T-244-99<\/p>\n
Sentencia T-244\/99 <\/p>\n
ACCION DE TUTELA-Carencia actual de objeto <\/p>\n
DERECHO A LA VIDA-Demora en autorizaci\u00f3n de pr\u00e1ctica de examen catalogado como urgente <\/p>\n
No es normal que se retrase la autorizaci\u00f3n de cirug\u00edas, ex\u00e1menes o tratamientos que los mismos m\u00e9dicos recomiendan, con car\u00e1cter urgente, pues ello va en contra de los derechos a la vida y a la integridad f\u00edsica de los afiliados no solamente cuando se demuestre que sin ellos el paciente puede morir o perder un miembro de su cuerpo, sino tambi\u00e9n cuando implican la demora injustificada en el diagn\u00f3stico y, por consiguiente, en la iniciaci\u00f3n del tratamiento que pretende el restablecimiento de la salud perdida o su consecuci\u00f3n. <\/p>\n
Referencia: Expediente T-196582 <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Sentencia aprobada en Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., a los diecis\u00e9is (16) d\u00edas del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
La demandante se encuentra afiliada al Instituto de Seguros Sociales de la Seccional Antioquia, en contra de quien dirige la presente acci\u00f3n. Afirma que uno de sus m\u00e9dicos le orden\u00f3 con car\u00e1cter urgente la pr\u00e1ctica de una gamagraf\u00eda tiroidea, para determinar con exactitud qu\u00e9 enfermedad padece y cu\u00e1l es el tratamiento a seguir. Agrega que en el momento de iniciar la tutela -septiembre de 1998- llevaba un mes esperando la autorizaci\u00f3n, sin ninguna respuesta por parte del Seguro. <\/p>\n
En \u00fanica instancia, el Juzgado 3\u00ba Civil del Circuito de Medell\u00edn deneg\u00f3 el amparo solicitado. Considera que no existe prueba de la urgencia con la que se requiere el examen, lo cual permite concluir que no est\u00e1n de por medio la vida o la integridad f\u00edsica de la peticionaria y, por consiguiente, la tutela es improcedente. <\/p>\n
Con posterioridad a la expedici\u00f3n del fallo, el 29 de octubre de 1998, el I.S.S. alleg\u00f3 al expediente el informe que el a quo le hab\u00eda solicitado, en donde explica que el examen especializado requerido por la demandante ya fue autorizado para ser practicado en el hospital San Vicente de Pa\u00fal de Medell\u00edn, debiendo ella, entonces, \u201cpresentarse al grupo de tutelas por la orden, el registro presupuestal y las instrucciones pertinentes para la atenci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Aunque la Sala se encuentra frente a un hecho superado, pues la pretensi\u00f3n de la demandante ya fue satisfecha1, observa que existieron irregularidades en la expedici\u00f3n de la autorizaci\u00f3n reclamada, en vista de que fue necesaria la tutela para conseguirla. No es normal que se retrase la autorizaci\u00f3n de cirug\u00edas, ex\u00e1menes o tratamientos que los mismos m\u00e9dicos del I.S.S. recomiendan, con car\u00e1cter urgente, pues ello va en contra de los derechos a la vida y a la integridad f\u00edsica de los afiliados no solamente cuando se demuestre que sin ellos el paciente puede morir o perder un miembro de su cuerpo, sino tambi\u00e9n cuando implican la demora injustificada en el diagn\u00f3stico y, por consiguiente, en la iniciaci\u00f3n del tratamiento que pretende el restablecimiento de la salud perdida o su consecuci\u00f3n2. <\/p>\n
En el caso sujeto a revisi\u00f3n y a falta de prueba en contrario, se tiene que la demandante requer\u00eda la gamagraf\u00eda tiroidea con car\u00e1cter urgente. El juez de instancia debi\u00f3 conceder la tutela de los derechos a la vida y a la salud, pues los m\u00e9dicos del I.S.S. ordenaron dicho examen para determinar con certeza la enfermedad y el tratamiento a seguir, cuyo retardo se debi\u00f3 a la demora en la autorizaci\u00f3n correspondiente, que no permiti\u00f3 descartar oportunamente un riesgo para la salud, la vida o la integridad f\u00edsica de la demandante, lo cual constituye violaci\u00f3n de tales derechos constitucionales3. <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero. CONFIRMAR por las razones expuestas, la sentencia expedida por el Juzgado 3 Civil del Circuito de Medell\u00edn el 19 de octubre de 1998. <\/p>\n
Segundo. L\u00cdBRENSE por Secretaria General de esta Corporaci\u00f3n, las comunicaciones de que trata el art\u00edculo 36 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c\u00famplase. <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado Ponente Magistrado <\/p>\n
JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO PABLO ENRIQUE LEAL RU\u00cdZ <\/p>\n
Magistrado Secretario General (E) <\/p>\n
<\/p>\n
1 Decreto 2591 de 1991, art\u00edculo 26. <\/p>\n
2 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisi\u00f3n, sentencia T-489 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. <\/p>\n
3 Como lo dispusieron la Sala Octava de Revisi\u00f3n en la sentencia T-329 de 1998, M.P. Fabio Mor\u00f3n D\u00edaz, y la Sala Novena de Revisi\u00f3n en la sentencia T-560 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. <\/p>\n
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