T-235-99<\/p>\n
Sentencia T-235\/99 <\/p>\n
Reiteraci\u00f3n de Jurisprudencia <\/p>\n
Referencia: Expedientes T-196486 <\/p>\n
Peticionarios: Joaqu\u00edn Ort\u00edz Fajardo y Nubia Vanegas de Ort\u00edz <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
Los demandantes, Joaqu\u00edn Ort\u00edz Fajardo y Nubia Vanegas de Ort\u00edz, consideran violados sus derechos fundamentales a la salud, tranquilidad y al medio ambiente sano, por parte de la se\u00f1ora Zoila Rosa Rueda de Zambrano, pues esta \u00faltima viene arrojando a las aguas del r\u00edo Orteguaza (Caquet\u00e1), las aguas servidas y los desperdicios producidos por una porqueriza y varios galpones con pollos que tiene en su finca. La situaci\u00f3n se torna dif\u00edcil toda vez que dichas aguas negras son desechadas por la demandada justo en la bocatoma de la motobomba empleada por los demandantes para extraer agua para su consumo y empleo en la finca. Realizada inspecci\u00f3n judicial, se determin\u00f3 que no se presentan malos olores y que al momento no hab\u00eda ninguna crianza de cerdos. <\/p>\n
Mediante sentencia de primera y \u00fanica instancia se deneg\u00f3 la tutela. El juez consider\u00f3 que de los testimonios tomados a las partes en conflicto, se estableci\u00f3 que entre ellas ya exist\u00edan confrontaciones anteriores. Adem\u00e1s, los derechos colectivos como el del ambiente sano, deben ser protegidos a trav\u00e9s de las acciones populares y no por v\u00eda de tutela. Finalmente, la acci\u00f3n de tutela en estos casos resulta procedente cuando existe una relaci\u00f3n de causalidad entre la actuaci\u00f3n de la parte demandada y la verdadera afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales de otras personas, situaci\u00f3n que no se presenta en \u00e9ste caso. <\/p>\n
En casos similares al que es objeto de revisi\u00f3n,1 se ha se\u00f1alado que cuando una persona se encuentra sometida a la contaminaci\u00f3n del ambiente del lugar donde trabaja o reside, como consecuencia del mal uso que de \u00e9l hacen otros particulares, no s\u00f3lo se vulnera su derecho al ambiente sano, a la vida y a la salud, sino a su propia intimidad.2 En el presente caso, los demandantes no han demostrado afectaci\u00f3n a alguno de los derechos fundamentales mencionados, ni tampoco se evidenci\u00f3 la relaci\u00f3n de causalidad entre la supuesta contaminaci\u00f3n de las aguas por parte de la demandada y la afectaci\u00f3n directa de los derechos de aquellos. Adem\u00e1s, de conformidad con la diligencia judicial surtida en los predios de la demandada, no se advirti\u00f3 mayor desaseo y s\u00f3lo se percibi\u00f3 un cierto olor a gallinaza, el cual es ocasional y causado por el calor. <\/p>\n
Por lo anterior, y visto que no existe afectaci\u00f3n a los derechos fundamentales de los demandantes, as\u00ed como tampoco se demostr\u00f3 la relaci\u00f3n de causalidad entre los olores y generaci\u00f3n de algunos desperdicios propios del campo, con la posible afectaci\u00f3n de los derechos de los mismos actores, la presente Sala de Revisi\u00f3n resuelve confirmar la decisi\u00f3n de instancia. <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida por el 28 de diciembre de 1998, por el Juzgado Primero Penal Municipal de Florencia (Caquet\u00e1), mediante la cual neg\u00f3 la presente tutela. <\/p>\n
Segundo. L\u00cdBRENSE por la Secretar\u00eda General de esta Corporaci\u00f3n, las comunicaciones de que trata el art\u00edculo 36 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
C\u00f3piese, comun\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional c\u00famplase. <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado Ponente Magistrado <\/p>\n
JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO PABLO ENRIQUE LEAL RU\u00cdZ <\/p>\n
Magistrado Secretario General (E) <\/p>\n
<\/p>\n
1 Cfr. sentencias T-503 y T-614 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara ; T-214 de 1998, M.P. Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz, T-022 de 1999 M. P. Antonio Barrera Carbonell, entre otras. <\/p>\n
2 Cfr. sentencia T-219 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz. <\/p>\n
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