n de lo cual la demandante tuvo que acudir a pr\u00e9stamos para cubrir el mill\u00f3n setecientos mil pesos que aproximadamente costaron la operaci\u00f3n y la pr\u00f3tesis, consiguiendo que a su padre le fuera trasplantada la cadera el 4 de diciembre de 1998. <\/p>\n
Por lo tanto, ante la sustracci\u00f3n de materia que se presenta, no existe raz\u00f3n alguna para impartir una orden. No obstante, se verific\u00f3 la efectiva vulneraci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales de la demandante y por ello procede la prevenci\u00f3n a la autoridad causante de ella seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 24 del decreto 2591 de 1991.1 <\/p>\n
En efecto, la negligencia de la entidad en expedir una orden quir\u00fargica, cuando est\u00e1 compelida constitucional y legalmente a prestar todos los servicios propios del sistema de seguridad social en salud, resulta inadmisible frente a un caso como el presente, puesto que se somete a un paciente a un tratamiento indigno.2 <\/p>\n
No es este el \u00fanico caso de que ha tenido conocimiento esta Corporaci\u00f3n en el mismo sentido. En oportunidad anterior, la Sala Octava de Revisi\u00f3n3 previno a la misma entidad, por hechos similares a los que en esta ocasi\u00f3n conoce la Sala, precisamente para que se abstuviera de repetirlos. Adem\u00e1s, no tiene sentido que las empresas promotoras de salud como el I.S.S. reciban oportunamente las cotizaciones de sus afiliados, pero retarden la prestaci\u00f3n de los servicios correspondientes, al punto que, como en el presente caso, los interesados tengan que hacer un gasto adicional a esas cotizaciones, para buscar por su cuenta la prestaci\u00f3n de los servicios que sin justificaci\u00f3n alguna el I.S.S. niega, omite o demora. <\/p>\n
Seg\u00fan lo expresado con anterioridad, el padre de la demandante fue operado el 4 de diciembre de 1998 y, por ende, la Sala encuentra que actualmente ha desaparecido el objeto4 por el que se inici\u00f3 la acci\u00f3n de tutela. Sin embargo, se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n de instancia puesto que en el presente asunto, sin duda, estaban comprometidos los derechos a la vida y a la integridad f\u00edsica del solicitante que, contrario a lo expresado por el Tribunal, tienen car\u00e1cter constitucional fundamental y no simplemente legal. <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero. REVOCAR la sentencia expedida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., el 11 de diciembre de 1998, pero declarar que cesa la presente actuaci\u00f3n por carencia actual de objeto. <\/p>\n
Segundo. PREVENIR una vez m\u00e1s al Instituto de Seguro Social para que en lo sucesivo se abstenga de negar, omitir o retardar la prestaci\u00f3n de los servicios propios de su gesti\u00f3n. <\/p>\n
Tercero. L\u00cdBRENSE por la Secretar\u00eda General de esta Corporaci\u00f3n, las comunicaciones de que trata el art\u00edculo 36 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c\u00famplase. <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado Ponente Magistrado <\/p>\n
JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO PABLO ENRIQUE LEAL RU\u00cdZ <\/p>\n
Magistrado Secretario General (E) <\/p>\n
<\/p>\n
1 T-189 de 1997 y T- 623 de 11997. <\/p>\n
2 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisi\u00f3n, sentencia, T- 499 de 1992, Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz. Sala S\u00e9ptima de Revisi\u00f3n, sentencia T- 645 de 1996, M. P. Alejandro Mart\u00ednez Caballero. Sala Segunda de Revisi\u00f3n , sentencias T-322 de 1997 y 694 de 1998, M. P.. Antonio Barrera Carbonell. Sala Octava de Revisi\u00f3n , sentencias T- 236, T-283,T- 286,T- 290, T- 304 , T- 328 y T- 329 de 1998, M. P. Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz. Sala Novena de Revisi\u00f3n, sentencias T- 489 y T-603 de 1998, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, entre otras. <\/p>\n
3 Sentencia T-347 de 1996, M.P. Julio C\u00e9sar Ort\u00edz Guti\u00e9rrez. <\/p>\n
4 Al respecto ver, entre otras, la sentencia T-421 de 1998, Sala Novena de Revisi\u00f3n, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. <\/p>\n
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