T-236-99<\/p>\n
Sentencia T-236\/99 <\/p>\n
DERECHO DE PETICION-N\u00facleo esencial <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n, consagrado en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Nacional, conlleva impl\u00edcito no s\u00f3lo el derecho a presentar peticiones respetuosas, ya sea en inter\u00e9s general o particular, sino tambi\u00e9n el derecho a obtener una respuesta clara y precisa del asunto sometido a su consideraci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino previsto por la ley. <\/p>\n
Reiteraci\u00f3n de Jurisprudencia <\/p>\n
Referencia: Expedientes acumulados T-197037 y T-197038 <\/p>\n
Peticionarios: Iv\u00e1n Rodolfo Padilla Zequeira y Jaime Ramos Rojas <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C., a los diecis\u00e9is (16) d\u00edas del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
Los se\u00f1ores Iv\u00e1n Rodolfo Padilla Zequeira y Jaime Ramos Rojas, incoan tutela en contra de la Junta Seccional de Escalaf\u00f3n del Departamento del Cesar, con el fin de lograr la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al trabajo,a la igualdad, a la libertad de escoger profesi\u00f3n u oficio, a la libertad de ense\u00f1anza, al debido proceso y a la vida. Manifiestan que durante el a\u00f1o de 1997 adelantaron cursos de profesionalizaci\u00f3n en la Normal Mixta Marina Ariza de Sabanalarga, en donde se les otorg\u00f3 el derecho para inscribirse en el escalaf\u00f3n docente, por haber acreditado su t\u00edtulo de bachilleres pedag\u00f3gicos. En raz\u00f3n al t\u00edtulo obtenido, el 23 de octubre del mismo a\u00f1o, solicitaron a la entidad demandada la inscripci\u00f3n en el escalaf\u00f3n nacional docente y, hasta el momento de interponer la tutela, no hab\u00edan obtenido respuesta alguna, a pesar de que la Ley 115 de 1994 – ley general de educaci\u00f3n – establece en su art\u00edculo 123 que las solicitudes de inscripci\u00f3n deben ser resueltas en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de dos meses. <\/p>\n
El Juzgado Promiscuo Municipal de San Diego -Cesar-, mediante providencias del veintinueve (29) de septiembre de 1998, deneg\u00f3 el amparo solicitado, al determinar que la Escuela Normal Marina Ariza de Sabanalarga, para la fecha en que les otorg\u00f3 a los peticionarios el t\u00edtulo de bachilleres pedag\u00f3gicos, no estaba facultada para hacerlo, seg\u00fan se desprende de la comunicaci\u00f3n enviada por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, en el cual se establece que los cursos adelantados por la Escuela carecen de validez; por lo tanto, si el curso que adelantaron los accionantes es ilegal, de \u00e9ste no pueden nacer derechos fundamentales, porque la ilegalidad no genera ninguna clase de derecho. <\/p>\n
En los casos objeto de revisi\u00f3n, se deduce de la exposici\u00f3n de los hechos que hacen los demandantes y de las pretensiones formuladas, que lo que se persigue con las tutelas es obtener respuesta a la solicitud que elevaran desde el 23 de octubre de 1997 a la Junta Seccional de Escalaf\u00f3n del Departamento del Cesar en aras de obtener la inscripci\u00f3n en el escalaf\u00f3n nacional docente. <\/p>\n
En reiterada jurisprudencia, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que el n\u00facleo esencial1 del derecho de petici\u00f3n, consagrado en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Nacional, conlleva impl\u00edcito no s\u00f3lo el derecho a presentar peticiones respetuosas, ya sea en inter\u00e9s general o particular, sino tambi\u00e9n el derecho a obtener una respuesta2 clara y precisa del asunto sometido a su consideraci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino previsto por la ley. <\/p>\n
Por otra parte, se observa que los jueces de instancia niegan las tutelas con el argumento que se resume en la f\u00f3rmula \u201cacto ilegal no es fuente de derechos fundamentales\u201d. Aunque la Corte comparte el principio que inspira la afirmaci\u00f3n de los jueces, no sobra advertir que los derechos fundamentales se consagran en la Constituci\u00f3n y en los tratados internacionales en la materia (C. P.art. 93 )3, o se deducen de la persona humana (C.P. art.94)4. De ah\u00ed que no resulte admisible considerar que los derechos fundamentales \u201cnazcan\u201d de actos particulares o de normas legales, como se desprende de la ecuaci\u00f3n planteada. Por lo tanto, la afirmaci\u00f3n de los jueces carece de todo asidero, a la luz de la Carta, la jurisprudencia de la Corte y la doctrina imperante. <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero. REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Diego -Cesar-, el d\u00eda veintinueve (29) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), y en su lugar CONCEDER la tutela del derecho de petici\u00f3n de los se\u00f1ores IVAN RODOLFO PADILLA ZEQUEIRA y JAIME RAMOS ROJAS, contra la Junta Seccional de Escalaf\u00f3n del Departamento del Cesar. <\/p>\n
Segundo. ORDENAR a la Junta Seccional de Escalaf\u00f3n del Departamento del Cesar, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contados a partir de la notificaci\u00f3n de la presente providencia si a\u00fan no lo ha hecho, proceda a resolver de fondo las peticiones elevadas por los se\u00f1ores IVAN RODOLFO PADILLA ZEQUEIRA y JAIME RAMOS ROJAS <\/p>\n
Tercero. L\u00cdBRENSE las comunicaciones previstas en el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y publ\u00edquese e ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional. <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado Ponente Magistrado <\/p>\n
JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO PABLO ENRIQUE LEAL RU\u00cdZ <\/p>\n
<\/p>\n
1 Cfr. Sentencias T-021, T-167, T-209,T-301 y T-439 de 1998 <\/p>\n
2 Cfr. Sentencias T-365, T-468, T-469, T-471, T-472,T-490, T-529,T-549,T-551,T-632,T-637y T-682. <\/p>\n
3 Ver T- 02 de 1992, T- 406 de 1992, y SU 111 de 1997 . <\/p>\n
4 Cfr. T- 02 de 1992 <\/p>\n
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