T-312-99<\/p>\n
Sentencia T-312\/99 <\/p>\n
DEBIDO PROCESO DE LA PERSONA JURIDICA-Titularidad <\/p>\n
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Controversia sobre omisi\u00f3n de adjudicaci\u00f3n de contrato <\/p>\n
Reiteraci\u00f3n de Jurisprudencia <\/p>\n
Referencia: Expediente T-199282 <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Sentencia aprobada en Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., a los seis (6) d\u00edas del mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
La sociedad futura Ferrocarril Colombiano del Atl\u00e1ntico S.A. demanda la protecci\u00f3n de su derecho constitucional fundamental al debido proceso, violado, en su sentir, por la Empresa Colombiana de V\u00edas F\u00e9rreas -Ferrov\u00edas-. Dice el representante de la sociedad demandante que \u00e9sta particip\u00f3 en la licitaci\u00f3n p\u00fablica 01 de 1997, abierta por Ferrov\u00edas para contratar por concesi\u00f3n la rehabilitaci\u00f3n, conservaci\u00f3n, operaci\u00f3n y explotaci\u00f3n de la infrestructura de la red f\u00e9rrera atl\u00e1ntica, si\u00e9ndole adjudicado el contrato a la sociedad futura Ferrocarriles de la Paz S.A. -Fepaz-. Agrega que esta persona jur\u00eddica no permiti\u00f3 la suscripci\u00f3n del contrato en el t\u00e9rmino estipulado en el pliego de condiciones -30 d\u00edas a partir de la adjudicaci\u00f3n-, en vista de que no constituy\u00f3 la sociedad prometida dentro de la licitaci\u00f3n y, en consecuencia, Ferrov\u00edas procedi\u00f3 a declarar formalmente dicho incumplimiento1 y a revocar la adjudicaci\u00f3n que se hab\u00eda hecho2. Considera el actor que seg\u00fan el pliego de condiciones y la ley 80 de 1993, ante la imposibilidad de celebrar el contrato con la persona jur\u00eddica que obtuvo inicialmente la adjudicaci\u00f3n del mismo, Ferrov\u00edas estaba obligada a adjudic\u00e1rselo a la sociedad demandante, por haber ocupado el segundo lugar en el registro de proponentes y que, al no haberlo hecho, viol\u00f3 el derecho fundamental invocado, cuyo restablecimiento pretende por v\u00eda de tutela. <\/p>\n
En primera instancia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cundinamarca deneg\u00f3 el amparo solicitado, en consideraci\u00f3n a que la demandante puede iniciar la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del acto que omiti\u00f3 adjudicarle el contrato. En segunda instancia, el Consejo de Estado revoc\u00f3 dicha decisi\u00f3n con base en dos argumentos: en primer lugar, dijo el ad quem, las personas jur\u00eddicas no pueden iniciar acci\u00f3n de tutela, ya que \u201cpor su origen, naturaleza y reglamentaci\u00f3n, \u00e9sta la reserv\u00f3 el legislador para las personas naturales\u201d; y, en segundo lugar, porque la demandante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para obtener el restablecimiento del derecho invocado. <\/p>\n
En reiterada jurisprudencia3, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que las personas jur\u00eddicas gozan de algunos de los derechos constitucionales fundamentales que se predican de las personas naturales, cuando ellos est\u00e1n \u201cligados a su existencia misma, a su actividad, al n\u00facleo de las garant\u00edas que el orden jur\u00eddico les ofrece y, por supuesto, al ejercicio de derechos de las personas naturales afectadas de manera transitiva cuando son vulnerados o desconocidos los de aquellos entes en que tienen inter\u00e9s directo o indirecto\u201d y que, para defenderlos, pueden perfectamente acudir a la acci\u00f3n de tutela. El derecho al debido proceso es uno de ellos, de manera que, en esta parte, ser\u00e1 revocada la decisi\u00f3n de segunda instancia. En cuanto al segundo argumento propuesto por el ad quem, la Sala lo comparte integralmente, pues evidentemente la sociedad futura Ferrocarriles del Atl\u00e1ntico S.A. debe acudir ante la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo en busca de la satisfacci\u00f3n del derecho reclamado, siendo este mecanismo lo suficientemente eficaz para ello y que, por tanto, hace improcedente la acci\u00f3n de tutela4. <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero. REVOCAR PARCIALMENTE la decisi\u00f3n proferida por el Consejo de Estado, el 14 de enero de 1999, en cuanto a que la acci\u00f3n de tutela no puede ser iniciada por personas jur\u00eddicas, seg\u00fan lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
Segundo. L\u00cdBRENSE por Secretaria General de esta Corporaci\u00f3n, las comunicaciones de que trata el art\u00edculo 36 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, ins\u00e9rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c\u00famplase. <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado Ponente Magistrado <\/p>\n
JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO PABLO ENRIQUE LEAL RU\u00cdZ <\/p>\n
Magistrado Secretario General (E) <\/p>\n
<\/p>\n
1 Por resoluci\u00f3n 378 de 1998. <\/p>\n
2 Por resoluci\u00f3n 052 de 1998. <\/p>\n
3 Unificada en la sentencia SU-182 de 1998, Sala Plena, M.M.P.P. Carlos Gaviria D\u00edaz y Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo. <\/p>\n
4 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, art\u00edculo 86 y decreto 2591 de 1991, art\u00edculo 6-1\u00ba. <\/p>\n
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