T-342-99<\/p>\n
Sentencia T-342\/99 <\/p>\n
ACCION DE TUTELA-Carencia actual de objeto\/DERECHO DE PETICION-N\u00facleo esencial <\/p>\n
PENSION DE JUBILACION-Improcedencia de reconocimiento por tutela <\/p>\n
Reiteraci\u00f3n de Jurisprudencia <\/p>\n
Referencia: Expediente 197347 <\/p>\n
Peticionaria: Martha Elena Rodr\u00edguez de Turbay <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ <\/p>\n
Sentencia aprobada en Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., a los trece (13) d\u00edas del mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
Indica la peticionaria, Martha Elena Rodr\u00edguez de Turbay, que desde hace m\u00e1s de 13 meses radic\u00f3 en la Caja de Previsi\u00f3n Social de Comunicaciones, Caprecom, los documentos necesarios para el reconocimiento de la pensi\u00f3n correspondiente, sin que hasta la fecha de presentar la tutela se hubiese proferido resoluci\u00f3n en tal sentido. Considera que dicha entidad ha puesto en peligro derechos fundamentales reconocidos en los art\u00edculos 11, 12, 13, 14, 23, 29, 43, 48, y 53 del estatuto constitucional. <\/p>\n
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, concedi\u00f3 el amparo al derecho de petici\u00f3n, el cual fue confirmado por el Consejo de Estado, y orden\u00f3 a la entidad accionada informar a la interesada sobre el procedimiento que se ha seguido con la solicitud de pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n y la fecha en que ser\u00eda resuelta. <\/p>\n
Las instancias concedieron la protecci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n, el cual efectivamente aparec\u00eda vulnerado, seg\u00fan los datos que se aprecian en el expediente, pero extra\u00f1a a la Corte la manera como se emitieron las ordenes proferidas por ambas instancias. En efecto, la intenci\u00f3n era proteger el derecho de petici\u00f3n, pero ordenaron a la accionada, no una respuesta de fondo a las peticiones de la actora,1 sino una informaci\u00f3n sobre el procedimiento que se hab\u00eda seguido con la respectiva solicitud de pensi\u00f3n. <\/p>\n
A pesar de que ya la accionada, en virtud del cumplimiento del fallo de primera instancia respondi\u00f3 a la peticionaria, lo que supone un hecho superado, deber\u00e1n repetirse, una vez m\u00e1s, los criterios acogidos en constante y reiterada jurisprudencia 2 de acuerdo con los cuales el derecho de petici\u00f3n, no se satisface con la respuesta del tr\u00e1mite interno que la accionada esta obligada a seguir. La garant\u00eda del art\u00edculo 23 constitucional se satisface s\u00f3lo con respuestas y en el marco del derecho de petici\u00f3n, s\u00f3lo tiene la categor\u00eda de respuesta, aquello que decide, que concluye, que afirma una realidad, que satisface una inquietud, que ofrece certeza al interesado3. <\/p>\n
Es casi obvio, deben entenderlo las instancias, que toda solicitud est\u00e1 en tr\u00e1mite. Por ello resulta inane proteger a un ciudadano en su derecho de petici\u00f3n, orden\u00e1ndole a la entidad obligada de responder, que proporcione informaci\u00f3n sobre el tr\u00e1mite que ha seguido con la respectiva solicitud. Lo que se requiere cuando se eleva petici\u00f3n es conocer el resultado de un tr\u00e1mite, la decisi\u00f3n de la Administraci\u00f3n en torno a dicho tr\u00e1mite, y sobre todo, una respuesta de fondo frente a lo pedido. Desde luego, tal como lo ha precisado la Corte, el derecho de petici\u00f3n supone una “resoluci\u00f3n” de lo planteado y no una simple referencia, sin contenido, al tr\u00e1mite que se sigue. La protecci\u00f3n efectiva del derecho en este caso apuntaba a emitir una orden que produjera una determinaci\u00f3n de fondo y una respuesta que concretara de manera cierta lo que decid\u00eda la respectiva autoridad en torno a las peticiones de la actora, favorable o desfavorablemente4. En este punto, y frente al caso concreto, es preciso recordar tambi\u00e9n que la tutela no es el mecanismo para obtener el reconocimiento de una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, tal como lo pretende la demandante.5 <\/p>\n
Se confimar\u00e1n las decisiones de instancia, por las razones expuestas en esta sentencia. <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero.- CONFIRMAR , por las razones expuestas en esta sentencia, el fallo proferido por el Consejo de Estado el 10 de diciembre de 1998. <\/p>\n
Segundo.- Por Secretar\u00eda l\u00edbrese la comunicaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 36 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, comun\u00edquese, publ\u00edquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y c\u00famplase. <\/p>\n
EDUARDO CIFUENTES MU\u00d1OZ CARLOS GAVIRIA D\u00cdAZ <\/p>\n
Magistrado Ponente Magistrado <\/p>\n
JOS\u00c9 GREGORIO HERN\u00c1NDEZ GALINDO PABLO ENRIQUE LEAL RUIZ <\/p>\n
Magistrado Secretario General (E) <\/p>\n
<\/p>\n
1 Art. 23 C. P. <\/p>\n
2 Ver Sentencia T 296 de 1997 MP Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo, reiterada por los fallos: T 363 de 1997 MP Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo, T 368 de 1997 MP Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo, T 370 de 1997 MP Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo, T 392 de 1997 MP Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo, T 498 de 1997 MP Hernando Herrera Vergara, T 505 de 1997 MP Hernando Herrera Vergara, T 506 de 1997 MP Hernando Herrera Vergara, T 544 de 1997 MP Hernando Herrera Vergara, T 545 de 1997 MP Hernando Herrera Vergara, T 628 de 1997 MP Hernando Herrera Vergara, T 629 de 1997 MP Hernando Herrera Vergara, T 631 de 1997 MP Hernando Herrera Vergara, T 634 de 1997 MP Hernando Herrera Vergara, T 637 de 1997 MP Hernando Herrera Vergara y T 068 de 1998 MP Alejandro Mart\u00ednez Caballero. <\/p>\n
3 T- 439 de 1998. <\/p>\n
4 Cfr. Sentencias T-305 de 1997- T-438 de 1998 <\/p>\n
5 T-392 de 1994. <\/p>\n
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