T-283-99<\/p>\n
Sentencia T-283\/99 <\/p>\n
ACCION DE TUTELA-Improcedencia general pago de acreencias laborales <\/p>\n
DERECHO AL MINIMO VITAL DE LOS TRABAJADORES-Pago oportuno de salarios <\/p>\n
ADMINISTRACION MUNICIPAL-Pago de salarios previa disponibilidad presupuestal o inicio de diligencias para su consecuci\u00f3n <\/p>\n
Reiteraci\u00f3n de Jurisprudencia <\/p>\n
Referencia: Expediente T-199707 <\/p>\n
Peticionario:Jorge Segundo Moscote Campo <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C., a los veintinueve (29 ) d\u00edas del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
El actor, es docente del Municipio de Riohacha (Guajira) y act\u00faa en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus hijos menores, reclamando el pago de 14 mensualidades que el ente territorial no ha sufragado desde el a\u00f1o 1997. Considera vulnerados sus derechos a la vida, seguridad social y trabajo. La Alcaldesa del Municipio accionado respondi\u00f3 se\u00f1alando que la grave crisis que atraviesa el Municipio no le permite efectuar los pagos a sus empleados; sin embargo, actualmente se encuentran en tr\u00e1mite varios prestamos bancarios para cubrir la carga laboral. <\/p>\n
<\/p>\n
La sentencia de instancia, proferida por el Tribunal Superior de Riohacha consider\u00f3 que la falta de 14 mensualidades no afecta la subsistencia del trabajador y adem\u00e1s, aparece probado en el expediente que los servicios de salud se han prestado regularmente a su esposa e hijas. Por lo anterior, la instancia neg\u00f3 la tutela. <\/p>\n
Tal como se ha se\u00f1alado en varias sentencias de reiteraci\u00f3n, la tutela se torna inviable para la liquidaci\u00f3n y pago de obligaciones laborales. Sin embargo, como supuestos extraordinarios admitidos por la jurisprudencia para su procedencia excepcional, se han mencionado aquellas circunstancias en la cuales se busca evitar un perjuicio irremediable, o cuando no se cuente con otros medios de defensa judicial, o cuando estos resulten ineficaces para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales afectados, o por que exista vulneraci\u00f3n a las condiciones m\u00ednimas de subsistencia del accionante1. <\/p>\n
En el caso que se revisa, resulta procedente conceder el amparo solicitado, ya que se encuentra probada la afectaci\u00f3n del m\u00ednimo vital del actor, agravada por la ausencia de su salario durante 14 mensualidades. Es esta, otra de las tantas oportunidades en las cuales esta Corte se pronuncia sobre un asunto en el que est\u00e1 involucrado un municipio, por incuria de los funcionarios que lo dirigen2. La previsi\u00f3n para el pago oportuno de n\u00f3mina en los presupuestos municipales, se ha convertido en un asunto reiteradamente estudiado por esta Corporaci\u00f3n, y las autoridades insisten en no efectuar con la debida antelaci\u00f3n, las gestiones presupuestales y de distribuci\u00f3n de partidas indispensables para garantizar el pago puntual de la n\u00f3mina. Es preciso que exista certeza respecto a la existencia del rubro presupuestal que le permita a las autoridades locales, sufragar la respectiva asignaci\u00f3n. De ah\u00ed, que su negligencia no excuse la afectaci\u00f3n de los derechos de los trabajadores, sobre quienes no pesa la obligaci\u00f3n de soportarla3. La desidia de la administraci\u00f3n municipal, no deja duda en este caso, y esta evidenciada en la exagerada demora en el cumplimiento de los compromisos legales y constitucionales para con el demandante, lo cual afecta no s\u00f3lo sus derechos fundamentales, sino tambi\u00e9n los de su familia. Por las consideraciones anteriores, se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n proferida por el Tribunal de Riohacha, y se conceder\u00e1 la tutela interpuesta. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Primero. REVOCAR la sentencia revisada, proferida por el Tribunal Superior de Riohacha. <\/p>\n
Segundo. ORDENAR a la Alcaldesa de Riohacha (Guajira) que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia, proceda a cancelar los salarios adeudados al se\u00f1or Jorge Segundo Moscote Campo, siempre y cuando cuente con la debida disponibilidad presupuestal. En caso contrario, dentro del mismo t\u00e9rmino deber\u00e1 iniciar las gestiones pertinentes que le permitan atender con el pago ordenado. De todo lo anterior, informar\u00e1 al Tribunal de instancia, bajo el apremio de las sanciones legales por desacato. <\/p>\n
Tercero. L\u00cdBRENSE por Secretar\u00eda General las comunicaciones de que trata el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, publ\u00edquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c\u00famplase. <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado Ponente Magistrado <\/p>\n
JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO PABLO ENRIQUE LEAL RU\u00cdZ <\/p>\n
Magistrado Secretario General (E) <\/p>\n
<\/p>\n
1Sobre el pago oportuno de la remuneraci\u00f3n consultar Sentencias T-167 de 1994 M.P. Hernando Herrera Vergara, T-015 de 1995 M.P. Hernando Herrera Vergara, T-063 de 1995 M.P. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo, T-146 de 1996 M.P. Carlos Gaviria D\u00edaz, T-437 de 1996 M.P. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo, T-565 de 1996 M.P. Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz, T-641 de 1996 M.P. Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz, T-006 de 1997 M.P. Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz, T-081 de 1997 M.P. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo, T-234 de 1997 M.P. Carlos Gaviria D\u00edaz, T-273 de 1997 M.P. Carlos Gaviria D\u00edaz, T-527 de 1997 M.P. Hernando Herrera Vergara, T-528 de 1997 M.P. Hernando Herrera Vergara, T-012 de 1998 M.P. Alejandro Mart\u00ednez Caballero, y T- 103 de 1999, M. P. Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz. <\/p>\n
2 Si a esto, sumamos las preocupantes cifras que arroj\u00f3 el estudio estad\u00edstico integral de 1997, elaborado para esta Corporaci\u00f3n en la Unidad de Tutela, donde aparecen las alcald\u00edas y gobernaciones como las entidades m\u00e1s demandadas (un total de 6.662 o lo que es lo mismo un 19.78% del total de amparos en todo el pa\u00eds), ello aunado a una jurisprudencia reiterativa en el asunto, en los \u00faltimos a\u00f1os, nos encontramos ante una cascada de acciones de tutela producto de una recurrente omisi\u00f3n por parte de las autoridades competentes, respecto de la apropiaci\u00f3n oportuna de las sumas destinadas al pago de las obligaciones salariales frente a sus empleados. <\/p>\n
3 Cfr. Sentencias T-063 de 1995, T-146 de 1996, T-565 de 1996, T-641 de 1996, y T-006 de 1997. <\/p>\n
T-234 de 1997. <\/p>\n
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